El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela sobre las vastas
reservas petroleras del país sudamericano no debe considerarse una simple operación comercial. Para el periodista y analista político Alejandro Kirk, entrevistado por
Press TV , es el capítulo más reciente de una historia mucho más larga y oscura de intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe. Donald Trump lo ha calificado como el mayor acuerdo petrolero de la historia, jactándose de haber obtenido el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas. Pero la realidad, según quienes han vivido y trabajado en Venezuela durante décadas, es mucho más compleja.
Kirk, quien trabaja con medios internacionales desde Caracas, explica que este acuerdo forma parte de una estrategia geopolítica más amplia. Washington busca afianzar su influencia en un momento en que su dominio global se tambalea. Sin embargo, existe un grave problema de estabilidad política. El analista está convencido de que la coincidencia de fechas no es casual: el acuerdo pretende ganarse el favor de los votantes antes de las elecciones de medio término en noviembre, a pesar de que Trump parece destinado a una derrota histórica. Sobre el papel, Estados Unidos controla el 22% de las reservas de Venezuela, ocho veces más que México. Pero extraer ese petróleo llevará años. "Es básicamente una premisa", explica Kirk, refiriéndose a un acuerdo que los expertos califican de secreto, ilegal e inconstitucional.
El intervencionismo liderado por Estados Unidos nunca desapareció; simplemente se adaptó. Kirk se remonta al siglo XIX, cuando Washington apoyó las luchas de independencia de las colonias españolas, pero solo cuando estaban lideradas por élites blancas con fuertes intereses económicos. La independencia de Haití en 1804, nacida de una revuelta de esclavos, fue ignorada por ser incompatible con una unión estadounidense aún basada en la esclavitud. A partir de ahí, surgió la Doctrina Monroe y un siglo XX marcado por el expansionismo, los bloqueos navales, la subversión y el terrorismo cada vez que la hegemonía estadounidense se sentía amenazada.
«Todo el siglo XX fue un periodo de continuo expansionismo económico imperialista e intervención en América Latina y el Caribe, a veces mediante la fuerza bruta, bloqueos, desestabilización, subversión y terrorismo, siempre que veían amenazada su hegemonía», recuerda el analista.
Hoy, la diferencia radica en que el imperialismo estadounidense ya no se expande y está perdiendo su hegemonía. «La diferencia hoy es que el imperialismo estadounidense ya no se expande y está perdiendo rápidamente su hegemonía en el mundo», explica Kirk. La desastrosa agresión contra Irán ha debilitado aún más a Washington, impulsando a los estadounidenses a querer asegurar lo que siempre han considerado su patio trasero, especialmente ante una confrontación más amplia con China. El acuerdo petrolero es una medida contra China, Rusia e Irán, y envía un mensaje claro: «Venezuela ya no es un país soberano y sus recursos pertenecen a Estados Unidos». Kirk lo describe como «una barrera contra la participación china, rusa e iraní en el sector energético del país».
El momento oportuno es crucial. El acuerdo se produce tras el ataque estadounidense del 3 de enero que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Kirk lo deja claro: «Probablemente fue el momento decisivo de un resultado previamente acordado que involucró a algunos miembros del liderazgo venezolano y que no puede interpretarse de otra manera». Tras meses de bloqueo aéreo y naval, las fuerzas estadounidenses lograron un rápido éxito, y Trump declaró de inmediato su objetivo: apoderarse del petróleo. En tres semanas, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de hidrocarburos que anula la Constitución, eliminando las protecciones de soberanía y otorgando el control directo de las ganancias a las autoridades estadounidenses. Se suponía que sería un modelo de intervención «audaz, rápido, barato y fácil», diseñado para generar beneficios políticos para Trump y la tecnocracia que lo apoya.
