Según narraron en su momento los medios de comunicación social, el 1 de febrero de 2012, digamos que casi recién estrenado como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy le hizo esta confesión personal a Artur Mas: “Vivo hecho un lío”.
Aquella fue una verdad que Rajoy adornó con un cierto toque sorpresivo, pero que en cualquier caso defraudaba prematuramente a sus votantes más perspicaces. Porque él no venía exactamente de papar moscas en Babia, sino de ejercer como político en activo durante casi 30 años, desde que en octubre de 1982 fue elegido diputado del Parlamento de Galicia, ostentando el liderazgo de la oposición durante las dos legislaturas anteriores y habiendo sido además, entre otras muchas cosas, ministro destacado en todos los gobiernos precedentes de José María Aznar (algo tenía que saber, pues, del lio en cuestión).
Rajoy siempre tuvo fama de hombre con buena cabeza, aunque vago y remolón, como si el haber sido en su momento el registrador de la propiedad más joven de España, hubiera agotado su capacidad de mayor esfuerzo personal o pudiera servirle de licencia para vivir de esa renta y poco más. Y lo cierto es que en su actividad política Rajoy siempre se ha rodeado de diligentes colaboradores-alfombra que le hagan el trabajo del día a día para poder brillar relajadamente en asuntos de interés superior, es decir para ejercer de ‘listo oficial’, que es de lo que va, frente al Rodríguez Zapatero convertido en ‘tonto oficial’, sirva la comparación sin ningún ánimo ofensivo.
Al otro tipo de colaboradores, los que tienen ideas propias o enfrentadas a las suyas, o alientan la más leve crítica sobre su política o su persona, les aplica rencoroso la cicuta del silencio sin mirarles siquiera a la cara. Y, si sobreviven, les relega a los sótanos del partido con dieta de pan y cebolla, como suelen hacer todos los políticos mediocres. Él es de esas personas celosas de sí mismas que ‘con su pan se lo comen’, y que relativizan todo lo que les es ajeno.
Quizás, de ese particular entendimiento de la vida deviniera su sorpresa al enfrentarse directamente con un verdadero lío cuando, aupado por otros más que por su propio merecimiento, se vio en la presidencia del Consejo de Ministros con la dura realidad del momento encima de la mesa, vivita y coleando. Pero lo más grave del caso es que, camino de cumplir su tercer año al frente del Gobierno, Rajoy no haya sabido desenredar todavía aquel enojoso lío de partida y que, él y su equipo de ministros (la mayoría de ellos grises y todos muy superados por las circunstancias), lo hayan llevado a tamaño descomunal.
Así, la rentrée política de Rajoy después del descanso vacacional (no está claro de qué tendría que descansar) es de órdago a la grande, por mucho que intente vendernos la burra ciega. Si a principios de la legislatura reconocía que se encontraba en un lío, encarado ya el final de la legislatura sigue en el mismo desmadeje, con la España moderna en derribo, tanto en el plano económico, como en el político y social, aunque él niegue la mayor con una insistencia de afirmaciones recurrentes y cansinas que no merece la pena recordar.
La actitud pasota de Rajoy ante el desafío independentista
Dejando a un lado la crisis económica, en la que dígase lo que se diga las buenas noticias siguen sin llegar, y la racionalización administrativa o las reformas institucionales, que seguirán en el limbo marianista, lo que más apremia al inicio del nuevo curso político es el desenlace del enredo catalán. El 9 de noviembre, fecha prevista para la consulta catalana, está ahí, sin que el presidente del Gobierno haya ido más allá de asegurar que no se realizará, que es mucho asegurar.
Sin digerir aquel lio de entrada, Rajoy ya advirtió lo del “Yo no tengo varitas mágicas y nunca prometí milagros” (ABC, 02/09/2012), aunque sí que los prometió pero desde luego sin el poder de Jesucristo. De hecho, cuando era jefe de la oposición insistió hasta la saciedad en que sabía todo lo que se tenía que hacer para conjurar la crisis, perfectamente y punto por punto. Y, aún más, reiterando por activa y por pasiva que, con su mero acceso a la presidencia del Gobierno, España recuperaría la confianza de los mercados, se multiplicarían las inversiones, se acabaría el paro… y ‘aquí paz y después gloria’.
