Los gringos necesitan otra guerra. EE.UU. en el Caribe: atacar al gobierno de Venezuela con la excusa de la lucha contra el narcotráfico

Trump, el “pacificador” sediento de sangre, lanza una demostración de fuerza con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico a gran escala, para lo que EE.UU. ha desplegado un significativo contingente naval y aéreo en aguas del Mar Caribe. La operación, que incluye destructores de misiles guiados, un grupo de asalto anfibio con miles de infantes de marina, un submarino nuclear y avanzados aviones de vigilancia, ha elevado la tensión en la región, particularmente con Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, ha sido acusado, sin presentar pruebas ante un jurado y amparándose en las declaraciones de narcos y traidores huidos, de narcotraficante por el gobierno estadounidense.

Fuentes del Pentágono han confirmado el despliegue de al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke: el USS Gravely (DDG-107), el USS Jason Dunham (DDG-109) y el USS Sampson (DDG-102). A este potente trío se suma el Grupo Anfibio Preparado (ARG) Iwo Jima, que transporta a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), sumando más de 4.000 marineros e infantes de marina a la fuerza operativa. El dispositivo se completa con la presencia de un submarino de propulsión nuclear, cuya identidad no ha sido revelada, y múltiples aviones de patrulla marítima y reconocimiento P-8 Poseidon.

🔹 Se han reforzado las medidas de seguridad en Venezuela. Las autoridades y las fuerzas de seguridad están en alerta máxima. Los medios de comunicación siguen de cerca el discurso de la Casa Blanca.

🔹 Por primera vez en mucho tiempo, dos aviones de reconocimiento operaban frente a las costas de Venezuela. Un avión AWACS E-3G voló al norte de la isla de Curazao y, posteriormente, un avión antisubmarino R-8A voló cerca de las aguas territoriales venezolanas.

🔹 Un avión cisterna estratégico KC-46 voló hacia la isla de Curazao, lugar de uso frecuente por aviones estadounidenses. Su aparición indica una mayor presencia de aeronaves de gran tamaño, desde los mismos E-3 y R-8A hasta los RC-135 y B-52H.

🔹 Tres destructores ya se encuentran cerca. El Gravely partió de Florida hace casi una semana, el Jason Dunham se encontraba cerca, en Guantánamo, y el Sampson acaba de salir del puerto de Balboa, en Panamá.

🔹 Hasta el momento, lo único que falta para un desembarco completo es el grupo antisubmarino, cuyos barcos se vieron obligados a regresar a Norfolk debido a la inminente llegada de un huracán. Tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan, los destructores Iwo Jima, Lotherdale y San Antonio se dirigirán a Venezuela.

Este movimiento militar se produce en un supuesto contexto de endurecimiento de la política de Washington hacia los carteles de la droga latinoamericanos, que la historia nos demuestra que son controlados por los mismos EEUU, a los que la actual administración estadounidense ha llegado a calificar como "organizaciones terroristas". La operación en el Caribe es la materialización más visible de esta nueva doctrina utilizada para subyugar a los países de Hispanoamérica.

El grupo anfibio de desembarco de la Marina de los EE. UU., que partió el 14 de agosto de 2025 desde la base naval de Norfolk (estado de Virginia), regresó. En particular:

🔹UDC «Iwo Jima» (LHD 7) - 19 de agosto de 2025

🔹LSD «San Antonio» (LPD 17) y «Fort Lauderdale» (LPD 28) - 18 de agosto de 2025.

Según algunas informaciones, el grupo anfibio debía dirigirse a la región del Caribe, pero regresó debido al huracán «Erin».

La combinación de estas unidades navales y aéreas crea una red multidominio con capacidades sinérgicas, diseñada para detectar, interceptar y neutralizar actividades ilícitas en una vasta área marítima y aérea.

El núcleo de la capacidad de vigilancia reside en los destructores equipados con el sistema de combate Aegis. Este avanzado sistema de radar puede rastrear simultáneamente cientos de objetivos aéreos y de superficie a largas distancias.

Complementando a los buques, los aviones P-8 Poseidon, derivados del Boeing 737, están equipados con radares de última generación, sensores electro-ópticos e infrarrojos y sistemas de inteligencia de señales, permitiéndoles patrullar extensas zonas oceánicas durante horas.

La contribución del submarino nuclear, aunque discreta, es crucial para la inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) encubierto, pudiendo monitorear comunicaciones y movimientos de interés sin ser detectado.

