Karina Mariani
Coutts & Co es un banco fundado a fines del Siglo XVII. En el siglo de su nacimiento, España vivía su Siglo de Oro y se publicaba Don Quijote de la Mancha, el Mayflower llegaba a las costas de Norteamérica, tenían lugar la guerra civil y la Revolución gloriosa en Inglaterra, el mundo vivía la Revolución científica y en Francia el Rey Sol Luis XIV redefinía el concepto mismo de absolutismo. Coutts, esta joya histórica acaba de mancillar su trayectoria y siglos de prestigio a manos de la religión woke.
Hace unas pocas semanas, uno de sus más famosos clientes, Nigel Farage, el político británico líder del Brexit y comentarista de medios como Fox News y GB News, denunció que Coutts, banco que había estado usando durante más de 40 años, había cerrado sus cuentas sin ninguna explicación. La historia se hizo viral cuando Farage anunció a través de sus redes que el establishment quería expulsarlo del Reino Unido cerrando sus cuentas bancarias como forma de persecución política, «Si me lo pueden hacer a mí, también te lo pueden hacer a ti», señalaba con mucho acierto, dado que se trata de una persona rica, poderosa y con mucha visibilidad, con muchos más recursos que un ciudadano de a pie, cosa que demostraba la indefensión de los individuos frente al totalitarismo progresista.
A raíz de la denuncia, la emisora estatal BBC publicó una explicación casi burlona del caso Farage: «cayó por debajo del umbral financiero requerido (más de un millón de libras) para tener una cuenta en Coutts», decía la noticia. La cosa se puso picante, primero porque un medio de comunicación publicaba el estado patrimonial de un cliente de un banco, lo que hablaba a las claras de una filtración ilegal, y segundo porque la información ¡no era cierta! de modo que Farage comenzó a indagar abriendo las puertas de varios infiernos.
Actualmente Coutts & Co es parte de la megacorporación NatWest, que a la sazón es propiedad de la Corona británica en casi un 40%. Su directora era Alison Rose, que resultó ser quien filtró la noticia falsa a un alto directivo de la BBC, era el epítome del burócrata corporativo progre. Fue galardonada con la Excelentísima Orden del Imperio Británico como Dame Commander of the Order of the British Empire en la lista de Honor de Año Nuevo de 2023. Aunque dirigía un banco, Alison declaraba que le apasionaba que fuera una organización con un propósito de diversidad e inclusión y al asumir sostuvo que «abordar el cambio climático sería un pilar central» de su mandato.
Los pedidos de informes de Farage y las investigaciones periodísticas independientes sacaron a la luz que la razón por la que el banco había cerrado las cuentas era su postura política que no coincidía con el propósito moral de la entidad. Lo que le habían hecho a Farage se conoce como «debanking» o desbancarización y es ni más ni menos que la versión financiera de la cultura de la cancelación. El diario The Daily Telegraph publicó un extenso informe del Comité de Riesgo del banco que sostenía la existencia de «factores de riesgo que incluyen declaraciones públicas controvertidas en conflicto con el propósito del banco». El expediente señalaba negativamente sus ideas sobre el Brexit, su amistad con Donald Trump y Novak Djokovic y sus puntos de vista sobre los derechos LGBT, entre muchas razones por las que no era «compatible con Coutts». Farage describe el archivo como un «informe de vigilancia al estilo de la Stasi» donde la palabra Brexit aparece 86 veces, contiene 39 menciones de Trump y hasta hay líneas donde sostiene que en sus días de escuela Nigel era visto como «xenófobo, racista y fascista». «Me hicieron controles de prensa mensuales. Mis cuentas de redes sociales fueron monitoreadas».
