El Gobierno de Bolivia denuncia la injerencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en sus asuntos internos y cuestiona la vigencia de este organismo.
En una reunión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada este miércoles, autoridades bolivianas han condenado el comunicado de este organismo, divulgado el 9 de agosto, en el que se ratificaron los hallazgos del informe presentado en 2019 que detectó “irregularidades” en el proceso electoral de ese año y que hubo un fraude en favor del entonces presidente y candidato, Evo Morales.
Ante ello, los ministros bolivianos de Justicia, Iván Lima, y de Asuntos Exteriores, Rogelio Mayta, además del embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, han acusado al secretario general de esta entidad regional, Luis Almagro, de excederse en sus funciones y agredir la soberanía de Bolivia en violación de las normas de esa organización y de los principios internacionales de no intervención.
“El accionar de Almagro no solo es injerencia, sino también desinstitucionalización de la OEA, (…) la Secretaría general debería ser instancia capaz de gestionar encuentros”, ha afirmado el canciller Mayta al respecto.
A su turno, Lima ha tachado el nuevo comunicado de Almagro de “político, absolutamente tendencioso” y ha ironizado con que “cada vez que Almagro hace una de las suyas, de sus agresiones y arbitrariedades”, Bolivia se pregunta si tiene sentido participar de un espacio en el que no se construye y más bien se agrede al país. Además ha dicho que en la región hay “un mítico proceso de reflexión sobre la OEA”.
Por su parte, Arce Zaconeta ha indicado que las declaraciones del uruguayo Almagro no son más que un nuevo e injustificado atropello contra el país andino y una “grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia”.
El secretario general de la OEA, respaldado firmemente por Estados Unidos, está acusado de estar detrás del golpe de Estado en Bolivia. Ante las continuas injerencias de Almagro en los asuntos internos de otras naciones, diferentes países de la región coinciden en la necesidad urgente de reemplazar la OEA con otros organismos, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), entre otros.
Revelado: Áñez pretendía fugarse a Brasil antes de ser arrestada
La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez intentó escapar en una avioneta a Brasil antes de ser detenida, revelan informes locales.
En un informe publicado el miércoles, la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI), citando al diario local La Razón, anunció que Áñez habría tenido todo preparado en marzo para fugarse desde la ciudad de Trinidad hacia el vecino oriental.
Las maletas listas, la estancia de la exmandataria fuera de su casa y la contratación de una avioneta son elementos que refuerzan la idea del escape: “Eran actos preparatorios típicos de una fuga y condiciones típicas de una evasión”, enfatiza el informe.
Sin embargo, la expresidenta, que había sido avisada de la orden de su captura, no logró implementar a tiempo su plan y fue arrestada un día antes durante un operativo policial por su papel en el golpe de Estado de 2019. Los agentes la encontraron oculta debajo de la entrecama de un somier la noche del 12 de marzo en Trinidad.
En este sentido, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, señaló que Áñez, cuando tenía una orden de aprehensión, tenía boletos comprados por vía aérea y terrestre, y se encontraba escondida dentro de una cama. “Por tanto existían los riesgos procesales que determinaban que esta señora podía fugarse del país”, apostilló.
La expresidenta de facto, acusada de cometer genocidio y otros crímenes en el marco del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, se autolesionó en un brazo en la madrugada del sábado en el penal de Miraflores.
Ante las llamadas a liberarla debido a su estado de salud, el presidente Luis Arce dejó en claro el lunes que el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, presentó el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio contra la política derechista por cargos de genocidio, que, de probarse, enfrentaría una pena de cárcel de 10 a 20 años.
