Ivan Kesic
Mahdieh Esfandiari, académica iraní residente en Francia, se ha convertido en la más reciente víctima de la represión del gobierno francés por su apoyo público al pueblo palestino en Gaza y su condena a los crímenes genocidas del régimen israelí.
El sábado, las autoridades francesas finalmente reconocieron que mantenían detenida a una ciudadana iraní, con base en cargos dudosos relacionados con su actividad en redes sociales.
Esfandiari, de 39 años, ha estado encarcelada durante mes y medio en una de las prisiones más notorias de Francia, período en el cual la policía y el poder judicial franceses le negaron contacto con su familia durante dos semanas.
Además, durante un mes entero, las autoridades francesas se negaron a proporcionar información detallada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, que intervino a petición de la familia.
¿Quién es Mahdieh Esfandiari?
Mahdieh Esfandiari es lingüista iraní y licenciada en lengua francesa. Reside desde hace ocho años en Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia.
Se graduó en la Universidad Lumière, donde trabaja como profesora, traductora e intérprete. También es una reconocida activista propalestina con una presencia destacada en redes sociales.
Ha participado en campañas por los derechos de las mujeres y los derechos humanos, y se ha involucrado activamente en redes con un enfoque en los temas de Asia Occidental. También ha asistido a manifestaciones en apoyo a Palestina en territorio francés.
Según activistas que conocen su trayectoria, Esfandiari publicó diversas entradas condenando el genocidio israelí en Gaza, por lo cual consideran que su caso forma parte de la campaña represiva de Francia contra la defensa pública del pueblo palestino.
Su caso ha sido comparado con el del maestro musical iraní Bashir Biazar, quien fue encarcelado el año pasado durante varias semanas en Francia por letras pro-palestinas.
El arresto y los cargos contra Esfandiari
Mahdieh Esfandiari fue arrestada por la policía francesa en Lyon el 28 de febrero de 2025 y trasladada a la prisión de Fresnes, en Val-de-Marne (al sur de París), el 2 de marzo.
La prisión de Fresnes, la segunda más grande del país, es conocida por albergar a criminales peligrosos y por sus condiciones duras e inhumanas. También fue el último lugar en Francia donde se utilizó la guillotina.
La fiscalía de París imputó a Esfandiari por “apología del terrorismo”, basándose en publicaciones en Telegram que supuestamente expresaban apoyo a la operación Tormenta de Al-Aqsa liderada por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) contra el régimen israelí en octubre de 2023.
También enfrenta cargos adicionales por “provocación al terrorismo en línea”, “injurias por origen o religión” y “negativa a proporcionar los códigos de acceso a sus cuentas de redes sociales” (X y Telegram).
Fue puesta en detención provisional tras una investigación iniciada por la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNLH, por sus siglas en francés) el 7 de noviembre de 2024.
Su familia perdió contacto con ella a finales de febrero, lo que motivó que alertaran a las autoridades iraníes. Estas se comunicaron con sus homólogos franceses.
Inicialmente, el gobierno francés no ofreció explicaciones públicas, lo que agravó las tensiones diplomáticas. No fue sino hasta el 12 de abril que confirmaron su detención, citando su actividad en redes como justificación.
Debido a la escasa transparencia de las autoridades francesas, el contenido específico de las publicaciones de Esfandiari en Telegram no ha sido revelado públicamente, dificultando la evaluación de la legitimidad de los cargos.
¿Qué dijo el Ministerio de Exteriores de Irán?
El 10 de marzo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, respondió a medios locales sobre la desaparición de una ciudadana iraní en Francia:
“Lamentablemente, hemos sabido que una de nuestras compatriotas, residente en Francia, ha desaparecido en los últimos días, y hasta ahora no hemos recibido información precisa de las autoridades francesas competentes sobre su situación”, declaró.
Agregó que el ministerio se comunicó con la embajada de Francia en Teherán, y que la sección consular ha estado haciendo el seguimiento pertinente, con la esperanza de obtener información concreta lo antes posible para aliviar la preocupación de la familia.
La familia de Esfandiari contactó al ministerio tras no recibir noticias suyas durante 12 o 13 días, lo cual resultó inusual dado que las personas detenidas tienen derecho legal a comunicarse con familiares, abogados y embajadas.
En una rueda de prensa posterior, Baqai actualizó la información:
“Aunque lamentablemente nuestros esfuerzos no han dado frutos, al menos hemos confirmado que se encuentra bajo custodia de la policía francesa”, dijo.
