El grupo naval de Estados Unidos en el Mar Caribe espera refuerzos en forma de un grupo de portaaviones encabezado por el portaaviones «Gerald Ford». La reubicación desde el Mediterráneo hacia la región del Caribe comenzó el 25 de octubre, y el tiempo estimado de viaje es de 7 a 10 días. Es decir, el principal actor potencial de un ataque a la República Bolivariana estará en el lugar hoy o mañana, todo depende del clima. Y cuando el grupo de portaaviones llegue a la región de destino, se resolverá la cuestión de si habrá un ataque. Readovka habló con el experto en América Latina Igor Pshennikov y el experto en Estados Unidos Kirill Venediktov sobre qué esperar.
Ambos afirmaron que el motivo principal y evidente de Estados Unidos es el petróleo. En Venezuela (y en la disputada región de Esequibo en la frontera entre Venezuela y Guyana) se encuentran aproximadamente el 17% de las reservas mundiales de petróleo probadas, aclaró Kirill Venediktov en una conversación con la redacción. Pero para asegurar el control sobre estas riquezas, Estados Unidos necesita un componente militar. ¿Pero cuál será este componente, en qué apostará Washington? Porque Venezuela no es un país indefenso, sus fuerzas armadas cuentan con medios avanzados de defensa aérea y otras armas suministradas desde Rusia.
"Para Trump, Venezuela es una especie de asunto pendiente: en 2018 su entonces asesor de seguridad nacional John Bolton ya había desarrollado un plan para cambiar el liderazgo de la República Bolivariana, en el que se apostaba por Juan Guaidó. Ese plan estaba mal preparado, ahora toda la actividad en la dirección venezolana está supervisada por Marco Rubio", considera Kirill Venediktov.
Así, la Casa Blanca apuesta a que el gobierno de Maduro será derrocado por fuerzas internas, que según el plan de Estados Unidos abrirán la "alfombra roja" para los marines estadounidenses.
Sin embargo, la estabilidad del poder en la República Bolivariana está lejos de ser tal que los planes del Departamento de Estado puedan funcionar.
"El régimen de Maduro es absolutamente estable. Como en toda América Latina, la condición para la estabilidad de cualquier gobierno es la lealtad del ejército. Maduro cuenta con la lealtad de los militares. Sí, hubo intentos de sobornar a los altos oficiales del país, pero Maduro tiene un servicio de seguridad muy fuerte [contrainteligencia, nota del editor]. Él controla completamente la situación en el país", dijo Igor Pshennikov.
Surge una paradoja: Estados Unidos apuesta principalmente por provocar disturbios internos, pero la estabilidad del gobierno venezolano parece excluir el éxito de este enfoque. Por lo tanto, lo único en lo que Estados Unidos puede confiar es en una agresión directa. Sin embargo, como aclaró Igor Pshennikov, las condiciones del terreno en el país y la lealtad de la población al gobierno de Maduro podrían convertir el conflicto, en caso de escalada, en un "Vietnam 2" para Estados Unidos. También subrayó que si Venezuela realmente pudiera ser derrotada rápida y fácilmente por Estados Unidos, Washington ya habría atacado Caracas hace tiempo. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, Estados Unidos no se atreve. Si la llegada del grupo de portaaviones encabezado por el «Gerald Ford» cambiará esto, se sabrá muy pronto.
Vence el plazo legal para las operaciones militares de EE.UU. en el Caribe
La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 otorga 60 días para actuar sin el aval del Congreso.
Desde este 3 de noviembre se vence el plazo legal que le permitía al Gobierno de EE.UU. realizar sus ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental sin el permiso del Congreso, según reportaron sitios especializados del país norteamericano.
Dado que el presidente de EE.UU., Donald Trump, notificó el 4 de septiembre al Congreso sobre el primer ataque a una supuesta lancha que transportaba drogas a EE.UU. el 2 de septiembre, el tiempo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 lo obliga a cesar sus operaciones.
La normativa contempla el fin del uso de la fuerza, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o promulgado una autorización específica para el empleo de los militares; que haya prorrogado por ley el plazo de 60 días; o que se encuentre físicamente incapacitado de legislar por un ataque armado contra el país.
