El Estado fallido monta una astrakanada para desactivar la protesta civil del “Solo el Pueblo salva al Pueblo” y el malestar militar. Análisis

Pobrecito Pedro Sánchez, pobrecito Mazón, pobrecitos el rey y la reina… A ver, un poco de seriedad, esta gente es responsable de no dar respuesta. Los muertos ya son cientos...

Antes de compadecernos de esos personajes que recibieron su merecido (abucheo y lanzamiento de fango) en Paiporta (Valencia) piensa en las victimas de la DANA.

No pueden detener el desborde de voluntarios llegando a la zona 0 ante la falta de respuesta del ejército. Pero tratan de incautar el combustible que les han donado y las grúas se llevan los coches aparcados de los voluntarios, en lugar de retirar los más de cien mil vehículos dañados por la DANA.

No olvidemos que en el mes de mayo estos personajes estaban abrazando (y contribuyen a su financiación y armamento) al drogadicto genocida de Zelenski, que está exterminando a su propia población haciendo de marioneta bien pagada al servicio de EEUU.

La UE ya ha amenazado varias veces que España se podría ver obligada a llevar soldados a la guerra suicida ucraniana y que nos hemos de ir preparando para eso. Seguro que para colaborar con terroristas y llevar a la muerte a sus ciudadanos no escatimarán recursos.

El paseíllo de Pedro Sánchez por Paiporta este domingo, 3 de noviembre, fue de apenas unas decenas de metros y en cuando pudo, se fue. La imagen que dejó el socialista es la de un presidente cobarde, que quedó aún más en ridículo por el comportamiento de Felipe VI, que tuvo que aguantar el chaparrón de barro. No obstante, lo de Sánchez no ha pasado desapercibido tampoco para la prensa internacional.

El corresponsal de 'The Wall Street Journal': "El rey de España intenta calmar a la multitud enojada en Paiporta, una ciudad de la región de Valencia afectada por las inundaciones. Se enfrenta al barro y al lanzamiento de piedras para hablar con la gente mientras el presidente Sánchez y otros políticos parecen haber sido evacuados".

Mientras tanto, la cadena pública española, RTVE, destaca que la lluvia de piedras, barro e insultos fue para recibir a los reyes y Carlos Mazón. Ni menciona al presidente, cuando el socialista era en realidad el centro de casi todas las críticas.

Un informe-astrakanada sin firma ni sello se mueve entre grupos del PSOE. Se trata de un documento de doce páginas donde se vinculan los incidentes en la visita de Pedro Sánchez a Paiporta con grupos ultras. La investigación está basada en una decena de mensajes en la red social 'X', antes llamada 'Twitter', con capturas de vídeos, entre otros.

"Aparición de grupos ultras en los altercados contra Pedro Sánchez y los reyes, Felipe y Leitizia", se titula el documento que se mueve desde esferas del PSOE y que está fechado en este domingo, 3 de noviembre.

El informe lamenta que Pedro Sánchez sufriera una "agresión, tanto física como material, al romper los cristales del coche donde viajaba". Y recopila una decena de tuits para vincular los incidentes a grupos ultra.

"Todas estas piezas componen un puzzle que hacen comprender que lo sucedido hoy en Paiporta no es causa única del malestar social, ni del cansancio de los vecinos y voluntarios. Es obra de la extrema derecha y de los grupos ultras que han movilizado su maquinaria para intentar destruir a un Gobierno elegido legítimamente a través de instrumentos que se alejan del marco de la legalidad", asevera el informe.

Así, uno de los tuits incluidos recoge una fotografía de un joven con una sudadera que atribuyen a la División Azul. En otro se ve un tatuaje de otro individuo que reza: "Kempes"; y que vinculan a la "grada ultra valenciana" Mario Kempes. También se recoge otro tuit donde se indica que Revuelta, Democracia Nacional y España 2000, estarían presentes "en mayor o menor medida" en Paiporta. Otro mensaje de 'X' recogido en el informe apunta al saludo nazi de dos individuos en el municipio valenciano.

El informe recoge también mensajes difundidos en redes por el líder de Desokupa, por la plataforma Alt Right España y por Vito Quiles, Alvise Pérez y Javier Negre, a quienes define como "tres actores políticos esenciales para entender el juego de desinformación de la ultraderecha en España".

