La Guerra Irrestricta de Marruecos contra España. El entreguismo del Estado y las FAS españolas ante la tiranía del Sultán

En el contexto actual, la relación entre Marruecos y España puede entenderse no solo en términos diplomáticos o económicos, sino también como un escenario de una guerra no convencional, o lo que la teoría de la Guerra Irrestricta denomina una lucha en múltiples frentes que trasciende los aspectos militares tradicionales. La estrategia marroquí, en este sentido, se alinea con un conjunto de acciones diseñadas para debilitar, desestabilizar y fragmentar a España mediante métodos que priorizan la subversión social, la influencia ideológica y la manipulación interna.

Uno de los pilares de esta estrategia es la facilitación y aumento de la inmigración irregular, especialmente de migrantes económicos y menores no acompañados (MENAS). Desde la perspectiva de la Guerra Irrestricta, esta inmigración masiva no es solo un fenómeno migratorio sino un arma para desestabilizar y fragmentar la cohesión social española. La llegada incontrolada genera inseguridad, tensiones interétnicas y desgaste del sistema social y de la seguridad, dificultando la gobernanza y fomentando una percepción de incapacidad del Estado español.

Esta táctica crea una crisis interna que puede ser explotada políticamente, debilitando el respaldo a las instituciones y favoreciendo agendas que promueven el multiculturalismo y la desconfianza en la autoridad. La presencia de MENAS y la sordidez en algunos centros de acogida, más allá de una gestión humanitaria, pueden interpretarse como movimientos tácticos para erosionar la estabilidad y la imagen de España como Estado fuerte y ordenado.

De hecho han logrado romper el contrato social en España en varios frentes, en primer lugar el desprestigio total de toda la izquierda (PSOE, PODEMOS, SUMAR) por la protección total a esta invasión por goteo así como la desconfianza hacia el PP, que en su haber tiene la costumbre de jamás cumplir en el gobierno lo que promete en la oposición.

Por otro lado, la alta criminalidad y la incapacidad de atajarla, unido a políticas buenistas ha desprestigiado tanto a los jueces como a los policías rompiendo la cohesión social. Lemas como «Sólo el pueblo salva al pueblo» o la desconfianza a la hora de acudir a la policía en materia de ocupación cuya responsabilidad se desvía a empresas privadas ha creado un clima de disociación entre el gobierno y el estado, visto como un incordio y como, cada vez más, el enemigo por parte de una sociedad cansada.

Otra dimensión clave es la acción de actores promarroquíes en la política, medios de comunicación y organizaciones sociales. El uso de medios de comunicación, en algunos casos sometidos a influencias externas, contribuye a difundir narrativas que relativizan la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, minan la unidad nacional y promueven discursos favorables a mayor autonomía o incluso a la integración con Marruecos.

Partidos políticos, ONG´s y otros actores sociales vinculados o influenciados por intereses marroquíes en España actúan como agentes que refuerzan esta narrativa, promoviendo leyes, campañas o políticas que permiten una mayor apertura y, en algunos casos, el reconocimiento de derechos que favorecen los intereses de Marruecos. Desde la perspectiva de la Guerra Irrestricta, esto equivale a un ataque ideológico y cultural que socava las bases de la identidad y autoridad españolas.

Los lobbis y altavoces del régimen marroquí que se pasean por España, Ceuta y Melilla reclamando la soberanía de estas tierras y la inactividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado minan la moral de la ciudadanía.

El tráfico de drogas y el control de los mercados ilícitos constituyen otro frente estratégico en la ofensiva marroquí. La perpetuación y expansión de estos canales sirven para financiar actividades paralelas, fomentar la inseguridad y promover la cultura de la dependencia y la exclusión social en ciertos barrios vulnerables. La desestabilización económica y social derivada de estas operaciones contribuye a la fragmentación interna, además de debilitar el tejido social y el Estado de Derecho.

Este ataque por medio de drogas forma parte de la guerra de recursos, erosionando la moral, la salud pública y generando una percepción de inseguridad que afecta la confianza en las instituciones.