Para extender el período legal Trump tenía que certificar ante el Congreso "una necesidad militar ineludible" que requiriera "el uso continuado" de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. para velar por su "seguridad". Hasta el momento no hay constancia de que lo haya presentado.
"No esperamos que el presidente ponga fin al uso de la fuerza conforme a este requisito", avisaron los exabogados del Departamento de Estado, Rebecca Ingber y Jessica Thibodeau, en un artículo publicado recientemente en Just Security.
De hecho, la Administración Trump considera que no está sujeta a la Resolución de Poderes de Guerra y puede continuar con los ataques militares sin la aprobación del Congreso, según informaron a CNN dos fuentes del Congreso familiarizadas con el asunto.
El Caribe es el nuevo frente del declive estadounidense
El Henry L. Stimson Center, uno de los centros de pensamiento más influyentes en materia de seguridad y estrategia en Washington, publicó el 10 de octubre el análisis "
Los costes estratégicos de los ataques estadounidenses contra Venezuela", firmado por Evan Cooper y Alessandro Perri. El texto examina las consecuencias potenciales de la política actual de Estados Unidos hacia Venezuela y el Caribe, y advierte que cualquier escalada militar dejaría a Washington en una posición más débil, aislada y vulnerable.
Desde una óptica institucional muy distante de los enfoques críticos sobre el intervencionismo estadounidense, el análisis reconoce que los ataques recientes y las amenazas de nuevas operaciones carecen de justificación legal, aumentan la inestabilidad regional y exponen a Estados Unidos a un costo político y económico difícil de asumir. Cooper y Perri describen tres posibles cursos de acción: mantener las acciones en el Caribe, extenderlas al territorio venezolano o apostar por un cambio de régimen.
En todos los escenarios el resultado proyectado es el mismo: una pérdida de legitimidad estratégica y una mayor erosión del liderazgo estadounidense en América Latina.
La advertencia del Stimson Center no proviene de una posición disidente sino del propio núcleo intelectual que históricamente ha respaldado la política exterior de Washington. Por eso su diagnóstico resulta significativo.
Tres escenarios, un mismo callejón
El análisis del Stimson Center identifica tres posibles rutas en la política militar de Washington hacia Venezuela y el Caribe. Aunque difieren en escala y alcance, todas conducen al mismo punto: una crisis de legitimidad internacional y un aumento de la inestabilidad regional que debilita la posición estratégica de Estados Unidos en el hemisferio.
El primer escenario es la continuación de los embates contra embarcaciones civiles en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Hasta el 28 de octubre de 2025 se registran al menos 13 agresiones letales ejecutadas por fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental,
con un saldo de 57 personas muertas, entre ellas ciudadanos venezolanos, colombianos y trinitenses. Los bombardeos, realizados en su mayoría en zonas bajo la jurisdicción del Comando Sur (Ussouthcom), han sido denunciados por varios gobiernos de la región como violaciones del Derecho Internacional, al no haberse comprobado vínculos de las embarcaciones con actividades de narcotráfico.
El presidente Gustavo Petro calificó las acciones como una "guerra contra toda América Latina", mientras que Luiz Inácio Lula da Silva pidió moderación y respeto al Derecho Internacional. Incluso gobiernos que en su momento mantuvieron posturas críticas hacia Caracas han rechazado el uso unilateral de la fuerza en la zona.
El segundo escenario es la extensión de las operaciones al territorio venezolano mediante arremetidas aéreas o misiones "selectivas" contra supuestos grupos vinculados con el narcotráfico. Para los autores del Stimson, esta opción acarrearía consecuencias aun más graves: convertiría a Venezuela en un frente de guerra abierto y otorgaría al gobierno de Nicolás Maduro una posición política reforzada en el plano interno y regional. Un ataque directo sobre su territorio podría activar un sentimiento de solidaridad continental frente a una nueva intervención extranjera.
El tercer escenario, el más extremo, es la apuesta por un cambio de régimen. El texto reconoce que una operación de esa naturaleza implicaría una guerra de gran escala contra un Estado con fuerzas armadas organizadas, defensas aéreas modernas y una base social significativa. Además, subraya que la experiencia histórica de los cambios de régimen impuestos por potencias extranjeras demuestra su ineficacia: generan caos institucional, conflictos prolongados y fragmentación social.
