Evgeny Vertlib
La palabra precede a la acción: primero se establecen los conceptos, luego se actúa. Según Aristóteles, los términos precisos determinan los planes y el comportamiento; según Platón, el orden de los nombres es necesario para el funcionamiento coordinado de las instituciones. Carl Schmitt escribió: «El concepto de lo político se define por la distinción entre amigo y enemigo». El lenguaje divide la realidad entre los que están protegidos y los que están bajo ataque, una señal para las instituciones: a quién llamar en ayuda, a quién aislar, a quién declarar como amenaza. Las palabras que se lanzan al dominio público se agrupan en cadenas de conceptos, fórmulas y marcos que actúan como detonadores: concentran la atención, dan una justificación jurídica y moral, y convierten las intenciones en disposición para la acción. El control del significado es una tecnología práctica: se encuentra la vulnerabilidad en la percepción, se construye una fórmula con un «detonante», se envuelve en una forma jurídica, se lanza de forma sincronizada a través de los medios de comunicación y los expertos, y se prescribe de antemano el procedimiento para retirarla de la circulación si cambian las condiciones. A continuación, se analiza la lógica de la construcción, los mecanismos de fijación institucional y tecnológica y los métodos de desactivación controlada, para que la palabra funcione como una herramienta precisa y no como una fuente de caos.
La lógica de la construcción es simple y reproducible. El primer paso es elegir la vulnerabilidad: el comportamiento, la institución, el evento o la imagen en torno a la cual se coloca la trampa semántica. El segundo paso es seleccionar las unidades de apoyo: hechos, marcadores normativos, etiquetas emocionales. El tercer paso es designar los detonadores: uno o dos elementos convierten el conjunto de la descripción en una prescripción. El cuarto paso es la traducción a procedimiento: la inclusión en una ley, resolución, protocolo o informe oficial que da fuerza operativa al conjunto. El quinto paso es la replicación masiva: los medios de comunicación, la educación y las redes de expertos que consolidan la reacción como un reflejo.
Las composiciones típicas han sido probadas en la práctica. La combinación «hecho → evaluación → sanción» crea la base para el castigo. «Amenaza potencial → pronóstico → derecho a la prevención» justifica las acciones preventivas. «Característica → asociación negativa → exigencia de aislamiento» deslegitima a los actores. «Identificación del enemigo → imperativo moral → movilización» lleva a la sociedad a un régimen de apoyo a las acciones directas. Cada composición funciona con la cobertura institucional y la repetición en los medios de comunicación.
La eficacia de la operación está garantizada por cinco mecanismos: la fijación jurídica convierte el significado en derecho; la inducción emocional acelera la toma de decisiones; la repetición y la variabilidad de las formulaciones refuerzan la percepción; la orientación de las tecnologías aumenta la precisión del impacto; el ajuste contextual reduce la resistencia de la audiencia. La combinación de estos mecanismos hace que la operación sea predecible y controlable.
La táctica ofensiva es un paso a paso disciplinado. Identificar el detonante; armonizar la fórmula con los actos jurídicos; preparar materiales expertos y mediáticos; lanzar una campaña multidimensional adaptada a los segmentos de la audiencia; fijar el resultado mediante un acto oficial o el reconocimiento internacional. La sincronía del trabajo de las instituciones, los medios de comunicación y los expertos convierte la fórmula en una herramienta controlable.
La desmovilización requiere una metodología inversa. Localizar el detonante y mostrar su vinculación con el contexto, la falta de realidad o la verificación procedimental. Traducir las fórmulas prescriptivas a un lenguaje descriptivo, excluir las palabras modales («necesario», «obligatorio»). Introducir una contrafijación institucional: normas estrictas de aplicación, verificación independiente obligatoria y procedimientos de apelación. La inversión contextual, la neutralización procedimental y el aislamiento semántico reducen la carga emocional y evitan la replicación autosostenida.
Los criterios de vulnerabilidad ofrecen una previsión: la fórmula es frágil si se basa en referencias indefinidas, principalmente en emociones, carece de cobertura institucional o contiene contradicciones internas. La estabilidad está garantizada por la concreción, la fijación jurídica, el apoyo multidimensional y la coherencia lógica.
