Un ejemplo paradigmático para su estudio porque reproduce el mismo esquema aplicados en muchos otros acontecimientos. Lo ocurrido en Chile fue la típica operación montada por los anacletos de turno para justificar una inexistente campaña de “desinformación”, generalmente de origen ruso, sobre los acontecimientos en algún país de la órbita occidental. El axioma es muy sencillo: Si las protestas populares ocurren en un país calificado como “enemigo” son legítimas y democráticas. Si ocurren en un país liberal de la órbita globalista, han sido artificialmente alimentadas por campañas de desinformación, rusa, china, iraníes o venezolanas. Para sostener tamaña majadería cobran los anacletos una nómina que pagamos entre todos…
Ahora, a casi un año del inicio del estallido social en Chile, el fiscal metropolitano Manuel Guerra afirmó que las acusaciones del Gobierno de Sebastián Piñera sobre una supuesta “intervención extranjera” en las protestas antigubernamentales "fue solo humo".
Durante una entrevista hecha por Radio Universo, Guerra aseveró que hasta la fecha "no existe ese 'enemigo poderoso' del que habló el presidente", quien en unas declaraciones hechas a pocos días del inicio de las manifestaciones se refirió a una supuesta "organización criminal" cuyo "único propósito" era "producir el mayor daño posible a todos los chilenos".
El fiscal capitalino también habló sobre el informe preparado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que fue entregado por el Ministerio de Interior a la Fiscalía a finales de diciembre para sustentar la supuesta participación internacional en las protestas.
"Pocos días después de ocurrir estos hechos hubo información que daba cuenta de intervención extranjera, que fue señalada por el presidente, pero los antecedentes de esa organización, al menos al Ministerio Público, nunca llegaron", dijo Guerra.
En esa oportunidad, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, catalogó el documento como "información extraordinariamente sofisticada a partir del análisis con tecnología de Big Data". Sin embargo, Guerra afirmó que esa información "al final fue solo humo, no hubo nada".
"Lo que se entregó no tenía ninguna relevancia ni significó un aporte sustancial a las investigaciones que permitiera identificar a sujetos como autores. Lo que había era elucubraciones en función de publicaciones en redes sociales y eso no sirve como prueba para sustentarlo en un tribunal", agregó el fiscal metropolitano.
Según ese polémico estudio, que en su oportunidad recibió duras críticas, el 31% de los usuarios de las redes que mostraban una posición crítica al Gobierno chileno no vivían en ese país. Entre los cinco grupos de comunidades de opinión o de influencia que se identificaron en el texto se encontraban RT y el canal venezolano TeleSUR, por supuestamente impactar en las conversaciones virtuales a partir del 19 de octubre, cuando dieron cobertura, como el resto de los medios, a la actuación de los cuerpos de seguridad tras el decreto del estado de emergencia.
Entre estos grupos de influencia también se incluyeron a futbolistas; políticos del Partido Comunista y del Frente Amplio; jóvenes críticos con el Gobierno y fans del k-pop; artistas como la cantante chilena Mon Laferte, el cantautor español Ismael Serrano, el rapero puertorriqueño Residente y el actor argentino Juan Diego Botto, entre otros.
El Gobierno de Chile atribuyó la autoría del informe a la empresa española Alto Analytics, que ha elaborado otros estudios donde se señala la existencia de un rol relevante de medios rusos como RT o Sputnik en acontecimientos políticos o sociales como el Brexit, las elecciones italianas o el proceso independentista en Cataluña. Más adelante diremos algo sobre esta extraña compañía.
"Explotó algo"
Guerra, quien ya había negado los señalamientos del Gobierno sobre la participación foránea en los ataques contra el transporte capitalino durante las manifestaciones, fue enfático al decir que no se puede hablar de una "megaestructura" que se puso en funcionamiento ni de "un ejército, de un grupo de personas que se reunió dirigidas y coordinadas ".
El fiscal considerado que las causas del descontento social no obedecen a esa actuación internacional aducida por la Administración de Piñera. "Lo que hay son elucubraciones, pretensiones a veces de: 'ojalá poder encontrar una organización para poder justificar esto'".