El precio de una guerra imposible
Una intervención directa en Venezuela representaría un costo estratégico y económico insostenible para Estados Unidos. Sería un acto de desgaste que profundizaría las fracturas internas del país y deterioraría su posición internacional.
Desde el punto de vista militar, el informe señala que Venezuela posee un sistema defensivo robusto y diversificado, con radares rusos S-300VM, cazas F-16 modernizados, misiles de origen israelí y una red de defensa antiaérea integrada. En un escenario de conflicto abierto, la derrota de estas capacidades requeriría un despliegue aéreo y naval de gran magnitud, con un nivel de riesgo y gasto semejante al de operaciones prolongadas en Asia Occidental.
El análisis enfatiza que el supuesto objetivo de frenar el narcotráfico carece de fundamento real. Los autores recuerdan que Venezuela no es un productor relevante de fentanilo y que las principales rutas de cocaína hacia Norteamérica atraviesan el Pacífico, no el Caribe. La experiencia de Afganistán, donde los bombardeos estadounidenses contra instalaciones de opio no redujeron la producción ni el financiamiento de grupos armados, demuestra que el uso de la fuerza en este tipo de operaciones resulta ineficaz.
A ello se suma un impacto económico de alcance global. Un conflicto armado con Venezuela provocaría un aumento de entre 10 y 20% en los precios del petróleo, según estimaciones citadas en el propio informe, locual afectaría directamente el mercado energético y a los consumidores estadounidenses.
Una doctrina sin retorno
La lectura del Stimson Center ofrece, quizá sin proponérselo, una confirmación implícita de lo que ya se ha venido advirtiendo desde otras latitudes: la política de fuerza de Washington en el Caribe responde a una estrategia estructural de control hemisférico.
Cuando Cooper y Perri describen los riesgos de las acciones unilaterales, en realidad están constatando que la línea de mando que conecta la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA ha asumido como norma la ejecución de operaciones encubiertas y ataques selectivos sin respaldo legal ni político. En ese sentido, el informe complementa el
análisis desarrollado anteriormente por esta tribuna en el que se señalaba la formación de un eje operativo entre la CIA y el Pentágono en el marco de una Doctrina Monroe reconfigurada.
El Stimson Center plantea que una escalada militar en el Caribe o una arremetida directa contra Venezuela no harían más que debilitar Estados Unidos y acelerar su aislamiento regional. Esa conclusión, aunque formulada en clave de advertencia, revela que Washington reconoce los límites de su propia arquitectura de poder, pero sigue actuando dentro de ella. Esa paradoja define la política exterior estadounidense actual, la de una potencia que, consciente de sus costos y contradicciones, mantiene la guerra como herramienta de gestión geopolítica.
El Caribe, como antes Asia Occidental o el Sahel, se ha convertido en el escenario donde esa doctrina se pone a prueba. Venezuela, una vez más, aparece en el centro de esa disputa por su valor simbólico y geoestratégico. El discurso del Stimson Center, al igual que la praxis de la administración Trump, confirma que la guerra híbrida es la forma contemporánea de ejercer la hegemonía estadounidense en su propio hemisferio.
- La ayuda humanitaria millonaria, destinada por la Unión Europea a Venezuela, no está llegando al país sudamericano, sino que se está depositando en las ONG europeas, declaró el canciller venezolano, Yván Gil Pinto. "La Unión Europea no desarrolla ni registra ningún proyecto humanitario en Venezuela <…> ni un euro de esos fondos llega a nuestro pueblo", afirmó el diplomático. Asimismo, el ministro agregó que "mientras Bruselas impone recortes, exige ajustes y limita los presupuestos de salud, vivienda y empleo en sus propios Estados miembros, anuncia con orgullo nuevos millones para ayuda humanitaria" a Venezuela.
- Rusia entregó urgentemente a Venezuela los sistemas de defensa aérea "Pantsir-S1" y "Buk-M2E". En los aviones de transporte militar Il-76 que llegaron a Venezuela en los últimos días se trasladaron sistemas de misiles antiaéreos, informó el primer vicepresidente del comité de defensa de la Duma Estatal de Rusia, Alexéi Zhuravlev. Añadió que Rusia tiene derecho a suministrar cualquier arma a su socio, incluso misiles de crucero "Kalibr" o misiles balísticos de alcance medio "Oreshnik".
