El PP y el PSOE yerran ante el “problema catalán”

En newsletters anteriores ya hemos reflexionado sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno político. Dijimos, y seguimos diciendo, que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor conocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitiría actuar con razón y no contra ella, mientras que de otra forma caerán en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Un ejemplo bien próximo de cómo el PP y el PSOE se suelen estrellar contra este sencillo razonamiento, es el de la lectura que hicieron de las elecciones celebradas el pasado 25 de noviembre para renovar anticipadamente el Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, para decidir la Presidencia y el nuevo Gobierno de la Generalitat. Una cuestión política sustancial resuelta finalmente como vaticinamos incluso antes de conocer la adjudicación de escaños (con un Gobierno de CiU apoyado y radicalizado por ERC), junto con todas las previsibles consecuencias políticas ya consumadas, como la “Declaración Soberanista” aprobada en el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero, y las que quedan por venir.

Entonces, y como suele suceder, los partidos perdedores realizaron una lectura interesada y absurda de los resultados, hasta el punto de pedir algunos la dimisión de Artur Mas, cuando CiU había doblado en diputados con mucha holgura tanto al PSOE como al PP (obtuvieron 50, 20 y 19 escaños respectivamente), sólo porque no alcanzó la “mayoría absoluta”. Es decir, negando la realidad más evidente y sin que los dos grandes derrotados en aquellos comicios catalanes, el PP y el PSOE, realizasen la más mínima “autocrítica” sobre su propiay errada estrategia electoral autonómica.

 LA REALIDAD INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA SIGUE ADELANTE

Dada la importancia política de los comicios del 25-N, en los que se medía claramente la temperatura del independentismo catalán y, de forma contrapuesta, la relativa fortaleza o debilidad del actual modelo de Estado, lo primero que demostró la victoria electoral de CiU, a pesar de perder 12 escaños sobre su posición anterior, fue la incapacidad del PP para recogerlos, aun cuando representaran votos de la derecha catalana no secesionista.

El PP se quedó atascado en una cuarta posición electoral con 19 diputados y el apoyo de un 12,97 por 100 de los votantes, lo que a tenor de la bandera “españolista” que arrió en su campaña y de ostentar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado, presidiendo por supuesto el Gobierno de la Nación, es una derrota sin paliativos, no reconocida pero realmente grave a efectos del problema secesionista de fondo que subyacía en estos comicios. Y esto es lo que hay, lo vean o no lo vean los gerifaltes de la política nacional, desde el Jefe del Estado para abajo.

Pero si el PP y Mariano Rajoy fracasaron sin paliativos al defender su opción “autonómica” en Cataluña, algo similar hay que decir de los socialistas. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE,y el líder del PSC Pere Navarro, representantes de la otra gran alternativa de gobierno en España, y que por tanto habríamos de identificar también con una defensa política del “Estado español”, perdieron nada menos que ocho escaños.

Dicho con otras palabras, el PSC-PSOE sigue compitiendo“ciego, sordo y cojo”en el maratón político catalán, como en el vasco o en el gallego, sin soltar el lastre de su absurda propuesta “federalista”, empeñado en realimentar, en vez de solucionar, el actual frangollo autonómico; es decir promoviendo“taifas sobre taifas”. Claro está que, alzando esta bandera, la valoración social del PSOE seguirá bajo mínimos, e incluso por detrás del resto de los demás partidos políticos.

En realidad, lo que subyace en toda la interpretación equivocada que se ha hecho de los resultados electorales del 25-N, y también en las rabietas de la oposición “españolista” contra Artur Mas, acompañadas con una exigencia paralela ciertamente necia de que renunciase al liderazgo de CiU, es su trasfondo secesionista. Liderando la eclosión ciudadana en favor del independentismo (quizás antes que promoviéndolo), palpable a más no poder, CiU se atrevió a encabezar por primera vez su programa electoral con esta aspiración política, de forma tan arriesgada como rotunda.

