¿La DEA era el cártel? La "máscara" que facilitó su expulsión de Venezuela. EEUU asalta a un pesquero venezolano

En 2005, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tomó una decisión inédita: expulsar a la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) del territorio venezolano, alegando, entre otros motivos, la necesidad de preservar la soberanía.

Dos décadas más tarde, las relaciones entre Washington y Caracas atraviesan uno de sus peores momentos, tras el despliegue militar de barcos y aviones de guerra, misiles y un submarino nuclear en aguas del sur del mar Caribe, cerca aguas territoriales venezolanas, con el argumento declarado de combatir a los cárteles de la droga, aunque los informes especializados apuntan que el país bolivariano no es un espacio de gran importancia para el narcotráfico internacional.

A ello se suma que, desde 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. sindica –sin aportar pruebas– al presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como a otras altas autoridades de su Gobierno, de liderar una supuesta organización tachada de "narcoterrorista" por la Casa Blanca.

A principios de agosto, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, anunció una duplicación del monto de la recompensa por información conducente a la captura de Maduro. Días más tarde, el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, confirmó el operativo militar en aguas caribeñas, y el pasado 2 de septiembre se comunicó la voladura de una lancha con 11 tripulantes a bordo, que supuestamente procedía de Venezuela y transportaba drogas. La versión oficial exhibe múltiples inconsistencias, que han sido señaladas por autoridades venezolanas y numerosos analistas.

Desde Caracas se ha denunciado insistentemente que el relato con el que se pretende presentar a Venezuela como un narcoestado, no solo carece de fundamento, sino que además funge de mampara para promover una estrategia de "cambio de régimen" por medio de acciones violentas y contrarias al derecho internacional.

En su día, Chávez justificó la salida de la agencia antidrogas estadounidense al denunciar que esta "estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico, para incluso apoyar al narcotráfico, para hacer inteligencia en Venezuela contra el Gobierno". "En esa circunstancia, nosotros decidimos cortar en seco esos convenios", destacó.

En esa misma comparecencia, el líder bolivariano sostuvo que la DEA no era "en absoluto necesaria para la lucha en contra del tráfico de drogas" y, en su lugar, refirió que su gestión detectó "infiltración de inteligencia que amenazó la seguridad nacional y la defensa".

Criticó asimismo la inacción de las autoridades estadounidenses para detener el flagelo, al señalar que no hacían "nada" para capturar a los grandes responsables del trasiego de sustancias ilícitas dentro de su propio territorio. "¡Qué extraño que ellos no los puedan encontrar!", comentó en esa oportunidad.

El dictamen del Ejecutivo venezolano fue presentado en su día como abrupto, pero en realidad, las fricciones con los agentes de la DEA y la Embajada de EE.UU. en la capital venezolana eran asuntos de larga data.

Documentos desclasificados mostraron la implicación de Washington en el golpe de Estado que expulsó brevemente del poder a Chávez, en abril de 2002. A fines de julio de 2005, la Fiscalía ya había abierto una investigación contra la entidad estadounidense, si bien los señalamientos de espionaje fueron rechazados por el para entonces embajador de Washington en Caracas, William Bromfield.

Los enfrentamientos no pararon allí. Dos años más tarde, el titular de Interior de la época, Pedro Carreño, se refirió a la DEA como un "cártel de narcotráfico", cuando EE.UU. acusó a Venezuela de no cooperar suficientemente para frenar el trasiego internacional de sustancias ilícitas.

"Venezuela está luchando denodadamente contra las drogas, y la mejor prueba de ello es que rompimos nuestra dependencia con ese cartel del narcotráfico que es la DEA", fustigó el alto funcionario, quien apuntó que mientras se mantuvo la cooperación "continuamente se producían las llamadas entregas vigiladas de drogas" y la organización estadounidense no informaba "sobre los detenidos ni las bandas desmanteladas".

En 2024 estalló otro escándalo sobre acciones de la agencia antidrogas estadounidense en Venezuela. Una investigación publicada por Associated Press reveló que, en 2018, la DEA habría planeado realizar operaciones encubiertas en el país suramericano, en interés de "construir casos" para vincular a sus altos funcionarios con el narcotráfico internacional, en el contexto de la política de 'máxima presión' adelantada durante el primer Gobierno de Trump (2017-2021), pese a que tales actividades estaban al margen de las leyes venezolanas y estadounidenses.