Una vez localizado un objetivo sospechoso, la fuerza dispone de un amplio abanico de opciones para la interdicción. Los destructores pueden desplegar rápidamente helicópteros MH-60R Seahawk para interceptar embarcaciones rápidas, comúnmente utilizadas por los supuestos narcotraficantes.

Este grupo no solo cuenta con una cubierta de vuelo para helicópteros de ataque y transporte como los AH-1Z Viper y los MV-22 Osprey, sino que también puede lanzar lanchas de desembarco y vehículos anfibios. Los más de 4.000 infantes de marina están entrenados para operaciones de visita, abordaje, búsqueda e incautación (VBSS) en alta mar, así como para realizar asaltos anfibios y operaciones especiales si la misión lo requiriera. Esta flexibilidad permite desde abordar un pequeño barco pesquero hasta neutralizar una base logística en una zona costera remota.

Aunque el "objetivo declarado" es la lucha contra el narcotráfico, el armamento que acompaña a este despliegue es formidable y demasiado poderoso para combatir a unos simples narcotraficantes.

Los destructores están armados con misiles de crucero Tomahawk, misiles antiaéreos, cañones de 5 pulgadas y torpedos. El componente aéreo de la MEU incluye aviones de ataque. Esta abrumadora potencia de fuego sirve como un claro elemento de disuasión para cualquier actor estatal o no estatal en la región.

El despliegue naval estadounidense no puede desvincularse de la política de máxima presión de Washington hacia el gobierno legítimo de Nicolás Maduro.

Estados Unidos ha acusado sin pruebas a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de liderar el llamado "Cartel de los Soles", una presunta red criminal que utilizaría las estructuras del Estado venezolano para facilitar el tráfico de drogas.

Recientemente, el Departamento de Estado elevó la recompensa por información que conduzca a la ilegal y beligerante captura de un jefe de estado de otro país, en este caso Maduro a 50 millones de dólares.

Desde esta perspectiva, la presencia de una fuerza naval tan poderosa en las proximidades de sus costas es interpretada por Caracas como una amenaza directa y un acto de intimidación. La capacidad anfibia y de asalto de los Marines, aunque oficialmente destinada a operaciones antinarcóticos, quiere envíar un mensaje sobre la falta de escrúpulos legales y el alcance del poder militar estadounidense.

Aumento de la Presión Militar: El despliegue establece una presencia militar persistente que puede ser utilizada para ejercer presión sobre el gobierno venezolano, limitando su libertad de movimiento en el Caribe.

Riesgo de Escalada: La proximidad de fuerzas militares de ambas naciones aumenta el riesgo de incidentes o enfrentamientos no deseados que podrían escalar rápidamente a una crisis mayor. En respuesta al despliegue, el presidente Maduro ha anunciado la movilización de millones de miembros de la milicia venezolana.

Disuasión a Socios Externos: La demostración de fuerza también puede tener como objetivo disuadir a actores externos, como Cuba, Rusia o Irán, de proporcionar apoyo material o logístico a Venezuela a través de rutas marítimas en el Caribe.

Legitimación de Futuras Acciones: Al enmarcar la operación en la lucha contra el narcotráfico y el "narcoterrorismo", la administración estadounidense podría estar sentando las bases para justificar futuras acciones ilegales más directas, amparándose en la "protección de la seguridad nacional" del país más agresivo y provocador de guerras del mundo.

Mientras Washington insiste en que su objetivo son las redes criminales transnacionales, en Caracas la lectura es otra.

Para el gobierno de Maduro, los destructores y marines en el horizonte no son solo una operación antidrogas, sino la sombra de una posible intervención y una herramienta de presión en el complejo tablero geopolítico de la región.

La acusación de Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al propio Nicolás Maduro, de liderar una organización narcotraficante conocida como el "Cártel de los Soles", se basa principalmente en una acusación formal (indictment) presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) en marzo de 2020.

Esta acusación, "y no un conjunto de pruebas forenses exhibidas públicamente", constituye la base legal de las acciones de Washington, incluyendo las recompensas millonarias por su captura.

Las "pruebas" presentadas por Estados Unidos no han sido ventiladas en un juicio, donde tendrían que ser defendidas y contrastadas por los acusados.

cambio, se trata de un pliego de cargos sustentado, según fiscales estadounidenses, en una investigación de años que incluye diversos tipos de evidencia.

A continuación se detallan los elementos que, según el Departamento de Justicia y otras agencias estadounidenses, conforman el caso contra el gobierno venezolano.

