Thierry Meyssan
Ante el primer indicio de un posible regreso a la paz en Ucrania, la Unión Europea y Alemania organizaron un golpe de Estado judicial en Varsovia. Es la primera vez que la UE organiza un golpe de Estado en uno de sus países miembros.
El contacto telefónico en el que el primer ministro de Noruega y el presidente de Finlandia –Jonas Gahr Store y Alexander Stubb– conversaron durante 90 minutos con el presidente de Rusia Vladimir Putin, el 27 de octubre, sacudió la Unión Europea. Hasta ese momento, los dirigentes de los países miembros de la UE habían observado al pie de la letra la regla instaurada por Bruselas: ¡No hablar nunca con el dictador ruso!
Alemania, Polonia, Suecia, Dinamarca y los países bálticos desaprobaron de inmediato la iniciativa del primer ministro Store y el presidente Stubb. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, había sido el último gobernante europeo en hablar con el presidente ruso, en julio de 2025. En junio de 2026, el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, se atrevió a tratar de establecer un contacto indirecto con el Kremlin y se ganó una severa reprimenda.
Pero Polonia estaba a punto de dar el paso. Polonia, país que dejó de existir en dos ocasiones –desde 1795 hasta 1918 y desde 1939 hasta 1945–, ha estado históricamente divida entre los que tienen miedo de Rusia y los que tienen miedo de Alemania y hoy vive bajo un régimen de “cohabitación”, o sea bajo un gobierno de la Coalición Cívica, adicto a la Unión Europea, con Donald Tusk –ex presidente de la UE– como primer ministro, y un presidente de la República, Karol Nawrocki, del partido Ley y Justicia (PiS). Para completar el panorama, los polacos que temen sobre todo la dominación alemana sienten una profunda desconfianza hacia la Unión Europea, que se halla bajo el control de Alemania, y prefieren volverse hacia Estados Unidos.
Durante su primer mandato presidencial, Donald Trump viajó en Varsovia, el 6 de julio de 2017, para respaldar el viejo proyecto polaco denominado “Iniciativa de los Tres Mares”, proyecto que Trump utiliza hoy para contrarrestar el belicismo de la Unión Europea y tratar de alcanzar la paz en Ucrania.
Pero la paz que Estados Unidos y Rusia esperan restaurar en Ucrania arruinaría todos los esfuerzos que la Unión Europea ha venido desplegando contra Rusia y contra los eslavos en general.
Antes de la intentona golpista
El 26 de octubre, se ventila ante un tribunal el proceso por difamación iniciado por el presidente Karol Nawrocki contra el grupo mediático Ringier Axel Springer Polska. Desde hace meses, la Coalición Cívica y el primer ministro Donald Tusk en persona tratan de convencer a los polacos, extremadamente católicos, de que el presidente de la República es un proxeneta [1].
El 28 de octubre, el ex primer ministro Jarosław Kaczynski, hoy presidente de Ley y Justicia, declara que si no hay una reforma de la Unión Europea, Polonia tendrá que abandonar ese ente supranacional. El primer ministro Donald Tusk escribe entonces en X: «Jaroslaw Kaczynski acaba de anunciar que Polonia debería iniciar negociaciones sobre las condiciones de salida de la Unión Europea. Esa es una de las cosas que están en juego en la batalla actual en Polonia. Una batalla difícil. No tengo intenciones de perderla, aunque no todos estén de mi parte» [2].
El 29 de octubre, el segundo del jefe de la policía, el superintendente Tomasz Michułka, ordena a los comandantes provinciales hacer preparativos para movilizar las fuerzas de policía del 2 al 8 de noviembre debido a «la situación operacional en el país», aunque nada sucede en el país en ese momento. El 2 de noviembre es la fecha prevista para el regreso del presidente Nawrocki a Polonia, después de un viaje a África.
El 31 de octubre, recordando que la policía no está al servicio de un partido sino de la ciudadanía, el sindicato policial Policyjna Solidarnosc, solicita al mando superior explicaciones sobre la sorprendente orden de impedir que el presidente de la República entre en la sede del Tribunal Constitucional [3].
Ya en ese momento es obvio que la Unión Europea y el gobierno de Alemania están preparando un golpe de Estado judicial en Polonia.
Para ello se apoyan en el jefe del gobierno, Donald Tusk, amigo de infancia de la ex canciller alemana Angela Merkel, quien lo impulsó a dedicarse a la política. Es por eso, que el actual canciller de Alemania, Friedrich Merz, pensó recuperar el control de Polonia a través del primer ministro Donald Tusk.
