ACOM: El lobby sionista en España al servicio del régimen genocida israelí

Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) es el lobby sionista más agresivo y operativo actualmente en España. Fundada en 2004, esta organización es una máquina de presión que defiende los intereses del régimen de ocupación israelí, interfiriendo de forma sistemática en la política, los medios y la justicia españolas.

ACOM actúa como un brazo local del sionismo internacional. Su modelo está copiado directamente del AIPAC estadounidense, el lobby sionista más poderoso del mundo. Sus dirigentes viajan a las convenciones de AIPAC, copian sus tácticas de presión política y judicial, y aplican la misma estrategia: silenciar cualquier crítica al régimen de ocupación mediante querellas, campañas de descrédito y amenazas. ACOM ha presentado en España querellas masivas contra periodistas, universidades, ayuntamientos y activistas.

En su sitio web no hay ni una sola sección de “quiénes somos”, ni lista de directivos completa, ni informes anuales, ni desglose de donantes. Solo un botón de PayPal para “donaciones anónimas”. El presidente actual es Ángel Mas Murcia y el cofundador histórico es el empresario David Hatchwell Altaras, donante documentado de Benjamin Netanyahu y estrechamente vinculado al Partido Popular y a Isabel Díaz Ayuso. Pero la asociación evita revelar quién pone el dinero. Ni una cuenta, ni un informe de transparencia. Esta opacidad absoluta es deliberada: oculta que el lobby sionista opera en España con fondos de origen dudoso al servicio de un régimen extranjero.

ACOM no trabaja en beneficio de la sociedad española, interfiere en los asuntos internos del país y defiende intereses ajenos alineados con el régimen de ocupación israelí. Sus acciones se centran en querellas masivas contra periodistas críticos que informan sobre la barbarie desatada por las agresiones militares impulsadas por Tel Aviv.

Esta organización también ha llevado a cabo demandas contra universidades que han roto acuerdos con instituciones israelíes. En el ámbito cultural y deportivo, ACOM ha tomado acciones legales contra el Museo Reina Sofía, contra la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio palestino y contra el propio Gobierno.

Su objetivo es claro: ejercer una presión constante para que los partidos políticos y los medios de comunicación blanqueen al régimen israelí y callen ante los crímenes de guerra y las violación sistemática de Derechos Humanos.

Los integrantes de ACOM están al servicio de Israel, defendiendo intereses extranjeros por encima de la soberanía española, la libertad de expresión y el derecho a criticar una ocupación ilegal y prolongada. Y para ello, usan los tribunales españoles como arma para intimidar y tratar de silenciar a quien se opone al sionismo. Todo ello, evidentemente, disfrazado de «lucha contra el antisemitismo».

Acción y Comunicación sobre Oriente Medio es un lobby sionista opaco y beligerante que opera en España para lavar la imagen del régimen israelí. Su existencia misma es una prueba de cómo el sionismo opera a nivel internacional para infiltrar instituciones y medios con el objetivo de incrementar su capacidad de chantaje e influencia.

Del PP a ACOM: la red de dinero y poder del lobby proisraelí en España.

