En su sentido esencial, la ‘política’ es una rama de la moral (entendida como las reglas o normas por las que se rige la conducta del ser humano en relación consigo mismo y con su entorno) que se ocupa de todo lo relativo al ordenamiento de la convivencia o de los asuntos de la ciudadanía. Es decir, un quehacer en virtud del cual una sociedad libre trata de resolver los problemas que le plantea su convivencia colectiva orientada al bien común.
A partir de ahí, el concepto de la política como organización del sistema social ha evolucionado tanto como la propia sociedad, ha dado para mucho y ha soportado muchas redefiniciones básicamente relacionadas con el ‘ejercicio del poder’ y con la lucha para conquistarlo. Pero, centrados en el entendimiento ético de la política como una disposición a obrar dentro de un sistema organizando y utilizando el poder público en provecho del grupo, la reciente experiencia del referéndum sobre la independencia de Escocia nos ha ofrecido un ejemplo memorable.
Claro está que el valor de cualquier lección no está tanto en el hecho de recibirla como en saber aprovecharla. Sobre todo ante situaciones que, sin ser exactamente iguales, se desenvuelven bajo coordenadas y tensiones sociales similares, o en escenarios de agitación política asimilables, que en esencia, y artificios legalistas aparte, son muy coincidentes entre Escocia, Cataluña, el País Vasco y otros muchos territorios europeos con demandas soberanistas.
Y justo bajo la perspectiva de ese preocupante problema político, con el referéndum escocés ya consumado pero haciendo abstracción de su resultado (55,3% a favor del NO y 44,7% a favor del SÍ, con un 85% de participación), hoy merece la pena reproducir un artículo de opinión de Joan B. Culla publicado previamente en El País (12/09/2014). En él ya se anticipaba -con gran acierto- lo que, fuese cual fuese el resultado, Escocia y el conjunto del Reino Unido podían ganar en términos de calidad y civilidad democrática:
Sana envidia
La publicación es extremadamente austera: un folleto de 12 páginas formato cuartilla, impreso en color aunque sobre un papel de escaso gramaje, de manera que todo el opúsculo no pesa más de 18 gramos, de cara a facilitar y abaratar su envío por correo postal a millones de ciudadanos. La portada y la contraportada son idénticas y exhiben el título del ‘booklet’, que no necesita –creo- traducción: ‘The 2014 Scottish Independence Referendum. Voting Guide’. El editor responsable es ‘The Electoral Comission’, un organismo independiente que actúa en el conjunto del Reino Unido y que ha obtenido del Parlamento Escocés la información pública relativa al voto del próximo 18 de septiembre.
Si la página 2 contiene el sumario y los créditos del folleto, las páginas 3 a 6 concentran todos los datos relativos al ejercicio del voto: tienen derecho a él los mayores de 16 años residentes en Escocia que sean ciudadanos británicos o irlandeses, ciudadanos de los demás países de la Unión Europea o ciudadanos de la Commonwealth con permanencia legalizada en el Reino Unido; para poder votar, es preciso estar inscrito en el registro electoral, un trámite que podía realizarse hasta la medianoche del pasado 2 de septiembre.
El opúsculo reproduce también el modelo de papeleta para el referéndum (no sin la advertencia: “ponga una cruz en una sola casilla, o su voto no será computado”), y explica las tres vías para hacer efectivo el sufragio: en persona, por correo o ‘by proxy’, a través de una persona de confianza debidamente registrada que reemplace al elector impedido de ejercer su derecho.
La segunda mitad de la publicación que describo ofrece información sobre los argumentos de las dos campañas en liza y la posición de ambos gobiernos. En las páginas 8 y 9 se confrontan pacíficamente sendos anuncios del ‘sí’ (‘El futuro de Escocia en manos de Escocia’) y del ‘no’ (‘Lo mejor de ambos mundos para Escocia’), el primero muy centrado en las ilusiones del futuro, y el segundo en sus riesgos e incertidumbres. Por último, las páginas 10 y 11 resumen, a la luz del acuerdo de octubre de 2012 entre los Gobiernos de Londres y de Edimburgo, las consecuencias políticas de cada uno de los dos escenarios posibles dentro de siete días: la victoria del ‘sí’, o el triunfo del ‘no’.
Llámenme fetichista, pero este sencillo folleto -que un amable corresponsal tuvo a bien remitirme desde el condado de Fife- me parece, con su tono institucional y libre de estridencias, con su exquisita neutralidad, con su ‘fair play’, un paradigma, una síntesis espléndida de lo mucho que el sistema político británico tiene de envidiable.