Una narrativa estratégica unificada es un sistema organizativo, tecnológico y práctico que combina la gestión del significado, el control, la fijación jurídica y la planificación de escenarios. La gestión del significado solo es posible cuando el proceso se divide en etapas gestionables, cada una de las cuales está consolidada institucional y técnicamente. La organización, la tecnología, la jurisprudencia y la comunicación actúan como eslabones de un mismo mecanismo en el que la palabra se convierte en una herramienta operativa.
El Centro de Operaciones Semánticas (nodo operativo donde se diseñan y controlan las fórmulas semánticas) reúne a analistas, abogados, comunicadores y tecnólogos. Sus funciones incluyen el diseño de fórmulas, la verificación de hechos, el embalaje legal, la adaptación mediática y el control de su desactivación, es decir, la retirada de la fórmula de su uso activo. El trabajo del centro está regulado: la iniciativa se registra, se somete a una evaluación de vulnerabilidad, a un conjunto de pruebas, a una verificación jurídica y a una prueba de reversibilidad. Solo después de un resultado positivo, la fórmula obtiene el estatus de admisión para su aplicación. La responsabilidad se divide entre los distintos eslabones: el analítico es responsable de la veracidad de los hechos y la previsión de los efectos, el jurídico de la corrección de los actos y procedimientos, el comunicativo de la adaptación de la fórmula al público y el tecnológico del seguimiento y la orientación, es decir, la precisión del impacto semántico. El reglamento establece los plazos de tramitación, el orden de las verificaciones y los protocolos de parada de emergencia del lanzamiento. El registro de formulaciones autorizadas es la única fuente de verdad; cualquier declaración pública fuera de este registro se considera una infracción disciplinaria y está sujeta a sanciones.
La infraestructura tecnológica garantiza la aceleración y el control de todo el ciclo. Los sistemas de supervisión rastrean la aparición de nuevas narrativas, modelan su difusión y pronostican los puntos vulnerables. El análisis de los big data evalúa el tono de los mensajes, divide a la audiencia en segmentos y mide el efecto de las comunicaciones en tiempo real. La plataforma debe garantizar la trazabilidad completa del origen de los materiales, el control de las fuentes de datos y la posibilidad de bloquear o corregir inmediatamente el contenido en una fase temprana. Las recomendaciones automáticas sirven de guía, pero no sustituyen la decisión de la comisión: los algoritmos proporcionan cálculos, las personas toman las decisiones. La política tecnológica establece los métodos admisibles de recopilación de datos, el nivel de automatización y los procedimientos de verificación de los algoritmos. Cada herramienta debe tener un registro de acciones integrado y la posibilidad de recuperar datos para evitar interferencias no autorizadas.
El envoltorio jurídico es la traducción del significado en acción. Cada fórmula jurídica (construcción semántica con forma jurídica) debe ir acompañada de un algoritmo de aplicación: condiciones de activación, lista de pruebas, verificación independiente, limitaciones temporales, procedimientos de apelación y criterios de anulación. Una fórmula sin algoritmo de aplicación es retórica. La estructura jurídica debe prever moratorias temporales, opciones de revisión y responsabilidad por infracciones. En el ámbito internacional, la preparación jurídica implica acordar la terminología con los socios y elaborar un conjunto de pruebas que pueda soportar una verificación multilateral.
La táctica de comunicación se basa en la sincronización de tres niveles: el experto, el público y el procedimental. El nivel experto forma la justificación y prepara las respuestas a los contraargumentos (construcciones semánticas contrarias capaces de neutralizar la original). El nivel público formula un mensaje breve, claro y repetible. El nivel procedimental consolida el resultado en formulaciones jurídicas precisas. El lanzamiento se coordina en el tiempo: el análisis se prepara con antelación, el inicio público se produce según lo previsto, la fijación jurídica se produce a continuación y la consolidación a través de la educación y las redes de expertos se lleva a cabo en el plazo de uno o dos meses. La preparación de los materiales incluye la adaptación a cada público objetivo, la comprobación de la percepción y la simulación de posibles contraargumentos. La disciplina comunicativa de las élites garantiza una voz única, evita filtraciones, incoherencias temporales y distorsiones de significado.
