De militar burócrata y complaciente a “estrella” socialista
FÉLIX SANZ nació en Uclés (Cuenca) el 20 de enero de 1945. Ingresó en la Academia General Militar en julio de 1962, formando parte de la XXI Promoción. Obtuvo el nombramiento de teniente de Artillería en julio de 1966.
En el aspecto estrictamente castrense, su experiencia profesional se limita a los destinos poco significativos que tuvo durante sus empleos de oficial y al que, siendo ya teniente coronel, ocupó al mando del Grupo de Artillería de Campaña ATP XII de la Brigada Acorazada acuartelada en El Goloso (Madrid). Junto a diversos cursos de escasa relevancia, realizó también el más significativo de Estado Mayor del Ejército.
Tras un primer destino de naturaleza “funcionarial”, el que siendo comandante desempeñó como agregado militar adjunto a la Embajada de España en Washington DC, y con un mínimo bagaje de mando sobre fuerza, Félix Sanz culminó su empleo de teniente coronel en otro destino del mismo tipo en la Misión Militar de España ante el Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), en Mons (Bélgica).
Encauzado ya definitivamente por esa vía profesional burocrática, durante su empleo de coronel fue designado jefe de la Sección de Tratados Internacionales de la División de Planes y Organización del Estado Mayor del Ejército. A continuación ocupó el puesto de jefe de Área de Relaciones con la OTAN y la Unión Europea Occidental (UEO) dentro de la Subdirección General de Asuntos Internacionales, integrada a su vez en la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) del Ministerio de Defensa.
Durante esa etapa de su carrera, Félix Sanz se vinculó al equipo de Francisco Torrente, quien en junio de 1997 fue nominado por Eduardo Serra, entonces ministro de Defensa, para ocupar aquella misma dirección general sustituyendo a Víctor Suanzes. A partir de ese momento, la DIGENPOL se convirtió en el órgano de mayor influencia sobre el titular del Departamento y en la “cocina” de la propia política gubernamental de defensa.
Integrado, pues, en el “clan Torrente”, y sin que se le puedan reconocer méritos militares o profesionales más significativos, el 13 de marzo de 1998 Félix Sanz fue ascendido a general de brigada. La realidad es que, aún ascendido, continuó en su cargo previo, si bien transformado en una nueva Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales de la DIGENPOL, en la que también continuó destinado cuando fue promovido a general de división el 8 de junio de 2001.
En consecuencia, se da la insólita circunstancia de que Félix Sanz se mantuvo inconmovible en un puesto de menor rango durante dos empleos sucesivos dentro del generalato, si bien cambiando la denominación de su destino original de coronel. Un auténtico bochorno profesional, digno de figurar en el “Guinness World Records”, quizás justificado en términos económicos: se trataba de la subdirección general mejor retribuida de todo el Ministerio de Defensa.
Con la victoria electoral alcanzada por el PSOE en marzo de 2004, aumentó la creciente influencia política de su amigo el almirante Torrente. Esta circunstancia facilitó la eclosión profesional de Félix Sanz, que hasta aquel momento era un subdirector general más del Ministerio de Defensa, con un perfil de militar gris y “acomodado” en sus servicios centrales, gracias a dos circunstancias: el conocimiento que había adquirido del idioma inglés y, sobre todo, su inquebrantable docilidad ante las directrices de sus superiores.
Su carrera militar culmina de forma realmente impensable el 14 de mayo de 2004, cuando el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero le promueve al empleo de teniente general y le nombra Director General de Política de Defensa. Apenas un mes después, el inmediato 25 de junio, es designado Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y ascendido al correspondiente empleo de General de Ejército, propiciándose en la práctica un inédito salto político desde la responsabilidad profesional propia de un coronel hasta situarle nada menos que al frente de la cúpula conjunta de las Fuerzas Armadas.
Esta marca de tan escasa permanencia en el empleo de teniente general (menos de un mes y medio), acorde con su capacidad de servicio al poder político, sólo ha sido superada por el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), Francisco José García De la Vega, quien ascendió de general de división a teniente general, y de forma simultánea a General del Aire, en el mismo día, bajo su propia dependencia como JEMAD.
El vertiginoso ascenso profesional de Félix Sanz fue apoyado también por otro personaje de gran poder y ascendencia dentro del “circulo socialista de defensa”, José Enrique Serrano, a la sazón director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con rango de secretario de Estado, adscrito, como el propio Félix Sanz, el denominado “clan de Uclés”.