En su opinión, en el país "explotó algo" y hubo "un movimiento social transversal muy fuerte" al que contribuyeron decisiones "que no fueron las más adecuadas en ese momento". "El que diga lo contrario lo que pretende hacer es justificar su posición", afirmó.
El fiscal metropolitano defiende la hipótesis de que en "el estallido social participó gente que no tenía coordinación entre sí", como estudiantes de bachillerato, universitarios, trabajadores, hinchas de barras bravas de equipos de fútbol e incluso delincuentes.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, durante las protestas que se extendieron por varios meses, hasta marzo de este año, se contabilizaron 3.838 personas heridas, 460 de ellas con daños oculares. Además, se han reportado por lo menos 34 muertes ocurridas durante esos sucesos.
La extraña entrega gratuita del informe sobre injerencia extranjera por parte de Alto Analytics
La polémica en torno al informe presentado por el Gobierno de Chile sobre la supuesta injerencia extranjera en el contexto de su crisis social se centra en su autoría y la hasta ahora oscura relación entre quien lo elaboró, la compañía española Alto Analytics, y quien lo recibió: la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI).
La incógnita surge de un comunicado oficial emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile, que indica que fue la firma española quien "puso a disposición de la ANI" el informe en cuestión, pero no aclara los motivos de esa entrega, ya que en la propia nota informativa, el ministerio insiste en que "el informe no fue encargado por el Gobierno de Chile ni financiado con recursos públicos".
Según una información revelada por el medio chileno Interferencia, a lo largo del lunes 2 y el martes 3 de diciembre pasado habría tenido lugar, en las instalaciones de la ANI, una reunión entre representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de la propia agencia de Inteligencia, a la que también habrían acudido tres personas más: el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, un representante español de Alto Analytics, y una figura especialmente relevante en esta secuencia de hechos: el exministro de Interior y Defensa y ejecutivo del consorcio empresarial Grupo Luksic, Rodrigo Hinzpeter.
Mauricio Lob, gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones del grupo Quiñenco, ex director de la Secom y ex subsecretario en el primer gobierno de Sebastián Piñera, estuvieron en la reunión en la que un miembro de la firma española Alto Data Analytics expuso a un grupo de más de 20 personas un análisis de inteligencia sobre la conducta en las redes sociales tras el estallido del 18 de octubre.
A las dos reuniones citadas, que se realizaron en dependencias de la ANI el 2 y 3 diciembre del año pasado asistieron miembros de las tres ramas de las fuerzas armadas, además de Carabineros, el director de ese servicio Gustavo Jordán y algunos de sus analistas, varios funcionarios del ministerio del Interior, encabezados por el entonces subsecretario Rodrigo Ubilla, además de los dos altos ejecutivos de Quiñenco.
La primera cita se efectuó la tarde del lunes 2 de diciembre, y la segunda en la mañana del martes 3. En ambas ocasiones, José Luis Cansado, director de la firma española, hizo una presentación en PowerPoint exponiendo ciertos hallazgos de esa empresa, según reveló el diario La Tercera.
El objetivo de estas reuniones fue exponer las principales “conclusiones” del informe de Big Data que pocas semanas más tarde el Ejecutivo de Sebastián Piñera presentaría al público como "información extraordinariamente sofisticada" sobre la participación extranjera en las protestas.
A raíz de la publicación de estos detalles, Quiñenco, empresa matriz del Grupo Luksic en la que trabaja el mencionado exministro Hinzpeter, quiso desmarcarse de la polémica asegurando, en otro comunicado oficial, que se limitaron a "poner en contacto a ese proveedor [Alto Analytics] con autoridades del Estado, para su propia consideración y evaluación".
En el mismo comunicado, difundido por el propio Andrónico Luksik, presidente de Quiñenco, aseguran que conocen a la firma española desde que la contrataron para "el monitoreo de información política" tras sufrir un intento de atentado en julio de 2019, y que fue "la alta capacidad de análisis que demostró Alto Analytics" lo que les motivó a facilitar la conexión de esta firma con el Gobierno.
Desde Quiñenco aseguran ignorar, en todo caso, "si el Estado contrató los servicios de Alto Analytics", así como el contenido del informe que se hizo público. De lo que se desprende que tampoco esta empresa habría encargado ni pagado la confección de dicho informe.