¿Y cómo es esto posible? ¿Y toda la inteligencia del Estado no fue capaz de conocer esto y actuar en consecuencia? NO, claro… es lo que ocurre en los Estados fallidos… Veamos:

• Moncloa no informó hasta minutos antes de la visita a Paiporta, lo que es incompatible con una protesta organizada.
• La visita se conoció el viernes. Tras el despacho extraordinario que mantuvieron el monarca y el jefe del Ejecutivo. Ese día, tres días después de la petición de Felipe VI a Sánchez de poder viajar a Valencia, se empezó a organizar la logística. Y se decidió que los municipios que se visitarían serían Paiporta y Chiva. Todo se gestionó con mucho secretismo. La delegación del Gobierno lo comunicó, "con más discreción de la habitual", a los alcaldes de ambas localidades que "no compartieron la información con el resto de concejales".
• No fue hasta el domingo por la mañana, cuando los dos aviones del Ejército del Aire y del Espacio estaban viajando hacia el aeropuerto de Manises con las autoridades a bordo, cuando se anunció que la comitiva real visitaría Paiporta y Chiva.
• La noche anterior, cuando se hizo pública la agenda del Gobierno, Moncloa no daba detalles de a qué poblaciones acudirían. Sí se informaba, sin embargo, que no habría cobertura de la visita por parte de los medios de comunicación, que todo el material lo difundiría la Secretaria de Estado de Comunicación.
• Finalmente, la gran presencia de periodistas que trabajan en ambas localidades desde el inicio de la tragedia, les permitió llegar y facilitó un gran despliegue de cámaras alrededor de los incidentes.
• El protocolo que se siguió para organizar esta visita, cuyos detalles conocían muy pocas personas, deja al descubierto el bulo que difunde Moncloa sobre que todo era "una protesta organizada" en contra de Sánchez y de su Gobierno.
• Ni a Paiporta ni a Chiva, debido a las restricciones impuestas por la Generalitat Valenciana y el estado de sus calles, el domingo no era posible llegar en coche. Por lo que con menos de una hora de antelación, cuando se supo que visitarían ambas localidades, ninguna organización tenía tiempo de organizar una protesta llevando hasta allí personas a criticar la acción del Ejecutivo. Cabe recordar, además, que también se escucharon insultos y cánticos contra el presidente valenciano, Carlos Mazón.
• La mayoría de los que participaron en los incidentes durante el paso de la comitiva real, fruto de la ira y la rabia acumulada por la falta de ayuda cinco días después del inicio de la tragedia, eran vecinos del pueblo y afectados o vecinos de Valencia que acudieron a ayudar como voluntarios que habían llegado de madrugada, cuando todavía no se conocía que los Reyes, Sánchez y Mazón visitarían Paiporta.
• Eso deja sin argumentos lo que defiende el entorno de Sánchez, con el objetivo de presentar al presidente como una víctima.
• Que Pedro Sánchez iba a ser el principal receptor de insultos y críticas entraba en las quinielas, pero la hostilidad recibida desde el primer minuto era algo que el propio presidente no esperaba.
• Los que descubrieron que se había marchado, le siguieron hasta el coche para increparle e intentar agredirle. Uno de los coches de la comitiva acabó repleto de abolladuras, con una luna rota y un espejo retrovisor destrozado. De hecho, algunos vecinos llegaron a golpear las ventanas del coche que transportaba al presidente mientras intentaba acelerar para salir de la escena.
• Mientras Mazón en los micrófonos de Cope justificó, en cierto modo, la hostilidad por la falta de medios y recursos del Estado en estos primeros cinco días 'post-DANA', el Rey hizo lo propio en el CECOPI. El que varió el discurso fue Pedro Sánchez en una intervención ante los medios de comunicación sin preguntas. "No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales". Después, el presidente abandonó el edificio para dirigirse, junto a su seguridad, hacia el aeropuerto para volver a Madrid. A la salida, cientos de valencianos le esperaban, aunque no tan cerca como en Paiporta. Allí se volvieron a escuchar gritos de dimisión, peinetas y numerosos improperios
• La Guardia Civil identifica a las personas que intentaron linchar a Sánchez en Paiporta: «No son ultraderecha». Las personas que protagonizaron el ataque a Pedro Sánchezdurante las protestas por la visita a la localidad valenciana de Paiporta tras la DANA no son ultras ni están vinculadas a la extrema derecha. Así figura en el atestado de diligencias previas que el servicio de Información de la Guardia Civil ya ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent que ha incoado diligencias previas para investigar la presunta agresión al presidente del Gobierno y el lanzamiento de objetos a los Reyes.
• Presentan una querella contra Carlos Mazón y otra contra Pedro Sánchez y Marlaska por "omisión de socorro" en la gestión de la DANA. Además de la omisión de socorro, la querella se ha presentado contra Mazón también por prevaricación omisiva y homicidio por imprudencia grave, acusando al presidente de la Generalitat de abandono absoluto en toda la emergencia provocada por la DANA. Como una cadena de fallos y omisiones flagrantes, destacando que Mazón ignoró la gravedad de la DANA y las posibilidades existentes de preparar la emergencia a través del Plan Especial de Emergencias; de igual manera, contra Sánchez y Marlaska por la nefasta gestión por parte del Gobierno Central, presidente del Gobierno y al ministro de Interior de omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva y homicidio imprudente.
• Interior dice que no se puede "dar un número fiable" de desaparecidos: "Estamos en una búsqueda permanente". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este lunes que no se puede "dar un número realmente fiable" de desaparecidos a consecuencia de la DANA de la pasada semana, lo que no significa que las autoridades no estén "en una búsqueda permanente de todas aquellas personas cuya desaparición ha sido puesta en conocimiento y denunciada tanto a Policía como a la Guardia Civil". SIETE DÍAS DESPUÉS Y NO TIENEN NINGUNA CIFRA DE DESAPARECIDOS… ESTO ES UN ESTADO FALLIDO.
• España sigue sin activar el mecanismo de ayuda de la UE a pesar del viaje de Albares a Bruselas
• La Comisión Europea ha insistido este lunes, como hizo durante toda la semana pasada, en que el Gobierno puede solicitar la activación del mecanismo europeo de protección civil, que permite que el Ejecutivo comunitario coordine la asistencia de otros Estados miembroscon material o efectivos. Hasta el momento no lo ha hecho. “No hay petición”.
• La activación del mecanismo de protección civil se activó en Hungría recientemente durante las inundaciones de septiembre,que en toda Europa central se cobraron 27 vidas. La responsabilidad de activar el mecanismo es de Protección Civil, dependiente del ministerio del Interior. En enero de 2024, durante unas inundaciones en Alemania y Francia, ambos Gobiernos solicitaron asistencia del mecanismo, recibiendo equipos de República Checa, Eslovaquia y Países Bajos, además del desplazamiento de material de Francia a territorio alemán afectado por las crecidas.
• El mismo miércoles la Comisión Europea ha confirmado que los daños no privados provocados por las inundaciones en España son elegibles dentro del marco del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Según las normas de este Fondo, el Gobierno debe enviar a Bruselas en las 12 semanas siguientes a la catástrofe una estimación de los daños producidos. Parte de ese Fondo permite un desembolso más rápido. Algunos de estos detalles han sido parte de la reunión de Albares con Lenarčič y Christophorou.
• “La UE, como saben, ha proporcionado el apoyo que ha podido, en particular en forma de imágenes satelitales y estamos preparados para asistir de cualquier otra manera que se considere apropiada”, ha insistido Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea, que también ha hablado de los altercados de este domingo durante la visita de los reyes, del president de la Comunitat y del presidente del Gobierno a la zona afectada. “Creo que es obvio que hay muchas personas que se encuentran en una situación muy difícil y estresante, y por lo tanto es normal que las personas expresen sus sentimientos. Entendemos la profundidad del dolor y de la ira que sienten las personas; ¿quién no lo haría en tales circunstancias?”, ha señalado Mamer.