Al mismo tiempo, se han consolidado grupos marroquíes que se benefician de este tráfico, que penetra a través de la corrupción en el entramado de los estados, que tienen, por ejemplo un gran poder en Bélgica y Holanda y que, cuando escapan, se refugian libremente en Marruecos.

El control o la influencia sobre sectores económicos clave, como el turismo y la agricultura, también puede estar vinculada a una estrategia de desgaste económico del Estado español. Al acaparar mercados y manipular cadenas de suministro, Marruecos logra ampliar su influencia, generando dependencia o debilitando a sus rivales económicos. Además, la influencia en las instituciones internacionales para justificar y defender estas acciones refuerza el componente global de su estrategia de guerra restricta.

La penetración en aguas territoriales canarias apropiandose de una lectura torticera de la legislación marítima partiendo desde las aguas del territorio saharaui ocupado, unido a las piscifactorías en aguas españolas no defendidas y que con el tiempo crea derechos históricos, la asfixia de Melilla con el puerto de Beni Ensar, West Med y el cierre de aduanas, lo mismo con Ceuta, la aduana y Tánger Med, que erosiona Algeciras, es una realidad que no se afronta y forma parte de la estrategia de guerra total marroquí contra España.

Por último, la promoción de ideologías contrarias a los valores tradicionales y la deslegitimación de la historia y cultura españolas en ciertos espacios mediáticos y académicos busca generar una crisis de identidad interna. La tensión social, el postmodernismo y las políticas de diversidad radicalizada contribuyen a crear un terreno fértil para la discordia interna y para la percepción de que el Estado ya no puede garantizar ciertos valores fundamentales.

También, el uso del recurso histórico. La vinculación tendenciosa de la historia de Al Ándalus a los imperios que se desarrollaron en el territorio del moderno Marruecos para, ya descaradamente, pasar a convertir Al Ándalus en una sucursal o apéndice de estos reinos de Taifas que se desarrollaron en la península y que tenían tanto en los reinos cristianos como en los reinos del actual Marruecos iguales enemigos.

La frase falaz constante del «esta es la tierra de nuestros abuelos» es una auténtica basura prolagandista del régimen criminal marroquí. La tierra es de los abuelos de los españoles, que por cierto, estudios genéticos dejan claro que no tienen nada que ver con los reinos norteafricanos porque la reconquista iba acompañada de la repoblación de los territorios conquistados.

El andalusismo (diferente del andalucismo) es otra mentira creada para confundir y apropiarse de la historia con objeto de, en su ficción, lograr derechos históricos que se traduzcan en justificación de la actual situación ya que si «esta es la tierra de mis abuelos»…se deriva que se debe tener un estatus especial.

Dentro de esto están trabajando en la idea de los moriscos, españoles conversos falsamente o no que eran agentes de los piratas de berbería o del imperio otomano, que se rebelaron y eran un peligro para la nación y fueron expulsados. En los territorios norteafricanos se fundieron con la población local y desaparecieron, la comparativa con los sefardíes es falaz ya que el sefardí sí mantuvo costumbres, idiomas, literatura, nombres y apellidos. Los moriscos, no.

Usar el pasado morisco para reclamar derechos sociales o políticos forma parte de esta estrategia de desmoralización que de forma aislada parece absurda pero que contextualizada como una rueda dentada más en un engranaje enfocado en destruir a España toma otra dimensión.

Desde esta visión, el accionar de Marruecos en España trasciende la dimensión diplomática o económica para convertirse en una estrategia de guerra irrestricta, en la que las parcelas social, ideológica y cultural son los principales frentes de batalla. La inmigración irregular, la influencia en medios y partidos políticos, el control del narcotráfico y la desestabilización ideológica constituyen elementos de una ofensiva diseñada para desgastar, dividir y debilitar internamente a España para tutelarla, chantajearla no como objetivo final sino como segundo paso ya que tras esta dominación (que ya ha comenzado) el siguiente objetivo es el exterminio de la cultura de los españoles, la anexión de territorios peninsulares (Marruecos sueña con Córdoba, Granada y Sevilla, no con Canarias, Ceuta o Melilla) y la destrucción de nuestra nación frente a la inacción de una casta política de Don Julianes y witizanos que, de nuevo, nos empujan a un destino similar al resultado de la batalla de Guadalete de 711.