En la coyuntura actual, las autoridades venezolanas han insistido en que "la DEA es el mayor cártel de drogas del mundo" y han acusado a su director, Terry Cole, de mentir sobre la situación del narcotráfico en ese país, incluso desdiciendo lo que reflejan sus propios informes.

Aunque altos personeros de EE.UU., incluyendo al presidente Donald Trump, han declarado insistentemente que desde Venezuela se inunda de drogas el territorio estadounidense, una revisión histórica de los reportes especializados de las Naciones Unidas y la propia DEA echan abajo esa narrativa.

Esta semana, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareció ante los medios de comunicación para reiterar lo que esas fuentes han recogido en materia antinarcóticos desde 1999 –cuando asumió el poder Chávez– hasta el presente.

La conclusión es contundente: Venezuela no es un punto clave para el traslado de drogas hacia el norte del continente. Según datos de la ONU, 87 % de los narcóticos que tienen como destino EE.UU. siguen la ruta del Pacífico, especialmente desde Colombia y Ecuador, mientras 8 % lo hace a través de La Guajira colombiana y solo el 5 % restante intenta cruzar por territorio venezolano. Conclusiones semejantes se exponen en el Informe Europeo sobre las Drogas 2025: Tendencias y Avances.

En el caso del 'National Drug Threat Assessment', un informe anual publicado por la DEA sobre el impacto interno del narcotráfico, la información es todavía más categórica: el país bolivariano no aparece mencionado como centro de cultivo, procesamiento o distribución de sustancias ilícitas.

La única alusión en ese documento corresponde al Tren de Aragua, una organización desmantelada en Venezuela a la que las autoridades estadounidenses responsabilizan de variados delitos, incluyendo "actividades de tráfico de drogas a pequeña escala, como la distribución de tusi".

En términos de incautaciones, Venezuela se jacta de que su efectividad ha sido significativamente mayor desde que la DEA abandonó el país. En una lámina presentada por la vicemandataria en comparecencia ante la prensa, se precisó que entre 1999 y 2004, la DEA incautó 209,65 toneladas de droga, mientras que entre 2005 y 2025, el Gobierno ha incautado 1.054,93 toneladas –lo que implica un incremento de 43 %–, al tiempo que se han neutralizado 402 aeronaves destinadas al tráfico de estupefacientes en el período 2012-2025.

"Cuando comparamos lo que fue el desempeño cuando existía la DEA en Venezuela y el desempeño sin la DEA, sabemos que lo hacemos mejor que cuando estaba aquí en Venezuela esa agencia estadounidense especializada en drogas. Sabemos hacerlo mejor, lo dicen los números", destacó Rodríguez.

No se trata solo de reportes oficiales. Especialistas como Pino Arlacchi, exvicesecretario de las Naciones Unidas, advierten que los datos de esa organización, ahora invocados por Caracas, "cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump" y desmontan "pieza por pieza el entramado geopolítico construido alrededor del 'Cartel de los Soles', una entidad tan legendaria como el Monstruo del Lago Ness".

Para Arlacchi, quien es experto en delincuencia organizada, el actual manejo discursivo de Washington no es más que un movimiento "para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar" y apoderarse del crudo venezolano.

En la misma línea, en un trabajo periodístico aparecido a principios de septiembre en el medio independiente venezolano Guacamaya, destaca que la acusaciones infundadas contra Maduro y otras altas autoridades en 2020, así como "las reiteradas afirmaciones en 2025, se han presentado con ninguna evidencia". De acuerdo con sus extensas pesquisas, basadas en fuentes oficiales estadounidenses e investigaciones independientes, no son más que "afirmaciones vacías".

Desde otro costado, la periodista y analista política mexicana Sasi Alejandre advierte que la llamada "lucha contra las drogas", emprendida por EE.UU. desde hace más de 50 años, está destinada al fracaso, pues hace parte consustancial de la política imperialista de ese país, como se concluye, por ejemplo, al analizar en detalle lo sucedido en Afganistán tras el inicio de la 'guerra contra el terror' y el devenir de las rutas del opio. "En realidad estaban invadiendo para, ahora sí, convertirlo en un narcoestado, pero de propiedad suya, de EE.UU.", sostiene Alejandre.