El “pulso” que Artur Mas lanzó al Gobierno de la Nación (y a la oposición socialista) el 25-N fue total, y en el análisis objetivo de la situación hay que reconocer que lo gano en toda regla, por mucho que se quiera ocultar o no reconocer.Y, más grave si cabe, con la evidencia de que, por primera vez en el nuevo Estado democrático, los votantes de CiU han asumido con plena consciencia, y expresándolo sin ambages en las urnas, sus exigencias de independencia, porque los votos de quienes piensan de forma distinta, o se han querido distanciar del “secesionismo”, han emigrado obviamente hacia otras formaciones políticas (por ejemplo, los casi 170.000 votantes que han incrementado la base electoral de Ciutadans y que le han permitido obtener seis escaños más de los que tenía). Por tanto, a partir del 25-N ya no cabe duda alguna sobre las “señas independentistas de CiU”.

 Por otra parte, el gran refrendo de esta aspiración separatista es mucho más palpable con el éxito electoral obtenido por ERC, partido que ha doblado sus escaños (21 frente a los 10 precedentes) convirtiéndose en la segunda fuerza política de Cataluña, a pesar del fracaso que cosechó participando en el llamado Gobierno “tripartito”. Dato realmente destacado y significativo del 25-N.

Es decir, el problema de fondo (el pulso de la secesión) se agravó de forma sustancial para los partidos “españolistas” (y para el Estado) una vez que el éxito de CiU se ha visto flanqueado también con el de ERC, partido bastante más radical al respecto.

El 25-N consolidó una mayoría “independentista” catalana neta de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente“españolista” de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), que, además de estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto, lo que, por otra parte, evidencia su incapacidad para defenderlo. Una aritmética parlamentaria que muestra la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, con una posición secesionista que se anuncia irreversible, tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la falta de capacidad del PP y el PSOE para contrarrestarla.

 LA “DECLARACIÓN SOBERANISTA” DEL PARLAMENTO CATALÁN

La dinámica de los hechos ha demostrado de forma inmediata que ese “frente parlamentario independentista” no sólo existía, sino que va a más. Así, apenas transcurridos dos meses desde el 25-N, la diferencia aritmética inicial entre las dos posiciones básicas (74 escaños frente a 61) se disparó el pasado 23 de enero al votarse la “Declaración Soberanista” del Parlamento Catalán en el primer pleno de la legislatura, con 85 votos a favor y 41 en contra (el resto fueron abstenciones o ausencias); es decir con más del doble de votos a favor que en contra.

Una resolución parlamentaria que se las trae, que se las traerá más a partir de ahora y que arrastra una larga historia reivindicativa cuyos hitos más próximos ni el PP ni el PSOE (y sus sucesivos gobiernos) quisieron tomarse en serio y, mucho menos aún, cortar por lo sano de consuno.

Por ejemplo, después de recordar las aspiraciones de transformar el marco político y jurídico de Cataluña a través del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía iniciado por su Parlamento en el año 2005, en el preámbulo de la “Declaración Soberanista” se afirma: “Las dificultades y negativas por parte de las instituciones del Estado español, entre las que cabe destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, suponen un rechazo radical de la evolución democrática de las voluntades colectivas del pueblo catalán dentro del Estado español y crean las bases para una involución en el autogobierno, que hoy se expresa con total claridad en los aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales, culturales y lingüísticos”.

A continuación, se manifiesta también: “El pueblo de Cataluña ha expresado de varias formas su voluntad de superar la actual situación de bloqueo dentro del Estado español. Las manifestaciones masivas de 10 de julio de 2010, con el lema ‘Somos una nación. Nosotros decidimos’, y de 11 de septiembre de 2012, con el lema ‘Cataluña, nuevo estado de Europa’, son expresión del rechazo de la ciudadanía hacia la falta de respeto a las decisiones del pueblo de Cataluña”.

Y, finalmente, se concluye: “El 27 de septiembre de 2012, mediante la Resolución 742/IX, el Parlamento constató la necesidad de que el pueblo de Cataluña pudiese determinar libre y democráticamente su futuro colectivo por medio de una consulta. Las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, el 25 de noviembre de 2012, expresaron y confirmaron esta voluntad de forma clara e inequívoca”.

Pero, al margen del preámbulo y centrados en la declaración expresa aprobada en sede parlamentaria dentro de la Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, dicho de otra forma aprobada “por la voluntad democrática del pueblo catalán”, lo primero que se debe destacar es su título específico, desde luego poco divagante: “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. Bien claro está letra por letra.

