Roberto Chambi Calle*
Las recientes cifras de la Oficina de Información en Gaza demuestran la brutalidad de Tel Aviv y sus socios, quienes de “querer vengarse”, ahora se han convertido en genocidas, infanticidas y criminales que no respetan a nada ni a nadie, llámese Consejo de Seguridad, Corte Penal Internacional (CPI) o Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Según datos de la oficina de información de Gaza, más de 1500 niños han perdido las extremidades, 17 000 han quedado huérfanos, el 98 % no tienen acceso a agua potable, 3500 padecen enfermedades crónicas, 60 000 fetos se encuentran en el vientre de sus madres expuestos al aborto, 40 000 bebés no han recibido regularmente las vacunas necesarias y 82 000 niños presentan síntomas de desnutrición
Tanto la CIJ o la CPI se han convertido en adornos para hacer creer a la comunidad internacional que la justicia internacional existe, cuando en los hechos¸ ambos tribunales no tienen la solidez para hacer cumplir sus órdenes, así por ejemplo, sus resoluciones han sido desoídas e incumplidas, y no solo desde el 24 de mayo 2024, sino desde hace más de 76 años.
Pese a existir la orden del cese al fuego, Netanyahu continúa su actitud criminal, y no solo contra Gaza sino contra Irak, Siria y el Líbano, este último decidido a ingresar a una guerra total con la entidad sionista. No se debe olvidar que Hezbolá (Partido de Dios) ya ha tenido choques con el ejército israelí el 2006, del cual ha salido victorioso, y hoy continúan destruyendo, cuarteles, personal militar y sitios de entrenamiento israelí. Al respecto el sheij Naim Qasem subsecretario general de Hezbollah, ha sido claro al manifestar que darán una respuesta “contundente” en caso de que el ejército sionista invada el suelo libanés
Las recientes manifestaciones por parte de los israelíes, por la mala “administración de la guerra”, la no liberación de los rehenes, la inseguridad de los territorios colonizados, más la renuncia de Benny Gantz y Gadi Eisenkot al gabinete militar del régimen, demuestran los principios del final de “Bibi” Netanyahu. Y es que en más de ocho meses las fuerzas ocupacionistas no han podido derrotar a la resistencia palestina. La ayuda de los halcones europeos especialmente Alemania y Francia junto a EE.UU. no han tenido la capacidad de derrotar a un pueblo valeroso que ya ofrendó la vida de más de 38 000 palestinos por la defensa de sus tierras, sus recursos, su dignidad y su libertad.
El 24 de mayo pasado, la CIJ ordenó que cesen inmediatamente las hostilidades, al presente Netanyahu y su ejército siguen masacrando a los Gazatíes, todo indica, que si es que se concreta el cese al fuego, será solo una cortina de humo para adquirir más armas, reposicionarse, recuperar a todos los rehenes y continuar con el exterminio; ya que el objetivo inicial desde hace más de 76 años es expulsar a los palestinos y consolidar la colonización definitiva, más aún que el enclave costero tiene reservas de agua dulce y gas, este último recurso descubierto en 1999 por la British Gas (BG) en los campos marinos de Gaza, a 20 millas náuticas de su costa, quien determinó que el campo podría contener hasta 1 billón de pies cúbicos de gas natural.
Asimismo en el 2019 la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) estimó el valor neto de este gas natural marino en Gaza en 4592 millones de dólares, montos que podrían contribuir tranquilamente al desarrollo de los palestinos, y que por este motivo, a la entidad sionista no le conviene que este pueblo tenga la posesión plena de sus territorios y sus recursos como el gas, por ello es que desde el 7 de octubre, el Primer Ministro israelí ha dejado claro que tiene la intención de matar a tantos palestinos como sea posible para presionar a otros a abandonar la Franja de Gaza.
Frente a su sed de criminalidad, el fracaso evidente de “Bibi” Netanyahu, devela la inminente victoria del Eje de la Resistencia y la consolidación de los objetivos de la “Tormenta Al-Aqsa”; la Resistencia palestina hoy sale victoriosa frente a más de siete décadas del asedio sionista en sus territorios ocupados.
*jurista, teólogo y analista en Relaciones Internacionales
Criminales de guerra israelíes: ¿puede encerrarlos la CPI?
