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Con más del 84 por ciento de los votos escrutados al momento de escribir estas líneas, el bloque de Benjamín Netanyahu reúne 54 bancas, la coalición opositora que encabeza el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot suma 49 y los dos partidos árabes llegan a 17. Nadie alcanza las 61 que exige una mayoría en la Knéset de 120 miembros. El recuento definitivo se espera para el viernes y la Comisión Electoral Central publicará los resultados oficiales el 4 de noviembre, de modo que algún escaño todavía puede moverse, sobre todo cuando se abran los sobres dobles de soldados y diplomáticos.
Detrás de la aritmética aparece algo más importante que el empate. Lo que se disputó en estas elecciones fue quién administra el proyecto colonial israelí después de tres años de guerra permanente, y no el cuestionamiento de dicho proyecto. Los únicos que ponen en cuestión la ocupación, el bloqueo y la negación de derechos al pueblo palestino, los partidos árabes y en particular la Lista Conjunta, quedaron declarados inhabilitados para gobernar por los dos candidatos principales antes incluso de que terminara el conteo.
El Likud sigue siendo el partido más votado, con 27 bancas, pero pierde cinco respecto de la legislatura saliente. Sus socios se reparten en partes casi iguales. Shas, el partido ultraortodoxo sefardí de Aryeh Deri, y Judaísmo Unido de la Torá, el ultraortodoxo askenazí, obtienen siete cada uno; Otzma Yehudit, el partido kahanista de Itamar Ben Gvir, también siete, y el Sionismo Religioso de Bezalel Smotrich, aliado ahora con Zehut, seis. Noam, la lista ultraconservadora de Avi Maoz, quedó afuera. En la vereda de enfrente, Yashar, el partido que Eisenkot fundó en septiembre de 2025, entra con 22 bancas, B’Yachad, la alianza de los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, con 12, los Demócratas de Yair Golan, fusión de laboristas y Meretz, con ocho, e Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, con siete. Del lado árabe, la Lista Conjunta logra 11 escaños y Ra’am, la Lista Árabe Unida, seis. Benny Gantz, que hace dos años parecía el recambio natural, prácticamente desapareció. Debajo del umbral del 3,25 por ciento quedaron la lista de reservistas de Yoaz Hendel y Am Yisrael, el partido religioso nacionalista del general Ofer Winter.
El escenario de la votación explica el resultado. La Knéset saliente fue la primera desde 1988 en completar su mandato de cuatro años, una estabilidad institucional que convivió con una guerra sin fin. En Gaza el número de palestinos muertos supera los 74.000. Un año después del alto el fuego patrocinado por Washington, el ejército israelí controla cerca de dos tercios de la Franja y más de dos millones de personas sobreviven hacinadas en el tercio restante, en carpas o entre ruinas. En el Líbano, la ofensiva que se intensificó en marzo, cuando Hezbolá entró en la guerra, desplazó a más de un millón de personas hasta el acuerdo marco firmado en Washington el 26 de junio. Y el 28 de febrero Israel y Estados Unidos lanzaron juntos la guerra contra Irán, que ya lleva casi ocho meses, sacudió los mercados energéticos del mundo y no consiguió sus objetivos declarados. La República Islámica sigue en pie, ahora conducida por Mojtaba Jamenei.
La sociedad israelí castigó a Netanyahu, pero hay que leer bien qué castigó. El voto opositor se alimentó del fracaso del 7 de octubre, de la negativa del gobierno a crear una comisión investigadora y de la exención militar de los varones ultraortodoxos en un país donde más de mil soldados murieron en los últimos años. No hubo un voto contra el genocidio. Al Jazeera, la cadena con sede en Doha (Qatar), observó en la víspera que ninguno de los principales candidatos cuestionó la decisión de desatar la masacre sobre Gaza ni las guerras que la siguieron, incluida la de Irán. Las campañas de los dos grandes bloques omitieron, sencillamente, a los muertos palestinos. Lo que se votó fue la eficacia de la guerra y el reparto de su costo entre los propios judíos israelíes.