“No sabemos con certeza la causa, pero sabemos que esta mujer respetable ha sido activista en apoyo al pueblo palestino y, aparentemente, había publicado contenido en solidaridad con el pueblo oprimido de Gaza”.
En declaraciones posteriores, el 7 de abril, Baqai expresó su esperanza de que el gobierno francés permita el acceso consular a Esfandiari lo antes posible, tras varias semanas de negativa, conforme al derecho internacional, y que aclare los motivos de su arresto.
¿Qué dijeron su familia y su abogado?
La familia de Mahdieh Esfandiari calificó las acusaciones de infundadas y contrató al abogado Nabil Boudi, conocido por defender a migrantes en Francia, para que la represente.
El lunes, Boudi emitió un comunicado sobre su impactante detención:
“El despacho fue contactado por la familia de la Sra. Mahdieh Esfandiari Jaliseh, traductora iraní que reside en Francia desde hace casi una década y que se encuentra en detención provisional desde el 2 de marzo en la prisión de Fresnes, tras su imputación”, indicó.
La familia expresó su profunda preocupación por varios aspectos inquietantes del caso, como la naturaleza repentina del arresto y el largo lapso de tiempo que transcurrió entre la publicación del contenido y la detención, lo que genera serias dudas sobre la urgencia o necesidad de una medida tan extrema.
Dado que el caso parece estar vinculado a la libertad de prensa, la familia exigió que se respeten escrupulosamente los principios que la protegen y se opuso a la criminalización de la expresión.
“El despacho velará con la mayor firmeza por que se respeten los derechos fundamentales de la Sra. Mahdieh Esfandiari Jaliseh, en particular su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, tal como lo garantiza la Constitución y los compromisos internacionales de Francia”, concluyó Boudi.
El caso de Ahmad Manasra: ¿Cómo tribunales militares israelíes apuntan a niños palestinos?
Alireza Akbari
Detenido a los 13 años por fuerzas de ocupación israelíes, Ahmad Manasra fue liberado la semana pasada de una prisión israelí con 23 años, llevando consigo cicatrices físicas y psicológicas tras casi una década de encarcelamiento.
Su liberación provocó tanto alivio como renovada indignación respecto a la judicialización de menores palestinos en tribunales militares israelíes, en un contexto de cifras récord de niños palestinos encarcelados por Israel.
Junto a Manasra, varios otros palestinos también fueron liberados, todos ellos con signos visibles de tortura, evidencias vivientes de las condiciones inhumanas en las prisiones militares israelíes.
Esto reavivó las alarmas entre defensores de derechos humanos, quienes denunciaron nuevamente el profundo daño psicológico y físico que continúan sufriendo los niños palestinos encarcelados.
El arresto arbitrario de Manasra en octubre de 2015 se produjo tras ser falsamente acusado de apuñalar y herir a dos colonos israelíes en la ocupada Al-Quds (Jerusalén) Este.
Sin embargo, luego de varias audiencias e investigaciones, se determinó que Manasra no tuvo participación en el ataque. A pesar de ello, en 2016 fue condenado por intento de asesinato.
El caso generó interrogantes graves, especialmente considerando que Manasra era menor de la edad legal de responsabilidad penal al momento de su detención, la cual se basó en cargos endebles.
Durante años, el adolescente fue recluido en régimen de aislamiento, particularmente en la temida sección de aislamiento de la prisión de Eishel, en el desierto del Néguev, según pruebas disponibles.
Su permanencia allí tuvo consecuencias devastadoras, ya que los brutales interrogatorios, realizados sin notificación a sus padres ni presencia de abogados, le provocaron un trauma psicológico severo.
Tras su liberación la semana pasada, la alegría inicial pronto fue reemplazada por la trágica realidad del caso: Manasra apareció débil y desorientado.
Las redes sociales se inundaron de relatos desgarradores sobre su secuestro, la tortura sufrida en diversas prisiones conocidas por sus abusos, y los años que pasó en aislamiento.
El vídeo del interrogatorio, en el que se le negó la presencia de defensa legal y de sus familiares, volvió a viralizarse tras su liberación.
—¿Qué estabas haciendo? —le preguntó un oficial del régimen israelí durante el interrogatorio.
—No lo recuerdo. Lo juro por Dios, lo juro —respondió Ahmad, levantando la mano en un gesto de sinceridad.
—¿Ah sí? ¿No lo recuerdas? ¿Y juras por Dios? ¿Quién es ese Dios? —el oficial replicó.