• Pese a la gravedad de la DANAsobre la Comunidad Valenciana, y las alertas que circulaban desde primera hora de la mañana del pasado martes, Moncloa no se hizo eco de la preocupante situación hasta las 18:39 horas, cuando varias localidades ya estaban anegadas por el agua y los ciudadanos llevaban horas lanzando la voz de alarma en las redes sociales.
• Entonces, el canal oficial de la Presidencia del Gobierno se limitó a difundir: «Aviso especial por lluvias intensasen la Península y Baleares. Sigue las predicciones de Aemet y ten mucha precaución en tus desplazamientos. Súmate a nuestra lista con los perfiles oficiales de emergencias para estar informado». Por entonces, varias zonas ya estaban muy afectadas por las lluvias, como reportaban distintos vídeos a través de las redes sociales.
• El mismo martes 29 de octubre, a las 14:30 horas, la Aemet emitió un «aviso especial de fenómenos adversos»sobre la DANA. La nota estaba plagada de incertidumbre y datos inconcretos: «Hoy se dará el día álgido de este episodio, esperándose la mayor probabilidad de estas precipitaciones y tormentas intensas en el área del Estrecho, Andalucía Oriental, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Debido a la intensidad y persistencia de las precipitaciones, es probable que en estas zonas se puedan superar de forma local los 150-180 mm en 12-24 horas». Las previsiones de la Aemet, evidentemente, se vieron desbordadas sólo unas horas después. En varios puntos de la Comunidad Valenciana esa previsión se superó con creces, alcanzándose hasta 500 mm (litros por metro cúbico).

El valiente Felipe VI, a modo de Don Quijote se lanzaba a la ovación con su escudero improvisado, Mazón, resguardándose del lanzamiento de fango en la complexión física del caballero de la triste figura.

Mientras que a Pedro Sánchez le queda el papel de andar llorando por los rincones ante el ataque de la Divisón 250 (franquista), representada por un jovencito que llevaba puesta una camiseta con la insignia, que se lo pudo captar hablando con el monarca.

En cuanto a los socios de gobierno, mantienen un prudente silencio, no sea que haya bolas de fango también para ellos.