Considerado en los medios informados como el “Rasputín” del complejo gubernamental de La Moncloa, hasta el punto de haber conseguido formar parte del Consejo de Defensa Nacional, Serrano inició su carrera política como Director de Personal del Ministerio de Defensa en 1987, con Narcís Serra como titular de la cartera. Con el paso del tiempo llegó a ocupar también la dirección del Gabinete del presidente Felipe González durante los años en que afloraron los casos más escandalosos de la corrupción socialista (1995-1996), que le salpicaron muy directamente.
Por su parte, el ministro de Defensa del momento, José Bono, no dejó de airear como circunstancia “meritoria” en la biografía de Félix Sanz el haber sido hijo de un humilde número de la Guardia Civil, que ni siquiera pudo alcanzar el empleo de cabo. Quizás, y en ese mismo plano anecdótico, le faltó recordar también que durante su escolarización en Uclés había recibido clases de Historia del conocido columnista Raúl Del Pozo, por supuesto mucho antes de que éste ejerciera de redactor en la revista “Mundo Obrero” (1976-1981).
En cualquier caso, la falta de peso específico de Sanz Roldán como Jefe de Estado Mayor de la Defensa, sin precedentes en toda la historia de las Fuerzas Armadas, se puso rápidamente de manifiesto en la conferencia que pronunció en la sede de la representación del Parlamento Europeo en Madrid el 25 de octubre de 2004. En ella se deslizó sin freno alguno por la misma estela gubernamental de enfrentamientos poco afortunados con Estados Unidos, calificando de “curiosa” la relación bilateral que mantenían con España y reclamando que se desarrollase con mayor equilibrio. “Mi opinión es que damos mucho y recibimos poco en el plano de los intercambios entre aliados”, afirmó el JEMAD. Posteriormente, pidió excusas por esas manifestaciones durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado, poniendo de relieve su arrepentimiento y señalando: “Si hubiera podido borrar de mi intervención aquello, lo hubiera borrado”.
No obstante, Félix Sanz continuó criticando abiertamente la estrategia militar estadounidense. De hecho, su aportación personal al compendio editado por el Ministerio de Defensa con el título “Panorama Estratégico 2004/2005” (un capítulo de generalidades sobre la conflictividad internacional), no dejó de incluir una larga serie de reticencias y críticas solapadas sobre las operaciones militares de los aliados, a pesar de los teóricos conocimientos que sobre el caso debería haber acumulado en sus destinos e ignorando la corresponsabilidad de España en las mismas.
Algunas de las afirmaciones que incluyó en aquella obra fueron bien elocuentes al respecto: “Los conflictos, como estamos contemplando en Irak y Afganistán, no son tan limpios como hubiéramos podido llegar a creer”. “En el área de Oriente Medio, debemos empezar por reconocer que tanto los Estados Unidos como sus aliados han fracasado hasta ahora en la estabilización de Irak”. “Un fracaso en Irak significaría un triunfo del terrorismo islámico cuyos efectos no tardarían en hacerse notar con toda su virulencia en el seno de nuestras propias sociedades”... Al margen de que, en relación con las naciones cubana y venezolana, afirmara complacido que estaban “sometidas a singulares procesos de autoafirmación nacionalista”.
En continuidad con esas manifestaciones públicas, tan inoportunas como discutibles, Félix Sanz declaró también durante un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad, a cuento de la modificación del Estatuto de Cataluña, que “la unidad de España es una preocupación para los militares porque desde que ingresamos en la Academia vivimos por y para España”. El JEMAD recalcó: “Qué duda cabe que existe entre los militares un gran interés para que esta España secular que tanta gloria e historia acumula siga siendo patria común e indivisible de todos los españoles”.
Sin embargo, esta posición institucional no impidió que él mismo pidiera más tarde la destitución del teniente general Mena como jefe de la Fuerza Terrestre, cuando incluyó alguna valoración estrictamente constitucional sobre aquel tema estatutario en el discurso que pronunció el 6 de enero de 2006 con motivo de la Pascua Militar, en la sede de su mando (antigua Capitanía General de Sevilla). Con anterioridad (el 11 de octubre de 2005), y respecto a las declaraciones previas realizadas por el JEMAD sobre el mismo tema, el propio ministro de Defensa, José Bono, había advertido: “Sólo faltaría que el ministro de Defensa arrestara a los militares por defender la Constitución”.
El caso llegó al colmo de la incoherencia y hasta de la falta de estética militar cuando Félix Sanz asumió de forma indebida las competencias del JEME, que como JEMAD no le correspondían, para ordenar el arresto del teniente general Mena. Una orden que, en todo caso, sólo podría dictar el mando superior en la jerarquía del Ejército de Tierra.