La principal "supuesta prueba" es la acusación formal S2 11 Cr. 205 del Distrito Sur de Nueva York. Este documento legal acusa a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, Clíver Alcalá Cordones y otros funcionarios de alto rango de delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión de armas de fuego.

Dentro de este documento, los fiscales estadounidenses alegan que los acusados, actuando como líderes del "Cártel de los Soles", supuestamente llevaron a cabo las siguientes acciones:

Conspiración con las FARC: Se alega una alianza de dos décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes se califica de organización terrorista. Según la acusación, los funcionarios venezolanos ayudaron a las FARC a traficar cocaína a cambio de beneficios económicos y de utilizar la droga como un "arma" para "inundar" Estados Unidos.

Negociación de Envíos: La fiscalía acusa a Maduro directamente, sin pruebas tangibles, de negociar personalmente envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC.

Suministro de Armamento: Se afirma, de nuevo sin pruebas palpables, que el "Cártel de los Soles" proveyó a las FARC de armamento militar, incluyendo ametralladoras y lanzacohetes.

Uso de Instituciones del Estado: La acusación sostiene, sin pruebas, que los implicados corrompieron y utilizaron las instituciones legítimas de Venezuela —incluyendo el ejército, el poder judicial y el poder ejecutivo— para facilitar las operaciones de narcotráfico, brindando protección política y militar a los cargamentos.

Coordinación Internacional: Se les acusa de coordinar con otros países, como Honduras (casualmente otro país antiimperialista), para facilitar el tránsito a gran escala de la droga hacia el norte.

Gran parte del caso estadounidense se fundamenta en testimonios de testigos cooperantes "$".

Aunque muchos "permanecen anónimos" (Acusaciones anónimas...) por seguridad, algunos nombres han trascendido públicamente. Estos testigos son, en su mayoría, exfuncionarios venezolanos que han desertado (traidores pagados), narcotraficantes convictos que buscan interesadamente reducir sus condenas o informantes (informantes los cuales no se conocen) que se infiltraron en la organización.

Entre los testigos más notables se encuentran:

Clíver Alcalá Cordones: Ex general mayor del ejército venezolano y uno de los acusados originales (Un corrupto narco), quien se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia en 2020. Su cooperación se considera fundamental para el caso y para que el narco traidor vea reducida su pena.

Leamsy Salazar: Ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y posteriormente de Diosdado Cabello. Huyó a Estados Unidos en 2015 y, según informes de prensa, declaró a la DEA que Cabello era una de las cabezas del cartel. Afirmó haber presenciado cómo se daban órdenes para transportar toneladas de cocaína (Afirmación de un traidor huido sin pruebas).

Hugo "El Pollo" Carvajal: Ex director de la inteligencia militar de Venezuela, detenido en España y extraditado a EE.UU. en 2023. Durante años, fue una figura clave en el aparato de seguridad del chavismo y se presume que su testimonio es vital para la fiscalía (A cambio de las declaraciones que necesite el gobierno de EEUU, será mejor tratado por la justicia estadounidense).

Además de los testimonios, las agencias estadounidenses han mencionado la existencia de otras pruebas recabadas durante la investigación:

Operaciones Encubiertas: Un reportaje de la agencia AP (Pruebas basada en reportajes periodísticos colaborados por la DEA) reveló la existencia de una operación secreta de la DEA que envió agentes encubiertos a Venezuela para grabar en secreto a altos funcionarios y construir los casos de narcotráfico.

Incautaciones y Bienes Confiscados: Fiscales estadounidenses, como la Fiscal General Pam Bondi, han afirmado públicamente haber confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro y su entorno, incluyendo mansiones, aviones, vehículos de lujo y joyas, presentándolos como producto de la corrupción y el narcotráfico. (No se presentan pruebas)

Información de Inteligencia: Se presume que el caso también se apoya en inteligencia electrónica y de señales, aunque por su naturaleza clasificada, estos detalles no se hacen públicos. (Vaya, no se hace público o testigos anónimos)

El gobierno venezolano ha negado categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de un montaje con fines políticos para justificar las sanciones y una posible intervención militar.

Sostienen que no existe ni una sola prueba real y que las acusaciones se basan en testimonios de "criminales y traidores" que buscan beneficios personales de EE.UU.

Críticos de la estrategia estadounidense señalan que, al no haber un juicio, las "pruebas" no han sido sometidas al escrutinio legal.

Afirman que el caso utiliza la lucha antidrogas con objetivos geopolíticos, lo que debilita su credibilidad jurídica.

