Venezuela denuncia ante la ONU la “acción criminal” de EE.UU. de confiscar la empresa Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el país norteamericano.
El representante permanente alterno de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joaquín Pérez Ayestarán, dijo el martes en su cuenta de Twitter que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos al país bolivariano, así como la venta de acciones de Citgo son algunos ejemplos de prácticas corruptas de Washington.
“Las medidas coercitivas unilaterales y la pretensión de confiscar activos nacionales, como la empresa Citgo, constituyen la máxima expresión de la corrupción, y representan acciones criminales y un doble rasero en el combate contra este flagelo”, censuró.
En su intervención la misma jornada en una reunión del Consejo Económico y Social de la ONU para mejorar la gobernanza y combatir la corrupción, el diplomático venezolano reafirmó el compromiso de Caracas con “la transparencia, el multilateralismo y la organización popular como esencia de la lucha anticorrupción”.
La decisión de la Oficina de Control de Activos (OFAC) de EE.UU., dependiente del Departamento del Tesoro, de entregar la empresa Citgo Petroleum Corporation, perteneciente al pueblo venezolano, a un sector de la oposición con sede en Washington, desató una fuerte condena en Venezuela.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó el lunes la medida de “un robo descarado de una empresa estimada en más de 8 mil millones de dólares, con más de 10 mil estaciones de gasolina en Estados Unidos, una empresa que da anualmente más de mil millones de dólares anuales de ganancia, y que lleva más de 4 años sin entregar dividendos al país” sudamericano por las sanciones.
El Gobierno de Maduro prometió no quedarse de brazos cruzados ante esta acción “ilegal”. El canciller Yvan Gil dijo el lunes que Caracas trata de denunciar ante la comunidad internacional “la política de agresión sostenida del Gobierno de EE.UU., a través de sus medidas coercitivas unilaterales e ilegales, decisiones judiciales y otras medidas de carácter restrictivo y punitivo, dirigidas a controlar y apropiarse de sus activos en el extranjero con la intermediación de la Plataforma Unitaria”.
Gil advirtió que “estas acciones golpean los diálogos de México” —entre Caracas y la oposición— y “constituyen un zarpazo” contra la conferencia internacional sobre el proceso político venezolano, convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El máximo diplomático venezolano aseguró que Caracas “se reserva el derecho a tomar todas las medidas legales a su alcance para evitar que se concrete esta nueva agresión”.