Como quiera que José Antonio García González, entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, no consideró oportuno arrestar al teniente general Mena por aquel motivo, en una actitud de firmeza ante las presiones políticas que le honraba como máxima autoridad de su Ejército, el JEMAD no dudó en respaldar su posterior cese, desprestigiándose todavía más en el ámbito corporativo. De hecho, bajo la responsabilidad personal de Félix Sanz, el Ministerio de Defensa ha propiciado una lamentable persecución sin precedentes contra los altos mandos militares que, en línea con sus propias declaraciones previas, pusieron de relieve en diversas ocasiones las garantías constitucionales sobre la unidad de España, incluidos varios y prestigiosos miembros del generalato: un curioso y extemporáneo “mac-carthismo” a la española, sin justificación disciplinaria alguna e impropio del compañerismo que ha presidido tradicionalmente la vida castrense.
Otra de sus llamativas aportaciones doctrinales ha sido la de intentar que las Fuerzas Armadas se incorporasen a la lucha antiterrorista, algo que la clase política española siempre ha denegado justo para evitar la “ulsterización” del problema vasco, dado que los orígenes y las pretendidas justificaciones de ETA y del “Irish Republican Army” (IRA) son radicalmente diferentes. En una entrevista concedida al diario “ABC”, Félix Sanz se preguntaba por qué razón España no utilizaba el Ejército en la lucha contra el terrorismo, tal y como ocurría, según él, en otros muchos lugares del mundo.
Posicionándose políticamente de forma impropia por su condición militar, incluso en plena apertura de las negociaciones políticas entre el Gobierno socialista y ETA, el JEMAD afirmaba: “Yo no distingo entre terrorismo nacional o internacional. Soy de la opinión de que los terroristas no deben tener adjetivos calificativos. Son terroristas, punto. Dicho esto, un Estado debe poner en la lucha contra el terrorismo cuantos recursos juzgue necesarios. España dispone de unas Fuerzas Armadas, sus hombres, sus medios, sus procedimientos, su educación, y si los necesita, ¿por qué no los va a utilizar contra el terrorismo?”. Además, Félix Sanz recordaba que en esa tarea “hay países que utilizan los ejércitos desde hace 40 años, como los británicos en el Ulster, aunque España prefiere el uso de la fuerza policial para remarcar el carácter delincuente de los terroristas”.
En última instancia, su desbordante afección político-gubernamental como JEMAD, y también su falta de auténtico carácter militar, quedó perfectamente reflejada en el empalagoso discurso que pronunció al despedir a José Bono como ministro de Defensa, a quien debía su encumbramiento profesional, en una ceremonia inusual celebrada en el patio de la sede ministerial y bautizada como “restauración del rito de despedida”. “Nadie ha pronunciado tantas veces ‘España’ como tú, ni se ha emocionado tanto ante la bandera”, le reconoció, recordándole que tras sus dos años de gestión las Fuerzas Armadas “son más respetadas y están mejor dotadas”.
El tono emotivo y los excesos metafóricos de sus frases más concluyente (“te vas como un buen soldado”, “te recordaremos como a un compañero”, “está bien cumplida tu misión”...), corroboran ante el observador imparcial que Félix Sanz ha sido, sobre todo, el paradigma de la docilidad y la mediocridad profesional puestas al frente de las Fuerzas Armadas. Algo que, junto a su regusto por la política, desmerece sin duda alguna el prestigio de la Institución Militar.
Como colmo de su desmedida ambición, baste recordar la maniobra política que montó para incluir un beneficio personal en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. Durante su tramitación en el Senado, y tras convencer al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que el 30 de agosto de 2007 le propusiera como candidato a presidir el Comité Militar de la OTAN, el cargo uniformado más importante de dicha organización, maniobró de forma poco edificante para que se modificara, como sucedió, el contenido de su artículo 13.4.
Junto al privilegio que tienen los Jefes de Estado Mayor y el Jefe del Cuarto Militar de Su Majestad el Rey para permanecer en activo mientras ocupen dichos cargos, retrasando además su retiro otros seis años después de cesar en los mismos, por su presión directa se incluyó in extremis un añadido, extendiendo tal prebenda a los oficiales generales que cesaran también “en organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero en los que deban permanecer en servicio activo”. Sólo faltó que la enmienda muñida al respecto por su asesor Miguel Silva Vidal, llevará como título su propio nombre y apellidos.
