Infiltración sionista: La Ertzaintza adjudicó 22 millones en contratos a empresas israelíes y sus distribuidoras

Un año después de la condena del Parlamento Vasco contra el genocidio en Gaza, el Gobierno Vasco ha seguido adquiriendo productos y servicios israelíes. Lejos de desinvertir y sancionar, mantiene su política de contratación con distribuidoras de firmas fundadas por exagentes del Mossad, con tres expedientes blindados como secretos y las adjudicaciones más cuantiosas firmadas sin concurso abierto.

“Vergüenza de Policía vasca”, clamó Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados, tras hacerse viral mundialmente la carga de la Ertzaintza contra la Flotilla que acabó con cuatro personas detenidas por desobediencia grave y atentado a agente de la autoridad. “Debemos resistir ante la israelización de nuestras sociedades”, añadió. Lo cierto es que, al menos hasta ahora, al Gobierno Vasco nunca le ha temblado el pulso a la hora de estampar su firma en todo tipo de colaboraciones con intereses israelíes, una sintonía de cuarenta años de entendimiento que este medio ha documentado.

En el caso de la Ertzaintza, según se desprende de los datos recabados por Hordago-El Salto, hay acumulados contratos por valor de varias decenas de millones de euros: en concreto, 21,754,044 millones de euros en 94 contratos, según el portal de contratación pública de Euskadi y los datos verificados por este medio. Son adjudicaciones a firmas israelíes, filiales, y distribuidoras oficiales de empresas de Israel, así como a compañías que tienen estrechos lazos con el genocidio contra Palestina y con el lobby sionista en el Estado español. Entre las contratistas y las proveedoras de origen hay empresas fundadas por exmiembros de las Fuerzas Armadas de Israel y otras ligadas a personalidades del Likud, el partido de Benjamin Netanyahu.

El abanico de contratos públicos abarca desde la formación de los cuerpos policiales, pasando por servicios de seguridad interna para la Policía vasca, hasta la provisión de herramientas de software y ciberseguridad para el arsenal tecnológico de la Ertzaintza. En este compendio de relaciones bilaterales hay hasta tres expedientes declarados secretos por el propio Gobierno Vasco, uno de ellos vinculado a distribuidoras del fabricante del spyware israelí Pegasus.

Tras la carga policial en el aeropuerto de Loiu, la Flotilla denunció que la Ertzaintza les había aplicado “las mismas tácticas brutales normalizadas por las doctrinas de seguridad israelíes”, añadiendo que lo sufrido “bajo custodia israelí tuvo continuidad en Loiu” y “deja a la vista la relación entre sionismo y PNV”. Para tratar de explicar este fenómeno hay algunas evidencias que mencionar.

Por un lado, la israelí Guardian Defense & Homeland Security, tras formar a un grupo de agentes de la Ertzaintza en 2014 en “técnicas muy depuradas, probadas en combate”, ha sido elegida en los últimos años para proveer chalecos antibalas y hasta un porta-granadas de aturdimiento y distracción a la Consejería de Seguridad. Al filtrarse en 2014 que Guardian Defense & Homeland Security, creada por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad de Israel y miembros del ejército retirados, publicitaba como cliente a la Ertzaintza, la firma que por entonces se presentaba como “100% Made Israel” optó por borrar esa información de su web.

Hordago-El Salto ha podido localizar cuatros contratos adjudicados directamente a Guardian Defense & Homeland Security, la empresa de un exagente de la inteligencia israelí, por un montante de 1,2 millones de euros

Hordago-El Salto ha podido localizar hasta cuatro contratos adjudicados a Guardian Defense & Homeland Security, formalizados entre 2012 y septiembre de 2023, buena parte de ellos a partir de octubre de 2021 y por un montante de 1,2 millones de euros. Dos de esas adjudicaciones, de 612.986 euros cada una, fueron para placas balísticas de chalecos antibala (en julio de 2022 y septiembre de 2023). Pero el asunto cobra más alcance todavía si tenemos en cuenta que Guardian Homeland Security tiene cuatro distribuidores oficiales en Euskadi. Uno de ellos, Armería La Jungla, es el negocio familiar de Amaya Martínez, la parlamentaria vasca de VOX.

Al menos tres distribuidores oficiales de una firma israelí en el País Vasco trabajan para la Ertzaintza, destacando Sumun Equipamientos, con un volumen de facturación de más de 306.000 euros en 21 contratos, y Comesa, que alcanza los 264.173 euros en 16 contratos. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco las contrata para suministrar uniformes, grilletes, munición o porras a las policías locales. Aunque en esta investigación no se cuentan las adjudicaciones a otros ramas de la administración que no sea el Departamento de Seguridad, Sumun Equipamientos ha sido proveedor de 55 armas cortas y tres pistolas taser para la policía municipal de Barakaldo, así como de diverso material taser para las udaltzaingoas de Basauri, Durango, Santurtzi y Trapagaran.