Desde su ascenso al trono en 1999, Mohamed VI ha consolidado un régimen caracterizado por un control absoluto sobre la política, la sociedad y la expresión pública en Marruecos. A pesar de su fachada de modernización, su liderazgo ha sido marcado por graves violaciones de derechos humanos, represión de movimientos sociales y un aparato institucional que mantiene un sistema claramente autoritario y totalitario.

Las naciones del Rif y del Sahara Occidental han sido escenario de represión sistemática por parte de las fuerzas del Estado. Los movimientos sociales en estos territorios, que buscan mayor autonomía o reconocimiento, enfrentan detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

El 28 de octubre de 2017, una manifestación en la ciudad de Alhucema, en el Rif, fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales. La protesta, denominada “Revolución del Rif”, había surgido como respuesta a la muerte de Mouhcine Fikri —quien murió aplastado en un contenedor de basura tras la confiscación de pescado ilegal— y se convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen. Las fuerzas del orden usaron balas de goma, gases lacrimógenos y golpes, resultando en numerosos heridos y varias detenciones. La represión fue acompañada de desapariciones forzadas y torturas en prisión, en un intento de silenciar la rebelión social y mantener el control.

Su líder, Nasser Zafzafi sigue preso por liderar esas protestas.

Marruecos ha vulnerado sistemáticamente los Acuerdos de Houston (1997) y la literatura jurídica de la ONU relacionada con el pueblo saharaui, que ratifican el derecho a la autodeterminación. La comunidad internacional, incluyendo la ONU, ha establecido que el Sahara Occidental es un territorio no autónomo cuyo destino debe decidirse mediante un referéndum libre, justo y transparente. Sin embargo, Marruecos ha consolidado su ocupación mediante represión y encarcelamientos masivos.

En particular, la represión de la intifada ocurrido en El Aaiún en 2005 fue un hito en la historia de resistencia saharaui. Miles de saharauis salieron a las calles para protestar en contra de la presencia militar marroquí, en un movimiento decidido a reivindicar su autodeterminación. La respuesta fue brutal: las fuerzas marroquíes utilizaban armas de fuego, balas de goma y torturas para dispersar las movilizaciones, dejando numerosos heridos y detenidos. Las prisioneras y prisioneros saharauis han denunciado torturas sistemáticas, condiciones de detención inhumanas y desapariciones forzadas, en línea con las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados.

La ONU y su comité de derechos humanos han condenado reiteradamente las violaciones en el Sahara Occidental, donde Marruecos viola la protección internacional sobre el derecho a la autodeterminación. La Charta de la ONU y la literatura jurídica en la materia establecen que ningún Estado puede ejercer la soberanía mediante la represión del pueblo oprimido, algo que Marruecos continúa vulnerando sistemáticamente.

El régimen de Mohamed VI ha consolidado un sistema en el que la autoridad real prevalece sobre las instituciones democráticas. Las elecciones, aunque formales, carecen de verdadera independencia, y la disidencia política enfrenta censura, intimidación y cárcel. La figura del rey, en lugar de ser un símbolo de unidad, se ha convertido en un señor absoluto que decide sin contrapesos.

La estructura del poder está altamente centralizada y controlada por la familia real y sus aliados, con instituciones que parecen funcionar solo para legitimar la autoridad del monarca. La reforma constitucional de 2011, impulsada tras las protestas del Movimiento 20 de febrero, pretendió quizás abrir un resquicio de pluralidad, pero en realidad no alteró sustancialmente la naturaleza del poder monárquico, que continúa siendo un sistema autoritario y hermético.