Los de Vox andan también por ahí por detrás, calculadora en mano, contando los votos que puedan rapiñar. Dicen que prestarán su gabinete de abogados a los manifestantes que sean criminalizados, pero ¡Alto! ¿También a los que “acosaron” a Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea? Porque esos, a juicio de sus fiscales, deben de ser las facciones terroristas más peligrosas. Vaya lío, unos sí, otros no…

Y ya por último, los del cambio climático: Ecoactivistas atacan vehículos en Escocia en solidaridad con las víctimas de la DANA en España ¿Hola? Pues sí, como lo leen: Tyre Extinguishers que protestan por las emisiones de CO2 hacen su coreografía en Escocia. Eso sí, de la plata que les dé por la actuación Soros ni un euro irá para Valencia, no cuenten con ello, la Open Society está para otros asuntos.

El Teniente General retirado del Ejército de Tierra, Pedro Pitarch, ha criticado duramente la actuación del Gobierno. En una entrevista en Es Radio, Pitarch afirmó que el Ejército “no es del Gobierno, es de los españoles” y señaló que el Ejecutivo habría incumplido su deber de emplear las Fuerzas Armadas en la gestión de esta catástrofe.

Durante la entrevista, Pitarch señaló que, según el artículo 15 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, el Ejército tiene la misión de "preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos" en situaciones de “grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”. En este sentido, recordó que las Fuerzas Armadas tienen no solo el derecho, sino el DEBER de actuar en casos de emergencia, como el que se vivió recientemente en el litoral mediterráneo.

• Artículo 15.3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional: - Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, DEBEN preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente

Pitarch aseguró que la interpretación de este artículo implica una misión clara para el Ejército en casos de catástrofes naturales, y que el Gobierno no debería haber obstaculizado esa actuación. En su opinión, “el Ejército tiene la misión de asistir a la población en circunstancias como estas, y su actuación no puede depender de la decisión unilateral del Ejecutivo”. "La ley es clara. No es una cuestión de elección, sino de mandato. Las Fuerzas Armadas están para proteger a la ciudadanía en situaciones de emergencia", afirmó el Teniente General.

Pitarch destacó que la intervención militar, especialmente en zonas afectadas de difícil acceso, podría haber mitigado los daños y acelerado la búsqueda de desaparecidos.

A su juicio, la tardanza en desplegar al Ejército de forma adecuada refleja "una falta de planificación y voluntad" por parte de las autoridades. "Las especialidades del Ejército de Tierra son amplias y están específicamente orientadas a tareas como el auxilio de la población civil. Son expertos en reconstrucción de vías, montaje de puentes temporales y en operaciones de rescate en situaciones de emergencia", apuntó Pitarch, quien lamentó que estos recursos no se hayan movilizado con celeridad desde el primer momento.

El general sugirió que este retraso podría haberse debido a una “intención de trasladar la responsabilidad” a los gobiernos autonómicos y locales, en lugar de asumir plenamente el mando de las operaciones desde el Gobierno central. El Teniente General se mostró tajante al afirmar que "el primer responsable de todo lo que sucede es el Gobierno del Estado". En su opinión, el Ejecutivo se habría negado a asumir sus responsabilidades y a activar el despliegue militar en un momento de crisis en el que, según él, las Fuerzas Armadas deberían haber sido la primera respuesta. “No se puede tener el mando y el honor sin asumir las responsabilidades. El Gobierno ha decidido no actuar, y al hacerlo, ha impedido que el Ejército cumpla con su función legal de proteger a la ciudadanía”, aseveró.

En su análisis, Pitarch consideró que "El Ejército no es del Gobierno, es de los españoles”, argumentando que esta fuerza está llamada a actuar cuando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos se ven amenazados, independientemente de las disputas competenciales.

Por su parte, el general retirado Rafael Dávila Álvarez, ha expuesto que la acuñada frase "si quieren ayuda que la pidan", ya es "un eslogan que define todo un periodo trágico de la reciente historia de España. Es un insulto desde el altavoz más poderoso ubicado en La Moncloa, cuyo sonido de desconfianza nos desafía con inusitada soberbia". Dávila considera que el presidente ha "insultado a la nación" y que se debería salir "de casa gritando, suplicando, mendigando ayuda, porque no hay nada seguro".

"Todo tiene un límite y ese ha llegado. Cuando la sociedad tiene miedo, algo muy grave se adivina en el horizonte. El gigante asoma tras la montaña. Solo hacía falta perderlo todo. Es el momento. Lo hemos perdido todo, lo que éramos y lo que queríamos ser". "No perdamos el orden sobre nosotros mismos y el control de la situación. No olvidemos lo ocurrido. Luchemos, pero no admitamos que esta situación y sus culpables continúen", ha expuesto el general Dávila.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que el pasado martes a las 15.21 horas, antes de la "revolución meteorológica" que se produjo por la noche en la provincia de Valencia por la DANA, pidió que se activara la UME y reclamó "toda la ayuda posible". Carlos Mazón ha señalado este lunes en una entrevista en 'COPE' que una vez se pide esa ayuda son los mandos operativos militares los que detectan si hace falta que vengan más destacamentos, no depende de los políticos que vengan más medios ni hace falta "ninguna consigna política" para ello, pues actúan de oficio. Y ha indicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio de Transición Ecológica, desactivó tres veces la alerta de peligro de desbordamientos el pasado martes (a las 13.00, a las 14.00 y a las 16.00 horas). También ha afirmado que el mensaje de aviso a la población se envió media hora después de que se les trasladara esa alerta.