Netanyahu no deja margen de interpretación. Durante la campaña prometió que no habrá Estado palestino porque “este lugar nos pertenece”, y el 21 de octubre, en una ceremonia de egreso de cadetes, anunció que derrocar al gobierno iraní es su directiva para el ejército, el Mossad y los servicios de seguridad. La noche de la elección pidió un “gobierno de derecha, nacional y fuerte”, sostuvo que su bloque obtuvo una mayoría decisiva entre el público “sionista y judío” y advirtió que Israel no puede quedar expuesto a un gobierno apoyado en “partidos árabes antisionistas”. Quien habla es un primer ministro con orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, procesado por corrupción en su propio país y para quien Donald Trump pidió formalmente el indulto al presidente Isaac Herzog.
Sus socios dicen en voz alta lo que el Likud dice a media voz. Smotrich, ministro de Finanzas, propone que el próximo gobierno destruya la idea de un Estado palestino, al que llama “Estado árabe del terror”, anule los Acuerdos de Oslo y aliente la emigración desde Gaza y desde Cisjordania. Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y jefe político de la policía, reclamó para sí el Ministerio de Defensa con un plan que incluye la emigración “voluntaria” de los palestinos de ambos territorios y el desarme de la Autoridad Palestina. No se trata de consignas desligadas de la práctica. En los días previos a la votación, unos 4.000 palestinos fueron expulsados en cuatro días en Hebrón, según documentó el activista palestino Issa Amro en +972 Magazine, una revista independiente de periodistas israelíes y palestinos. La limpieza étnica funciona en Cisjordania como espectáculo electoral.
El uso de la guerra como recurso de supervivencia política quedó a la vista una semana antes de la elección. La televisión israelí informó que Netanyahu ordenó una operación que los militares consideraban capaz de desatar una confrontación inmediata con Irán, y que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, exigió una discusión plena del gabinete y una autorización legal firmada antes de ejecutarla. Decenas de aviones de la fuerza aérea habían volado sobre Siria e Irak hasta las cercanías del espacio aéreo iraní, a la espera de una respuesta de Teherán que justificara un ataque. Lieberman acusó al primer ministro de querer arrastrar al país a una acción militar para impedir las elecciones. En la conducción israelí el guerrerismo funciona como forma de gobierno, y la caotización regional es la condición de su permanencia.
Frente a ese bloque, la prensa liberal occidental presentó a Eisenkot como el anti-Netanyahu. Hijo de inmigrantes judíos marroquíes, criado en una familia obrera, de origen mizrají y con un hijo muerto en Gaza, ofrece la imagen del soldado austero frente al político corrupto. Pero Eisenkot es también el autor de la doctrina Dahiyeh, formulada tras la guerra del Líbano de 2006, que prescribe la destrucción desproporcionada de la infraestructura civil del enemigo como método de disuasión y que el ejército aplicó en Gaza a una escala sin precedentes. Fue jefe del Estado Mayor entre 2015 y 2019 y, después del 7 de octubre, integró como ministro el gabinete de guerra de Netanyahu durante los primeros ocho meses de la ofensiva.
Sus posiciones sobre la cuestión palestina no admiten dudas. En agosto, cuando Mansour Abbas reclamó el fin de la ocupación y un Estado palestino, el Likud acusó a Eisenkot de connivencia y él respondió que no se establecerá un Estado palestino bajo el gobierno que forme. En la recta final repitió que el principio de dos Estados para dos pueblos es un error, y en junio había dicho que nunca habló de dos Estados y que quien habla de paz y de dos Estados no entiende el conflicto. Sobre Gaza promete destruir el brazo militar de Hamás en 18 meses, mantener un corredor de seguridad israelí dentro de la Franja y no retirar tropas hasta el desarme, con disposición a reanudar los combates para lograrlo. Su diferencia con Netanyahu está en que acepta avanzar con el plan de Trump sin demasiada resistencia, incluida la entrega de funciones a tecnócratas y policías vinculados con la Autoridad Palestina y el despliegue de una fuerza internacional.