Sin necesidad de tener que comentar, uno por uno, los nueve “principios” que incorpora la “Declaración Soberanista” por la que el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para que sus ciudadanos puedan ejercer el derecho de decidir su futuro político colectivo, su alcance queda de manifiesto en el primero de ellos dedicado expresamente al concepto de “soberanía”:“El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

Por si eso fuera poco o alguien no alcanzara a ver todavía por dónde van los tiros, el segundo “principio” aclara también la “legitimidad democrática” del caso en los siguientes términos:“El proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático y garantizará especialmente la pluralidad y el respeto de todas las opciones, mediante la deliberación y el diálogo en el seno de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento que se derive sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental del derecho a decidir”.

Y, para terminar de dejar claro que la cosa va en serio, otro principio del mismo documento advierte el nivel de “interlocución” con el que los catalanistas piensan afrontar su provocador empeño:“Se dialogará y se negociará con el Estado español, con las instituciones europeas y con el conjunto de la comunidad internacional”. Ahí es nada…

LA RESPUESTA FRÍVOLA Y DESPRECIATIVA DE MARIANO RAJOY

Pues bien, lo más lamentable del caso es que a Mariano Rajoy, nada menos que presidente del Gobierno, le parece que esta “Declaración Soberanista” del órgano política y legítimamente representativo del pueblo catalán“no sirve para nada”. Afirmación que nos muestra una faceta de su personal “galleguismo” hasta ahora poco visible, la de la frivolidad política, que le sitúa en la misma senda de irresponsabilidad por la que transitaba el ex presidente Rodríguez Zapatero.

Adoptando una posición ciertamente despreciativa de la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, manifestada en Lima durante una comparecencia conjunta con el presidente Ollanta Humala en la que no se admitieron preguntas de la prensa, Rajoy sentenció con cierta ligereza: “Aprobar resoluciones que no están en el marco constitucional no sirve para nada”. Una forma bastante ligera de entender el problema y de anticipar el criterio gubernamental de que, en su cuestionable opinión, la resolución no tiene efectos jurídicos y que, por tanto, no sería recurrida al Constitucional, dando por inocuo lo que realmente tiene una gran carga de nocividad política.

Al parecer, Rajoy ha dedicado más tiempo del que parece a estudiar la resolución, anunciada hace semanas, hasta el punto de seguir analizando su texto definitivo incluso en el avión que le trasladó a Lima, aunque el resultado haya sido banal. Así, el Gobierno habría podido tener previsto de antemano no recurrirla ante el Tribunal Constitucional, aunque no se sepa exactamente cuál sería el motivo de esa actitud; como es conocido, las opiniones y decisiones políticas del presidente del Gobierno suelen ser tan poco accesibles como comprensibles.

¿Teme Rajoy que, llegado el caso, el Constitucional no se pronuncie en contra de la “Declaración Soberanista”…? ¿Acaso ha recordado que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el llamado “Plan Ibarretxe” (aprobado en el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004) ni siquiera fue admitido a trámite…? ¿Ha valorado el presidente del Gobierno que, sin erradicarlas de plano, este tipo de declaraciones pueden tener réplicas miméticas en ayuntamientos y diputaciones catalanas que seguirían“calentando” el independentismo por una peligrosa senda de deterioro político y cada vez de más difícil retorno…?

Quizás, las “cabezas pensantes” del Gobierno consideren más adecuado esperar a que el problema llegue al Congreso de los Diputados para enfrentarlo democráticamente a la voluntad nacional, no la catalana, y “disolverlo” entonces ganando la batalla “con los votos de todos”, como terminó sucediendo con el “Plan Ibarretxe”. Un camino de dudosa eficacia, porque las circunstancias y la naturaleza que rodean el problema vasco y el catalán no son exactamente las mismas (véanse, por ejemplo, la posición soberanista asumida por ICV y la disensión aflorada dentro del PSC).

Lo cierto es que Mariano Rajoy no parece tener clara la diferencia que existe entre la realidad jurídica y la realidad sociopolítica; porque si los efectos jurídicos de la “Declaración Soberanista” de Cataluña fueran de hecho inexistentes o intrascendentes, su efecto político puede ser demoledor.