La formación y el entrenamiento son un proceso continuo. Los equipos realizan regularmente ejercicios de montaje, verificación y desmontaje de cadenas semánticas, participan en simulaciones jurídicas para la preparación de actos formales y practican el lanzamiento mediático y la contraofensiva. La rotación y las auditorías independientes evitan el aislamiento profesional y la invitación de expertos externos proporciona una visión fresca y una crítica independiente. La disciplina política se consolida mediante contratos y códigos que prevén sanciones por infringir las normas y la presentación de informes internos en cada etapa de la operación.
La cooperación internacional refuerza la eficacia y reduce la vulnerabilidad. La coordinación de la terminología, los procedimientos y las medidas legales con los socios permite acelerar la fijación de fórmulas y obtener apoyo internacional. El trabajo conjunto incluye el intercambio de pruebas, la adopción sincronizada de resoluciones y la creación de mecanismos comunes de verificación. La armonización previa de los términos y las normas de procedimiento evita discrepancias y contraofensivas. Sin un marco internacional, cualquier fórmula local queda expuesta a ataques e impugnaciones.
El control y la auditoría deben ser una función permanente. Se lleva a cabo una verificación periódica de la carga emocional de las fórmulas, la selectividad de su aplicación y la corrección del registro de términos. La revisión externa de los casos controvertidos y los informes públicos reducen el riesgo de que se acumule la desconfianza. Los mecanismos de corrección incluyen la suspensión de la fórmula, una evaluación adicional o la retirada oficial. Las infracciones disciplinarias se sancionan jurídica y políticamente, consolidando el principio de que la manipulación del significado no queda sin consecuencias.
La eficacia del sistema de gestión del significado no se mide por el número de palabras, sino por el grado de reproducibilidad del resultado. Las métricas aquí son los coeficientes de controlabilidad: la velocidad de formación de la fórmula, el nivel de respuesta de la audiencia, la profundidad de consolidación en la ley, la resistencia ante los ataques y la velocidad de desactivación. Cualquier operación se evalúa según estos parámetros: si el significado no se ha consolidado en la institución, se trata de ruido táctico; si no se elimina a tiempo, es un error estratégico. El objetivo es mantener el sistema en un modo de acción controlada, en el que cada palabra tiene una dirección, un estatus y una fecha de caducidad.
El ciclo de control consta de tres circuitos: auditoría interna, peritaje independiente y contravigilancia del campo externo. La auditoría interna comprueba la precisión en la ejecución de los procedimientos y la corrección de las conexiones lógicas. El peritaje independiente evalúa los posibles efectos secundarios y calcula las opciones de neutralización. La contravigilancia externa registra la respuesta del entorno, la reacción del adversario, el cambio de tono y la velocidad de penetración de los contraataques. La combinación de los tres circuitos permite mantener la estabilidad incluso bajo presión informativa y fallos impredecibles.
Un circuito separado es el pronóstico. Se basa en el análisis constante de los patrones del lenguaje, los cambios emocionales y la dinámica de la confianza en la sociedad. Los modelos de pronóstico muestran dónde se forma una nueva vulnerabilidad, qué término pierde fuerza, qué imagen está lista para ser reinterpretada. Estos datos se envían al Centro de Operaciones Semánticas, donde se traducen en nuevos constructos. De este modo se garantiza la continuidad del ciclo: del análisis a la acción, de la acción a la fijación, de la fijación a la revisión.
El componente moral no es secundario, sino fundamental. Una palabra separada del marco ético se convierte en un instrumento de caos. Por lo tanto, la narrativa debe partir de un sistema de coordenadas en el que la verdad y el beneficio para el Estado coincidan. En este sentido, la gestión del significado no es manipulación, sino una forma de disciplina nacional, la capacidad de estructurar la realidad en beneficio propio. Solo así es posible lograr un equilibrio duradero entre la convicción y la coacción, entre el orden y la libertad.
