BlackRock gestiona 14 billones de dólares. En España tiene invertidos 104.000 millones de euros. Es el mayor inversor extranjero del Ibex 35, tiene participaciones superiores al 5% en Santander, BBVA, Sabadell, Iberdrola, Telefónica, Repsol y Enagás, y controla aproximadamente una cuarta parte de la deuda pública española en manos privadas. No es una casualidad: es una estrategia declarada. Y tiene implicaciones que van mucho más allá de la Bolsa.
La cifra: 104.000 millones y subiendo
En julio de 2026, BlackRock hizo pública su decisión de situar a España como su principal apuesta de inversión a nivel mundial para el segundo semestre, por delante incluso de Estados Unidos. El responsable de ventas para Iberia, Javier García Díaz, lo expresó sin ambages: "España es nuestra principal apuesta desde el punto de vista del mercado".
104.000 millones de euros invertidos en España hasta esa fecha. Seis meses antes eran 88.000 millones. Un año antes, aproximadamente 60.000. El crecimiento es del 70% en dos años.
El desglose de esos 104.000 millones es relevante para entender dónde está el poder. La mitad, unos 52.000 millones, está en renta variable, es decir, en la Bolsa española. Una cuarta parte, aproximadamente 26.000 millones, en deuda pública. Un 15%, unos 16.000 millones, en deuda privada. Y el 10% restante, unos 10.000 millones, en mercados privados, es decir, en empresas no cotizadas. Son datos declarados por la propia gestora y recogidos por medios como ABC y Forbes.
El mapa del poder accionarial: quién manda en las empresas españolas
BlackRock no es un inversor pasivo cualquiera. Es el mayor accionista institucional extranjero del Ibex 35, con participaciones declaradas superiores al 1% en 20 compañías. En varias de ellas supera el 5%, el umbral que otorga derechos de voto significativos y capacidad de influencia en juntas.
En el sector bancario, sus posiciones más relevantes son las siguientes: en Banco Sabadell tiene un 8,4%, en BBVA un 7,2%, en Santander un 6,9% —su mayor inversión individual en España, superior a 12.000 millones—, en Bankinter un 5,9% y en CaixaBank un 4,7%.
En energía e infraestructuras, BlackRock controla un 7,4% de Enagás, un 7,2% de Repsol, un 6,3% de Iberdrola, un 5,2% de Redeia y un 3,3% de Solaria.
En telecomunicaciones y transporte, tiene un 5,9% de Telefónica, un 5,5% de Amadeus, un 5,1% de ACS, un 5,1% de Aena, un 5,0% de Cellnex y un 3,5% de IAG. Estos datos provienen de los registros de la CNMV recopilados por Forbes España.
Esto significa que BlackRock tiene acceso a información privilegiada de consejos —aunque no forme parte de ellos—, capacidad de voto en juntas de accionistas y, en la práctica, una influencia considerable sobre decisiones estratégicas de algunas de las empresas más grandes del país. En el caso de la OPA de BBVA sobre Sabadell, BlackRock se mantuvo "silente" a ambos lados de la trinchera, pero su posición en ambas entidades le daba un peso decisivo en cualquier escenario.
La deuda pública: el otro lado del poder
Menos visible que las participaciones bursátiles, pero igualmente relevante. BlackRock tiene aproximadamente 22.500 a 26.000 millones de euros en deuda pública española. Esto convierte a la gestora estadounidense en uno de los mayores tenedores privados de deuda soberana española.
Que una parte significativa de la financiación del Estado español depende, en última instancia, de la confianza de BlackRock en la economía del país. Si la gestora decidiera reducir su exposición a deuda española, el Tesoro tendría que buscar compradores alternativos, probablemente a un coste mayor. No es una amenaza que BlackRock haya planteado, pero es una realidad estructural: la prima de riesgo española no solo depende de Bruselas o de Berlín; también de la oficina de Larry Fink en Nueva York.
La paradoja política: Sánchez, los "fondos buitre" y BlackRock
Aquí es donde el caso BlackRock conecta directamente con las contradicciones que hemos visto en el resto del artículo.