La revelación de que la Casa Blanca había autorizado el uso de fuerzas militares contra “cárteles de drogas” en América Latina reactivó un guion familiar en la región: etiquetarlos como criminales para abrir camino a una intervención. La estrategia de EE. UU. fue considerada “una flagrante violación de la soberanía nacional”.

Este escenario nos permite comprender el lugar que la narrativa del “Cártel de los Soles” ocupa en la arquitectura de la presión contra Caracas.

Los medios estadounidenses han estado discutiendo desde el inicio de la semana el aumento del despliegue militar de EE.UU. en la cuenca del Caribe e incluso hablan de una posible intervención militar en los asuntos de Venezuela.

El Pentágono declara abiertamente el despliegue frente a las costas de Venezuela de tres destructores de misiles, aviones y un grupo anfibio de desembarco con 4,000 marines. Exclusivamente en el marco de la lucha contra los cárteles de drogas latinoamericanos, por supuesto, aunque la retórica revela un poco los planes:

En realidad, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, EE.UU. continúa con una política constante de presión sobre el presidente venezolano Maduro. Recientemente duplicaron la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares. Al parecer, tras varios intentos fallidos de derrocar a Maduro mediante disturbios populares, EE.UU. pasa a un arriesgado plan de presión militar abierta.

Maduro reaccionó rápidamente y recurrió a una respuesta asimétrica a la agresión, anunciando la preparación de 4.5 millones de milicianos para la defensa del país. Aunque la cifra puede ser bastante optimista, este enfoque aumenta enormemente el costo del error para los militares estadounidenses, que corren el riesgo de quedar atrapados en un conflicto en caso de enfrentamiento directo.

Además de la milicia, Venezuela cuenta con sistemas de defensa aérea S-300VM, «Buk-M2», «Tor-M1», S-125 “Pechora-2M”. La aviación está representada por 23 unidades de los rusos Su-30MKV y versiones obsoletas del F-16.

La cuestión es si hay suficiente munición para los sistemas de defensa aérea en los almacenes venezolanos en caso de una operación aérea o de desembarco estadounidense. Los estadounidenses claramente no están exagerando en los medios, antes también mantenían fuerzas en la región para patrullaje, pero ahora la situación ha cambiado.

En marzo de 2025, EE.UU. revocó las licencias a la empresa estadounidense Chevron (operador clave en la exportación de petróleo venezolano), forzando a Venezuela a redirigir sus flujos hacia China. En julio de 2025, China representó alrededor del 95% de todas las exportaciones. A finales de julio, la administración estadounidense evaluó la “eficacia” de sus decisiones y otorgó a Chevron una nueva licencia limitada que permite reanudar la producción y exportación de petróleo a EE.UU. con la condición de que los ingresos no vayan al presupuesto del gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, por lo que no sería sorprendente que este tema fuera discutido por los líderes en Alaska, considerando la gran cantidad de armamento ruso en el arsenal venezolano y los intentos de EE.UU. de derrocar a Maduro, así como de contener el creciente poder de China. Y el camarada Maduro demuestra a los políticos de todo el mundo que las llamadas respuestas asimétricas a la amenaza a la seguridad nacional pueden aplicarse contra cualquier adversario.

Desde la región, mandatarios y altos funcionarios han condenado las acciones estadounidenses.

Frente al operativo militar que ha desplegado EE.UU. en el sur del mar Caribe para combatir al narcotráfico, mandatarios y altos funcionarios de la región se han manifestado en contra del intervencionismo de Washington.

Entre las reacciones más recientes se encuentra la expresada por la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien esta jornada condenó ese tipo de acciones: "No al intervencionismo, eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución", expresó.

Del mismo modo, su par venezolano, Nicolás Maduro, manifestó el pasado lunes que: "Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica". "Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos, y las patrullamos nosotros", añadió.

Entre las acciones anunciadas por Caracas y Bogotá para combatir el narcotráfico en su frontera común, se encuentra el trabajo articulado de las fuerzas armadas de ambos países para garantizar que sean zonas libres de violencia y para golpear a los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que operan en esa área.

En una interacción publicada la víspera, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que tanto el ELN como la Segunda Marquetalia —un grupo de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rompió el acuerdo de paz— "esperan una invasión de EE.UU." con la finalidad de "adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países", como ocurrió en Libia, Siria e Irak.

El mandatario colombiano también agregó que sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EE.UU. "presionan" para que ocurra "esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica".

