La canícula agosteña conlleva al menos dos cosas inevitables. Una, mala de verdad, es la eclosión devastadora de los incendios forestales; otra, buena entre las buenas, es el relajo que por unos días se da la jauría política, lo que, en justa relación causal, sirve al tiempo para tranquilizar la furibunda ciudadana.
Claro está que, dentro de la política, hay quienes han de permanecer de guardia veraniega, o al menos de “imaginaria” como dicen los militares, cubriendo las espaldas del sistema, pendientes de “alertas” sobrevenidas o con el castigo de tener que poner al día sus deberes incumplidos.
El impresentable tratamiento que tienen los incendios forestales este verano (mucho trasvase de competencias y mucha Unidad Militar de Emergencias, pero más ineficacia y negligencias comprobadas que nunca), merecerá, a no tardar, una Newsletter exclusiva. Sin olvidar en ella el cruce de acusaciones descaradas entre prepotentes ministros nacionales, quitándose el muerto de encima a costa de la competencia estatal transferida, y los “ministrillos” autonómicos incapaces de asumir la suya.
Por ahora, centrémonos en otras cuestiones que estos días también han tenido presencia notable en el plano informativo.
EL GOBIERNO SUAVIZA LA SEMÁNTICA DE LA CRISIS
Uno de los políticos de “guardia veraniega” ha sido Luis de Guindos, titular de Economía y Competitividad, dedicado a comprobar “como va lo suyo”, es decir los avances del Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas de los países del euro) y del Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Finanzas de todos los países miembros de la UE) para la reforma global del sistema financiero europeo. Y, sobre todo, cuál es la nueva disposición del Banco Central Europeo (BCE) para intervenir de forma “contundente” en los mercados con objeto de aliviar las presiones sobre la deuda española.
Según ha manifestado el propio De Guindos en diversas entrevistas (EFE, “ABC”…), a este tipo de intervenciones “no se les puede poner límite o no se puede explicitar al menos la cuantía con la que se va a intervenir ni durante cuánto tiempo”, para no restar efectividad a una ayuda que tiene como objetivo disipar las dudas sobre la zona del euro. Una opinión técnica poco menos que “apalancada con un churro”.
Respecto a las contrapartidas que tendrá la ayuda europea a España (ahora se denomina “rescate blando”), el ministro De Guindos explicó que se definirán en las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin previstas para la segunda semana de septiembre, anticipando que, en cualquier caso, no le preocupan “especialmente” (¿será verdad?). Para entonces, el BCE ya habrá desvelado cómo piensa ejecutar el programa de compra de deuda soberana en el mercado secundario, lo que obviamente está condicionando la decisión final del Gobierno español sobre el escabroso “segundo rescate”, complementario del “rescate inicial del sistema financiero” fijado ya en un crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar a la banca española.
Paréntesis: En relación con el primer rescate, no deja de sorprender que, con la que ha caído sobre las cajas de ahorros y los traumas sociales que han provocado, el ministro De Guindos venga diciendo ahora que anda sin prisas para inyectar dinero en el sistema y que el Gobierno descarta “hoy por hoy” apelar al primer tramo de 30.000 millones de euros reservados para recapitalizar por vía de urgencia a las entidades con problemas.
Sería impresentable que cuando las consultoras independientes que están detallando las necesidades de capital de cada banco en entredicho terminen su trabajo, el abultado rescate ya solicitado formalmente (nada menos que 100.000 de euros), se mostrase mal dimensionado o innecesario con el aliviadero del “banco malo”, el gran hallazgo gubernamental de última hora antes criticado por tirios y troyanos (desde Rajoy a Botín).
El titular de Economía también anticipó que el 24 de agosto (finalmente será el 31 de agosto) el Consejo de Ministros aprobaría un Real Decreto-Ley con las líneas generales de desarrollo del conocido como "banco malo para el ladrillo" (una Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios), reformando al mismo tiempo el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este organismo, pasará de ser un vehículo de inversión a convertirse en el verdadero ejecutor de la restructuración y liquidación de la banca, junto al ente supervisor (el Banco de España), permitiendo que “España tenga uno de los marcos institucionales de restructuración bancaria más avanzados de Europa" (es decir, que, como sostiene De Guindos, en un “plis-plas” cambiaremos “zoquetes” por “catedráticos”).