Sí, ya sé -los ministros de Rajoy se han encargado de recordarlo con insistencia- que los súbditos de Su Graciosa Majestad, pobrecillos, no tienen Constitución escrita. Poseen un puñado de cosas muchísimo mejores: una tradición parlamentaria ininterrumpida desde el siglo XIII; una cultura democrática en la que episodios como la censura de la presentación de la novela ‘Victus’ por parte de la embajada española en La Haya serían, sencillamente, inconcebibles; una dilatada experiencia en la resolución negociada y transaccional de conflictos territoriales y de soberanía, experiencia gracias a la cual, en pleno siglo XXI, la reina Isabel II sigue siendo jefa del Estado de dieciséis naciones soberanas (unas quince más que don Felipe VI) y cabeza de una Commonwealth que agrupa a cincuenta y cuatro países independientes.
Por añadidura, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene bien asumida, comenzando por el nombre, su pluralidad interna, su carácter compuesto. Para no invocar las cuatro selecciones futbolísticas nacionales, pongamos otro ejemplo, bien reciente: tal vez don Mariano Rajoy no se percatase de ello pero, la pasada semana, durante la cumbre de la OTAN en Cardiff, todas sus comparecencias formales igual que las de los demás líderes allí reunidos se hicieron ante un ‘photocall’ en el que podía leerse en grandes letras: “Wales Summit”... Y bien, ¿se imaginan ustedes una conferencia internacional organizada por el Gobierno español bajo el rótulo “Cumbre de Cataluña”? Es difícil imaginarlo, cuando en el Foro Económico del Mediterráneo Occidental, celebrado en Pedralbes hace ahora poco menos de un año, al presidente Artur Mas no se le permitió siquiera pronunciar unas palabras de bienvenida a los asistentes.
Por supuesto que la campaña previa al referéndum escocés del próximo jueves ha conllevado debates acalorados, y división de opiniones, y un cierto abuso de promesas idílicas por parte de unos y de augurios siniestros por parte de otros. Pero todos (políticos, artistas, escritores, eclesiásticos, empresarios, activistas...) han podido movilizarse y opinar libremente, sin amenazas, ni insultos, ni guerras sucias, ni querellas por sedición.
No tengo ni idea de cuál será el veredicto de las urnas, el día 18. Pero, gane el ‘sí’ o gane el ‘no’, unionistas e independentistas, escoceses, ingleses, galeses y norirlandeses ya han ganado en términos de civilidad y de calidad democrática. Aquí, en cambio, vamos perdiendo todos.
Pero, siendo ésta una apreciación justa de lo que el proceso consultivo de Escocia ha supuesto en el plano de la convivencia, tampoco han faltado quienes pretendían desacreditar su trasfondo de ética política a tenor de la agresiva campaña en contra del voto independentista. Sobre todo cuando los sondeos demoscópicos detectaron una ligera ventaja del SÍ sobre el NO, desatando entonces el pánico de los unionistas que en el último momento decidieron forzarla hasta límites increíbles.
Incluso se pretendió comprometer la neutralidad de la Corona británica, metiéndola en campaña a favor del NO (sólo se logró una frase de la reina Isabel circunstancial sobre la conveniencia de meditar el voto). Algo que algunos expertos hasta consideraban que podía exacerbar el sentimiento de rechazo al Reino Unido.
Así, por poner un ejemplo, a menos de una semana de la votación Caroline Gray, politóloga escocesa de la Universidad de Liverpool y actualmente investigadora visitante en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), advertía en un artículo titulado ‘Espejismo democrático’ (El País, 12/09/2014) que el referéndum en cuestión, elogiado por los nacionalistas vascos y catalanes como exponente de un modelo democrático “pactado y dialogado”, estaba plagado de deficiencias, alguna compartida por otros analistas. Y escribía:
(…) La primera equivocación fue dejar fuera del debate la opción que en principio querían la mayoría de los escoceses. Desde la creación del actual Parlamento escocés a finales de los noventa, las encuestas habían mostrado que alrededor del 50% de los ciudadanos de Escocia querían quedarse en Reino Unido, pero con mayores poderes, frente a un 30% favorable a la independencia y un porcentaje aún menor partidario del ‘statu quo’. El líder escocés Alex Salmond propuso incluir una segunda pregunta en el referéndum: conseguir más competencias, si no salía adelante la primera pregunta sobre la independencia (su verdadera meta). Pero el primer ministro británico, David Cameron, quiso una sola pregunta, con lo que se ignoró la opción que apoyaba la mayoría. Los partidos británicos dieron por hecho que el debate sobre la posibilidad de transferir más poderes a Escocia se abordaría tras la votación. Pero a falta de garantías para su realización, no sorprende que muchos votantes indecisos acaben inclinándose por la independencia al sentir que no se ha dado una respuesta clara a sus deseos de mayor autonomía…
Pero, ¿por qué razón habría de plantearse un referéndum orientado de forma tendenciosa hacia lo que alguien presupone teóricamente como más asumido o conveniente para el conjunto de la ciudadanía…? ¿Y por qué rechazar o criticar una única pregunta clara y con respuesta rotunda del SÍ o del NO, por mucho que se la tache de ser un ‘órdago a la grande’, si no se hace desde una posición interesada…?