En Cisjordania, Eisenkot defiende la colonización en principio, a condición de que se ajuste a la ley israelí. Se opuso al proyecto E1, que cortaría la continuidad territorial palestina alrededor de Jerusalén, y promete devolver la Administración Civil a la coordinación militar y castigar a los colonos violentos. En abril, sin embargo, recorrió asentamientos del norte de Cisjordania, incluido un puesto avanzado levantado por algunos de los colonos más violentos de la zona. Su fórmula es la separación con control israelí sobre los palestinos para garantizar una mayoría judía sólida. El Instituto para el Entendimiento de Medio Oriente (IMEU), una organización palestino-estadounidense que produce información para la prensa, la describe como la perpetuación del apartheid. Un columnista de The Jerusalem Post, el diario israelí en inglés de centroderecha, habló de un “Estado menos”, un autogobierno palestino sin soberanía que puede volverse permanente. La noche de la elección Eisenkot prometió un “gobierno sionista” y celebró el voto de la “mayoría sionista responsable”. Entre sus exigencias para cualquier socio figuran reconocer a Israel como Estado judío y a Hamás como organización terrorista que debe ser desmantelada, condiciones pensadas para dejar afuera a los partidos árabes.
La lectura desde el Sur global tiene que ir más allá de la oposición entre un primer ministro mesiánico y un general sensato. Eisenkot expresa la restauración del establishment de seguridad, el mismo que planificó y ejecutó la destrucción de Gaza, que pretende recuperar la conducción del Estado frente a una derecha religiosa que lo desplazó y lo culpó del 7 de octubre. Su crítica a Netanyahu es de competencia, de honestidad y de reparto de la carga militar. El núcleo colonial queda intacto. Cambiaría el administrador y probablemente el estilo, con menos estridencia ante Europa y mejor sintonía con el plan norteamericano, pero no la dirección.
El resto del bloque opositor confirma el diagnóstico. Bennett, que en 2021 llegó a primer ministro gracias a los votos de Ra’am, rechaza hoy el Estado palestino por razones de seguridad y descartó repetir aquella coalición con el argumento de que el 7 de octubre “cambia muchas cosas”. Durante la guerra defendió el bloqueo total de Gaza y, consultado por las víctimas civiles, respondió que Israel combatía contra nazis. Lapid, otrora rostro del centro laico, comparte con él la lista y el rechazo a la soberanía palestina. Lieberman, que vive en el asentamiento de Nokdim, también se comprometió a no apoyarse en los partidos árabes. Los líderes opositores firmaron en septiembre una plataforma común que habla de una constitución, del servicio militar para todos y de preservar el carácter “judío, democrático y sionista” del Estado. Los derechos palestinos no figuran entre sus ejes.
Solo los Demócratas de Golan, reducidos a ocho bancas, se apartan en parte del consenso. Golan, también exgeneral, es el único dirigente sionista de peso que habla de un arreglo negociado y que, ya con los números a la vista, pidió formar un “gobierno de cambio en asociación con los ciudadanos árabes de Israel” y denunció la “distinción racista” de Netanyahu entre votos judíos y árabes. Su horizonte, de todos modos, es modesto. Sostiene que el “salto galáctico” de la situación actual a una solución de dos Estados es imposible y propone, en su lugar, separación civil con responsabilidad de seguridad israelí. Ese es hoy el techo de la izquierda sionista, la que gobernó el país hasta 1977 y ahora pelea por no desaparecer.
Si se cuentan las bancas, el cuadro es elocuente. De las 103 que obtienen los partidos judíos sionistas, ninguna responde a un programa que reconozca el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a un Estado soberano. Las únicas que lo hacen son las 17 de los partidos árabes. Incluso la discusión sobre el reclutamiento ultraortodoxo, que estructuró buena parte de la campaña, es en el fondo una discusión sobre quién pone el cuerpo en la guerra colonial. El eje que organiza la política israelí tiene poco que ver con la izquierda y la derecha de manual. Lo define la gestión de la población colonizada, y sobre eso hay acuerdo entre los dos bloques.