Con independencia de que aquella manipulación legislativa fuera en efecto reprobable, también alcanzó el grado de ridícula cuando, en los días que mediaron entre la aprobación de la enmienda ad personam y la publicación del texto legal definitivo en el Boletín Oficial del Estado, concretamente el 14 de noviembre de 2007, la candidatura de Félix Sanz para presidir el Comité Militar de la OTAN ni siquiera pasó el filtro de la primera votación. De hecho, cosechó tan sólo cuatro votos de los veinticinco posibles, siendo desplazada por la victoria estrepitosa del aspirante italiano, el almirante Giampaolo di Paola.
Aquél fue un lamentable episodio interesado que, en definitiva, también evidenció la ligereza del Gobierno socialista y la falta de profesionalidad del CNI, que no supo contrastar la viabilidad del nombramiento. Con tal ligereza se dañó, por supuesto, la tradicional imagen de discreción y seriedad que el conjunto de la milicia española ha sabido granjearse en el ámbito internacional.
Félix Sanz cesó en sus funciones de JEMAD y en las inherentes como miembro nato del Consejo de Estado, el 18 de julio de 2008, siendo sustituido por José Julio Rodríguez, general proveniente del Ejército del Aire. Acto seguido, y fiel a su proverbial afán de acomodo político, se procuró una peculiar canonjía como “Alto Representante para la Presidencia Española de la Unión Europea en Asuntos Relacionados con la Defensa” (primer semestre de 2010).
En aquel puesto, con despacho próximo al de su amigo José Enrique Serrano, gran factótum del complejo monclovita, Félix Sanz muñiría su propia candidatura para dirigir el CNI nada más otear el descrédito final de su titular, desbancando como oponente a Luís Planas Puchades, a la sazón Embajador de España en Marruecos (aunque no diplomático de carrera), ex jefe de gabinete de Pedro Solbes durante su cargo de comisario en la UE y de Manuel Marín mientras ocupó la vicepresidencia de la Comisión Europea, fuertemente respaldado por Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores. Un movimiento en todo caso parecido al que Sanz ya hizo cuando intentó presidir, entonces sin éxito, el Comité Militar de la OTAN.
Tras perseguir el cargo por activa y por pasiva, a espaldas de la propia Carme Chacón, ministra responsable del CNI, Félix Sanz no dudó en realizar una primera declaración autocomplaciente acorde con su peculiar verborrea, antes incluso de que el 3 de julio de 2009 se produjera su nombramiento oficial: “El presidente me ha pedido un nuevo servicio a España y a eso, naturalmente, nunca he dicho que no”. Y afirmando también, aún con mayor ligereza expresiva, que con el nuevo cargo “le había caído un miura” y que “tendría que hacer cirugía fina”. El periodista Federico Jiménez Losantos precisó inmediatamente: “Sabrá ingles y español, pero de toros, ni idea”.
Con independencia de los halagos periodísticos poco informados que celebraron el nombramiento de Félix Sanz en base a su condición militar, desconociendo el fondo de su carrera y el escaso predicamento que tenía entre sus compañeros de armas, lo cierto es que tras el comportamiento que tuvo como JEMAD (casos del Yak-42, del Cougar y del general Mena, entre otros) nadie dudó de los importantes servicios que desde el CNI podría prestar al Gobierno de turno. Su fácil acomodación partidista, rayana en el servilismo, y nunca su inexistente perfil de adecuación para el cargo, es sin duda la mejor razón que pudo encontrar José Luís Rodríguez Zapatero para su nombramiento, más impulsivo que reflexivo y realizado, además, volviendo a prescindir de cualquier consenso con el partido mayoritario de la oposición.
Al cumplirse los primeros cien días de su mandato al frente del CNI, ya trascendió a los medios informativos su lentitud para cerrar la crisis interna, organizativa y funcional, abierta por su predecesor en el cargo. Sin la firmeza necesaria para dominar y reorientar discreta y rápidamente la política de personal, sustancial para el eficaz funcionamiento de la institución, dio lugar a que dos de sus más altos directivos, el coronel Francisco Montes, responsable de Operaciones, y la filóloga Raquel González, al frente de Inteligencia, presentaran su dimisión, filtrándola a la prensa a través del periódico “oficioso” del Ministerio de Defensa (“El País” 11/10/2009) y reabriendo con ello de nuevo la controversia pública sobre la inestabilidad interna de los Servicios de Inteligencia.