1. Del PP a ACOM: la red de dinero y poder del lobby proisraelí en España. No es una teoría: son nombres, contratos, subvenciones y querellas muy concretas.
2. En el centro del entramado está ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), lobby sionista que se dedica a perseguir judicialmente a la izquierda y a quienes denuncian el genocidio en Gaza.
3. Detrás de ACOM aparece siempre el mismo nombre: David Hatchwell Altaras, empresario, presidente de la Fundación Hispanojudía (FHJ) y gran donante y defensor de Netanyahu en España.
4. La Fundación Hispanojudía no es solo “cultura”: es un nodo de relaciones entre élites políticas del PP, Vox, grandes empresarios y el Estado de Israel, con un museo hispanojudío montado sobre patrimonio público madrileño.
5. El gobierno de Ayuso cede a la FHJ un edificio de Metro de Madrid para su museo, en plena calle Castelló, con un alquiler a 30 años que convierte un activo público en escaparate ideológico del lobby.
6. A la vez, tres gobiernos del PP (Andalucía, Murcia y Madrid) han regado con unos 2 millones de euros a la casi desconocida Asociación Zakut, vinculada al entorno Hatchwell–ACOM.
7. Solo la Junta de Andalucía entrega cerca de 1,35 millones a Zakut para “formación de mujeres”; Murcia añade unos 500.000 y Madrid cerca de 200.000 para proyectos de “formación” y “promoción empresarial”.
8. ¿El truco? Las ayudas públicas van a Zakut y esta subcontrata la ejecución a empresas controladas por el propio entorno, cerrando un circuito de dinero público → entidad amiga → mercantil propia.
9. Mientras tanto, en el frente mediático, ACOM firma un contrato de 75.000 €/año con OkDiario (Eduardo Inda) para colocar hasta 10 piezas de propaganda proisraelí al año disfrazadas de información.
10. Otros nodos mediáticos: La Razón de Francisco Marhuenda, el digital XCatalunya de Rubén Novoa o articulistas como Xavier Rius, que blanquean sistemáticamente la línea israelí y criminalizan el movimiento propalestino.
11. En el flanco catalán, la cara más visible es Pilar Rahola: presentada por el Keren Kayemet LeIsrael (KKL-JNF) como una de las grandes defensoras de Israel en el mundo hispanohablante.
12. El KKL-JNF, eje histórico del sionismo de colonización de tierras, la premia, la pasea por actos internacionales y llega a dedicarle un bosque en el Néguev como reconocimiento a su labor propagandística.
13. Rahola participa en eventos del KKL y de comunidades judías de México, Argentina, etc., donde se la legitima como rostro “moral” del sionismo de derechas en catalán y castellano.
14. Su función: equiparar antisionismo = antisemitismo, blanquear al gobierno israelí, demonizar al BDS y presentar cualquier crítica como “odio a los judíos”, con una enorme capacidad de altavoz mediático.
15. En paralelo, el mismo lobby lanza una ofensiva judicial contra periodistas críticos: Silvia Intxaurrondo, Raquel Ejerique, Inés Hernand, Antonio Maestre, Nadwa Abu-Gazaleh, el SPM y medios como laSexta, TVE o http://eldiario.es.
16. La estrategia es de manual SLAPP: demandas por “odio” o “antisemitismo” para intimidar, agotar recursos y disciplinar a quien se salga del relato permitido sobre Israel y Palestina.
17. En la pata jurídica aparece el despacho Cremades & Calvo Sotelo (Javier Cremades) y el entorno Cremades, muy próximo a la Fundación Hispanojudía y a grandes patronos afines al lobby.
18. Resultado: una pinza completa. Dinero público (subvenciones, cesiones), bufetes amigos, medios afines y “influencers” como Rahola trabajando coordinados para blindar a Israel y golpear a periodistas y movimientos de solidaridad con Palestina.

Tras rastrear los contratos del Gobierno de España con Israel desde la propia página web del Gobierno de España, la conclusión es clara. El "embargo" no existe. Lo que existe es una maniobra de ingeniería administrativa para borrar el rastro de la industria militar israelí en los buscadores oficiales. Incluyo dos contratos para que veáis cómo el Gobierno sigue comercializando con empresas armamentísticas israelíes sin levantar sospechas. ​

1. EL CONTRATO MATRIZ: SIN CARETAS (FEBRERO 2024)

Observemos el expediente 2023/0283, formalizado el 26 de febrero de 2024. En ese momento, el contrato se firmó directamente con la empresa matriz: RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD, con sede en Haifa, Israel. El importe ascendió a 207.100.000 €. ​La Realidad: se formalizó meses después de que el Gobierno prometiera que no habría nuevos acuerdos. Como podemos observar, aquí no hay filiales. La relación técnica y financiera va directa a la matriz estatal israelí porque, según el documento legal, son los "únicos capacitados". ​