Además, el mismo Real Decreto-Ley establecerá nuevas normas para la venta de productos complejos de naturaleza híbrida, como las denominadas “participaciones preferentes”, también según el ministro De Guindos “con el objetivo de evitar posibles abusos que se han producido en el pasado” (o sea, que la banca, en vez de tener absolutamente prohibidos estos productos de trile financiero, seguirá repitiendo la faena pero en mayor cuantía, como mínimo 100.000 euros por incauto, y con las espaldas bien cubiertas legalmente).
La euforia gubernamental subyacente en las declaraciones agosteñas de Luis de Guindos, parece basarse en la seguridad (esperemos que no sea solo una “suposición”) de que el BCE actuará en el mercado secundario (donde los inversores intercambian la deuda ya emitida) comprando bonos a corto plazo y sin ejercer su papel de acreedor preferente, lo que ahuyentaría al resto de inversores y elevaría la prima de riesgo. El ministro español de Economía y Competitividad (uno se puede preguntar “a qué competitividad” se refiere el cargo) considera que la nueva actitud del BCE abre “un escenario muy positivo” para el Gobierno, reconociendo que la presión de los mercados sobre la deuda española responde en gran medida a algo que va “más allá de la política doméstica” y considerando oportuno intervenir para corregir unas diferencias en el tipo de interés de la financiación pública dentro del Eurogrupo que “ponen de manifiesto dudas sobre el futuro del euro y dificultades para la transmisión de impulsos” (al parecer, los platos rotos son de otros).
Además, el ministro De Guindos ha advertido que, en su opinión, las condiciones de este segundo rescate, que él llama “rescate blando”, ya están muy definidas y son fácilmente asumibles, porque España está “haciendo sus deberes”, tanto en el ámbito fiscal como en el de las reformas estructurales, como reconocen el Fondo Monetario (FMI) y las autoridades de Bruselas. Aunque habrá que ver lo que “Paco el de las rebajas” (Merkel y compañía) opina de esta serpiente veraniega.
Con un optimismo más que cuestionable, De Guindos explicó igualmente que el avance presupuestario para 2013 y 2014 prevé un ajuste fiscal de casi 90.000 millones en ese bienio, considerándolo “suficiente y adecuado”. También insistió en que el compromiso de España con la reducción del déficit al 3 por 100 del PIB en 2014 es “inequívoco”, razón por la que se han ido adoptando o se planea poner en marcha las recomendaciones propuestas por Bruselas, como el incremento del IVA o la subida de la edad efectiva de jubilación.
Sin embargo, tanto lenguaje edulcorado, no ha podido evitar alguna que otra manifestación contradictoria dentro del propio PP. Después de que Soraya Sáenz de Santamaría advirtiera con firmeza que “la opción del rescate está descartada” (Agencias 27/07/2012), la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, declaraba en una entrevista a Europa Press (17/08/2012), que “según todos los indicios”, los “datos económicos” y “la situación de la prima de riesgo”, “parece inevitable” tener que solicitar a la Unión Europea algún “tipo de rescate”, con las “condiciones que se determinen”, para afrontar “la situación más complicada de España en la historia reciente”.
Por su parte, el mismo Luis de Guindos, tras conocerse que el martes 24 de julio, cuando el interés del bono español a diez años superaba el 7,6 por 100, había debatido en Berlín con su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, la posibilidad de solicitar un rescate total por un importe nada más y nada menos que de 300.000 millones de euros, si sus costes de financiación se mantenían en niveles insostenibles, no tenía el menor empacho en declarar tajantemente: “Nunca he considerado un rescate de España” (Agencias 26/07/2012). Y, más tarde, aseguraba todavía con más que “no habrá nuevos ajustes [aunque España pida finalmente ayuda al fondo de rescate europeo]”, matizando que “hay tiempo por delante para esperar a que los detalles de la ayuda se despejen” y que el Gobierno “va a actuar con prudencia” (05/08/2012)…
MARIANO RAJOY NO DA LA TALLA
Conociendo el engañoso paño de la verborrea política, y vaselinas de los portavoces gubernamentales aparte, tendríamos que dar por hecho un “segundo rescate” (ya se verá con que nombre se le bautiza de forma definitiva y cuáles serán su cuantía y condiciones), un “banco malo” (el mismo que antes rechazaba de forma expresa el Gobierno en pleno), más recortes y reformas estructurales, la intervención de algunas comunidades autónomas (rescates entre bambalinas) y todo lo que naturalmente hace falta para salir del descomunal lío en el que estamos metidos. Negarlo o maquillarlo, forma parte de la práctica política habitual y de los juegos malabares del gobierno de turno.