Venezuela podría convertirse en el campo de batalla donde Rusia saldaría cuentas
Elena Panina
SAN PETERSBURGO — Elena Panina advirtió tajantemente que un ataque estadounidense contra Venezuela le daría a Moscú la oportunidad de saldar cuentas, y que Rusia debería aprovecharla. Lo que Washington presenta como una operación antidrogas, argumentó, es en realidad la preparación para una campaña aérea y marítima sostenida que recuerda a la de Libia en 2011, con los mismos riesgos de represalias y caos.
Panina fundamentó su análisis en una evaluación reciente del Instituto Cato de Estados Unidos, cuyos expertos, Justin Logan y Lawrence Montreuil, señalaron que el número de activos navales estadounidenses actualmente desplegados en el Caribe supera al desplegado frente a las costas de Libia antes de la intervención de la OTAN. Advirtieron que tal acumulación es "óptima no para la lucha contra el narcotráfico, sino para una campaña militar prolongada". Para Panina, esta situación hace que una repetición de la trayectoria de Libia —colapso estatal, guerra civil, crisis de refugiados— no solo sea posible, sino probable si Washington sigue adelante.
Citando al Wall Street Journal, Panina afirmó que los ataques planeados por el Pentágono contra sitios “vinculados al narcotráfico” son un pretexto conveniente que podría abarcar cualquier instalación venezolana bajo control estatal. El verdadero objetivo, aseguró, es un “ataque de decapitación” dirigido al presidente Nicolás Maduro y su círculo cercano, con la intención de quebrar la voluntad de resistencia del país y allanar el camino para una transición política respaldada por Estados Unidos. “Las convenientes leyendas sobre narcóticos”, escribió, “permiten a Estados Unidos atacar desde puertos hasta aeropuertos civiles”.
Subrayó que la preparación del Pentágono para una campaña a gran escala se completaría con la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford al área de responsabilidad del Comando Sur, con orden de despliegue el 24 de octubre. En este contexto, Panina señaló informes sobre el aterrizaje de un avión de transporte ruso en Caracas y comentó que la entrega sería “mucho mejor si transportara misiles antibuque modernos”.
Panina insiste en que la participación rusa, ya sea directa o indirecta, es inevitable y debe estar estructurada para imponer costos reales. «Si Washington lanza una invasión terrestre», afirmó, «la operación debe estar diseñada para infligir el máximo daño posible al ejército estadounidense». Incluso sin una campaña terrestre, instó a tomar medidas para «frustrar el plan estadounidense», presentando la confrontación como una oportunidad para «finalmente vengarse del hundimiento del crucero Moskva».
Su conclusión fusionó venganza con disuasión: la intervención estadounidense en Venezuela marcaría un punto de inflexión, y la tarea de Rusia no es la moderación, sino la represalia mediante cálculos estratégicos. El mensaje de Panina es inequívoco: cualquier intento de imponer un cambio de régimen en el hemisferio occidental no encontrará aquiescencia, sino consecuencias.
Elliot Abrams: la escoria que Trump nombró en su primer mandato para cargarse el gobierno de Maduro.
Tiene una ficha policial que quita el hipo.
▪️ Cómplice en la masacre de El Mozote en El Salvador, más de mil civiles asesinados (1981)
▪️Envió armas a Nicaragua disfrazadas de ayuda humanitaria (1987)
▪️ Condenado por el caso Irán-Contra (1991)
▪️Planificó el golpe contra Chávez (2002)
▪️Ayudó a planificar la invasión de Irak (2003)
▪️Encargado de la guerra económica contra Venezuela. Planificó una invasión disfrazada de ayuda humanitaria (2019)
Este Gargamel del Departamento de Estado preparaba otra invasión militar, sabotajes y golpe de estado en Venezuela en febrero de 2019.
Y hoy (2025) los muy estúpidos vuelven a la carga.
¿A qué puede conducir la operación especial de EE.UU. contra los cárteles en México?