Pero este modelo fracasó dos meses después en Irán, donde Trump se vio envuelto en una guerra total que amenazó la existencia misma de su administración. "Cuando este modelo fracasó dos meses después en Irán, Trump se encontró atascado, amenazando la existencia misma de su administración", enfatiza Kirk. Y en Venezuela, la situación es paradójica. "Nos encontramos en una situación extraña donde los aliados venezolanos de Trump que presionaron por las sanciones y la intervención militar de EE. UU. ahora gritan consignas antiimperialistas, asombrados de que lo que estaban a punto de hacer lo estén haciendo sus adversarios", observa el analista. "Si la oposición de derecha hubiera tomado el poder después del 3 de enero, el país probablemente estaría en llamas hoy", explica Kirk. La resiliencia del chavismo y del Partido Socialista Unido de Venezuela fue lo que ayudó a evitar el caos. Los funcionarios piden calma, citando una estrategia para ganar tiempo y lanzar una contraofensiva. Pero cada vez está más claro que es Estados Unidos, con sus asesores militares y civiles, quien mueve los hilos. Sin embargo, poco a poco, resulta cada vez más evidente que son Estados Unidos y sus cientos de asesores militares y civiles quienes mueven los hilos, advierte Kirk. Están debilitando políticamente a las fuerzas armadas y borrando a Chávez y Maduro del imaginario colectivo. Y quienes esperan un cambio de rumbo con una victoria demócrata en noviembre están muy equivocados. «Quienes en Venezuela esperan que una hipotética victoria demócrata en noviembre cambie drásticamente la postura de Estados Unidos hacia Venezuela se verán decepcionados», advierte el analista.
La democracia nunca ha sido una prioridad para Washington, ni tampoco la lucha contra el crimen organizado. «La democracia nunca ha sido una prioridad. Ni la lucha contra el crimen organizado», afirma Kirk sin rodeos. Basta con pensar en los Contras de la década de 1980, que también se financiaban mediante el narcotráfico, o en el golpe de Estado en Chile contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende en 1973. Maduro fue reelegido democráticamente en 2024, como admitieron los propios servicios de inteligencia estadounidenses. «La forma puede variar según las circunstancias, pero la esencia siempre es la misma: dominación imperial política, cultural, financiera, militar y económica», concluye el analista.
Pero, ¿está Latinoamérica realmente virando a la derecha? Kirk desmiente esta idea. Muchos gobiernos de derecha han ganado por un margen muy estrecho, lo que dificulta hablar de un cambio ideológico masivo. El consenso se manipula. El voto está fuertemente influenciado por una combinación de medios de comunicación y mensajes algorítmicos en las redes sociales, donde el miedo es el ingrediente principal. "El voto se manipula fuertemente mediante una combinación de medios de comunicación y mensajes masivos algorítmicos que difunden 'información' falsa a través de las redes sociales, donde la infundación de miedo es clave", explica Kirk. El analista vincula estas redes de manipulación con operadores israelíes, citando al argentino Fernando Cerimedo y a su mentor Brad Pascale, exjefe de campaña digital de Trump. ¿El resultado? "Millones de personas sin propiedades aterrorizadas ante la idea de perder sus bienes a manos de un hipotético gobierno comunista futuro".
Las frágiles mayorías políticas se desmoronan cuando los gobiernos empiezan a decepcionar a los votantes. En Chile, el gobierno de José Kast extorsiona a los trabajadores para enriquecer a los multimillonarios con recortes de impuestos y pretende gobernar por decreto hasta 240 días sin pasar por el Congreso. Las leyes represivas solo evidencian una gran fragilidad social. «La adopción de una legislación represiva severa y preventiva revela una fragilidad política y social que la guerra cognitiva no puede sostener indefinidamente», advierte Kirk.
Estamos presenciando un intento de revivir la Doctrina Monroe en un mundo transformado. Washington busca contener a China, su principal adversario global, en un conflicto tanto económico como cultural. Irán, al derrotar a Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ha acelerado esta constatación, demostrando el declive de Washington. "Se podría decir que fue Irán quien se vio obligado a asumir la responsabilidad del nuevo orden mundial, al derrotar a Estados Unidos y convertirse en la potencia que dicta las reglas en el Golfo Pérsico", explica Kirk. A la antigua Doctrina Monroe, Trump ha añadido su propio corolario: Latinoamérica ya no es solo el patio trasero de Estados Unidos, sino su propiedad. La Gran Norteamérica incluye todo el hemisferio occidental como zona de influencia exclusiva. También ha nacido el Escudo de las Américas, una alianza militar de 16 países bajo mando estadounidense, supuestamente contra el crimen, pero en realidad diseñada para contener los movimientos populares. Washington presiona para romper los lazos económicos con China, un intento desesperado e imposible, dado que Estados Unidos no puede reemplazar la capacidad manufacturera y tecnológica de Pekín.