La gran novedad de la elección vino de los ciudadanos palestinos de Israel, cerca del 20 por ciento del electorado, que tradicionalmente votan menos que los judíos. Esta vez se volcaron a las urnas. En Nazaret la participación trepó al 72,2 por ciento, contra el 48,29 de 2022, y en Rahat, la mayor ciudad beduina del Néguev, llegó al 82 por ciento cuando cuatro años atrás había sido de 60,61. Los partidos árabes pasan de las diez bancas actuales a 17, por encima del récord de 15 que la Lista Conjunta, entonces con Ra’am adentro, había logrado en 2020. Pesó la ola de crímenes en las localidades árabes, frente a la que la policía de Ben Gvir mostró una pasividad que buena parte de la población lee como complicidad. Pesó también la persecución durante la guerra, con detenciones, despidos y sanciones a estudiantes por expresar solidaridad con Gaza, que documentó Adalah, el centro jurídico que defiende los derechos de la minoría árabe en Israel. Detrás de todo estaba la voluntad de sacar del poder a la coalición de Smotrich y Ben Gvir. En la sede de la Lista Conjunta en Nazaret se cantaba en árabe “Ben Gvir, fuera”.
Los dos partidos árabes encarnan estrategias distintas, casi opuestas, para un mismo problema. La Lista Conjunta, refundada en enero en Sajnín en medio de una huelga general contra la inacción policial frente al crimen, reúne a Hadash, el frente democrático de raíz comunista y composición árabe-judía (en su lista va el diputado judío Ofer Cassif), a Ta’al, el partido nacionalista laico de Ahmad Tibi, y a Balad, el partido nacionalista palestino que reclama un Estado de todos sus ciudadanos en lugar de un Estado judío. La encabeza Yousef Jabareen, académico y presidente de Hadash. Balad llegó a la elección mutilado. Su presidente, Sami Abu Shehadeh, fue blanco de una campaña de inhabilitación que fue de Ben Gvir a los propios Demócratas, y terminó retirándose el 2 de octubre tras una recomendación de la Corte Suprema. El 23 de septiembre la Comisión Electoral Central había llegado a excluir a las dos listas árabes, una decisión que la Corte revocó. La socióloga palestina Areej Sabbagh-Khoury escribió en +972 que esa exclusión muestra que las instituciones de la mayoría judía deciden ahora quién puede representar a los palestinos.
El programa de la Lista Conjunta es el único que nombra a Gaza por lo que es. La alianza se presentó como la alternativa al racismo y a la supremacía, prometió oponerse a la destrucción de Gaza, a la limpieza étnica en Cisjordania y a la persecución política de los ciudadanos árabes, y fijó las condiciones de un eventual apoyo a un gobierno que desplace a Netanyahu. Ese apoyo, aclaró, no será un cheque en blanco. Exige el fin de las demoliciones de viviendas y una planificación justa para las localidades árabes, medidas serias contra el crimen, el fin de la guerra en Gaza y del desplazamiento en Cisjordania, y un proceso político que reconozca el derecho palestino a la autodeterminación y a un Estado independiente. A cambio ofrece una red de seguridad desde afuera de la coalición. Jabareen lo dijo con sus palabras la noche del recuento, cuando prometió ser una red de seguridad frente al crimen, frente al racismo peligroso y frente a la demolición de casas y de aldeas enteras.
Ra’am es otra cosa. Partido islamista conservador, fue durante décadas el brazo político de la rama sur del Movimiento Islámico, del que se separó formalmente en julio de este año. Mansour Abbas, odontólogo nacido en Maghar, en la Galilea, lo convirtió en el vehículo de una integración pragmática centrada en presupuestos, infraestructura y seguridad para las localidades árabes, y en 2021 rompió un tabú histórico al sumarse a la coalición de Bennett y Lapid, la primera en la que un partido árabe independiente formó parte de un gobierno israelí. Abrió su lista a candidatos judíos y cultiva un discurso de convivencia. La moderación no lo protege. En agosto pidió el fin de la ocupación y un Estado palestino, y bastó eso para que Eisenkot jurara que no habría tal Estado. La mañana de la elección, según denunció el propio partido, varios de sus activistas fueron detenidos en sus casas, en lo que calificó como un uso político de la policía de Ben Gvir para deprimir el voto árabe. El periodista Waseem Hosary resumió en +972 la paradoja con una fórmula dura, presupuestos a cambio de sumisión, y recordó que los términos de la participación árabe en la política israelí apenas cambiaron en ochenta años. Abbas igual volvió a ofrecerse al bloque opositor y dijo que su voto cambiará al gobierno.