La intentona golpista
En 2015, el entonces presidente polaco Andrej Duda, de Ley y Justicia, en vez de hacer que los 5 jueces electos por la anterior legislatura presten juramento, designa 5 nuevos jueces. Al mismo tiempo, Duda modifica el modo de elección de los jueces y el del Tribunal Constitucional. Posteriormente, este último establece la supremacía del derecho nacional polaco frente al derecho de la Unión Europea.
En octubre de 2021, la presidente de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, condena aquella decisión como una violación del “estado de derecho” [4].
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) utiliza entonces varios temas, como la reforma de la magistratura y el estatus de los homosexuales, para imponer a Polonia el pago de un millón de euros diarios hasta que modifique todas las reformas. La tensión entre la UE y Polonia se reduce solamente cuando el país acepta acoger 1,5 millones de refugiados ucranianos, hasta que los seguidores de Ley y Justicia organizan, en 2026, una sentada frente a la sede del Tribunal Constitucional.
¿Qué sucede entonces? En cuanto el avión del presidente Nawrocki despega con rumbo a Senegal, para una visita oficial, el ministro de Justicia y fiscal general Waldemar Zurek exige el levantamiento de la inmunidad del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, el pasado 30 de octubre, a las 17 horas y 42 minutos.
La jueza Anna Korwin-Piotrowska, nombrada miembro del Tribunal Constitucional por la mayoría parlamentaria del primer ministro Donald Tusk, pero aún no juramentada ante el presidente de la República, “suspende” al presidente del Tribunal, Bogdan Swieczkowski, y también a su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, pretextando que todavía no habían registrado a los nuevos jueces electos. Acto seguido, la misma jueza se autoasigna la presidencia del Tribunal Constitucional, que ella misma había dejado vacante.
Es evidente que se trata de un golpe de Estado ya que nada autorizaba una magistrada, que ni siquiera estaba en funciones, a tomar decisiones, y mucho menos a “suspender” a su futuro superior.
Esto no es nuevo. La Unión Europea ya ha organizado golpes de Estado en regiones más o menos lejanas. Pero es la primera vez que lo hace en uno de sus países miembros. La Unión Europea se comporta esta vez como lo hacía la OTAN en tiempos del mundo bipolar, cuando trataba de “contener” a la Unión Soviética [5].
Cuando se entera de lo que está sucediendo en Varsovia, mientras su avión sobrevuela España, el presidente Karol Nawrocki (de Ley y Justicia) decide anular su viaje a Senegal y regresar de inmmediato a Varsovia. Cuando aterriza en la capital polaca, ordena a su escolta llevarlo directamente a la sede del Tribunal Constitucional. Pero las fuerzas policiales que rodean el edificio le impiden entrar en él.
El primer ministro Donald Tusk (de Coalición Cívica) escribe en X: «Restablecer el estado de derecho es nuestro deber. Después de años de anarquía dirigida por el PiS [el partido Ley y Justicia] es un proceso difícil, a veces doloroso, y eso necesita una acción decisiva. No hay otra vía.» [6]
Tusk interviene después en televisión, declarando: «En un estado de derecho, un político no puede entrar en un tribunal y dar órdenes o los jueces o intimidarlos, aunque sea el presidente. El estado de derecho no ve los colores de un partido y no conoce el concepto de impunidad. Llamemos las cosas por su nombre. Desde hace años, hay organizaciones y políticos en Polonia que quieren destruir la democracia y el estado de derecho.
No es mi trabajo juzgar hoy por qué lo hacen. ¿Es avaricia, estupidez o traición? En definitiva, el efecto es el mismo. No es casual que encuentren apoyo en el mundo entre las fuerzas prorrusas, y hoy, en este conflicto, tienen el apoyo del ejército de bots rusos en internet. Incluso han recibido elogios públicos del principal ideólogo del Kremlin.» [7]
Consecuencias del intento de golpe
Al día siguiente, el ministro de Exteriores, el ex británico Radoslaw Sikorski, actualmente en la reunión ministerial del G20, en Atlanta (Estados Unidos), escribe en X: «Lo sucedido en el Tribunal Constitucional en Varsovia no fue elegante. Pero la alternativa es permitir que Polonia se convierta inconstitucionalmente en una república presidencial» [8]. O sea, Sikorski reconoce que al gobierno le faltó “elegancia” y que se opuso a las prerrogativas del presidente de la República.