Todo tiene sus segundas lecturas y cabría pensar que, siendo el Gobierno del Reino Unido el que introdujo la pregunta única y directa, y no la parte escocesa, la intención podría haber sido machacar la consulta con el ‘voto del miedo’, con la apisonadora del ‘todo o nada’ y del ‘os vais a enterar de lo que vale un peine’. Pero también es posible que sólo se pretendiera poner en valor una ética política y una claridad cada vez más demandadas por las bases sociales.
¿Prepotencia, avasallamiento, ingenuidad, civilismo, decisión política…? Es posible que detrás de esta formulación consultiva, sin duda alguna transparente y democrática, se haya podido ocultar una cierta intención manipuladora, dado que el Gobierno británico tuvo que poner sobre la marcha toda la carne en el asador cuando se vio que, con todo, el SÍ podía ganar al NO. Pero no es menos cierto que ese tardío in-put de campaña también ha sido una apuesta arriesgada de posible efecto boomerang, porque venía a reconocer implícitamente la legitimidad de las previas demandas escocesas con esta posible lectura: “Si ahora nos ofrecen más autogobierno, sin llegar siquiera a votar, será porque antes nos lo habían escamoteado”.
Por lo tanto, el regalo consensuado entre el primer ministro británico, el conservador David Cameron, el laborista Ed Miliband y el liberal demócrata Nick Clegg, para transferir más competencias a Escocia si sus ciudadanos rechazaban la independencia en el referéndum del 18 de septiembre -que ahora tendrán que cumplir con dificultades porque su promesa no pasó por el tamiz del Parlamento británico-, no sería tan grave como el error político de no haber negociado eso mismo con anterioridad, como sustitutivo del propio referéndum.
Incluso, Gordon Brown, ex primer ministro británico, anunció en paralelo “nuevos y amplios poderes” para el Parlamento de Escocia, que serán sustanciados de acuerdo con el calendario acordado por los tres partidos. Es decir, que, de golpe y porrazo, se ofrecían apresuradamente a Escocia más o menos las mismas transferencias competenciales demandadas de forma previa e infructuosa por el Ministro Principal, Alex Salmond, antes desoídas de cabo a rabo.
Todo ello con la votación ya a punto de caramelo y ‘gratis total’, aunque ganara el NO, implorando que no se rompiera el statu quo del Reino Unido y cambiando una ‘negociación’ por una pura ‘transacción’ gratis et amore Dei. Dicho de otra forma, Escocia ya ganaba antes de la votación, con el SÍ o con el NO, y además dando pie a que la campaña del SÍ asegurara de forma inmediata que la única garantía de más poderes para Escocia sería votar por la independencia (de no haberse producido esa oferta de los unionistas quizás el voto del SÍ hubiera sido menor).
A pesar de su dimisión como Ministro Principal de Escocia, motivada por la derrota de la propuesta independentista, Salmond pasará a la historia como uno de los políticos escoceses más hábiles de todos los tiempos.
Total, un verdadero duelo ‘cara a cara’, absolutamente nítido y con la baraja sin trucar (concesiones ‘gratuitas’ aparte), por más que se quiera criticar su planteamiento formal. Lo que hay que ver ahora es cómo se gestiona su resultado y, dados los compromisos adquiridos por los políticos británicos de nuevo cuño (que no por el grueso de la ciudadanía), qué consecuencias de futuro tendrá.
Y es que cuando la política llega tarde -eso es lo que ha sucedido en el Reino Unido- siempre llega mal, como estamos hartos de ver en España. Los partidos británicos dieron por hecho que podían seguir entretenidos en el debate sobre las transferencias a Escocia, despreciando su deseo de una mayor autonomía política, y sobre todo realimentándola con una repentina dádiva de última hora antes de la votación, lo que evidencia que nunca se había respondido con claridad a tales demandas.
Pero, más importante todavía, es la lección de que cuando la democracia se libra de sus falsos ropajes, y se plantea una consulta clara y sujeta al neto principio democrático de ‘el pueblo es soberano’ (y ‘un voto por votante’), siempre se corre el riesgo de que la realidad se muestre tal y como es, y que, entonces, la opinión de los gobernados difiera notablemente de la de sus gobernantes. Ojo al dato, que se las trae.