La falta de visión del problema y el desconcierto que la situación produce en el gobierno de Rajoy, con la consecuente incapacidad resolutiva, es bien evidente. Y si a esta situación se añaden las reiteradas incoherencias y las prácticas burocráticas europeas, la aproximación al caos lleva camino de ser absoluta.
Cosa realmente grave, porque, guste o no guste a quienes el 20-N le otorgaron confiadamente la mayoría parlamentaria absoluta, a Rajoy se le está acabando el crédito electoral, anclado como está en el agotado sistema político e institucional que nos ha llevado a donde estamos y mostrando como muestra que no está dispuesto a cambiarlo. En el fondo, al presidente del Gobierno le encanta el frangollo de las autonomías; cree firmemente en la partidocracia; opone muy poco a la omnipresencia partidista y a la hipertrofia administrativa; le encantan la casta y la caspa políticas (él es parte sustancial del establishment) y, sobre todo, comparte con el PSOE las canalladas consumadas en ámbitos tan sensibles como el de la excarcelación de etarras, la dilución del Estado a través de las sucesivas reformas estatutarias de las autonomías (Cataluña, Valencia, Andalucía…), la tolerancia ante las amenazas secesionistas…
Más allá del desconcierto político ante la crisis, hoy por hoy el deplorable comportamiento institucional, la inconsecuencia del modelo de Estado y el deterioro de la democracia real, son de una envergadura verdaderamente colosal. Y lo peor es que a Rajoy el problema le viene grande, por mucho que su elección como presidente del Gobierno haya convenido para liquidar a Rodríguez Zapatero.
Fotograma: De momento, tenemos al presidente del Gobierno “acucado”, sin ideas ni agallas políticas, esperando que los mercados, el FMI, el Bundesbank, Ángela Merkel, François Hollande, los Marios (Draghi y Monti) o la Virgen de los Milagros le resuelvan el problema, o que con el paso del tiempo éste se “disuelva” por sí mismo (le quedan más de tres años para agotar su mandato presidencial), al igual que el azucarillo o la sal se diluyen en un vaso de agua…
“RAJOY, GENUFLEXO ANTE LOS CHANTAJISTAS”
Buen título y buen contenido el de esta expresiva “Canela Fina” publicada por Luis María Ansón en “El Mundo” (21/08/2012) y referida a la política antiterrorista del gobierno y a la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga (previo a la libertad provisional), con tres asesinatos implacables a sus espaldas (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez-Colmenero) y cruel carcelero de Ortega Lara. Por conocido, poco más hay que añadir al caso, salvo tres apuntes rápidos.
El primero valora positivamente la actitud del Ministerio Fiscal que titula Eduardo Torres-Dulce, al oponerse (aunque fuera de forma infructuosa) a la turbia política de connivencia con la izquierda abertzale que sigue Rajoy, en línea con la del inmaduro, ocurrente y temerario “ZP” (recuérdese el caso del sanguinario terrorista Iñaki De Juana Chaos). Por su parte, la forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, ha dictaminado que el cáncer que padece el etarra Bolinaga “no se encuentra en fase terminal” y que su tratamiento puede ser administrado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia o cirugía.
