Leonid Savin
Para Estados Unidos fue fundamental desde el primer momento cuestionar el proceso electoral, plantear la tesis de la ilegitimidad de los resultados, volver a la política de máxima presión y llevar a su títere a la jefatura del Estado.
Los acontecimientos que se sucedieron en Venezuela tras las elecciones presidenciales no son una acción puntual de la oposición local, apoyada por los países del Occidente colectivo. Deben considerarse como un eslabón más de la cadena, como un intento más de derrocar el poder de los chavistas, que ya han emprendido unos cuantos.
Hay que tener en cuenta que tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el rumbo del país, que Estados Unidos consideraba su patio trasero con un régimen obediente (aunque corrupto), cambió radicalmente. Hugo Chávez fue uno de los primeros líderes de los países que habló de la necesidad de crear un mundo multipolar, e inició profundas reformas en la política interna que despertaron el odio de Washington y de los oligarcas locales centrados en Estados Unidos.
La primera conspiración contra él tuvo lugar en abril de 2002, pero el golpe fracasó, ya que el pueblo salió en defensa del presidente. Durante las elecciones de diciembre de 2006, la oposición intentó promocionar a su candidato, pero la diferencia de votos era demasiado obvia para cantar victoria. Sin embargo, ya en 2007, en un referéndum propuesto por Chávez, la participación fue inferior al 50%.
En octubre de 2012, Chávez volvió a ganar, aunque Estados Unidos apostó por Henrique Capriles. Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Nicolás Maduro se convirtió en presidente interino, que luego ganó las elecciones anticipadas. La continuidad del rumbo se había preservado.
En febrero de 2014, estallaron repentinamente en el país disturbios masivos, cuyos organizadores protestaban supuestamente contra la crisis económica. Como reveló más tarde la investigación, en la incitación a los disturbios en las redes sociales participó la conocida empresa Cambridge Analityca, la misma que en 2016 ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones estadounidenses con los mismos métodos y recibió la orden de hacer campaña en el referéndum en Gran Bretaña sobre la salida de la UE.
Venezuela: No son las actas, es el petróleo, estúpido
Aram Aharonian
Una semana atrás la derecha tuvo ocasión de mostrar las actas que demostraban su triunfo ante la Sala Electoral del Tribunal Superior Constitucional, pero sus delegados se abstuvieron de mostrar prueba alguna.
Lo que está en juego en Venezuela no es el veredicto electoral sino la apropiación por parte de Estados Unidos de las inmensas reservas petroleras y minerales del país y dejar bajo su tutela –la de sus soldados, buques, submarinos, aviones- a las naciones de la cuenca del Caribe, que durante más de 20 años lograron sobrevivir, muchas veces, gracias al apoyo venezolano.
Si Bill Clinton fuera el presidente de EEUU hubiera dejado en claro que “es el petróleo, estúpido”. Pero Estados Unidos no va a conformarse apropiándose tan sólo de los 300 mil barriles del petróleo venezolano, porque también irán por el Presal brasileño, con sus casi 14.000 millones de barriles.
Y sin un gobierno nacionalista en Venezuela, las riquezas petroleras del Esequibo y de Guayana caerán también en manos de las trasnacionales estadounidenses, las que, en parte, financian las candidaturas presidenciales de demócratas y republicanos.
¿Qué es lo que revela esta actitud de no reconocer el triunfo chavista? Simple: la eficacia del poder de chantaje de Estados Unidos, que a través de una ofensiva mediática, diplomática y económica sin precedentes logró instalar en el imaginario colectivo la idea de que la re-elección de Nicolás Maduro fue fraudulenta.
La manipulación mediática ha sido eficaz. Desde meses antes del proceso electoral se venía anunciado, denunciando, un fraude en unas elecciones que aún ni siquiera se habían llevado a cabo.
En estas guerras de cuarta y quinta generación son los términos usados por analistas y estrategas estadounidenses para describir la última fase de la confrontación en la era tecnológica informática y de las comunicaciones globalizadas, concepto asimilado al de la guerra asimétrica, la guerra antiterrorista y el terrorismo mediático. Las balas (o misiles) son sustituidos por consignas mediáticas destinadas a destruir el pensamiento reflexivo.
