La ministra Sara Aagesen ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades y a la espera de que se confirmen las causas se estima que varios de ellos han sido provocados.
Al menos cinco grandes incendios continúan fuera de control y más de 5.000 personas han pasado la noche fuera de sus hogares. Son muchos los afectados que denuncian la «inacción» de las administraciones, que son «culpables» por no limpiar los montes. «Falta mando… los incendios se apagan en invierno», señala un hombre afectado por el incendio en León. Cuatro de los siete heridos en los distintos incendios registrados en Castilla y León permanecen en estado crítico.
Las llamas provocadas por los incendios forestales han dejado dos muertos y varios heridos. En Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha muerto uno de los voluntarios que trabajaba en el operativo contra el fuego debido a las heridas provocadas por las quemaduras. Además del fallecido otro varón, de unos 36 años, ha sido trasladado por una ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de León con quemaduras. También un hombre de unos 55 años que trabajaba en una hípica en la urbanización Soto de Viñuelas, en Tres Cantos (Madrid), murió este lunes como consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando trataba de salvar a sus caballos.
Muchos de ellos se concentran en Castilla y León donde el incendio declarado en la zona de Molezuelas (Zamora) que continúa activo y en Índice de Gravedad 2 (nivel 2) obligó a evacuar nuevas localidades del sur de la provincia de León y deja por el momento unas 3.000 personas desalojadas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Esta cifra se suma a las 2.520 evacuadas tras el fin del desalojo en Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo. El fuego en Orense, que ha quemado 3.500 hectáreas, es uno de los más complicados.
El Gobierno de Mañueco (PP) pactó una partida de 900.000 euros para los sindicatos y la patronal para "avanzar frente al cambio climático" mientras mantiene los montes de CyL sin limpiar
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) firmó en septiembre del año pasado un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO, y la patronal CEOE para «avanzar frente al cambio climático» dentro de los Acuerdos del Diálogo Social.
El documento que firmaron compraba todas las tesis ideológicas del fanatismo calentólogo y señalaba que «el cambio climático se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes a nivel global». «Y sus efectos, cada vez más patentes, exigen que acometamos medidas y actuaciones para paliar los impactos negativos medioambientales, sociales y económicos que provoca», añadía. El acuerdo alababa el Pacto Verde Europeo, aseverando que la Unión Europea estableció nuevos y ambiciosos objetivos de reducción de emisiones para afrontar el cambio climático».
«Estos objetivos son parte integral del Pacto Verde Europeo, una estrategia que busca hacer que Europa sea climáticamente neutra para 2050«. En este sentido, aprobó una partida de 900.000 euros (300.000 para cada entidad) «para financiar la realización de las acciones destinadas a desarrollar las medidas incluidas en los cinco apartados del acuerdo».
El procurador de VOX José Antonio Palomo Martín ha señalado que «España arde por culpa de las políticas medioambientales suicidas de PSOE y PP». «Han atacado al ganadero prohibiendo el pastoreo que limpia el monte y asfixiándoles con normativas absurdas. Menos ideología y más inversión en prevención: limpiar, gestionar y cuidar el campo», ha agregado.
Al menos 25 detenidos en toda España desde el inicio del verano por provocar incendios forestales
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que 25 individuos han sido detenidos en España desde el inicio del verano como autores de incendios forestales.
Así lo ha manifestado este miércoles en una entrevista en ‘El Mon a Rac 1’, donde ha confirmado que «un número importante de ellos son provocados», mientras que otros se producen por imprudencias.
Un informe de la UE revela que España gasta 500 millones menos que Grecia y Portugal en prevención de incendios
Beatriz Jiménez
prevención de
incendios 26 euros por cada 100 euros que invierten otros países como
Grecia o
Portugal. Concretamente, el Gobierno de
Pedro Sánchez destinó 221 millones de la partida de fondos europeos para las medidas relacionadas con incendios forestales, lejos de las cantidades destinadas por otros países con el mismo nivel de riesgo que España.
Así se extrae del
Informe Especial 16/2025: Financiación de la UE para luchar contra los incendios forestales elaborado por el
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que analiza la manera en que los Estados miembros hicieron uso de la financiación de la UE para abordar la prevención, la preparación y la restauración frente a los incendios forestales. El análisis de los auditores europeos se centra en
Grecia, España, Polonia y Portugal, al considerar «su elevado riesgo de incendio forestal y la importante inversión de la UE» Estas partidas económicas proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un instrumento temporal que vincula la financiación de la UE a las reformas e inversiones de los Estados miembros a partir del 1 de febrero de 2020, con la opción de desembolso hasta el 31 de diciembre de 2026.