El modelo venezolano podría exportarse. La resistencia iraní probablemente impidió que Trump se sintiera lo suficientemente fuerte como para tomar Cuba, Groenlandia o Canadá. "De lo contrario, Trump se habría sentido lo suficientemente envalentonado como para tomar Cuba, Groenlandia e incluso Canadá", advierte Kirk. Cuba sigue siendo el objetivo más obvio, pero una invasión terrestre sería demasiado costosa en términos de vidas humanas y recursos. Los objetivos naturales reales son Brasil y México. "Brasil y México, las economías más grandes de América Latina, son dos objetivos naturales para Trump porque tienen economías poderosas, abundantes recursos naturales y vastos territorios. Además, sus gobiernos mantienen políticas soberanas y no reciben órdenes de Washington", explica el analista. No es coincidencia que la guerra cognitiva en las redes sociales contra Lula y Claudia Sheinbaum esté en pleno apogeo. En Brasil, se ha reavivado el debate sobre la reactivación del programa de armas nucleares, abandonado en 1990. El propio Lula ha sugerido que, si es reelegido, la doctrina nuclear de Brasil debería revisarse para prevenir un posible ataque estadounidense.
Del fraude cambiario de 2012 al «acuerdo histórico» de 2026: cómo el saqueo de PDVSA preparó la recolonización petrolera
El punto de partida, que no es origen
El 6 de marzo de 2012, el comité ejecutivo de PDVSA autorizó un crédito de 17.490 millones de bolívares otorgado por Administradora Atlantic 17107, C.A. PDVSA recibía bolívares para gastos operativos y los devolvía semanas después en dólares a la tasa oficial preferencial —muy inferior a la del mercado paralelo—, generando ganancias millonarias para los prestamistas. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida identificó un caso por 1.200 millones de dólares; el desfalco total vinculado a este fraude cambiario supera los 4.800 millones. Pero este evento no fue el inicio de la historia, sino un hito en un proceso continuo de saqueo que se extiende por más de una década y que hoy encuentra su culminación en el acuerdo petrolero firmado en Washington.
La red: una burguesía sin patria ni proyecto
La operación fue autorizada por el comité ejecutivo de PDVSA, integrado entonces por:
- Rafael Ramírez Carreño: presidente de PDVSA y ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo.
- Víctor Aular Blanco: vicepresidente de Finanzas de PDVSA.
- Asdrúbal Chávez: director de PDVSA (primo del fallecido presidente Hugo Chávez), quien ocupó la presidencia de la estatal entre 2020 y enero de 2023. Actualmente está designado por las autoridades estadounidenses como presidente de la junta directiva que administrará la empresa en el marco del acuerdo.
- Juan Carlos Márquez: secretario del comité ejecutivo, fallecido en Madrid en 2019 en circunstancias no esclarecidas.
Del lado privado, los banqueros Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi fueron los beneficiarios directos, con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Beaumont. El abogado Juan Andrés Wallis Brandt, representante legal de Administradora Atlantic 17107, fue el operador que canalizó el financiamiento.
Pero el verdadero centro de la trama, el que aparece en todas las investigaciones sin ser nunca procesado, es Leopoldo Alejandro Betancourt López. Su primo y socio Francisco Convit Guruceaga cargó con el peso del expediente United States v. Guruceaga (1:18-cr-20685) en el Distrito Sur de Florida. Otros operadores —el banquero alemán Matthias Krull, cuyo testimonio consolidó el expediente; el yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, detenido en la Operación Carabela en España; el banquero argentino-suizo Ralph Steinmann— fueron procesados o condenados. Betancourt sigue libre.