El embuste (también llamado “fake” en inglés) no es otra cosa que una muestra más del poder de la propaganda elaborada por las usinas de mentiras que anunciaban irresponsablemente un fraude con la misma irresponsabilidad e impunidad con la que antes afirmaron que había armas de destrucción masiva en Irak.
Desgraciadamente, los gobiernos latinoamericanos parecen impotentes para neutralizar la extorsión diseñada en Washington y ejecutada por centenares de medios y machacada por miles de lenguaraces que vociferan a coro la misma melodía: ¡hubo fraude, muestren las actas!
Venezuela ha desplegado durante dos décadas una intensa diplomacia petrolera en el Caribe, que benefició a los pueblos de la cuenca. A pesar de las diferencias históricas y culturales y la percepción de este país como un «subimperialismo» regional, su presencia se acrecentó desde la llegada al gobierno de Hugo Chávez.
Iniciativas como Petrocaribe y acuerdos especiales con algunos países, le permitieron a muchas naciones a sobrevivir, y -sí- a Chávez a ganar protagonismo en el área. Hoy esos países parecen hacer mutis por el foro.
Se habla de fraude… pero ¿cuándo se demostró que ganara la oposición? Una semana atrás la derecha tuvo ocasión de mostrar las actas que demostraban su triunfo ante la Sala Electoral del Tribunal Superior Constitucional, pero sus delegados se abstuvieron de mostrar prueba alguna., tras reconocer que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos.
Y también aseguraron desconocer quien o quienes realizaron la carga de la información de las presuntas actas de escrutinio en la página web de la organización Súmate, que dirige María Corina Machado, que le otorgaban la victoria a Edmundo González.
¿Qué significa el reclamo desde el exterior de que el gobierno muestren las actas, más allá de injerencismo en los asuntos internos de otro país? Ni a Jair Bolsonaro se le ocurrió que Lula da Silva mostrara las actas de su triunfo en 2022, ni a Joe Biden exigirlas.
Bueno, hubieran pasado un papelón porque en el sistema electoral de Brasil esas actas no existen y sólo hay un comprobante del resultado que exhiban las máquinas de votación, que nadie ha dudado que puedan ser hackeadas.
Los «demócratas» que hoy le exigen al Consejo Electoral de Venezuela (CNE) demostración de Actas y votos son quienes reconocieron en 2019 al autoproclamado Juan Guaido como presidente del país en menos de 24 horas, sin votos, sin actas, sin elecciones, pero con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y la complicidad de los europeos. Ahora dan crédito a la oposición encarnada por María Corina Machado que asevera que ganó su candidato, Edmundo González, por amplia mayoría.
La historia vuelve a repetirse: antes de los comicios denunciaron que habría un fraude –evidencia que sabían que iban a perder-, desconocieron el resultado, generaron hechos de violencia, en nombre de qué democracia.
No se trata de comparar a Nicolás Maduro y sus bigotones y la figura de Hugo Chávez, Los memoriosos recuerdan la formación, en 2002, después del frustrado golpe de Estado de un grupo parlamentario venezolano-estadounidense, llamado Grupo de Boston, encabezado por el demócrata John Kerry (secretario de Estado hasta 2017) y el chavista Nicolás Maduro, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional.
La mitad de los miembros venezolanos eran diputados opositores. El grupo fue financiado por la Organización de Estados Americanos (OEA). El Grupo de Boston se deshizo con la retirada de los diputados de la oposición de las elecciones parlamentarias de 2005.
A veces uno se sorprende, pero le reclaman por escrito a las Fuerzas Armadas Venezolanas que hagan un golpe de Estado contra el gobierno constitucional. Además de cometer un delito, hacen el ridículo: Ignoran la solidez del modelo de unión cívico-militar en Venezuela, cuyos mandos militares son leales seguidores del lema de Bolívar «Maldito el soldado que levante un arma contra su pueblo».