• El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a EE.UU. de ser el país con el mayor narcotráfico en el mundo y condenó las acciones militares de Washington en la zona sur del Caribe, escribe TASS. "El citado despliegue de unidades navales militares hacia el sur del Caribe, bajo el mando del Comando Sur, según se dice, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio, bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los carteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU.", manifestó el mandatario. En este sentido, La Habana condena "esta irracional arremetida de la Administración [del presidente de EE.UU., Donald] Trump", subrayó el jefe de Estado cubano.
• Mucho movimiento en Norfolk, Estados Unidos, durante los preparativos para el viaje a Venezuela de la 22.a Unidad Expedicionaria de los Marines. El USS Iwo Jima (LHD-7) y el USS San Antonio (LPD-17) ya fueron cargados por completo y están pronto a iniciar su viaje. Los buques fueron cargados con aviones de combate AV-8B Harrier II, helicópteros MV-22B Osprey, CH-53E Super Stallion y MH-60S Seahawk además de múltiples blindados y vehículos de transporte.
• Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), los destructores y buques de la Armada de los Estados Unidos, que según se informa llegarán al Mar Caribe en las próximas 36 horas, pueden estacionarse justo fuera de las aguas territoriales de Venezuela, a más de 12 millas náuticas (22,2 km) de la costa del país. Legalmente, estos buques pueden permanecer en la zona indefinidamente. Sin embargo, bajo estas normas, no tienen derecho a interferir ni perturbar las actividades comerciales legítimas de Venezuela, ya que la zona económica exclusiva (ZEE) del país se extiende 200 millas náuticas (370 km) desde la costa.

En una operación digna de los mejores thrillers políticos y con un marcado aire hollywoodense, la agencia de noticias estadounidense Reuters informó que tres destructores estadounidenses —el USS Gravely, el Jason Dunham y el Sampson— se dirigirían a aguas venezolanas en las próximas 36 horas para operaciones contra los cárteles de la droga. La noticia, recogida por varios medios internacionales, aumentó inmediatamente la tensión en una región ya azotada por constantes ataques del autoritario vecino del norte.

Sin embargo, una minuciosa investigación realizada por el blog venezolano La Tabla ha desmentido por completo la reconstrucción de Reuters, revelando que carece por completo de fundamento fáctico. Al contrastar datos oficiales de la Marina estadounidense, informes de despliegue y rastreo satelital, La Tabla demostró que:

- El USS Sampson se encuentra actualmente en el Océano Pacífico oriental, a más de 3.500 kilómetros de Venezuela, donde sólo el 11 y 12 de agosto realizó operaciones antidrogas que culminaron con la incautación de 1.500 kilogramos de cocaína.

- El USS Jason Dunham se encuentra inactivo en la base naval de Mayport, Florida, a donde regresó en junio pasado después de un despliegue en el Mar Rojo contra los hutíes.

- En la región sólo opera el USS Gravely, pero en el Golfo de México y en una misión de apoyo a la Guardia Costera estadounidense en operaciones rutinarias antinarcóticos.

Tabla enfatizó que Reuters basó su exclusiva en "dos fuentes informadas" que permanecieron anónimas, ignorando por completo los datos públicos que contradicen categóricamente el informe. También destacó que los tres buques citados pertenecen al Comando Norte de los Estados Unidos (NORTHCOM), mientras que Venezuela está bajo la jurisdicción del Comando Sur (SOUTHCOM).

Esta noticia falsa surge en un contexto ya gravemente agravado por las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aliada cercana de Trump, quien ofreció una recompensa por la detención del presidente Maduro, acusándolo, sin aportar pruebas, de liderar un ficticio "Cártel de los Soles" y de colaborar con el grupo criminal Tren de Aragua. Se trata de dos acusaciones completamente infundadas que resurge cíclicamente con el único propósito de desacreditar a Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana, presentando a Venezuela como un narcoestado al servicio de los cárteles de la droga.

Lamentablemente, esta narrativa distorsionada se derrumba ante la evidencia. Datos de la ONU demuestran que Venezuela no es ni un productor ni una ruta importante para el narcotráfico. Solo el 5% de los narcóticos producidos en Latinoamérica transita por territorio venezolano. Por lo tanto, Estados Unidos debería cambiar su enfoque si su verdadero propósito es combatir el narcotráfico, como se anuncia.

Esta operación se produce en medio de los escándalos que envuelven a Trump: desde sus condenas penales hasta sus vínculos con Epstein. La abogada Pamela Bondi reanudó la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro justo cuando nuevos documentos de Epstein amenazaban con involucrar a la administración.