"Vincular artificialmente a Nicolás Maduro con el narcotráfico para, supuestamente, salvar al pueblo venezolano de un narcoestado, lo único que nos dice es que sus intenciones son en realidad hacer de Venezuela un narcoestado, pero, obviamente, propiedad de EE.UU.", agrega la experta.

EE.UU. no es solo el principal consumidor de sustancias ilícitas en el orbe: también juega un rol esencial en el complejo engranaje que sostiene el narcotráfico internacional. Reportes oficiales de Naciones Unidas sobre crimen organizado y otras actividades conexas, refieren que en la banca estadounidense se lava 85 % de los fondos procedentes del tráfico de drogas, lo que representa cerca del 2,7 % del Producto Interno Bruto de EE.UU.

Aguas adentro, un conjunto de actores posibilitan la colocación de grandes volúmenes de sustancias ilícitas en suelo estadounidense: intermediarios encargados de la distribución a través de 'narcobodegas', compañías de transporte que cubren todo el territorio, 'narcopandillas' dedicadas al menudeo, 'narcocamioneros' a cargo del traslado de las drogas a través de distintas rutas, y 'narcosajones', personas adineradas que distribuyen cantidades significativas de narcóticos en su círculo social.

Pese a la evidencia existente y el demostrado fracaso de las iniciativas emprendidas durante las últimas décadas, el enfoque de Washington para abordar el narcotráfico internacional se mantiene incólume: la culpabilización de terceros países –especialmente latinoamericanos–, la militarización –como en los casos del 'Plan Colombia' o el 'Plan Mérida'– y, en la era Trump, un despliegue bélico en aguas del mar Caribe, cuya intención no pareciera ser la que declaran desde la Casa Blanca.

Mientras Venezuela pone en marcha un plan de defensa activa, el secretario general del partido socialista gobernante, Diosdado Cabello, acusó al líder de facto de la oposición venezolana de colaborar con grupos criminales.

Según Cabello, María Corina Machado negoció con el grupo «El Cagón» — ofreciéndoles cinco millones de dólares e inmunidad a cambio de un ataque a las plataformas petroleras chinas que se están instalando en el lago de Maracaibo.

Según la declaración, el plan incluía hacer explotar los tanques de almacenamiento en los municipios de Zulia (Cabimas, Lagunillas, Simón Bolívar y Valmore Rodríguez), lo que debía afectar el suministro de petróleo destinado a la empresa Chevron y a Estados Unidos.

Cabello también añadió que Machado se contactó con otros grupos criminales — principalmente con exmiembros de la disuelta banda «Tren de Aragua», solicitando operaciones para desestabilizar Caracas a cambio de compensaciones económicas y políticas.

Un movimiento interesante. Anteriormente, según algunas fuentes, los acuerdos entre el oficialismo de Caracas y Washington contemplaban la inmunidad del líder de facto de la oposición, pero ahora todo parece haber cambiado.

La parte venezolana anuncia que Machado, en esencia, está vinculada a un grupo reconocido como terrorista por Washington y quería afectar el suministro de petróleo destinado a empresas controladas por ciertos representantes de las élites estadounidenses.

Venezuela denunció este sábado el asalto "ilegal" de un barco de pescadores por parte de un destructor de la Armada de EE.UU. que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva venezolana.

"El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas", detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado compartido por el canciller Yvan Gil.

Según explicó la Cancillería, el buque venezolano, que iba "tripulado por nueve humildes pescadores atuneros", fue "asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados".

En este sentido, sostiene que se trata de provocaciones que buscan un incidente "que justifique una escalada bélica en el Caribe, con el objetivo de insistir en su política fracasada y rechazada por el propio pueblo de los EE.UU.".

También informó que, en cumplimiento de su deber constitucional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "monitoreó y registró el incidente minuto a minuto" hasta la liberación de los pescadores, "demostrando la plena capacidad de Venezuela para vigilar, disuadir y responder ante cualquier amenaza".

"El Gobierno de Venezuela exige al Gobierno de EE.UU.que cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y la paz del Caribe, a la vez que hace un llamado al pueblo estadounidense a reconocer la gravedad de estas maniobras y a rechazar la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora", reza el comunicado de la Cancillería.

El pasado agosto, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un "cártel de narcotráfico".

Caracas denuncia que estas maniobras están orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano.

Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación.