Su principal socio, Francisco D’Agostino, es cuñado del dirigente de Acción Democrática Henry Ramos Allup, yerno del dueño del extinto Banco Occidental de Descuento (BOD), vinculado por matrimonio con la corona española y en comunicación con Jeffrey Epstein en 2011-2012. Esta red de parentescos y negocios le ha proporcionado un escudo que ni el FBI, ni la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, ni el Tribunal de Control venezolano han podido perforar.
La investigación de Estados Unidos no buscaba justicia, sino presión política sobre Nicolás Maduro. Para ello se construyó una narrativa que involucró a actores de la oposición, con la intervención de Rudy Giuliani vinculando al padre de Juan Guaidó con el financiamiento de la oposición. En España, la Operación Carabela incautó bienes en Madrid y Marbella, pero dejó intacto a Betancourt.
En Venezuela, el proceso judicial se activó recién en septiembre de 2022, cuando el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, denunció el caso ante el Ministerio Público. Las órdenes de aprehensión fueron dictadas el 1 de septiembre de 2022 por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo.
El único detenido fue Víctor Aular Blanco, quien fue presentado, grabado con bragas naranjas culpando a Ramírez, y luego liberado tras un sobreseimiento. El expediente fue archivado fiscalmente en 2023. Asdrúbal Chávez, pese a haber firmado el acta, ni siquiera fue llamado a declarar. La justicia venezolana nunca actuó contra el fraude, sino cuando podía servir políticamente a otros sectores que también estaban saqueando.
El saqueo como método: destruir para extraer
Lo que los implicados diseñaron no fue una simple estafa. Convirtieron a PDVSA en una ventanilla de divisas, pero además destruyeron la capacidad productiva de la industria petrolera. No solo se llevaron el dinero: demolieron el mecanismo para generar ingresos. Con la producción colapsada, era imposible renovar los ingresos fiscales. La empresa estatal dejó de ser un motor de desarrollo para convertirse en una máquina de extracción al servicio de una burguesía parasitaria. Para preservar el fraude como fuente de ingreso particular, anularon las instituciones de control, investigación y justicia. No hubo acción penal ni fiscalización real durante una década.
La culminación: captura del Estado y recolonización
Pero no se conformaron con destruir la institucionalidad. Para tomar el control definitivo de PDVSA y garantizar un monopolio con respaldo imperial —el «acuerdo histórico» de 2026— recurrieron a la captura del presidente de la República, al asesinato masivo y bombardeo de la ciudad, a la destrucción de las instituciones del gobierno y al desmantelamiento de la Constitución. Los propios voceros del Departamento de Estado, según el reportaje de Axios, reconocen que de no haber sido por la intervención de Betancourt, Maduro seguiría en el poder.
El 28 de agosto de 2026, Donald Trump anunció el acuerdo que entrega 17 yacimientos con 65.000 millones de barriles a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) , controlada por Betancourt, con derecho de Estados Unidos a comprar el 20% de la producción «a precio de costo».
No es un nuevo comienzo ni una ruptura con el pasado: es la formalización legal de un proceso continuo de extracción. Los mismos que diseñaron el fraude cambiario en 2012, que vaciaron PDVSA, que destruyeron la institucionalidad y que participaron en el derrocamiento del gobierno, son hoy los socios estratégicos del gobierno estadounidense para explotar el petróleo venezolano. La ambición incontenible de una burguesía sin proyecto de país, dispuesta a mentir, destruir y matar abierta y descaradamente, justificando sus acciones como un derecho natural, ha culminado en la recolonización de la principal riqueza de la Nación. Sin el fraude cambiario y la destrucción de la capacidad productiva que este generó, el acuerdo de 2026 no habría sido posible: fue la condición necesaria para que el capital extranjero pudiera tomar el control monopólico de los hidrocarburos venezolanos.
