La Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces ha interpuesto una denuncia penal contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y los mandos policiales que “ejecutaron las órdenes dictadas para reprimir las p
rotestas convocadas desde la tarde-noche del lunes 6 de noviembre en la sede del PSOE en Madrid”, en la calle Ferraz de la capital.
Según el texto de la denuncia en los juzgados de Plaza Castilla, en esta concentración, “legamente comunicada”, [...] “imperando un clima de crítica generalizada ante lo que supondría la abolición del Estado de derecho” [por la anunciada ley de amnistía], “en un ejemplar acto de civismo de las personas allí congregadas como muestran centenares de vídeos”, es “a partir de las 20 horas” cuando “se produce la carga de policía [...] llegando a utilizarse gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el resultado de varios heridos”.
Como “botón de muestra de la situación vivida” se alude a “tres vídeos” en los que “se comprueba la desproporcionada actuación policial", que “ha sido criticada rotundamente, por voces muy autorizadas, en distintos medios de comunicación”. Así, se cita una entrevista al portavoz del sindicato policial Justicia Policial (Jupol), quien “recogiendo el sentir de su sindicato profesional”, manifestó que la actuación llevada a cabo “es más política que operativa, responsabilizando de ello a los mandos políticos”.
Recoge la denuncia asimismo el comunicado del 7 de noviembre del sindicato Unión Federal de la Policía (UFP), en el que “exigía el cese del delegado del Gobierno en Madrid” y culpando al Ejecutivo de una “utilización partidista" para "reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente", recordando que se han vivido situaciones "bastante más graves" en materia de orden público. UFP ponía como ejemplo las "célebres manifestaciones de 'Rodea el Congreso' y el asedio al que se vio sometida la Policía Nacional" de Vía Layetana con motivo del 'procés'. Y asegurando que en esas ocasiones las órdenes eran "aguantar" mientras que en Ferraz se había ordenado "la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se usaban". Defiende este sindicato que la Policía "está al servicio de los ciudadanos y aunque dirigida por el poder político, no puede ser utilizada para reprimir a quienes se manifiestan en contra de decisiones de esos políticos que pueden considerar injustas, inadecuadas o ilegales. Y eso es lo que ayer se hizo". A este comunicado “le sucedía, en la misma línea”, el del sindicato Jupol.
La asociación recurrente “colige” que “tristemente", la sala de coordinación de mando, a cuyo frente se sitúa el delegado de Gobierno, "contravino los protocolos de actuación" por la "utilización de gas lacrimógeno”.
Las normas internas de intervención policial establecen específicamente que el uso de estos gases lacrimógenos “no está permitido frente a meras aglomeraciones de personas”, sino sólo ante agresiones “violentas” a la fuerza interviniente. Además, las órdenes contemplan que su lanzamiento “sólo está previsto para situaciones de emergencia”.
En concreto los utilizados el día de autos, “fumígenos ATF de ocultación y gases ATL lacrimógenos, tienen un carácter lesivo -que puede provocar problemas de salud en personas con antecedentes respiratorios”, y hace que estén “extremadamente restringidos a ciertos casos”.
En consecuencia, se considera que los hechos son constitutivos del delito de “disolución ilegitima de una reunión pacífica”; delito de “prevaricación”, que “se comete cuando una autoridad pública dicta una resolución a sabiendas de su injusticia”; delito de “lesiones”, por los afectados que “precisaron de asistencia médica”, y delito de “tortura y contra la integridad moral, al haber utilizado la fuerza de manera desproporcionada para reprimir una concentración convocada legalmente y desarrollada de manera pacífica, llegando a usar gases lacrimógenos en presencia de niños y personas de avanzada edad”.
- INFILTRADOS EN FERRAZ. Pillan a varios infiltrados para desestabilizar la manifestación, dedicándose a alborotar, generar conflictos y radicalizar el ánimo.
- El periodista Josué Cárdenas: «LA POLICÍA DE MARLASKA ABUSÓ DE MI PERSONA Y DE DECENAS DE MANIFESTANTES. Aquí está el vídeo de mi reacción inmediata después de lo sucedido. Un policía de secreta, me arrancó del cuello mi acreditación de prensa y me lanzó contra el suelo. Tres policías me llevaron a una esquina y allí, en el suelo recibí más de 10 golpes con sus porras.
- La Policía desaloja a los manifestantes que acampaban frente al Congreso español. Varias tiendas de campaña fueron montadas y numerosas personas se sentaron durante la noche del sábado en una acampada que finalizó después de la medianoche cuando la calle fue despejada por la policía.
- Y ultrajan la bandera que llevan en el uniforme, pateándola con desprecio.
- Seis ciudadanos con la bandera nacional, sin ejercer acciones violentas ni amenazar, son disparados a bocajarro con pelotas de goma y expulsados con amenazas, malos modos y violencia de la calle por las fuerzas represivas de Marlaska. Así es la "democracia" en España.
- Represión policial. Machacan a un ciudadano entre varios policías. Que se note el valor…
Lo visto estos días en Madrid es incalificable. Periodistas apaleados, como Josué Cárdenas; jóvenes y niños “fusilados” con pelotas de goma; gaseamiento de ancianos, conculcación de derechos fundamentales, insultos, amenazas, agresiones,… todo llevado adelante por una fuerza policial que más parecían macarras sacados de clubs poco recomendables y con la agresividad más propia de personas alteradas por consumo de sustancias prohibidas, que de la policía de un Estado de Derecho. A ello hay que añadir a elementos de las mismas cloacas del Estado infiltrados para señalar, cuando no pastorear, los incidentes.
Posiblemente, en el futuro, por Justicia Histórica, el pueblo español, no debería consentir una policía que sirva al gobierno de turno y no al propio pueblo, y en ejercicio de su soberanía, ordenar la disolución de este Cuerpo Nacional de Policía.
