Xavier Villar
La movilización, inicialmente centrada en las demandas de los jubilados, pronto atrajo a hinchas de varios equipos de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, en un contexto de creciente descontento por las políticas económicas del Gobierno.
La manifestación derivó en enfrentamientos con una intensidad rara vez vista, dejando imágenes de brutalidad policial que generaron preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gas lacrimógeno, golpes con porras y palos, e incluso camiones hidrantes para dispersar a la multitud. Este operativo represivo ha sido ampliamente criticado, alimentando aún más el clima de tensión social que recorre el país bajo la gestión de Milei.
Los disturbios resultaron en 124 detenidos y 46 manifestantes heridos, uno de ellos con lesiones de extrema gravedad. La respuesta del gobierno ante las demandas de los jubilados, en su mayoría en situación de pobreza debido a pensiones mínimas, ha incrementado el malestar social. Los jubilados exigen una actualización urgente de las pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la prórroga de la moratoria previsional, que vence en marzo y permitía acceder a una pensión a aquellos que no cumplían con los años de cotización requeridos.
En medio de esta situación de tensión, la protesta recibió un inesperado respaldo por parte de los hinchas de fútbol. Simpatizantes de los clubes Boca Juniors y Racing Club, dos de los equipos más importantes de Argentina, junto con seguidores del local Chacarita Juniors, fueron los principales impulsores de la manifestación del miércoles, convocada originalmente en apoyo a la protesta semanal de los jubilados. Durante la marcha, los hinchas entonaron una célebre frase de Diego Maradona: “¿Cómo no voy a defender a los jubilados? Habría que ser un cobarde para no defenderlos”, reflejando el profundo sentimiento de solidaridad que atraviesa la sociedad argentina ante la situación de los más vulnerables.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó lo sucedido durante las protestas como “de una gravedad inigualable” y acusó a los manifestantes de intentar derrocar al presidente Javier Milei. En declaraciones al diario conservador La Nación, Bullrich afirmó: "Muchas de las personas que vinieron a esta marcha —barras, agrupaciones de izquierda, miembros de organizaciones kirchneristas, distintos sectores que se agrupan políticamente para voltear al Gobierno— vinieron preparados para matar".
Desde su llegada al poder en 2023, Milei ha implementado un programa de gobierno que ha sido calificado por varios expertos como “anarco-capitalista”, una corriente del libertarismo que promueve la abolición del Estado y la privatización de todos los servicios gubernamentales. Esta ideología se basa en el principio de que todos los individuos deben estar libres de cualquier forma de coerción, con el gobierno como principal infractor a través de la imposición de impuestos involuntarios.
Durante su campaña electoral, Milei propuso drásticos recortes en el gasto público, el cierre del Banco Central y la dolarización de la economía, sustituyendo el peso por el dólar estadounidense como moneda oficial. Además, arremetió contra el establishment político, al que calificó de “casta” que saqueaba al pueblo argentino.
Para muchos expertos económicos, el pensamiento anarcocapitalista se expresa generalmente en absolutos categóricos y dogmáticos que, a menudo, resultan seductoramente simples. Los seguidores más fervientes tienden a calificar de “socialistas”, “comunistas” o “colectivistas” —y a veces incluso de las tres cosas a la vez— a aquellos que expresan la más mínima discrepancia intelectual. No sorprende, entonces, que existan escasas pruebas de que algún adherente a la doctrina anarcocapitalista haya logrado traducir esta visión utópica en una práctica política efectiva.
En el contexto argentino, marcado por un año de drástica austeridad, los pensionistas han sido los más afectados, con aumentos de pensiones que han quedado muy por debajo de la inflación. Casi el 60 por ciento de los jubilados reciben solo la cantidad mínima, equivalente a unos 340 dólares al mes.
Como señala el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, no hay nada de original en el modelo económico propuesto por Javier Milei. Se trata de un "corta y pega" de un enfoque ideológico que ya ha demostrado ser sumamente costoso para Argentina, tanto por el daño social que generó como por la deuda que dejó a las generaciones y gobiernos posteriores.