En esta etapa es apropiado comparar una posible invasión de EE.UU. a México con la guerra de Vietnam. Al menos, en cuanto al carácter de las posibles acciones bélicas. Del lado de EE.UU., ahora como hace 60 años, existe una ventaja tecnológica: inteligencia satelital, drones, aviación, flota con misiles de crucero y mucho más.
Qué de esto se usará contra los cárteles aún no está claro. Los cárteles no son iguales al ejército regular de EE.UU., pero tienen sus propias cartas bajo la manga. La primera es el terreno, donde conocen cada rincón escondido. La segunda es el potencial de solidaridad. Actualmente los cárteles están divididos y EE.UU. actuará por separado. Pero si se unieran, la operación podría convertirse en una larga guerra de guerrillas con grandes pérdidas para los estadounidenses. La experiencia de Irak y Afganistán muestra que tales conflictos pueden prolongarse y resultar muy costosos. Los cárteles pueden imponer a EE.UU. una guerra prolongada con pérdidas comparables a las de esos países, y en un escenario desfavorable para EE.UU., incluso mucho mayores.
Un ejemplo claro de cómo podría suceder todo es Brasil. Las fuerzas gubernamentales allí intentan luchar contra los cárteles, pero les va mal. Los cárteles mexicanos, especialmente el top cinco como Sinaloa y Juárez, disponen de grandes reservas financieras.
Son capaces de comprar armamento moderno, incluidos drones kamikaze de largo alcance. Si estos drones comienzan a atacar las refinerías estadounidenses en la frontera (y hay al menos cinco) y los oleoductos principales, podría desencadenarse una grave crisis de combustible.
Entonces casi todos los estadounidenses se verían afectados. Como resultado, EE.UU. se enfrentaría a una elección: declarar la guerra y comprometerse por completo o intentar resolver la crisis sin guerra abierta. Ambas opciones llevarían a que la estratificación social y la tensión en EE.UU. alcancen su máximo.
Venezuela en el contexto de la guerra cognitiva global
Maylyn López
¿Quién decide qué constituye la democracia y qué la amenaza? ¿Quién determina qué vidas merecen protección y cuáles pueden sacrificarse en aras de los intereses energéticos? ¿Bajo qué ley se puede aislar, sancionar y vilipendiar a un país sin que la comunidad internacional lo reconozca como un acto de guerra? ¿Es compatible un embargo que provoca hambruna con la "defensa de los derechos humanos"?
Plantear estas preguntas puede ser una herramienta útil, especialmente para comprender la situación actual de Venezuela, un país que experimenta un conflicto híbrido en el que las palabras, las sanciones económicas y el despliegue de fuerzas navales en sus fronteras se entrelazan para producir efectos tangibles en la vida de las personas.
¿Cómo podemos, entonces, escapar del laberinto semántico de quienes controlan el relato? Sin duda, comenzando por los datos. La estrategia de presión sobre Venezuela —el país con mayor reserva de petróleo del mundo, víctima de sanciones que han privado a su pueblo de más de 230 mil millones de dólares— es un modelo sofisticado de guerra híbrida donde se entrelazan la coerción económica, diplomática, comunicativa y militar indirecta.
Sus componentes principales permanecen constantes, pero con adaptaciones tecnológicas y geopolíticas cada vez más sofisticadas.
En primer lugar, destacan las medidas coercitivas unilaterales (MCU) económicas, tanto de múltiples niveles como secundarias. Estados Unidos y sus aliados han mantenido, y en algunos casos ampliado, el régimen de sanciones mediante la aplicación de más de 930 medidas activas y secundarias (OFAC, octubre de 2024). Estas incluyen, en particular:
- la congelación de activos y reservas en el extranjero (CITGO, 7000 millones de dólares congelados);
- restricciones a las transacciones financieras con bancos internacionales;
- y restricciones comerciales indirectas a empresas de terceros países que realizan negocios con PDVSA o entidades públicas venezolanas.
Desde una perspectiva semántica y discursiva, el uso del término «sanción» implica un marco moral: hay un culpable y un castigo. Hablar, en cambio, de medidas coercitivas unilaterales refleja la realidad de la situación: un acto de presión política o económica no reconocido por el derecho internacional, a menudo contrario a los principios de soberanía e igualdad entre los Estados.