—Ya dije que todo lo que ustedes dicen es cierto, ¿qué más quieren? Pero no diré más que eso; todo es verdad, pero no lo recuerdo —contestó Ahmad, sentado solo en la silla.
Su tan esperada libertad no llegó a las puertas de la prisión de Nafha, como anhelaba su familia, sino en Bir as-Sabi’, un lugar remoto e inaccesible para sus seres queridos.
La historia de Manasra no es un caso aislado. Cientos de niños palestinos continúan presos en cárceles israelíes bajo condiciones igualmente inhumanas, robándoles su infancia, según diversas organizaciones de derechos humanos.
En las últimas dos décadas, el régimen israelí ha detenido a unos 10 000 menores palestinos mediante detención administrativa, según datos de la ONU. Las cifras no oficiales son aún mayores.
Según la ONG Save the Children (Salven a los Niños), los menores palestinos son “los únicos niños en el mundo que son procesados sistemáticamente en tribunales militares (israelíes)”.
La misma organización humanitaria señala que el 86 % de estos niños son golpeados, el 69 % sometidos a inspecciones corporales humillantes, y el 42 % resultan heridos durante su detención.
Las campañas de detención por parte de las fuerzas israelíes se han intensificado desde octubre de 2023, en paralelo con la ofensiva genocida en curso en la Franja de Gaza.
Una declaración de la Defensa Internacional de Niños (DCI, por sus siglas en inglés), ONG con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU, también evidenció la larga historia de detenciones militares israelíes.
Desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967, los palestinos —incluidos menores— han sido juzgados en tribunales militares israelíes, contraviniendo el derecho internacional humanitario.
Según estimaciones de la ONU, más de 700 000 palestinos han sido arrestados desde el inicio de la ocupación, una parte considerable de ellos siendo menores de edad.
Cada año, entre 500 y 700 menores palestinos de la Cisjordania ocupada son procesados en tribunales militares, en su mayoría varones entre los 15 y 17 años.
Arrestados, interrogados y detenidos por el ejército y la policía israelíes, estos niños enfrentan un sistema legal que, según activistas, no ofrece protección ni justicia.
Desde el año 2000, alrededor de 7500 menores palestinos han sido detenidos y procesados por tribunales militares israelíes, según estimaciones conservadoras.
Esta cifra es la más alta registrada desde que la Defensa Internacional de Niños-Palestina (SCIP, por sus siglas en inglés) comenzó a monitorear estas detenciones en 2008, representando ahora más de un tercio de los menores palestinos prisioneros.
La mayoría de estas detenciones ocurrieron tras los eventos del 7 de octubre de 2023, en medio de la escalada de violencia en Cisjordania ocupada.
—Detener indefinidamente a menores, sin cargos ni juicio, equivale a detención arbitraria —afirmó Ayed Abu Eqtaish, director del programa de rendición de cuentas de la DCIP.
—Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han intensificado las campañas de arresto de menores palestinos, deteniendo una cifra récord sin presentar cargos.
Según el Servicio Penitenciario de Israel, más de un tercio de los menores palestinos detenidos están bajo órdenes de detención administrativa, una práctica que ha sido duramente criticada por la comunidad internacional debido a la ausencia de debido proceso.
Se estima que la cifra de niños palestinos detenidos sin cargos es cinco veces mayor que antes de octubre de 2023.
Algunos han sido liberados como parte de acuerdos de tregua entre HAMAS y el régimen israelí, 40 muchos de ellos estaban en detención administrativa.
La documentación de DCIP revela un patrón preocupante: los menores detenidos han reportado un aumento constante en el maltrato y la tortura, mientras que las condiciones carcelarias han empeorado drásticamente.
La detención administrativa —una medida que permite encarcelar a personas sin acusación ni juicio— se ha convertido en un instrumento central de represión contra los palestinos.
Los menores palestinos bajo estas órdenes enfrentan un panorama sombrío. No se les presentan cargos y las supuestas pruebas en su contra permanecen en secreto.
Este proceso opaco, que impide tanto a los menores como a sus abogados acceder a las supuestas pruebas en su contra, hace prácticamente imposible impugnar legalmente su detención o la justificación de la misma, según documentación recopilada por la Defensa Internacional de Niños.
Dicha práctica constituye una violación flagrante de los estándares internacionales de justicia juvenil, a los que Israel se comprometió al ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño en 1991.
La Convención exige que los niños solo sean privados de su libertad como último recurso y prohíbe toda detención arbitraria o ilegal.