Al menos tres distribuidores oficiales de una firma israelí en el País Vasco trabajan para la Ertzaintza, destacando Sumun Equipamientos, con un volumen de facturación de más de 306.000 euros en 21 contratos, y Comesa, que alcanza los 264.173 euros en 16 contratos

Además, Sumun presume de tener una cartera de clientes que incluye más de un centenar de ayuntamientos de Euskadi. Entre las marcas que distribuye figuran la israelí F.A.B. Defense, proveedora de equipamiento táctico y accesorios para el Ejército (colaborado estrechamente con Fuerzas Especiales israelíes) y la Policía de Israel, y la israelí Rabintex, especializada en equipos de protección balística como chalecos y cascos.

Uno de los distribuidores autorizados de la firma israelí en Catalunya, Armería Ravell, también ha suministrado a la Policía vasca grilletes, bastones extensibles y fundas para chalecos de protección antidisturbios por valor de 340.000 euros. Viator Plus Ultra, distribuidor oficial de Guardian Defense & Homeland Security en Andalucía, también tiene contratos con la Ertzaintza, destacando uno de suministro de armas ligeras de precisión.

En 1993, la Ertzaintza recibió cursos de formación de la israelí Tandu Technologies & Security Systems, proveedora de servicios de seguridad para los puestos de control a lo largo del Muro de Anexión

Por otro lado, ya en 1993, la Ertzaintza recibió cursos de formación por parte de la israelí Tandu Technologies & Security Systems, proveedora de servicios de seguridad y comunicaciones para los puestos de control a lo largo del denominado Muro de Anexión. Además, cuando se creó la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía vasca en 1987, expertos del Mossad participaron en su formación. Un afiliado del PNV, Juan Karlos Pérez, escritor y colaborador del medio israelí Aurora, afirma que “se buscó el consejo y el apoyo del Mossad” para la creación de la Ertzaintza, “lo cual contribuyó a un mejor servicio y a una mejor manera de luchar contra la violencia terrorista”.

Como cuadratura del círculo que explica lo sucedido con los activistas de la Flotilla a su llegada a Euskal Herria, cuando la policía les reprimió con porras, el grupo ICTS, encargado de la seguridad del aeropuerto de Loiu y cuyo centro de Investigación y Desarrollo está ubicado en Israel, es otro contratista destacado de la Ertzaintza. Se trata de un grupo fundado por exagentes del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y de la unidad de seguridad de El Al (Israel Airlines).

A través de su filial I-Sec Aviation Security ha facturado 23.958.833 euros —casi 24 millones— en 19 contratos desde 2019, según los datos verificados por este medio. Es, con diferencia, el contratista con sello israelí más beneficiado por la administración vasca: la vigilancia del super-cuartel de la Ertzaintza de Oiartzun y de la Academia policial de Arkauti, y su centro de internamiento de menores, de varios puertos pesqueros, de algunos centros de salud de Osakidetza y de Metro Bilbao.

ICTS está presidido desde 2004 por Menachem J. Atzmon, condenado en 1996 por la justicia israelí por fraude a raíz de su rol como tesorero en la financiación de las campañas del Likud, partido que lidera Benjamín Netanyahu. Un miembro del Gobierno de Netanyahu, Nir Barkat, actual ministro de Economía e Industria en representación del partido Likud, fue uno de los primeros financiadores de la israelí Check Point, firma que colabora con Israel Aerospace Industries y ha llegado a contratar con la Ertzaintza, además de con otras entidades públicas de Euskadi como Euskal Telebista.

Otra firma que opera en el ámbito de la seguridad del aeropuerto de Loiu, Target Tecnología, distribuye productos de defensa israelíes y escáneres portátiles de rayos X usados en frontera, así como un sistema israelí anti-drones para el Ejército español. A su vez, es contratista del Gobierno Vasco para el mantenimiento de sistemas de escáner de inspección de paquetería y arcos detectores de metales en varios centros dependientes del Departamento de Seguridad, aunque la opacidad de la Plataforma de Contratación no permite confirmar si el software que proveen es Israel. Entre sus clientes figura Lehendakaritza desde diciembre de 2025.

Hordago-El Salto también ha podido comprobar que la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco tiene declarados como expedientes secretos hasta tres contratos adjudicados a firmas con una importante presencia en Israel. El primer expediente secreto que merece atención trata sobre la adquisición de licencias de software del fabricante Chainalysis, adquiridas en 2024 bajo pretexto de buscar “apoyo tecnológico para que la Ertzaintza pueda cumplir adecuadamente con sus investigaciones y análisis en transacciones de criptoactivos”.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha invertido cerca de un millón de euros en varios contratos para la adquisición de licencias de software Chainalysis, propietaria de las firmas israelíes Alterya y Hexgate, y a su vez contratista del National Bureau for Counter Terror Financing de Israel. La falta de transparencia tampoco permite conocer si estos son los softwares y licencias que se utilizan en el País Vasco forense para el “análisis de evidencias electrónicas”, cuyo coste asciende a casi un millón de euros.

Siguiendo con los expedientes secretos de la Ertzaintza, otro de ellos tiene que ver con el suministro de sistemas para la detección y neutralización de drones, contratado en 2024 con Telefónica Ingeniería de Seguridad por 94.108 euros. La compañía Telefónica fichó en abril de 2025 como asesor al exministro de Defensa israelí Amir Peretz, en su día máximo responsable de la agresión militar en Gaza denominada “Lluvia de verano” y hasta 2024 presidente del consejo de administración de Israel Aerospace Industries. Esta entidad israelí desempeña un rol técnico y operativo central en la actual agresión militar en Gaza, proporcionando la infraestructura tecnológica básica para la vigilancia, el reconocimiento y la ejecución de ataques en el terreno.