Pero entre que Rajoy no sea una especie de mago Merlín o de rey Midas, que desde luego no lo es, y dejar que la ‘cuestión catalana’ campe por sus respetos, como ha venido haciendo, media una buena distancia. Y así, tocándose un pie como dicen los jóvenes, el lío del ‘soberanismo’ (con sus eventuales reflejos en el País Vasco, en Galicia o en Canarias), sigue su curso, o mejor dicho el curso marcado por parte de los independentistas ante el ‘pasotismo’ del Gobierno de la Nación.
Un devenir perfectamente diseñado y desarrollado con gran creatividad y puntualidad ejecutiva, confrontado tan solo con la torpe propuesta socialista de una España Federal, que no deja de ser ‘más de lo mismo’ (o peor) y propia del Abundio de turno empeñado en apagar el fuego con gasolina de alto octanaje. O con la idea de una ‘gran coalición’ catalana del tipo ‘todos contra el independentismo’ lanzada de forma tardía y sin convicción alguna por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que sólo ha sido tibiamente apoyada por UPyD, partido que carece de representación parlamentaria en Cataluña y que cada vez disimula peor su vana aspiración de convertirse en ‘bisagra’ del sistema para gobernar de forma indistinta con el PP o con el PSOE.
Campaña de exaltación nacional sin fuste alguno que Rajoy ha pretendido ampliar a nivel estatal todavía con menos éxito, ya con la Diada del 11 de septiembre y la consulta del 9 de noviembre rebufando en la calle. Y es que hace tiempo que nadie quiere bailar con el PP (veremos qué pasa con UPyD), salvo los partidos de chicha y nabo que se encuentran en vía terminal sin querer renunciar al medro político, como el Partido Aragonés, que tiene muchas papeletas para desaparecer definitivamente del mapa político en las próximas elecciones municipales y autonómica.
Así, hemos visto que sólo dos organizaciones ciudadanas sin aparente apoyo partidista, se han molestado en plantear, con no poco esfuerzo y ningún reconocimiento gubernamental, actos alternativos a los previstos por los independentistas catalanes de cara a la anunciada consulta del 9 de noviembre. Y eso será todo.
Por un lado, la plataforma cívica Libres e Iguales que encabezan, entre otros, el periodista Arcadi Espada y el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo, tiene convocado un acto que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo 11 de septiembre, en contra del secesionismo catalán. Bajo el lema ‘Sí me importa’, la acción programada por este movimiento en coincidencia con la celebración de la Diada será, según sus organizadores, “todo lo contrario” a los actos previstos en Cataluña: “Allí desfilarán las masas encuadradas en una V. Nosotros vamos a oponer al griterío la palabra paz”.
Y por otro lado, la Societat Civil Catalana trata voluntaristamente de recuperar la “reconciliación” y la “unidad” de los catalanes bajo la senyera y frente al “carácter belicista del tricentenario que celebra la Generalitat y el Parlament”. Para ello han organizado en la mañana previa a la Diada un acto en Sant Boi (Barcelona) frente a la tumba del que fue conseller en cap de la ciudad, Rafael Casanova, durante la Guerra de Sucesión; y, ya en la tarde del propio día 11, otro en Tarragona bajo el lema ‘Recuperemos el seny, recuperemos la senyera’, en el que exhibirán una bandera catalana de 50 metros con discursos y diversos espectáculos festivos (¿?)…
Claro está que, mientras tanto, la Assamblea Nacional Catalana, presidida por Carme Forcadell, y Òmnium Cultural (entidad dirigida por Muriel Casals y creada en 1961 para promover la identidad nacional y la independencia de Cataluña), organizan un mega acto en Barcelona con el propósito de que sea uno de los eventos “definitivos” para lograr la independencia. Unas 400.000 personas se han inscrito ya para formar una gran en el centro de Barcelona (ocupando la Gran Vía y la Diagonal) V, representativa del derecho a votar, que culminará con la exhibición de 947 urnas, justo el número de municipios catalanes, que simbolizarán la “voluntad” popular de celebrar la consulta del 9 de noviembre.