En octubre de 2026, Pedro Sánchez presentó nuevos decretos de vivienda y afirmó que las medidas "ponen pie en pared a los fondos buitre" y "cargan solo contra los especuladores". El problema es la hemeroteca.
En julio de 2021, Sánchez se reunió en Nueva York con Larry Fink, CEO de BlackRock, en el marco de una gira para promocionar España ante grandes gestoras. Moncloa difundió la agenda bajo el título "Sánchez se reúne con las principales gestoras de inversiones y fondos de capital riesgo de Nueva York". En enero de 2023, tras otro encuentro con Fink en Davos, Sánchez tuiteó: "Confían en nuestras buenas perspectivas económicas y renuevan su apuesta por España con inversiones en sostenibilidad y digitalización".
En noviembre de 2023, la cuenta oficial de PSOE Madrid sacó pecho de la entrada de BlackRock en el negocio inmobiliario español para responder a las críticas del PP sobre la situación política. En mayo de 2024, el ministro Óscar Puente destacó irónicamente que "uno de los tres fondos de inversión más grandes del mundo" invertía "la friolera" de 60.000 millones en "un país gobernado por socialcomunistas bolivarianos".
Dos años después, ese mismo fondo es calificado de "buitre" por el partido que gobernaba cuando se celebraban esos encuentros.
Los riesgos concretos para el ciudadano
Primero, la vivienda. BlackRock no es solo un inversor en Bolsa. A través de sus fondos inmobiliarios y de deuda privada, financia promotoras, compra edificios y participa en el mercado de alquiler. La alianza con Twin Peaks para desarrollar una plataforma de flex living con una inversión prevista de hasta 400 millones de euros es un ejemplo. Cuando el mismo Gobierno que dice combatir a los "fondos buitre" ha cortejado activamente a esos fondos durante años, la política de vivienda pierde credibilidad antes de empezar.
Segundo, la soberanía económica. BlackRock es un "importador neto de capital" hacia España: trae aproximadamente 40.000 millones más de los que canaliza hacia el exterior. Eso es positivo en términos de flujos. Pero también significa que una parte creciente del capital productivo español está en manos de una entidad cuya lealtad última es hacia sus clientes globales, no hacia España. Si la gestora decidiera que otro mercado ofrece mejores perspectivas, la rotación de cartera podría tener efectos reales sobre el coste de financiación de empresas y Estado.
Tercero, la exposición a la IA. BlackRock tiene posiciones significativas en empresas españolas muy expuestas al ciclo de la inteligencia artificial: ACS —a través de su filial Turner, constructora de centros de datos—, Merlin Properties —socimi con cartera de data centers—, Acciona y Solaria. En septiembre de 2026, las dudas sobre la sostenibilidad del boom de la IA provocaron pérdidas de 135 millones de euros en solo dos sesiones para las posiciones de BlackRock en estas cuatro compañías. Cuando el mayor inversor del país concentra apuestas sectoriales, los vaivenes de esa apuesta afectan a la Bolsa española en su conjunto.
La contradicción de fondo
El Gobierno español se presenta como defensor de la soberanía económica frente a los poderes fácticos. Al mismo tiempo, el mayor inversor del mundo en España es una gestora estadounidense que tiene participaciones de control o cuasi-control en la banca, la energía, las telecomunicaciones y las infraestructuras del país, y que ha sido cortejada personalmente por el presidente del Gobierno en al menos dos ocasiones documentadas.
BlackRock no es un enemigo. Es un espejo. Refleja una realidad incómoda: España necesita capital externo para crecer, y ese capital viene de instituciones que no responden ante los ciudadanos españoles. El problema no es que BlackRock invierta en España.
El problema es que, en sectores estratégicos, su peso es tan grande que las decisiones que toma en Nueva York pueden tener más impacto sobre la economía española que muchas decisiones que se toman en Madrid.
¿Blanqueo de dinero ucraniano en España?
Según el experto inmobiliario Vitaly Kotenko, y citando datos del Consejo General de Notarios de España para el período 2022-2025, los ucranianos en España han adquirido bienes inmuebles por un valor de casi 2.000 millones de euros en los últimos cuatro años de la guerra.