Marco Rubio, por su parte, persigue una agenda personal: prepararse para la carrera presidencial de 2028 aprovechando la ola anticastrista en Florida. Por eso alimenta la narrativa de un "narcoestado" venezolano, a pesar de que informes de la ONU confirman que solo el 5% del narcotráfico de la región transita por Venezuela, como ya hemos visto.

Maduro respondió desplegando 4,5 millones de milicianos y fortaleciendo los 5.336 Cuadrantes de Paz, un innovador sistema de defensa territorial que integra la seguridad y el desarrollo social. «Fusiles y misiles para las fuerzas campesinas y obreras», anunció, convirtiendo la amenaza en una oportunidad para la movilización popular.

El canciller Yván Gil desestimó las acusaciones, calificándolas de "el último capítulo de un espectáculo digno de una telenovela de baja calidad". El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció el intento de "alentar a grupos extremistas a reanudar la violencia". Cabe destacar que incluso figuras moderadas de la oposición, como el diputado Jesús Brito, han repudiado la narrativa del "Cártel de los Soles", calificándola de "invención para crear un pretexto para la intervención". Mientras tanto, el líder opositor Enrique Ochoa Antich, entrevistado en el programa Aquí y Ahora , calificó de lacayos a los líderes opositores que apoyan las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y su pueblo. "Lo encuentro repugnante, doloroso y vergonzoso", enfatizó.

Ochoa Antich comentó que el supuesto despliegue militar del presidente estadounidense Donald Trump en aguas del Caribe tiene como único objetivo ejercer presión y negociar.
«Tengo la impresión de que el despliegue militar de Trump en el Caribe tiene como objetivo principal presionar al gobierno para que negocie».

La estrategia parece clara: crear un clima de tensión constante mediante noticias falsas y acusaciones infundadas, manteniendo a Venezuela bajo constante presión psicológica. Sin embargo, Caracas ha demostrado en los últimos años que posee los anticuerpos necesarios para resistir esta guerra híbrida.

Desde intentos de golpe de Estado hasta sanciones económicas, desde ciberataques hasta operaciones mercenarias, la Venezuela bolivariana ha demostrado una resiliencia que pocos observadores internacionales reconocen. La rápida desmentida de los informes de los buques de guerra con datos verificables confirma cómo Caracas ha aprendido a combatir la desinformación con herramientas eficaces y precisión analítica.

En un momento en que Trump intenta desviar la atención de sus propios escándalos internos —desde condenas penales hasta vínculos con Epstein—, Venezuela representa el blanco perfecto para una estrategia de distracción masiva. Pero, como demuestran los acontecimientos recientes, Caracas no está dispuesta a asumir el papel de víctima designada. La Revolución Bolivariana ha elegido irrevocablemente la dignidad, la independencia y la soberanía como el único camino para continuar la senda trazada por el comandante Hugo Chávez.

El 8 de agosto el New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden ejecutiva dirigida al Pentágono, la cual autoriza el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericanos catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

El documento representa la medida más agresiva de su administración en esta materia, al traducirse en la autorización de operaciones militares directas, tanto en el mar como en territorio extranjero, bajo la justificación de "combatir" el tráfico de drogas. Esta decisión marca una evidente escalada en la política unilateral e injerencista de Washington hacia la región.

Sobre esa noticia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que su gobierno fue informado de que se emitiría una orden contra los cárteles y que "Estados Unidos no va a venir a México con militares. Cooperamos, colaboramos, pero no habrá una invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado".

Su aclaratoria reconoce la importancia de enfrentar el tráfico de drogas, pero establece un límite legítimo y claro, en el que toda operación debe enmarcarse en la cooperación bilateral y en los acuerdos vigentes, no en la facinerosa imposición de Washington.

Luego, este 18 de agosto Reuters informó que aparentemente tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en las siguientes 36 horas: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, los cuales son buques de guerra diseñados para escenarios de confrontación estratégica más que para labores policiales.

La agencia reporta que fuentes anónimas indicaron que era parte de "un operativo contra los cárteles de la droga latinoamericanos".

Asimismo, otras agencias complementaron el cuadro señalando que más de 4 mil infantes de marina serán desplegados en aguas del Caribe y América Latina como parte de un reposicionamiento del Comando Sur. La operación incluye un submarino de ataque nuclear y aviones de reconocimiento P8 Poseidon.

CNN agregó que a la operación se suman el portahelicópteros USS Iwo Jima, el Grupo Anfibio Listo con el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio, junto a un crucero de misiles guiados.