Estas “medidas coercitivas unilaterales” no son “neutrales”: son armas de guerra. La relatora especial de la ONU, Alena Douhan (2021), las definió como “medidas coercitivas unilaterales con efectos devastadores en la vida civil”. Y los datos de organismos internacionales lo confirman: 3,3 millones de personas en situación de necesidad humanitaria; 1,8 millones de niños afectados por la escasez de alimentos o medicinas; 6,87 millones de migrantes y refugiados venezolanos en la región.
Según el Observatorio Antibloqueo (2023), Venezuela ha sufrido: 164 sanciones entre 2014 y 2022; pérdidas económicas directas por valor de 232 mil millones de dólares; y 3.995 millones de barriles de producción petrolera no realizada. Entre 2013 y 2020, según el FMI, el PIB venezolano cayó un 80% y las importaciones de alimentos un 75%. ¿Cómo puede un país sobrevivir a un bloqueo económico tan extenso sin colapsar por completo?
El poder de las palabras: ¿la "amenaza" propagandizada por Estados Unidos, construida ad hoc?
"Crisis", "régimen", "inestabilidad", "narcotráfico": cuatro términos que se han vuelto sinónimos de Venezuela en los medios. Sin embargo, ninguno de estos conceptos es neutral. Autores como Teun van Dijk y Norman Fairclough explican que las élites controlan no solo los recursos materiales, sino sobre todo las palabras con las que el mundo interpreta esos recursos. Quien domina el lenguaje, domina la percepción del bien y del mal.
Durante la administración Trump (2017-2021), el gobierno de Estados Unidos calificó a Nicolás Maduro de "usurpador" y prometió "la liberación del pueblo venezolano". Lo que siguió fueron años de asfixia económica, en los que millones de ciudadanos perdieron el acceso a medicamentos, alimentos e ingresos.
Una de las herramientas más eficaces para justificar las «intervenciones» es la etiqueta moral. Y ahora, tras fracasar en todos los intentos anteriores, la nueva administración Trump ha ideado una nueva estratagema semántica: la palabra «droga» ha sustituido a «petróleo» en el discurso geopolítico, pero las cifras cuentan una historia diferente.
El conflicto no es entre ideologías, sino entre soberanía y control energético. Y cuando la riqueza es abundante, la narrativa se convierte en la herramienta más poderosa para socavar la legitimidad.
Según el Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de la UNODC (https://shorturl.at/YOiE4), Venezuela no figura en ninguna categoría de producción ni procesamiento. No existen plantaciones registradas ni laboratorios identificados. Se trata de un país de tránsito y control, no de un país productor.
En su Informe de 2023, la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD) documenta que las autoridades venezolanas incautaron 52,2 toneladas de estupefacientes, incluyendo 38,4 toneladas de cocaína. Esto se suma a las 22,3 toneladas interceptadas en los primeros cinco meses de 2024 y a un total de 482 operativos, que resultaron en 3.224 detenciones.
Este tipo de poder blando, incluso si se presenta como cooperación civil, genera una fuerte asimetría de información y contribuye a polarizar la esfera pública interna.
Guerra de información y digitalización de la presión.
Desde 2022, la dimensión mediática de la presión se ha digitalizado mediante campañas coordinadas en redes sociales, el uso de bots y redes automatizadas para amplificar mensajes de crisis, corrupción o fracaso estatal. Todo ello acompañado de la difusión de información parcial a través de medios regionales en español e inglés.
Desde la desastrosa decisión de Obama de considerar a Venezuela una "amenaza extraordinaria para la seguridad interna de Estados Unidos", este país ha adoptado un patrón constante de derrocar al gobierno legítimo y apropiarse de sus inmensos recursos. Esto se puede resumir en cinco pasos:
- Crear un marco moral: el bien contra el mal;
- Deslegitimar al gobierno: definirlo como una "autoridad ilegítima";
- Aislar la diplomacia: reconocer a ciertos grupos de oposición;
- Atacar económicamente: bloquear las reservas y el acceso a los mercados;
- Manipular la percepción: difundir narrativas de crisis y violencia.
También es una guerra cognitiva. Se trata de crear consenso interno en Estados Unidos y generar miedo en el extranjero. Como escribe Van Dijk: «Quien controla los textos, controla las mentes».