Los contratos mas cuantiosos con firmas israelís se firmaron sin concurso abierto y tres expedientes están declarados secretos por el propio Gobierno Vasco

La compañía Telefónica participa en el capital de las israelíes Upword (análisis de textos a través de Inteligencia Artificial), ClearX (blockchain), y Monogoto (servicios de conectividad para dispositivos públicos y privados). Entre 2016 y 2025, como Jefe de Seguridad de Telefónica ejerció Miguel Ángel Sánchez, exmando del Centro Nacional de Inteligencia español, exnúmero dos de la División de Inteligencia Interior.

Entre los contratos de Telefónica Ingeniería de Seguridad, además del sistema para la detección y neutralización de drones, merece destacar el suministro a la Ertzaintza de 1.387 bodycams (con ellas se grabó la carga contra miembros de la Flotilla) y de 16 pistolas taser, con un coste total de tres millones de euros. A los que habría que sumar otros cuatro millones facturados a la Ertzaintza por la matriz Telefónica de España por trabajos para la red de telefonía de la Policía vasca, incluyendo el servicio de enlace para la interceptación legal de comunicaciones.

Precisamente el sistema de intervención de las comunicaciones de la Ertzaintza, adquirido a la israelí Verint Systems, fundada por un exoficial de los servicios de inteligencia, es otro de los expedientes declarados secretos por el Gobierno Vasco, ya desvelado por este medio como el gigante del espionaje israelí detrás del sistema de monitorización telefónica. A la licitación de este contrato la Ertzaintza invitó en 2021 a Dars Telecom, Bae Systems y Excem, todas ellas intermediarias de NSO Group, fabricante del spyware israelí Pegasus. El citado contrato terminó quedando en manos de Excem, firma que opera en Israel como consultora de “productos de Defensa y Seguridad”. La relación de la Policía vasca con Excem se remonta a 2006, y desde entonces ha facturado por sus servicios un total de 2,5 millones de euros. Entre 1996 y 2006, como consejero de Excem figuró Julián García Vargas, exministro de Defensa.

Según publicó el medio israelí Shomrim en marzo de 2025, las empresas de seguridad israelíes tenían previsto mostrar sus productos a representantes de la Ertzaintza. El contenido de estas reuniones sigue sin trascender.

Excem es propiedad de la familia Hatchwell, quienes han llegado a figurar entre los principales donantes de las campañas electorales de Benjamín Netanyahu. La familia Hatchwell fundó el lobby sionista Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio, el mismo que llevó a los tribunales una denuncia contra las protestas propalestinas durante La Vuelta. Por esta protesta la Ertzaintza identificó a 48 personas, detuvo a tres de ellas y les denunció por delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad e infracciones a la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Por último, cabe añadir que dentro del contexto de secretismo que rodea la complicidad y sintonía entre ambas partes, iniciada décadas atrás, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantuvo un encuentro con la Agregaduría de Seguridad de la Embajada de Israel en 2021. Según el medio Shomrim (the Guardians) - The Center for Media and Democracy in Israel, en marzo de 2025, empresas de seguridad israelíes tenían previsto mostrar sus productos a representantes de la Ertzaintza. El contenido de estas reuniones sigue sin trascender.

Aun pudiendo reconocer que Israel es un centro mundial de fabricación de tecnología hi-tech, sus productos de marca “probados en combate” tienen una presencia desmedida en el arsenal de la Ertzaintza. Es el caso del software israelí Cellebrite para la Ertzaintza y un ejemplo de ello son sus equipos del sistema UFED para extracción de datos de teléfonos móviles. Es más, uno de los cursos de formación para operar con ellos lo impartió en la academia policial de Arkauti una filial del grupo, la israelí Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. La Ertzaintza ha llegado a gastar 568.000 euros en varios contratos en concepto de distintos servicios vinculados al software Cellebrite a través de distintas proveedoras. De nuevo, los datos a disposición pública tienen conceptos vagos que impiden trazar correctamente la procedendecia de los softwares utilizados.

Durante la agresión genocida contra Gaza, Israel está utilizando herramientas de Cellebrite para extraer datos de los teléfonos de miles de palestinos capturados y secuestrados, la gran mayoría civiles. También ha recibido financiación de una unidad de innovación del Pentágono para desarrollar una tecnología que permita cartografiar los túneles subterráneos de la Franja de Gaza.

Israel utiliza el software Cellebrite, presente en el arsenal de la Ertzaintza, para extraer datos de los teléfonos de miles de palestinos capturados en Gaza

Otro software instalado en los servicios informáticos y de comunicaciones del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco pertenece a la empresa israelí CyberArk. Esta firma, fundada por un veterano de la Unidad 8200, ha fichado como directivo a un exJefe del Centro de Operaciones de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas de Israel. Sus licencias llegan a la Ertzaintza a través de la distribuidora TRC BAT. Además, CyberArk es parte del ecosistema de partners de Ayesa, compañía participada por el Gobierno Vasco y contratista de la Ertzaintza.

