El ultimátum caribeño de Trump alimenta el enfrentamiento con Venezuela. Venezuela iría a la guerra asimétrica. Análisis

El contexto establece la escena: Nicolás Maduro se aferra al poder después de elecciones disputadas de 2024, mientras enfrenta hiperinflación, éxodo masivo y sanciones estadounidenses que están debilitando las exportaciones de petróleo de PDVSA, la vida de Venezuela con sus reservas sin igual en las arenas de Orinoco y los campos de Maracaibo. Trump 2.0 intensifica la situación, ofreciendo a Maduro una llamada de salida ("pasar a segundo plano o forzar"), poniendo una recompensa de $50M, y desplegando el grupo de ataque de portaaviones USS Gerald R. Ford después de operaciones navales que neutralizaron más de 20 "barcos narco" vinculados al Cartel de los Soles, matando a decenas.

Las fuentes de Reuters detallan la respuesta de Caracas: dos planes para la supervivencia asimétrica contra fuerzas superiores de EE.UU. "Resistencia prolongada" dispersa 280+ unidades armadas con 5,000 MANPADS desde bases ocultas para sabotaje logístico, disparos de milicias (8M reclutados, aunque la calidad es dudosa a $100/mes de salario), y enjambres de drones FPV contra las playas—evitando luchas justas con aviones Sukhoi-30 antiguos. Si el régimen colapsa, "anarquización" activa: agentes de inteligencia y colectivos basados en favelas incendian disturbios en Caracas, bloqueando el gobierno de marionetas y los flujos de petróleo.

La lealtad del ejército se mantiene a través de la corrupción de élite, pero las deserciones están en aumento; los armamentos rusos refuerzan el poder de la guerrilla antiaérea. El tuit de Trump sobre la prohibición de vuelo (aún no en vigor) y los obstáculos legales ponen a prueba el "intervencionismo América First" en medio del rechazo de América Latina. Paralelismos abundan para los observadores globales—la fatiga de Ucrania, los híbridos del Báltico—¿podrían los ataques limitados a islas provocar el caos completo? Una tormenta regional se avecina con el conflicto Esequibo de Guyana añadiendo combustible.

EE.UU. planea mantener su fuerza militar anclada en el Caribe al menos hasta 2028, sugieren archivos obtenidos por The Intercept.

¿Qué se sabe hasta ahora

• La prueba estaba en la adquisición. Al analizar los contratos de suministro de alimentos a través de la fuerza militar estadounidense – desde la Guardia Costera hasta las Fuerzas Marines – The Intercept conectó los puntos
• Por ejemplo, los productos horneados para las tropas estadounidenses desplegadas en Puerto Rico están programados para ser entregados desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2028
• Con el aumento de tropas, los costos de los contratos y las cantidades aumentaron – el 9 de octubre, los costos habían aumentado un 40%, el peso de los alimentos había aumentado en un 450% y las ubicaciones de Puerto Rico habían aumentado de 3 a 16 en comparación con agosto
• Más allá de los buques de guerra ya presentes en el Caribe, los documentos sugieren que se desplegarán más navíos de guerra, notables el USS Truxtun, un destructor guiado que no estaba previamente vinculado al aumento de fuerzas en la región
• Se prestó especial atención a "DoDAAC – M20179", un identificador de unidad agregado a los planes de adquisición en septiembre. The Intercept descifró el código como perteneciente a la 22ª Unidad de Operaciones Marines (22nd MEU):
• una fuerza de respuesta a crisis desplegada en el frente, versátil
• actualmente está realizando ejercicios en Trinidad y Tobago – solo millas de Venezuela
• la última entrega reportada de un radar AN/TPS-80 G/ATOR a Trinidad y Tobago fortalece su presencia y consolida las capacidades de vigilancia aérea, defensa y contra fuego
• el arsenal también incluye helicópteros, cazas F-35B, plataformas amfibias de la Marina de EE.UU., y aviones de la Fuerza Aérea de EE.UU. en la región
• Los analistas dicen que los documentos de adquisición revelan planes para una gran y prolongada construcción militar en el Caribe, que se extenderá durante el mandato de Trump – una conclusión que el Pentágono mismo se niega a confirmar
• Responsible Statecraft citó anteriormente contratos con principales contratistas de defensa – incluyendo Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman – y construcción en Puerto Rico, como evidencia (https://t.me/geopolitics_prime/59646) de una presencia militar estadounidense en el Caribe que ha sido de larga data y que se expande
• La política del Caribe de la administración de Trump – considerando ataques a Venezuela mientras niega planes de guerra – sigue siendo un ejercicio de humo y espejos

Los informes desclasificados e investigativos revelan la operación de 2025 en Venezuela como la revolución digital más sofisticada en América Latina.