La seguridad semántica del Estado requiere el mantenimiento de un registro transparente de términos, códigos e interpretaciones. Cada término que entra en el uso público debe ser definido, clasificado y descrito en relación con los riesgos. Una palabra indefinida es una puerta abierta al ataque. Por eso se crea un mecanismo de verificación previa: antes de que un término entre en circulación, se comprueba su estabilidad, coherencia lógica, pureza jurídica y neutralidad emocional. Solo después de esto se permite su uso masivo.
La respuesta a las crisis implica estar preparado para la deformación de los significados. Si el adversario se apropia del término y le da un significado opuesto, se activa el modo de inversión: desplazamiento del contexto, cambio de énfasis, relegalización a través del reconocimiento institucional. De este modo, incluso las construcciones modificadas pueden reutilizarse sin perder el control. La flexibilidad no significa concesión, sino una forma de mantener la iniciativa cuando cambian las condiciones.
El mecanismo de desactivación está fijado procedimentalmente. Toda fórmula tiene su plazo de vigencia. Una vez transcurrido este plazo, se reevalúa su relevancia y sus consecuencias. Si la fórmula ha perdido su eficacia, se retira de la circulación y se archiva con un comentario sobre las razones. Si sigue vigente, pero ha cambiado el contexto, se crea una versión actualizada con nuevas coordenadas jurídicas y comunicativas. Este enfoque evita la acumulación de basura semántica y mantiene la pureza estratégica del lenguaje.
El contorno final es la institucionalización de la reversibilidad. Este es un elemento fundamental del sistema. Cualquier operación debe tener un proceso inverso: lo que se introduce puede retirarse; lo que se consolida puede revisarse; lo que moviliza puede desmovilizarse. Esta es la diferencia entre el sistema y el caos. La gestión del significado no debe depender de la voluntad de actores individuales: debe estar integrada en la arquitectura del Estado. De esta forma, la palabra deja de ser un instrumento de manipulación y se convierte en una herramienta precisa de gestión estratégica.
El sistema de gestión del significado es el equivalente militar del sistema de guía. Se calibra, sincroniza, comprueba y tiene un mecanismo de autocontrol integrado. Su tarea es minimizar las pérdidas de energía, eliminar la casualidad y garantizar la precisión en el blanco. El Estado que controla la palabra controla el tiempo. Y el dominio del tiempo es una forma de soberanía en la que el poder no se mide por la velocidad de reacción, sino por la capacidad de establecer el marco en el que actúa el adversario.
Por lo tanto, el objetivo estratégico no es hablar más, sino que cada palabra sea una acción y cada acción sea una palabra, calibrada y consolidada. Este es el estado de equilibrio estratégico: cuando el lenguaje está subordinado a la voluntad, la voluntad está consolidada en la ley, la ley está respaldada por las instituciones y las instituciones hablan con una sola voz. Solo entonces la palabra se convierte en un arma y el significado, en un sistema de control.
Como ilustración de la aplicación práctica de las etapas descritas, daremos un ejemplo de una campaña político-estratégica contemporánea en la que se han materializado todos los elementos del esquema. La campaña rusa para consolidar el término «operación militar especial» en 2022-2024 y las medidas de control de las palabras y la información que la acompañan —la consolidación jurídica de la terminología, el bloqueo de fuentes alternativas, los lanzamientos sincronizados en los medios de comunicación y el seguimiento de la reacción del público— — demuestran el funcionamiento preciso del ciclo estratégico: desde la identificación de la vulnerabilidad hasta la replicación masiva y el control, así como la desmovilización parcial de las fórmulas (procedimientos de restricción, localización o traducción de narrativas prescriptivas a descriptivas con fijación jurídica e institucional).
