Lo que dice la ciencia sobre el cambio climático. La UE ya huele el fracaso de la calentología

Este verano se cumplirán 20 años del huracán Katrina, que asoló la ciudad de Nueva Orleáns y las costas del Estado de Luisiana en agosto de 2005. La devastación que provocó este «fenómeno meteorológico extremo», en el argot de la ciencia climática, fue la piedra angular del famoso documental de Al Gore An inconvenient truth (2006), en el que argumentaba que las consecuencias catastróficas del cambio climático no eran cosa del año 2070 o del siglo próximo, sino del mismísimo presente. Así, el documental se prodigaba en imágenes de catástrofes naturales para que su mensaje llegara con más fuerza al espectador.

Los autodenominados «activistas climáticos» como Al Gore, conocedores del escaso impacto público que tenían sus advertencias sobre las consecuencias devastadoras del calentamiento global para finales del siglo XXI, habían encontrado en los fenómenos meteorológicos extremos la «prueba» irrefutable de que los impactos del cambio climático estaban ya con nosotros, aquí y ahora. Ya en el año 2003, el profesor de Oxford Miles Allen había publicado un paper en el que defendía que era posible establecer, a base de modelos matemáticos, en qué proporción el cambio climático (causado por la actividad humana) aumentaba la intensidad y la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno meteorológico extremo concreto.

Con ese paper nació la que se vino en denominar «ciencia de atribución de fenómenos extremos», que ha tenido su mayor altavoz desde 2014 en una agrupación de científicos que publican bajo el nombre de World Weather Attribution (WWA), con la alemana Friederike Otto (Kiel, 1982) como su cara más mediática. En su página web se pueden ver sus análisis y conclusiones sobre la «responsabilidad» del cambio climático en catástrofes naturales como los recientes incendios de Los Ángeles o el huracán Helena, por ejemplo.

También podemos leer su declaración de objetivos como organización, entre los que destaca el de «aumentar [en la opinión pública] la [sensación de] inmediatez del cambio climático, aumentando así el apoyo a las medidas de mitigación» de emisiones de CO₂. Igualmente defienden que la identificación de esta «responsabilidad» directa del cambio climático podría ser utilizada como «prueba» en procesos judiciales contra las grandes industrias emisoras de CO₂. No esconden por tanto que sus objetivos no son sólo científicos, sino también políticos.

Pero volvamos a la ciencia. El famoso IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de Naciones Unidas es el organismo que compila en sus Assessment Reports (AR) el último grito de la ciencia sobre el cambio climático. El sexto y más reciente de estos informes (identificado como AR6) se publicó en 2021. Y en él, el IPCC decidió sentar cátedra sobre los métodos y los hallazgos de la joven ciencia de atribución de los fenómenos extremos, estrenando dos capítulos enteros (el 11 y el 12 del grupo de trabajo WG1) sobre el asunto.

En ellos el IPCC explica con precisión los pasos necesarios (detección y atribución) para confirmar que exista una relación causa-efecto entre el cambio climático inducido por la actividad humana (emisiones de CO₂) y un fenómeno extremo –como el aumento de la frecuencia e intensidad de olas de calor, huracanes, inundaciones o incendios forestales. Y nos da cuenta de si a día de hoy se puede afirmar con suficiente grado de confianza si esos fenómenos extremos que se están produciendo ya son causados por las emisiones de CO₂ humanas y, en caso contrario, con qué grado de confianza se espera que el calentamiento global contribuya directamente a aumentar su frecuencia e intensidad en lo que queda de siglo XXI.

Pues bien, el IPCC tiene la cortesía de plasmar sus conclusiones en la Sección 12.5.2. y en la Tabla 12.12. del mencionado capítulo 12 del WG1 de su informe AR6. De su lectura se aprende que existe un alto grado de confianza en que el cambio climático ya ha resultado en olas de calor y frío extremo (las de calor también en el océano), y que ha reducido la capa de hielo del océano Ártico, pero no la del Antártico. Al mismo tiempo, el informe afirma que existe un grado de confianza bajo en que se haya producido un aumento de la frecuencia de fenómenos extremos de precipitaciones y de incendios forestales (ver también el análisis de Hannah Ritchie con datos de Copernicus en https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/wildfires-2024 ).

