Giacomo Gabellini
El gas natural extraído mediante fracking podría producir peores efectos ambientales que los atribuibles al carbón, pero a diferencia de este último goza de una enorme ventaja competitiva dada fundamentalmente por dos factores: el adjetivo "natural" y el apoyo aparentemente incondicional del gobierno de Estados Unidos. Una investigación preliminar realizada por Robert Howarth de la Universidad de Cornell, publicada recientemente por el "New Yorker", concluye específicamente que el impacto ambiental determinado por el metano obtenido de la fracturación hidráulica es un 24% peor que el del carbón, principalmente debido a las
conspicuas características del GNL.
Sin embargo, esta es la mejor hipótesis, caracterizada por el uso de barcos modernos y rutas significativamente más cortas hacia los mercados de salida. De hecho, el impacto del metano sería más negativo que el del carbón, hasta un 274% en el peor de los casos, en el que el gas natural se extrae mediante fracking, se licua, se carga en gigantescos buques cisterna ultracontaminantes y se regasifica en plantas especiales situadas en distancias largas o muy largas. El peor escenario coincide perfectamente con el que se encuentra actualmente Europa, que tras el corte de la arteria energética que la conectaba con Rusia, emblemática por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream-1 y Nord Stream-2, se ha vuelto enormemente dependiente sobre Estados Unidos en materia de suministro de gas natural.
Como
precisó el secretario de Estado Antony Blinken, durante 2022 Estados Unidos suministró 56 mil millones de metros cúbicos de GNL a la Unión Europea. Se trata de un aumento del 140 por ciento en comparación con 2021, pero aún es insuficiente para reemplazar completamente los suministros rusos. Lograr el objetivo requiere fuertes inversiones para la construcción de infraestructuras adecuadas, no sólo en Europa (regasificadores) sino también en los propios Estados Unidos (prospección, perforación, construcción de nuevas plantas de licuefacción, etc.), y por tanto la definición de condicionantes legales. que formalicen el anclaje estratégico de los compradores europeos a los proveedores estadounidenses.
Así lo
destacó durante una conferencia celebrada en Abu Dhabi el pasado mes de enero por Toby Rice, quien, como director general de la empresa EQT (principal productora de gas de Estados Unidos), anunció la voluntad de Estados Unidos de suministrar mayores volúmenes de GNL, pero sólo después de la firma de largos contratos temporales -los mismos que Estados Unidos había obligado a abandonar a Europa para relajar el vínculo energético con Rusia- a un precio de 380 dólares por 1.000 metros cúbicos de gas, frente a los 200-220 aplicados por Moscú.
Contratos que, además, no siempre se respetan, como demuestra la demanda
interpuesta entre otras por Shell, British Petroleum, Repsol y Edison contra Venture Global, empresa estadounidense de gas natural licuado, acusada por las empresas en cuestión de haber revendido a gran escala en el mercado al contado rentable de varios cargamentos de GNL con destino a Europa en virtud de contratos de suministro a largo plazo ya definidos. Shell afirma que la iniciativa "oportunista" habría asegurado a Venture Global unos ingresos de 18 mil millones de dólares y, por ello, ha pedido, de común acuerdo con British Petroleum, la intervención de las autoridades de Washington y Bruselas, ya que el incumplimiento de los contratos de suministro de gas natural licuado de Venture Global amenaza la seguridad energética de Europa. Por su parte, Venture Global calificó de "indignante" la "solicitud de injerencia" realizada por las empresas europeas para obligar a la estadounidense a entregar los cargamentos ya acordados o pagar las correspondientes sanciones económicas, como parte de un proceso que podría continuar durante años.
Según el «Financial Times», «
la solicitud de intervención del grupo de trabajo conjunto de la Unión Europea y Estados Unidos sobre seguridad energética, creado después de la invasión rusa de Ucrania para estimular las exportaciones de gas de Estados Unidos a Europa, marca una importante escalada del conflicto. Shell dijo en una carta al grupo de trabajo que "un comportamiento tan miope y sin precedentes sienta un precedente preocupante que podría erosionar la confianza del mercado y retrasar las inversiones en infraestructura de exportación de GNL de Estados Unidos que todavía son muy necesarias para respaldar la seguridad energética de Europa”.
Para ello, la administración Biden tomó medidas la primavera pasada
al dar luz verde a un proyecto de 39 mil millones de dólares destinado a poner en funcionamiento algunos campos de Alaska, mientras que en octubre la Comisión Federal Reguladora de la Energía aprobó tanto la construcción de un oleoducto para transportar fracturas hidráulicas gas al noroeste del Pacífico y la expansión de una instalación conocida como Calcasieu Pass, propiedad de Venture Global. El cual, a pesar de las acusaciones que le lanzan las empresas del "viejo continente", se ha asociado
con el Gobierno de Washington, afirmando que estos proyectos se han puesto en marcha precisamente para garantizar la seguridad energética de "nuestros aliados europeos", que siguen impertérritos asignando aumentando los fondos para la construcción de nuevas plantas de regasificación pese al aplanamiento de las importaciones y la revisión a la baja de las previsiones de demanda de gas, según
informa el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.