Las dos estrategias chocan contra la misma pared. Netanyahu llamó “una vergüenza” la sola idea de un gobierno con partidos árabes y, mientras se votaba, señaló a los árabes y a la izquierda como quienes intentaban “robar la elección”. Bennett y Lieberman se comprometieron a no apoyarse en ellos. Eisenkot les exige reconocer a Israel como Estado judío, es decir, le pide al colonizado que legitime la estructura que lo subordina como condición para ser contado. El resultado es una democracia de doble rasero en la que el voto palestino se suma al padrón y a la participación pero se resta de la legitimidad. Cuando Netanyahu habla de mayoría “sionista y judía” y Eisenkot de “mayoría sionista responsable”, ambos dicen lo mismo, que la voluntad popular que cuenta es la de la comunidad étnica dominante. Alon Pinkas, exdiplomático israelí y ex cónsul general en Nueva York, lo admitió ante Al Jazeera con una advertencia que vale como epitafio para la izquierda sionista. Los partidos árabes, dijo, no pueden quedar afuera y ser tenidos en cuenta y cooptados solo cuando se necesitan sus votos.
Con estas cartas, las posibilidades de formar gobierno son estrechas. Confirmados los resultados el 4 de noviembre, Herzog consultará a los partidos y encargará la formación del gabinete a quien considere mejor ubicado, que tendrá hasta 42 días. Netanyahu necesita siete bancas que no tiene. Ra’am, aun si estuviera dispuesto, lo dejaría en 60 y resulta inaceptable para Smotrich y Ben Gvir. Lieberman lo llevaría a 61, pero hizo de su enemistad con el primer ministro y con los ultraortodoxos una bandera. Le quedan la seducción de algún partido opositor o la deserción individual de diputados, un recurso conocido en la Knéset, donde los legisladores no están obligados a seguir la disciplina de su lista.
El escenario que más se discute en Israel es un gobierno de unidad. Netanyahu no lo propuso abiertamente en su discurso de la noche electoral, aunque reclamó que la “mayoría sionista” recapacite y se una. Algunas señales lo anticipan. Ben Gvir denunció días antes de votar que la oficina del primer ministro prometió a funcionarios de la Unión Europea que Otzma Yehudit no integraría el próximo gobierno, y medios israelíes informaron que Trump busca dejarlo afuera. Según el propio Ben Gvir, el plan incluiría acuerdos diplomáticos y el indulto para Netanyahu. Eisenkot, en cambio, juró que nunca servirá bajo Netanyahu y que, si alguna vez lo hiciera, renunciaría al día siguiente. La variante que circula en los análisis israelíes es un acuerdo judicial que archive las causas de corrupción a cambio del retiro de Netanyahu, que podría quedar como ministro en un gabinete encabezado por otro.
La otra salida es un gobierno minoritario de Eisenkot sostenido desde afuera por los partidos árabes. Los números alcanzan, porque 49 más 17 suman 66, y Golan empuja en esa dirección. Pero exige que Bennett y Lieberman rompan sus promesas de campaña y que Eisenkot gobierne con el respaldo de una fuerza a la que le pidió reconocer el carácter judío del Estado. Esa posibilidad, que parecía viable con los primeros sondeos a boca de urna, se fue debilitando durante la madrugada a medida que el bloque de Netanyahu mejoraba en el conteo. Sería, además, un gobierno sometido desde el primer día a la campaña de deslegitimación de la derecha, como lo fue el de Bennett y Lapid, que no llegó a durar un año y medio.
Lo más probable, por ahora, es el bloqueo. Si nadie consigue formar gobierno, Netanyahu sigue como primer ministro interino y el país vuelve a las urnas, quizás en abril. Es el escenario que más lo favorece. Conservaría el poder ejecutivo sin mayoría parlamentaria, con una oposición que controlaría la Knéset, en medio de una guerra con Irán que no terminó. The Wall Street Journal, el diario financiero de Nueva York, informó que Washington pidió a los Estados del Golfo prepararse para una ofensiva “corta pero intensa” después de las elecciones legislativas norteamericanas del 3 de noviembre. Un primer ministro interino con la guerra como herramienta y sin control parlamentario es la combinación más peligrosa para la región. Eisenkot pareció entenderlo así cuando, en su discurso, pidió a los jefes de seguridad que sirvan solo al Estado y a los ciudadanos y no permitan que Netanyahu abuse de su condición de interino. Los mercados también leyeron la incertidumbre, y el shekel y los bonos israelíes cayeron el miércoles.