En uno de los documentos a los que ha tenido acceso esta revista figura que la Ertzaintza acaba de licitar un contrató para adquirir un software de videovigilancia algorítmico fabricado por la israelí Briefcam. El Ministerio de Vivienda y Construcción de Israel utiliza el software Briefcam en los sistemas de al menos 98 emplazamientos de Jerusalén Este ocupada. Está equipado con reconocimiento facial y capacidades de búsqueda acelerada de formas, objetos, colores de ropa… dentro de transmisiones de video, especialmente de cámaras de vigilancia.

En uno de los documentos a los que ha tenido acceso esta revista figura que la Ertzaintza acaba de licitar un contrató para adquirir un software de videovigilancia algorítmico fabricado por la israelí Briefcam.

Si bien el Gobierno de Imanol Pradales prometió incorporar cláusulas en sus adjudicaciones para rescindir sus relaciones con empresas que colaboren con el genocidio en Gaza, sigue sin pronunciarse sobre un proyecto que estrecha lazos entre la Ertzaintza y una entidad israelí. Sin ir más lejos, en agosto de 2026 culminará el proyecto Notiones, liderado por la fundación vasca Tecnalia y donde la Ertzaintza y la israelí Bar Ilan University colaboraron con el objetivo de capacitarse, con ayuda de profesionales de servicios de inteligencia y seguridad militar, para afrontar los ciberataques. Esta universidad israelí apoya abiertamente la agresión en Gaza y está bajo escrutinio internacional debido a sus vínculos con el sistema de defensa de Israel. En palabras de Maya Wind, antropóloga israelí y autora de Torres de marfil y acero: “las universidades israelíes operan como cómplices del genocidio y del apartheid”.

Es evidente que en la era post-ETA, a partir de 2013, el modelo de la Ertzaintza cayó en barrena. Frente a ello, vendieron como remedio milagroso la modernización del Cuerpo. Dejaron a la Policía a merced del rumbo a ninguna parte de la tecnificación, a través de adquisiciones para el arsenal policial centradas en tecnología hi-tech preferentemente fabricada en mercados como Israel. Todo ello a espaldas del Parlamento Vasco y con la asistencia de las consultoras al timón de los nuevos planes estratégicos de seguridad. En el debate parlamentario sobre el declive del modelo policial en Euskadi hay ahora abierta otra ventana de reflexión, concretamente sobre el rol que desempeñan los intereses israelíes en la Ertzaintza.

I-Sec, fundada por exagentes del Shin Bet y de la unidad de seguridad de El Al, ha venido prestando servicios al super-cuartel de la Ertzaintza de Oiartzun, la Academia policial de Arkauti, el centro de internamiento para menores de edad de Zumarraga, Metro Bilbao, puertos pesqueros de Bizkaia, centros de salud de Osakidetza y, vía Aena, el aeropuerto de Loiu.

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En las declaraciones posteriores al episodio de represión policial vivido en el aeropuerto de Loiu el pasado sábado 23 de mayo, contradiciendo a los sindicatos policiales de la Ertzaintza, Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno vasco, afirmó que “los responsables de la Ertzaintza habían hablado con los responsables de seguridad del aeropuerto”. En Loiu, esa seguridad aeroportuaria está adjudicada a I-Sec Aviation Security, filial de la multinacional israelí ICTS, fundada en 1982 por exagentes del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y de la unidad de seguridad de El AI (Israel Airlines), presidida desde 2004 por Menachem J. Atzmon —condenado en 1996 por la justicia israelí por fraude a raíz de su rol como tesorero en la financiación de las campañas del Likud—, y que mantiene su centro de Investigación y Desarrollo en Israel.

Según testimonios presenciales, tras saberse que en el vuelo previsto a las 11.10 no llegarían los integrantes de la flotilla, solo había tres ertzainas visibles y alejados de la zona de llegadas. Los familiares y allegados se dispersaron ligeramente “para tomar café o retirar las piernas”, relata una de las personas presentes. Fue entre este momento y la llegada del segundo vuelo, previsto para las 13.23, cuando aparecieron varias furgonetas de antidisturbios y se desplegó el cordón policial. La secuencia y las declaraciones del consejero invitan a investigar qué sucedió en las casi dos horas entre ambos vuelos y qué llevó a la Ertzaintza a desplegar a los antidisturbios en un dispositivo que no estaba previsto inicialmente, así como a cuestionar el papel que pudo desempeñar la seguridad aeroportuaria en la activación o refuerzo del dispositivo.

La matriz ICTS fue fundada en 1982 por ex agentes israelís del Shin Bet y de la unidad de seguridad de El Al, y la preside Menachem J. Atzmon, condenado en 1996 por fraude en la financiación de campañas del Likud cuando era tesorero del partido de Netanyahu

El testimonio que ha podido recoger Hordago-El Salto concluye que “llegaron tres furgones y se pudieron a hacer identificaciones preventivas”, según explicaron los propios agentes a estas fuentes, para después “rodear los laterales de la barra de separación de llegadas para evitar que pudiéramos entrar al aurresku ni abrazar a los familiares y amistades”. En su intervención en inglés ante el Parlamento Vasco, Bingen Zupiria, ha señalado que uno de los integrantes empujó a un mando de la Ertzaintza y agredió a otro agente cuando intentaba mantener el perímetro de seguridad para justificar su actuación. Al mismo tiempo ha reconocido “la repercusión que han tenido estas imágenes en todo el mundo” y ha sentido lo ocurrido “especialmente porque no debería haber sucedido nunca”.