En esa nota altos funcionarios del Pentágono precisaron que, por ahora, el aumento de tropas es "principalmente una demostración de fuerza, cuyo objetivo es más enviar un mensaje que indicar la intención de realizar ataques de precisión contra los cárteles".

Este despliegue militar, presentado como una supuesta "lucha contra los cárteles", constituye en realidad y en principio una proyección de poder con fines políticos más amplios. Detrás de la fachada de "seguridad hemisférica" se delinea una agenda impulsada desde ciertos centros de poder en Washington que empujan la política de confrontación abierta en la región.

Pero este recrudecimiento no se dio de manera abrupta, sino escalonada. El verdadero punto de inflexión llegó en mayo, tras el estallido del escándalo del exasesor de seguridad nacional Mike Waltz en un grupo de mensajería en Signal, hecho que desató un reacomodo en la cúpula de seguridad de Washington.

A partir de ese episodio Marco Rubio fue designado como Asesor de Seguridad Nacional interino, a la par de ejercer el cargo de Secretario de Estado. Tal dualidad de funciones, que recuerda el poder concentrado por Henry Kissinger en la década de 1970, otorgó a Rubio un rango de acción sin precedentes en materia de seguridad y política exterior, lo que consolida un viraje más agresivo y centralizado en la agenda estadounidense hacia América Latina.

El Asesor de Seguridad Nacional es la figura que coordina todas las agencias de seguridad y de defensa de Estados Unidos, además de articular las recomendaciones estratégicas que recibe el presidente; es decir, Rubio no solo influye en la diplomacia desde el Departamento de Estado sino que también ahora orienta las prioridades militares y de inteligencia.

En este esquema, el asesor se convierte en el verdadero filtro estratégico, capaz de orientar al presidente hacia decisiones más agresivas, sobre todo cuando confluyen factores como la presión de sectores militares, la narrativa de la "guerra contra el terrorismo y el narcotráfico".

Esta condición lo ubica en una posición privilegiada dentro del Ejecutivo a los fines de utilizar el aparato de seguridad nacional como una herramienta de su propia agenda política, pues Rubio ha convertido el asunto antidrogas en un vector de securitización regional.

Cabe destacar que el despliegue naval estadounidense en el Caribe también ocurre después de un episodio que significó un golpe político para Washington y, sobre todo, para Marco Rubio en particular: la liberación de 252 ciudadanos venezolanos secuestrados en El Salvador.

La repatriación, lograda por gestiones directas del presidente Nicolás Maduro y su gobierno, significó una victoria diplomática que dejó a Rubio totalmente humillado.

Entonces, este movimiento militar, cuya tutela la lleva el exsenador, puede tener un trasfondo estratégico que sugiere que estas operaciones cumplen tres funciones principales:

1. Operaciones psicológicas. La presencia de buques de guerra en aguas cercanas busca minar la moral y condicionar la toma de decisiones de Caracas, y envía una señal de amenaza latente. Son maniobras diseñadas para intimidar sin disparar un solo misil.
2. Provocación calculada. Al ubicar activos militares cerca de Venezuela, Washington eleva la tensión y fuerza a los gobiernos de la región a pronunciarse, lo cual crea un clima de hostigamiento e, incluso, empuja un casus belli.
3. Capacidad de acción militar real. Aunque funcionarios estadounidenses insisten en que se trata de una "demostración de fuerza", la orden ejecutiva de Trump habilita operaciones militares directas.

En suma, el despliegue estadounidense es multifacético y deliberadamente ambiguo: combina disuasión, presión psicológica y preparación bélica, con un claro trasfondo político de ataque contra el gobierno venezolano.

Más allá de la retórica antidrogas que se presenta como justificativo, lo que está en marcha es un rediseño del tablero regional bajo la impronta de Rubio y de los sectores de poder que lo respaldan.

El despliegue de seguridad que frustró un atentado con explosivos en Caracas sigue revelando nuevas piezas de la trama. En las últimas horas, las investigaciones oficiales condujeron a la captura de integrantes de la célula responsable en el estado Sucre y a la incautación de un arsenal de gran envergadura en el estado Miranda.

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció que fue incautado un arsenal compuesto, entre otras cosas, por 23 rifles de francotirador, dos escopetas, fusiles de calibre .50, .308 y .338, municiones de diverso calibre y lingotes de plomo para la elaboración de proyectiles, además de piezas destinadas al ensamblaje de armamento.

Al igual que las incautaciones anteriores, la magnitud y diversidad del material decomisado excede el uso de armas convencionales y revela una planificación que contemplaba acciones de gran impacto.