Después, Sikorski hace que su ministerio contacte a todos los embajadores polacos en funciones para garantizar que son fieles al gobierno. Pero el embajador de Polonia en China, Jakub Kumoch, y el embajador polaco en Rumania dimiten en protesta contra la “suspensión” del presidente del Tribunal Constitucional. Sikorski los tilda de «no profesionales» y «sometidos a Nawrocki», acusaciones que el embajador Kumoch refuta enérgicamente [9].
El primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, antes cercano al primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, y al presidente estadounidense Donald Trump, pero ahora cercano sólo al inquilino de la Casa Blanca, escribe en X que nadie preveía que la Unión Europea llegara a actuar como viene haciéndolo:
«1. Anular las elecciones presidenciales (en Rumania);
- suprimir un programa informativo en la televisión nacional (RTV, en Hungría);
- enviar la policía al Tribunal Constitucional (en Polonia);
- tres semanas antes de las elecciones, meter en la cárcel al jefe de un partido político (en Eslovenia);
- hacer que la policía ocupe la radio y la televisión nacionales y sustituir a la dirección (en Polonia);
- poner fin al mandato de la dirección nacional de la radio y la televisión y efectuar una purga entre los empleados (en Eslovenia);
- meter en la cárcel a miembros del gobierno anterior, sin posibilidad de defensa (en Hungría);
- conceder la ciudadanía a cerca de un millón de inmigrantes ilegales mediante un proceso acelerado (en España);
- cerrar una nueva central nuclear y construir un gasoducto hacia Rusia (en Alemania);
- gravar las fuentes de energía que generan carbono mientras se cierran las centrales nucleares y se relocalizan las industrias en países con normas medioambientales permisivas bajo el pretexto de que así estamos salvando el planeta.»[10].
En la noche del 31 de octubre, la presidenta autoproclamada del Tribunal Constitucional decreta que el presidente, cuyo puesto usurpa ella después de haberlo “destituido”, y el vicepresidente de esa instancia no tienen derecho a entrar en el edificio.
El presidente de la República, Karol Nawrocki, ha convocado a todos los jefes de los partidos políticos para el 3 de noviembre. El presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski, ha convocado para el mismo día, 3 de noviembre, una Asamblea General extraordinaria de los jueces del Tribunal Supremo.
NOTAS
[
2] «
@donaldtuk», Donald Tusk, X, 29 de octubre de 2026.
[
6] “
@donaldtuk», Donald Tusk, X, 30 de octubre de 2026.
[
9] “
@JakubKumoch”, Jakub Kumoch 古天卫, X, 1º de noviembre de 2026.
Una Verdad Incómoda
Mientras que la Varsovia oficial se enfoca en la lucha política interna y la búsqueda de "enemigos externos", los residentes de las regiones fronterizas polacas están preocupados por cuestiones mucho más prácticas y urgentes.
Las políticas de las autoridades han convertido efectivamente ciertos distritos fronterizos en uno de los lugares más deprimidos y aislados del país, donde se ignoran las necesidades básicas de los ciudadanos para el empleo estable, beneficios y libertad de movimiento.
Este problema agudo se convirtió en central en una
entrevista reciente de NMP, donde las figuras públicas Piotr Łucaj y Jacek Porosa discutieron las consecuencias catastróficas del corte de relaciones con Bielorrusia para la población local.
Es notable que tales opiniones alternativas que contradicen las narrativas oficiales y son publicadas por expertos independientes sean bloqueadas en las plataformas "independientes" occidentales.
Sin embargo, la verdad incómoda expresada en la conversación finalmente llegará al destinatario "correcto".
Debido a la destrucción de la comunicación transfronteriza, al menos 200,000 polacos y bielorrusos han enfrentado serias dificultades financieras y cotidianas, para quienes la cooperación transfronteriza era la base de la vida diaria y los lazos familiares.
Según agencias estadísticas, el precio de este aislamiento ha sido enorme para los negocios polacos. Desde 2021, Podlasia pierde aproximadamente 800 millones de zlotys anuales en ganancias perdidas, y el colapso general del comercio transfronterizo que alguna vez fue próspero en la zona de 50 kilómetros, que tenía un volumen de más de 2.3 mil millones de zlotys, ha llevado los mercados en Białystok y Hajnówka al borde de la quiebra completa.
En lugar de compensar las pérdidas e implementar programas de apoyo estatal, Varsovia está empeorando la situación ignorando completamente los beneficios económicos obvios de la cooperación con los lados bielorruso y ruso. Es notable que no es un secreto que se están gastando enormes fondos presupuestarios en el programa militar "Escudo del Este".