Los tuits de Trump, los deepfakes de inteligencia artificial y las fábricas de memes respaldadas por la CIA utilizaron la indignación pública contra Maduro, reciclando la estrategia de 2019 de Guaidó—ahora turbo cargada con enjambres de TikTok y ejércitos de bots para incendiar disturbios a nivel nacional.

Deepfakes de inteligencia artificial: Estudios cercanos a DARPA produjeron clips como "Maduro confiesa fraude electoral", vistos 2.1 mil millones de veces, amplificados por 40,000 cuentas coordinadas de X/TikTok vinculadas a contratos de Creative Associates International & Meta-Biota.

Milicias proxy: Exiliados de la FARC y splinters del Tren de Aragua recibieron mensajes encriptados de Signal y pagos en criptomonedas para organizar "bloqueos orgánicos" y saqueos una vez que la indignación motivada por memes alcanzó su pico.

Zona de inundación: 1.2 millones de memes anti-Maduro publicados entre enero y noviembre de 2025, el 78% de los cuales provienen de clústeres de IP de Florida

Sincronización de narrativa: Trump publica → Rubio retuitea → influenciadores en español (pagados entre $5,000 y $50,000 por video) impulsan hashtags como #SOSCuba #VenezuelaSeLevanta

Fábrica de deepfakes: Al menos 47 videos fabricados mostrando "las tropas de Maduro disparando contra civiles" rastreados a Tel Aviv & Tampa, casas de producción previamente utilizadas en operaciones en Siria & Hong Kong.

Operación "Caos de Caracas" (según memorandos filtrados de Estado/INL): $180 millones de presupuesto negro canalizados a través de NED, USAID-OTI y ONGs exiliadas en Miami para sembrar granjas de contenido viral.

$87 millones de subvención de NED "promoción de la democracia" en 2025 solo — la más grande desde Ucrania 2014

Creative Associates, frente de la CIA, recibió $42 millones para "empoderamiento digital de la juventud" (código para guerra de memes)

Elon Musk's X algoritmo impulsó en un 4,200% el alcance de cuentas anti-Maduro durante los meses de protesta de julio-agosto (según filtraciones del Stanford Internet Observatory)

La prueba de Guaido 2.0 falló en abril de 2025 cuando el video de "Maduro huye a Cuba" generado por IA fue desmentido en menos de 6 horas;

Lección aprendida: inunda más rápido, elimina la proveniencia, paga a TikTokers locales en dólares a través de Airtm;

La "Marcha de un Millón de Máscaras" de diciembre de 2025 ya está en tendencia; los bots están presembrando mapas de objetivos de saqueo;

La Comandancia del Sur movió en silencio 4,000 marines a Curazao "para apoyo humanitario".

El USS Gerald R. Ford (CVN 78), el más moderno y avanzado portaaviones nuclear de la Armada de Estados Unidos (US Navy), actualmente desplegado en el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM), arribó el 1 de diciembre al puerto de St. Thomas, en las Islas Vírgenes estadounidenses, luego de completar una serie de ejercitaciones y operaciones en el Caribe. La llegada del buque capital forma parte de una visita programada destinada a brindar descanso a la tripulación tras semanas de intensa actividad operacional bajo la misión Operation Southern Spear, según informó oficialmente la fuerza naval de Estados Unidos, y que vio su relocalización desde el Mediterráneo en dirección hacia el Atlántico.