Pese al aumento de las fricciones, el presidente venezolano se ha mostrado abierto al diálogo con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, siempre que no se imponga la "diplomacia de las cañoneras" de su secretario de Estado, Marco Rubio.

La semana previa, el Pentágono denunció que dos aviones militares venezolanos habían sobrevolado "cerca de un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales", lo que calificó de movimiento "provocador" para interferir con sus "operaciones contra el narcoterror" en la zona.

Posteriormente, Trump amenazó con derribar aviones militares venezolanos, si ponían a EE.UU. "en una posición peligrosa".

Mientras, Maduro declaró que el país pasará a la lucha armada si llega a ser objeto de agresión. En este contexto, señaló que Washington "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe".

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil han empeorado en las últimas semanas. Desde el 7 de agosto, cuando entraron en vigor aranceles del 50 % sobre productos brasileños —medida anunciada un mes antes por el presidente estadounidense, Donald Trump—, la tensión bilateral se ha intensificado.

El inquilino de la Casa Blanca justificó los arenceles alegando una relación comercial "muy injusta" y criticó a la justicia brasileña por el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de participar en una trama golpista.

Este martes, el Gobierno de Brasil rechazó las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que Trump "no tiene miedo" de implementar sanciones económicas y utilizar la fuerza militar para "proteger la libertad de expresión en todo el mundo".

"El presidente no tiene miedo de usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión en todo el mundo", aseveró Leavitt. "Él mismo se enfrentó a la censura en su camino de regreso a esta hermosa Oficina Oval aquí en Washington D. C. Por eso, se toma esto muy en serio, al igual que, creo, el vicepresidente de Estados Unidos y toda la Administración Trump. Por eso hemos tomado medidas significativas con respecto a Brasil, tanto mediante sanciones como mediante el uso de aranceles para garantizar que los países de todo el mundo no castiguen a sus ciudadanos de esta manera", agregó.

En respuesta, el Gobierno brasileño condenó "el uso de sanciones económicas o amenazas de fuerza" contra su democracia. "El primer paso para proteger la libertad de expresión es defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Esto es deber de los tres poderes del Estado, que no se dejarán intimidar ante ningún ataque a nuestra soberanía", comunicó.

"El Gobierno brasileño repudia el intento de fuerzas antidemocráticas de utilizar a Gobiernos extranjeros para coaccionar a las instituciones nacionales", subrayó.

Mientras tanto, el juez Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF), inaugura este miércoles la cuarta jornada del juicio contra Jair Bolsonaro y otros siete acusados por la trama golpista. Fux será el tercero en emitir su voto, tras Alexandre de Moraes y Flávio Dino, quienes se pronunciaron el martes a favor de la condena del grupo señalado como el núcleo crucial del golpe. Se espera que Carmen Lúcia y Cristiano Zanin voten a continuación. Con un voto más, se alcanzaría la mayoría necesaria para condenar.

Desde finales de agosto, ante la proximidad del inicio del juicio a Bolsonaro, el Gobierno brasileño y el STF anticipaban una escalada de la crisis política. En respuesta al aumento de tarifas, Brasil invocó la Ley de Reciprocidad y aceleró las medidas económicas.

Durante la apertura del juicio, Moraes afirmó que el tribunal no se someterá a coerción ni obstrucción en el ejercicio de su misión constitucional. "La soberanía nacional no será vilipendiada ni extorsionada" y que "el STF siempre será inquebrantable en la defensa de la soberanía nacional" y no cederá ante presiones internas ni externas", dijo.

El STF ha sido blanco de ataques y sanciones por parte Trump, quien acusa al tribunal de llevar a cabo una "cacería de brujas" contra Jair Bolsonaro.

En julio, Trump anunció un arancel del 50 % a los productos brasileños, alegando que se trataba de una "respuesta a las recientes políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos".

Washington también denunció que existe "persecución política, intimidación, acoso, censura y demandas interpuestas por el Gobierno de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios", y señaló a Moraes como responsable de "amenazar, perseguir e intimidar a miles de opositores políticos".

El 30 de julio, EE.UU. aplicó la denominada Ley Magnitski contra Moraes. Esta ley, vigente desde 2016, permite imponer sanciones unilaterales contra extranjeros acusados de violaciones de derechos humanos o corrupción. Como resultado, los activos e intereses de Moraes bajo jurisdicción estadounidense fueron bloqueados, lo que podría afectar sus operaciones en bancos y servicios internacionales.