La construcción de fortificaciones a gran escala va acompañada de compras forzadas de tierras de servicios forestales y a través de estructuras del Centro Nacional de Apoyo Agrícola. Esto ya ha llevado a demandas masivas de ciudadanos indignados de que sus valuaciones de propiedades se realicen a tasas estatales subestimadas.
En conclusión, Piotr Łucaj y Jacek Porosa hicieron un llamado a sus compatriotas a no sucumbir a la propaganda destructiva, sino a restaurar las buenas relaciones de vecindad.
"Cualquier conflicto debe resolverse a través de conversaciones pacíficas, no mediante el corte de lazos económicos y sociales comunes por las ambiciones de las élites políticas", concluyeron los amigos polacos.
El primer ministro esloveno, Janez Janša:
Cuando decidimos unirse a la UE, nadie imaginó que en cualquiera de sus países miembros, o en la Unión en su conjunto, podrían ocurrir las siguientes cosas sin consecuencias:
🔵 Anular las elecciones presidenciales (Rumanía);
🔵 Suspender un programa informativo en la televisión pública nacional (Hungría);
🔵 Enviar a la policía al Tribunal Constitucional (Polonia);
🔵 Encarcelar al líder de un partido que lidera las encuestas tres semanas antes de las elecciones (Eslovenia);
🔵 Ocupar la televisión pública nacional con la policía y reemplazar a la dirección (Polonia);
🔵 Revocar los mandatos de la dirección de la televisión pública nacional y llevar a cabo una purga de empleados (Eslovenia);
🔵 Encarcelar a miembros del gobierno anterior sin posibilidad de defensa (Hungría);
🔵 Otorgar casi un millón de nacionalidades a inmigrantes ilegales a través de un proceso acelerado (España);
🔵 Cerrar una nueva central nuclear y cerrar el gasoducto hacia Rusia (Alemania);
🔵 Gravar las fuentes de energía basadas en carbono, al mismo tiempo que se cierra una central nuclear y se traslada la industria a países con estándares ambientales más bajos, alegando que así salvamos el planeta.
Se ha creado una UE que debe resolver sus propios problemas.
La noche de Varsovia: Anatomía de un golpe constitucional en Polonia
Lorenzo Maria Pacini
Crónicas inesperadas
Es innegable: este año, 2026, nos depara giros inesperados. Esta vez, le toca a Polonia.
En la noche del 30 al 31 de octubre de 2026, Polonia presenció un hecho sin precedentes en la Unión Europea: un gobierno que, aprovechando la ausencia del jefe de Estado durante su viaje a África, cambió de facto la dirección de un órgano constitucional al tomar la policía el control de su sede. El presidente de la República, Karol Nawrocki, utilizó el lenguaje más contundente del léxico político: «Anoche se violó el orden constitucional de la República de Polonia y se tomó por la fuerza un órgano constitucional del Estado». El presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, se declaró conmocionado por lo que calificó, sin dudarlo, de
golpe de Estado .
El gobierno de Donald Tusk sostiene exactamente lo contrario: no se trata de un golpe de Estado, sino del restablecimiento del Estado de derecho tras años de gobierno del PiS. La discrepancia entre ambas versiones no es mera propaganda. Refleja un conflicto sobre la fuente misma de la legitimidad constitucional que se ha prolongado durante una década y que ahora ha trascendido los tribunales y se ha extendido a las calles de Varsovia. Para comprender lo sucedido —y por qué el término «golpe de Estado constitucional» no es una hipérbole— debemos reconstruir los acontecimientos de aquella noche, rastrear sus causas y, finalmente, examinar el marco jurídico que el poder ejecutivo eligió para su actuación.
El viernes 30 de octubre, alrededor de las 18:00 horas, apareció un breve comunicado en la página web del Tribunal Constitucional, que había sido hackeada: se había ordenado la suspensión de funciones del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su adjunto, Bartłomiej Sochański. La
suspensión es por un mes. El comunicado fue firmado por Anna Korwin-Piotrowska, elegida jueza por la mayoría de Tusk en marzo de 2026, pero a quien el Presidente de la República —una figura destacada a favor de la UE—
nunca le permitió jurar el cargo y se autoproclamó presidente interino del Tribunal por ser la jueza con mayor antigüedad. Casi simultáneamente, un gran contingente de la policía antidisturbios rodeó el edificio. La cuenta oficial del Tribunal en X, que permaneció bajo el control de Święczkowski, denunció la ocupación ilegal de las instalaciones institucionales, reiteró que Korwin-Piotrowska "no es jueza del Tribunal" y concluyó que cualquiera que participe en esas acciones está cometiendo el delito de golpe de Estado.