2. LA MANIOBRA DE OCULTACIÓN:

LA FILIAL "PANTALLA" Para que hoy, 30 de marzo de 2026, nadie encuentre estos datos al buscar "Israel" en la web de Contratación, han cambiado la estrategia: interponer empresas con NIF español. ​El cambio de nombre: En expedientes posteriores, como el 2023/800100392400, el nombre de la matriz israelí desaparece de la cabecera. El adjudicatario pasa a ser PAP TECNOS INNOVACIÓN S.A. La trampa: Esta empresa es la filial 100% de la israelí Rafael en España. Al usar un nombre con sede en Madrid, el buscador del Gobierno por país (Israel) o nombre de empresa (Albit Systems) devuelve "cero resultados". Sin embargo, al buscarlo con el nombre de la filial española, aparecen los contratos. Han "españolizado" el trámite para que el rastro ético sea invisible para el ciudadano.

3. EL TRUCO DE LA FECHA DE 2023: ¿CONTRATO ANTIGUO?

2023 es la fecha de la "firma", pero no la de la ejecución. Estos contratos son plurianuales. ​¿Qué significa esto? Que el Gobierno de España sigue soltando dinero público hoy mismo, 30 de marzo de 2026. Las facturas se pagan mes a mes y año a año por el mantenimiento y el suministro de esos misiles y torres de armas. Que el papel se firmara en 2023 no significa que la relación haya terminado.

4. LA PRUEBA DEL "PAPEL QUE NO EXISTE": LA RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO O MUTUO DISENSO ​

Si el Gobierno de verdad hubiera cortado el grifo, en el expediente no veríamos el estado de "Adjudicado" o "Formalizado". Para que el embargo fuera real, hoy mismo, 30 de marzo de 2026, tendría que aparecer un documento físico oficial llamado Resolución de Desistimiento o una Resolución de Mutuo Disenso. ​Ese es el único documento legal que anula un contrato y detiene los pagos. Mientras ese papel no aparezca firmado en la plataforma, el contrato sigue legalmente "vivo". Sin esa resolución, el sistema de Hacienda no se detiene y las transferencias de dinero público siguen saliendo automáticamente hacia la matriz en Israel. No hay trampa ni cartón: si no hay resolución de desistimiento publicada, el contrato se está ejecutando y pagando ahora mismo. ​

El Gobierno de Sánchez vuelve a jugar una vez más con el lenguaje. Mientras en febrero de 2024 firmaban directamente con Haifa por más de 200 millones, hoy esconden esos mismos vínculos bajo nombres de filiales para que el buscador parezca limpio. Los contratos no han desaparecido. Simplemente han aprendido a esconderlos detrás de un NIF español.

En un infame e insultante artículo titulado “Libertad de cátedra y antisemitismo”, publicado en El Debate, este individuo, que se autotitula como “un absoluto defensor de la libertad de cátedra”, pretende manipular al lector recordándole que “tanto El Debate como la Universidad San Pablo CEU son instrumentos de la Asociación Católica de Propagandistas”.

¿Y todo por qué?

Porque es un sionista convencido y se ha puesto a pegar alaridos por los siguientes “crímenes”:

• Que en un acto del CEU, habló el analista internacional Carlos Paz sobre la agresión de EEUU y la entidad sionista a un Estado soberano (conocida como la coalición Epstein): La República Islámica de Irán.
• Identifica a Carlos Paz como “conocido falangista”, que como todo el mundo sabe, su ideología, fuese la que fueses, nada tiene que ver con el conflicto, pero el señor profesor busca así, con una típica falacia ad-hominen, desprestigiar y buscar el “asesinato social” del conferenciante.
• Acusa a Carlos Paz de hacer “un grave alegato a favor de Irán en el contexto de la guerra en la que estamos. Nos explica que los tópicos que se difunden sobre Irán no son verdad: ni es una teocracia, ni hay homosexuales colgados de grúas, ni lapidan adúlteras, nada”.
• Bien, desde aquí desafiamos a dicho “profesor” a un debate público para confrontar sus “verdades” con la realidad de Irán. ¿Se atreve el CEU?
• Señala que “la República Islámica la que renunció a su historia y hoy no quieren ni ser referidos por el gentilicio «persa»”. Otra falsedad que sólo demuestra que nunca ha estado en Irán, por ejemplo, en las ruinas de Persépolis.
• Todo el infame artículo está construido sobre “argumentos” similares, demostrando que no sabe lo que es el chiismo, ni lo que fue y por qué se produjo la Revolución Islámica, ni el nivel tecnológico de Irán, ni lo que significa una fatwa para los chiitas, ni como se produjeron las protestas y quién las encauzó (le recomendamos que lea la propia prensa anglosajona), y, por supuesto, oculta la influencia del lobby sionista en España, expuesto más arriba.

Se atreve a aseverar que “La libertad de cátedra tiene límites”. Claro… ¿y quién marca los límites? Evidentemente, él, que interpreta como le sale de la entrepierna el “el delito de odio, la criminalización y la deshumanización colectiva profundamente antisemita”, porque en su concepción de la libertad, quien critique a la entidad genocida “hace uso de libelos demonizadores clásicos, profundamente nazis, en estas afirmaciones que atacan directamente la doctrina de la Iglesia, de un concilio de la Iglesia y de las enseñanzas de todos los Papas desde san Juan XXIII y de santos de la Iglesia, como el propio san Juan Pablo II”. Toma ya…

Después llega el tradicional victimismo de esos pobres que han asesinado a más de 25.000 niños en Gaza, acusa a la ultraizquierda, a la izquierda, a la ultraderecha, al Gobierno… ¡de hacer lo que hacen ellos, como el profesor Pérez-Maura en ese mismo artículo!

Y para ejemplo de cómo se puede ser profesor y además un miserable moral, un delator, un chotas, un chivato, que es lo más despreciable que se puede ser en esta vida, lean este párrafo dedicado a Carlos Paz: “Según se puede ver en sus intervenciones en la red X, Carlos Paz es un analista político y escritor español (nacido en 1972 en Madrid) especializado en Oriente Medio. Colabora en medios como El Mundo por Montera, Negocios TV y SND Editores. Es autor de libros como Descifrando el Islam y ha participado en eventos de la Falange. Se le conoce por su postura antiisraelí radical, su apoyo explícito al régimen islámico de Irán y sus colaboraciones con Falange Española de las JONS, con la que mantiene una relación estrecha y activa. Ha presentado libros suyos en la sede nacional de la Falange en Madrid (por ejemplo, De casi todo, de casi nada). Ha acompañado al secretario general de Falange a eventos públicos. En X defiende públicamente a Falange como «la única opción que habla abiertamente de terminar con la Unión Europea y salir de ella.

Una Universidad, si pretende ser lo que esa palabra significa, no puede tener dentro a individuos que promueven la censura, la eliminación de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra, la delación de las ideas –sean políticas, económicas, sociales, religiosas, etc.- de cualquier persona que es invitada a exponer su visión de un conflicto que nos afecta a todos, solo porque no le guste a colectivos supremacistas que se creen “el pueblo elegido”.

ACOM, el lobby proisraelí que combina estrategia jurídica, influencia política y batalla mediática en España

La organización ACOM ha ganado visibilidad en España en los últimos años a través de su actividad jurídica, su relación con determinados actores políticos y su presencia en el debate público sobre Israel. Algunas fuentes la consideran un actor legítimo de defensa política mientras otras la señalan como un instrumento de presión estructural.

En el centro de esa controversia se sitúa Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una organización que se define como independiente y dedicada a combatir el antisemitismo y a fortalecer las relaciones entre España e Israel. Su estrategia más visible ha sido la vía judicial, consistente en impugnaciones contra acuerdos institucionales y recursos contra decisiones de administraciones públicas.