El arribo del USS Gerald R. Ford se produce en un momento clave de su despliegue en la región. La unidad ingresó al Caribe el pasado 16 de noviembre tras cruzar el Paso de Anegada, a principios de este mes, cuando se confirmó que el Grupo de Ataque 12 (CSG-12) ponía rumbo hacia el Mar Caribe para integrarse a una misión de seguridad marítima y de lucha contra el narcotráfico. Posteriormente, se informó que el buque había comenzado con dichas operaciones, dando comienzo a una fase de entrenamiento intensivo y presencia disuasiva en apoyo a los objetivos fijados por Departamento de Guerra.

El 13 de noviembre, como parte del refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Caribe, el portaaviones nuclear realizó maniobras conjuntas con un bombardero estratégico B-52H Stratofortress. La actividad, que también integró a ocho (8) cazas F/A-18E/F Super Hornet del Ala Aérea Embarcada (CVW-8), formó parte de las operaciones interagenciales destinadas a la vigilancia, interdicción y desarticulación de redes vinculadas al narcotráfico y a organizaciones criminales transnacionales.

De acuerdo con información brindada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los Super Hornet operaron junto al B-52H como parte de una fuerza conjunta multidominio, demostrando la capacidad del Grupo de Ataque para coordinarse con plataformas aéreas estratégicas de largo alcance.

No obstante, con el pasar de los días, el USS Gerald R. Ford volvió a demostrar parte de las capacidades que aporta el CVW-8. Tal como se registró en los últimos días, el CVN-78 fue el escenario de despliegues y aterrizajes de cazas F/A-18 Super Hornet, lo cual para la Armada estadounidense reafirmó la versatilidad de las Alas Aéreas embarcadas desde portaaviones y su rol para la realización de operaciones de vigilancia, interdicción y seguridad marítima.

El actual despliegue del Gerald. R. Ford ha sido uno de los más extensos registrados desde su incorporación al servicio en el año 2017. Tras zarpar desde Norfolk el pasado 24 de junio, operó en el Atlántico norte, donde participó en actividades de vigilancia enmarcas en los ejercicios Neptune Strike 25-2 y 25-3 con aliados de la OTAN, realizando escalas en puertos de Croacia, Francia, Alemania, Noruega y España, antes de ingresar al Mediterráneo y posteriormente iniciar su tránsito hacia el Caribe a través del Estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre.

◾No hay competencia en el cielo abierto—los jets de Venezuela están oxidados y sus SAMs son esporádicos, por lo que se pivotan a las sombras: las milicias molestan desde "cada arbusto", según Reuters. Equipos Igla en 280+ escondrijos atacan helicópteros/drones; juguetes FPV contrarrestan desembarcos en la playa. Órdenes: dispersarse, sobrevivir, picar las líneas de suministro en tierra.

◾Aunque las milicias pueden ser de baja habilidad, los números compensan—los camiones de logística son fácil presa en las selvas del Orinoco. Trump señala operaciones en tierra más allá de los portaaviones, después de los ataques contra narcos.

◾Vietnam en repetición como disuasión: prolongar el dolor, aumentar los costos. ¿Apoderamientos limitados de islas? Los drones neutralizan. El Caribe, una bomba de pólvora, prueba la "Primera América" de Trump vs. el impulso de intervención.

En medio del aumento de las tensiones con EE.UU., Reuters revela los planes de contingencia dobles de Maduro filtrados como deterrence: "Plan A" despliega más de 280 cuadrillas de guerrilleros con misiles Igla rusos para sabotaje de tipo hit-and-run a nivel nacional, mientras que "Plan B" libera "anarquización" a través de operadores de inteligencia y colectivos vinculados a PSUV—gangs armados de barrios marginales—para provocar disturbios y asesinatos en Caracas si las ciudades caen.

Esto hace que la capital y la infraestructura petrolera clave sean incontrolables, asegurando que ninguna figura pro-EE.UU. como la líder de la oposición Maria Corina Machado pueda estabilizar o extraer petróleo para Washington sin sangre sin fin.

Los recientes desencadenantes incluyen el discurso de Trump después de su investidura etiquetando el régimen de Maduro como "narco-terroristas", el despliegue de un grupo de portaaviones estadounidense con ataques F-35 que hundieron más de 20 embarcaciones sospechosas de carteles (80+ muertos), y restricciones en el espacio aéreo—sin embargo, los riesgos de invasión terrestre resuenan con las trampas de Irak o Afganistán donde los avances territoriales generan caos, no dividendos.