Según los datos analizados por el Tribunal de Cuentas Europeo, Portugal y Grecia han asignado importes significativos para medidas relativas a los incendios forestales –615 millones de euros y 837 millones de euros, respectivamente–. Por el contrario, el importe total destinado a toda España para las medidas relacionadas con incendios forestales en el marco del MRR asciende a 221 millones de euros. Es decir, que de media España ha destinado 500 millones menos que dichos países mediterráneos.
Además de las cuantías, el organismo europeo también señalaba algunas deficiencias a la hora de elegir los proyectos a financiar. Este proceso de selección debería garantizar que la ayuda se canalice hacia los proyectos que mejor respondan a las necesidades identificadas y que estén dirigidos a lograr los mejores resultados en la protección frente a los incendios forestales.
“Anteriormente, las normas de la UE establecían que solo las zonas forestales que hubieran sido clasificadas en las categorías de medio a alto riesgo de incendio podían optar a ayudas relacionadas con la prevención de incendios forestales. La Comisión ha suprimido estos requisitos para el período 2023-2027. Sin embargo, algunos Estados miembros, como España siguen aplicando este criterio de admisibilidad para orientar la ayuda. Además, el requisito se utiliza con frecuencia como criterio de selección”, reza el informe publicado el pasado mes de junio.
Asimismo, el Tribunal considera que las partidas deben centrarse en proyectos que garanticen la sostenibilidad de las medidas en casos como el mantenimiento de cortafuegos o el desbroce de la vegetación, tareas que requieren trabajo y financiación regulares. En este punto, señala el ejemplo de Galicia al indicar que la sostenibilidad a largo plazo de las acciones financiadas no está garantizada. «En Galicia, los cortafuegos deben mantenerse cada tres años; sin embargo, en 2024, las autoridades tenían previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes», apunta el informe.
Los auditores europeos inciden en que las operaciones que impliquen inversiones en infraestructuras deben estar activas durante los cinco años siguientes al pago final de los fondos europeas y pone el caso de la creación de cortafuegos o la retirada de material combustible, acciones que «requieren un trabajo continuo y financiación cada tres o cuatro años, en función de las condiciones climáticas».
Incremento de los incendios
El fuego ha quemado 39.155,13 hectáreas en toda España hasta el 3 de agosto, un 9% más que en 2024, cuando ardieron hasta esa misma fecha 35.603,79 hectáreas. Los datos, en todo caso, no incluyen los devastadores incendios que ahora mismo están arrasando zonas de León, Tarifa, Ourense y Tres Cantos (Madrid).
La mayoría de estas hectáreas forestales se quemaron durante el mes de julio, cuando se registró la cifra de incendios más alta desde marzo de 2023. Además, en lo que va de agosto ya se han quemado más de 16.000 hectáreas de arbolado. Ahora bien, un análisis de la situación de los incendios con más perspectiva muestra que 2025 está lejos de los récords de 2022 y 2012 para esta época del año.
La situación es, incluso, más grave si se comparan los datos del MITECO con los del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS). Según este organismo internacional, el fuego ya ha quemado este año más bosque de todo el que quemó en 2024: 60.000 hectáreas abrasadas en menos de ocho meses, una cifra que ya supera las 47.711 reportadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en su balance total del año pasado.
Un estudio climático cometió otro grave error… lo de siempre
Hace un año, un
artículo publicado en la revista Nature hizo una afirmación contundente: la economía mundial ya iba camino de perder el 19 % del producto interior bruto global para 2050, en comparación con lo que habría sido sin el cambio climático. Para 2100, en un escenario de altas emisiones, predijo que el PIB mundial sería aproximadamente un 62 % menor que sin el cambio climático.
"Todo aquel que trabaja con datos tiene la responsabilidad de analizarlos y asegurarse de que sean adecuados para su propósito", afirmó Hsiang.
Los autores del artículo, sin embargo, sostienen que su análisis sigue siendo válido.
Karl Ziemelis, editor jefe de ciencias físicas y aplicadas de Nature, escribió en un correo electrónico que la revista estaba revisando el estudio y que “se tomarían las medidas editoriales apropiadas una vez que se resolviera el asunto”.
“La ciencia ha funcionado, y siempre funcionará, a través de un proceso de interrogación y revisión constante, ya sea durante el curso de la investigación, en la revisión por pares o en la evaluación posterior a la publicación”, añadió Ziemelis.
Hsiang y sus coautores, los estudiantes de posgrado Tom Bearpark y Dylan Hogan, descubrieron el error eliminando un país a la vez del conjunto de datos. Todos los demás países que eliminaron solo modificaron ligeramente las predicciones del PIB. Pero al excluir a Uzbekistán, los resultados cambiaron drásticamente.