Stasa Salacanin
El audaz intento de la CPI de dictar órdenes de detención contra dirigentes israelíes aliados de Occidente podría redefinir la justicia internacional. Aunque Netanyahu y compañía no sean encarcelados, "su mundo se hará de repente mucho más pequeño".
El anuncio hecho el 20 de mayo por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de órdenes de detención contra cinco dirigentes israelíes y de Hamás desencadenó inmediatamente un torrente de comentarios y opiniones en todo el mundo.
La iniciativa legal representa un hito sin precedentes en las relaciones internacionales, ya que es la primera vez que se acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a dirigentes de un Estado aliado de Occidente.
Según el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, existen argumentos razonables para considerar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, responsables penales de hambruna, asesinato, ataques intencionados contra civiles, exterminio y persecución, entre otros crímenes. Como explicó Khan
[Estos crímenes] se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en aplicación de la política estatal. Estos crímenes, en nuestra evaluación, continúan hasta el día de hoy.
Khan también ha solicitado órdenes de detención contra Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza, Mohammed Deif, líder del ala militar de Hamás, e Ismail Haniyeh, líder político del grupo.
Principales efectos de las sanciones de la CPI
La CPI, creada en 2002 como tribunal permanente de última instancia para enjuiciar a personas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión, está integrada por 124 Estados Partes. Sin embargo, la Corte depende de la cooperación de sus Estados miembros para hacer cumplir la ley, una colaboración que no prestan Estados influyentes como Estados Unidos, Rusia, China e Israel, que no reconocen la jurisdicción de la Corte.
Por tanto, es probable que la emisión de órdenes de detención contra altos dirigentes israelíes entrañe un grado de complejidad política y logística sin precedentes, con muchos obstáculos erigidos por los aliados occidentales de Tel Aviv.
En declaraciones a The Cradle, la directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, Susan Akram, señala que el fiscal de la CPI debe abordar en primer lugar numerosas cuestiones jurídicas para aportar pruebas a los jueces de instrucción. El calendario de sus deliberaciones y decisiones sobre las solicitudes de orden de detención sigue siendo incierto.
Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch y profesor visitante en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton, destaca el principal efecto de las órdenes de detención de la CPI, en caso de que se dicten como se ha solicitado. Netanyahu y Gallant no podrían viajar a ninguno de los 124 Estados miembros de la CPI, ya que corren el riesgo de ser detenidos y entregados a La Haya para ser juzgados.
"Su mundo se hará de repente mucho más pequeño", dice a The Cradle, añadiendo que espera que "los gobiernos se lo piensen dos veces antes de enviarles más armas, dado que habrán sido acusados formalmente de utilizarlas para cometer crímenes de guerra y presumiblemente tratarán de evitar responder a estas acusaciones ante los tribunales".
Gentian Zyberi, profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en el Centro Noruego de Derechos Humanos de la Universidad de Oslo, señala que la CPI podría imponer otras sanciones, como confiscar fondos y propiedades en el extranjero para utilizarlos como reparación a las víctimas.
"La consecuencia política más importante sería para su legitimidad como líderes políticos una vez que la CPI confirme los cargos", advierte.
Sin embargo, siendo realistas, algunos Estados podrían negarse a entregar a Netanyahu, alegando su condición de jefe de gobierno y, por tanto, su inmunidad mientras se encuentre en su territorio, argumenta el profesor John Quigley, de la Universidad Estatal de Ohio. Aunque la CPI no respeta esta inmunidad, el derecho internacional no ha resuelto la cuestión de forma concluyente. Y añade:
En cuanto a la pena, no cabría hablar de pena alguna antes de una condena. La pena típica es la prisión. También puede imponerse una multa. Si la persona tuviera bienes en un Estado parte en el Estatuto de Roma, la CPI podría pedir su embargo.
La CPI bajo la amenaza de EE.UU. e Israel
La posible emisión de estas órdenes ha suscitado reacciones encontradas en todo el mundo. Mientras que varios Estados de la UE, como Francia, Bélgica, Eslovenia, Irlanda y España, han respondido positivamente, Estados Unidos e Israel, como era de esperar, han reaccionado con furia.
