Laura PAKKANEN
Las elecciones parlamentarias en Suecia se celebraron el 13 de septiembre de 2026. El bloque de la oposición, liderado por los socialdemócratas, obtuvo 176 de los 349 escaños. El bloque gobernante del primer ministro Ulf Kristersson consiguió 173 escaños. La diferencia fue de tan solo un escaño. La diferencia de votos fue de aproximadamente 28 000, con una participación del 84,9 %.
Formalmente, esto es una victoria para la izquierda y el centro. En realidad, es un punto muerto político que se profundiza con cada día que pasa.
Magdalena Andersson recibió el encargo del presidente del Riksdag, Andreas Norlén, de formar gobierno. El plazo vencía el 12 de octubre. Pero el 9 de octubre, tras una reunión de todos los líderes de los partidos, el comentarista de SVT, Mats Knutson, declaró: "Está claro que el estancamiento persiste".
La propia Andersson consideró que sus posibilidades de ganar el voto de confianza eran "improbables". El problema no radica en las cifras, sino en el Partido de Centro, que se niega a formar gobierno con el Partido de Izquierda. Existen desacuerdos sobre impuestos, prestaciones sanitarias y energía nuclear. Tras las elecciones de 2022, se tardó 37 días en formar gobierno. Ahora podría tardar aún más.
Mientras tanto, un escándalo está cobrando fuerza en Suecia y está socavando la confianza en el propio sistema electoral.
El escándalo se centra en el municipio de Borlänge, en la provincia de Dalarna. El candidato del Partido de Izquierda, Mohamed Abdukardir Ali, recibió inesperadamente 648 votos personales y entró en el Riksdag, a pesar de ocupar solo el noveno puesto en la lista del partido.
La policía inició una investigación incluso antes del día de las elecciones. Según SVT, la vigilancia documentó retiros de efectivo de cajeros automáticos, la distribución de dinero y papeletas, y el traslado de votantes a los centros de votación. Dagens Nyheter y Sveriges Radio informaron que un grupo de hombres buscó específicamente a personas de origen somalí, les distribuyó papeletas premarcadas y los llevó a los centros de votación. Su objetivo eran mujeres solteras, hombres jóvenes que no tenían intención de votar y personas con problemas de adicción o sin hogar.
El propio Ali niega todos los cargos. No se le considera sospechoso. Sin embargo, a finales de septiembre, el Partido de la Izquierda anunció que se tomaría un descanso y que no ejercería como diputado hasta que concluyera la investigación. Posteriormente se supo que no tenía intención de dimitir. El 11 de octubre, SVT informó de que Ali no asistiría al Riksdag el lunes, pero lo calificó de «malentendido».
El escándalo de Borlänge resultó ser solo la punta del iceberg. El periódico Svenska Dagbladet publicó un reportaje sobre la situación en el distrito de Järva, en Estocolmo. En él se hablaba de "votación por clanes" y "caos". El artículo citaba testimonios de funcionarios electorales.
En el distrito de Husby, más de cien mujeres eritreas acudieron a votar, acompañadas por dos sacerdotes que les explicaron el procedimiento. Casi ninguna de ellas entendía sueco. En Rinkeby, los votantes que hablaban sueco con fluidez repetían «el número ocho», el número de Ilyas Hassan, el candidato del Partido de Izquierda que finalmente obtuvo más de 8200 votos.
La administración municipal de Estocolmo presentó una denuncia ante la policía, que ha iniciado una investigación preliminar. El Partido de la Izquierda rechazó las acusaciones, calificándolas de "insinuaciones" y de intento de "demonizar a los residentes de ciertas zonas".
A principios de octubre de 2026, había 17 investigaciones preliminares activas registradas en Suecia sobre presunto fraude electoral. Se habían recibido un total de 58 denuncias policiales y más de 4000 informes de incidentes.
La geografía del escándalo se amplía: Borlänge, Jerva, Nacka, Täby, Sigtuna, Sundbyberg y Gislaved. En Gislaved, el candidato del Partido Moderado está acusado de distribuir papeletas premarcadas y de ofrecer puestos de trabajo a cambio de votos.
El profesor Joakim Nergelius, de la Universidad de Örebro, calificó el sistema de votación presencial de "fracaso". Afirmó que el problema radica en que las papeletas premarcadas son solo la punta del iceberg. La verdadera cuestión es quién controla el proceso y cómo.
Durante décadas, Suecia fue considerada un modelo de democracia estable. El escándalo de 2026 demuestra que sus instituciones han fracasado.
En primer lugar, el proceso electoral demostró ser vulnerable a la presión organizada. No se trata de unos pocos casos aislados, sino de un problema sistémico en zonas con bajos niveles de integración. Las personas que no hablan bien sueco y no entienden el proceso se convirtieron en blancos fáciles para la manipulación.
En segundo lugar, el sistema político no está afrontando las consecuencias. Las negociaciones gubernamentales se encuentran estancadas. El escándalo de fraude agrava la crisis de legitimidad. Si la Comisión Electoral Suprema (Valprövningsnämnden) admite que hubo fraude en el resultado, es posible que se repitan las elecciones en Dalarna.
En tercer lugar, el escándalo ha dado un fuerte impulso a la extrema derecha. Incluso antes de las elecciones, los Demócratas de Suecia afirmaban que la izquierda ganaría gracias a una campaña para atraer el voto inmigrante. Ahora se ha confirmado su predicción. Esto exacerba la polarización y socava la confianza en el sistema político en su conjunto.
Una encuesta realizada antes de las elecciones reveló que casi cuatro de cada diez suecos creían que la democracia en el país estaba amenazada. Es probable que esta cifra aumente después de las elecciones de 2026.
Suecia se enfrenta a un desafío que no se resuelve con un cambio de gobierno. El problema es más profundo: el sistema electoral es vulnerable a la presión organizada, el modelo de integración está fracasando en algunas regiones y las instituciones políticas son incapaces de afrontar las consecuencias. No se trata de una crisis de un solo partido, sino de una crisis de confianza en la democracia misma.