“Si la gente tiene alguna duda sobre el funcionamiento de la ciencia, la respuesta es que nuestro equipo descubrió este problema y creemos que la transparencia es fundamental”, dijo. “Ese es el espíritu de la ciencia”
Análisis: Prevención y lucha contra incendios
Juan Ledesma
Detrás de Suecia, España es el segundo país miembro de la UE que cuenta con mayor superficie forestal, un total de 27,7 millones de hectáreas, las cuales 18,4 millones son arboladas y 9,3 millones de superficie desarbolada. Siendo el tercer país con más superficie forestal arbolada y el cuarto en cuanto a ocupación forestal respecto a su extensión territorial.
Donde más incendios se producen y donde los daños son mayores en España es en el Noroeste, especialmente Galicia, Asturias y el norte de la provincia de León. Al mismo tiempo es precisamente el noroeste español donde la crisis poblacional es mayor. La relación entre la crisis demográfica y los fuegos es una evidencia (ver mapa). La crisis demográfica en el Noroeste español y el abandono del campo explican buena parte de los incendios.
En todo el noroeste se han abandonado usos tradicionales del suelo (zonas de labrantío, pastos, soutos…) que actuaban como cortafuegos naturales. La vegetación ha ido invadiendo estos espacios, al tiempo que se plantaban especies exóticas muy inflamables.
Y a pesar de todo esto, la mayoría de las comunidades autónomas cuentan con planes de protección contra los incendios, pero ni la estructura, ni el contenido, ni la terminología utilizada son homogéneos y además, el apartado dedicado estrictamente a la prevención es casi inexistente. Por ejemplo, el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales 2019 publicado por el gobierno el pasado junio no recoge ni una sola línea de actuación ante el abandono poblacional del campo, la coordinación autonómica y la prevención por medio de la selvicultura.
Esa falta de coordinación y de homogenización en la acción de las distintas Comunidades Autónomas vuelve a poner encima de la mesa el problema del sistema autonómico, una vez más se convierte en una traba para solucionar una cuestión importante de cara a la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.
La despoblación de las zonas rurales da como resultado una reducción del cuidado de la masa forestal que era tradicional en el mundo rural, esto unido al aumento de las temperaturas y sequedad del ambiente es una de las principales causas de los incendios. Sin embargo, las comunidades autónomas no establecen medidas preventivas transversales con todas las actuaciones política para paliar esta situación.
Los dos ecosistemas más sensibles a los incendios son: por un lado, el inmenso espacio rural despoblado y envejecido; y por el otro, un espacio periurbano con viviendas unifamiliares en la frontera entre la ciudad y el campo, que suelen ser las áreas más afectadas por los grandes incendios. En esa interfaz entre monte y áreas urbanizadas el riesgo para las vidas humanas y la destrucción de bienes es muy alto.
La despoblación de las áreas rurales da lugar a un proceso acelerado de abandono de tierras, que son invadidas por vegetación espontánea con un alto grado de combustibilidad. La concentración de la población en las zonas urbanas va ampliando la interfaz urbano-forestal. Las nuevas residencias, permanentes o secundarias, se ven amenazadas por la espesura creciente en las zonas circundantes.
Es necesario fijar más población en las zonas rurales y proteger del fuego las zonas híbridas, lugares con amplias zonas residenciales salpicadas de espacios forestales o parcelas naturales degradadas con vegetación inflamable. Un problema que se agudiza si tenemos en cuenta el último informe de WWF / Adena sobre incendios:
“Solo el 10 % de las urbanizaciones españolas en contacto con espacios naturales disponen de un plan de autoprotección para ser menos vulnerables ante el fuego». En este informe se pone en relación el abandono de los montes con la desordenada incursión de viviendas en estas zonas, lo que sumado a la escasez de medidas preventivas nos aboca a un futuro con incendios cada vez más grandes y simultáneos, que colapsarán los servicios de extinción.”
El éxodo rural, no solo afecta a la inviabilidad de la estructura administrativa de los municipios sino que nos atañe al conjunto global de la población española desde muchas perspectivas como se ha hecho hincapié desde esta pagina en otras ocasiones:
La pérdida de oficios tradicionales que utilizaban el medio natural como fuente recursos han generado una falta de conservación y preservación de la masa forestal y como consecuencia la aparición de graves incendios que ponen en peligro la compensación de la huella ecológica en el desequilibrio existente entre las altas tasas de contaminación y generación de residuos de las ciudades con la sostenibilidad de las zonas rurales.
