Lo de Cataluña no necesita mucha explicación, porque desde las últimas elecciones autonómicas del 25-N de 2012 la escalada por el secesionismo es tan evidente como la pasividad con la que está siendo contemplada por el Gobierno ‘tancredil’ de Mariano Rajoy, atrincherando su política en el último recurso a la ley. Ahí me las den todas, y el que venga detrás que arree.
De promover reformas institucionales para frenar el debilitamiento del Estado y reforzar sus deteriorados cimientos, nada de nada. Y de recuperar sus competencias constitucionales banalmente cedidas durante el nefasto bipartidismo PP-PSOE, sometido por el juego de las bisagras nacionalistas, menos todavía.
Unos y otros, han arrebatado al Estado funciones genuinas e intransferibles en materia de Justicia, Educación, Sanidad, Seguridad Nacional…, en un proceso desmedido sin coto ni sentido, poniendo en grave riesgo el propio modelo autonómico. Porque las Autonomías sólo son posibles -y esto algunos políticos torpes no lo entienden- si se mantiene el referente común, el Estado que las ampara y tutela: si éste se diluye, las transferencias autonómicas no tendrán razón de ser, convertidas en la pura nada o en el cantonalismo fracasado de la I República.
Así, la mejor garantía del desarrollo autonómico ‘descentralizado’, no es otra que la de acompañarlo con un Estado sólido y fortalecido en sus competencias esenciales, las que naturalmente han de ser propias para todos los españoles, porque sólo en esa comunión de intereses compartidos pueden arraigarse y consolidarse las autonomías como ‘brazos de España’, pero no como entes sustitutivos. Lo contrario, tratar que las autonomías se opongan al Estado o prevalezcan sobre él, sólo conduce a la larga a la dilución nacional en términos absolutos, que es el camino por el que hemos venido caminando y por el que no se puede caminar más, conviniéndonos a todos desandarlo en un buen trecho o ‘racionalizarlo’ precisamente para que pueda sobrevivir.
El 25-N consolidó en Cataluña una mayoría parlamentaria partidaria de su secesión del Estado español de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente ‘españolista’ de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), mucho menos cohesionada y sin una misma idea sobre la organización territorial del Estado: cosa grave a estas alturas de la historia. Y una visión aritmética de la política que mostró la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, sin que el Gobierno de Rajoy tomara nota de ello.
Ahora, veremos qué sucede el 27-S con la ‘candidatura secesionista única’ y si los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, nacidos al amparo de la incompetencia bipartidista PP-PSOE, son capaces de frenar esa marea letal para España. Porque, además, el ‘problema catalán’ realimenta también el problema vasco y el problema navarro.
Esos tres territorios, esenciales en la panorámica histórica de la España invertebrada, están llevando al PP a la marginalidad política, seguido del PSOE. Un hecho tan evidente y significativo que su desprecio por parte de ambos partidos es absolutamente incomprensible.
Como lo es la contumacia popular de no haber querido recuperar el exceso de competencias transferidas a las autonomías, en una legislatura de mayoría parlamentaria absoluta (otorgada entre otras cosas para eso). O la socialista empeñada en proponer un Estado Federal indeseado e impreciso, que en vez de alejarnos del abismo político nos acerque más a él; o sea, acrecentando el error en lugar de enmendarlo.
Tres son los factores que han incidido en el fracaso político del PP, evidente a partir de las elecciones europeas del 26 de mayo de 2014, continuado un año más tarde con las municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo y sin la menor duda consolidable en las próximas elecciones catalanas del 27-S. La primera de ellas es el exceso de políticas antisociales con el que se ha afrontado la salida de la crisis; la segunda es la falta de coraje para erradicar la corrupción política y la tercera el haber pasado de las reformas institucionales necesarias para apuntalar o rehabilitar el desgastado modelo político heredado de la Transición.
Cada uno de ellos es, de por sí, suficientemente grave como para mandar un Gobierno de mayoría parlamentaria absoluta a la oposición, simplemente como castigo electoral y sin necesidad de sopesar mucho la valía de la alternativa política disponible. Pero los tres en conjunción son letales.