Lo ocurrido en Loiu es la rendija por la que se ha hecho visible una arquitectura de adjudicaciones públicas que llevaba años consolidándose en silencio. La empresa que custodiaba la terminal donde la Ertzaintza cargó contra los allegados de la Global Sumud Flotilla es la misma que prestó servicios de seguridad al super-cuartel de la Ertzaintza de Oiartzun, su academia de Arkauti, el centro de internamiento para menores de edad de Zumarraga, Metro Bilbao, varios puertos pesqueros de Bizkaia y varios centros de salud de Osakidetza. La pregunta sobre qué papel jugó la seguridad privada en la activación del dispositivo antidisturbios cobra una dimensión mayor cuando se sitúa sobre el mapa completo de los contratos públicos que el sector institucional vasco mantiene, desde finales de 2019, con I-Sec Aviation Security S.L.

La administración pública vasca ha externalizado estos servicios a una sociedad cuya matriz opera su I+D en Israel y está presidida por un exresponsable financiero del partido que hoy ordena la ofensiva sobre Gaza

El 30 de diciembre de 2022, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco —del que depende la Ertzaintza— formalizó con la sociedad I-Sec Aviation Security S.L. un contrato que cubre la vigilancia para el centro de internamiento para menores de edad Ibaiondo ubicado en Zumarraga. El contrato continúa hoy en estado de modificación, con un precio de adjudicación final superior a los dos millones de euros y una modificación de la prórroga por 1.312.500 euros adicionales. Pero no es el único: I-Sec acumula 19 adjudicaciones del sector público vasco desde finales de 2019, por un valor agregado de 23.958.833 euros con IVA si se contabilizan prórrogas y modificaciones contractuales.

Los datos proceden del análisis de la totalidad de adjudicaciones publicadas en la plataforma oficial de contratación pública de Euskadi. La administración pública vasca ha externalizado estos servicios a una sociedad cuya matriz registra su domicilio social en los Países Bajos, opera su I+D en Israel y está presidida por un exresponsable financiero del partido que hoy ordena la ofensiva sobre Gaza. Este recuento se cierra después del fin de semana —23 y 24 de mayo— en el que la Ertzaintza cargó contra los activistas de la Global Sumud Flotilla a su llegada a Loiu, una operación sobre la que informé añadiendo el rol de I-Sec en labores de seguridad del aeropuerto.

Cuatro de los diecinueve contratos firmados por I-Sec en la Comunidad Autónoma del País Vasco los gestiona directamente el Departamento de Seguridad. El más visible —y el más antiguo— es el del super-cuartel de la Ertzaintza en Oiartzun (Gipuzkoa) por dos millones de euros en la adjudicación inicial de 2020, a los que se fueron sumando dos prórrogas posteriores hasta enero de 2024 de un millón de euros cada una, hasta alcanzar la cifra de cuatro millones. Le sigue la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkauti (Araba), donde I-Sec se hizo cargo en 2020 del servicio de seguridad privada por 1.512.296 euros, contando con una prórroga hasta noviembre de 2024 por el mismo importe, lo que eleva la cuantía total del contrato a 3.024.592 euros.

Diez meses antes, en julio de 2020, el mismo departamento le había adjudicado un contrato menor de 11.000 euros, por la vía de “emergencia covid-19”, para la protección personal de 22 personas durante las elecciones al Parlamento Vasco de aquel año. El cuarto contrato del Departamento de Seguridad es el ya citado de diciembre de 2022, correspondiente al centro de internamiento para menores de edad Ibaiondo, ubicado en Zumarraga (Gipuzkoa), cuyo coste ascendió a 1,6 millones.

La empresa ha venido custodiando el super-cuartel de la Ertzaintza de Oiartzun, su academia de Arkauti, un centro de internamiento de menores, el Metro de Bilbao, varios puertos pesqueros y parte de la red de Osakidetza, además del aeropuerto de Loiu vía Aena.

La adjudicación de mayor cuantía no procede, sin embargo, del Departamento de Seguridad. Metro Bilbao S.A. formalizó el 10 de marzo de 2025 un contrato por 6.492.884 euros. La vigilancia de parte de las instalaciones y del material móvil del suburbano queda, hasta la finalización del contrato, en manos de la filial de ICTS.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco firmó en diciembre de 2019 la seguridad de los puertos de Ondarroa, Lekeitio, Mundaka y Bermeo por 2.621.427 euros, e incorporó después tres modificaciones contractuales en julio de 2020, marzo y julio de 2021 (19.180, 176.083 y 38.384 euros) y una prórroga en enero de 2022 por 2.797.510 euros, hasta totalizar 5.652.584 euros en el conjunto del contrato. A esa cifra se suman dos contratos menores —cobertura estival de los puertos de Armintza y Elantxobe en 2020 por 18.132 euros y servicio complementario para la nueva lonja de Ondarroa en febrero de 2021 por 17.642 euros.