Venezuela, Cuba, Rusia... y hasta el K-Pop: claves del “informe”
Para la elaboración del informe, según detalló en su día el Gobierno de Sebastián Piñera, se analizó el comportamiento de cinco millones de usuarios de las redes, que generaron 60 millones de comentarios entre el 18 de octubre, cuando se decretó el estado de emergencia, y el 21 de noviembre, dos días después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera medidas de reparación ante el uso excesivo de la fuerza de Carabineros.
Las conclusiones de este trabajo, ampliamente criticadas desde las redes sociales, llegan a apuntar, como agentes intensificadores de la crisis, a los aparatos estatales de Cuba, Venezuela o Rusia; a personajes públicos como el cantautor español Ismael Serrano o la cantante chilena Mon Laferte; e incluso a los fans del K-POP (un género musical de origen coreano), así como a la cobertura mediática de canales como RT o Telesur.
El disparatado documento, de 112 páginas de extensión, elaborado por Alto Analytics, no fue tenido en cuenta por la Fiscalía de Chile, que ni siquiera llegó a ponderar su valor probatorio. El Ministerio Público se limitó a aclarar que el carácter secreto del documento "imposibilita incorporarlo en cualquier investigación penal".
Diversas fuentes consultadas aseguran que aquellas presentaciones no conformaban aún el famoso informe de Big Data que el ministro del Interior dio a conocer a la opinión pública y que traspasó al Ministerio Público. Es más, estas fuentes aseguran que filtraciones interesadas hicieron aparecer el informe de Big Data de una manera ridícula, poniendo énfasis en cosas como la supuesta influencia del K-pop en la revuelta de octubre y noviembre. Aunque no niegan que esos aspectos formaban parte del análisis de la agencia española, afirman que había información interesante y de relevancia. Con todo, fue el propio fiscal general, Jorge Abbott, quien menospreció el informe entregado por Blumel, diciendo que se trataba de información de contexto con poco valor investigativo. “El único error en este episodio es el de Blumel, que entregó un informe llegado de los españoles como si fuera verdad revelada y material”, asegura con cierto enojo alguien que ha formado parte de esta trama.
Sin embargo, ni el diario La Tercera ni otros medios han podido averiguar por qué una agencia española entregaría información “de forma gratuita” al gobierno, toda vez que no es oficialmente un proveedor del Estado de Chile.
Alto Analytics tuvo que reconocer la autoría del informe sobre la crisis chilena
Inicialmente, Alto Analytics no reconoció haber elaborado un informe con ese propósito ni de esas características. Pero finalmente, tuvo que admitirlo cuando una parte de su contenido fue publicada por el diario español El Mundo (requiere suscripción), en un artículo escrito por John Müller.
El estudio de Alto Analytics (AA) (ver el estudio AQUÍ) aborda las campañas de desinformación digital y de influencia de las protestas en Chile y Colombia. Está escrito en inglés, fue publicado el 13 de febrero de 2020 y examina dos períodos específicos: los 14 días siguientes al inicio de la crisis, y luego todo el lapso entre el comienzo de la crisis y el 25 de diciembre de 2019. No se indica que el estudio haya sido encargado por ninguna instancia.
Con herramientas para el escrutinio de big data, el informe analiza las "anomalías informativas" ocurridas en ese contexto. Aquel término se refiere, en general, a corrientes de datos generados en el "ecosistema digital" que por medio de distintas técnicas buscan generar contenidos de diseminación masiva. En particular, este estudio enfatiza dos conceptos. Por un lado, el de "Desinformación", que define como "contenido malevolente, falso, incorrecto o manipulado con el objetivo deliberado o con la intención de confundir, sembrar discordia o provocar daño". Por el otro, el de "Propaganda computacional": "El uso de algoritmos, de bots automatizados o humanos, y de otras técnicas para distribuir masiva e intencionalmente información engañosa a través de plataformas digitales".
Como punto de partida, AA identifica que Chile ya era un país vulnerable ante estas anomalías identificadas en otros países, como también se muestra en una investigación del Oxford Internet Institute de diciembre pasado.
¿Qué es Alto Analytics?