En el vértice de la plaza de Les Glòries también se ubicarán más de mil cantores de diferentes corales y jóvenes nacidos en 1998, que podrían votar en este referéndum, ya que la edad mínima para hacerlo será de 16 años. Artur Mas recibirá a los organizadores una vez finalizada la manifestación, esperándose que lance un último aldabonazo sobre la consulta soberanista. Por su parte, Carme Forcadell declaró: “Queremos que sea la manifestación más masiva de la Historia de Europa para asegurar que sea la Diada definitiva”.
Todo ello acompañado de otras acciones verdaderamente llamativas en términos de comunicación y marketing político, desarrolladas del 5 al 21 de septiembre para conmemorar el 300 aniversario de la derrota del 11 de septiembre de 1714 ante las tropas de Felipe V. Sin ir más lejos, el punto de partida del amplio catálogo de actos programados en torno a la Diada, ha sido una video-proyección gigante sobre la fachada del Palau de la Generalitat, de una hora de duración, titulada ‘In memoriam’, dedicada al citado tricentenario y mantenida diariamente desde el pasado día 5 como preludio de esta Diada especial (comienza con el despliegue de una gran senyera que cubre toda la fachada de la sede del Govern de Catalunya).
La celebración de la Diada, propiamente dicha, arrancará a las 08.00 horas de la mañana del 11 de septiembre en el parque de la Ciutadella con un concierto en el que 300 violoncelistas interpretarán la obra ‘Éramos, somos y seremos’, compuesta por Albert Guinovart, cuya partitura se ha creado especialmente para la ocasión, y al que asistirá el presidente Artur Mas.
Entre otras novedades previstas para este año, destaca también el hecho de que el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament realizarán una particular ofrenda floral a los héroes del 11 de septiembre en la mañana previa a la Diada y en el Fossar de les Moreres, que es el lugar donde los independentistas celebran sus homenajes tradicionales. Después de esta ofrenda, el acto institucional proseguirá en la Lonja de Mar a partir de las 21.00 horas con un evento conmemorativo de los 300 años de los acontecimientos de 1714. A continuación, se celebrará la ‘Noche Blanca’ con una gran diversidad de actuaciones de teatro y danza en el barrio de la Ribera, el Gótico y el Parque de la Ciutadella.
Sin olvidar otra relación de acciones colaterales en favor de la consulta catalana de gran efecto mediático. Como el vídeo publicado en la página web de 'Catalonia Votes' con el lema 'Catalunya juega un partido decisivo el 9 de noviembre de 2014', en el que Pep Guardiola, ex entrenador del FC Barcelona, defiende la consulta sobre la independencia de Cataluña como la “máxima expresión de la democracia”, considerando que los catalanes quieren “decidir su propio futuro”. Está editado en varios idiomas y presenta a una mujer superando varios obstáculos hasta llegar a la mesa de votación con una locución en off que simula una retransmisión deportiva, concluida con el sorpresivo mensaje de Guardiola…
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En fin, nada comparable con la cutre forma de celebrar la Fiesta Nacional de España del 12 de octubre, o el Día de las Fuerzas Armadas, cuya última expresión todavía bajo el reinado de Juan Carlos I rayó la vergüenza ajena. Y no digamos menos de la pobre capacidad creativa del entorno de Moncloa para afrontar una realidad política tan agobiante, que por otra parte nunca ha sabido analizado correctamente…
La mala lectura marianista de la ‘cuestión catalana’
Desde que el 25 de noviembre de 2012 se celebraron las elecciones para renovar anticipadamente el Parlament de Catalunya, dando paso a un Gobierno de CiU presidido por Artur Mas y apoyado por ERC -y por tanto radicalizado-, comenzamos a advertir todas las previsibles consecuencias políticas del caso, que, más para mal que para bien, se han ido consumando de forma puntual una tras otra.