El segundo repudia y califica como auténtica “basura político-religiosa” las excusas “compasivas” argüidas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en apoyo de la jauría etarra. Sobre todo cuando el Gobierno y él mismo nada hacen, por ejemplo, para tratar con un mínimo de dignidad asistencial a los más de mil reclusos españoles diagnosticados con trastorno mental grave, hacinados en “penitenciarías psiquiátricas” verdaderamente tercermundistas y que, como tales enfermos mentales, además son víctimas de un sistema judicial absolutamente injusto.
Por otra parte, hay que recordar que más de cien presos no terroristas fallecen anualmente en prisión por causas no accidentales, algunos siendo incluso presos “preventivos”, y también que, de hecho, un tercio de los reclusos con enfermedades terminales vienen muriendo en prisión sin acceder a los beneficios del tercer grado. La afirmación defensiva (“Insinuar que ahora hemos cedido al chantaje sirve a los intereses de ETA”) del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es, más que peregrina, auténticamente indeseable, y la del propio ministro del Interior, asegurando que de no haber otorgado el tercer grado al terrorista Bolinaga “hubiéramos incurrido en prevaricación”, falsaria y cretina.
Finalmente, y más allá del tópico afecto a las víctimas del terrorismo, que en modo alguno merecen el indigno trato político que de forma tan incomprensible les da el Gobierno del PP, el tercer apunte advierte que la absurda “genuflexión” continuada y conjunta de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) ante el chantaje terrorista durante los últimos años, producirá una auténtica hecatombe en las próximas elecciones al Parlamento Vasco, anticipadas al próximo 21 de octubre.
La definitiva victoria del frente secesionista sobre el actual Estado democrático (los dos partidos triunfadores serán el PNV y Bildu, a distancia de los partidos “españolistas”), tendrá consecuencias insospechadas para el actual modelo de convivencia nacional y para el futuro de España, con responsables directos (fuerzas políticas, instituciones o personas), bien identificados...
Ahora, mordiendo el polvo de su nefasta política antiterrorista, el Ejecutivo asegura a través de su “número dos”, Soraya Sáenz de Santamaría, que le preocuparía “muchísimo” la victoria de un proyecto independentista en las próximas elecciones vascas, justamente la que el “trío de la benzina” (el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti) ha servido a los abertzales en bandeja de plata.
“CASO ASSANGE”: MATAR AL MENSAJERO
Pero casi tan despreciable como esa sumisión del PP-PSOE ante los dictados políticos de ETA, encubierta por Bildu, la organización pro etarra que legalizó el Tribunal Constitucional en contra del Tribunal Supremo y en connivencia con Rodríguez Zapatero y Rajoy, es la posición conformista de los medios de comunicación menos retrógrados (“El País”, “El Mundo”, la cadena SER, EFE…) en el “caso Assange”. Su silenciosa complicidad con el imperialismo informativo de Estados Unidos y sus aliados británicos, que a la postre pretenden matar al mero mensajero de sus prácticas políticas manipuladoras, es francamente decepcionante: choca con el brío y la ética profesional que los medios de comunicación social exhibieron durante la propia Transición y constituye otra lamentable muestra del progresivo deterioro general del sistema democrático.
Como ha descrito Fernando J. Muniesa en su libro “El Archivo Amarillo” (Multimedia Militar, 2011), el periodista Julian Assange es el promotor de WikiLeaks (en español “WikiFiltraciones” o “WikiFugas”), una web diseñada para recibir y difundir informaciones clasificadas y “sensibles” de todo el mundo que desvelasen comportamientos no éticos por parte de gobiernos, y también de organizaciones religiosas o empresas, preservando el anonimato de sus fuentes. Nacida en diciembre de 2006 y operativa desde julio de 2007, eclosionó en 2010 anunciando más de un millón de documentos clasificados y provocando un autentico terremoto en la Comunidad de Inteligencia, aunque su actividad se centrara especialmente en la política exterior de los Estados Unidos y en lo concerniente a las guerras de Irak y de Afganistán.
WikiLeaks se presentó como un medio de comunicación electrónico singular, auspiciado por una organización internacional non-profit denominada “The Sunshine Press”, creada por un equipo profesional de tipo multidisciplinar con miles de colaboradores encubiertos. El dominio se alojó legalmente en Suecia, país cuya legislación impedía rastrear la trazabilidad de las fuentes informativas originales.