Sin la crisis civilizatoria ha puesto valores y principios patas para arriba: el mundo asiste inerme a un genocidio filmado en tiempo real, y la desaparición de la faz de la tierra del Derecho Internacional, sería imposible comprender por qué casi todo Occidente está reclamando en diversos tonos a un gobierno soberano que demuestre con documentos respaldatorios que ha ganado las elecciones, señala Alicia Castro, exembajadora argentina en Venezuela.
No recuerdo que algún país de América Latina pretendiera establecer condiciones para regular en detalle las elecciones en el parlamento alemán o para elegir el gobierno de España, pero –entre otros- esos países se arrogan facultades de injerencia directa para tutelar las cuestiones internas de la política venezolana.
Obviamente se trata del petróleo. La oposición de derecha, de la mano de EEUU quiere que la tortilla se vuelva y regresar a la vieja república.
Quieren cambiar al gobierno elegido por voto popular, están dispuestos a intervenir militarmente y, realmente, el petróleo venezolano le queda más a mano que el de Medio Oriente y tratan de apropiarse de él (vía María Corina Machado y Edmundo González) sin necesidad de un genocidio como en Gaza.
Son quienes representan a la oposición, con un plan de gobierno diseñado para la entrega de las riquezas del país a las grandes trasnacionales estadounidenses (y alguna europea, para que no enojen), muy similar al de otro ultraderechista, como Javier Milei.
Las intervenciones militares de los Estados Unidos son precedidas por una serie de acciones, En este caso el linchamiento mediático, bloqueos y 900 sanciones para crear desabastecimiento que fogoneen un descontento social; secuestro de divisas, actos de violencia organizada; instalación de un gobierno paralelo. En medio del caos provocado, justifican la intervención militar: en lo posible con militares venezolanos.
En este escenario de gran fragilidad, contribuir a erosionar a Venezuela es irresponsable. Es el paso que favorece un golpe. María Corina Machado le dirigió una carta a Benjamín Netanyahu pidiéndole su intervención en Venezuela, basada en la «responsabilidad de proteger» los Derechos Humanos. Este es el argumento introducido por los EEUU para justificar la invasión a Libia. De Ripley: aunque usted no lo crea…
Venezuela está, nuevamente, bajo asedio. Y no es la primera vez. Desde el golpe de Estado perpetrado contra Hugo Chávez en 2002, hace más de 22 años, no han cesado los intentos de golpe, intentos (por suerte frustrados) de magnicidio, sabotaje, desabastecimiento, acciones de violencia organizada, guarimbas, creación del Grupo de Lima, el acoso del secretario general de la OEA.
La importancia de las alianzas contra-hegemónicas para la reconstrucción de Venezuela
Raphael Machado
Considerando las condiciones objetivas, Venezuela tendrá que apoyarse aún más que antes en alianzas internacionales para garantizar la sostenibilidad de su recuperación.
Después de la victoria de Maduro en las elecciones venezolanas, y considerando también el triunfo del bolivarianismo en las calles contra el intento de desestabilización y revolución de colores, ahora es necesario reflexionar sobre las posibilidades futuras de Venezuela.
Nos referimos específicamente a cómo las relaciones de Venezuela con las potencias contra-hegemónicas vinculadas a los BRICS, especialmente Rusia y China, pueden ayudar al país en su reconstrucción.
Es necesario hablar de reconstrucción porque el país, de hecho, pasó por momentos terribles, especialmente entre 2013 y 2020.
Víctima de una excesiva dependencia del petróleo para sus exportaciones desde los años 30 del siglo XX (lo que los economistas llaman “enfermedad holandesa”), incluso los esfuerzos de Chávez por la diversificación económica, que vieron crecer la participación del sector industrial en el PIB, no fueron suficientes para acabar con esta condición endémica de la economía venezolana.
Es desconocido para muchos, por ejemplo, que bajo Chávez Venezuela alcanzó los niveles mínimos de inflación (12.5) que el país había visto desde mediados de los años 80 del siglo XX, lo mismo ocurrió con los índices de pobreza y desempleo. En este sentido, los análisis económicos realizados entre 2007-2008 eran bastante optimistas respecto al futuro económico de Venezuela.
Pero con una economía desequilibrada por motivos históricos, cualquier inestabilidad o imprevisto puede afectar a todo el sistema. Y eso fue lo que sucedió entre 2014-2016, cuando la superproducción estadounidense se enfrentó a una economía global estancada.