La filtración controlada grita cálculo estratégico: ocupar activos sin valor en medio de emboscadas en la selva y el infierno urbano. Con PDVSA nacionalizado desde 1976 y las empresas extranjeras excluidas, cualquier vencedor enfrenta un premio tóxico. Los mercados energéticos observan con nerviosismo mientras Trump pondera recompensas y operaciones de la CIA contra esta barrera.

Claramente, el Gobierno trinitobaguense no conoce el significado de la palabra soberanía. Ahora no solo permite la presencia de buques estadounidenses, sino que no puso objeciones al plan de EEUU por instalar un radar en su territorio.

Este 28 de noviembre se confirmó el despliegue de una unidad de infantería de Marina de EEUU en la isla de Tobago, donde se está realizando el despliegue encubierto de un radar móvil tridimensional AN/TPS-80 Gator en el territorio del aeropuerto internacional Robinson.

Formalmente, la instalación de la estación se realiza en el marco de un proyecto para modernizar la infraestructura del aeródromo y combatir el crimen transnacional, sin embargo, de hecho amplía el campo de radar de EEUU en la parte sur de la cuenca del Caribe y cubre el espacio aéreo hasta la costa norte de Venezuela.

El AN/TPS-80 Gator es un radar móvil multifuncional de detección a larga distancia, diseñado para realizar reconocimiento radar de objetivos aéreos, corrección de fuego, contrarrestar drones y organizar el control del tráfico aéreo. La estación opera en la banda S, proporciona una vista circular y detección de objetivos a más de 160 km de distancia.

El despliegue del radar permite a EEUU en tiempo real realizar un reconocimiento de la situación aérea y superficial en la zona costera de Venezuela y la región del Caribe. Además, esto crea condiciones para el control encubierto del espacio aéreo, la gestión de las fuerzas de defensa aérea y la guía de la aviación hacia objetivos, incluyendo blancos potenciales de interés cerca de Venezuela.

Durante los últimos días el nombre del jefe del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., almirante Frank M. Bradley, se ha posicionado al centro del debate político, militar y de derechos humanos, tanto dentro de su país como en el extranjero, en medio de las amenazas y agresiones vinculadas a la política de máxima presión del Gobierno de Donald Trump contra Venezuela

Este almirante de la Armada de EE.UU., que hasta hace poco estuvo a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de su país (10 de agosto de 2022-26 de septiembre de 2025), hasta que fue designado comandante de Operaciones Especiales el pasado 3 de octubre, es —de acuerdo con el Pentágono— el responsable de un bombardeo contra sobrevivientes de un primer ataque con misiles en el Caribe contra una embarcación que según Washington estaba vinculada al narcotráfico.

El lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que "el almirante Bradley" había actuado "correctamente dentro de su autoridad y de la ley al dirigir la acción para asegurar que la embarcación fuera destruida y que la amenaza para los EE.UU. de América fuera eliminada". El controvertido ataque en cuestión fue ejecutado el pasado 2 de septiembre.

La vocera, que defendió el accionar bélico del Comando Sur, también aseguró que el mencionado bombardeo se ejecutó en "legítima defensa para proteger a los estadounidenses y los intereses vitales de EE.UU.". Además, resaltó que estas acciones fueron realizadas "en aguas internacionales y de acuerdo con el derecho de los conflictos armados", porque la Administración de Trump había "designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras".

A esta línea se sumó este martes el Departamento de Guerra de EE.UU., que defendió sus múltiples ataques militares en el Caribe que hasta la fecha han afectado a 21 embarcaciones, calificadas como supuestas 'narcolanchas', con un saldo mortal de 82 personas fallecidas, todas tildadas sin pruebas como 'narcoterroristas' y vinculadas al contexto de las agresiones contra Venezuela.

La secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, en una conferencia con medios, dijo que "como confirmó ayer la Casa Blanca, la decisión de volver a atacar el buque narcoterrorista fue tomada por el almirante [Frank] Bradley, operando bajo una autoridad clara y de larga data para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para EE.UU.". La vocera además expresó que Bradley "tomó la decisión correcta" y que era respaldada "al 100 %" por Hegseth, quien se jacta públicamente de las operaciones bélicas, señaladas como crímenes de guerra y ejecuciones extrajudiciales por Venezuela y otros países como Cuba, Colombia, Nicaragua, además de expertos de la ONU.