De hecho, aquel incidente, que en todo caso apuntaba hacia una depuración interna del personal en sentido contrario al previsto disciplinariamente, es decir la caída de los miembros directivos de confianza del anterior director del CNI frente a los “amotinados” que provocaron el terremoto de su defenestración, abrió también en paralelo la polémica sobre la continuidad de sus deficiencias funcionales no subsanadas en escenarios de alto interés para los Servicios de Inteligencia españoles. Entre ellas seguían destacando la precariedad de la actividad de inteligencia en Afganistán, Somalia y Marruecos, y sobre todo el vacío producido en Cuba a raíz de la expulsión de los agentes del CNI acreditados en dicho país, tras haber sido vinculados con el complot que hacía cuatro meses, en junio de 2009, provocó la caída política de Carlos Lage y Felipe Pérez Roque.
En ese contexto, los grupos parlamentarios de IU y PP pidieron la comparecencia de Félix Sanz ante la Comisión de Fondos Reservados del Congreso de los Diputados para que explicase, en sesión secreta, la situación interna y la reorganización del CNI, que se fijó para el 3 de noviembre de 2009.
La víspera de su celebración, “El País” (02/11/2009) caldeó de nuevo el ambiente informativo desvelando que el nuevo jefe del CNI había despedido a la jefa de Gabinete y mano derecha del anterior director, Alberto Saiz, por “falta de idoneidad”, precisando dicho medio informativo que esta decisión “se interpreta dentro del servicio secreto como una prueba de que las denuncias sobre sus irregularidades eran ciertas, incluso si no constituían delito”. A continuación, añadía otro párrafo no menos intranquilizador: “Del mismo modo, la impunidad de quienes se conjuraron para derribarle se percibe como una legitimación o al menos una disculpa de su conducta. Y esto es lo más peligroso, porque sienta un precedente”.
Durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, ante la también conocida como Comisión de “Secretos Oficiales”, Félix Sanz realizó una crítica de la organización interna del CNI dispuesta por su antecesor en el cargo, haciendo, no obstante, “tabla rasa y cuenta nueva” de lo sucedido, según informó “El País” (04/11/2009), diario con “patente de corso” para conocer lo que al respecto está vedado incluso a los representantes parlamentarios no adscritos directamente a la misma, cuyas deliberaciones son secretas. Una situación sin duda poco ejemplar en materia de Seguridad del Estado.
La citada información, firmada por Miguel González, destacaba dos ideas fundamentales en relación con la nueva organización del CNI, concebida y presentada por su nuevo director. La primera es que se desarticulaba una estructura interna “demasiado plana”, incluido un “exceso de discrecionalidad”, además de resaltar la “inexistencia de una jerarquía y de una carrera profesional”, lo que dejaba en evidencia toda la delicada labor afectada al Gobierno socialista durante los cinco años precedentes. La segunda, de mayor alcance político, presentaba una nueva organización que, sin modificar el decreto de regulación vigente al respecto, duplicaba su Gabinete, estructurándolo como un Estado Mayor, al tiempo que preveía realizar los nuevos nombramientos aplicando dos criterios jerárquicos: escalafón y experiencia.
Con ese anuncio, las nuevas designaciones profesionales dentro del CNI (etapa Félix Sanz), harán, pues, abstracción del más elemental principio de méritos y eficacia para recaer en personas mayores de 50 años que sean los primeros de su escala. Una clara contradicción con los criterios de promoción profesional establecidos para las Fuerzas Armadas en la Ley 39/2007, 19 de noviembre, de la carrera militar, aprobada también por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Por otra parte, la acción preventiva del CNI en relación con la piratería registrada contra buques españoles en la costa de Somalia, y su propia actuación en la resolución de la situación de crisis generada con el secuestro del pesquero “Alakrana”, llena de contradicciones y sin capacidad de influencia ni coordinación con otros organismos del Estado y del propio Ministerio de Defensa, no puede decirse que estuvieran a la altura de las circunstancias. La incapacidad de adquisición informativa en la zona, el engaño corsario sobre el desembarco de tres de los marineros secuestrados y la propia investigación sobre los abogados intermediarios puesta en marcha posteriormente por el poder judicial, son buena prueba de ello.