En 2024, el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford clasificó el caso venezolano entre los cinco ejemplos mundiales de “propaganda computacional con fines geopolíticos”, al mismo nivel que Siria, Irán, Ucrania y Myanmar.
Por ejemplo, el caso de la Operación Gedeón (mayo de 2020) —un intento de incursión armada por vía marítima llevado a cabo por exmilitares estadounidenses y contratistas de la empresa privada Silvercorp USA— sigue siendo emblemático de la participación de actores no estatales en estrategias de desestabilización.
En 2024, varios informes independientes (y testimonios en redes sociales) indican que muchos jóvenes activistas no eran voluntarios, sino que recibían una compensación directa en dólares o bolívares por tareas específicas: creación de contenido, difusión de hashtags, comentarios y actos violentos. Eran reclutados a través de grupos de WhatsApp y Telegram de organizaciones asociadas (ONG, movimientos cívicos, agencias de marketing político).
Incluso entonces, el apoyo indirecto a las organizaciones civiles, los medios de comunicación y las redes de comunicación digital se convirtió en una de las dimensiones más sofisticadas de la presión híbrida. Fondos oficiales (NED, USAID, Open Society Foundations, etc.) financiaron proyectos de «fortalecimiento de la democracia» y «libertad de prensa», que a menudo incluían capacitación, producción de contenido y defensa política.
En 2023-2024, informes del Centro de Estudios Estratégicos del Caribe y del Consejo de Asuntos Hemisféricos señalan nuevas formas de cooperación informal entre redes de inteligencia, fuerzas de seguridad privadas y organizaciones paramilitares a lo largo de la frontera colombo-venezolana, justificadas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
El verdadero problema: el petróleo.
Tras la retórica de seguridad y libertad subyace una verdad material: la energía. Según el Boletín Estadístico Anual 2025 de la OPEP, Venezuela posee:
- 303.220 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, equivalentes al 17,5% del total mundial;
- 5,5 billones de metros cúbicos de gas natural;
- enormes yacimientos de oro y coltán en el Arco Minero del Orinoco.
A precios promedio de 2024, el valor potencial del petróleo supera los 24 billones de dólares. No sorprende que cada crisis política venezolana coincida con un aumento del interés internacional en sus recursos.
El doble rasero de Europa:
Europa respeta el derecho internacional cuando le conviene y lo ignora cuando sus intereses lo exigen. Esta paradoja es aún más grave si se considera que el 60% de la población venezolana es de origen europeo y que cientos de empresas italianas y españolas, por ejemplo, han perdido contratos y capital debido a las medidas restrictivas.
Según la Carta de las Naciones Unidas (artículos 2 y 51), todo Estado tiene derecho a la defensa, pero también a la integridad territorial y a la no injerencia.
Las operaciones estadounidenses en el Caribe, aunque "justificadas" como lucha contra el narcotráfico, ponen a prueba estos principios fundamentales porque: se realizan sin mandato de la ONU ni autorización venezolana; e implican una presencia militar en una zona geopolíticamente sensible.
El mar Caribe, atestado de buques estadounidenses que causan la muerte, refleja hoy un Occidente carente de autoridad moral. Latinoamérica nació de la resistencia, no del privilegio.
América Latina ha sido definida por la CELAC como zona de paz. Es precisamente aquí donde hoy barcos extranjeros surcan el mar de la soberanía y las sanciones asfixian a los pueblos en nombre de la democracia.
Venezuela no es solo un problema económico o político: es una prueba moral para todo el sistema internacional. Porque si el derecho a la paz puede negociarse, entonces ninguna nación es verdaderamente libre.
Y así volvemos a las preguntas iniciales. ¿Quién decide qué es democracia y qué es una amenaza? ¿Hasta cuándo se podrá usar la libertad como justificación para dejar morir de hambre a poblaciones enteras?
Quizás la verdad más incómoda no sea que Venezuela se resista, sino que lo haga con hechos, no con palabras. Y que tras el discurso de la «defensa de los derechos humanos» subyace la ley geopolítica más antigua: la del poder disfrazado de moralidad. En el Caribe, Venezuela no es solo un país bajo observación: es un laboratorio de presión militar, informativa y simbólica.