El contrato de mayor cuantía lo firmó Metro Bilbao el 10 de marzo de 2025: 6.492.884 euros con IVA por la vigilancia de las instalaciones y del material móvil del suburbano

Osakidetza concentra el otro polo del entramado y es —por detrás de Metro Bilbao y del Departamento de Seguridad— la tercera pata más voluminosa del recuento. La Red de Salud Mental de Bizkaia formalizó el 11 de febrero de 2020 dos lotes del mismo expediente: el Lote 3 del Hospital de Zaldibar, por 612.503,55 euros, y el Lote 4 del Hospital de Zamudio, por 905.848 euros, ambos con una duración prevista de 24 meses. Tres años después, en junio de 2023, la misma RSMB adjudicó dos contratos consecutivos —ambos hoy en modificación— para los centros de salud mental Uribe y Ajuriaguerra, por 33.987,06 euros cada uno, a los que se han incorporado dos prórrogas por contrato (de 16.993,53 y 25.490,30 euros respectivamente).

El Hospital Gorliz adjudicó en 2023 cuatro contratos menores de seguridad a I-Sec por 69.423,32 euros en conjunto, y la entidad foral de Araba Agencia de Desarrollo le entregó dos contratos consecutivos (enero de 2023 y octubre de 2024) por la vigilancia diurna del antiguo Colegio Izarra International College, en el concejo de Beluntza (Araba), por 63.201,52 euros conjuntos.

Loiu: la puerta que Aena entregó al grupo de Atzmon

El aeropuerto de Bilbao, en Loiu, queda fuera de la jurisdicción de la plataforma oficial de contratación pública de Euskadi porque su explotación depende de Aena, sociedad mercantil estatal mayoritariamente pública. El 30 de noviembre de 2023, ya iniciada la ofensiva sobre Gaza, Aena adjudicó a I-Sec el centro de gestión aeroportuaria y el control de pasajeros y equipajes facturados de 14 aeropuertos —entre ellos Bilbao, Gasteiz y Hondarribia— por más de 268 millones de euros para los cuatro años siguientes. La operación convertía a la filial española del grupo israelí en la segunda mayor proveedora de seguridad de la red estatal, con el 30% del total.

La hoja de servicios de ICTS en aeropuertos europeos y norteamericanos no se sostiene sobre una historia de eficacia operativa. Su filial Huntleigh USA era responsable del cribado de embarque en Boston-Logan y Newark el 11 de septiembre de 2001. El propio grupo gestionaba la seguridad del aeropuerto Charles de Gaulle de París cuando, el 22 de diciembre de aquel año, Richard Reid embarcó con explosivos en los zapatos en un vuelo a Miami.

Aena adjudicó a I-Sec el 30 de noviembre de 2023, ya iniciada la ofensiva sobre Gaza, la seguridad de 14 aeropuertos —entre ellos Bilbao, Gasteiz y Hondarribia— por más de 268 millones de euros, convirtiéndola en la segunda mayor proveedora de la red estatal con el 30% del total.

Sus filiales I-SEC y PI operaban el cribado de pasajeros del aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, cuando, el 25 de diciembre de 2009, el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab cruzó los controles con un explosivo cosido a la ropa interior rumbo a Detroit.

Haaretz publicó entonces, en enero de 2010, un reportaje titulado “Empresa israelí señalada por dejar pasar a un aspirante a bombardero”. Ninguno de aquellos episodios impidió que el grupo siguiera concentrando contratos públicos a ambos lados del Atlántico. La estabilidad del negocio, en su caso, no parece dependiente del desempeño técnico, sino del prestigio comercial que sus operadores —ex agentes del Shin Bet y de El Al— han exportado durante cuatro décadas bajo la etiqueta de “doctrina israelí” de seguridad aeroportuaria.

ICTS: del Shin Bet al Likud

ICTS International N.V. fue creada en 1982 por un grupo de profesionales del Shin Bet —el servicio de seguridad interior israelí— y de la unidad de seguridad de la aerolínea El AI, con el objetivo declarado de exportar al mercado privado los protocolos desarrollados por Israel para la protección de la aviación comercial. Su accionariado de control quedó hace dos décadas en manos de Menachem J. Atzmon, presidente del consejo de supervisión desde 2004 y propietario de más del 60% del capital a través de un fideicomiso familiar.

La trayectoria pública de Atzmon en Israel no se limita a la gestión empresarial: en 1996 fue condenado por fraude en la financiación de las campañas electorales del Likud, delitos cometidos cuando ejercía como tesorero del partido que hoy lidera Benjamín Netanyahu y cuyo Gobierno coordina la ofensiva en Gaza.

Filiales de ICTS estaban a cargo del cribado en Boston-Logan y Newark el 11-S, en Charles de Gaulle cuando Richard Reid embarcó con explosivos en los zapatos, y en Schiphol cuando el “bombardero de la ropa interior” cruzó los controles rumbo a Detroit.

El grupo opera hoy a través de tres grandes filiales. I-SEC International Security Group, con sede registrada en los Países Bajos, agrupa la actividad de seguridad aeroportuaria que en el Estado español canaliza I-Sec Aviation Security S.L. La estadounidense Huntleigh USA, encargada del cribado de pasajeros en aeropuertos norteamericanos, fue la responsable del filtro de embarque de los aviones que salieron de Boston-Logan y de Newark el 11 de septiembre de 2001 y se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

La tercera filial, Au10tix, también con base en Israel, opera los sistemas de verificación de identidad de plataformas digitales como X y PayPal: el mismo grupo que escanea el equipaje en Loiu valida la identidad de los usuarios que abren una cuenta en la red social comprada por Elon Musk. Hace meses que organizaciones del movimiento BDS reclaman a administraciones europeas que no renueven contratos con la matriz ICTS por su engarce con la economía israelí de la seguridad.