La primera llamada se centró en torno a la errada interpretación que tanto el PP como el PSOE hicieron del propio resultado electoral. Siendo los partidos perdedores, ambos leyeron su derrota de forma absurda, hasta el punto de que algunos de sus líderes pidieron la dimisión de Artur Mas (por supuesto de forma gratuita) sólo porque no alcanzó la mayoría absoluta, cuando CiU había doblado en diputados (50) tanto al PSOE (20) como al PP (19) y mientras ERC obtenía 21 como segundo partido más votado.
Es decir, el partido del Gobierno y el que podría relevarle en esa función negaron la realidad más evidente, sin realizar la más mínima autocrítica sobre su desastrosa acción política en Cataluña. Y en eso siguen; de forma que el problema de fondo -el pulso de la secesión ya en su punto culminante- se ha venido agravando de forma sustancial tanto para las formaciones españolistas como para el Estado, una vez que el éxito de CiU se vio flanqueado por el de ERC, partido claramente combativo con el actual estatus de unidad nacional.
El 25-N consolidó una mayoría independentista catalana neta de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente no independista de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), que, además de estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto; lo que no deja de evidenciar su incapacidad para defenderlo. Una aritmética parlamentaria que mostró la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, en una línea secesionista que se anunciaba de difícil retorno, tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la falta de capacidad del PP y el PSOE para contrarrestarla.
Acto seguido, llegaría la ‘Declaración Soberanista’ aprobada en el Parlament el 23 de enero de 2013. Porque lo que realmente subyacía en los resultados electorales del 25-N, y también en las rabietas de la oposición españolista contra Artur Mas (acompañadas con una exigencia paralela necia para que renunciase al liderazgo de CiU), era su claro trasfondo de secesión. Lo que entonces hizo Mas fue arriesgarse a liderar el movimiento ciudadano en favor del independentismo -quizás antes que a promoverlo-, palpable a más no poder, encabezando por primera vez el programa electoral de CiU con esta aspiración política, de forma rotunda.
El pulso que Artur Mas lanzó al Gobierno de la Nación (y también a la alternativa socialista) el 25-N fue total. Y en un análisis desapasionado de la situación hay que reconocer que lo ganó en toda regla, por mucho que se quisiera ocultar o no reconocer, puesto que quienes lo perdieron claramente fueron PP y PSOE. Y, más grave si cabe, con la circunstancia añadida de que por primera vez en el nuevo Estado democrático los votantes de CiU expresaron conscientemente en las urnas sus exigencias de independencia.
De hecho, los simpatizantes de CiU que piensan de forma distinta, o que quisieron distanciarse del secesionismo, se adhirieron a otras propuestas políticas (ahí están parte de los casi 170.000 votos sumados entonces a la base electoral de Ciutadans y con los que pudo obtener seis escaños más de los que tenía). Por tanto, a partir de las elecciones del 25-N ya no cabe tener duda alguna sobre las señas independentistas de CiU.
Por otra parte, el gran refrendo de esta aspiración separatista fue mucho más palpable con el éxito electoral obtenido por ERC, partido que dobló sus escaños (21 frente a los 10 precedentes) convirtiéndose en la segunda fuerza política de Cataluña, a pesar del fracaso que había cosechado como socio del llamado ‘Gobierno Tripartito’ (la gran torpeza del PSC). Dato que sería el más llamativo de aquel 25-N.