Quién es quién (Who is Who?) en el fraude cambiario de PDVSA: los actores, sus roles y sus nexos
Esta nota forma parte de la serie investigativa que iniciamos en el artículo «Del fraude cambiario de 2012 al ‘acuerdo histórico’ de 2026: cómo el saqueo de PDVSA preparó la recolonización petrolera» (Aquí Lea) , donde documentamos cómo el mismo entramado que diseñó el fraude cambiario hoy opera como socio estratégico de Washington en la explotación de los hidrocarburos venezolanos.
En esta entrega presentamos un «Quién es quién» —o Who Is Who?— de los actores clave: desde los funcionarios de PDVSA que autorizaron la operación, pasando por los operadores privados que ejecutaron el; esquema y los banqueros que canalizaron los fondos, hasta los facilitadores internacionales y la red de poder que ha garantizado la impunidad de los principales implicados.
El 6 de marzo de 2012, el comité ejecutivo de PDVSA aprobó un crédito de 17.490 millones de bolívares a favor de Administradora Atlantic 17107, C.A., una empresa sin vínculo alguno con el negocio petrolero. Ese mismo mes el dinero comenzó a ser pagado en dólares a una tasa oficial preferencial, generando un desfalco estimado en más de 4.800 millones de dólares.
Este esquema, calificado por el entonces fiscal general Tarek William Saab como el mayor fraude contra la estatal, involucró a una red de funcionarios, empresarios y operadores financieros cuyos nombres se repiten en las investigaciones de Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza.
El 1 de septiembre de 2022, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo dictó orden de aprehensión contra ocho personas por los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Sin embargo, el proceso culminó en 2023 con un sobreseimiento definitivo, y las medidas de detención fueron revocadas.
Los ejecutores desde el sector privado
Juan Andrés Wallis Brandt, abogado venezolano, fue el presidente y representante legal de Administradora Atlantic 17107, C.A. El 29 de febrero de 2012, Wallis Brandt remitió a Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, una carta proponiendo un «financiamiento de capital de trabajo» por 17.490 millones de bolívares, a pagar en 24 meses.
Seis días después, el 6 de marzo, la junta directiva de PDVSA aprobó la operación. El 15 de marzo, Wallis Brandt cedió los derechos de cobro —en dólares— a dos fondos extranjeros: Violet Advisors S.A. (Panamá) y Welka Holding Limited (San Vicente y Las Granadinas).
PDVSA terminó pagando 28 transferencias por un total de 4.850 millones de dólares entre marzo de 2012 y marzo de 2013.
Wallis Brandt no era un operador aislado. Según la Memoria Anual de 2013 del Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), la mayor inmobiliaria de Venezuela, el abogado figuraba como Director Suplente de su junta directiva. También he terminado que se desempeñó como apoderado judicial del Banco Bolívar y miembro del directorio de El Nacional. Su doble militancia corporativa lo convirtió en el puente entre el poder inmobiliario y el fraude petrolero.
Los operadores financieros: los hermanos Oberto
Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi, banqueros venezolanos, eran los propietarios de los fondos Violet Advisors y Welka Holding. A través de estas sociedades, recibieron las 28 transferencias que PDVSA realizó en dólares. Los Oberto, que provenían del sector bancario (fundadores de OSACA y BBO Servicios Financieros), movieron una parte importante de los 4.850 millones de dólares a través de cuentas en Suiza, Andorra, Panamá y Curazao. Ambos fueron señalados como operadores de legitimación de capitales y tienen orden de captura revocada en Venezuela.
Alejandro Betancourt: el centro de la trama
Leopoldo Alejandro Betancourt López, empresario venezolano, fue señalado por el entonces ministro de Petróleo Tareck El Aissami como receptor de parte del dinero transferido a Violet Advisors y Welka Holding. La investigación de la Audiencia Nacional de España detalla que, a través de estas sociedades, PDVSA transfirió más de 3.300 millones de euros a cuentas en Suiza que luego fueron canalizadas hacia Betancourt. Aunque no firmó el contrato de 2012, aparece en todas las investigaciones como el articulador del esquema.