Así, si una gran crisis ya era de esperar cuando los precios del petróleo se desplomaron en 2014 de aproximadamente 105$ (petróleo crudo de referencia) en junio a aproximadamente 54$ para fin de año, y luego a aproximadamente 26$ en febrero de 2016, la magnitud de la crisis fue imprevista por una serie de factores.
En primer lugar, esta caída en sí, de más del 70% en los precios del petróleo, ya significaba un gran choque en una economía excesivamente dependiente del oro negro. Pero en Venezuela los problemas se extendieron en una reacción en cadena. Como muchos productos básicos, como los alimenticios, estaban subsidiados y, por lo tanto, eran extremadamente baratos, pero con la escasez de dólares y la dificultad para acceder a ellos para importación, el centro de la economía se fue trasladando gradualmente al mercado negro, no solo de dólares sino también de bienes.
Empresarios sin escrúpulos comenzaron a aprovecharse de los subsidios y de las dificultades del país para almacenar sus bienes, con el objetivo de especular con los precios y vender en el mercado negro. A menudo, los empresarios enviaban los bienes venezolanos al exterior para venderlos, e incluso en algunos casos retiraban productos del país para reimportarlos clandestinamente y facilitar su entrada en el mercado negro.
El resultado de estas operaciones fue el aumento de la inflación y el agravamiento de la escasez en una economía ya en crisis. Según fuentes del gobierno venezolano, muchos de estos empresarios lo hacían intencionadamente, no solo para aumentar sus beneficios sino también para desestabilizar al gobierno.
De hecho, el escenario político venezolano estuvo marcado por una inestabilidad permanente desde 2014 hasta, al menos, principios de 2020, con un gran número de violentas protestas callejeras, además de maniobras políticas por parte de la oposición para intentar tomar el control del país. Tras no reconocerse las elecciones presidenciales de 2018, y con Occidente simplemente inventando que Juan Guaidó era el presidente legítimo del país, Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela, erigiendo barreras casi infranqueables para la importación de alimentos, medicinas y suministros necesarios para la economía.
En una espiral descendente inmensamente destructiva, la economía venezolana colapsó, alcanzando casi 1.7 millones de inflación, una tasa de pobreza extrema del 79% y un desempleo del 33%, además de provocar un flujo migratorio que sacó a 7 millones de venezolanos del país.
Es evidente, por lo tanto, que el gran desafío de Maduro para los próximos años es revertir todas estas tendencias negativas que han afectado al país durante 10 años. Incluso porque esta, posiblemente, es la única manera de realmente pacificar el país y poner fin a la polarización política.
De hecho, ya se nota una recuperación económica en Venezuela, en parte debido a la facilitación de la entrada de dólares en la economía, a través de la triangulación económica por el uso de empresas intermediarias para eludir las sanciones y también mediante la reanudación de alianzas que llevaron al aumento de la producción de petróleo. Naturalmente, la recuperación de los precios del barril de petróleo también ayudó.
Pero considerando las condiciones objetivas, Venezuela tendrá que apoyarse aún más que antes en alianzas internacionales para garantizar la sostenibilidad de su recuperación y aumentar sus posibilidades de escapar de la “enfermedad holandesa”.
En esta búsqueda de alianzas internacionales, naturalmente, China y Rusia asumen un papel destacado, en la medida en que han mantenido buenas relaciones con Venezuela desde la primera elección de Chávez, siempre apoyaron a Caracas en el escenario internacional ante los intentos de cerco y son países que están trabajando activamente en la construcción de un sistema económico-financiero-monetario alternativo a la hegemonía del dólar.
Así, el propio renacimiento de la industria petrolera venezolana después de su casi colapso en los años anteriores se debe, en alguna medida, al apoyo brindado por la colaboración con China tanto en el ámbito del financiamiento como en la compra de petróleo. Esta no es una alianza nueva, ya que la CNPC ha estado operando en Venezuela durante aproximadamente 30 años, pero adquiere importancia en la medida en que Occidente intenta aislar y destruir al país mediante una guerra económica.