El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por ejemplo, expresó su indignación por el hecho de que el tribunal solicitara conjuntamente órdenes de detención contra dirigentes tanto de Israel como de Hamás, acusándoles de delitos similares: "Independientemente de lo que pueda insinuar este fiscal, no hay equivalencia -ninguna- entre Israel y Hamás". Biden también negó rotundamente la existencia de un genocidio en Gaza: "Lo que está ocurriendo no es un genocidio. Lo rechazamos", dijo durante un discurso en la Casa Blanca.
A su vez, el Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre la actuación de Israel al cuestionar la "legitimidad y credibilidad de esta investigación". Pero la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ya ha rechazado ese argumento, basándose en la abrumadora votación de la Asamblea General de la ONU que concedió a Palestina el estatuto de "Estado observador no miembro".
Washington afirma además que el fiscal de la CPI debería haber dado preferencia a las autoinvestigaciones israelíes en virtud de lo que se conoce como el principio de complementariedad. Pero Roth desacredita totalmente la idea de que Israel sea capaz de investigarse a sí mismo objetivamente sobre crímenes de guerra: "Israel ha anunciado 70 investigaciones, pero ninguna sobre la estrategia de hambruna que está en el centro del caso actual de la CPI".
Además, Roth señala que "Israel no tiene antecedentes de procesar a altos funcionarios por crímenes de guerra" y es poco probable que lo haga pronto, basándose en la despectiva respuesta de Netanyahu a la petición de la CPI en la que tachó a Khan de "antisemita".
Sancionar a la justicia
Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley para sancionar al tribunal por solicitar órdenes de detención contra altos dirigentes israelíes, que ahora espera su aprobación en el Senado estadounidense. La legislación pretende sancionar a las personas que hayan "participado directamente o ayudado de cualquier otro modo" a la CPI a enjuiciar a estadounidenses o ciudadanos de aliados de Estados Unidos que no reconozcan a la CPI, incluido Israel.
El principal interés de Washington en restringir el alcance de la CPI es la preocupación de que el tribunal pueda dirigir su atención y su influencia legal hacia tropas y funcionarios estadounidenses implicados en agresiones y operaciones militares ilegales en todo el mundo.
No es la primera vez que Washington y Tel Aviv amenazan a la CPI y a la Fiscalía Especial. El profesor Akram recuerda que el expresidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que congelaba las cuentas estadounidenses de la exfiscal especial Fatou Bensouda y de los miembros de su personal y les denegaba visados para entrar en Estados Unidos para presentarse en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Un reciente informe de investigación en The Guardian ha revelado que Israel dirigió una campaña de acoso y amenazas contra Bensouda y su familia durante 10 años, en la que sus agencias de inteligencia fueron desplegadas "para vigilar, hackear, presionar, difamar y presuntamente amenazar a altos funcionarios de la CPI en un esfuerzo por descarrilar las investigaciones del tribunal."
Pero, como argumenta Zyberi, sancionar a la CPI o a su personal por investigar la situación de Palestina viola el Estatuto de la CPI, interfiriendo en la administración de justicia, y por tanto -en sí mismo- justifica sanciones en virtud del artículo 70.
Quigley sostiene que la reacción de Washington indica un desprecio por el Estado de Derecho: apoya a la CPI contra los adversarios, pero la denuncia cuando los aliados son el objetivo. Esta dualidad fue subrayada por el fiscal Khan en una entrevista con la CNN, cuando reveló una sorprendente confesión de un alto dirigente: "Este tribunal [la CPI] está hecho para África y para matones como Putin".
Para Akram, el hecho de que la CPI se haya centrado en el pasado en los autores africanos y balcánicos ignora de hecho los crímenes de las potencias occidentales, por ejemplo, de Estados Unidos y el Reino Unido en Irak y Afganistán. En su opinión, el caso contra Netanyahu y Gallant pone a prueba la credibilidad actual del tribunal, mientras que Roth considera que las posibles órdenes de detención son una prueba de que incluso los líderes poderosos pueden rendir cuentas ante la ley.
Si el proceso iniciado por Khan llega a buen puerto, la CPI estará en una posición única para redefinir los límites de la justicia internacional y exigir responsabilidades a los criminales de guerra, con independencia de su nacionalidad, raza o religión. Eso nos acerca un paso más al derecho internacional y nos aleja un paso más de la era de impunidad liderada por Occidente.