Tras la exposición del caso rodó la loca cabecita de Alison Rose, que en 48 horas mintió y se desmintió y culpó y se disculpó a repetición. Como el escándalo seguía, también debió renunciar el director ejecutivo de Coutts, Peter Flavel, pero la batalla entre Coutts y Farage expuso un problema profundo que yace en el corazón mismo del capitalismo woke. Desde que se hizo público, aparecieron cientos de casos similares. Sólo para poner algunos ejemplos: el reverendo Richard Fothergill respondió una encuesta para clientes de Yorkshire Building Society diciendo que no estaba de acuerdo con su promoción de la ideología transgénero durante el mes del Orgullo y la entidad le cerró la cuenta porque sus puntos de vista eran «no tolerables». Halifax expulsó a los clientes que no aprobaban su política de pronombres inclusivos. PayPal desbancarizó a Moms for Liberty, a las cuentas de Free Speech Union y a su fundador Toby Young y al grupo de padres UsForThem que hizo campaña contra el cierre de escuelas durante la pandemia. Los camioneros canadienses que protestaban contra los mandatos de vacunación y las restricciones perdieron las donaciones hechas a la plataforma GoFundMe y el propio Trudeau cortó la financiación de los bancos canadienses por 7,8 millones de dólares a unas 200 cuentas vinculadas a los manifestantes.
Los casos se acumulan vertiginosamente. Exclusivamente por cuestiones ideológicas fueron desbancarizados el independentista escoces Stuart Campbell por la entidad First Direct, Claire Fox eurodiputada del Brexit; los protagonistas del podcast Triggernometry: Konstantin Kisin y Frances Foster, el Comité Nacional para la Libertad Religiosa, Marine Le Pen por HSBC y su partido por la Société Générale de Francia, Chris Tomlinson de The European Conservative, el influyente político conservador Jeremy Hunt por la entidad Monzo; y Our Duty una asociación crítica de la transición médica de niños por Metro Bank.
En una sociedad donde va desapareciendo el dinero en efectivo y la vida social y empresarial está bancarizada obligatoriamente en la inmensa mayoría de las transacciones, ser desbancarizado hace que sea casi imposible tener una vida normal. Esta voluntad de castigar a los clientes divergentes arroja una nueva luz sobre el énfasis que las corporaciones ponen en excluir a aquellos que se atreven a estar en desacuerdo con su perspectiva. El problema es mucho peor que la simple hipocresía progresista de antaño, detrás de las distintas banderitas, pines, pronombres y discursos inclusivos se esconde un autoritarismo despiadado. Es una forma brutalmente efectiva de cancelar a alguien y una de las evoluciones más diabólicas de la censura. Las empresas están abiertamente dispuestas a perder dinero para sostener su cuota de poder moralizante, con su caso, Farage expuso no sólo esta realidad sino la politización antidemocrática de las élites.
El Fondo Monetario Internacional comenzó hace unos años a hacer lobby abiertamente incitando a sus países miembros a avanzar hacia una sociedad sin dinero en efectivo, desde entonces banqueros, funcionarios, mandatarios y miembros de organismos multilaterales no han cesado de proponer esta hoja de ruta. Los gobiernos afirman que el cambio a una sociedad sin dinero en efectivo ayudará a prevenir la delincuencia y aumentará la comodidad para la gente común, la excusa es siempre la misma. Pero la verdadera motivación de la guerra contra el dinero en efectivo es un mayor control del Estado sobre el individuo.
Los gobiernos de todo el mundo avanzan extasiados hacia la panacea de una moneda digital de banco central que les daría no sólo la capacidad de congelar cuentas bancarias, sino de aislar a los individuos arbitrariamente. Las leyes difusas, los poderes especiales y las emergencias son muy útiles para eso. Los castigados no podrían recibir pagos por su trabajo, ni pagar facturas o comprar alimentos. Ya en las democracias liberales se pueden suprimir personas o empresas de la vida económica por no adecuarse a la corrección política y todo el mundo occidental se está moviendo hacia el mismo sistema.
El banco australiano Commonwealth Bank ha dicho que no aceptará a nuevos clientes con más del 25% de sus ingresos provenientes de los combustibles fósiles y el National Australia Bank anunció un plan para desbancarizar a los clientes que cometen violencia financiera en el marco de la violencia de género. Los preceptos morales relativos al ambientalismo, feminismo o cualquiera de los ismos que forman parte de la agenda woke pueden ser custodiados por un empleado del banco con derecho a dejar a una persona sin cuenta bancaria por no comportarse como el wokismo manda. Si a esta situación le agregamos la tendencia a suprimir el efectivo reemplazado por moneda digital de banco central el poder del Estado sería absoluto, pudiendo un gobierno o una corporación determinar cupos de gasto según la huella de carbono, establecer listas de compra sostenible e incluso penalizar el ahorro. Siguiendo los ejemplos ya citados, una compañía eléctrica «comprometida con cuestiones ambientales» podría suspender el suministro eléctrico al hogar de un escéptico del cambio climático. O una compañía farmacéutica hacer lo propio con medicamentos a quién no aceptase mandatos de vacunas. Las posibilidades son infinitas y están a la vuelta de la esquina. El sistema de crédito social chino no parece hoy tan lejano.