El fracaso de los Servicios de Inteligencia españoles, en gran medida condicionado por la política y el desbarajuste gubernamental del caso, alcanzó un cenit sin precedentes con el timo de un millón de dólares pagados para “recuperar” a tres marineros del “Alakrana” que creyeron trasladados a tierra por los piratas somalíes, aunque jamás llegaran a pisarla. Según la información publicada por “El Mundo” (25/11/2009), filtrada obviamente por personal del propio CNI, un estafador somalí se hizo pasar por un “dirigente de Defensa” local y prometió entregar a los tres marineros supuestamente desembarcados a cambio del suculento “rescate” que le entregaron tres oficiales de inteligencia camuflados como antropólogos, quienes esperaron pacientemente su regreso al pesquero del que los piratas les habían hecho saltar momentáneamente a un “esquife” sólo para simular su engañosa evacuación.
La Sentencia 10/2011, de 3 de mayo, dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sección IV) en relación con el secuestro del “Alakrana”, condenó a cada uno de los dos ciudadanos somalíes acusados a un total de 439 años de prisión por asociación ilícita, detención ilegal, robo con violencia y delitos contra la integridad moral.
Más allá de este fallo, y al margen del timo descrito, el Tribunal destacó en su sentencia el hecho de que el Gobierno no había accedido a la “desclasificación” de los documentos relativos al pago del rescate, aclarando literalmente que “el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio ha demostrado, sin duda alguna, que no ha sido la empresa armadora, sino organismos públicos vinculados al Gobierno español, quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y del propio pesquero, haciendo innecesaria la solicitud de desclasificación documental solicitada por la defensa; sin que, por lo demás, la inadmisión de tal medio de prueba pueda acarrear perjuicio alguno para la calificación del tipo penal, que no exige el cumplimiento de la condición, sino su mera existencia”.
Mientras tanto, la ministra de Defensa, Carme Chacón, realimentaba la patraña del rescate de los tres marineros “en tierra” con una escueta pero firme declaración, ante una nube de informadores expectantes por la gravedad del caso: “Sabemos donde están y que están bien”…
Por otra parte, al socaire de esta desastrosa actuación, y como contraposición al trabajo más discreto y eficaz de otras épocas, medios próximos a los Servicios de Inteligencia filtraron a un periódico digital (“El Confidencial” 30/11/2009) la operación realizada para liberar al remolcador gallego “Cauderán” y su tripulación, tras ser secuestrados en Mozambique el 10 de noviembre de 1989. Guerrilleros de la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), que pretendían derrocar el régimen comunista de Joaquim Chissano, secuestraron y desembarcaron a los marineros españoles conduciéndoles durante una penosa marcha de 25 días a su cuartel general, situado cerca de la frontera con la República de Malaui. Allí permanecieron prisioneros durante casi cuatro meses, hasta ser liberados el 7 de marzo de 1990 y trasladados a Malaui, desde donde volaron a España en un avión militar.
Con gran profesionalidad, miembros del antiguo CESID destacados en la “antena” de Lisboa, apoyados por el “Serviço de Informações de Segurança” (SIS) de Portugal, y en particular por la Inteligencia Militar (SIM-DINFO) dependiente del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (EMGFA), negociaron el rescate sin más contraprestación que la de emitir un reportaje en la televisión pública española para que la lucha de la RENAMO tuviera repercusión internacional. Cumpliendo lo pactado, el domingo 6 de mayo de 1990 TVE ofreció en prime time el reportaje acordado por el CESID en el programa “En Portada”, entonces dirigido por el periodista Manuel Leguineche.
La actuación de Félix Sanz en relación con otro lamentable secuestro (el de tres miembros de la ONG “Acció Solidària” iniciado el 29 de noviembre de 2009 en Mauritania), ha destacado por consolidar sus criterios de aceptación generalizada del rescate económico, ampliamente cuestionado por la Comunidad de Inteligencia.
Otra expresión de sus “logros” al frente del CNI, es la idea que ha proyectado interesadamente en los medios informativos de haber logrado su “pacificación interna” tras la traumática época liderada por su predecesor en el cargo, Alberto Saiz, alcanzada a base de un amplio y más que cuestionable reparto de prebendas.
Además de pactar nuevos destinos “a la carta” con Raquel Gutiérrez, Francisco Montes y Agustín Cassinello (que fueron los directivos del CNI más implicados en el desbarajuste interno vivido durante el precedente mandato de Alberto Saiz), Félix Sanz también procuró que en junio de 2010 se les concediera, a su elección, una de las más altas condecoraciones militares posibles. Raquel Gutiérrez fue distinguida con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, mientras que Montes y Cassinello recibieron la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. No sería menos sorprendente que ésta última condecoración también le fuera otorgada al magistrado Ramón Trillo, responsable del control judicial previo del CNI, quien además ya había recibido el “premio” de colocar a una hija en el mismo organismo de forma arbitraria.