Por otro lado, el medio rural genera una generación de individuos más sanos, puesto que la contaminación o las tasas de sedentarismo que tanto preocupan a la OMS por su degeneración en enfermedades crónicas está muy por debajo del entorno al 60% que representa en las urbes. A los beneficios físicos habría que sumar también los efectos psicológicos. El estrés, la ansiedad, y demás afecciones del Sistema Nervioso Central tienen su mayor incidencia en los modelos de vida artificiales basados en el consumismo y asentados en las grande ciudades.
Nuestros pueblos representan la despensa alimentaria de nuestra sociedad y el desarrollo agroalimentario, produciendo alimentos de mayor calidad y más saludables para el conjunto de la población. Además la industria agroalimentaria constituye uno de los principales sectores económicos del país en términos de empleo, volumen de negocio y exportaciones.
Y por ultimo, son la salvaguarda de valores humanos, como el respeto, la solidaridad, la colaboración, la honestidad, la integridad y la confianza; y de las tradiciones y valores culturales que confieren nuestra identidad como Nación, y que sin duda, la sociedad rural sustenta desinteresadamente. Como es el caso del mantenimiento del legado histórico, de nuestro folklore y de la conservación de del patrimonio arquitectónico tradicional, que sin su trabajo ya se habría perdido.
Siendo necesario aumentar las tareas de prevención frente a unos dispositivos «desproporcionados» de extinción centrados en la protección de los bienes y las personas. Es sumamente importante implementar políticas basadas en la selvicultura y los tratamientos dirigidos al cuidado de los bosques, cerros o montes, más que incidir de forma preponderante y desproporcionada en aparatos logísticos de extinción de incendios (personal, equipamiento, hidroaviones, infraestructuras, etc..).
La Selvicultura es el modo de aplicar el conocimiento de la estructura, crecimiento, reproducción y formas de agrupación de los vegetales que pueblan los montes, de forma que se obtenga de ellos una producción continua de bienes y servicios necesarios para la sociedad.
Hoy existe mayor riesgo de incendios debido a la despoblación y al abandono del campo. Esos ecosistemas forestales siempre han sido ecosistemas antrópicos, es decir, se han ido acoplando a las necesidades humanas y por eso se han cuidado. En la actualidad se han abandonado y no se les saca ningún rendimiento ni se les cuida. No han vuelto a la naturaleza, sino que estos ecosistemas se han degradado y están en un momento de máximo riesgo.
Desde la Ley de Incendios Forestales de 1968 seguimos haciendo más o menos las mismas políticas, y 50 años parece un plazo razonable para entender que no funcionan porque el riesgo es hoy mucho mayor.
Los ecosistemas generan biomasa y la biomasa es una forma de almacenar energía. Esa energía no está en equilibrio y tiene que ser liberada, eso es el incendio. En la economía tradicional la energía se extraía y usaba, y la residual se limpiaba con fuego, nunca dejaban que la biomasa se acumulara, pero las políticas de exclusión han hecho que saquemos al fuego de esa ecuación, y hoy la acumulación de biomasa es inmensa y el sistema ya no está en equilibrio. El problema no es sólo estructural, sino acumulativo: cuanto más tiempo pase, peor estarán. Las causas últimas de los incendios forestales son el despoblamiento y el abandono del paisaje tradicional.
Las quemas que los ganaderos producen durante el invierno son parte del sentido común. Se tiene que volver a los usos tradicionales, al paisaje tradicional, en el que los pastos se alternaban con el monte, con los cultivos, un paisaje vivo que previene los incendios. Pero para eso necesitamos un medio rural activo. La forma de prevenir no es prohibir esas causas, sino tratar de evitar que, una vez producido, se extienda de forma salvaje, y hay que hacerlo de una forma distinta a la que estamos utilizando ahora, que es prohibir cosas y gastar en medios materiales, porque es evidente que no funciona.
Deberíamos tratar de mantener los usos tradicionales del monte en la medida de lo posible, haciéndolos rentables (por ejemplo, sustituir a medio plazo el plástico por la celulosa procedente de la biomasa), y a la vez fomentar la cultura del uso del fuego como herramienta de conservación.
En definitiva, es necesario volver a introducir el espacio rural en la lógica económica, porque la globalización los ha convertido en espacios residuales.
La utopía ecológica progresista nos lleva a creer que cuando sacas al hombre del ecosistema, éste va evolucionar de forma natural, por entropía, al bosque original primario. Es una idea absurda porque nuestros bosques son un producto climático de los últimos diez mil años, hace quince mil años no existían, los bosques europeos nacieron al abrigo del hombre. El ser humano maneja el bosque desde que éste aparece. Muchas de las políticas de conservación o de creación de espacios naturales protegidos libres y excluyentes del hombre se basaban en esa utopía que es una falacia.