Gracias a esta alianza, que incluye prórroga de plazos o incluso suspensión de pagos de deudas, Venezuela ha logrado retornar a niveles casi iguales a los del período precrisis en lo que respecta a la producción de petróleo.
Rusia también ha desempeñado un papel fundamental en los últimos años en la colaboración económica con Venezuela, ya sea a través de empresas estatales o privadas, casi siempre con un enfoque en el sector energético.
Rosneft, por ejemplo, estuvo involucrada en importantes proyectos de extracción y producción de petróleo, prospectando en la importante Cuenca del Orinoco, pero fue sustituida en esto por una empresa estatal rusa debido a las sanciones occidentales. Gazprom también tiene sus inversiones en Venezuela, y ha habido muchas conversaciones sobre la posibilidad de renovación de un proyecto nuclear venezolano con el apoyo de Rosatom, que se ha involucrado en una fructífera diplomacia, centrada en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos en América Latina.
Naturalmente, dado que estas inversiones y alianzas se han concentrado en el ámbito energético-petrolero, no es posible considerarlas suficientes para, de hecho, dar resiliencia y estabilidad a la economía venezolana, lo que solo puede lograrse superando la “enfermedad holandesa”.
Para ello, el camino de desarrollo venezolano debe saber utilizar su ventaja estratégica (las mayores reservas de petróleo del mundo y una de las mayores reservas de oro) para garantizar una integración en proyectos como los BRICS y la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Alianzas en este ámbito deben ser atraídas para canalizar obras de infraestructura (puentes, carreteras, ferrocarriles, puertos, etc.), que además de generar empleo y ampliar la capacidad de transporte y distribución de productos, tienden a impulsar otros sectores industriales, como el de la construcción, la siderurgia, etc.
Naturalmente, la participación en los BRICS también puede ser instrumental para la recuperación venezolana, en la medida en que el proyecto de creación de una “moneda internacional” de los BRICS (que algunos dicen podría estar parcialmente basada en el oro, del cual Venezuela tiene en abundancia), en sustitución del patrón dólar, y la construcción de un sistema de pagos alternativo al SWIFT, tienden a inmunizar la economía venezolana de presiones internacionales.
Venezuela, primero la soberanía nacional, luego la popular
Augusto Zamora R.
No nos confundamos y que no nos confundan. Si caemos en la confusión, terminaremos jugando el juego del enemigo y hundiéndonos nosotros mismos en el fango de quienes nos quieren siervos. Tal ha estado ocurriendo con Venezuela, donde buena parte de las fuerzas progresistas (o lo que queda de ellas) viene bailando el trompo de EEUU y su gallinero europeo, haciendo pulpa, de golpe, cien años de lucha por la soberanía de los países iberoamericanos. Esto es resultado de haber caído en el juego del enemigo.
Vayamos por partes, con un recordatorio histórico. En 1928, en plena guerra de Sandino contra la ocupación yanqui, se debatió en la VI Conferencia Internacional Americana, por vez primera en la historia, el principio de no intervención. Un principio propuesto y promovido por países iberoamericanos, como un medio de poner un coto jurídico a la violencia de las intervenciones contra nuestros países.
No pudo ser en La Habana, pero sí en la VII Conferencia, celebrada en Montevideo, en 1933. Dentro del Sistema Panamericano, quedaba prohibida la intervención extranjera en los asuntos internos y externos de los Estados. Pasó a ser el principio cardinal en las relaciones entre el Uno y los 20, como se llegó a decir en pretéritos tiempos. El Uno era EEUU. Los 20, nosotros.
De poco ha servido en la práctica ese principio, pero, al menos, dejó claro y diáfano que la intervención de una potencia extranjera contra un país o grupo de países era ilegal, ilícita y una violación flagrante del Derecho Internacional. Del Sistema Interamericano el principio pasó al de NNUU, convirtiéndose en uno de los principios de Derecho Imperativo dentro del ordenamiento jurídico mundial. Santo y seña de dicho orden. En su sentencia de 1986, en el caso Nicaragua vs EEUU, la CIJ lo dejó taxativamente claro. Previamente, en su resolución sobre medidas provisionales, la Corte expresó:
“Que el derecho a la soberanía y a la independencia política que posee la República de Nicaragua, como cualquier otro Estado de la región o del mundo, sea plenamente respetado y no sea comprometido en manera alguna por actividades militares y paramilitares que están prohibidas por los principios del derecho internacional, particularmente por el principio de que los Estados se abstengan, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y por el principio relativo al deber de no intervenir en los asuntos que dependan de la competencia nacional de un Estado, consagrado por la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de los Estados Americanos”.