Trece contratos públicos adjudicados por el Gobierno Vasco, IZFE, ITELAZPI, EITB, NEIKER y los ayuntamientos de Bilbao y Getxo hacia servicios en ciberseguridad de Check Point, CyberArk y una sociedad agritech israelí desde 7 de octubre de 2023. El grueso del gasto se ejecuta a través de integradores como Thales S21Sec.

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En febrero de 2024, NEIKER —el instituto vasco de investigación agraria dependiente del Gobierno Vasco— firmó un contrato menor de 18.029 euros con la sociedad israelí S.R.M T.E.S Investments Ltd para adquirir “Israeli indoor tech”, tecnología de cultivo bajo cubierta. Es el único contrato desde que comenzó el genocidio en Gaza en el que una empresa con razón social israelí aparece directamente como adjudicataria de un poder público vasco. El resto, los doce contratos por 317.504 euros, se adjudican a integradoras españolas que renuevan licencias, soporte y hardware de dos firmas israelíes que se han convertido en infraestructura básica de ciberseguridad de las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca (CAPV).

Los datos proceden del análisis con Python de los 230.273 contratos publicados en KontratazioA, la plataforma única de contratación pública de Euskadi, desde el 7 de octubre de 2023. La API oficial del Gobierno Vasco no expone la nacionalidad del adjudicatario, hay que ir nombre a nombre, CIF a CIF, leyendo el objeto del contrato. La fotografía resultante es la de una administración que, mientras el Parlamento Vasco aprobaba mociones en favor de la paz, seguía renovando suscripciones a dos de las marcas más reconocibles del complejo cibermilitar israelí.

Las dos tecnológicas que concentran el gasto comparten genealogía. Check Point Software Technologies, con sede en Tel Aviv, fue fundada en 1993 por Gil Shwed y otros oficiales recién licenciados de la Unidad 8200, la división de inteligencia de señales del Ejército israelí —equivalente funcional de la NSA estadounidense— responsable de la vigilancia masiva sobre Cisjordania y Gaza. CyberArk, con sede en Petah Tikva, fue fundada por Udi Mokady, también veterano de la 8200, y está especializada en la gestión de cuentas privilegiadas (PAM), un software que controla quién puede entrar en los servidores más sensibles de una organización.

Las dos figuran en los listados de objetivos prioritarios del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que reclama a universidades, hospitales y administraciones públicas que dejen de renovar contratos con tecnológicas que el movimiento vincula con la economía de la ocupación.

Check Point y CyberArk fueron fundadas por oficiales de la Unidad 8200, la división de inteligencia de señales del Ejército israelí responsable de la vigilancia masiva sobre Cisjordania y Gaza

El reparto institucional del gasto dibuja el mapa de la dependencia vasca sobre el software israelí. La Sociedad Foral Gipuzkoana de Servicios Informáticos (IZFE) firmó dos contratos por 152.583 euros: uno por 120.395 euros para renovar la plataforma Check Point a través de Thales S21Sec en diciembre de 2024 y otro de 35.090 euros con Beclever por mantenimiento de CyberArk a finales de 2023. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco —del que depende la Ertzaintza— acumula dos renovaciones de licencias CyberArk en marzo de 2025 y marzo de 2026, ambas adjudicadas por contrato menor a la integradora TRC BAT, por un total de 35.171 euros.

ITELAZPI, sociedad pública de telecomunicaciones, suma dos contratos menores Check Point (11.939 euros). BILBAOTIK, sociedad municipal de Bilbao para la tarjeta única, adjudicó el pasado mes de marzo —ya con el alto al fuego suspendido en Rafah— 48.398 euros a Thales S21Sec por el mantenimiento de sus firewalls Check Point. EITB, el ente público de radiotelevisión vasco, renovó en noviembre de 2023 el soporte del firewall Check Point por 30.225 euros; una relación que las fuentes de Ahoztar Zelaieta datan de 25 años de antigüedad. El Ayuntamiento de Getxo, gobernado por el PNV, es el adjudicador con más contratos: cuatro renovaciones y servicios Check Point firmados a Grupo S21Sec y Thales S21Sec entre marzo y julio de 2025, por 36.186 euros.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, del que depende la Ertzaintza, renovó dos veces en doce meses las licencias de CyberArk para blindar sus servidores

Los nombres de los integradores también dicen algo sobre cómo se produce el transvase de recursos públicos a empresas israelís. Thales S21Sec, que se queda con los contratos de mayor importe, es la filial ibérica de la multinacional francesa de defensa Thales, que en octubre de 2022 cerró la compra de la empresa guipuzcoana de ciberseguridad por 120 millones de euros. Lo que en los pliegos vascos se etiqueta como “ciberseguridad” llega, por tanto, ensamblado por una de las grandes industrias del armamento europeo y construido sobre código de una compañía nacida en la inteligencia militar israelí.