Sobre el mensaje que publicó en la red social X el martes en el que afirmaba que la intensidad de la DANA se iba a reducir a partir de las 18.00 horas y luego fue borrado, lo ha justificado en que se escribió con la información que daba Aemet en ese momento y se eliminó para no generar "confusión", porque la realidad meteorológica era "absolutamente distinta" y había quedado "caducada" durante el día. Respecto al aviso enviado a los móviles ese día pasadas las 20.00 horas, el presidente ha indicado que la Confederación Hidrográfica desactivó durante ese día tres veces la alerta hidrográfica, y no fue hasta las 18.45 horas cuando avisaron de que la previsión de 200 l/m2 se elevaba 1.700, mientras que media hora después se avisó de la posible ruptura de la prensa de Forata, que finalmente no se produjo. Mazón ha señalado que no obstante el servicio de emergencias 112 no desactivó en ningún momento la alerta hidrográfica el martes, y por eso a las 15.21 horas se activó a la UME, que esa noche pudo llegar al primer punto donde se habían detectado más litros, Utiel y Requena.

Mazón ha aludido a la falta de mantenimiento de inversiones en las presas y barrancos que se han desbordado, y ha indicado que la mañana del martes hubo una reunión a la que no se invitó a la Generalitat para hablar de las carreteras, en la que no se decretó ningún cierre aunque estaba activada la alerta roja.

Muy bien. Hace Vd muy bien. Dimita y presente las pruebas de todo lo que dice. Mientras tanto, todo suena tan falso como lo que dicen el resto de responsables políticos…

El Tribunal de Cuentas lleva alertando desde 2020 en sucesivos informes de falta de vigilancia y mantenimiento en las instalaciones de varias Confederaciones Hidrográficas, especialmente en la del Júcar, que es la encargada de la gestión de los recursos hídricos en la provincia de Valencia y gran parte de las zonas afectadas por la DANA.

En octubre de 2020, en concreto, el Tribunal advirtió de problemas en las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, del Segura y del Júcar, así como en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, al menos entre los años 2008 y 2017. "Habida cuenta de que, en algunos de los expedientes examinados, las necesidades emergentes se produjeron en instalaciones que no habían sido convenientemente inspeccionadas o mantenidas a lo largo de su vida útil, se recomienda implementar programas que garanticen el control y vigilancia periódicas de todas las instalaciones de su competencia, a fin de permitir el permanente y adecuado mantenimiento de las mismas", aseguraba ya entonces el organismo fiscalizador.

En un nuevo informe aprobado ahora y publicado la semana pasada, el Tribunal de Cuentas explica que, aunque no se ha realizado un seguimiento específico del cumplimiento de esta recomendación, se han vuelto a apreciar "algunas circunstancias de la misma naturaleza que las mencionadas" hace cuatro años y que la situación, por lo tanto, vuelve a repetirse. La fiscalización se ha centrado ahora en la contratación llevada a cabo por la Dirección General del Agua, un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, así como de las Confederaciones Hidrográficas y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante los ejercicios 2020 y 2021, iniciando las actuaciones un año después.

En total, se han seleccionado 111 expedientes de contratación, el 38% del total, por un importe de adjudicación, excluido el IVA, de 430,7 millones. Y en sus conclusiones el Tribunal se muestra tajante: "ninguna de las entidades fiscalizadas disponía de un plan anual o plurianual de contratación para los ejercicios 2020 y 2021, contraviniendo lo establecido por el artículo 28.4 de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP)".

Aunque el informe reconoce que algunas de las Confederaciones contaban con otros instrumentos de planificación, reclama ante todo ello a las entidades implicadas que "con objeto de contribuir a la racionalización del gasto público, a la más eficiente toma de decisiones y al cumplimiento del principio de transparencia, realicen un análisis previo de las necesidades que se precisan satisfacer".

Pero es que, además, "en el 26 % de los expedientes no se justificó adecuadamente la necesidad de contratación" y en hasta un 40 % de los mismos la justificación de la no división en lotes resultó excesivamente genérica. En el 13 % de los contratos analizados no consta tampoco la acreditación de la solvencia de la empresa adjudicataria y se han detectado igualmente "significativas diferencias entre los presupuestos base de licitación y los precios de adjudicación", de hasta el 36% de media por debajo en el primer caso, con lo que, según el Tribunal, las estimaciones de "los presupuestos de licitación son poco fiables". En diez expedientes hubo, por último, retrasos en el pago del precio del contrato, y en otros nueve, como prueba de la falta de control, el cumplimiento del plazo no ha podido ser comprobado por falta de documentación.