El “fenómeno WikiLeaks” ha confirmado, sobre todo, lo ya advertido por Howard Simons a raíz del “escándalo Watergate”: que muchos documentos se clasifican no para proteger un secreto auténtico, sino para evitar revelaciones políticas embarazosas, abusos de poder, críticas ciudadanas… o incluso solo por inercia. En definitiva, el secreto oficial, salvo en escasas aplicaciones justificadas que nadie cuestionaría, es, por lo general, una sórdida herramienta de burócratas mediocres y prepotentes, incapaces de asumir sus deberes y responsabilidades profesionales con un mínimo de dignidad personal.
La mejor corroboración del inframundo en el que se mueven los secretos oficiales y las materias clasificadas, es precisamente la orden mundialista de “caza al mensajero” (en este caso Julian Assange) dictada de forma rabiosa y despiadada por quienes, quedando comprometidos por sus actuaciones personales inmorales o ilícitas (los actores del mensaje), se sienten además dueños del mundo.
Howard Simons interpretó clarísimamente esta realidad a propósito del “escándalo Watergate”, que vivió en primera persona al principio de los años 70 como redactor-jefe del “Washington Post”. En su opinión, sin duda acertada, detrás de los secretos oficiales no siempre se esconden intereses de Estado: “En muchos documentos se pone la etiqueta de secreto no para proteger un secreto auténtico, sino para evitar ciertas revelaciones auténticamente embarazosas, o para ocultar una extralimitación en los gastos, o un abuso de poder, o para impedir las críticas, o para evitar la inspección pública, o simplemente por costumbre”.
Según Simons, si se quiere saber algo en verdad relevante de un gobierno, no hay más remedio que conocer sus secretos: los periodistas no se inventan los secretos, más bien los reciben del otro lado de la mesa. Y, en relación con la actitud que deberían adoptar los medios de comunicación ante la petición de guardar silencio sobre materias clasificadas, razonaba: “Es tarea del Gobierno guardar los secretos. Y, tal como yo lo entiendo, es tarea de periodistas y directores averiguar esos secretos y decidir si deben revelarse al público o si deben mantenerse ocultos en los oscuros armarios del secreto”.
Después de reconocer que ningún periódico es totalmente bueno o totalmente malo, justo o injusto, y que todos tienen sus defectos y sus tendencias, al igual que sus lectores, Simons no dejaría de advertir: “Pero, si los periódicos no sacan a la luz las noticias y las publican, si no llevan a cabo las investigaciones y no hacen los comentarios, si no examinan los problemas y los denuncian, entonces ¿quién lo hará?”. Defendiendo esa función irrenunciable, Simons añadiría: “Lo que hace falta son ojos independientes, no únicamente para asegurar que los gobiernos sean honrados, sino para dar a los ciudadanos un punto de vista que no sea el oficial”.
Antes del “escándalo Watergate”, durante el mismo mandato presidencial de Nixon ya se había producido en 1971 una comprometedora publicación de documentos clasificados, que en el fondo terminaría siendo causa de aquel caso posterior. Se trataba de los informes secretos sobre la guerra de Vietnam, conocidos como “Papeles del Pentágono”, que, tras la première publicada en el diario “The New York Times”, terminarían alimentando las redacciones de toda la prensa estadounidense.
Cuando el juez federal Murray Gurfein se pronunció sobre su publicación, exculpando a los dos principales diarios norteamericanos, dejó bien claro, al menos ante la opinión pública de Estados Unidos, el fondo legal de la cuestión: “También hay seguridad en los valores de nuestras instituciones libres: una prensa crítica, una prensa obstinada, una prensa omnipresente, es la que tienen que soportar quienes estén en el poder, con el fin de preservar los valores aún mayores de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a estar informados”.
En este debate, cada cual que se puede alinear donde quiera, a favor o en contra de la “caza de brujas” en la que se ha convertido el “caso Assange”. Claro está que, tarde o temprano, el conjunto de la sociedad tendrá que aguantar con todo merecimiento la vela que corresponda.