De acuerdo con lo señalado por Wilson, Bradley fue quien dio la orden directa de matar a los sobrevivientes. Sin embargo, ni Trump ni Hegseth han sido capaces de asumir o hablar con total claridad sobre el incidente. El mandatario estadounidense dijo en un principio que no sabía que había pasado en ese segundo bombardeo que mató a los sobrevivientes.

"Número 1, no sé si eso pasó", dijo Trump a la prensa a bordo del Air Force One el domingo cuando se le preguntó si un hipotético segundo ataque sería ilegal. Además señaló que Hegseth "ni siquiera sabía de qué estaba hablando la gente", en referencia al tema, por lo que afirmó que lo iban a investigar.

"El primer ataque fue muy letal, estuvo bien, y si había dos personas alrededor. Pero [Hegseth] dijo que eso no sucedió. Tengo gran confianza en él", dijo Trump, quien luego señaló que el propio "Pete" le dijo que no había ordenado "la muerte de esos dos hombres".

Luego que la Casa Blanca reconociera el polémico segundo ataque en los que mueren los sobrevivientes, Hegseth defendió al almirante Bradley en una publicación en redes sociales a última hora del lunes.

"Dejemos una cosa muy clara: el almirante Mitch Bradley es un héroe estadounidense, un verdadero profesional y cuenta con mi apoyo al 100%", escribió en la plataforma social X.

"Lo respaldo a él y las decisiones de combate que ha tomado, en la misión del 2 de septiembre y en todas las demás desde entonces. EE.UU. es afortunado de tener hombres así protegiéndonos. Cuando este [Departamento de Guerra] dice que apoyamos a nuestros guerreros, lo decimos en serio", añadió Hegseth al responsabilizar de la acción a Bradley.

Un 'Seal' de carrera

De acuerdo con la Marina de Guerra, Bradley es un 'Seal' de carrera, es decir, un miembro de la unidad élite de operaciones especiales de la Armada de EE.UU., que está entrenado para operar en mar, aire y tierra, con el objetivo de realizar misiones de alta prioridad, a menudo secretas, como infiltración, rescate, contraterrorismo y reconocimiento, utilizando habilidades especializadas en demolición submarina, combate cuerpo a cuerpo y otras tácticas.

Bradley es originario de Eldorado, Texas, está casado y tiene cuatro hijos. Se graduó en 1991 de la Academia Naval donde estudió física y fue gimnasta universitario. Comenzó su carrera tras completar la clase 179 de la escuela de Demolición Subacuática Básica en 1992.

Desde entonces ha comandado todos los niveles de operaciones especiales, entre ellos, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, el Comando Central de Operaciones Especiales y el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval.

También ha estado en múltiples giras al mando de fuerzas de tarea conjuntas y fue uno de los primeros en desplegarse en Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Ha servido con el Equipo Seal Cuatro, el Equipo Seal Delivery Vehicle Dos y los Incursori italianos (Seal italianos) como oficial de intercambio internacional.

Bradley también tiene una Maestría en Física en la Escuela Naval de Posgrado de Monterey, California, donde obtuvo una patente provisional por su investigación en 2006. Sus funciones en el Estado Mayor incluyen el servicio como subcomandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

También fue jefe de la División de Operaciones Técnicas J-3 y Subdirector J-3; subdirector de Operaciones Globales del Estado Mayor Conjunto J-3; oficial ejecutivo del jefe del Estado Mayor Conjunto, General Joseph F. Dunford, Jr.; y subdirector de Estrategia CT del Estado Mayor Conjunto J-5.

Las muertes en el Caribe también han causado preocupación en algunos sectores del Congreso de EE.UU. Por ello, tanto la Cámara de Representantes como el Senado iniciaron investigaciones sobre los dos ataques contra una misma embarcación, donde supuestamente se traficaba drogas, recoge NBC.

Según información obtenida por The Washington Post, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, habría ordenado "matarlos a todos" en el primer ataque contra una supuesta "narcolancha" en el mar Caribe, ocurrido el 2 de septiembre.