La represión a la protesta frente al Congreso argentino podría "generarle un costo político" a Milei
Juan Lehmann
El Gobierno de Argentina denunció que la movilización fue una 'especie de golpe de Estado'. En tanto, organizaciones sociales anuncian que denunciarán al Ejecutivo por la represión a manifestantes, entre quienes se encuentra un reportero gráfico que permanece internado en terapia intensiva.
El Gobierno de Javier Milei denunció que la movilización al Congreso en reclamo por el aumento de las jubilaciones constituyó una "especie de golpe de Estado". La convulsionada jornada de protestas, reprimidas por las fuerzas de seguridad, terminó con más de 40 heridos, entre quienes resalta el caso de un reportero gráfico que sufrió una ruptura de cráneo tras recibir el impacto de una lata de gas lacrimógeno.
Según expresaron funcionarios del Ejecutivo, los participantes de las protestas "fueron organizados para desestabilizar". En sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
afirmó que los asistentes estaban "armados hasta los dientes para generar caos y el nivel de violencia que vimos". En la misma sintonía se expresó el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, que sostuvo en declaraciones radiales que se pretendió una especie de golpe de Estado", denunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La postura del Ejecutivo fue rápidamente contrapuesta desde los tribunales. La Justicia ordenó la liberación de 94 de los 124 manifestantes retenidos por las fuerzas de seguridad al considerar que las detenciones "afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión".
El fallo le costó a la jueza Karina Andrade —a cargo de la causa— el repudio del
Gobierno: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, advirtió que "se analizará su actuación (...) por posible incumplimiento de sus funciones". El funcionario consideró que los manifestantes eran "barras bravas" de equipos de fútbol local, convocados para generar disturbios, aunque aún no se probó la participación de los mismos.
El tumulto tuvo su correlato al interior del Gobierno. Además del enfrentamiento a golpes de puño entre dos diputados de La Libertad Avanza en pleno Congreso —episodio aprovechado por el titular de la Cámara Baja para levantar una sesión adversa para el oficialismo— al día siguiente la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, se opuso a la línea narrativa del Ejecutivo, negando que la movilización constituido un ataque al Gobierno: "Simplemente, es el ejercicio de la democracia", aseguró.
¿Punto de quiebre?
"La movilización puede generarle un costo político al Gobierno, sobre todo en el control de la calle: hasta ahora había habido cierta pasividad ante el ajuste fiscal impulsado por Milei pero la protesta marcó cierto límite", dijo a Sputnik el analista político Pablo Romá. Si bien los adultos mayores movilizan todos los miércoles a protestar frente al Congreso, la jornada en cuestión estuvo marcada por la confluencia de actores de diversos sectores.
Según el experto, el impacto de la jornada de protestas "es innegable: alcanza con ver cómo resucitó la interna con la vicepresidente Villarruel, que directamente negó la postura oficial". Además, para el investigador quedó claro que "el Gobierno siempre apostó por la represión con resultados eficientes en términos de imagen, pero ayer se vio una situación con imágenes más sensibles, sobre todo con los jubilados golpeados".
"Fue una convocatoria importante porque estaba abanderada bajo una consigna como la de los jubilados. Es difícil sostener que hubo algo parecido a un intento de golpe de Estado: lo que se vio es mayor radicalización que en otras protestas, pero no fue una protesta amenazante para el Gobierno", consideró el consultor.
El 'elefante' en la sala
Ningún análisis puede escindirse del contexto en el cual se inscribe. Para Romá, el impacto que cobró la protesta "está alimentado en gran parte por las noticias de la última semana, que tienen al Gobierno bajo la lupa en distintas cuestiones, pero sobre todo en torno al caso de la estafa vinculada a la criptomoneda", dijo en relación con el escándalo suscitado tras la difusión del cripto activo $LIBRA por parte del presidente, que redundó en pérdidas por más de 200 millones de dólares para los inversores.
Además, el analista destacó que se trata del primer hecho de represión en el año que estará signado por los comicios legislativos de medio término. "Es imposible pensar que esto puede separarse de las elecciones, porque cuanto más cerca estemos de la fecha, los errores van a costarle más al Gobierno", apuntó.
"Si bien Milei tiene un gran activo que es el control sobre la inflación, estas últimas semanas han sido claramente adversas. El principal riesgo que enfrenta es que se pierda la confianza en el Gobierno, sobre todo en materia de la agenda pública que se debate", aseguró Romá.