• Han pasado más de 15 años desde que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)proyectara actuaciones para prevenir inundaciones en la conocida como cuenca del Poyo y el barranco de la Saleta, dos de los accidentes geográficos convertidos en puntos negros durante los grandes temporales en la provincia de Valencia por su elevado riesgo de desbordamiento. También esta vez.
• Lo cierto es que la Cuenca Hidrográfica, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, tiene obras pendientes de ejecutar en estos enclaves, dirigidas precisamente a evitar inundaciones como las sufridas. Se trata de proyectos enmarcados en un plan encargado en 2009 para la "adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera" y que en su momento el organismo cuantificó en un total de221 millones de euros.
• En él se explicaba que los barrancos del Poyo, Pozalet y Saletaacusan "caudales muy elevados a la entrada a las zonas urbanas" debido a su morfología, desnivel y "a los fenómenos característicos de las cuencas mediterráneas con precipitaciones de elevada intensidad". Una problemática estudiada desde los años 90 y que se afrontó "parcialmente" con unas obras limitadas en 2004. Pero no eran suficientes porque no se actuó sobre toda la cuenca.
• En 2012, tras recibir la declaración de impacto ambiental favorable del Gobierno, este plan se dividió en siete proyectos constructivos, dos de los cuales estaban en marcha pero cuya ejecución se ha retrasado por motivos económicos, tal como reconocía hace tres años el propio director técnico de la CHJ, Javier Ferrer, en una proyección donde explicaba actuaciones incluidas en el Plan Gestión de Riesgo de Inundaciónaprobado en 2016.
• En declaraciones a Valencia Plaza, el propio exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y exdirector técnico de la CHJ,Federico Bonet, señala que pese a no existir el "riesgo cero", sí señala que con más inversión pública en obras hidráulicas las inundaciones "se podrían haber evitado". Así, reconoce que efectivamente hace 15 años se hicieron estudios para nuevos proyectos en el barranco del Poyo y en el de la Saleta, pero que "muchas veces los planes no se ejecutan porque estas obras requieren de mucha inversión y están en sitios remotos que no llaman la atención de los políticos porque no tienen tanta repercusión", señala.
• Bonet no es el único. También el catedrático Ingeniería Hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Félix Francés, en su intervención de este miércoles en À Punt se mostró convencido sobre la falta de ejecución de los planes de gestión de inundaciones, donde se incluyen las mencionadas inversiones: "Entiendo que es un problema de falta de financiación; las prioridades a nivel nacional eran otras y las inversiones en estos temas están planificadas pero no ejecutadas". "Se iba a empezar a ejecutar, pero la realidad es que ahora mismo ya llegan tarde para esta inundación", concluyó al respecto.
• "Es un desastre anunciado. He hecho ya en esta vida 10 modelos hidrológicos del barranco del Poyo, lo cual significa que es un caso de estudio paradigmático. Y hay solución", explicó el experto también en otra entrevista en Onda Cero: "En 2007 hicimos en colaboración con la CHJ un plan de gestión de riesgos de inundación en el barranco del Poyo, sería la quinta o sexta vez que lo hacíamos, se llegó a unas soluciones que desde el punto de vista económico eran perfectamente viables, y ahí está parado desde entonces".
• Uno de los proyectos en cuestión es el de la vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia. Tras analizar la viabilidad de la actuación, no fue hasta octubre de 2021 cuando la Confederación encargóla redacción del proyecto a una consultora con un plazo de dos años (octubre 2023), por lo que debería ya estar concluido. Si bien las obras todavía no se han licitado.
• En el encargo, la Confederación explica precisamente que la actuación prevista afecta a los términos municipales de Aldaia, Torrent, Alaquàs, Picanya, Paiporta, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Massanassa, Alfafar, Benetússer, Sedaví y Llocnou de la Corona. "Dichas poblaciones se ven afectadas por las inundaciones que se producen en el barranco del Poyo", exponía al respecto.

El fenómeno DANA o gota fría es un evento meteorológico asociado a la aparición de lluvias torrenciales y repentinas. Se produce cuando una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera se encuentra con aire cálido y húmedo en la superficie. En el caso español, las DANA se han verificado a lo largo de la historia, sobre todo, en el área levantina, pero el fenómeno no es exclusivo de la cuenca mediterránea. Ciudades como Burgos, Bilbao y Tenerife también han tenido que enfrentarse con casos de gota fría de virulencia extrema. Estas han sido algunas de las DANA más destructivas de la historia de nuestro país.

La riada del 27 de septiembre de 1517 constituye uno de los primeros eventos catastróficos documentados en Valencia por gota fría. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Turia, causando una devastación generalizada en la ciudad y sus alrededores. Entre las infraestructuras afectadas, se registró la destrucción de numerosos puentes, molinos y otras edificaciones cercanas al cauce fluvial. La crecida arrasó gran parte de los cultivos de la región y causó una grave crisis alimenticia en los meses posteriores. Aunque las crónicas no detallan cifras exactas de víctimas, se estima que murieron decenas de personas y numerosos animales, fundamentales para la economía de la época.