Alto Analytics es una empresa fundada por el español Alejandro Romero, con oficinas en Madrid, Washington D.C. y Sao Paulo, y en cuya web afirman dedicarse a convertir "miles de millones de puntos de datos públicos en ciberinteligencia accionable para una mejor y más rápida toma de decisiones".
Algunos de sus “informes” de los últimos años insisten en otorgar un rol relevante a medios rusos como RT o Sputnik en acontecimientos políticos o sociales que han generado polarización ideológica, de acuerdo a los esquemas trazados por la OTAN y los servicios secretos occidentales para sus maniobras de intoxicación.
Su trabajo sobre las protestas en Chile, a tenor de lo revelado en las últimas jornadas, es en gran medida una incógnita: nadie se hace responsable de haberlo solicitado, y nadie reconoce haber pagado por él. Así las cosas, Alto Analytics habría elaborado por iniciativa propia este informe y lo habría entregado desinteresadamente a la Inteligencia chilena. Tras varios intentos infructuosos de RT de contactar con Alto Analytics y con su director, Alejandro Romero, no se ha podido obtener de la firma española ninguna aclaración al respecto. “Curioso” comportamiento para una compañía privada…
La localización de Alto Social Analytics Sl. es AVENIDA DE EUROPA, 24 (sotanos C y D del edificio A), en el municipio de ALCOBENDAS, de MADRID. Tiene una antigüedad de 13 años. Fue constituida el 03/05/2007 con el siguiente objeto social: Servicios informáticos: big data, y su CIF es B-85090538.
Sede de Alto Analytics en España
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 25 y 50". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2018. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 3 y 6 millones €".
La empresa española, destacada por su labor en el análisis en tiempo real de big data en medios sociales, cuenta con clientes como las Naciones Unidas, la fundación Bill & Melania Gates, Ikea, Telefónica o BBVA. Su actividad abarca 125 países y 53 idiomas. Su web es: https://www.alto-analytics.com
Tiene delegaciones en Sao Paulo, AV. Brigadeiro Faria Lima, 146101452-003-Sao Paulo, Brasil, y en Washington, Norte universal 1875 Connecticut Ave NW Piso 10, Washington, DC, 20009, a pocos minutos de la Casa Blanca.
Sede de Alto Analytics en Estados Unidos
El CEO de la compañía es Alejandro Romero, formado en la Universidad de Málaga como ingeniero Superior Industrial especializado en Electrónica y Automática y Máster en Administración de Negocio (MBA) por la Henley Business School británica, dirigió el desarrollo de la industria digital de varias empresas globales como Vodafone Group, Yahoo¡ o MTV en más de 20 mercados diferentes antes de lanzarse a su propia aventura.
Romero compagina su labor al frente de Alto Analytics con su participación en el consejo de Senzari Corp, una compañía fundada en San Francisco (Estados Unidos) y que se encarga de servicios de recomendación digitales en base a los análisis de la big data.
La arista que involucra al Grupo Prisa de España
Francisco Javier Monzón es el presidente del Consejo de Administración del grupo mediático Prisa y también es dueño –junto a su esposa- del 50% de la empresa Alto Data Analytics. Prisa tiene en Chile una poderosa cadena de radios y es dueña de Santillana, la editorial con más contratos estatales en la industria de los textos escolares. Monzón y Andrónico Luksic comparten membresía en el consejo internacional del think tank estadounidense Brookings Institution.
El grupo español se ha expandido fuertemente en Latinoamérica en los últimos 20 años. En España, son dueños del diario El País y del grupo de radioemisoras SER, además de la editorial Santillana y el periódico deportivo AS. En Chile, además de la editorial, el grupo está presente con 10 radioemisoras desde el año 2007, a través del conglomerado Ibero American Radio Chile (IARC), que opera las estaciones Radio Corazón, FM2, Imagina, Concierto, Futuro, Pudahuel, ADN, Radio Activa, Rock And Pop, y Los 40.
Javier Monzón entró como miembros del directorio en 2018 y en enero del 2019 fue confirmado como Presidente. En el “Folleto informativo” del grupo Prisa, con fecha de aprobación oficial del 21 de marzo 2019, se muestra su participación accionarial en Prisa y en otras empresas. En un pie de página, que detalla los intereses empresariales de Monzón, se puede leer que es accionista de manera indirecta de varias firmas, entre ellas Alto Social Analytics S.L.
