La historia de Sultana Khaya, activista saharaui y defensora del derecho a la autodeterminación de su pueblo, refleja la brutal realidad de la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental y la represión sistemática que enfrentan quienes se atreven a expresar su postura contra la presencia militar de Marruecos en la región.
Su caso, denunciado por Amnistía Internacional, ejemplifica las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en un territorio en disputa, generando una condena internacional contundente.
Desde noviembre de 2020, Sultana y su familia mantienen un arresto domiciliario ilegal impuesto por las autoridades marroquíes, sin una orden judicial ni justificación alguna. Esta acción viola flagrantemente sus derechos fundamentales y es solo el comienzo de una serie de abusos que continuaron con impunidad.
Este ejercicio de juicios sumarios y arreglados de antemano o la justicia punitiva bajo una concepción administrativa es una de las características de los regimenes de ocupación ilegal y sirven para amedrentar y castigar a la población ocupada, en este caso, saharaui.
El 10 de mayo de 2021, las fuerzas de seguridad marroquíes irrumpieron de manera violenta en su domicilio, ataron y amordazaron a su hermana, robaron sus pertenencias y detuvieron a otros activistas que se encontraban allí. Días después, reiteraron la agresión ingresando nuevamente en su casa, cortando el acceso a internet y sometiéndola a una brutal agresión física. La violencia no se limitó allí: las fuerzas también la violaron y trataron de violar a su hermana, en un acto que evidencia la brutalidad del régimen de ocupación.
Meses después, en otro ingreso de las fuerzas marroquíes en su domicilio, decenas de agentes en civil violaron a Sultana Jaya nuevamente y perpetraron agresiones sexuales contra su madre, una anciana de 80 años, así como contra sus hermanas (fueron violadas). Los invasores entraron por el tejado, dejando rastros de destrucción, vertiendo sustancias tóxicas en su hogar y sembrando el terror entre todos los habitantes.
Dos temas:
el primero es el de la violencia sexual. Es un crimen de guerra y es muy antiguo en los conflictos armados y la ocupación. La violencia sexual se usa como forma de intimidación de la población llevando la guerra al cuerpo de las mujeres y generar indefensión y vergüenza, esta violencia es una de las más altas formas de desprecio que existe y busca, también, la suplantación y exterminio étnico del pueblo ocupado.
Por otro lado, la segunda consideración, muy vinculada a la primera, es el uso de paramilitares o civiles vinculados a las fuerzas ocupantes aunque sin ser parte de las mismas para diluir las culpas y hacer pasar esas agresiones o asesinatos no como un plan orquestado desde el poder contra una minoría sino como actos puntuales de civiles «descontrolados», sin embargo la inactividad y pasividad del gobierno ocupante deja claro que es un tema con motivación política y no sólo una cuestión de seguridad ciudadana.
Y en relación a esto…¿Cómo se puede aceptar un plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental teniendo en cuenta las gravísimas violaciones, no ya de sus derechos sino físicas también?, aparte de ser un plan absolutamente ilegal que va contra el Derecho Internacional Público, las resoluciones de la ONU y los acuerdos de las partes (Acuerdos de Houston). Incluso si lo diéramos por bueno, ese plan de autonomía, las garantías para los saharauis es cero primero porque Marruecos es una dictadura absolutista centralista y en segundo lugar porque ya vemos como tratan las autoridades marroquíes a los saharauis. Les encarcelan y violan.
Estas atrocidades, denunciadas con valentía por Sultana Jaya, permanecen impunes. Hasta hoy, no se ha llevado a cabo ninguna investigación seria ni se han juzgado a los responsables, reflejando la falta de voluntad de las autoridades marroquíes para garantizar justicia y proteger a las víctimas en los territorios ocupados.
El caso de Sultana Jaya es un ejemplo de un patrón más amplio de hostigamiento y violencia ejercida por el Estado marroquí contra activistas saharauis que defienden la autodeterminación. La ocupación militar, acompañada de actos de represión, intimidación y violencia sexual, busca silenciar las voces disidentes y mantener el control sobre un territorio cuya soberanía aún está en disputa.
Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado enérgicamente estos abusos y exigen que el gobierno de Marruecos investigue los hechos, lleve a los responsables ante la justicia y garantice la seguridad y protección de Sultana Khaya y su familia.
La pesadilla que vive Sultana Jaya no puede quedar en la impunidad. La comunidad internacional debe solidarizarse con ella y con el pueblo saharaui, ejerciendo presión sobre el régimen marroquí para que detenga la represión, respete los derechos humanos y permita un proceso justo de autodeterminación en el Sáhara Occidental.
De hecho se debería crear un Tribunal Penal Especial para El Sáhara Occidental, como ya se hizo con los TPE de la ex Yugoslavia, Ruanda o Camboya (entre otros).