De hecho, prácticamente la mitad de los muchos referéndums que se han celebrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial (casi un millar), han acabado con la derrota de la postura defendida por los gobiernos que los convocaban. Ello evidencia que, en efecto, los referéndums se pueden perder y que siempre conllevan una gran incertidumbre; razón por la que los falsos demócratas huyen de ellos como de la peste y por la que han de considerarse como un auténtico instrumento de civilidad democrática.
Máxime cuando, por un ejercicio deficiente de la democracia, las disputas que se pretenden dirimir en ese tipo de consultas terminan proyectándose sobre una realidad política más amplia, llevando las respuestas de los ciudadanos también mucho más allá de lo que en ellas se platea de forma estricta. Y claro está que este ‘efecto de censura’ perturba la conciencia de los malos gobernantes, poco dispuestos a promover esos instrumentos esenciales en el sistema de convivencia (nuestra Carta Magna los establece de forma expresa como contraste consultivo de la opinión de todos los españoles en relación con decisiones políticas de especial trascendencia).
Siguiendo centrados en la esencialidad del referéndum escocés, y a efectos de sacar de esta experiencia algún aprovechamiento inmediato de cara a las cuestiones vasca y catalana, conviene tener presente lo que este tipo de consulta significa realmente en el contexto político europeo. Jaume López, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en varias universidades de Cataluña, lo aclaró en un artículo de opinión publicado en La Vanguardia (21/09/2008) de forma muy oportuna, pero quizás infructuosa, cuando el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña (aprobado en junio de 2006) todavía estaba sometido a varios recursos de inconstitucionalidad (resueltos en junio de 2010):
El papel del referéndum en Europa
El poco uso que se ha hecho en la democracia española del referéndum -cuatro desde la muerte del dictador, la última vez el año 2005 en relación con el tratado constitucional europeo- puede llevar a pensar a muchos ciudadanos que este mecanismo de decisión colectiva es, igualmente, poco valorado o utilizado en otras latitudes. Pero nada más lejos de la realidad. Si ampliamos nuestra visión y en ella incluimos a la mayoría de nuestros vecinos europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Irlanda, Suiza, Dinamarca y Suecia), resulta que desde el año 1995 en estas democracias se han celebrado 176 referendos de índole diversa.
Los temas sobre los que se ha pronunciado la ciudadanía de estos países en todas esas ocasiones son múltiples. Para empezar, podemos establecer una distinción entre los referendos que han implicado algún tipo de reforma institucional y los que suponían consultas sobre la definición de políticas públicas concretas (sobre legislación económica, sanitaria, educativa, de transportes, energía, etcétera). Los que implicaban una reforma institucional de algún tipo (reformas electorales, sobre límites territoriales internos, o ampliaciones/ reducciones de derechos) o la cesión de poderes o soberanía representan casi la mitad (44%) de todos los casos. Este porcentaje, ya siendo importante, aumenta aún más si no consideramos los referendos celebrados en Suiza e Italia, países con una gran tradición de consulta a la ciudadanía.
Suiza e Italia suponen, sin duda, un caso aparte por su muy alta utilización del referéndum para dirimir debates políticos (especialmente en Suiza, donde la tradición se remonta al propio nacimiento de la primera constitución confederal). Concretamente, entre 1995 y 2007 en Suiza se celebraron 99 referendos a nivel federal (a los que habría que añadir los numerosos referendos a nivel cantonal) y en Italia alcanzaron la cifra de 36 los referendos nacionales, que abarcaron temas tan dispares como la publicidad y titularidad de los canales públicos de televisión, los horarios comerciales, la fecundación in vitro o la edad de jubilación.
Si examinamos con mayor atención los referendos sobre grandes decisiones o de mayor impacto institucional, es decir, aquellos que implican una reforma de la estructura institucional, cesión de poderes o de soberanía, observamos que estos han estado muy presentes en el devenir de los últimos años tanto a nivel estatal como subestatal. Por lo que respecta a estos últimos, destacan los casos del Reino Unido y Francia, que juntos suman un total de 11 referendos de impacto institucional vinculados a procesos de reacomodación de territorios que habían sido colonias (Gibraltar, Isla de Ascensión y Bermudas, en el caso del Reino Unido; y Guadalupe, Martinica, Isla de Mayotte y Nueva Caledonia en el caso francés), o a la reordenación territorial interna, que en lo referente al Reino Unido se vincula al proceso de ‘devolution’ (Gales, Escocia y Ulster), y en el caso de Francia al intento de resolver la acomodación de Córcega en el Hexágono [forma geométrica que representa el mapa de Francia].