Más claro imposible, como agua potabilizada. Vamos al siguiente punto.
Las amenazas y coacciones son figuras delictivas recogidas en todos los códigos penales del mundo que merezcan ser considerados como tales códigos. Se castiga que, por cualquier medio ilegal, se obligue a una persona o grupo de personas a actuar de determinada manera, incluyendo en su propio perjuicio. Las amenazas y coacciones pueden ser materiales, económicas, físicas o morales.
Lo relevante, en materia penal, es que tales amenazas y coacciones sean de tal naturaleza que impongan un miedo suficiente como para doblegar o reducir la voluntad de la víctima. Según sea su magnitud, las amenazas y coacciones pueden ser eximentes o atenuantes de un delito, pues se considera que la víctima no actuó en libertad, sino que fueron las amenazas o coacciones las que le obligaron a actuar de una determinaba manera. En suma, que la víctima no era libre ni dueña de sus actos.
El Derecho Penal la exonera de culpa. Los verdaderos culpables son aquellos que ejercieron las amenazas y coacciones y es a ellos a los que castiga la ley. Lo hemos visto mil veces en las películas de cine negro.
Lo que vale en Derecho Penal vale con más fuerza en Derecho Internacional. La resolución 2625, aprobada por la Asamblea General de NNUU, en octubre de 1970, es concluyendo en cuanto a “El principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta”, que se define en los siguientes términos:
“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional”.
“Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado.”
Establecido el derecho, vayamos a los hechos. Desde el año 2000, la República de Venezuela, Estado libre, soberano e independiente, miembro de NNUU, viene siendo objeto de múltiples medidas coercitivas por parte de EEUU, de orden económico, comercial, financiero y político. Se le ha restringido gravemente la venta y comercialización de su principal producto de exportación, el petróleo, dentro de una política intervencionista que busca, de forma deliberada, la ruina económica del país, para, de esa manera, provocar un colapso social, que lleve a una mayoría de venezolanos a rebelarse contra el gobierno chavista.
De esa guisa, el quebrantamiento de la soberanía nacional -por la violación masiva del principio de no intervención-, deviene en un quebrantamiento de la soberanía popular, porque el pueblo venezolano, sometido a un brutal castigo económico, pierde buena parte de su libertad y se ve compelido a decidir, no es un estado de libertad real, sino bajo coacciones y amenazas que adulteran, vician, brutalizan y deforman su libertad. No actúa ni decide libremente, sino que lo hace con una pistola (la de EEUU) apuntando a su cabeza. El atropello de la soberanía nacional termina por demoler, desde los cimientos, la soberanía popular.
Para entendernos mejor, pondremos dos ejemplos de lo que busca EEUU con su política de amenazas, coacciones y uso de la fuerza directa o indirectamente. En 1984, sometida la Nicaragua sandinista a una feroz intervención estadounidense, la Junta de Gobierno y la dirección sandinista decidieron convocar a elecciones. Se quería responder, con hechos, a la avalancha de acusaciones yanquis de que Nicaragua era una dictadura que oprimía a su pobre pueblo.
En 1984, la suma de un generoso apoyo internacional y del repunte de la economía después de seis años de guerra, permitían a la revolución sandinista satisfacer las necesidades básicas de la población. Todos, cristianos, moros, budistas y selenitas, sabían que las elecciones serían ganadas limpiamente por el sandinismo.
Aquella perspectiva aterró al gobierno yanqui, que no buscaba la democracia ni el bien de Nicaragua, sino solamente destruir la revolución. Para no quedarse sin argumentos, EEUU ordenó a la coalición opositora derechista, organizada por EEUU, que se retirara de las elecciones. Y se retiró. Las elecciones se celebraron. Observadores de toda la galaxia dieron fe de que habían sido limpias y transparentes, pero aquello carecía de importancia. EEUU las desconoció, las declaró antidemocráticas y la guerra continuó.