Cabe señalar una advertencia metodológica: en los contratos indirectos, el importe no se desplaza íntegro hasta Tel Aviv. El integrador español se queda con su margen de servicios, despliegue y soporte, y solo una fracción se transfiere a las casas matrices israelíes en concepto de licencias. Aun así, la elección de marca importa. Renovar Check Point o CyberArk significa asumir la dependencia tecnológica a varios años vista: migrar de plataforma de seguridad perimetral o de gestor de accesos privilegiados es una operación costosa que los responsables informáticos de las administraciones aplazan año tras año.

Hasta el Gobierno español ha reconocido la dimensión infraestructural de este problema. En mayo de 2025, fuentes del Ejecutivo admitieron a varios diarios que “la mayoría de la ciberseguridad es israelí” y que prescindir de esa tecnología resultaba “inviable” a corto plazo, en pleno debate sobre el embargo de armas a Israel.

El grueso del gasto militar español con Israel se concentra en el Ministerio de Defensa, por lo que las administraciones vascas no compran armas, sino servicios de ciberseguridad nacida en la misma industria

El cuadro vasco también obliga a una segunda lectura. El grueso del gasto militar español con Israel —los misiles Spike de Rafael, el sistema SILAM, los drones Hermes de Elbit— se concentra en el Ministerio de Defensa, fuera del perímetro vasco. Las administraciones de Euskadi no compran armas a Israel: compran sus servicios de ciberseguridad. Pero el límite entre ambos negocios es poroso. La propia Unidad 8200, semillero de Check Point y CyberArk, es la que opera los sistemas de vigilancia que documentan organismos como la ONU sobre la población palestina ocupada.

En septiembre de 2021, Hordago-El Salto reveló que el Gobierno Vasco, la Ertzaintza y el Ayuntamiento de Bilbao habían adjudicado 1,66 millones de euros a Guardian Defense & Homeland Security, la empresa de Ilan Arzoolan, exagente del Mossad, para barreras antiembestida, uniformes y formación policial. Aquel reportaje trazaba la huella material israelí en las calles vascas. Este nuevo recuento traza la huella inmaterial: el software que filtra el tráfico, custodia las contraseñas administrativas y vigila los servidores de las instituciones vascas.

Los datos publicados tienen, además, varias zonas de sombra. Los contratos menores —por debajo de 15.000 euros sin IVA en servicios— publican menos información, y la API oficial no permite descargar el pliego íntegro. Los grandes acuerdos marco interadministrativos, que muchas entidades vascas usan para comprar licencias de manera agregada, no siempre desglosan el fabricante. Y la base de datos tampoco registra subcontratas: si una integradora española factura un servicio “propio” y por debajo despliega Check Point, el rastro se pierde. La cifra de 335.533 euros es, por tanto, un mínimo. Lo que esconde la opacidad de los contratos públicos está, casi con seguridad, por encima de esa cifra.

La Unidad 8200, además de ser el lugar de procedencia de los fundadores de Check Point y CyberArk, es la unidad que desarrolló los sistemas de inteligencia artificial Lavender y The Gospel, que el Ejército israelí ha empleado en su campaña sobre Gaza desde octubre de 2023. Según la investigación de la revista israelí-palestina +972 Magazine y Local Call, Lavender llegó a marcar como objetivo militar a 37.000 palestinos —en muchos casos hombres con vínculos remotos con Hamás o la Yihad Islámica— y permitió bombardear viviendas con sus familias durante la noche con un umbral admitido de “15 o 20” víctimas civiles colaterales por cada objetivo de bajo rango. Tribunales internacionales y relatores de la ONU han incorporado estos programas a su escrutinio sobre presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y, en el procedimiento abierto por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia, al posible cargo de genocidio.

Ni Check Point ni CyberArk son contratistas militares directos de esos sistemas, pero ambas comparten una bolsa de talento y una doctrina técnica con la unidad que los opera: el ecosistema cibermilitar israelí es un mismo continuum del que las administraciones vascas compran su rama “civil”.

Además, los dos proveedores también han tenido un rol importante durante el genocidio. CyberArk reconoció públicamente el 13 de octubre de 2023, en un comunicado firmado por su consejero delegado Matt Cohen, que parte de su plantilla en Israel había sido movilizada como reservistas; medios especializados informaron, además, de que la compañía planeaba apoyarse en su creciente centro de I+D en la India para cubrir las ausencias.

Según un reportaje del medio especializado The Record, el sector cibernético israelí absorbió en las primeras semanas tras el 7 de octubre la llamada masiva a la reserva de buena parte de su plantilla, mientras profesionales del sector se organizaban en paralelo para reforzar la ciberdefensa de empresas e instituciones israelíes frente a la oleada de ataques hacktivistas. En julio de 2025, con la Operación Carros de Gedeón en curso sobre Gaza, la estadounidense Palo Alto Networks anunció la compra de CyberArk por 25.000 millones de dólares, una operación que blinda al ecosistema cibernético israelí dentro del mayor conglomerado de ciberseguridad del mundo. Check Point, por su parte, sigue cotizando en Nasdaq con sede central en Tel Aviv y mantiene plantilla en el país sin que su consejo haya hecho declaración alguna que tome distancia del genocidio.