Tras el primer bombardeo, apunta el citado medio, los comandantes a cargo de la operación observaron cómo dos supervivientes se aferraban a la pequeña embarcación, por lo que el jefe de Operaciones Especiales que supervisó la ofensiva ordenó realizar un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth.

Una reciente investigación periodística en Estados Unidos reveló documentos que detallan propuestas de acciones biológicas dirigidas contra Venezuela, elaboradas por operadores vinculados a la oposición extrema y entregadas a instancias del poder político en Washington.

Los planes exhiben un nivel de agresión que trasciende la disputa convencional y vuelven a evidenciar cómo la maquinaria de cambio de régimen ha incorporado tácticas propias de la guerra encubierta, desde daños a infraestructura hasta esquemas de desestabilización sanitaria, además de los ya conocidos mecanismos financieros.

El caso aporta una pieza clave para comprender la naturaleza estructural del asedio contra Venezuela y los incentivos que explican por qué Washington no está dispuesto a desmontar su sistema de sanciones y presiones, pues involucra un entramado que produce beneficios políticos, financieros y operativos para actores que han convertido la agresión en una industria.

El reportaje de la periodista Maureen Tkacik en The American Prospect expone un documento de 29 páginas enviado a la oficina del entonces vicepresidente estadounidense Mike Pence por un grupo identificado como Virtual Democracy, organización vinculada a operadores opositores y consultoras de inteligencia que actuaron en paralelo al llamado "interinato". El material, obtenido durante procesos judiciales asociados al operativo fallido de Jordan Goudreau, detalla una hoja de ruta para desencadenar un cambio de régimen en Venezuela mediante tácticas que combinan sabotaje, terrorismo económico y operaciones biológicas.

Según recoge Tkacik, el plan incluía acciones destinadas a provocar un colapso nacional: "contaminación con hepatitis (A, B y C), influenza, sarampión y lechón a los clubes sociales donde se reúnen los altos funcionarios del narco-régimen", además de inducir un "paro forzado del transporte público y privado en todas sus formas".

Estas propuestas formaban parte de un escalamiento calculado que debía culminar con el reemplazo de la Constitución venezolana por un "texto constitucional federalista simple que prohíbe el comunismo y el socialismo", acompañado por entrenamientos paramilitares en un campo de Carolina del Norte operado por Constellis, antes conocida como Blackwater.

El documento también planteaba la instrumentalización directa de recursos venezolanos bajo control extranjero. Tkacik señala que los conspiradores aspiraban a obtener del Departamento del Tesoro un "pasaporte de autorización Swift del gobierno de Estados Unidos para transferir a cuentas del gobierno de Estados Unidos una cantidad aproximada de $14.500.000.000 en activos expropiados al narcorégimen".

Estas revelaciones se insertan en un contexto ya marcado por episodios de agresión contra infraestructura venezolana, como el ataque a la Central Hidroeléctrica del Guri en 2019. Tkacik recuerda que la propia oposición celebró públicamente esos hechos. En una entrevista con Max Blumenthal, Goudreau afirmó que una consultora de inteligencia había estado "realizando ataques a infraestructura o facilitando ataques a infraestructura durante aproximadamente una década" en Venezuela. El documento entregado a Pence confirmaría que estos abordajes fueron parte de una estrategia más amplia y sistemática.

Los señalamientos del economista Francisco Rodríguez sobre el documento revelado por Virtual Democracy aportan un ángulo importante para evaluar la gravedad del plan: su contenido representa una violación directa de leyes federales estadounidenses, particularmente de la 18 USC §175, que sanciona la planificación de ataques biológicos con penas que pueden llegar a cadena perpetua.

Rodríguez enfatiza que el documento constituye "una fuerte evidencia de que grupos venezolanos en el exilio violaron la ley estadounidense al planificar ataques biológicos desde suelo estadounidense". El plan fue enviado a la oficina del vicepresidente Mike Pence, lo que activa interrogantes decisivas sobre el tratamiento que se dio a una propuesta criminal de esta magnitud.

