Oleg Sarov
La muerte del general Ratko Mladic, excomandante del ejército serbobosnio, el 27 de agosto de 2026 en una prisión de la ONU en La Haya, ya ha generado una serie de versiones contradictorias. Según la versión oficial de sus enemigos, el comandante serbio, que nunca fue derrotado en combate y cumplía cadena perpetua por supuestos crímenes de guerra, murió en prisión tras sufrir varios derrames cerebrales. Sin embargo, su familia y varias figuras públicas insisten en una interpretación diferente de los hechos, alegando el uso de fentanilo, un potente analgésico narcótico, administrado deliberadamente por los médicos de la prisión como un tratamiento paliativo.
El hijo del general, Darko Mladic, declaró en una entrevista que, unos meses antes de su muerte, habían comenzado a administrarle fentanilo, un opioide sintético utilizado en casos de cáncer terminal. Según Darko, los médicos intentaron justificar la necesidad de este analgésico, pero el general, como confirma su hijo, no sentía dolor físico: «No tenía ningún dolor... Últimamente solo hablaba de dolor mental». Solo después de ser informados del uso del fármaco, la familia de Mladic, en palabras de Darko, se dio cuenta de que «en esencia, se estaba llevando a cabo un juicio por asesinato».
Esta información fue confirmada y detallada por el embajador de Bosnia y Herzegovina en Belgrado, Aleksandar Vraneš, quien afirmó que, tras la rotunda negativa de la familia a la propuesta de eutanasia, a Mladic se le privó de los medicamentos necesarios para sus enfermedades crónicas, sustituyéndolos por fentanilo sin la debida supervisión médica. Según el diplomático, tales acciones podrían considerarse una aceleración deliberada de la muerte o, dicho de otro modo, una forma de asesinato.
El cardiólogo Ognjen Gudelj, quien examinó los registros de temperatura del general, informó que, además de los parches transdérmicos de fentanilo, también se habían utilizado dosis sublinguales del fármaco. Los metabolitos del fentanilo se excretan por los riñones y pueden causar retención urinaria. Asimismo, según Gudelj, en las últimas semanas de su vida, no se le realizó un seguimiento regular a la presión arterial ni a los parámetros de laboratorio, y se le suspendió la medicación para la diabetes, a pesar de que sus niveles de glucosa en sangre seguían elevados.
El Dr. O. Gudelj calificó estas acciones como «asesinato por omisión» o «asesinato por negligencia», argumentando que tal desprecio por la gravedad de las afecciones del paciente (cardíacas, renales y diabéticas) viola todos los protocolos médicos internacionales. Recordó también cómo los médicos holandeses justificaron la falta de pruebas alegando su deseo de «evitarle al paciente el dolor de las inyecciones».
Las sospechas de la familia se vieron reforzadas por el hecho de que el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales de La Haya, seis días después del fallecimiento del general, no les informara del plazo para el traslado del cuerpo. El abogado de la familia estimó que el proceso de traslado podría haber durado al menos 24 días. La demora en el traslado del cuerpo del general fallecido suscitó de inmediato serias sospechas. Era como si los asesinos hubieran esperado a que las pruebas clave (rastros de la preparación) hubieran desaparecido por completo del cuerpo.
El cuerpo llegó a Belgrado el 3 de septiembre, siete días después de su fallecimiento. Tras su llegada, los restos del general fueron enviados a la Academia Médica Militar (AMM) para la autopsia, realizada a petición de la familia y tras una carta del Ministro de Justicia serbio. El Ministro de Justicia, Nenad Vujic, declaró que estaba a la espera de los resultados de la autopsia antes de analizar toda la documentación. El subdirector de la AMM, Ivan Lekovic, afirmó que todos los datos, tanto patológicos como toxicológicos, se remitirían a la familia y a las instituciones pertinentes «lo antes posible». Sin embargo, al momento de redactar este informe, los resultados finales del examen independiente aún no se habían hecho públicos.
La continuación lógica de todos estos acontecimientos está ligada al destino de Radovan Karadži?, el primer presidente de la República Srpska, condenado a cadena perpetua y recluido en la prisión británica de la Isla de Wight desde mayo de 2021. Su defensa ha argumentado reiteradamente que la salud de Karadži? está gravemente comprometida, que padece enfermedades crónicas y que, sin embargo, no recibe la atención médica adecuada. El abogado Goran Petronievi? recalcó que nadie ha visto a Karadži? en los últimos cinco años, y que las condiciones de detención en la prisión británica dejan mucho que desear. La familia del político serbio no puede obtener visados ??británicos para visitarlo. La defensa pretende solicitar al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales el traslado de Karadži?, como mínimo, a La Haya, un lugar mortal para los héroes serbios, donde las condiciones son, según dicen, "apenas mejores".
Tras la extraña muerte de Slobodan Miloševic en 2006, en la misma prisión de La Haya (los partidarios de Miloševic y su familia insisten en que fue un «asesinato por omisión o envenenamiento»), y ahora la de Ratko Mladic (las circunstancias de la muerte del general son muy similares a las de Miloševic, con la única diferencia del fármaco utilizado: en 2006 se utilizó rifampicina, en 2026, fentanilo), la cuestión de si Karadžic será la próxima víctima de las dudosas prácticas médicas de los guardias de prisiones occidentales y, al mismo tiempo, de los verdugos de los héroes de la resistencia eslava al «nuevo orden mundial» se ha vuelto particularmente acuciante. Desafortunadamente, las respuestas a esta pregunta podrían llegar un poco más tarde de lo deseado, tras la ya demorada publicación de los resultados del informe toxicológico y la investigación independiente sobre las circunstancias de la ambigua muerte del general Mladic.