El control ideológico y moral se ha intensificado bajo el reinado de Mohamed VI, quien actúa como garante de una interpretación oficial del Islam que refuerza la autoridad del régimen. La libertad religiosa está restringida, y las voces disidentes, especialmente las que cuestionan la relación oficial con la monarquía o promueven cambios en las libertades religiosas, son reprimidas. La educación y los medios estatales difunden una visión oficial del Islam que refuerza la narrativa de control y mantiene a la población en un estado de sumisión.

Las tensiones con Argelia han sido crecientes, especialmente a raíz de las políticas contrastantes respecto al Sahara Occidental. Mientras Argelia apoya la autodeterminación del pueblo saharaui y respalda al Frente Polisario, Marruecos persistió en su reivindicación territorial y en la represión de los saharauis. Este conflicto ha llevado a un endurecimiento de las relaciones diplomáticas, con cierres de fronteras y acusaciones mutuas de apoyo a movimientos subversivos.

Por otro lado, las relaciones con España también están marcadas por la disputada cuestión del Sahara y las ansias expansionistas del régimen marroquí contra Ceuta y Melilla. La ocupación de estos territorios y la represión de las comunidades migrantes y disidentes ha generado tensiones diplomáticas que reflejan la profundidad del control y la arbitrariedad del régimen marroquí.

Desde la perspectiva jurídica internacional, la situación en Marruecos y en los territorios ocupados requiere una acción firme basada en la legalidad y el respeto a los derechos humanos. La literatura jurídica de la ONU enfatiza el derecho a la autodeterminación, la protección de los derechos civiles y políticos, y la preeminencia del estado de derecho. Sin embargo, en la práctica, Marruecos continúa ignorando estas obligaciones.

La resistencia del pueblo saharaui, así como los movimientos sociales en Marruecos, son expresiones legítimas del derecho a la autodeterminación y la libertad. La comunidad internacional debe respaldar estas reivindicaciones mediante mecanismos efectivos que pongan fin a la represión.

El régimen de Mohamed VI representa una forma de autoritarismo que, aunque disimulado tras una fachada de modernización, perpetúa la represión, la violación de derechos humanos, y la sumisión de su población y territorios ocupados. La historia ha demostrado que la resistencia y la lucha por la justicia son inevitables ante sistemas que buscan consolidar el poder excluyendo la voluntad popular.

Es imprescindible que la comunidad internacional intensifique su papel, exigiendo un respeto genuino a los derechos humanos y la solución justa y definitiva del conflicto del Sahara, basada en la autodeterminación del pueblo saharaui, en línea con la normativa internacional.

Taleb Alisalem, activista saharaui, analista político y una de las voces más claras sobre el expansionismo del régimen marroquí, denuncia en esta conversación con LA GACETA cómo Mohamed VI ha convertido la inmigración ilegal en un instrumento de presión sistemática sobre España y Europa. Desde el islote de Perejil hasta los indultos masivos de delincuentes, Alisalem desgrana los mecanismos con los que Rabat chantajea a España y Occidente mientras amplía su influencia con la complicidad del Gobierno del PSOE.

A pesar de todos los esfuerzos de España —y de la Unión Europea— por integrarlo como un actor confiable, la respuesta marroquí siempre ha sido hostil. Se le ha otorgado el estatus de socio privilegiado, se le han dado ayudas millonarias, se ha intentado construir una relación de beneficio mutuo… pero Marruecos responde sistemáticamente con agresiones. Desde la llamada «crisis de los tomates» en los años 90 hasta los ataques a la soberanía territorial, como el caso del islote Perejil, la conducta es clara: Rabat actúa con ambición territorial y espíritu de chantaje.

El régimen marroquí no cree en la cooperación. Su política exterior se basa en el chantaje. En los años 90, el propio ministro de Exteriores británico escribió que el rey Hassan II había amenazado con “exportar terroristas” si no se le permitía exportar tomates a Europa. Es decir, Marruecos lleva décadas utilizando el miedo como herramienta de negociación. Y eso no ha cambiado. Las «relaciones excelentes» de las que tanto presume Sánchez no son más que treguas temporales. Marruecos va de crisis en crisis, y cada etapa de aparente calma no es más que la antesala de un nuevo conflicto.