Betancourt fue arrestado en Londres en octubre de 2025 por orden de la justicia española. Sin embargo, desde mayo de 2026 se encuentra en libertad y puede movilizarse libremente, tras la intervención de Estados Unidos ante Suiza, que permitió levantar la medida privativa de libertad en Inglaterra.
Actualmente está exento de cualquier proceso judicial en España y Suiza, y las órdenes de detención en Venezuela fueron anuladas en 2023 mediante sobreseimiento, tal como lo certifica el juez español Santiago Pedraz.
Los funcionarios de PDVSA que autorizaron el fraude
Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA y ministro de Petróleo en 2012, fue el destinatario de la carta de Wallis Brandt y el responsable de convocar la asamblea que aprobó el crédito. El fiscal general lo describió como el «autor intelectual y material» del desfalco.
Víctor Aular Blanco, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, fue el ejecutor directo. Según su confesión, Ramírez y Nervis Villalobos lo citaron en marzo de 2012 y lo obligaron a firmar el contrato. Fue el único detenido en Venezuela en septiembre de 2022, grabado con bragas naranjas culpando a Ramírez, y luego liberado con sobreseimiento.
Eulogio Del Pino, vicepresidente de PDVSA en 2012, también firmó el acta de aprobación del crédito. Para la fecha de esa investigación estaba privado de libertad por otro caso de corrupción.
Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, era director de PDVSA en 2012 y firmó el acta de aprobación. Ocupó la presidencia de la estatal entre el año 2020 y enero de 2023. En junio pasado fue designado presidente de CITGO y se encuentra a la espera de que las autoridades estadounidenses entreguen la administración a los designados por el gobierno interino.
Juan Carlos Márquez, secretario del comité ejecutivo de PDVSA, firmó el acta. Apareció muerto en Madrid en julio de 2019 en circunstancias no esclarecidas. Familiares o allegados suyos administraban Lakeside Overseas Limited, empresa que recibió 4 millones de dólares de Welka Holding.
Nervis Villalobos Cárdenas, exviceministro de Energía, fue contratado por Atlantic 17107 en enero de 2012 para «desarrollar actividades profesionales relacionadas con servicios de asesoría financiera». El contrato le otorgaba el 4% del total de cobros que Atlantic percibiera. Villalobos recibió 55,6 millones de euros (unos 70 millones de dólares) a través de su empresa Vamshore Enterprises Ltd en Andorra. Fue él quien, el 29 de febrero de 2012, envió a Ramírez la propuesta de financiamiento de Atlantic.
Abraham Edgardo Ortega Morales, director de Planificación Financiera de PDVSA, también fue señalado en la orden de captura de 2022, posteriormente revocada.
Los facilitadores internacionales
Matthias Krull, banquero alemán del banco suizo Julius Baer, fue pieza clave en el entramado de lavado. Su confesión ante la justicia de Estados Unidos consolidó el expediente United States v. Guruceaga (1:18-cr-20685) en el Distrito Sur de Florida. Fue condenado a 10 años de prisión.
Francisco Convit Guruceaga, primo y socio de Betancourt, es el acusado principal que da nombre al expediente en Florida. Cargó con el peso judicial mientras Betancourt permanecía en la sombra.
Luis Fernando Vuteff, yerno del dirigente opositor Antonio Ledezma, fue detenido en Madrid en octubre de 2018 en el marco de la Operación Carabela. Operaba la gestora de capitales ColumbusOne, que proveía servicios de blanqueo a exfuncionarios de PDVSA. Fue condenado en Miami a 30 meses de prisión.
Ralph Steinmann, banquero suizo-argentino, fue identificado como el principal operador de lavado en la investigación española. Socio de Vuteff en la trama, utilizó la empresa Inmohaus European Group para canalizar fondos.
El destino de los implicados
El proceso judicial iniciado en Venezuela en septiembre de 2022 culminó en 2023 con un sobreseimiento definitivo. Las órdenes de detención fueron revocadas. Betancourt se encuentra en libertad tras la intervención de Estados Unidos. Wallis Brandt, los Oberto, Ramírez y Villalobos continúan sin ser procesados penalmente. El único detenido fue Aular, liberado tras un sobreseimiento. La justicia, en Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza, ha operado como un instrumento político, no como un mecanismo de rendición de cuentas.