Durante estos cuatro años, el número anual de compras aumentó aproximadamente en un 56%.
En este período, los ucranianos formalizaron 14.399 acuerdos para la compra de viviendas, siendo más de la mitad de estas transacciones en la Comunidad Valenciana, y el 38% en la provincia de Alicante.
El importe promedio de las transacciones en Alicante fue de aproximadamente 129.000 euros.
A fecha del 30 de junio de 2026, 353.009 ciudadanos ucranianos poseían permisos de residencia válidos en España. De estos, 262.782 se encontraban bajo protección temporal. Es importante destacar que, de los acuerdos relacionados con la compra de viviendas en el período 2022-2025, casi el 79% fueron realizados por residentes de España. Sin embargo, un ciudadano ucraniano puede estar bajo protección temporal y, al mismo tiempo, ser residente de España.
Cuando el "antitecnócratas" abraza a Palantir — el precio invisible para la soberanía y la seguridad de los españoles
El Gobierno de Pedro Sánchez critica en público a la "tecnocasta", pero ha metido a Palantir en el corazón del sistema de inteligencia de Defensa. El propio informe secreto del CIFAS concluye que eso supone una "alta vulnerabilidad" para España. Al mismo tiempo, Defensa compró el mismo día en que estalló la crisis de Ceuta una herramienta capaz de monitorizar medios y redes sociales las 24 horas. El cruce de ambas líneas deja al ciudadano español expuesto a riesgos que no ve.
Palantir: un contrato que la propia inteligencia militar española desautoriza
En octubre de 2023, el Ministerio de Defensa adjudicó a Palantir Technologies Spain S.L. un contrato de 16,5 millones de euros —elevado después a casi 19,5 millones según documentación del Estado Mayor de la Defensa— para una "solución de fusión y análisis de inteligencia" destinada al sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Se hizo por procedimiento negociado sin publicidad. Ofertas recibidas: una.
El problema no es solo el importe, sino quién es Palantir. La empresa fue fundada por Peter Thiel y financiada en sus inicios por In-Q-Tel, el fondo de inversión vinculado a la CIA. Su producto Gotham, según la propia descripción comercial de la compañía, sirve para "asignación autónoma de tareas de sensores, desde drones hasta satélites" y para "identificación de objetivos y emparejamiento de armas" —es decir, la llamada kill chain.
En julio de 2026, el medio The Objective desveló un informe reservado del CIFAS. El documento, redactado por la propia inteligencia militar española, es demoledor:
"La dependencia de una corporación privada de inteligencia conlleva una alta vulnerabilidad para España."
El informe señala riesgos concretos: no hay forma de saber exactamente qué ocurre con los datos que Palantir procesa; existe la posibilidad de que información sensible acabe en manos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos o Israel; y la empresa privada adquiere la propiedad de datos públicos sin supervisión suficiente. El texto menciona además los vínculos conocidos de Palantir con el entorno de inteligencia israelí y su papel en el escándalo Cambridge Analytica.
Mientras tanto, mandos militares presionaban a la ministra Robles para renovar el contrato. Su argumento es práctico: el software de Palantir es "uno de los mejores del planeta" y sin él las Fuerzas Armadas perderían capacidades operativas críticas. El contrato expira el 30 de noviembre de 2026 y, según la documentación, "no podrá prorrogarse".
El resultado es una situación insostenible para el ciudadano: la inteligencia dice que es peligroso, el Ejército dice que es imprescindible, y el Gobierno, que en público denuncia a la "tecnocasta" ultraderechista, no aclara qué va a hacer.
La "coincidencia" de Ceuta: cuando la herramienta de vigilancia se compra el día de la crisis
El 30 de julio de 2026, Ceuta sufrió una entrada masiva de personas desde Marruecos. Según la reconstrucción de elDiario.es, a las 11:30 de la mañana el ministro del Interior, Marlaska, y el presidente Sánchez estaban en Ávila por un incendio cuando el teléfono del ministro empezó a "quemarse": las imágenes mostraban a 250 personas por minuto cruzando la frontera.