Para finalizar, afirma que existen muy pocas pruebas (limited evidence) que indiquen un aumento en la frecuencia de las tormentas severas (las danas) y de los ciclones tropicales (valga como ilustración el análisis de huracanes en Estados Unidos en este enlace). En otras palabras, el IPCC dice que, a excepción de las olas de calor y frío extremos y de una subida sostenida de las temperaturas hasta rozar los 1,3ºC, los fenómenos meteorológicos extremos que conocemos hasta hoy forman parte de la llamada variabilidad natural del clima –también conocida como ruido climático.

Volviendo a los pasos necesarios de detección y atribución: con la información de que dispone el IPCC, no se ha detectado hasta ahora un patrón estadístico distintivo que permita atribuir estos fenómenos extremos al impacto del calentamiento global con un grado de confianza medio o alto. Esto no quita para que el IPCC afirme que sus modelos climáticos sí predicen, para la segunda mitad de este siglo y en el peor de los escenarios de emisiones futuras de CO₂ (SSP5-8.5), una reducción sostenida de las capas de nieve y de hielo y un aumento de los fenómenos de precipitaciones fuertes e inundaciones.

Muy a pesar de las afirmaciones del IPCC y pasados casi cuatro años, es sorprendente ver, sin embargo, cuánto han calado en la opinión pública los mensajes de los miembros de WWA y de otras agrupaciones similares, cuyos métodos científicos parecen diferir notablemente de los del IPCC. ¿Con cuál de ellos nos quedamos? Yo apuesto por el IPCC, aunque solo fuera porque es la institución científica clave en el desarrollo y consolidación del corpus científico sobre el cambio climático a nivel mundial.

El WWA no es una institución, sino una iniciativa (así se definen ellos mismos) de un grupo de científicos. Como ellos mismos dicen, completan sus informes «de manera rápida» en apenas unos días a continuación del fenómeno extremo de que se trate. Sabemos, sin embargo, que los modelos climáticos son muy complejos de parametrizar, y que no acaban de funcionar bien en pequeñas escalas regionales, que son las que influyen de verdad y de manera muy distinta en la meteorología extrema de cada zona.

Más aun, la ciencia climática sólida requiere de ingentes recursos para manejar las grandes bases de datos históricos del clima y para desarrollar y mantener un gran número de modelos climáticos distintos (el IPCC utiliza 95 modelos en su informe AR6) que ejecutan miles de escenarios diferentes. Sobre esa ingente base estadística (la histórica y la de los modelos climáticos) se construyen las conclusiones de sus informes. No es una tarea que se pueda resolver «de manera rápida».

La buena noticia en toda esta historia es que, después de 20 años de una abrumadora presión mediática, el IPCC ha defendido la integridad de su método científico a pesar de que las conclusiones que se derivan de él no gusten al público. Nada más nocivo para la defensa a largo plazo de las políticas contra el cambio climático que surjan sombras de duda sobre la integridad de su corpus científico.

Otra buena noticia es que la creciente concienciación sobre los fenómenos meteorológicos extremos esté resultando en mayores niveles de exigencia a los poderes públicos, que deben poner los medios para prevenirlos con mayor antelación, y adaptar nuestras infraestructuras y edificaciones, y nuestras costumbres, para mitigar lo más posible el daño a personas y bienes. Y deben ser capaces también de remediar esos daños de manera rápida y eficaz.

En las próximas semanas, la Comisión Europea debe definir el objetivo climático para 2040 para iniciar el proceso legislativo. Dicho objetivo estaba anunciado en reducir en un 90% las emisiones de gases de invernadero. Sin embargo, en el seno de la UE se ha producido un enfrentamiento entre los que se oponen y defienden dicho objetivo. El coste de dicho esfuerzo en un momento en el que la prioridad ha cambiado del clima a la defensa, ha llevado a la oposición de Italia a la reducción del 90% y a la indefinición del nuevo gobierno alemán.