Litigios estratégicos y expansión institucional

Uno de los ejes de actuación de ACOM ha sido el uso sistemático de los tribunales. Diversas resoluciones judiciales han anulado acuerdos municipales y universitarios que promovían boicots a Israel, al considerar que vulneraban principios como la neutralidad institucional o la no discriminación.

Este enfoque jurídico ha sido interpretado de dos formas distintas. Por un lado, como una defensa legítima del orden constitucional. Por otro, como una estrategia de presión indirecta —lo que en el ámbito anglosajón se denomina lawfare— orientada a desincentivar determinadas posiciones políticas mediante el coste judicial.

Conexiones políticas: PP, Vox y el entorno institucional

El debate sobre ACOM no se limita al ámbito jurídico. Varias informaciones periodísticas han señalado su proximidad a sectores del Partido Popular y Vox, especialmente en lo relativo a la política exterior y la defensa de Israel.

En este contexto, el nombre de Isabel Díaz Ayuso aparece con frecuencia en el debate público, principalmente por la orientación de su gobierno en la Comunidad de Madrid hacia una relación estrecha con Israel en ámbitos económicos y tecnológicos. No existen pruebas documentales concluyentes de una vinculación orgánica con ACOM, pero sí una coincidencia en posicionamientos políticos que algunos analistas interpretan como alineamiento estratégico.

Isabel Díaz Ayuso, junto a David Hatchwell (a su derecha)

Un ejemplo significativo de sus conexiones políticas aparece en su propia web en 2018, cuando celebró la llegada de Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular. El texto no se limitaba a una valoración genérica, sino que subrayaba su “afinidad con el Estado judío” y recordaba su participación previa en actos vinculados a la organización.

Algo similar ocurre con Vox. En una publicación de 2019, firmada en primera persona dentro del blog de la organización, ACOM defendía que el partido de Santiago Abascal no podía considerarse una formación antisemita. El texto iba un paso más allá al afirmar que existía conocimiento personal de algunos de sus dirigentes.

En esa misma línea, se han publicado referencias a viajes a Israel y encuentros con responsables del Gobierno de Benjamin Netanyahu en los que habrían participado dirigentes políticos españoles. Estas informaciones, difundidas por distintos medios, deben leerse con cautela: se apoyan en fuentes periodísticas y no siempre en documentación accesible en abierto que permita verificar cada detalle. Aun así, contribuyen a dibujar un entorno de relaciones que va más allá de la mera coincidencia ideológica.

Otro elemento relevante aparece en el papel atribuido a David Hatchwell. Algunas informaciones lo sitúan como un posible punto de conexión entre dirigentes de Vox y contactos políticos en Israel, especialmente en el contexto de viajes y relaciones institucionales. Como en otros casos, se trata de reconstrucciones periodísticas que no siempre cuentan con respaldo documental completo, pero que apuntan a la existencia de canales informales de interlocución.

En este contexto, algunas informaciones periodísticas han situado el foco en los viajes de dirigentes españoles a Israel, entre ellos el de Santiago Abascal, enmarcados en una estrategia de acercamiento político evidente. Más allá del hecho, que está documentado, ciertos artículos apuntan al posible papel de intermediarios en la organización de estos contactos. Entre los nombres que aparecen de forma recurrente está el de David Hatchwell, al que algunas fuentes atribuyen una función de enlace con entornos políticos israelíes. Sin embargo, conviene precisar que esa participación concreta —como organizador o facilitador directo de dichos viajes— no está respaldada por documentación pública concluyente accesible, que exige prudencia a la hora de afirmarla como un hecho plenamente acreditado. Es importante indicar que mucha de la información que lo relaciona procede de medios de izquierda.

Presencia mediática y batalla del relato

Otro de los frentes donde se sitúa la actividad de ACOM es el mediático. La organización participa activamente en el debate público mediante artículos, intervenciones y campañas de comunicación.