A nivel estatal, en cambio, los referendos de impacto institucional celebrados en este periodo tienen que ver sobre todo con el proceso de desarrollo de la Unión Europea y la necesidad de refrendar dichos cambios a nivel nacional, así como con la práctica política suiza. (Vale la pena recordar también que tras los referendos en Francia y Holanda en el 2005, en los que venció el NO al tratado europeo, Portugal, República Checa, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca anularon sus consultas previstas.)
En lo que se refiere a cambios de soberanía hay que destacar igualmente, para el periodo examinado, el referéndum de Montenegro y fuera del ámbito europeo los celebrados en Quebec y Timor Oriental.
Desde el punto de vista de las legitimidades políticas y legales nos encontramos con una variedad muy amplia de situaciones que podrían situarse entre la doble mayoría (poblacional y cantonal, que requieren los referendos suizos, o poblacional y electoral, que se exigió a Montenegro) y los referendos vinculados al proceso de ‘devolution’ en el Reino Unido. Estos últimos no contaban con ningún respaldo constitucional, pues no existe esta norma básica en el ordenamiento jurídico británico. Las consultas se fundamentaron exclusivamente en la voluntad política de una mayoría parlamentaria y, en algún caso, como el referéndum galés, obtuvieron un apoyo popular muy limitado, sin que ello afectara a la efectividad de la decisión. Concretamente, el SÍ a la nueva Asamblea galesa que inicia el proceso de ‘devolution’ obtuvo sólo un 50,3% de las papeletas y no había ningún quórum mínimo exigido de participación. Pero la legitimidad y la legalidad de la decisión jamás ha sido puesta en duda por los actores o la opinión pública británica, situándolas al mismo nivel que la que da origen al proceso escocés, donde se consiguió un 74,3% de sufragios afirmativos [en 1997].
Al margen de la proyección del referéndum como práctica consultiva en las democracias europeas, en relación con las aspiraciones soberanistas o independentistas también se olvida que hay palabras y conceptos de mayor y de menor calado, con significados más y menos trascendentes. Y entre las primeras destacan algunas que se enraízan con sentimientos muy profundos del ser humano, convertidas en gritos muy difíciles de acallar cuando llegan al punto de convertirse en una bandera social agresiva: Independencia, Patria, Libertad, Dignidad, Rebeldía…
Ahora, conociendo de forma fehaciente que en el referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido ha ganado el NO con cierta holgura (más de 10 puntos de diferencia entre el SÍ y el NO), sobrarán explicaciones de por qué ha sucedido lo que ha sucedido, previamente ignoradas, y lecturas ‘barriendo para casa’ seguramente erradas. Pero ganando la propuesta que haya ganado, y por las razones que fuere, lo más importante es entender el valor sustancial de la consulta en sí misma y el marco de respeto y tolerancia en el que se han presentado y medido las opiniones encontradas, junto con la predisposición de las partes para aceptar los resultados democráticamente.
Y, sobre todo -porque nos estamos jugando mucho en ello-, ponerlo en relación con España, con el futuro de nuestro entorno político. Sin aferrarnos ciegamente al aspecto de la legalidad, obviando el de la legitimidad, porque -y no nos cansamos de repetirlo- la independencia (o el soberanismo) es una cuestión política antes que legal o constitucional.
Ahora, de nada vale entretenerse en señalar con el dedo a quienes han acertado o errado en sus diagnosis previas sobre el referéndum de Escocia. O jugar al escarnio mediático con quienes apoyaron una u otra opción, regodeándonos en los palos y las zanahorias merecidas por unos u otros (perniciosa práctica que los propios escoceses desestiman). Entre otras cosas porque quienes aritméticamente han perdido, de forma paradójica han logrado el mayor poder político que demandaban y sin tener que afrontar los riesgos de la independencia; y porque los unionistas vencedores han puesto encima de la mesa lo que antes consideraban innegociable y que después han ‘regalado’ (quizás dos torpezas consecutivas).
Ahora lo que importa es tener bien presente el valor ético-político de los referéndums, no especular con que quien los convoca vaya a ganarlos o perderlos imperiosamente y entender que la legalidad es un instrumento al servicio de la democracia, sin que de ninguna forma pueda socavarla. La ‘democracia’ es cosa muy distinta de la ‘constitucionalidad’ (en el Reino Unido parece que la democracia es bien real y sin embargo no existe una Constitución escrita como tal) y hay que asumir sus riesgos, sin olvidar jamás que todos, sea cual sea la aspiración nacional, tenemos derecho a idealizar y construir libremente nuestro futuro.
