Hiroshi Inagaki
En la actual sesión ordinaria de la Dieta, se está impulsando la estrategia imperialista estadounidense para Asia Oriental (estrategia de «Encerrar a China») para aumentar los gastos militares y promulgar una serie de leyes de promoción de la guerra para convertir a Japón en un Estado de guerra en línea con esta estrategia. A continuación se exponen algunas de las principales tendencias.
Los gastos militares aumentan hasta el 1,6% del PIB
En la «Estrategia de Seguridad Nacional», los «Tres Documentos de Seguridad» compilados a finales de 2022, la administración KISHIDA anunció su política de eliminar completamente el techo del presupuesto militar del 1% del PIB, que había sido la norma a seguir por las administraciones anteriores, y duplicarlo hasta el 2% del PIB para el año fiscal 2027. El presupuesto militar para el año fiscal 2024 (el total del gasto en defensa y los gastos relacionados con la defensa), que fue aprobado en la primera mitad de la sesión de la Dieta, ascendió a unos 8,9 billones de yenes (59.000 millones de dólares), un aumento del 1,6% del PIB del año fiscal 2022 en el segundo año.
El plan para una masiva expansión militar por un total de 43 billones de yenes (920.000 millones de dólares) en los próximos cinco años avanza con paso firme y sin mucha resistencia. Con el fin de financiar el enorme gasto militar, los presupuestos de la seguridad social, la atención médica, la educación y otros gastos relacionados con la subsistencia se están suprimiendo de forma generalizada, y la carga sobre los trabajadores seguramente aumentará debido al aumento de los impuestos y las primas de seguros.
La estrategia estadounidense hacia China, detrás de la promulgación de la Ley de Secreto Económico
El 10 de mayo, el Importante Proyecto de Ley de Seguridad Económica (Ley de Protección de Secretos Económicos) fue aprobado y promulgado en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros por el voto mayoritario del Partido Liberal Democrático, Nuevo Kōmeitō, el Partido Democrático Constitucional de Japón (PDJ), el Partido de Restauración de Japón (Ishin), el Partido Democrático para el Pueblo (Kokumin) y otros. El Partido Comunista Japonés (PCJ), Reiwa y Okinawa-no-Kaze se opusieron al proyecto de ley. La Ley de Protección de Secretos Específicos, promulgada en 2013 frente a numerosas voces de oposición, se dirigía principalmente a empleados del Gobierno y otros funcionarios públicos relacionados con la defensa, la diplomacia y la lucha contra el terrorismo y el espionaje.
En cambio, la Ley de Protección de Secretos Económicos amplía el alcance de la protección del secreto al ámbito económico, introduce un «sistema de autorización de seguridad» (sistema SC) para comprobar los antecedentes de los ciudadanos privados que manejan secretos, e impone estrictos controles sobre los derechos humanos mediante la adquisición de información muy privada, como el historial de actividades, la formación crediticia y las enfermedades mentales. La ley es una forma de supresión de los derechos humanos.
El problema es que la introducción de estos sistemas se basa en la estrategia estadounidense de «cercar a China», el levantamiento total de la prohibición de exportación de armas y desarrollo conjunto, y la estrategia de supervivencia del capitalismo japonés, que pretende un renacimiento a gran escala de la industria militar mediante esta estrategia. La introducción del sistema SC se consideró indispensable para promover la investigación y el desarrollo conjuntos de armas con aliados y socios (Japón es el único país del G7 que no tiene el sistema SC). Que Japón disponga de este sistema no es sólo una petición de EE.UU., sino también del capital monopolista japonés.
La «Estrategia de Seguridad Nacional» del gobierno estadounidense, publicada en 2022, establece el concepto de «disuasión integrada», en la que el poder militar, diplomático y económico de las naciones aliadas se utiliza plenamente para contrarrestar a China. Como parte de esta estrategia, en enero de 2024, el Departamento de Defensa de EE.UU. volvió a lanzar la Estrategia Industrial de Defensa Nacional (NDIS), que tiene como objetivo «integrar» las industrias militares de los países aliados, y en ella, las industrias de defensa de los países aliados y socios están altamente posicionadas como «la base de la disuasión integrada.»
Basándose en esta estrategia, la declaración conjunta de la cumbre Japón-EEUU del 10 de abril incluía la convocatoria de una «Reunión Consultiva Periódica de Cooperación, Adquisición y Sostenimiento de la Industria de Defensa Japón-EE.UU. (DICAS)». Además, la declaración conjunta sobre AUKUS (el marco de seguridad trilateral) publicada en la reunión del 8 de abril de los ministros de Defensa de Estados Unidos, Reino Unido y Australia afirma claramente que los tres países están considerando cooperar con Japón en el campo de la tecnología avanzada, incluido el desarrollo conjunto de IA (inteligencia artificial) y misiles hipersónicos.