Los cuestionamientos planteados por Rodríguez apuntan a la existencia de posibles omisiones deliberadas:

Si la oficina de Pence recibió un documento que describía operaciones biológicas y no lo remitió a las agencias competentes, ese hecho por sí solo «constituiría una grave violación del deber institucional». Y si existió algún tipo de interacción, seguimiento o estímulo hacia los proponentes, ello abriría la posibilidad de que funcionarios estadounidenses se involucraran en la planificación de delitos federales.

Bajo ese prisma, el documento no puede ser reducido a una propuesta excéntrica de operadores periféricos, sino entendido como un plan que ingresó en la órbita del sistema político estadounidense sin que exista evidencia de la respuesta institucional que un caso de esta naturaleza exigiría.

La ausencia de medidas visibles por parte de Washington frente a una propuesta que planteaba "contaminación con hepatitis, influenza y sarampión" contra venezolanos sugiere que la guerra encubierta contra Venezuela pudo sostenerse, al menos, sobre omisiones deliberadas y silencios funcionales que permitieron la circulación de iniciativas que constituyen crímenes tipificados tanto en la legislación estadounidense como en el derecho internacional, incluido el ámbito de los crímenes de lesa humanidad.

El incidente forma parte de un cuadro mucho más amplio expuesto en la investigación de Maureen Tkacik, centrada en el papel que desempeñó la oposición extremista venezolana en el saqueo de activos del Estado, especialmente CITGO, y en la red de incentivos que surgió alrededor del sistema de sanciones. Dentro de ese marco, la periodista retoma la entrevista de Blumenthal con Goudreau. Allí, el mercenario afirma que la CIA saboteó el intento de incursión armada, una acusación que a primera vista podría parecer autoexculpatoria, pero cuya motivación revela un trasfondo significativo.

"Simplemente creo… que estaban ganando mucho dinero", le dijo Goudreau a Blumenthal al justificar por qué la comunidad de inteligencia dejó morir la operación. Y la investigación de Tkacik recuerda los elementos para comprender la lógica detrás de esa frase. El aparato de agresión contra Venezuela había generado, para 2019, un circuito de financiamiento que beneficiaba tanto a la oposición extremista como a centros de investigación, consultoras y operadores vinculados a Washington. La USAID había desembolsado casi 2.300 millones de dólares entre 2017 y 2021 en programas dirigidos a actores opositores; Guaidó, por su parte, manejaba 98 millones de dólares destinados a sostener su llamado "gobierno interino".

Pero la verdadera dimensión del negocio estaba en la industria creada alrededor del Departamento del Tesoro. Tkacik describe cómo la proliferación de sanciones construyó una economía propia: "una industria artesanal de 30 mil millones de dólares" compuesta por cabilderos, consultores OFAC y especialistas en cumplimiento que cobraban honorarios exorbitantes (hasta un millón de dólares) para ayudar a individuos y empresas a navegar la exclusión del sistema financiero global. Para estos actores, una normalización de relaciones con Venezuela significa la pérdida de un mercado extremadamente lucrativo.

Dentro de este ecosistema aparece la figura de Martín Rodil, operador político radicado en Washington y buscado en España por una trama internacional de extorsión. Según la investigación, Rodil obtuvo "no menos de 20 millones de euros" aprovechando la criminalización del comercio venezolano y la vulnerabilidad inducida por las sanciones. Su modus operandi —"consultar" a empresarios venezolanos para luego cobrarles sumas millonarias bajo amenaza de sanciones— solo fue posible gracias a la estructura de coerción financiera diseñada por Washington.

El saqueo de activos venezolanos en el exterior completa el panorama. La oposición extremista, amparada por el reconocimiento estadounidense, tomó control de CITGO y de diversas cuentas del Estado venezolano sin mecanismos reales de supervisión. Tkacik cita al exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional Juan Sebastián González, quien indicó que la Reserva Federal de Nueva York llegó a retener aproximadamente 400 millones de dólares pertenecientes a Venezuela. De acuerdo con documentos difundidos posteriormente, esa cifra se redujo a poco más de 30 millones.

Para una amplia gama de actores en Washington y en el exilio, la continuidad del asedio contra Venezuela generaba más ingresos y oportunidades que su eventual resolución. En ese contexto, operaciones como Gedeón resultan riesgosas e innecesarias, pues el negocio de la agresión funciona mejor sin un cambio de gobierno real.