La dinámica de los hechos ha venido demostrando de forma inmediata que ese ‘frente parlamentario independentista’ no sólo existía, sino que iría a más. Apenas transcurridos dos meses desde el 25-N, la diferencia inicial entre los dos antagonismos básicos (74 escaños ‘independistas’ frente a 61 ‘españolistas’) se disparó en la votación de la ‘Declaración Soberanista’ del Parlamento catalán en el primer pleno de la legislatura (23/01/2012), con 85 votos a favor y 41 en contra (el resto fueron abstenciones o ausencias); es decir, con más del doble de votos a favor que en contra.
Una mayoría independentista creciente que además vimos consolidada en el primer aniversario del 25-N, a tenor de los resultados arrojados por el Barómetro de Opinión Pública del CEO (el Centro de Estudios de Opinión dependiente de la Generalitat de Catalunya) realizado en noviembre de 2013.
Según dicho estudio, en caso de que se hubieran celebrado entonces unas nuevas elecciones al Parlament, las tres formaciones independentistas (CiU, ERC y CUP) podrían haber pasado de sus actuales 74 escaños a obtener entre 77 y 82, mientras que las formaciones en principio no independistas (PSC, PPC, ICV y C’s) pasarían de sus 61 actuales a obtener entre 54 y 61. Con el añadido de que ERC se habría consolidado como primer partido político de Cataluña con el 24,2% de los votos y pasando de sus actuales 21 escaños a 37-39; algo que ya se había puesto de manifiesto en el anterior barómetro del CEO (julio 2013)…
Pero es que, llegados a la última encuesta sobre intención de voto en unas eventuales elecciones catalanas (la de Sigma Dos presentada en agosto de 2014), resulta que, además de mantenerse una notable diferencia de votos entre los partidos independentistas (45,9% para el conjunto de ERC, CiU y CUP) y los teóricamente españolistas (36,4% para el conjunto de del PSC, PPC, ICV y C’s), ahora irrumpe la incógnita de Podemos con un 12,4% de votos.
Una situación de avance independista y/o antisistema que se las trae, que se las traerá más día a día y que arrastra una larga historia reivindicativa cuyos hitos más próximos ni el PP ni el PSOE (y sus sucesivos gobiernos) han querido tomarse en serio y, mucho menos aún, cortar por lo sano de forma consensuada. El caso de que a última hora el establishment político haya tirado del ‘escándalo Pujol’ (porque antes no había querido hacerlo ni por equivocación), es verdaderamente significativo al respecto.
De hecho, el tema es tan inquietante que, a pesar del esfuerzo realizado por algunos institutos demoscópicos para manipular la opinión de los catalanes sobre la eventual consulta soberanista (complicando la formulación de unas preguntas que no deberían tener más vuelta de hoja que el SÍ o el NO a la independencia), nadie ha podido ofrecer resultados que desvanezcan el posible éxito de la participación y, peor todavía, el de la victoria de la opción independentista.
Y aún a pesar del enrevesado planteamiento de esos sondeos pre-consulta, todos ellos aseguran que los catalanes desean el referéndum de forma muy mayoritaria, aunque difieran más en el apoyo a la secesión. Así lo afirmaban el 55% de los consultados por Metroscopia el pasado mes de noviembre y el 71% de los sondeados por el CEO catalán un mes antes, el 10 de octubre.
Cierto es que varían los porcentajes de acuerdo o desacuerdo sobre la autodeterminación, como también variaba lo que realmente se preguntaba en cada una de las encuestas. Los partidarios de que España permita a Cataluña ‘convertirse en Estado independiente’ (fórmula utiliza por el CIS) crecieron un 3% con respecto a su anterior barómetro, alcanzando el 40,6%. Es decir, todavía menos de la mitad de los consultados. El 25,6% de los encuestados quieren seguir formando parte del Estado, pero con un grado mayor de autogobierno; el 17,6% desean mantener la situación actual; el 3,4% prefiere menos poder autonómico, y un 9,1% que España sea un Estado central sin autonomías.