Entre ellos destaca sobremanera, el no haber reconducido el Estado de las Autonomías, en cuyo corazón anidaron de la mano el escándalo de las Cajas de Ahorro y la corrupción política institucionalizada. Sobre todo porque esas reformas no tenían coste económico alguno, sino todo lo contrario; y porque la sociedad en su conjunto era consciente de que el déficit público estaba básicamente generado por el despilfarro autonómico.
Claro está que para afrontar esa necesaria decisión política hay que tener mejor visión de la jugada política de la que tiene Rajoy; hay que ser un auténtico estadista y tratar de servir más al Estado que al partido. Pero esa es otra historia…
Ahora, en lo que estamos es en advertir cómo la insolvencia de Rajoy para afrontar el ‘problema catalán’ pesará no sólo en el resultado electoral del PP en las elecciones de 27-S (a la baja con toda seguridad) sino, acto seguido, también en las inmediatas elecciones generales.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Cataluña, con orígenes políticos en el antiguo PSUC y después promotor significado de Ciutadans, acaba de destacar en un artículo titulado ‘¿Colar goles al Estado?’ (El País, 20/07/2015) la ola de desobediencia a las leyes que invade Cataluña. Y sostiene también que, sin embargo, la Constitución tiene previstas respuestas que permiten garantizar los derechos y libertades de los españoles ante una amenaza de secesión como la que allí se soporta de forma permanente.
Como exposición introductoria, el profesor Carreras dice, y dice bien: “(…) Por tanto, que las autoridades catalanas vulneren el derecho ante la complacencia general, ya forma parte de la normalidad catalana, no es noticia. Además, los sectores influyentes de la sociedad -sindicatos, patronal, asociaciones conocidas, empresarios relevantes, mandarines culturales o presidentes del Barça-, o están de acuerdo con quienes incumplen la ley o se mantienen cómodamente callados para no meterse en líos: se quejan en privado pero enmudecen en público, como durante el franquismo, tampoco nada nuevo. Ante el poder, cobardía: ¿es siempre así la condición humana?”.
Y, a continuación se pregunta “¿Qué puede y debe hacer el Estado ante tal situación?”. Para él, la respuesta constitucional es clara y la ofrece el artículo 155 CE, que en un redactado muy parecido al que se recoge en la Constitución alemana establece el mecanismo de la llamada “coerción federal”.
En términos más entendibles se trata de la intervención de la Comunidad Autónoma o de los organismos que en su caso proceda, por parte del Estado. Exactamente, el citado artículo de la Constitución establece:
- 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Entonces, la pregunta que también puede hacerse uno es esta: ¿Por qué no se ha aplicado en su momento el artículo 155 CE para, sin ir más lejos, garantizar el uso del español como lengua vehicular en todos los centros educativos y de enseñanza, como han establecido de forma reiterada los tribunales correspondientes…? ¿Por qué no se ha atajado a tiempo la enfermedad secesionista, en sus primeros síntomas, evitando su mortal infección extensiva…?
Y sólo se nos ocurre una contestación: Ni Rajoy ni su Gobierno, sustentados por una inútil mayoría parlamentaria absoluta en el Congreso y el Senado, tienen redaños para ello. Habrá que buscarlos en otro sitio, porque la solución ‘marianista’ de aplicar la ley a rajatabla sólo cuando el problema haya explotado, nos lleva a la indeseable solución de la espada.
Pero antes de tomar la espada, que es a lo que nos está avocando el torpe pasotismo de Rajoy, es obligado jugar con la política: algo para lo que, evidentemente, él no está capacitado. Alguien debe tomarle el relevo con urgencia para entender por qué casi la mitad de los catalanes no quieren ser españoles y sustituir la confrontación institucional (el choque de trenes) por el entendimiento y la vertebración nacional. Seguiremos con el tema.
Fernando J. Muniesa