La elección de la vulnerabilidad consistía en la necesidad de legitimar las acciones bélicas dentro del sistema político y bloquear el descontento masivo: era fundamental para el Estado que amplios sectores de la población percibieran las acciones como aceptables y no exigieran explicaciones ni responsabilidades a las autoridades. Si la palabra no ofrecía una justificación, aumentaba la resistencia interna y la deslegitimación internacional («Reuters», «Why is Russia changing its language about the war?», 22.03.2024).
Las unidades de apoyo incluían el término «operación militar especial» para designar el objetivo y el alcance, los «hechos» oficiales de los medios militares y estatales, así como etiquetas emocionales y simbología (la letra Z, memes patrióticos). Estos elementos conformaban el marco de percepción en el que la operación parecía limitada, necesaria y legítima (The Guardian, «Pro-war memes, Z symbols and blue and yellow flags: Russian influencers at war», 23.04.2022).
El detonante fue la terminología, junto con las normas de castigo por «falsedades» y «desprestigio» (leyes federales de la Federación de Rusia de 4 de marzo de 2022, n.º 31-FZ y n.º 32-FZ), que traducían la descripción en una prescripción: no llamar a las acciones «guerra» y no cuestionar su legitimidad, so pena de incurrir en responsabilidad penal («Wikipedia», artículo «Russian 2022 war censorship laws»).
Los actos legislativos consolidaron la terminología en el ámbito jurídico, proporcionaron a los órganos jurisdiccionales un instrumento para reprimir el discurso indeseable y legitimaron formalmente la censura bajo el pretexto de la lucha contra las «noticias falsas» («Human Rights Watch», «Russia Criminalizes Independent War Reporting, Anti-War Protests», 07.03.2022).
El lanzamiento mediático y experto se llevó a cabo de forma sincronizada: los canales estatales, las ruedas de prensa y los comentarios oficiales de los expertos difundieron el término y el discurso, al tiempo que se bloqueaban las fuentes alternativas. Los símbolos y los memes reforzaban el impacto emocional, garantizando la rapidez y la uniformidad de la percepción («Reuters», «Kremlin, in change of language, says Russia is ‘at war’ due to West’s role in Ukraine», 22.03.2024).
La desmovilización y la reversibilidad están previstas formalmente, pero en la práctica resultan difíciles: la falta de procedimientos transparentes de reevaluación, el alto coste político de reconocer los errores y la inercia institucional complican la rápida desactivación de las fórmulas. Cualquier ajuste requiere actos institucionales, reconocimientos públicos y cambios jurídicos, esfuerzos comparables a la introducción de la fórmula («Reuters», «Why is Russia changing its language about the war?», 22.03.2024).
Así, el ejemplo citado ilustra claramente la implementación paso a paso de la narrativa estratégica: identificación de la vulnerabilidad, selección de unidades de apoyo, designación del detonador, embalaje jurídico, lanzamiento sincronizado, replicación masiva, control y desmovilización parcial. Demuestra que el lenguaje se convierte en una herramienta de influencia controlable solo cuando se combinan mecanismos jurídicos, institucionales, tecnológicos y mediáticos, y cuando existen procedimientos para retirar de la circulación las fórmulas de forma reversible.