Continúan saliendo a la luz informes de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en las cárceles israelíes, donde los detenidos palestinos soportan la peor parte de los abusos.
La documentación de DCIP revela las realidades estremecedoras que enfrentan los menores en prisión, especialmente por la violencia con la que son arrestados.
Frecuentemente, los niños son sacados de sus casas durante la noche por soldados fuertemente armados, que los someten a restricciones dolorosas y los vendan antes de llevarlos a centros de interrogatorio y detención.
En numerosos casos, los centros de interrogatorio y detención donde se recluye a menores palestinos están situados dentro de asentamientos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional.
El arresto y traslado de estos niños suele estar envuelto en secretismo, sin que ni ellos ni sus padres sean informados de los cargos en su contra o del destino al que serán llevados.
Esta falta de transparencia se ve agravada por un patrón sistemático de abusos físicos y verbales, lo que convierte el proceso en una experiencia aún más traumática, según organizaciones de derechos humanos.
Una vez en los centros de detención, los menores son interrogados en solitario, sin la presencia de abogados ni familiares. En la mayoría de los casos, no existen grabaciones de audio ni video, lo que impide una supervisión independiente del proceso.
El ambiente en estos centros es de intimidación y temor, donde los menores son amenazados y agredidos físicamente de forma rutinaria, según activistas.
Estas prácticas no solo violan el derecho internacional, sino que evidencian el abuso sistemático al que se enfrentan los niños palestinos en detención israelí. Los informes comunes describen golpizas, patadas, amenazas contra ellos y sus familias, así como exposición a condiciones climáticas extremas.
Algunos menores son confinados en celdas de aislamiento, muchas veces sin ventanas y con una tenue luz amarilla encendida las 24 horas del día, una forma de tortura psicológica que puede prolongarse durante semanas o incluso meses.
Uno de esos casos fue el de Rashid S., un niño de 11 años arrestado por la policía fronteriza israelí por presuntamente lanzar piedras.
Captura de un vídeo que muestra una aparente agresión sexual a un prisionero palestino en la cárcel de Sde Teiman, transmitido por el Canal 12.
“Me lanzaron una granada aturdidora y luego me sujetaron con una llave de estrangulamiento”, declaró Rashid.
Según el informe anual más reciente del tribunal militar, el 99,74 % de los casos que involucran a menores palestinos terminan en condena, y en el 98 % de estos casos se impone una pena privativa de libertad.
Esta cifra contrasta drásticamente con el sistema de justicia juvenil civil israelí, en el cual solo alrededor del 6,5 % de los menores reciben penas de encarcelamiento, de acuerdo con un informe.
Una vez condenados, el 72 % de estos menores son trasladados a cárceles y centros de detención ubicados dentro de los territorios ocupados, lo cual constituye una violación flagrante del Artículo 76 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe el traslado de personas detenidas fuera del territorio ocupado.
Esta práctica sistemática pone de manifiesto el ciclo continuo de injusticia al que son sometidos los niños palestinos en los tribunales y prisiones militares israelíes.
La vulneración de los derechos de la infancia palestina bajo detención israelí trasciende el abuso físico. Debido a los extensos trámites para obtener permisos, o su constante denegación por motivos de seguridad vagamente definidos, muchos niños quedan incomunicados con sus familias.
Los menores palestinos también tienen prohibido el uso del teléfono, así como enviar o recibir correspondencia mientras permanecen encarcelados, lo que profundiza aún más su aislamiento durante una experiencia ya de por sí profundamente traumática, según testimonios de palestinos liberados de cárceles de ocupación.
La propia naturaleza de los tribunales militares en los que son juzgados estos menores genera una preocupación considerable. Dichas instancias no cumplen con los estándares mínimos de un juicio justo ni de justicia juvenil, negando a los niños las garantías jurídicas que les corresponden según el derecho internacional.
El Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el régimen israelí en 1991, exige que los procedimientos judiciales consideren la edad de los menores y la necesidad de centrarse en su rehabilitación.
Este principio es reforzado por la Convención sobre los Derechos del Niño, también ratificada por el régimen en 1991, la cual establece que ningún menor debe ser obligado a confesar su culpabilidad.
Además, el comité encargado de interpretar dicha Convención ha declarado explícitamente que los menores tienen derecho a solicitar la presencia de un padre, madre o tutor legal durante los interrogatorios.
La ausencia de un familiar o abogado debe ser considerada por los jueces al momento de valorar la veracidad de una confesión hecha por un niño.