Pero, más allá de la discutible conveniencia de este tipo de estrategia coyuntural, la actitud “componedora” del director de los Servicios de Inteligencia tendría otra expresión mucho más curiosa al romper una lanza nada menos que en favor del cuestionado José Luís Cortina, como si el intento golpista del 23-F nunca hubiera existido. Cuando en marzo de 2011 el Grupo Atenea, lobby empresarial de Cortina, organizó el HOMSEC 2011 (III Salón Internacional de Tecnología para la Seguridad y Defensa), ni corto ni perezoso declaró a la edición digital de la propia “Revista Atenea” (17/03/2011): “Hoy puedo afirmar que me llevé una gran alegría cuando me confirmaron que HOMSEC renacía, y de la mano de un gran amigo y compañero de Estado Mayor como José Luís Cortina”.
No menos sorprendente, porque evidencia la indefinición funcional del CNI y su falta de coordinación dentro de la Comunidad de Inteligencia, sería la intervención de Félix Sanz en el acto inaugural del II Congreso de Inteligencia organizado de forma conjunta por las universidades madrileñas Rey Juan Carlos y Carlos III. Según la noticia emitida por la Agencia EFE (22/11/2010), en él afirmó que los Servicios de Inteligencia ahora trabajaban en ámbitos donde nunca lo habían hecho, como el tráfico de seres humanos, y en otros que tradicionalmente han sido policiales, como el del crimen organizado o el blanqueo de capitales, declarando a continuación: “Algunos riesgos y amenazas se nos vienen encima y nos cogen casi sin experiencia y sin capacidad de reacción”.
En línea con la permanente campaña de imagen pública desarrollada por el CNI, o si se prefiere respondiendo fuera de lugar a las críticas que sobre su desviacionismo funcional soporta de forma no menos continuada, también insistió en que sus agentes actúan con “el más absoluto respeto a la ley” y con unos principios éticos “inviolables”. Tras esta declaración, tan extemporánea como falsa (“excusatio non petita, accusatio manifesta”), Félix Sanz fue más allá y no dudó en poner al CNI como ejemplo mundial en cuanto a la legalidad de su actuación, gracias a que la Ley Orgánica 2/2002 establece la disposición de un magistrado del Tribunal Supremo las 24 horas del día durante los 365 días del año para ejercer su control judicial previo. Muy pronto, la contumaz realidad de los hechos le dejaría en evidencia.
Siete días más tarde, el inmediato 28 de noviembre, comenzó una grave crisis motivada por el repentino abandono de sus puestos de trabajo de un buen número de controladores aéreos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), argumentando haber cumplido todas las horas laborales computables a su jornada anual, lo que obligó a efectuar sobre la marcha cierres parciales del espacio aéreo afectado.
La dinámica de aquel conflicto llevó a que el ministro de Fomento, José Blanco, presentara en el Consejo de Ministros del 3 de diciembre un nuevo cómputo de horas laborales, que se aprobó sobre la marcha mediante decreto-ley. Al mismo[] tiempo, entre el 70 y el 90 por 100 de los controladores aéreos abandonó sus puestos de trabajo aquel mismo día alegando para ello que, en virtud de la Ley de Navegación Aérea, no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar.
Ante tal situación, el Gobierno ordenó, mediante decreto inmediato firmado por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y sancionado por el rey Juan Carlos I, la “militarización del espacio aéreo” y que efectivos del Ejército del Aire tomaran bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles. El 4 de diciembre, en Consejo de Ministros extraordinario, se declaró el “estado de alarma” durante quince días, el máximo contemplado por la Constitución, siendo la primera vez que se producía en España un suceso como este desde el restablecimiento de la democracia. El 15 de diciembre y a propuesta del Consejo de Ministros, el Congreso de los Diputados prorrogó hasta el 15 de enero de 2011 el citado “estado de alarma”.
La cuestión que dejó a Félix Sanz como orador falaz y a los Servicios de Inteligencia como irreconducibles al Estado de Derecho, o si se prefiere volviendo de nuevo a las andadas de su servidumbre al Gobierno, quedó reflejada en una llamativa portada de “El Mundo” (10/01/2011): “El CNI revela a Rubalcaba datos personales de los controladores”. En los subtítulos se precisaba que los dirigentes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y su propio abogado habían sido sometidos a un seguimiento especial, y por supuesto ilegal, por parte del organismo dirigido por Félix Sanz. La información, que no fue contestada por el CNI ni oficial ni oficiosamente, se completaba con un editorial muy duro titulado “Es ilegal usar al CNI para espiar a los controladores”, en el que se afirmaba incluso que el espionaje de las comunicaciones telefónicas y de los negocios de Francisco Maroto, abogado de USCA, además de ilegal era probablemente delictivo…
Tras la victoria del PP en las elecciones legislativas del 20 de noviembre de 2011, alcanzada con mayoría absoluta tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, la permanencia de Félix Sanz al frente del CNI, asumida sin mayor explicación por Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta primera, ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno, de quien a partir de entonces pasó a depender su cargo, dio mucho que hablar dentro y fuera de la Comunidad de Inteligencia.