Sin embargo, en el estudio que publicó el CEO catalán el 22 de noviembre el apoyo al secesionismo es mucho más alto: alcanza un 54,7%, casi 15 puntos por encima del sondeo del organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. La pregunta del CEO era mucho más clara y directa (‘¿Qué votaría usted mañana si se celebrase un referéndum?’), de forma que sólo el 22% de los catalanes se mostraba en contra de la independencia, constatándose ya el fin de la hegemonía de CiU en favor del nacionalismo representado por ERC.
Metroscopia, por su parte, recogía en el sondeo publicado el pasado 1 de noviembre que el 46% terminaría decantándose por la independencia en un hipotético referéndum, frente al 42% de los encuestados que querría seguir formando parte de España. No obstante, al introducir una tercera vía de respuesta el 40% de los consultados se inclinaba por una Cataluña dentro de España pero con más competencias exclusivas y debidamente blindadas.
Y ahora, con el desafío independentista encarando la recta final hacia el referéndum del próximo 9 de noviembre, pendiente como mínimo de que el Parlament apruebe próximamente la Ley de Consultas que permita dar cobertura legal al proceso, una confusa encuesta realizado por Sigma Dos para El Mundo, de tan sólo 500 entrevistas telefónicas realizadas del 26 al 29 de agosto, sostiene que un 41,3% de los encuestados votaría a favor de que Cataluña sea un Estado y un 39,5% votaría que no lo sea, mientras un 9,9 % afirma que no votaría y un 9,3% mantiene dudas al respecto.
De forma curiosa y un tanto incongruente, más de la mitad de los catalanes encuestados por Sigma Dos considera que la secesión debería decidirla el conjunto de los españoles. Más creíble, por razonable, es el dato de que un 58,7% de los preguntados, en su mayoría votantes de CiU y ERC, pidan una consulta pactada, porcentaje similar al que considera que Rajoy debería ser más receptivo con el referéndum del Govern.
Otra encuesta de Metroscopia (El País, 07/0972014), no menos enrevesada y también planteada con cierta intencionalidad disuasoria, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre, reconoce la opinión mayoritaria de los catalanes sobre la necesidad de realizar cambios profundos en las relaciones entre Cataluña y el resto de España. No obstante, una mayoría rechaza convocar una consulta de autodeterminación que no esté autorizada por el Gobierno central o que haya sido suspendida por el Tribunal Constitucional (nada se plantea en relación con una normativa de consultas catalana).
El 45% considera que en caso de un pronunciamiento negativo del Tribunal Constitucional se debería acatar el fallo y negociar una nueva convocatoria de la votación que se ajuste a la legalidad, mientras que solo el 23% de los encuestados apoyaría que la celebración de la consulta pese a una eventual suspensión. Otro 25% se inclina por encontrar una salida que no requiera consulta.
Parece, pues, cierto y razonable que los catalanes piden mayoritariamente el respeto escrupuloso a la legalidad. Pero es que Artur Mas, presidente de la Generalitat, que siempre ha hablado de una ‘consulta legal’, considera que este respaldo lo puede otorgar perfectamente la ley catalana de consultas de próxima aprobación y acorde con las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía; algo que, ahora, rechazan de plano los dos grandes partidos nacionales.
Claro está que en un contencioso tan preocupante para el PP no podían faltar las ayudas del periodista Francisco Marhuenda, director de La Razón y furibundo defensor de Mariano Rajoy. Su periódico se acaba de sacar de la manga (07/09/2014) una encuesta marca de la casa, sin ficha técnica y de credibilidad cero, afirmando también disuasoriamente que el 55,3% de los catalanes no apoyaría la consulta de ser ilegal, mientras que el 38,2% sí que estaría dispuesto a apoyarla a pesar del muro del Constitucional…
Quien con fuego juega, se quema
En fin, todas esas cifras suponen que estamos ante un enredo demoscópico poco clarificador del último estado de opinión, sin que se haya podido medir de forma clara y rigurosa la influencia, positiva o negativa, que el ‘caso Pujol’ pueda tener al respecto, porque la última encuesta de Metroscopia tiene lecturas contradictorias y tampoco ha podido medir el ‘efecto Diada’. Aunque más influyente todavía nos parece la resolución de la consulta sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, que se celebrará el próximo 18 de septiembre como aperitivo o entrante de lo que pueda suponer el 9 de noviembre catalán.