Una monarquía absoluta, sin ninguna división real de poderes. Todo el poder reside en el rey y su círculo más cercano. Pero hay algo más profundo: Marruecos es un Estado cuya ideología oficial es el expansionismo. Su Constitución no establece fronteras claras. Habla de una supuesta «frontera histórica», que en la práctica justifica la reclamación de territorios de Argelia, el Sáhara Occidental, Mauritania, Ceuta, Melilla, las Islas Canarias e incluso Andalucía. Es un Estado que alimenta a su población con un nacionalismo imperialista, porque no tiene mucho más que ofrecerles. No tiene petróleo, no tiene grandes recursos naturales. Entonces ofrece fantasías de grandeza.

Es el arma más eficaz del régimen. Marruecos instrumentaliza la inmigración de dos formas. Primero, facilita la llegada de inmigrantes subsaharianos a su territorio mediante visados laxos, vuelos baratos de Air Maroc y connivencia con mafias. Luego, cuando quiere presionar, los lanza en masa hacia las costas españolas o hacia Ceuta y Melilla. Lo vimos en 2021: más de 10.000 personas cruzaron en un solo día. Segundo, utiliza a su propia diáspora como herramienta política. Controla mezquitas, asociaciones culturales, redes comunitarias… todo ello con el fin de mantener viva una identidad marroquí radicalizada y activable. También para evitar que dentro de esas comunidades surja oposición al régimen. Es una estrategia perfectamente diseñada.

Es escandaloso. En los últimos cinco años, Mohamed VI ha indultado a más de 25.000 delincuentes, muchos de los cuales han acabado en España. Algunos de ellos están implicados en asesinatos, agresiones y redes yihadistas. El objetivo es claro: mantener la presión constante sobre la sociedad española. Una inmigración integrada y pacífica no le sirve a Marruecos. Necesita una inmigración que genere inseguridad, miedo, caos. Así puede seguir diciendo: «Si no me das dinero, si no me apoyas en el Sáhara, te inundo de problemas».

Porque el Partido Socialista trabaja para los intereses de Marruecos. No tengo ninguna duda en afirmarlo. Felipe González tiene un palacete en Tánger. Zapatero viaja cada dos meses a dar conferencias bien pagadas. María Teresa Fernández de la Vega, José Bono, Aguilar… todos tienen vínculos con el Majzén. No sirven a España, sino al régimen marroquí. Y no es una opinión: es una constatación basada en hechos, viajes, declaraciones y contratos. Marruecos ha logrado infiltrar su influencia hasta el corazón del poder español.

Romper con esta política de sumisión. Lo único que entiende Marruecos es la contundencia. Argelia lo demostró: cerró sus fronteras, militarizó su espacio aéreo, respondió a cada ataque diplomático con firmeza. España, en cambio, se arrastra. Hasta que no se recupere la soberanía política y el orgullo nacional, Marruecos seguirá avanzando. No es que Marruecos sea tan fuerte: es que España se ha hecho muy débil. Pero esa debilidad no es irreversible. Hace falta una política migratoria firme, una defensa clara del territorio y un corte total con las redes de influencia del Majzén.

Torre-Pacheco bajo la Bay'a: obediencia religiosa y estrategia geopolítica marroquí

El reciente episodio de desescalada en Torre-Pacheco, Murcia, donde líderes religiosos musulmanes lograron calmar a jóvenes marroquíes dispuestos a confrontar violentamente con ciudadanos españoles, es un caso paradigmático que invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder, obediencia y geopolítica que subyacen en la inmigración ilegal. Este suceso, aparentemente aislado, encuentra un eco profundo en el concepto de bay’a –el juramento de fidelidad en el Islam–, analizado exhaustivamente en la tesis doctoral de Rachid Boutarbouch, Jurar fidelidad a los políticos (La Bay’a): Un estudio histórico y jurídico (Universidad Autónoma de Madrid, 2012).