En cuanto a las consecuencias de la experiencia escocesa, y nos seguimos refiriendo al hecho y forma en sí de la consulta sin entrar en la valoración de los resultados, hay que convenir que ese modelo de referéndum ‘pactado y dialogado’ como instrumento al servicio de la convivencia democrática, es bastante convincente y asumible frente al radicalismo con el que algunos plantean en España la resolución (o más bien la irresolución) de ese tipo de problemas. Que, quiérase o no, son problemas reales, graves y crecientes, gracias a comportamientos errados de la clase política.
Por eso no hay que despreciar la posición de los partidos catalanes que, siendo contrarios a la ‘secesión’, mantienen su apoyo a una ‘consulta’ legítima y legalizada (el derecho a decidir), en esencia de corte escocés.
La expresividad del fenómeno soberanista catalán y su crecimiento, indican razonablemente que su vigor y dimensión es mayor que la del escocés; pero, sin embargo, en Escocia (como en Canadá) existe un marco legal previsto para poder acogerlo que no existe en Cataluña. Y ese es el nudo gordiano de la cuestión.
Si una cláusula constitucional establece que un país es indivisible, como sucede en España, y en el devenir de los tiempos surgen demandas soberanistas por las circunstancias que fueren (que políticamente se deberían haber evitado), lo razonable en primer lugar sería revisar si esa constitucionalidad responde a un principio moral o no. Y, en su caso, resolver la cuestión de forma ética e inteligente, en vez de resguardarla bajo argucias legales, que si el fenómeno es consistente terminarán saltando por los aires.
Esconder la incapacidad política detrás de una Constitución, ni es edificante ni puede prevalecer en el tiempo cuando el problema sustancial crece día a día, en varios frentes y provocando gravísimas fracturas sociales sin llegar a ser atajado en modo alguno por el Gobierno de la Nación. Atrapados por una dinámica política errónea (ese es nuestro pecado), la Constitución no puede enterrar la democracia, sino que debe servirla, así como legalidad y legitimidad han de mostrarse compatibles.
En un reciente artículo dedicado al referéndum sobre la independencia de Escocia, titulado ‘Una pregunta clara para Escocia’ (El País 05/09/2014), el reconocido editorialista británico Timothy Garton Ash, profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, investigador titular en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y autor de varios ensayos de análisis político, resumía esa misma posición en un último párrafo de forma tan sencilla como comprensible: “… Yo, que quiero que Escocia permanezca en Reino Unido y Reino Unido permanezca en Europa, creo que debemos asumir los riesgos de la democracia. Que nos dejen escribir nuestra propia historia”.
Y en una entrevista concedida al periodista Luis R. Aizpeolea para El País, publicada el pasado 12 de septiembre, seis días antes de que se celebrara el referéndum escocés, Alberto López Basaguren, profundo conocedor de la problemática vinculada a las más recientes demandas independentistas, ponía de relieve que, sin tener que mitificarla, la consulta en cuestión nos daba una gran lección. Sin querer resumir la entrevista, porque toda ella es muy interesante y reveladora, a pesar de que algunos comentarios ya se vean trascendidos por el resultado de la consulta, destacamos en negrita las respuestas a nuestro entender más significativas:
“El Ejecutivo debe responder con legitimidad política al soberanismo”
Alberto López Basaguren (Basauri, 1957), catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco, está considerado por numerosos expertos como la máxima autoridad española sobre los procesos soberanistas de Escocia y Quebec, que ha seguido sobre el terreno desde las universidades de Edimburgo y Montreal. También ha cursado estudios en Cambridge.
Pregunta. El 18 de septiembre, Escocia celebra un referéndum sobre su posible independencia ¿Qué incidencia tendrá en España y en Cataluña y Euskadi en particular?
Respuesta. Con la comunicación de hoy, tan fluida y profunda, los efectos en países cercanos con problemas similares son innegables e ineludibles. No obstante, el caso escocés tiene particularidades jurídicas que le diferencian de los problemas de Cataluña y España porque la Constitución británica [no codificada], a diferencia de la española, no es superior a las leyes ordinarias. Pero hay un trasfondo político en el caso escocés que nos afecta. ¿Por qué es posible en el Reino Unido lo que no es posible en España?
P. Pues eso. ¿Por qué es posible en el Reino Unido lo que no es posible en España?
R. El caso escocés, igual que el quebequés, son excepciones. Pero cada uno, desde su singularidad jurídica, ha dado respuesta a un problema político. España también tendrá que afrontar ese reto político, aunque su legalidad lo impida. Desde la legitimidad política, España está obligada a preguntarse por qué la regulación legal española es diferente. Y si debe afrontar esos retos cuando Reino Unido y Canadá lo han hecho.