El presidente Rajoy insiste en que nada tienen que ver uno y otro caso. Pero lo cierto es que un ‘sí’ a la independencia escocesa representaría, además de un grave problema para el Gobierno de Londres, un gran estímulo en favor del mismo ‘sí’ en Cataluña. Aunque un ‘no’, es decir la confirmación de que los escoceses pueden opinar sobre su futuro político sin que se hunda el mundo, también sería un buen argumento de Artur Mas para defender un referéndum consultivo o una medición ‘democrática’ de los sentimientos y aspiraciones puestos en juego.
Este método de entendimiento dialogado entre dos gobiernos puestos en contraposición, es el que persiguen también los nacionalistas vascos. El lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, ha afirmado que su referente del autogobierno y de la consulta ciudadana es el “basado en un acuerdo entre Gobiernos”, abriendo la posibilidad de un viaje institucional el próximo 18 de septiembre a Edimburgo para respaldar el referéndum escocés, recalcando la importancia de unir tres conceptos: “el diálogo, el acuerdo y la consulta”.
A pesar del especial seguimiento de los casos catalán y escocés y de su defensa a ultranza de la autodeterminación, el lehendakari ha aclarado que no se está ante una “cuestión de prisas” y que no será un tema prioritario en su próxima reunión con el presidente Rajoy. Urkullu sí que ha expresado su intención de abordar en Madrid el grado de cumplimiento del Estatuto de Autonomía Vasco.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, también pretende realizar en 2014, a ser posible en noviembre y al rebufo de la consulta catalana, un referéndum ciudadano sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno central en aguas próximas a dicha Comunidad, denunciando el desprecio a la opinión de los canarios que con esas actuaciones sienten amenazado su futuro turístico.
Así lo expresó tras un Consejo Extraordinario de su Ejecutivo celebrado el pasado 20 de agosto en la isla de Lanzarote, una semana después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo diera el visto bueno a Repsol para que lleve a cabo los sondeos exploratorios correspondientes. De hecho declaró: “Ante este desprecio del Gobierno de España, del Ministerio de Industria, sobre la opinión de los ciudadanos que vivimos en Canarias, el Gobierno de Canarias redobla su compromiso de que el pueblo canario tiene que tener la oportunidad de expresarse ante una consulta. La respuesta que le damos es que vamos a adelantar todos los procesos administrativos para hacer posible la consulta lo antes posibles sobre las prospecciones”.
Actualmente los trámites normativos enmarcados en la Ley 50/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, en concreto en su artículo 20, ya cuentan con un decreto publicado para poder hacer realidad la consulta popular, mientras otro que desarrolla su estructura participativa está en informe consultivo y podría estar aprobado en octubre. Una ley dictada a tenor de las competencias legislativas atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias por los artículos 30.1, 32.5, 32.6 y disposiciones concordantes de su Estatuto de Autonomía.
Al margen del debate sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las explotaciones petrolíferas con la actividad turística, palanca sustancial de la economía canaria, lo cierto es que el referéndum se está poniendo de moda como medio de pronunciamiento político ciudadano. Un ejercicio que, por otra parte, está establecido en la Constitución y, como decimos, con vías competenciales abiertas en algunos Estatutos de Autonomía.
No vamos a insistir ahora en todo lo relativo a la ‘cuestión catalana’ que Rajoy y su Gobierno se han venido pasando alegremente por la faja, pero es evidente que el lío del independentismo sigue su curso, descontrolado por el pasotismo y la incompetencia del Ejecutivo (acompañada por una pérdida del rumbo socialista) y cada vez con más derivas inconvenientes para la estabilidad política del país. Eso es lo que hay y allá cada cual con sus responsabilidades.
Fernando J. Muniesa