Alguien debería advertir al Gobierno que, en temas tan “sensibles” como el de la “cuestión catalana” (que quiérase o no tiene su historia), sentencias marianistas como la del “no sirve para nada” son, además de infantiles, una pura boutade. Y hablar de que llegado el caso “se aplicará la ley”, como también dijo Rajoy en Lima, es casi un chiste: ahí está, sin ir más lejos, la victoria política de ETA sin que esa misma ley haya impedido que se siente en todas las instituciones de representación democrática… y todo lo que termine viniendo por ese flanco.

No vamos a insistir en las erradas interpretaciones que por activa o por pasiva están dando el Gobierno y la Oposición (y hasta la Corona) sobre la Resolución 5/X, del 23 de enero de 2013, del Parlamento de Cataluña, y sobre las lecturas miopes del caso que han proliferado por los medios informativos, ni a dar tampoco más pistas aclaratorias de por dónde están yendo los tiros secesionistas; aunque no dejemos de reafirmar que la aprobación de la “Declaración Soberanista” de marras ha constituido un auténtico éxito para sus promotores, un verdadero descalabro para sus antagónicos detractores y un brutal navajazo más para la “vertebración del Estado”. Asunto éste eternamente pendiente, como Su Majestad el Rey reconoció al periodista Jesús Hermida durante la entrevista concedida con motivo de su 75 cumpleaños (TVE 04/01/2013), sin mayor preocupación y ya tras 37 años de reinado.

¿POR QUÉ QUIERE EL PSOE “DESVERTEBRAR” EL ESTADO?

Lo que sí nos parece imprescindible en esta reflexión sobre el “problema catalán” (que no deja de ser un “problema de España”) es destacar, por su intrínseca gravedad, el empeño del PSOE en “desvertebrar” el Estado aún más de lo que ya está, tratando de insuflar en su actual modelo político y territorial, objetivamente “terminal”, nuevas dosis de letalidad en vena, no con “más de lo mismo” sino con “mucho más de lo peor”. Una chafarrinada política de marca mayor, propuesta por algunos socialistas a los que se les podía suponer todavía cierta sensatez después de padecer su partido la orgía autodestructiva del “zapaterismo”, proyectada además a través de la acción gubernamental sobre el conjunto de la vida nacional.

Porque la “reforma federal” del Estado de las Autonomías que el secretario general del PSOE se sacó de la manga el pasado mes de septiembre para afrontar “estratégicamente” las elecciones del 21-O en Galicia y el País Vasco y las del 20-N en Cataluña, recuerda demasiado al electorado el desafortunado estilo “ocurrente” de su antecesor en el cargo: el ínclito ZP.

Antes de que la realidad hiciera saltar por los aires la escasa perspicacia electoral del PSOE (que perdió 7 escaños en Galicia, 9 en el País Vasco y 8 en Cataluña), Pérez Rubalcaba, se despachó así de iluminado:“Asimetría existe en la Constitución española, lo que se trata es de ver si podemos reflejar mejor las singularidades. Cataluña plantea dos problemas, uno es la financiación, y el segundo es cómo se siente en el conjunto de España”. Y con la guinda añadida de que “el modelo federal es una mejora sobre el Estado autonómico”, porque, entre otras cuestiones, “permite mecanismos de cooperación más claros”.

Eso sin dejar de salpicar por diversos medios informativos otras ideas falsarias como la de que hay que avanzar hacia el modelo federal porque  “garantiza la igualdad y preserva la diversidad”, o la de que a España le faltan cosas de un Estado federal y “hay que completarlo”... Por cierto, asegurando también entonces que el PSC “no es un partido soberanista”, siendo bien evidente que, poco después, cinco de sus diputados en el Parlamento de Cataluña (el 25 por 100 del total) se negaron de forma expresa a votar en contra de la “Declaración Soberanista” que tanto nos complica la vida…

Pero es que, en paralelo, otros miembros de la “vieja guardia” socialista (antes “españolistas” de pro) acompañaban la peregrina reorganización territorial “federal” propuesta por Pérez Rubalcaba con afirmaciones del mismo corte equívoco e inoportuno.