Ante la magnitud del desastre, las autoridades locales reaccionaron con medidas de emergencia. Se procedió a proveer asistencia a las familias afectadas y a organizar jornadas de trabajo para reparar infraestructuras esenciales. Esta catástrofe hizo patente la necesidad de diseñar medidas más efectivas que protegiesen la ciudad frente a las inundaciones y sentó un precedente en la gestión del riesgo fluvial en la región. La riada de 1517 motivó algunas de las primeras iniciativas para mejorar las defensas urbanas y reducir la vulnerabilidad de la población ante futuros desastres naturales.

El 10 de junio de 1796, la provincia de Burgos sufrió un evento climático devastador que afectó gravemente las cosechas de cereales. Este fenómeno, debido probablemente a la formación de una gota fría inusual, también tuvo repercusiones en otras regiones de España.

En Cataluña, las fuertes lluvias y granizadas arrasaron la cosecha de uvas. En Galicia y Alicante, tormentas similares ocasionaron pérdidas agrícolas y daños significativos en las infraestructuras.

La riada de Santa Teresa ocurrió el 15 de octubre de 1879. Esta inundación devastadora afectó la provincia de Murcia, en especial a la ciudad de Orihuela. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Segura, que adquirió una fuerza destructiva a su paso por las áreas habitadas. Dejó un saldo trágico de más de mil muertos y grandes pérdidas materiales.

Este evento reveló la vulnerabilidad de la región frente a las inundaciones. Aunque la reconstrucción fue lenta por la magnitud de los daños, sirvió para motivar mejoras en las infraestructuras hidráulicas.

La riada de Almería del 11 de septiembre de 1891 fue un desastre natural catastrófico que afectó, sobre todo, el sureste de España. Ese día, lluvias torrenciales causaron una crecida repentina en la rambla de Almería y otros cauces de la región, que no pudieron contener el volumen de agua. La inundación arrasó viviendas, cultivos y puentes. La fuerza de las aguas fue tal que varias calles y edificios quedaron destruidos o muy dañados, y se reportaron numerosas pérdidas humanas y materiales.

Ciudades como Adra y pueblos como Gádor y Benahadux sufrieron inundaciones severas, con extensas áreas agrícolas devastadas y una gran pérdida de cultivos. La crecida repentina de las ramblas arrasó casas, animales y cultivos. Esto afectó la economía de la región, que dependía principalmente de la agricultura. En total, se estima que hubo más de cien fallecidos en toda la provincia, aunque algunas fuentes elevan las cifras por la dificultad de contabilizar las víctimas en las áreas rurales.

Las autoridades locales no contaban con sistemas de alerta efectivos ni con infraestructuras adecuadas para gestionar un evento de tal magnitud. Este desastre demostró la necesidad de invertir en obras hidráulicas y de protección civil en una región proclive a las DANA. A partir de esta tragedia, se intensificaron las iniciativas para mejorar la gestión de riesgos de inundación en Almería y en otras zonas del sureste peninsular.

El 14 de octubre de 1957, Valencia vivió una de las inundaciones más devastadoras de su historia. Una intensa gota fría causó el desbordamiento del río Turia. En menos de 24 horas, la ciudad quedó completamente anegada y, en los barrios más cercanos al río, el nivel del agua llegó a alcanzar los cinco metros. Este desastre provocó la muerte de, al menos, 81 personas y causó la destrucción de viviendas e infraestructuras.

Las causas del desbordamiento derivan tanto de la morfología de la cuenca del Turia como de una infraestructura de drenaje insuficiente. Esta riada puso en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos extremos. Permitió abrir un debate serio sobre la necesidad de proteger las ciudades mediterráneas de los riesgos hidrográficos.

La magnitud de la catástrofe en Valencia desencadenó medidas importantes para prevenir futuras inundaciones de esta naturaleza. Como respuesta, se desarrolló el Plan Sur, un proyecto de ingeniería civil que desvió el cauce del río Turia hacia el sur de la ciudad. Esta intervención no solo buscaba reducir el riesgo de futuras riadas, sino también transformar un problema de vulnerabilidad en una oportunidad para el desarrollo urbano y social. De este modo, Valencia consiguió integrar la seguridad hídrica en el crecimiento de la ciudad.

Además de Valencia, otras regiones de España han experimentado episodios devastadores de gota fría. En Murcia, Alicante y Almería, donde las lluvias torrenciales tienden a acumularse rápidamente debido a la orografía y a la proximidad al Mediterráneo, las inundaciones han supuesto una constante amenaza durante siglos. Los episodios de gota fría en estas regiones han demostrado patrones similares de alta intensidad en períodos breves de tiempo, lo que complica la capacidad de respuesta de los sistemas de drenaje.

Históricamente, estos eventos han tenido consecuencias en la planificación urbana y han impulsado la creación de infraestructuras de control de aguas pluviales. El perfeccionamiento de la tecnología de radares y satélites ha permitido prever con mayor precisión cuándo y dónde pueden ocurrir estos eventos extremos.