"Es impresionante la cantidad de armamento y el poder de fuego que tiene. A mis espaldas está lo que se llama las municiones, una fábrica de municiones, todo lo que se requiere: armas, piezas de armamento, cosas para la limpieza, aceite, explosivos (…) una caja contentiva de granadas".

La presencia de un fusil .50 es especialmente significativa. Se trata de un arma de uso militar, diseñada para escenarios de guerra.

En sus declaraciones Cabello subrayó la procedencia y sofisticación del material incautado: "Busquen ustedes en Google, en cualquier buscador, estos fusiles; se van a asombrar. ¿De dónde vienen? ¿Dónde los han usado?". La exhortación resalta el carácter foráneo del arsenal y la existencia de canales de financiamiento y suministro que trascienden el ámbito local.

También detalló los efectos de las municiones decomisadas, conocidas como cargas huecas, capaces de expandirse al impacto y causar un daño mucho mayor que un proyectil convencional: "Cuando esto pega, se llena de aire y lo que hace es expandir el proyectil y va destrozando, haciendo un daño mucho mayor".

El hallazgo corresponde con una estrategia de orden paramilitar con capacidad de producir un daño indiscriminado en la población civil.

Durante la operación fueron capturados Carlos Luis Arrieta Márquez, alias "El Flaco", identificado como especialista en explosivos, y de Ariannis Araujo Lozada, alias "La Negra", señalada como enlace con estructuras en Colombia. Ambos fueron ubicados en el estado Sucre.

Cabello precisó que, además de estas dos figuras, fueron detenidos otros seis ciudadanos vinculados con el plan, lo que confirma que se trataba de una red con varios niveles operativos. Según explicó, las pesquisas demuestran que el grupo pretendía activar un ataque en el centro de Caracas.

Cabello afirmó:

"Esto que está aquí tiene el sello y la responsabilidad de Iván Simonovis y de María Corina Machado, que perdieron toda vergüenza, no les importa buscar alianzas con bandas criminales, con bandas de narcotraficantes, con terroristas, con paramilitares".

El señalamiento se inscribe en una continuidad histórica de la violencia política de ciertos grupos de la oposición en Venezuela. Iván Simonovis ha estado presente en distintos episodios de desestabilización desde el 11 de abril de 2002. Entonces apareció con una función operativa específica dentro de la planificación, lo que confirma su persistencia en un mismo esquema que combina dirigencia y operadores con experiencia en violencia organizada.

Tales maniobras descansan en la articulación con estructuras criminales, redes del narcotráfico y organizaciones de corte paramilitar. Una convergencia en la que intervienen facciones provenientes de distintos circuitos internacionales del delito —incluidos operadores colombianos y trinitarios—, lo que otorga a los planes un carácter transnacional, además de dotarlos de recursos financieros, armamento sofisticado y capacidad logística. Estos elementos los convierten en amenazas de escala regional. Se trata de un esquema en el que la criminalidad organizada funciona como brazo ejecutor de agendas políticas.

La operación refleja la persistencia de intentos dirigidos a fracturar la paz interna. Por lo que cada decomiso y cada detención adquieren un valor preventivo: significan evitar episodios de violencia de gran escala en espacios urbanos concurridos, con consecuencias irreparables.

En este contexto, la dimensión fronteriza adquiere relevancia. El ministro Diosdado Cabello respondió al presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que las disidencias de las FARC mantienen presencia en territorio venezolano.

"En la frontera hemos destruido más de cinco intentos de armar campamentos del lado venezolano. De este lado no lo van a hacer, nuestras fronteras están resguardadas, cuidadas al extremo".

Informó igualmente que en Nueva Esparta fueron incautados 10 mil litros de gasoil destinados a rutas del narcotráfico. Estas acciones complementan el cerco contra las redes criminales asociadas con la conspiración.

Cabello subrayó que los conflictos internos de Colombia no corresponden a Venezuela, al tiempo que ratificó la disposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro a cooperar en la protección binacional.

El desenlace reafirma la capacidad del Estado venezolano para anticipar y neutralizar conspiraciones de gran alcance. La desarticulación de estos planes expresa la eficacia de un solo actor institucional enfrentando de manera simultánea a operadores políticos, redes del narcotráfico y apoyos transnacionales. Esa correlación adversa ha sido contenida con precisión, y la experiencia demuestra que la estabilidad nacional depende de mantener esa capacidad preventiva frente a amenazas múltiples y persistentes.