Según ese informe, Monzón es accionista a través de otra firma, del 11,75% de Alto Social Analytics, y junto a su esposa, Eva Serrano, suman el 50% de la propiedad de la empresa que elaboró “gratis” el informe de Big Data para el Grupo Luksic y La Moneda.
Monzón no ha estado exento de polémicas en su vida como empresario en España. Tampoco es de extrañar que haya puesto sus ojos en Alto Data Analytics, fundada por su actual CEO Alejandro Romero.
Monzón de Cáceres es economista, experto en finanzas y nuevas tecnologías. Nació en Madrid, tiene 63 años, y está casado con Eva Serrano, fundadora de la editorial Círculo de Tiza. Según la prensa española, es amigo del Rey Juan Carlos I y de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, quien también es accionista del 4,1% del capital del Grupo Prisa.
Fue director de Banca Corporativa en Caja Madrid. En 1984 entró a Telefónica, donde llegó a ser su presidente internacional y desarrolló su expansión en Chile y Latinoamérica. En 1992 asumió como presidente de INDRA, empresa mayoritariamente del Estado español, dedicada a la tecnología y desarrollo de software de defensa. De allí entró como socio a la firma Arthur Andersen, una de las mayores firmas de auditoría del mundo que quebró tras el escándalo Enron a comienzos de siglo.
En 2015, Monzón salió de INDRA y fue indemnizado con una millonaria jubilación. Actualmente es presidente del comité de Riesgos, Regulación y Cumplimiento de Banco Santander en España y consejero de YPF. De hecho, fue la entrada del Banco Santander a Prisa, grupo que históricamente había controlado el fallecido Jesús Polanco, la que permitió la presidencia de Monzón.
En 2019, Monzón fue investigado por el financiamiento ilegal de campañas políticas del Partido Popular de España, a través de boletas ideológicamente falsas a la empresa Indra, mientras era su presidente. El llamado “Caso Púnica” consistió en traspasos de más de 500.000 euros a campañas políticas. El 13 de enero de este 2020, el juez a cargo de la investigación levantó los cargos en contra de Monzón.
Además, según las averiguaciones del medio Interferencia de Chile, existe un nexo entre Monzón y Andrónico Luksic, ambos están en el directorio de asesores internacionales del centro de estudio estadounidense Brookings Institution. Se trata del típico think tank liberal y atlantista, asociado al Partido Demócrata de EEUU, donde ambos figuran como personajes que, según la propia institución, “otorgan insights muy valiosos”.
El big data como cuestionado método para “fabricar” inteligencia
El documento de 112 páginas buscaba ser una herramienta eficiente para descifrar algunas de las razones del estallido social. Pero a partir del contenido que de él se supo, terminó siendo motivo de burlas y memes por parte de la opinión pública, sumándose a una oleada de críticas desde la oposición, sector que incluso amenazó con oficiar a la cartera del Interior.
A este respecto, el Director de la empresa chilena de desarrollo de software Unholster, Cristóbal Huneeus, sostiene que el big data "Son datos a gran escala que se procesan constantemente", explicó, dando como ejemplo todas las transacciones de tarjetas de crédito en un país como Estados Unidos en un momento del tiempo.
Consultado sobre si una herramienta como Twitter es útil para descifrar a quienes están detrás del estallido social, el ingeniero comentó: "Hay una tesis que persigue el Presidente, que ha dicho que aquí ha habido una influencia extranjera. Y la pregunta es: ¿los datos de Twitter sirven para eso? Mi impresión, y pueden tener muchos o pocos datos, es que no, porque Twitter lo único que dice es una opinión sobre algo [...] sirve para ver tendencias, pero para preguntas específicas, la base de Twitter, chica o grande, no sirve".
Todo muy “normal” y muy clarificador. Cuando vuelvan a hablarle de alguna “campaña de desinformación” rusa o “antiglobalista”, recuerde el ejemplo de Chile y como nos intentan intoxicar. Y recuerde que a esto se dedican también los anacletos que pagamos con nuestros impuestos. ¿Al servicio de quién?