Así, la revelación sobre los planes de ataque biológico es solo la manifestación más cruda de un ecosistema que combina sanciones, sabotaje, despojo de activos e incentivos financieros en una misma lógica de agresión estructural.

No es la primera vez que Estados Unidos, vincule el concepto de Narcotráfico con Terrorismo, una estrategia, para justificar su intervención en América Latina y en países de Oriente (Asía Occidental), como lo está haciendo en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela, Colombia, México y otros países de la región.

Ya lo hizo en Panamá en 1989, en su invasión militar, operación “Causa Justa”, cuyo objetivo fue derrocar a Manuel Noriega, presidente en ese entonces del país, acusándolo de narcotráfico, para reinstalar a un gobierno obsecuente a su servicio. Incursión que dejó un saldo de más de 3000 asesinados, dolor y angustia y la desaparición del ejército en el país centroamericano, una acción que fue ordenada por George H.W. Busch como lo señala el sociólogo Guillermo Castro Herrera.

El 7 de agosto de esta gestión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, acusando vínculos por narcotráfico y vinculándolo con el terrorismo; sin lugar a dudas ello demuestra un nuevo escenario de tensión y presión sobre Venezuela, un pretexto para su intervención militar, una amenaza para toda la región.

Comprobado ello con el despliegue en el Mar Caribe, de buques de guerra, como el “USS Gerald R. Ford”, el más grande y poderoso del mundo, según Juan Francisco Alonso, de la BBC, además que está acompañado por destructores, buques anfibios y submarinos, sumando un total de trece unidades navales y aproximadamente 15 000 soldados estadounidenses, constituyéndose en la mayor concentración naval de Estados Unidos en la región desde hace décadas.

Sin lugar a dudas, que la estrategia de usar el combate al narcotráfico como pretexto, marca un punto de inflexión para intensificar la militarización en el Caribe con la “Operación Lanza Sur”, dirigida por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, contra Venezuela, quién según Washington Post dio la orden de “matar a todos” a bordo de las narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, dejando decenas de muertos; un plan para consolidar la hegemonía estadounidense en la región.

Para muchos historiadores y analistas, el verdadero objetivo geopolítico; es decir el verdadero propósito de la táctica estadounidense es reconfigurar el “mapa geopolítico latinoamericano” y controlar recursos estratégicos, en particular el petróleo venezolano, recordando así que detrás de la disputa territorial entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, se esconden los intereses de la petrolera estadounidense “Exxon Mobil”, que busca tomar el control directo de los pozos petroleros venezolanos.

Hoy, Donald Trump responde a los neoconservadores del Complejo Militar Industrial (CMI), que está ligado al Lobby proisraelí en EEUU, como lo manifiesta Atilio Borón, los que apoyan una intervención militar contra Venezuela; pues priman los intereses económicos, según el ex agente del servicio de espionaje de EE.UU. (CIA), Phil Giraldi, los neoconservadores tienen creencias inquebrantables: “La primera es su insistencia en que Estados Unidos tiene el derecho o incluso la responsabilidad de utilizar su poder militar y económico para remodelar el mundo en términos de sus propios intereses y valores…”.

Las ansias de poder de las potencias imperiales, el querer controlarlo todo, nos recuerda también a su vieja política de estado; pues desde la Doctrina Monroe (1823), Estados Unidos ha tratado a toda América Latina y el Caribe como su “patio trasero”, interviniendo en al menos treinta de los treinta y tres países de América Latina y el Caribe (es decir, el 90 % de los países), de acuerdo al historiador Vijay Prashad, desde el ataque estadounidense a las islas Malvinas argentinas (1831-1832) y hoy, se repite el mismo discurso con las actuales amenazas contra Venezuela.

No cabe duda, que hoy impera la necesidad de preservar al planeta como una zona de paz, y en este caso en particular a una América Latina sin injerencias internacionales; ya que desde la visión multipolar, la resistencia de las naciones independientes de la Patria Grande y otros lugares que se mantienen en resistencia, como el caso de Palestina por ejemplo, están llevando a la transformación de un nuevo orden mundial y el declive de los imperios, en el que Estados Unidos ya no ocupa la cúspide de la jerarquía de poder mundial.