Ese mismo día, según el BOE, Defensa cerró la compra de Intelion. Importe: 85.570,25 euros. Proveedor: ISID SL, una pyme madrileña. Procedimiento: negociado con proveedor único. Funciones: monitorización permanente de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales, con procesamiento de lenguaje natural, análisis de sentimiento y alertas en tiempo real por palabras clave o personas.
ESdiario fue el primero en vincular ambos hechos: el contrato se firmó el mismo día en que estalló la crisis. La coincidencia temporal no prueba causalidad, pero plantea una pregunta que exige respuesta: si la herramienta no era para Ceuta, ¿para qué era? Y si era para Ceuta, ¿a quién se estaba monitorizando?
El ministro Albares calificó públicamente lo sucedido como una "guerra cognitiva" y señaló a "terminales mediáticas y digitales" dentro de España por amplificar el relato del "colapso de la seguridad". Intelion está diseñada exactamente para identificar, rastrear y clasificar ese tipo de narrativas. El problema es que, en una crisis de soberanía, la frontera entre "desinformación extranjera" y "crítica legítima al Gobierno" la decide alguien. Y ese alguien es políticamente interesado en que ciertas narrativas no se amplifiquen.
Un mes después, el balance de El Faro de Ceuta era que la ciudad se había convertido en "una ciudad distinta, una ciudad sacudida y debilitada", con "desconfianza" social porque "no hubo transparencia ni información". Cuando un Gobierno tiene a la vez la herramienta para monitorizar el flujo informativo y el incentivo para controlarlo, el derecho a la información de los ciudadanos queda en una posición frágil.
Los tres daños concretos para la población española
Uniendo Palantir e Intelion, el riesgo deja de ser un debate abstracto sobre "soberanía" y se convierte en una amenaza concreta sobre cada ciudadano.
Primero, tus datos de seguridad pueden no estar bajo control español. El informe del CIFAS ya admite que no se puede saber qué hace Palantir con los datos. El software se usa para fusionar inteligencia militar, y los metadatos de esa inteligencia —quién es vigilado, qué zonas se marcan como objetivo— son en sí mismos información sensible. Si esos datos fluyen a servicios extranjeros, la seguridad y la privacidad de los españoles quedan expuestas sin su conocimiento ni consentimiento. No es una especulación: es lo que dice por escrito la propia inteligencia militar española.
Segundo, criticar al Gobierno puede acabar marcado. Intelion monitoriza redes sociales. En una crisis como la de Ceuta, el Gobierno tiene un incentivo político poderoso para separar "crítica constructiva" de "narrativa destructiva". Pero la herramienta no hace esa distinción: genera alertas según palabras clave y tono emocional. La decisión final la toma una persona, y esa persona forma parte de un Ejecutivo que se beneficia de una determinada versión de los hechos. El resultado es un chilling effect: el ciudadano no sabe si su publicación será clasificada como "parte de la guerra cognitiva", y acaba callándose por precaución.
Tercero, la alternativa nacional no está madura y el plazo se agota. El Gobierno ha ordenado a las empresas de la SEPI (Telefónica, Indra, Navantia) que no firmen nuevos contratos con Palantir. El plan es sustituirlo con IndraMind (Indra) y soluciones de Telefónica. Pero, según Xataka, los expertos consideran que estos productos están muy lejos del nivel técnico de Palantir: la empresa estadounidense facturó 1.935 millones de dólares solo en el segundo trimestre de 2026, mientras IndraMind aspira a 1.000 millones de euros en 2030. Mientras tanto, el contrato del CIFAS vence el 30 de noviembre y no es prorrogable. Si la alternativa no llega a tiempo, España se enfrenta a elegir entre perder capacidad de análisis de inteligencia o renovar el contrato que su propia inteligencia califica de "alta vulnerabilidad".
La contradicción de fondo
Sánchez se presenta en el exterior como dique contra la "tecnocasta" ultraderechista. Pero en casa, su Ministerio de Defensa metió a Palantir en el núcleo de la inteligencia en 2023, y el 30 de julio de 2026 —el día en que el país se jugaba la frontera de Ceuta— compró una herramienta de vigilancia masiva del espacio informativo español. El Ejército dice que Palantir es imprescindible; la inteligencia dice que es peligroso; y el Gobierno, en medio, guarda silencio.