En febrero de 1990 se celebraron las siguientes elecciones, cuando Nicaragua era otra cosa. La economía estaba en ruina absoluta; la guerra había devastado, humana y psicológicamente, a la población, y la ayuda internacional -con la crisis terminal del campo socialista-, era ya simbólica. Convocar a elecciones era el recurso desesperado de un país consumido hasta la agonía.
Los gringos lo sabían y organizaron un gran sainete, de confrontación entre la democracia y la libertad contra la dictadura. Y ganó la coalición organizada por EEUU. Es decir, ganó EEUU y perdió Nicaragua. El triunfo de los gringos fue seguido del mayor saqueo sufrido por el país en toda su historia. La casta vendepatria y traidora lo vendió todo, hasta los rieles del ferrocarril. Nicaragua fue sumida en la peor miseria, sólo comparable a la dejada por la Guerra Nacional contra los filibusteros yanquis, en 1856, y al saqueo sufrido entre 1912 y 1924, tras la ocupación del país por tropas gringas.
Pero aquellas elecciones del 90 fueron aplaudidas, celebradas y glorificadas porque habían ganado los peleles de EEUU, que era lo único que importaba. ¿Fueron libres? Tan libres como los galeotes de los barcos romanos o los esclavos negros en un algodonal.
En similares circunstancias se celebraron las pasadas elecciones en Venezuela, con el país arrastrando una crisis económica y social creada adrede por EEUU y sus adláteres, y con una oposición pelele de EEUU que se presenta a sí misma como la que rescatará a Venezuela de la crisis creada por EEUU. Si lograran hacerse con el poder, verán a Venezuela saqueada, como lo fue Nicaragua, y a una clase corrupta vender a precio de saldo el país a EEUU. Porque no es democracia lo que quieren en Washington, sino el control del país para proceder al saqueo. Nada nuevo bajo estos soles.
El Centro Carter ha afirmado que las recientes elecciones en Venezuela no fueron democráticas. Opinamos lo mismo, aunque por motivos diametralmente diferentes. No es posible que compartan una misma visión el opresor y el oprimido; el agresor y el agredido; el expoliador y el expoliado.
Olvidar estas insolubles contradicciones lleva a infinitos infiernos, entre ellos situar como culpable a la víctima o entrar al juego de considerar -o no- democráticas elecciones como las celebradas en Venezuela, bailando el trompo que quiere EEUU. En ese trompo se han enredado los gobiernos progresistas de México, Colombia y Brasil, que, sumidos en el pecado de anteponer la soberanía popular a la soberanía nacional, le están pidiendo a la víctima que actúe de la forma que quiere el victimario. Legalizan la intervención extranjera y, al hacerlo, nos devuelven a 1928.
No, compañeros presidentes, las elecciones en Venezuela no fueron libres. No lo podrán ser mientras se mantenga la intervención extranjera. Mientras EEUU no respete la soberanía nacional. Mientras no cumpla, a rajatabla, con el principio de la no intervención. Exijan eso a EEUU. Exíjanlo, y le harán un favor a Venezuela y a todos nuestros países, incluyendo los suyos. Que la multipolaridad viene y conductas delincuentes como las de EEUU y sus vasallos europeos pasarán a la historia. Hagan el esfuerzo, presidentes. Súmense a la nueva era. Que Venezuela, como todos los países del mundo, debe ser de su pueblo. Un pueblo que pueda elegir libre de amenazas y coacciones, ejerciendo su derecho a organizarse soberanamente, en aplicación del principio de la libre determinación de los pueblos.
Es una cuestión tan importante que es menester repetirla: sin soberanía nacional no hay soberanía popular. La una presupone la otra. Lo demás es farsa, hipocresía, mala fe.
Eso, nada más. Quien dude, se equivocó de acera. Por muy presidente que sea.
(Escrito a vuelapluma. Los criticones, a la Antártida, que Siberia la tenemos reservada para el gallinero).