Claro que las corporaciones deberían ser libres de decidir a quién venden sus servicios y las condiciones en que lo hacen, pero en ese caso no deberían contar con permisos exclusivos, sellos habilitantes y regulaciones provenientes del Estado que garantizan su funcionamiento y que además restringen el ingreso de otros jugadores al mercado. Por otra parte, tanto los gobiernos como los sistemas de acceso a la salud, el trabajo y la educación no deberían exigir la obligatoriedad de que los individuos estén bancarizados para poder acceder a los mismos, si a su vez los individuos no tienen garantizado ese derecho en primera instancia. Las empresas deberían ser tan libres como lo sean los individuos para elegir su sistema de pagos de bienes y servicios. Pero cuando los sistemas financieros trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos para monitorear la opinión o el accionar de los ciudadanos, no sólo están violando su fundamentos sino los derechos fundamentales del individuo, empezando por la libertad para disentir con el Poder.
La disidencia se está volviendo cada vez más peligrosa y los canceladores están disfrutando cada vez más con las prohibiciones, es un boleto exclusivamente de ida al totalitarismo. Y es que un régimen totalitario puede ser cualquiera cuya intervención totaliza la vida de las personas, su libertad de acción y expresión, siendo nula su posibilidad de disponer de su propiedad. El rol complementario del capitalismo woke con el autoritarismo estatal es una zona de riesgo para la libertad pocas veces vista, porque ya no se trata solamente del poder del Estado sino de una terciarización desbocada del mismo. Un totalitarismo tan abarcativo como los más oscuros vistos en la Europa del Siglo XX.
Tras el escándalo y los muchos ejemplos que mostraron que la debancarización era una práctica habitual de los empleados bancarios contra la disidencia ideológica, el gobierno británico ha prometido «tomar medidas enérgicas» contra los bancos que cancelan clientes por motivos no comerciales. Pero justamente ha sido la hipernormatividad y sus hendijas la que provocaron el desastre. Muchas cuentas se han cerrado aprovechando la legislación que se estableció para combatir el fraude fiscal, el lavado y detener la financiación del terrorismo, normativas difusas y arbitrarias que han resultado totalmente incompetentes para los fines que fueron creadas, muchas veces contrarias a los derechos de propiedad pero que claramente se están utilizando como un arma contra cualquiera que tenga una opinión «equivocada».
En estos días, el gobierno amenaza a los bancos con la pérdida de su licencia si discriminan a los clientes en función de sus creencias políticas, pero la discriminación será difícil de probar para quienes no tengan el poder, el dinero, la exposición o la energía de Farage. Lo más seguro es que el riesgo a ser un paria funcione como mecanismo de censura previa sobre los ciudadanos comunes.
Cada vez hay más pruebas de que los sistemas bancarios se utilizan para ejercer control social o político, y esto simplifica mucho el accionar de los gobiernos, al dejar hacer a sus perros guardianes liberándose del trabajo sucio. Esta es otra de las características del totalitarismo: el establecimiento de una ideología que sustituya a la ética como agente totalizador de la autoridad moral. Logrado este objetivo ya ni siquiera es necesaria la ley. De hecho, en el Reino Unido todavía no es ilegal ser amigo de Djokovic y en Australia la minería del carbón sigue siendo legal pero sin embargo, tanto Coutts como el Commonwealth Bank se han encargado de decidir los límites de lo que es aceptable como agentes tercerizados del totalitarismo ideológico. Con el monopolio del ejercicio de la autoridad moral ni siquiera la Democracia resulta necesaria. La ideología woke no es inocua, tiene consecuencias reales.