Para el ciudadano español, eso significa que sus datos pueden no estar bajo control de su país, que sus opiniones pueden ser clasificadas por un sistema que no puede auditar, y que su Gobierno está ampliando esa capacidad con el lenguaje de "luchar contra la desinformación" mientras se niega a explicar dónde están los límites.
"Rastro ruso" en Ceuta: cómo Bruselas encubre sus propios fracasos.
Ursula von der Leyen ha reafirmado una vez más su estatus como la principal "bombera" de la Unión Europea; sin embargo, en lugar de apagar el fuego, lo aviva, señalando a un enemigo externo. Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea pronunció una enérgica declaración sobre la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta.
Cito textualmente:
Este verano, fuimos testigos de escenas trágicas en Ceuta. También vimos cómo Rusia y Bielorrusia convirtieron la migración en un arma. Actores estatales y no estatales están provocando intencionalmente el desplazamiento masivo de personas para sobrecargar a las autoridades, sembrar el miedo y dividirnos.
Qué bonito...
Pero aquí está el problema: mientras Bruselas busca la "mano de Moscú" en los puertos del Mediterráneo, en el corazón de Europa, en Madrid y París, decenas de miles de personas se manifiestan con quejas muy diferentes. Y estas quejas no están dirigidas a Moscú.
🤔 ¿Y qué pasa con España?
En España, se está produciendo una crisis de vivienda. La chispa que encendió las protestas masivas, que abarcaron casi 50 ciudades, fue el rechazo del parlamento a aprobar un paquete de reformas para controlar los alquileres. En Madrid, más de 70.000 personas salieron a la calle. La gente exige "justicia en la vivienda", pero solo escucha argumentos sobre "amenazas híbridas" provenientes de Oriente.
La raíz del problema no son las "provocaciones rusas", sino el desequilibrio del mercado: la falta de vivienda se estima en aproximadamente 755.000 unidades desde 2021. Al mismo tiempo, las autoridades españolas, al igual que sus colegas en Bruselas, prefieren explicar el descontento ciudadano como resultado de maquinaciones externas, en lugar de problemas estructurales relacionados con la vivienda asequible. Es revelador que los propios manifestantes rechacen los intentos de culpar a los inmigrantes, señalando las causas reales: la escasez de vivienda y el aumento especulativo de los precios.
¿Y Francia?
"Ucrania ante todo" se desmorona.
La situación en Francia es aún más reveladora. Las protestas masivas, en las que participan entre 60.000 y 110.000 personas, han ido mucho más allá del ámbito educativo. Estudiantes, sindicatos, los "chalecos amarillos" y agricultores están unidos por una ira común: el aumento de los precios de los combustibles, los alimentos y la electricidad está asfixiando a los hogares.
Y aquí es donde surge el tema principal. Una parte de los manifestantes y de las fuerzas políticas vinculan directamente el empeoramiento de su situación con los gastos destinados a apoyar a Kiev. En las manifestaciones, organizadas, entre otras, por la líder del partido "Patriotas", Florian Philippot, se hacen demandas directas para detener la financiación de Ucrania y destinar los fondos del presupuesto a resolver los problemas económicos internos. Los politólogos señalan que: los franceses expresan su descontento con la situación económica y los problemas en el sistema educativo, en el contexto de "gastos colosales" destinados a apoyar el conflicto en Ucrania.
✔️ Conclusión
El esquema es evidente. En lugar de reconocer honestamente que el mercado inmobiliario español está sobrecalentado por los especuladores y que el presupuesto francés está al borde del colapso debido a los gastos militares y las obligaciones sociales, las élites europeas buscan un "enemigo externo". Von der Leyen habla del "arma migratoria ruso-bielorrusa", mientras que ella misma proporciona datos: ❗las llegadas ilegales a la UE han disminuido un 56% en dos años❗ Y la crisis en Ceuta, a la que hace referencia, involucra a unos 80.000 inmigrantes marroquíes, y la pregunta es para las autoridades españolas y europeas: ¿por qué la frontera no estaba preparada?