La administración Kishida se apresuró a introducir el sistema SC debido a la creciente presión estadounidense para reforzar este tipo de cooperación tecnológica y productiva con la industria militar japonesa. Por otro lado, los monopolios japoneses también responden a la estrategia de seguridad estadounidense y aprovechan la oportunidad para reactivar la industria de municiones y convertirla en un nuevo campo de crecimiento (campo de hacer dinero). Esta es la razón por la que han estado trabajando enérgicamente para la introducción del sistema SC.
La ley para crear el «Mando de Operaciones Conjuntas» forma parte de la integración militar Japón-EE.UU.
El 10 de mayo también se promulgó un proyecto de ley para enmendar parcialmente la Ley para el Establecimiento del Ministerio de Defensa, etc., con la creación de un «Mando de Operaciones Conjuntas», que comandará todas las unidades de las Fuerzas de Autodefensa en tierra, mar y aire. El desglose partidista de aprobación y oposición fue el mismo que en la votación de la Ley de Protección de Secretos Económicos. La declaración conjunta de las conversaciones entre Japón y EEUU establecía claramente la «integración sin fisuras de las operaciones y capacidades» de EEUU y las FDS, y definía con mayor claridad la incorporación de las FDS bajo el mando y control del ejército estadounidense.
La creación de un «Mando de Operaciones Conjuntas» no es más que la respuesta de Japón y medidas concretas para reforzar drásticamente la integración militar Japón-EE.UU. (la creación de un sistema que permita a todas las Fuerzas de Autodefensa operar de forma más eficiente y eficaz bajo el mando del ejército estadounidense) en línea con la declaración conjunta.
Exportar y desarrollar la próxima generación de aviones de combate es el camino para convertirse en una «nación mercante de la muerte
El 14 de mayo, un proyecto de ley para aprobar un tratado estableciendo una organización intergubernamental responsable de los contratos con las empresas y el control de las exportaciones, para el desarrollo conjunto del avión de combate de próxima generación por Japón, el Reino Unido e Italia fue aprobado por mayoría de votos de los partidos gobernantes y de la oposición en una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, y el examen de la Dieta se trasladó a la Cámara Alta. El PCJ y Reiwa se opusieron a la propuesta.
El gobierno ya había suavizado las restricciones a la exportación de armas a finales de marzo, levantando la prohibición de exportar cazas de última generación a terceros países. Los aviones de combate son armas mortíferas en sí mismas, y permitir su exportación y desarrollo sería una clara violación de la Constitución, ya que negaría fundamentalmente el principio de la prohibición de la exportación de armas, al que los sucesivos gobiernos se han adherido en gran medida, y llevaría al país por el camino de convertirse en una «nación mercante de la muerte.»
Esta medida también se basa en las exigencias tanto de Estados Unidos, que persigue su «estrategia de disuasión integrada» con la vista puesta en China, como del capital monopolista japonés, que pretende reactivar la industria militar.
Propuestas de revisión para negar la autonomía local
El 28 de mayo, el Comité de Asuntos Generales de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para revisar la Ley de Autonomía Local por mayoría de votos de los partidos de la coalición gobernante, Ishin, el DPP y otros. La enmienda propuesta incluye una excepción especial para que el gobierno nacional emita instrucciones a los gobiernos locales en caso de que se produzca o pueda producirse «una situación que afecte gravemente a la seguridad de los ciudadanos», como enfermedades infecciosas o catástrofes, aunque no exista ninguna disposición al respecto en las leyes individuales.
La Federación Japonesa de Colegios de Abogados (JFBA) se opone a la enmienda propuesta por considerar que alteraría significativamente la relación de «cooperación igualitaria» entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, y que es muy probable que desencadene una intervención injustificada del gobierno nacional en los asuntos de los gobiernos locales.
Los criterios para el ejercicio de la autoridad del Estado para dar instrucciones son vagos, y existe el peligro de que el alcance de dicha autoridad se amplíe para incluir guerras y otras actividades, lo que llevaría al control y la gestión coercitivos del pueblo por parte del Estado. Es una medida que invertiría la filosofía y el sistema de autonomía local establecidos tras la Segunda Guerra Mundial como reflejo del sistema administrativo de preguerra que maximizaba el poder del Estado.
La construcción del Estado de guerra avanza en todos los frentes
Los siguientes son otros acontecimientos recientes en el proceso de creación del estado de guerra.