P. Pero dice usted que el caso escocés y el quebequés son excepciones.
R. Son excepciones jurídicas y cada una de ellas ha dado su propia respuesta. En Canadá, su Constitución no decía nada sobre un referéndum sobre la independencia. Pero el sistema lo terminó regulando legalmente con la Ley de Claridad.
P. ¿Y en el caso escocés?
R. El Parlamento británico no tiene límites constitucionales como en España. Se aceptó que, según el Estatuto de Escocia, sólo se podría realizar el referéndum si así lo aprobaba el Parlamento británico. Y esto se hizo tras la mayoría absoluta del Partido Nacionalista Escocés en las elecciones regionales, que se presentó con un programa político de mayor autonomía y referéndum por la independencia. El Parlamento británico, a su vez, impuso que el referéndum escocés no podía ser unilateral y debía ser negociado.
P. ¿Cómo fue la negociación?
R. El Gobierno escocés aceptó todas las condiciones del Parlamento británico sobre el modo de celebrarse el referéndum, especialmente que hubiera una única pregunta y que fuera clara sobre si se aceptaba o no la independencia de Escocia. El Gobierno británico, a su vez, aceptó que pudieran votar los jóvenes de 17 y 18 años. Creo, no obstante, que David Cameron cometió un error de precipitación al forzar el referéndum únicamente sobre la independencia porque lo que los escoceses querían primordialmente era una mayor autonomía.
P. ¿Quién cree que va a ganar en Escocia el día 18 el sí o el no?
R. Hasta hace un mes había una sólida posición del no. Pero las últimas encuestas dan un alza al si por un deslizamiento del voto laborista porque en el Reino Unido se ha producido una fractura terrible en su modelo económico y social, que ha empujado a una parte del electorado laborista a creer que la independencia puede ser una respuesta a esa fractura social. Creo que, al final, ganará el no, que predomina entre las mujeres y los mayores que temen por sus pensiones, pero por poca diferencia. Pero apunto el riesgo que supone la quiebra del modelo social, que está favoreciendo el sí.
P. Y si ganara el sí. ¿Qué pasaría?
R. Se abriría un proceso de negociación complejo y muy incierto porque sería por una diferencia muy pequeña. Existe el precedente del Quebec y entonces, el Tribunal Supremo de Canadá dijo que la negociación no iba a ser sólo sobre la logística de la independencia. Hay que tener en cuenta que no estamos ante un referéndum de autodeterminación de una colonia, reconocido por los organismos internacionales. Hay asuntos muy importantes que negociar. Por ejemplo, la divisa, muy importante para el Reino Unido que no está en el euro. El Parlamento británico ya ha adelantado que si Escocia se independiza se queda fuera de la unidad monetaria británica, lo que sería un revés muy serio para los escoceses. Está también el problema de la deuda. Por este motivo, algunos entienden que habría que celebrar un segundo referéndum sobre lo pactado, tras la negociación.
P. ¿Y si gana el no?
R. Como la diferencia sobre el si será pequeña, existe el riesgo de que se empiece el cuento de nunca acabar. El Partido Nacionalista Escocés puede tener la tentación de tratar de seguir repitiendo los referéndum hasta lograr el sí. Pero es muy difícil que el Parlamento escocés pueda convocar nuevos referéndum de modo unilateral sin consentimiento del Parlamento británico. El ejemplo del Quebec es revelador. El sí perdió por muy poco. Los independentistas creyeron que en la siguiente legislatura ganarían. Pero los hechos mostraron que fracasaron sus previsiones y hoy el movimiento independentista del Quebec está en claro retroceso.
P. El PNV ha apuntado el modelo escocés como un referente a seguir y no el de Cataluña.
R. El caso escocés tiene el respaldo de un pacto en su propio país y el PNV sabe que una pretensión unilateral, como la catalana, fuera de la legalidad, no se va a aceptar. Yo he visto en Escocia a expertos impulsores de la independencia distanciarse expresamente del caso catalán por su actuación unilateral, no pactada.
P. ¿Escocia podía ser el precedente en la UE de una cadena de secesiones?
R. En ningún caso, una hipotética independencia de Escocia sería un precedente en la UE. Los propios independentistas escoceses lo presentan como un caso especial, pactado, y recalcan su excepcionalidad para ser aceptados. Descartan ser el inicio de una cola de independencias en la UE.