Algunas publicaciones han interpretado esta actividad como parte de una estrategia más amplia para influir en el relato sobre el conflicto en Oriente Medio en España. Otras, en cambio, la consideran una respuesta legítima frente a lo que perciben como sesgos informativos o desinformación.

Diversos medios han publicado informaciones sobre un posible acuerdo de branded content con OKDIARIO, que situarían en torno a 75.000 euros anuales en 2019. De confirmarse en sus términos, no se trataría de una práctica excepcional —la publicidad nativa forma parte del modelo económico de muchos medios—, pero sí abre una cuestión relevante sobre la frontera entre contenido informativo y contenido patrocinado. Sin embargo, no es posible localizar en abierto documentación o citas verificables que respalden esos importes, lo que obliga a tratar estas referencias con cautela.

Según el diario La Marea, que afirma haber tenido acceso al contrato, los abogados de OKDIARIO remitieron el 30 de septiembre de 2025 una solicitud de rectificación en la que reconocían la existencia del acuerdo —valorado en 75.000 euros para la publicación de contenido patrocinado por ACOM—, aunque rechazaban que dicho contenido pudiera calificarse como “propaganda sionista”.

Dirigentes y figuras clave

El rostro más visible de ACOM es su presidente, Ángel Mas, cuya trayectoria ha estado vinculada a la defensa de Israel en España y al activismo contra el movimiento BDS. Su perfil combina la acción jurídica con la presencia pública, lo que ha contribuido a situar a la organización en el centro del debate.

En torno a ACOM se ha configurado además una red de colaboradores, juristas y activistas que participan en campañas y litigios, reforzando su capacidad operativa pese a no tratarse de una estructura especialmente grande.

Otro nombre que aparece de forma recurrente en torno a ACOM es el de David Hatchwell, una figura con mayor proyección económica e institucional que el propio Ángel Mas y cuya presencia introduce un matiz distinto en el análisis.

Hatchwell es un empresario con trayectoria en el ámbito inmobiliario y turístico, además de vicepresidente de la Comunidad Judía de Madrid. Su perfil combina actividad empresarial, representación institucional y presencia en foros internacionales vinculados a Israel. Esa triple dimensión explica por qué su nombre aparece asociado a espacios de influencia más amplios que los de ACOM como organización.

En relación con ACOM, su papel no está definido de manera completamente transparente en documentación pública accesible. Sin embargo, diversos medios han realizado atribuciones relevantes. OKDIARIO lo ha señalado como cofundador de la organización, mientras que El Confidencial lo describe directamente como “fundador” y como una figura clave en su entorno. Estas afirmaciones, al no apoyarse en actas fundacionales abiertas o registros públicos detallados, deben entenderse como atribuciones periodísticas, no como hechos documentados de forma concluyente.

Más allá de su relación con ACOM, el interés en Hatchwell radica en su capacidad de conexión. Algunos análisis en prensa lo sitúan como un actor de enlace entre entornos empresariales, institucionales y políticos, especialmente en lo relativo a las relaciones entre España e Israel. En ese contexto, su nombre ha sido vinculado en informaciones periodísticas a espacios cercanos a Vox, en términos de afinidad o interlocución, aunque tampoco aquí existen pruebas públicas de una relación orgánica formal.

El sistema detrás: tecnología, vigilancia y contratación pública

https://excemtech.com/

En ese terreno aparece el grupo empresarial vinculado a David Hatchwell, a través de Excem y su división tecnológica. La compañía se presenta como proveedora de soluciones en ciberseguridad, inteligencia y protección de infraestructuras críticas. Pero más allá de la definición corporativa, lo relevante es que trabaja con administraciones públicas y cuerpos de seguridad en sistemas sensibles relacionados con el tratamiento de datos y comunicaciones.