La gestión de los riesgos de inundaciones, sin embargo, es compleja, especialmente en un contexto de cambio climático que provoca el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos de gota fría. Según diversos estudios, el aumento de la temperatura global contribuye a la acumulación de humedad en la atmósfera, un factor que podría agravar la severidad de estos episodios de lluvias intensas en el Mediterráneo español en el futuro inmediato.

Las devastadoras inundaciones en Valencia evidencian no solo una tragedia humana sino también una serie de fallos sistémicos en la gestión de riesgos y respuesta ante emergencias.

Es necesario poner sobre la mesa la incapacidad de un sistema descentralizado y profundamente influido por los intereses privados para actuar rápida y eficazmente en la protección de las vidas humanas. Este enfoque nos permite establecer una comparación con otros modelos, como el cubano, donde el Estado adopta un enfoque integral y humano frente a emergencias climáticas, priorizando la vida y la seguridad de la población sobre cualquier interés económico o político.

El desastre en Valencia pone de relieve una alarmante falta de planificación y coordinación. A pesar de la existencia de alertas tempranas y el conocimiento previo sobre la vulnerabilidad de la región a las lluvias torrenciales, la respuesta de las autoridades españolas fue fragmentada y tardía.

Esto puede atribuirse en parte al modelo autonómico de gestión, donde las competencias están divididas entre el gobierno central y las comunidades autónomas. En este caso, dicha división no facilitó una respuesta efectiva, sino que provocó descoordinación e inacción en momentos críticos. Esto contrasta con el enfoque centralizado que países como Cuba han desarrollado, donde la acción inmediata y bien estructurada es prioridad en las emergencias climáticas, precisamente para salvar vidas y minimizar el impacto.

En Cuba, frente a la amenaza de huracanes o inundaciones, el sistema de protección civil se activa de inmediato con un plan de acción claro: la evacuación preventiva de comunidades vulnerables. Este modelo no espera a que el desastre toque tierra ni se subordina a cálculos de viabilidad económica. La infraestructura estatal y la movilización de recursos se orientan al cuidado y resguardo de las personas, con una notable cultura de evacuación que implica a toda la comunidad en la prevención de la tragedia. La actuación rápida de las fuerzas de seguridad y la implicación de los ciudadanos en estos planes son componentes cruciales del sistema cubano, que ha demostrado eficacia al mantener bajas tasas de mortalidad incluso ante huracanes de gran magnitud.

En Valencia, la falta de una evacuación coordinada y oportuna dejó a cientos de personas expuestas a una situación que se había anticipado con horas de antelación. La falta de instrucciones claras y de un protocolo riguroso de evacuación muestra cómo un sistema que prioriza la “libertad de decisión” individual o los intereses comerciales tiende a desproteger a la población más vulnerable, dejándola en manos de la improvisación y el caos.

En Valencia el despliegue del ejército y las fuerzas de emergencia llegó después de que el desastre ya estuviera en marcha, reflejando una preparación inadecuada y la falta de una infraestructura estatal sólida para anticiparse a la crisis.

Otro factor a considerar es cómo el desarrollo capitalista de la infraestructura ha empeorado la situación de vulnerabilidad en regiones como Valencia. Durante años, la presión del mercado inmobiliario y el turismo masivo han promovido la urbanización excesiva y la construcción en zonas de riesgo sin respetar las advertencias climáticas ni ambientales. Esta urbanización sin control incrementa la impermeabilización del suelo, reduciendo la capacidad de absorción del agua y haciendo que lluvias intensas deriven rápidamente en inundaciones catastróficas.

Cuba, en cambio, enfrenta grandes limitaciones económicas, pero su modelo de desarrollo urbano evita construir en áreas de alto riesgo y prioriza los estudios de impacto ambiental en sus políticas territoriales. Aunque enfrenta desafíos por su propia geografía y las limitaciones del bloqueo, el enfoque cubano demuestra que una economía orientada al bien común puede reducir significativamente el impacto de desastres naturales. La clave está en tratar el acceso a la seguridad y protección como derechos universales, y no como servicios que dependan de la capacidad de pago o de la infraestructura privada.

La catástrofe en Valencia debe servir como una llamada de atención sobre los límites y las fallas del modelo de desarrollo y gestión de emergencias en el marco capitalista. Las vidas perdidas y los bienes destruidos no son solo producto de un fenómeno meteorológico excepcional, sino también de un sistema que prioriza la ganancia, la autonomía fragmentada y la descentralización sin un plan de respaldo sólido en situaciones de crisis. El ejemplo cubano, que coloca la vida y el bienestar de su gente en el centro de su respuesta ante emergencias, demuestra que es posible construir sistemas más justos y eficaces para enfrentar los desastres climáticos. Para lograr un cambio de paradigma en España y otros países, se necesita avanzar hacia un modelo de gestión de riesgos que anteponga el interés colectivo a la competencia política y económica.