Por otra parte, el fortalecimiento de las capacidades de exportación de gas de esquisto por parte de Estados Unidos parece, a la luz de las conclusiones del estudio publicado por Robert Howarth de la Universidad de Cornell, al menos incongruente con los objetivos perseguidos por la administración Biden en la lucha contra el cambio climático, como impedir un calentamiento global superior a 1,5 grados centígrados. El intento más reciente de conciliar estos dos objetivos claramente incompatibles fue propuesto nada menos que por Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional. En un extraño ensayo suyo
publicado en «Foreign Affairs» y que lleva el altisonante título de «
Las fuentes del poder americano». Una política exterior para un mundo cambiante”, Sullivan pinta un panorama sombrío de un país, Estados Unidos, literalmente asediado por una competencia encarnizada, ejercida principalmente por sus principales rivales geopolíticos. En este contexto, destaca Sullivan, adaptarse a las "
nuevas realidades del poder " significa reconocer que "
el ejercicio del poder a escala internacional depende de la capacidad de un país para desarrollar una economía interna fuerte". El proyecto de ley bipartidista sobre infraestructuras, la Ley de Chips y Ciencia y
la Ley de Reducción de la Inflación , destinadas a fortalecer las industrias exportadoras estratégicas a expensas de Europa y reducir las "dependencias peligrosas" a través del llamado
friendshoring , es decir, la construcción de cadenas de adquisiciones centradas en países aliados, sirven para colocar Estados Unidos está en condiciones de "
contrarrestar mejor los intentos de las potencias externas de limitar el acceso estadounidense a insumos críticos".
En su artículo, Sullivan atribuye gran importancia a la lucha contra el cambio climático, pero a través de una serie de contorsiones argumentativas impermeables impulsa la tesis según la cual la solución al problema depende de la capacidad de Estados Unidos para configurar el orden mundial en su propia imagen y semejanza. O mejor dicho, según los propios intereses, y necesariamente en detrimento de esa defensa del medio ambiente y del clima supuestamente colocada en lo más alto de la jerarquía de objetivos a perseguir.
El resultado de este tipo de política climática motivada por necesidades geopolíticas es que no se trata realmente de una política climática cuyo principal objetivo debería ser la reducción de emisiones. Buscar fortalecer las cadenas nacionales de suministro de energía limpia es un objetivo perfectamente válido. Pero si el premio final es la preservación de Estados Unidos como única superpotencia, no hay razón para que la expansión de la energía limpia deba ser mutuamente excluyente con las exportaciones de combustibles fósiles en constante expansión. Si la administración Biden realmente quisiera planificar la descarbonización, adoptaría un enfoque muy diferente, que considera el aumento de la capacidad del país para exportar Gas Natural Licuado extraído mediante fracking como una catástrofe ambiental, comprobada por innumerables estudios científicos, y no como una “fuente de fuerza” como Jake Sullivan pretende caracterizarla.
Por lo tanto, el marco transatlántico ve a Estados Unidos como su componente occidental, que está tratando de dar los primeros pasos hacia la reindustrialización encubriendo todo el proyecto con una retórica pseudoambientalista en la que ahora sólo cree el aparato tecnoburocrático de la Unión Europea. En el lado oriental, sin embargo, se sitúa Europa, que se ha hecho dependiente también desde el punto de vista energético, además del político y militar, de la potencia hegemónica que, después de haber cortado el flujo de gas ruso a través de Ucrania, pretende reconstruir su propio tejido productivo a costa del “viejo continente”. En resumen, ante Europa destaca la perspectiva cada vez más concreta de una desertificación económica, también debido a las limitaciones de las emisiones de dióxido de carbono que automáticamente expulsan del mercado a sectores manufactureros enteros (empezando por los que consumen mucha energía), así como a la disfuncionalidad de el llamado precio
máximo. En efecto, el Financial Times informa que el límite impuesto por los Estados Unidos a las ventas de petróleo ruso se elude casi por completo, como se desprende de las declaraciones hechas al periódico financiero británico por un alto funcionario del gobierno europeo, según el
cual “Casi ninguno” de los envíos de crudo transportados por mar en octubre se realizó por debajo del límite de 60 dólares por barril que el G-7 y sus aliados intentaron imponer.
A este respecto, vale la pena reseñar las valoraciones
formuladas en una reciente entrevista por Alessandro Mangia, profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica de Milán. En su opinión, "
la guerra en Ucrania ha devastado a la Unión Europea desde el punto de vista económico y político mucho más que el Covid, a pesar de las periódicas pasarelas en Kiev y las declaraciones de eterno apoyo de tal o cual personaje de la escena política internacional. Hasta que no haya orden en esas partes no podemos pensar en los próximos años sin hacer el ridículo [...]. Desde un punto de vista geopolítico, Europa nunca –quiero decir nunca– ha sido tan mala como lo es hoy. Ha logrado aislarse del resto del mundo al no disponer de fuentes de energía ni de materias primas. Se encuentra en una crisis demográfica en su zona central. Y sobre todo, con las sanciones ha demostrado que no puede garantizar la seguridad al capital no europeo que lo alimentó -y todavía lo alimenta en parte- invirtiendo en esta parte del mundo, confiando en la estabilidad del continente. Disculpe, pero ¿invertiría en un lugar donde, en nombre de los "derechos humanos", congelan y confiscan su capital? […]. Ahora encontramos a rusos y turcos vigilando la gasolinera debajo de la casa. Pero tenemos el euro, políticas verdes de desindustrialización para un mundo mejor, el imaginario Estado de derecho del Pnrr y los derechos humanos. Y por eso somos los mejores. Incluso si Alemania está en recesión, Francia está en constante desequilibrio en la balanza de pagos con una situación interna incandescente, y vivimos con una deuda pública del 140% de la que deberíamos recuperarnos en la cantidad que tendremos que negociar con los países entrantes".