La tesis ofrece un marco histórico y teórico para entender cómo la obediencia estructurada en la bay’a puede ser instrumentalizada por actores estatales, como el régimen marroquí, para controlar comunidades de inmigrantes en el extranjero, especialmente en un contexto donde Marruecos busca proyectarse como un aliado estratégico de Occidente ante, por ejemplo, el Mundial de Fútbol 2030. Como analista especializado en inmigración y algunas cuestiones geopolíticas ligadas al fenómeno, he expresado a través de numerosos artículos y conferencias cómo Rabat ha utilizado la inmigración como arma, fomentando flujos migratorios descontrolados para presionar a España mientras ahora, cínicamente, adopta una fachada de "país amigo".

Boutarbouch define la bay’a como un "pacto y un contrato de los más comprometedores", arraigado en el Corán y la Sunna, que vincula a gobernantes y gobernados mediante derechos y obligaciones mutuas. Lingüísticamente, deriva del verbo árabe bāya’a (pactar), y su práctica histórica implicaba un compromiso de obediencia al líder –califa o imán– a cambio de gobernar con justicia según la ley islámica. Este pacto, simbolizado a menudo por un apretón de manos, tenía dos objetivos: reconocer la autoridad política y contribuir a la edificación de una sociedad islámica bajo un "príncipe de los creyentes". Sin embargo, la tesis detalla cómo, tras la muerte de Mahoma, la bay’a se corrompió. Con los Omeyas, se transformó en un "contrato social solemne que asegura el sometimiento del pueblo al poder", especialmente bajo figuras como Al-Hajjāj ibn Yūsuf, quien imponía juramentos abusivos para garantizar lealtad. Este giro hacia la sumisión forzada resuena en Torre-Pacheco, donde jóvenes marroquíes, inicialmente dispuestos a la confrontación, acataron rápidamente la intervención de líderes religiosos, sugiriendo un condicionamiento cultural y político que evoca la bay’a.

La citada tesis describe el califato como la "administración de los asuntos religiosos y mundanos de la comunidad en sustitución del Profeta", destacando que la bay’a es una obligación respaldada por el Corán y la tradición profética. Los ulemas coinciden en que sin un líder, la comunidad cae en el caos y la elección del imán debe reflejar el consenso de la Umma (comunidad musulmana), guiada por una élite de "poderosos y dignatarios". Este proceso, idealmente democrático en los primeros califatos, se pervirtió con dinastías como los Omeyas y Abasíes, que impusieron herederos mediante coerción. En el contexto moderno, esta dinámica se traslada a las diásporas. En Torre-Pacheco, la intervención de los líderes religiosos no parece espontánea, sino coordinada, posiblemente bajo directrices de Marruecos, cuyo régimen –encabezado por Mohamed VI, autoproclamado "Comendador de los Creyentes"– se sirve de la bay’a para mantener el control sobre sus ciudadanos en el exterior.

El incidente en Torre-Pacheco, donde jóvenes marroquíes –muchos probablemente inmigrantes ilegales– se organizaron para enfrentarse a residentes españoles tras tensiones locales, refleja cómo la bay’a opera en contextos migratorios. La rápida desescalada tras la intervención de líderes religiosos sugiere que estos jóvenes, culturalmente condicionados, respondieron a una autoridad percibida como legítima, un eco directo del “pacto de obediencia” descrito por Boutarbouch. La tesis de la que os hablo analiza la bay’a en movimientos islamistas como los Hermanos Musulmanes, donde se jura lealtad a un líder para fortalecer la Umma y entre los sufíes, donde el compromiso es más espiritual pero igualmente vinculante. En ambos casos, la obediencia es central y en Torre-Pacheco, los líderes religiosos probablemente invocaron esta autoridad para disuadir la violencia, alineándose con intereses geopolíticos más amplios.