Felipe González declaraba que “la mejor estructura de Estado es la federal”, sin explicar porque razón no era entonces, por ejemplo, la más usual en nuestro entorno europeo. El ex presidente socialista, que más o menos siempre tuvo a las autonomías debidamente “embridadas”, se muestra ahora (a la vejez viruelas) partidario de “una estructura territorial federal” con dos componentes claros, “el mantenimiento de la cohesión” y “el reconocimiento de la divergencia”, en función de “razones claras”, como la lengua, puntualizando: “Por lo tanto, puede haber asimetrías, pero no en los derechos de los ciudadanos”. Pero, ¿cuál es, entonces, la diferencia entre el actual Estado de las Autonomías y el nuevo Estado Federal propuesto por los socialistas…?

Más desairados aún son los intentos de Ramón Jáuregui por maquillar el actual modelo autonómico con una inoperante “solución federal” que, en realidad, sólo es una nueva versión, o un “paso de tuerca” más, del mismo timo político, sabiendo, como sabe cualquier aprendiz de ciencia política, que lo “federal” sólo puede ser una solución cuando no se dan asimetrías territoriales, desigualdades insolidarias ni exigencias soberanistas. En un artículo titulado precisamente “Reformas federales”, publicado en el digital “Diario Crítico” (07/11/2012), propone “una auténtica renovación del pacto territorial” conjugando básicamente estas cuatro materias:

Una extraña amalgama compatible, según Jáuregui, con el establecimiento de unos principios constitucionales que desarrollen mejor los consabidos valores de la Solidaridad, la Igualdad y la Singularidad. Y, en definitiva, otra reiteración manida de lo ya conocido, con nuevos ataques al Estado y que, además, tiene el peligro de abrir la puerta a un federalismo real que terminara dando la puntilla a la realidad histórica de España: ¡vaya broma!

La realidad es que la “reforma federal” del Estado de las Autonomías que ahora nos propone el nuevo “zapaterismo” socialista, no deja de ser, de forma paradójica, una auténtica “mascarada” para intentar disfrazar la total inoperancia de la “solución federal” en el caso español. Sin olvidar que, hoy por hoy, el país es un “reino” sustancialmente imposible de “federalizar”.

Con todo, no deja de llamar la atención el hecho de que, inmediatamente antes de que el Parlamento de Cataluña aprobara su polémica “Declaración Soberanista”, el PSC pusiera su granito de arena en el patio de monipodio catalán proponiendo una propuesta de resolución, por supuesto sin mayor recorrido parlamentario, en la que abogaba por una reforma constitucional para que España se convierta en un “Estado federal” y Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir su futuro. En el texto se defendía la necesidad de impulsar las reformas necesarias a fin de que los ciudadanos de Cataluña “puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum o consulta acordado en el marco de la legalidad”.

La reforma constitucional propuesta por el PSC tendría como objetivo federalizar el actual Estado de las Autonomías para garantizar el máximo de autogobierno para Cataluña, asegurando un trato fiscal justo, reconociendo la identidad y cultura propias y estableciendo un “sistema de soberanías compartidas”, que, según los socialistas, “es la mejor forma de gestionar las interdependencias existentes en el mundo global”…

EL PSOE SE ESTRELLA CONTRA EL MURO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Lo cierto y al parecer desconocido por el PSOE, que cada vez lee y escucha menos, es que el Barómetro del CIS del pasado mes de noviembre ya señalaba que sólo un 12,4 por 100 de los españoles encuestados se mostraba favorable a que las Comunidades Autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad y que sólo un 9,9 por 100 es partidario de un Estado en el que se les reconociese la posibilidad de independizarse, sumando entre ambas posibilidades “extremas” un 22,3 por 100 de la población, identificada obviamente con los votantes del nacionalismo radical y no del PSOE.

Por el contrario, el mismo Barómetro señalaba que un 24,9 por 100 de los españoles consultados (más que el total anterior) se declaraba partidario de un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías, a los que tampoco habría que presuponer aversión alguna ante opciones electorales socialistas. ¿Por qué insiste entonces la cúpula del PSOE en una “solución federal” sin el respaldo de su propio electorado…?

A mayor abundamiento, Pérez Rubalcaba, González, Jáuregui y los demás “federalistas”del PSOE, se enfrentan también políticamente con un 13,4 por 100 de los españoles que, según el CIS, prefieren un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menos autonomía que en la actualidad. Y, sobre todo, desprecian la opinión del 32,5 de los mismos encuestados que, de momento, prefieren un Estado de las Autonomías como el actual.