Para intentar alcanzar una posición de consenso se barajan los aplazamientos de los recortes más drásticos y la contabilidad creativa. Se permitiría contabilizar como reducciones la compra de créditos de carbono internacionales, mucho más baratos pero a menudo sin garantías de que la reducción de emisiones se lleve efectivamente a cabo. Los aplazamientos llevarían a reducir menos las emisiones al principio, retrasándolas al final del periodo.

Todo ello cuenta con la decidida oposición de las ONGs climáticas, que han sido financiadas por la propia Comisión Europea para ejercer una presión sobre sus miembros tendente a una legislación más estricta.

Dado que la palabra "fracaso" es políticamente indigerible, se habla de "flexibilización".

La polémica ha llegado hasta Reino Unido. El medio de comunicación británico GB News ha publicado un artículo informando de que en Andalucía se van a arrancar cien mil olivos para instalar un gigantesco parque solar.

"La Junta de Andalucía ha aplicado una ley de la época franquista para convertir cientos de hectáreas en enormes paneles solares, lo que supondrá graves pérdidas para un centenar de agricultores locales", se señala en el texto.

No obstante, este miércoles la Junta de Andalucía ha asegurado que "es rotundamente falso" que los olivos afectados por la mencionada iniciativa sean 100.000, ya que "no llegan a 13.000".

En concreto, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha precisado que la cifra "no llega a 13.000, 12.994 olivos", añadiendo que entre 2018 y 2023 "hay 4.000 hectáreas más de olivar" en la provincia.

"No es cierto que la transición energética se esté haciendo a base de algo tan rico en nuestro patrimonio y en nuestra riqueza industrial como es el olivar de Jaén", ha destacado Paradela.

Además, el consejero de Industria, Energía y Minas ha subrayado que este tipo de instalaciones son positivas para los municipios debido a que "una planta de 50 megavatios genera 150.000 euros al año en términos de impuestos municipales durante los 30 años de vida útil y casi dos millones de euros en licencia de obras".

Sin embargo, existe una cantidad importante de agricultores que se oponen a la construcción del parque solar. De hecho, esta misma semana ha tenido lugar una tractorada en la localidad jiennense de Lopera en la que unas 150 personas y 60 tractores se han manifestado contra la instalación de "megaplantas solares" en terrenos de olivar.

La construcción del parque solar correrá a cargo del proveedor de energías renovables Greenalia, una compañía que ha asegurado que las acusaciones sobre su actividad en Andalucía son "falsas" y están "alimentadas por la oposición política y no por los datos técnicos, legales y/o reales que se requieren en este tipo de proyectos de desarrollo de energías renovables".

El comité especial de la Asamblea Nacional encargado de estudiar el Proyecto de Ley de Simplificación ha aprobado, por mayoría, la eliminación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZFE por sus siglas en francés), argumentando que estas «penalizan a los hogares de bajos ingresos» debido a diversas políticas asociadas. Esta decisión se ha tomado en contra de la postura del presidente de la República, Emmanuel Macron. Los diputados de Agrupación Nacional (RN), Los Republicanos (LR) y algunos miembros del bloque macronista han respaldado dos enmiendas que proponían la supresión de dichas zonas.

El ministro de Industria y Energía, Marc Ferracci, intentó convencer a los diputados para que retiraran sus enmiendas afirmando que «varios experimentos, sobre todo en el extranjero, han demostrado que las ZFE tienen un efecto sobre la reducción de las emisiones». Asimismo, la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, ha comunicado que «en las dos zonas urbanas donde están en vigor las ZFE, es decir, Lyon y País, la concentración de dióxido de nitrógeno se ha reducido en más de un tercio».

La votación mediante escrutinio público, en la que se llama a cada diputado antes de pronunciarse en voz alta, dio como resultado 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones. En este sentido, la Asociación 40 Millones de Automovilistas ha saludado en un comunicado de prensa «una gran victoria de los automovilistas», a la vez que un ambientalista reconocía que «la forma de implementar las ZFE no funciona».