- El 29 de marzo, el gobierno anunció directrices para construir nuevos refugios donde los residentes puedan evacuar durante dos semanas en caso de «contingencia en Taiwán.» El gobierno pagará el diseño y la construcción de los refugios en las islas Sakishima de la prefectura de Okinawa.
- El 29 de marzo, el gobierno designó 184 nuevas zonas en 28 prefecturas para regular el uso del suelo alrededor de las bases militares estadounidenses y de las Fuerzas de Autodefensa y en islas fronterizas remotas. En las áreas designadas como «zonas de vigilancia» y «zonas de vigilancia especial» se aplican diversas restricciones y se vigila a los residentes, lo que provoca la interrupción de las actividades económicas y diversas violaciones de los derechos humanos. Esta es la cuarta vez que se designan estas zonas, con lo que el número total de zonas designadas asciende a 583 en todo el país.
- Las «zonas de vigilancia especial» están situadas alrededor de las principales bases militares estadounidenses en todo Japón, incluidas la Base Aérea de Kadena y la Estación Aérea de Futenma en la prefectura de Okinawa, la Base Aérea de Misawa (prefectura de Aomori), la Base Aérea de Yokota (Tokio), las Actividades de la Flota estadounidense en Yokosuka (prefectura de Kanagawa), la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Iwaku- ni (prefectura de Yamaguchi) y la Base Naval de Sasebo (prefectura de Nagasaki).
- El 1 de abril, el Gobierno decidió designar 16 aeropuertos y puertos de todo el país como «aeropuertos y puertos clave designados» y desarrollarlos y ampliarlos para que puedan ser utilizados sin problemas por las Fuerzas de Autodefensa y la Guardia Costera de Japón en caso de emergencia. Se trata de cinco puertos aéreos, incluido el aeropuerto de Naha, y 11 puertos, incluido el puerto de Ishigaki.
- En su «Progreso y presupuesto para el refuerzo drástico de las capacidades de defensa» (plan presupuestario para el año fiscal 202024), el Ministerio de Defensa asignó 22.200 millones de yenes (148 millones de dólares) para la construcción de nuevos depósitos de municiones en 14 lugares de Japón, incluyendo Okinawa, Kyushu, Hokkaido y Kioto. En cuanto al plan de construir un nuevo depósito de municiones en el vicecampamento de Hōsono de las Fuerzas de Autodefensa de Tierra, en la localidad de Seika, prefectura de Kioto, los grupos de ciudadanos locales llevan pidiendo la celebración de reuniones explicativas desde principios de abril.
Hay otras cuestiones relativas a la conversión de Japón en un estado de guerra: El estado actual del fortalecimiento de las alianzas militares en la región Asia-Pacífico (la creación de una «versión asiática de la OTAN»), que incluye no sólo la alianza Ja- pan-EEUU sino también la República de Corea, Filipinas, Australia y Taiwán; el progreso de las bases de misiles en todo Japón, empezando por las islas Nan- sei; El problema del control del pensamiento nacionalista de derechas en las Fuerzas de Autodefensa, que se manifiesta en las visitas al santuario de Yasukuni por parte de oficiales de las Fuerzas de Autodefensa; La cuestión de las «cinco facciones de reforma constitucional» en la Comisión de Revisión de la Constitución, que han posicionado la cuestión de la ampliación del mandato de los miembros de la Dieta en situaciones de emergencia como un punto de inflexión para una enmienda constitucional clara. Sin embargo, dada la limitación de espacio, habrá que dejarlo para otras oportunidades.
Las actuales crisis bélicas en Asia Oriental, la guerra en Ucrania, que es resultado de la expansión de la OTAN hacia el Este, y la actual campaña de Israel para destruir Gaza son todas causadas básicamente por la estrategia global de las potencias imperialistas centradas en Estados Unidos para mantener su dominio global. Cabe señalar que la política del gobierno de Kishida para el estado de guerra también se basa en esta estrategia global de las potencias imperialistas.
El PDJ votó a favor de todos los proyectos de ley de guerra que ya hemos discutido (la Ley de Protección de Secretos Económicos, la ley para crear el «Com- mandato de Operaciones Conjuntas» y la propuesta para aprobar el tratado para establecer la «GIGO»). El PDJ es un partido que originalmente apoyó tanto el Tratado de Seguridad Japón-EE.UU. como la expansión militar de Japón. Sin embargo, como el PDJ tiene los atributos de un partido parlamentario, también adoptará una postura contraria a la guerra y a las enmiendas constitucionales si la opinión pública cambia.
La clave está en si podemos o no construir un fuerte movimiento de masas para cambiar la opinión pública. ¡Creemos una oleada de oposición a la creación de un sistema de guerra en Asia Oriental!
Fuente: https://unitedworldint.com/ 