En este contexto, la vulnerabilidad de la campaña se manifiesta con mayor claridad en la propia formulación de los objetivos. La operación militar especial proclama formalmente la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, lo que choca de inmediato con el contexto histórico: Alemania necesitó décadas para llevar a cabo una verdadera desnazificación después de la Segunda Guerra Mundial y, como señaló el primer secretario general de la OTAN, Lord Ismay, la OTAN se creó «para mantener a Alemania a raya» (1949). Así, el objetivo declarado de la OSE apela a una lógica estratégica que requiere un enfoque institucional y civilizatorio integral y a largo plazo, y no operaciones militares impulsivas. En la práctica, sin embargo, la comunicación interna de la Operación Militar Especial se construyó como una «guerra de pacotilla»: el término «operación militar especial» sustituyó el significado estratégico, no creó un apoyo institucional sostenible y difuminó los criterios de éxito. A diferencia de la «Ciencia de la victoria» de Suvorov, en la que cada paso de la campaña militar se planificaba teniendo en cuenta la logística, la inteligencia y el estado moral de las tropas, la campaña rusa mezclaba la gestión operativa, la propaganda y las restricciones legales sin un plan estratégico claro que las uniera. La identificación de vulnerabilidades —la legitimación de las acciones bélicas dentro de la sociedad— se ha llevado a cabo en parte, pero no se ha detallado lo suficiente como para controlar la percepción a largo plazo. La selección de unidades de apoyo —terminología, simbología y contenido mediático— se aplica, pero sin una fijación institucional estable. La designación del detonador —las leyes sobre «falsedades» actúan como palancas de influencia espontáneas, pero no están integradas en un procedimiento de control único—. El enmarcado jurídico es formal, pero sin procedimientos transparentes ni posibilidad de revisión correcta. El lanzamiento mediático por parte de expertos y la replicación masiva se llevan a cabo, pero sin tener en cuenta los efectos psicológicos y estratégicos a largo plazo. La desmovilización y la reversibilidad son prácticamente imposibles debido a la inercia institucional y al alto precio político que supone reconocer los errores. El panorama final muestra que, en ausencia de un diseño sistemático y de procedimientos reversibles, incluso una operación gestionada formalmente se convierte en un proceso caótico en el que el lenguaje no se convierte en un instrumento de estabilidad civilizatoria, sino que funciona como un factor de vulnerabilidad estratégica. El contraste con el enfoque de Suvorov subraya que, para que cualquier narrativa estratégica sea eficaz, es necesaria una combinación de objetivos claros, fijación institucional, apoyo mediático sincronizado y la posibilidad de una desmovilización segura de las fórmulas. Si se sigue la lógica de Suvorov, cada operación debe diseñarse teniendo en cuenta criterios claros de éxito, la ruta de movimiento de las fuerzas, la logística, la información de inteligencia y el estado moral de las tropas, y cada paso comunicativo, término y narrativa deben integrarse de forma sincronizada en el marco institucional y jurídico, con la posibilidad prevista de corrección y retirada de la circulación en caso de cambio de condiciones. Solo entonces la palabra y la fórmula se convierten en un instrumento estratégico controlable, capaz de garantizar la legitimidad de las acciones, establecer el orden y mantener la estabilidad a largo plazo, en lugar de ser una fuente espontánea de caos y vulnerabilidad estratégica. En este contexto, la práctica contemporánea de la SVO demuestra la brecha entre el objetivo declarativo y la ejecución institucional y tecnológicamente preparada, ilustrando claramente lo crítico que es para la disciplina estratégica la combinación de la fijación jurídica, la sincronización mediática, el apoyo tecnológico y las salvaguardias éticas en la gestión del significado.
Basándonos en el análisis de la campaña con el término «operación militar especial», se puede ver que la eficacia del discurso estratégico no viene determinada por pasos individuales, sino por la integración de todos los elementos en un sistema único. La identificación de vulnerabilidades, la selección de unidades de apoyo, la designación de detonantes, el enmarcamiento jurídico, el lanzamiento sincronizado en los medios y por parte de expertos, la replicación masiva, el control y la desmovilización de fórmulas solo funcionan cuando se combinan la precisión jurídica, la disciplina institucional, el apoyo tecnológico y las salvaguardias éticas. Cualquier intento de simplificar el proceso a acciones retóricas aisladas conduce a una vulnerabilidad estratégica, al caos de la percepción y a la pérdida de legitimidad. El ejemplo de la Operación Militar Especial muestra que, sin una ingeniería sistémica de significados y procedimientos reversibles, el lenguaje se convierte en un factor impredecible, en lugar de en una herramienta política controlable. Por lo tanto, la sostenibilidad de la estrategia solo se garantiza con un enfoque integral: diseño, implementación, control, desmovilización y rediseño de fórmulas integradas en un marco institucional y tecnológico capaz de corregir y adaptar las acciones en tiempo real. De este modo, la gestión del significado se convierte en una herramienta de estabilidad civilizatoria, que permite configurar marcos de acción, controlar los procesos conflictivos y mantener la subjetividad a largo plazo.