La dimensión externa atraviesa todo el proceso. El 18 de octubre Trump publicó un respaldo “completo y total” a Netanyahu y lo acompañó de una advertencia explícita. Si Israel elige al “líder equivocado”, que sería cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendrá que hacer el trabajo contra Irán por su cuenta y no está inclinado a hacerlo. Es una injerencia de manual, que condiciona el apoyo militar al resultado electoral de otro país, y revela la naturaleza del vínculo. En la lógica del redespliegue norteamericano, Washington necesita a Israel como punta de lanza armada en Asia Occidental para trasladar a su aliado el costo de guerras que no quiere pelear con tropas propias, y por eso interviene en su política interna para asegurarse de que el ejecutor sea el más dispuesto. Israel, a su vez, tiene un programa propio de expansión territorial que encaja en esa división del trabajo, de modo que la relación se parece más a una sociedad entre guerreristas que a una simple obediencia. Eisenkot no se aparta de esa arquitectura. Acepta el plan de Trump para Gaza con más docilidad que Netanyahu y comparte el objetivo de contener a Irán, a Hamás y a Hezbolá. La disputa israelí es por quién maneja mejor la relación con un hegemón en declive, y emanciparse de él no está en la agenda de nadie con chances de gobernar.
Desde la región, la elección se leyó con escepticismo. Esmaeil Baghaei, vocero de la cancillería iraní, dijo en su conferencia semanal, la víspera de la votación, que a Teherán no le importa quién tome el timón de un régimen que no trajo a la región más que violencia y masacres. Comparó la contienda con Dr. Insólito, la sátira de Stanley Kubrick sobre la catástrofe nuclear, recordó que Irán se considera en estado de guerra y calificó de vacías las amenazas de Netanyahu de derrocar al gobierno iraní, un signo de desesperación según sus palabras. Hamás eligió la cautela. Según Asharq Al-Awsat, el diario saudí editado en Londres, el movimiento hizo saber a los mediadores y a la Junta de Paz que no planea ataques y que espera que, pasada la elección, avance la aplicación del plan de Trump y de la hoja de ruta acordada en El Cairo, en particular la reconstrucción y el traspaso de la administración de la Franja al Comité Nacional para la Administración de Gaza. El calendario guarda una ironía amarga. El 10 de octubre la Autoridad Palestina volvió a postergar sus propias elecciones legislativas, previstas para el 28 de noviembre. El ocupante vota con participación récord y el pueblo ocupado sigue sin poder elegir a sus representantes.
El balance deja dos datos de fondo. El primero es la consolidación de un consenso sionista que sacó la cuestión palestina de la agenda electoral y que, después de un genocidio transmitido en directo, discute solo su administración. Gane quien gane la negociación, no habrá Estado palestino ni retirada de Gaza sin desarme previo, y el aparato que ejecutó la destrucción seguirá en pie y con mando. El segundo dato es nuevo y tiene peso estructural. Por primera vez, la movilización de los palestinos con ciudadanía israelí deja a los dos bloques judíos sin mayoría propia, y eso obliga al sistema a elegir entre cerrar filas en una unidad étnica, con o sin Netanyahu, o aceptar que el voto palestino cuente para gobernar. Cualquiera de las dos salidas expone la contradicción de un Estado que se define judío y democrático a la vez.
La transformación que necesita el pueblo palestino no saldrá de la Knéset. Vendrá, si viene, de su propia resistencia y de la erosión del orden que sostiene a Israel, con un aislamiento diplomático creciente y causas abiertas en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, y con el desplazamiento del poder mundial hacia una configuración multipolar en la que Washington ya no puede garantizar impunidad sin límite. Mientras tanto, diecisiete diputados palestinos tienen en sus manos la llave de una puerta que el sionismo, en todas sus versiones, prefiere mantener cerrada aunque eso lo condene a la parálisis.