El acuerdo que entregaría a Estados Unidos el control de la producción petrolera venezolana por 25 años se apoya en una autoridad legal dudosa, un empresario con causas penales abiertas en cuatro países, y una presidenta interina que nunca ganó unas elecciones. Los demócratas ya preparan la investigación.
La carta que lo inició todo
El 17 de septiembre de 2026, los demócratas de los comités de Supervisión, Asuntos Exteriores y Recursos Naturales de la Cámara enviaron una carta a Marco Rubio y al fiscal general Todd Blanche exigiendo detalles del acuerdo. El 30 de septiembre llegó una segunda, esta vez también a Hegseth, pidiendo el texto completo y las concesiones hechas por Washington.
En la carta califican el trato de "imitación asombrosa del manual económico del régimen de Maduro". Sus cinco exigencias son concretas:
🔵El texto íntegro y los términos antes de que se finalice
🔵La base legal para que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono adquiera participación en una petrolera extranjera
🔵Cómo el Departamento de Estado financiaría su producción
🔵Si la familia o los donantes de Trump podrían beneficiarse
🔵Cómo un productor poco conocido, dirigido por Alejandro Betancourt, podría elevar la producción a los niveles prometidos
El problema legal: el Pentágono no puede ser socio
La Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Pentágono se creó para proporcionar préstamos y garantías vinculadas a la seguridad nacional, no para comprar acciones de petroleras extranjeras.
Según el WSJ, el Pentágono planea obtener un 35% de participación pasiva en North American Blue Energy Partners mediante penny warrants, más derechos preferentes sobre el 20% de la producción futura a precio de coste. El gobierno deja de ser facilitador y pasa a ser participante directo. Si eso excede la autorización legal del OSC es la pregunta central.
El efecto colateral: las petroleras estadounidenses competirían contra una empresa respaldada por su propio gobierno.
Alejandro Betancourt no es simplemente "controvertido". Enfrenta investigaciones penales activas en Estados Unidos, Venezuela, Suiza y España por blanqueo de capitales y corrupción.
Los demócratas exigen saber qué pasos dio el Departamento de Estado para presionar a gobiernos extranjeros y resolver esas investigaciones. La pregunta de fondo no es solo si se hacen negocios con alguien cuestionado, sino si Washington facilitó el cierre de causas penales a cambio de avanzar en el acuerdo.
La encuesta de Meganalisis (15-19 de septiembre, 1.627 adultos, margen de 2,43 puntos) confirma que el 80% de los venezolanos rechaza el acuerdo con Delcy Rodríguez. El sesgo de ser una muestra online existe, pero el dato es contundente.
Y hay más: cuando se pregunta si Trump derrocó a Maduro "para liberar a los venezolanos" o "para quedarse con el petróleo", el 70% elige lo segundo. En enero, tras la captura de Maduro, la favorabilidad de Trump en Venezuela era del 92%. A finales de agosto, del 21%.
Rodríguez afirma que el acuerdo es a 25 años, con objetivo de 1,5 millones de barriles diarios, y que Venezuela recibirá unos 209.000 millones de dólares (a 65 dólares por barril), quedándose 19 dólares por barril en el país.
Pero no ha publicado el texto completo. Y la crítica central no está en los números: ¿qué autoridad tiene una presidenta interina no electa para ceder la explotación del petróleo venezolano durante 25 años? Ella prometió nuevas elecciones, pero no ha fijado fecha.
La legitimidad del acuerdo depende, en última instancia, de si un futuro gobierno venezolano lo reconoce o lo repudia. Y eso, hoy, es una apuesta abierta.
Trump presume que Estados Unidos "se ha apropiado de una enorme riqueza" tras el secuestro de Maduro
El presidente Donald Trump presumió de la guerra estadounidense contra Venezuela en enero.
"Nos hemos apropiado de una enorme riqueza. Estamos enviando millones y millones de barriles de petróleo a Houston y otros lugares."
Trump también dijo que el petróleo venezolano se utilizaría para rellenar las reservas estratégicas de Estados Unidos a un costo mínimo:
"Pronto comenzaremos a llenar nuestras reservas estratégicas de petróleo. Y lo haremos a un costo casi nulo."
Desde que Nicolás Maduro fue secuestrado y trasladado a Nueva York en enero, Trump ha presumido repetidamente del control estadounidense sobre el petróleo venezolano.