Los registros oficiales de contratación permiten reconstruir parte de esa actividad. Excem ha sido adjudicataria de contratos con organismos como la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa o administraciones autonómicas. Entre ellos figuran suministros tecnológicos para unidades especializadas —como herramientas de análisis de criptoactivos— y servicios asociados a sistemas de interceptación legal de comunicaciones.

Uno de los ejemplos más significativos es el del sistema de intervención de comunicaciones de la Ertzaintza. En la documentación pública del contrato, la empresa aparece como proveedor único, apoyándose en certificaciones de exclusividad de Verint Systems. Este detalle apunta a un papel que va más allá de la simple distribución: Excem actúa como integrador de tecnología desarrollada por terceros, conectando proveedores internacionales con estructuras operativas del Estado.

Esa relación no es puntual. La propia compañía reconoce alianzas con firmas como Cognyte —escisión de la división de inteligencia de Verint—, lo que sitúa a Excem dentro de una red global especializada en monitorización, análisis de datos y sistemas de vigilancia.

En ese contexto surge de forma recurrente la referencia a Pegasus, el software de espionaje desarrollado por NSO Group. Diversas investigaciones periodísticas han señalado a Excem como posible intermediaria en la distribución de este tipo de herramientas en mercados occidentales. Sin embargo, aquí conviene ser precisos: a diferencia de los contratos públicos documentados, no existe evidencia directa en registros oficiales que confirme esa intermediación concreta en España.

La distinción no es menor. Por un lado, sí hay base documental sólida para afirmar que la empresa opera en el ámbito de la vigilancia tecnológica y mantiene relaciones contractuales con instituciones clave, además de colaborar con proveedores internacionales del sector. Por otro, la conexión específica con Pegasus se apoya en investigaciones externas que nos limitamos a comentar y que han sido ampliamente difundidas en diferentes medios y redes sociales, no en expedientes públicos verificables.

Principales polémicas

La actividad de ACOM ha estado rodeada de controversias recurrentes.

ACOM ha utilizado de forma activa redes sociales —especialmente Twitter (hoy X)— como herramienta de intervención pública. No se ha limitado a difundir comunicados, sino que en numerosas ocasiones ha respondido directamente a periodistas, profesores, cargos públicos o comunicadores cuyas posiciones considera problemáticas en relación con Israel o el antisemitismo.

Por un lado, sus detractores denuncian una supuesta labor de intimidación institucional, especialmente hacia universidades y administraciones locales que adoptan posiciones críticas con Israel. En este sentido, algunos artículos hablan de “señalamiento” o “coacción indirecta”.

Por otro, la organización rechaza estas acusaciones y sostiene que su labor se limita a garantizar el cumplimiento de la legalidad y a combatir discriminaciones.

Otra línea de crítica se centra en su posible influencia política y mediática, aunque en este terreno las afirmaciones suelen apoyarse más en interpretaciones que en pruebas documentales concluyentes.

Referencias

https://www.elsaltodiario.com/armamento-policial/mentor-ayuso-lider-sionismo-espanol-amplia-control-sistema-escuchas-ertzaintza

https://www.elperiodico.com/es/politica/20220521/espionaje-aragones-costo-43-000-euros-cni-pegasus-13687730

https://www.publico.es/politica/lobby-israeli-espana-influencia-acom.html

https://www.diario-red.com/articulo/medios/david-hatchwell-empresario-sionista-lider-acom-que-ha-querellado-periodistas-medios-izquierdas/20260313181222065776.html

https://okdiario.com/espana/david-hatchwell-inicia-acciones-legales-injurias-contra-varios-miembros-del-entorno-mediatico-del-gobierno-16399554

https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-03-11/un-fundador-de-acom-denuncia-a-silvia-intxaurrondo-antonio-maestre-prisa-eldiario-es-y-dos-politicos-de-mas-madrid-7372905/

ACOM firmó un contrato con Okdiario para que publicara propaganda sionista por 75.000 euros anuales

OKdiario confirma el contrato de 75.000 euros para publicar contenido patrocinado por ACOM, pero asegura que no era “propaganda sionista”

Fuente