Total, que frente a un 70,8 por 100 de la población posicionada en contra de más desmanes autonómicos, el PSOE, ni corto ni perezoso, promueve un Estado federal tan inconsecuente como absurdo y, por supuesto, enfrentado sustancialmente con la Corona. Algo, en efecto, propio del más acendrado “zapaterismo”.

Así, con tanta confusión sustancial, tampoco es de extrañar que en “El debate de la 1” (emitido en la madrugada del pasado 18 de enero) Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE y “número dos” de Rubalcaba, defendiera un “Estado federalizante” antes que un “Estado federal”; hablara de un proceso de reforma de la Constitución, que no sería “constituyente”, y de que, en relación con el secesionismo, el PSOE defiende el derecho a votar de todos los españoles mientras que, contradictoriamente, el PSC defiende sólo el de los catalanes… Visiblemente confusa y nerviosa, porque no era para menos, terminaría proponiendo algo así como un camino intermedio entre no hacer nada y chocar con los nacionalistas, digamos que por no hablar de “la cuadratura del círculo”.

En paralelo, y por poner otro ejemplo de “movida” no menos curiosa, los socialistas canarios se afanaban para proteger las singularidades insulares ante la reforma constitucional propugnada por el propio PSOE. Su principal objetivo en ese sentido sería constitucionalizar aún más el REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias) de forma que su cumplimiento quedara blindado en los términos estrictos que recoge la actual ley, que al no ser una ley orgánica lo deja al albur de la voluntad de los gobiernos centrales (“laprovincia.es” 16/01/2013); es decir, una especie de “fin del paganismo y principio de lo mismo” recuperando una celebrada expresión del profesor Jesús Fueyo sobre el último cambio de régimen político…

EL LASTRE DE LAS AUTONOMÍAS Y EL HUNDIMIENTO NACIONAL

En nuestra Newsletter 20, editada el 29 de julio de 2012, nos pronunciamos sobre el origen, las debilidades y la “España sin futuro” a la que nos ha conducido el frangollo político del Estado Autonómico (leer “El insostenible descalabro de las Autonomías”). Un modelo evidentemente fracasado pero protegido a cal y canto por la actual clase política como instrumento que ampara el pesebrismo partidista y la corrupción general del sistema.

Con anterioridad, y comentando los componentes de irreversibilidad que alimentan la crisis actual, todavía encubiertos en el debate político, ya habíamos advertido: La cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, educados en el franquismo por activa o por pasiva, dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, ámbito en el que fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios y se gestó el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”…

Esta es una desagradable cuestión que tendrá un recorrido inevitable, duro y con consecuencias impredecibles, aunque los actuales dirigentes políticos no quieran apearse de la burra autonómica, ni suprimir los pesebres donde alimentan a la canalla partidista, salvo contadas excepciones que tampoco se plantan como tendrían que plantarse. Incluso hay quienes, como hemos visto, todavía quieren más y más de lo mismo.

Hoy, se admita o no políticamente, la reforma del Título VIII de la Constitución, dedicado a la Organización Territorial del Estado, es una obligación ineludible para evitar la quiebra del Estado, sin la que España volverá a su ancestral “ejercicio de tinieblas”.

Apoyado o no por la Corona y el PSOE, Mariano Rajoy tiene dos poderosas razones para afrontar y liderar ese proceso: una situación de crisis nacional letal (no sólo económica) y una mayoría parlamentaria absoluta de difícil repetición, otorgada con meridiana claridad por los españoles precisamente para acometer esa trascendental tarea. Él sabrá, ya lo hemos dicho en otra ocasión, si quiere pasar a la historia como un líder de altura (incluso a costa de morir políticamente en “acto de servicio”), o como un presidente de Gobierno cobarde, tolerante con la corrupción del sistema y culpable del hundimiento nacional.

De momento, el “caso Gürtel-Bárcenas” y cualquier posición timorata ante las declaraciones soberanistas (la del Parlamento de Cataluña y las que vengan de otras instituciones catalanas y vascas), no dejan de recortar sensiblemente la capacidad de decisión y acción de Rajoy. Él puede pensar que el tiempo corre a su favor, pero en realidad quizás corra en su contra.

Leer: “Declaración de Soberanía del Parlamento de Cataluña”