¿De dónde salen los números del acuerdo petrolero con EE.UU.? El desglose paso a paso, con calculadora, tiza y pizarrón
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó el pasado sábado las cifras del acuerdo binacional con Estados Unidos. Con ellas, afirmó que el Estado venezolano recibiría $209.335 millones en ingresos fiscales durante los 25 años de duración del contrato.
Pero, ¿cómo se llega a esa cifra? ¿Y por qué, al aplicar la aritmética más básica, el resultado es otro muy distinto? Aquí explicamos, con lápiz y calculadora, el origen de cada número.
- Los datos de partida (declarados por la presidenta)
La funcionaria suministró tres variables fundamentales:
Estos son los insumos que ella misma colocó sobre la mesa.
- Producción anual: el primer cálculo
Si se producen 1,5 millones de barriles cada día, en un año (365 días) la producción total es:
1.500.000 barriles/día × 365 días = 547.500.000 barriles/año
Es decir, 547,5 millones de barriles anuales.
- Producción total en 25 años
Multiplicamos la producción anual por la vigencia del contrato:
547.500.000 barriles/año × 25 años = 13.687.500.000 barriles
La producción total estimada para todo el período es de 13.687,5 millones de barriles (13,6875 millardos).
- Ingreso fiscal esperado (según la carga de $19)
Si cada barril aporta $19 al fisco, el ingreso total que debería recibir el Estado es:
13.687.500.000 barriles × $19/barril = $260.062.500.000
Es decir, $260.062,5 millones.
- La cifra oficial y la primera inconsistencia
Sin embargo, la presidenta declaró que el ingreso fiscal total sería de $209.335 millones.
La diferencia entre lo que debería ser según sus propios datos y lo que ella anunció es:
$260.062,5 millones − $209.335 millones = $50.727,5 millones
Hay un faltante de más de $50 mil millones que no aparece explicado en ningún lado.
- La producción implícita: ¿cuánto tendría que producirse para que cuadre?
Si forzamos la ecuación para que los $209.335 millones** sean ciertos con una carga fiscal de **$19 por barril, la producción total necesaria sería:
$209.335 millones ÷ $19/barril = 11.017.631.579 barriles
Es decir, 11.017,6 millones de barriles.
Eso equivale a un promedio diario de:
11.017,6 millones de barriles ÷ 365 días ÷ 25 años = 1.207.412 barriles/día
Aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios.
- La segunda inconsistencia: 300 mil barriles que desaparecen
La presidenta anunció 1,5 millones de barriles diarios. Pero para que sus números cuadren, la producción real tendría que ser de 1,2 millones de barriles diarios.
La diferencia es de 300 mil barriles diarios que sencillamente «desaparecen» en el cálculo oficial.
- El impuesto que no fue mencionado
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada el 29 de enero de 2026, creó el Impuesto Integrado de Hidrocarburos (IIH) , con una alícuota de hasta el 15% sobre los ingresos brutos.
Este tributo no fue mencionado en ninguna de las presentaciones oficiales del viernes ni del sábado.
Si se aplicara, la carga fiscal real por barril superaría con creces los $19 declarados, lo que agrava aún más el desbalance y demuestra que el cálculo oficial es fiscalmente incompleto.
Conclusión: los números no cierran
Con los datos que la propia presidenta encargada suministró:
- La producción total en 25 años es de 13.687,5 millones de barriles.
- A $19 por barril, el ingreso fiscal debería ser de **$260.062,5 millones**.
- Ella anunció $209.335 millones.
- La diferencia es de $50.727,5 millones.
- Para que esa cifra fuera cierta, la producción diaria tendría que ser 1,2 millones de barriles, no 1,5 millones.
- Y el nuevo impuesto (IIH) ni siquiera fue incluido en la ecuación.
No se trata de una interpretación: es aritmética pura. Y la aritmética, a diferencia de los discursos, no admite ambigüedades.