Después de que varios medios informativos publicaran que “el Rey avala la continuidad de Sanz Roldán al frente del CNI”, un influyente socialista como Luis Solana, que estuvo a punto de ser ministro de Defensa con Felipe González, se destapó también con un artículo de opinión en el “periódico digital progresista” de Enric Sopena (“El Plural” 22/03/2012), haciendo un bochornoso panegírico, ciertamente desajustado, del personaje en cuestión. Lo concluía recomendando sin el menor reparo a la “popular” Sáenz de Santamaría que dejara a su amigo Sanz Roldán en el puesto de director del CNI…
Además de ser un cargo de libre designación gubernamental, sorprendió que la dirección de los Servicios de Inteligencia, que conlleva el acceso a una información muy relevante, incluida la de naturaleza política, siguiera siendo ejercida por quien durante las dos anteriores legislaturas se había mostrado como un fiel servidor del mismo “zapaterismo” que tanto daño hizo a las Fuerzas Armadas y al propio CNI. De hecho, en los círculos de opinión informada se esperaba que el primer nombramiento dentro del ministerio responsable del CNI fuera el de su nuevo director, como sucedió con Alberto Saiz cuando el PSOE ganó las elecciones generales del 14 de marzo de 2004.
Como es natural, esa extraña situación generó todo un sinfín de especulaciones que sólo beneficiaban al propio Sanz Roldán y a sus antiguos jefes y amigos del PSOE, apuntando en muchas direcciones y creando igual número de oscuras sospechas. Desde las que achacaron su permanencia en el cargo a posibles servicios prestados a la Corona (acaso vinculados al “caso Urdangarín”), hasta las que suponen un engatusamiento de la ministra responsable con algunas operaciones “singulares”, sin olvidar por supuesto el eventual papel de “topo” que podría jugar en beneficio de la oposición socialista, poniendo en su conocimiento las estrategias políticas elaboradas en Moncloa.
Al respecto, hubo quienes recordaron el empeño del “felipismo” por mantener cerrados a cal y canto los archivos secretos del CESID cuando el PP ganó los comicios legislativos del 3 de marzo de 1996, a cuyo fin se muñó en lo más alto del Estado hasta el nombramiento de Eduardo Serra como ministro de Defensa…
Aunque el colmo de la paradoja haya sido ver cómo el Gobierno del PP renovó el mandato de Félix Sanz al frente del CNI el 3 de julio de 2014, con un retorcimiento de la ley que lo limita a los cinco años que ya había cumplido; es decir, pasándose la normativa vigente por la faja. Y ello con el personaje en cuestión a punto de cumplir los 70 años de edad.
Con su proverbial astucia, ese mismo día, horas antes de que se conociera el Real Decreto 1091/2014 por el que el Gobierno le ‘renombraba’ secretario de Estado Director del CNI, Félix Sanz compareció a petición propia ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados para hacer un balance del mandato concluido e informar discretamente a los diputados que la integran de su continuidad en el cargo, evitando así hábilmente posibles oposiciones a la interpretación gubernamental del artículo 9.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
El texto en cuestión establece literalmente: “El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia será nombrado por Real Decreto a propuesta del Ministro de Defensa. El mandato será de cinco años, sin perjuicio de la facultad del Consejo de Ministros de proceder a su sustitución en cualquier momento”.
El plazo limitado de cinco años al frente de los Servicios de Inteligencia, fue fruto de un acuerdo parlamentario consensuado entre PP y PSOE, derivado del ‘síndrome Manglano’ (cuya permanencia al mando del CESID durante 14 años no se consideró como una experiencia política positiva), estando por tanto políticamente justificado. Como lo están también, por poner otros ejemplos de cargos en teoría independientes, el del Defensor del Pueblo o el del Fiscal General del Estado, que, en virtud de su propia legalidad no tienen prórroga posible.
FJM (Actualizado 04/07/2014)
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