Marruecos, como he argumentado en muchas de mis intervenciones, ha perfeccionado el uso de su diáspora como herramienta de influencia. La tesis de Boutarbouch ofrece un precedente histórico con la bay’a hafidita de 1908 en Marruecos, donde los ulemas destituyeron al sultán ‘Abd al-‘Azīz por su sumisión a intereses extranjeros y juraron lealtad a ‘Abd al-Hāfiz, imponiendo condiciones como "gobernar con justicia" y rechazar la colonización. Sin embargo, el sultán incumplió estas cláusulas, lo que llevó a tensiones con ulemas como al-Kittānī, quien exigía un control popular sobre el gobernante. En el Marruecos actual, el régimen invierte esta dinámica: usa la bay’a para asegurar la sumisión de su diáspora, evitando incidentes que dañen su imagen ante acontecimientos como el Mundial 2030. La desescalada en Torre-Pacheco, lejos de ser un gesto de buena voluntad, parece una maniobra para proyectar a Marruecos como un "socio estratégico" mientras oculta su historial de guerra híbrida contra España.

No en pocas ocasiones, he documentado cómo Rabat ha utilizado la inmigración ilegal como una herramienta de presión geopolítica. La crisis de Ceuta en mayo de 2021, cuando Marruecos permitió la entrada de 10.000 inmigrantes ilegales –muchos menores– en un solo día, fue un claro ejemplo de esta estrategia, diseñada para forzar concesiones en el conflicto del Sáhara Occidental. Muchos de los inmigrantes provenientes de territorio marroquí, han sido educados en madrasas o mezquitas controladas por el régimen y llegan con un sentido de lealtad a Marruecos que supera su compromiso con las leyes del país receptor. La bay’a, como describe Boutarbouch, refuerza esta obediencia: los inmigrantes ven al rey o a sus representantes religiosos como figuras de autoridad absoluta, lo que los hace susceptibles a directrices externas, incluso en suelo español.

Asimismo, la tesis aborda los límites de la obediencia, destacando que la Umma tiene el derecho de destituir a un imán injusto. Sin embargo, en el contexto migratorio, esta obediencia se convierte en un arma de doble filo. Los jóvenes marroquíes en Torre-Pacheco, condicionados por una cultura de bay’a, no solo responden a líderes religiosos, sino potencialmente a órdenes indirectas de Rabat, que busca evitar tensiones en un momento clave. Marruecos siempre ha alternado entre detonar crisis migratorias y ofrecerse como "liado" para controlarlas. La desescalada en Torre-Pacheco no es una victoria de la convivencia, sino una señal de que Marruecos puede apagar conflictos cuando le conviene, utilizando la obediencia de su diáspora como palanca.

La tesis de Boutarbouch concluye que el Corán y la Sunna no fijan una forma rígida de elegir gobernantes, dejando a la Umma la libertad de adaptarse a su época. Sin embargo, también advierte cómo la bay’a degeneró en una "religión de la sumisión" bajo dinastías tiránicas, un fenómeno que resuena en el control que Marruecos ejerce sobre su diáspora. Para España, esto plantea un desafío urgente: la inmigración descontrolada no solo importa perfiles conflictivos, sino también lealtades divididas que amenazan la cohesión social. Los flujos ilegales desde Marruecos –alentados por Rabat en momentos de tensión– han alimentado incidentes en muchos puntos de España y ahora en Murcia, donde la obediencia a autoridades externas supera el respeto por las leyes locales.

España debe actuar con decisión: reforzar los controles fronterizos, acelerar las deportaciones de inmigrantes ilegales y establecer filtros estrictos para identificar perfiles radicalizados o manipulados. La bay’a, como muestra Boutarbouch, es una herramienta poderosa que puede unir comunidades, pero también desestabilizarlas cuando se usa para fines políticos. Marruecos, con su historial de guerra híbrida –desde ciberataques hasta desinformación e inmigración como arma–, no es un aliado confiable, pese a su fachada actual. La desescalada en Torre-Pacheco es un recordatorio de que la obediencia importada puede ser una bomba de relojería. Es hora de priorizar la soberanía nacional y cerrar la puerta a una inmigración que, lejos de enriquecer, pone en jaque nuestra seguridad y estabilidad.