P. ¿Por qué en Cataluña o Euskadi no puede hacerse un referéndum pactado?
R. Quebec y Escocia son dos casos excepcionales, dónde se presentaban elementos muy sólidos. En España, para empezar, hay un problema de constitucionalidad. La Constitución y los estatutos no lo prevén. Pero, además, en clave política, hay una diferencia radical entre la propuesta del Partido Nacionalista Escocés y las propuestas de consulta de Ibarretxe, en su día, y hoy de Artur Mas. Ni Ibarretxe ni Mas se presentaron a las elecciones con un programa claro, de someter a consulta una propuesta de independencia. Lo hicieron a medias tintas. La propuesta clara del Partido Nacionalista Escocés fue precedida de un amplio debate político que aquí no se ha producido. Pero que tendrá que terminar por hacerse porque es insostenible políticamente la situación en que vivimos en Cataluña.
P. El Gobierno del PP es reacio a abrir ese debate.
R. Es cierto, pero políticamente va a ser insostenible en el tiempo por sus efectos negativos. Nada se puede hacer fuera de la legalidad, pero quien la defiende, debe justificar su legitimidad. Es verdad que la Constitución es reacia a los referéndum, pero se puede explorar un consenso mayoritario sobre en qué condiciones y con qué requisitos se podría celebrar.
P. ¿Qué va a pasar en Cataluña?
R. Una parte importante de los catalanes están movilizados por la independencia. Hay una cerrazón al debate por una parte y por la otra, una pretensión de huida hacia adelante. La actitud de Artur Mas está provocando una implosión del sistema catalán de partidos y una fractura social muy grave. La situación catalana es, por tanto, extremadamente preocupante y difícilmente gobernable.
P. ERC está empeñada en celebrar unilateralmente el referéndum por la independencia.
R. ¿Y va a declarar la independencia unilateralmente? ¿Va a optar por la vía insurreccional?, Ya no estamos en los años treinta.
P. ¿Cómo puede afectar el escándalo de la familia Pujol al proceso soberanista catalán?
R. A quien va a afectar es a CiU. Este partido tiene muy mal futuro. La gobernación de Mas ha llevado a CiU al suicidio y el escándalo de Pujol es el remate.
P. ¿Adónde va a ir Cataluña?
R. A corto plazo, se va a producir una enorme frustración. Estoy convencido de que si Escocia y Cataluña hubieran tenido una financiación como la que ha permitido el concierto económico, no se hubieran planteado los problemas posteriores. Hoy sólo veo como salida un enorme baño de realismo.
P. ¿Qué pueden hacer el Gobierno central y las instituciones?
R. El Gobierno central no ha dado una respuesta seria a la estrategia del nacionalismo. Sólo la apelación a la legalidad y no puede convertirse en una trinchera infranqueable. El primer error está siendo no afrontar el debate político. Y debe hacerse sin por ello aceptar el terreno de juego del nacionalismo. Los problemas que en su día ya se detectaron en el funcionamiento del Estado autonómico debieron ser abordados entonces. Porque ahí radican los problemas de ahora.
P. ¿A qué se refiere?
R. Por ejemplo, al reparto de competencias. En todos los estados federales, la Constitución fija nítidamente las competencias del Estado mientras aquí han sido los estatutos de autonomía los que las han fijado abriéndose situaciones conflictivas como sucedió con la reforma del Estatuto de Cataluña. Está pendiente, también, de resolución la financiación y las relaciones intergubernamentales.
P. El fenómeno escocés o el catalán ¿puede afectar a Euskadi?
R. El PNV está marcado por la experiencia del plan Ibarretxe y con una apuesta por el soberanismo, unilateral, arriesga la pérdida del poder y el fortalecimiento de la izquierda abertzale. Lo que me sorprende es que Artur Mas no haya aprendido de la experiencia de Ibarretxe.
Como bien señala el profesor López Basaguren, los problemas detectados hace tiempo en el diseño y funcionamiento del Estado de las Autonomías, que debieron ser abordados de forma automática, han devenido en los graves problemas de ahora. En relación, sobre todo, con el irracional sistema de reparto de competencias y del temerario vaciamiento del Estado, con el inconsistente sistema de financiación de las Administraciones Públicas y su organización territorial, con las relaciones intergubernamentales… y, en definitiva, con la falta de vertebración de la Nación Española.
Y, por tanto, es al PP y al PSOE, responsables de toda esa deriva y de ese desviacionismo de Estado, a quienes corresponde racionalizar actitudes y comportamientos políticos para poder superar la grave situación a la que nos avocan el soberanismo catalán y vasco. Para ello, bueno sería que, como sugiere el titular de esta Newsletter, sus dirigentes aprendieran algo del reciente y loable referéndum sobre la independencia de Escocia, dejando de venerar su propio ombligo y abandonando posiciones enrocadas que sólo pueden empeorar la situación.
Fernando J. Muniesa