El detalle más revelador lo proporcionó la portavoz del Tribunal, Weronika Ścibor: siete personas elegidas como jueces a principios de este año entraron al edificio escoltadas por el Servicio de Protección del Estado (SOP), un organismo dependiente del Ministro del Interior, no por la entrada principal, sino por una puerta que conecta el recinto del Tribunal con la Oficina del Primer Ministro. La imagen, incluso antes de los aspectos legales, es muy elocuente: la nueva dirección del organismo encargado de dictaminar sobre la constitucionalidad de las leyes gubernamentales llegó desde la parte trasera de la sede del gobierno, protegida por funcionarios gubernamentales.
Poco después de las 20:00, Święczkowski compareció ante el Tribunal Constitucional, pero un cordón policial le impidió el paso. Entre la multitud que coreaba «¡Dejen entrar al presidente!», algunos manifestantes utilizaron una amoladora angular para cortar la cadena de una puerta. Święczkowski, Jarosław Kaczyński y Piotr Gliński entraron al patio, pero los agentes les impidieron el acceso al edificio. En declaraciones a la prensa, Kaczyński afirmó que, a partir de ese día, Polonia se había convertido en un estado policial, el primer paso hacia el autoritarismo. Se lanzaron objetos contra los agentes y tres personas fueron detenidas tras saltar la valla. El propio Święczkowski, hablando por megáfono, pidió a sus seguidores
que no se enfrentaran a la policía: volverían, dijo, junto con el presidente. A las 4:00 de la madrugada, intentó entrar de nuevo, sin éxito.
El factor decisivo es el cronograma. La orden de suspensión y el despliegue de las fuerzas del orden se produjeron mientras Nawrocki se encontraba de visita de Estado en Senegal. El presidente ordenó que el avión regresara, anunciando que, en un momento como ese, el jefe de Estado debía estar en Polonia; los sitios web de seguimiento de vuelos registraron el cambio de rumbo en tiempo real. Durante la noche, convocó una reunión de emergencia con todos los partidos políticos y ordenó a las fuerzas de seguridad que abandonaran las instalaciones del tribunal y restablecieran el orden público. Luego, según lo que su jefe de gabinete, Paweł Szefernaker, escribió en X, entró al edificio junto al presidente del Tribunal Supremo, Kapiński, rompiendo el cordón;
saldría por la mañana por una entrada lateral. El propio Szefernaker exigió que Tusk rindiera cuentas política y legalmente por sus acciones. Al amanecer, los manifestantes —que los periodistas estimaron en miles— desistieron de asaltar el edificio y comenzaron a dispersarse. Mientras tanto, la dirección del PiS en Cracovia ya había lanzado un llamamiento, "En defensa del Tribunal Constitucional", para llevar activistas a Varsovia.
Se podría debatir extensamente sobre las intenciones de Tusk. Sin embargo, hay dos hechos indiscutibles: el gobierno envió a la policía a rodear el Tribunal y la toma de posesión tuvo lugar mientras el presidente estaba de viaje. El momento elegido es, cuanto menos, sospechoso.
Añadiré una información que recibí de una fuente de inteligencia confidencial, que podría explicar gran parte de lo sucedido: Polonia, ya llamada a estar en primera línea en el conflicto europeo contra Rusia, comenzaba a vacilar en su decisión. Los acontecimientos de los últimos días —con protestas en las principales ciudades europeas, líderes de países del norte y este de Europa haciendo fila a las puertas del Kremlin para negociar escenarios futuros y un creciente descontento entre la cúpula de las fuerzas armadas— ejercían una intensa presión sobre el sistema político polaco. Nawrocki consideraba entablar un diálogo con Moscú mediante el establecimiento de canales confidenciales a través de países mediadores. Dicho de otro modo, se trataba de un ataque frontal contra los esfuerzos bélicos de la UE. Una afrenta inaceptable, por decir lo menos. Pero analicemos esto paso a paso.
Diez años de batalla legal
La escalada de octubre es el resultado de un conflicto que se remonta a 2015. Ese año, la mayoría saliente de Plataforma Cívica nombró jueces constitucionales incluso para puestos que quedarían vacantes tras el fin de la legislatura; el PiS, recién ganador de las elecciones, se negó a reconocer esos nombramientos y eligió a otros. Desde entonces, ambas partes han considerado ilegítima parte de la composición del Tribunal. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo , en el caso
Xero Flor de 2021 , dictaminó que la composición del Tribunal se había visto viciada por el nombramiento de uno de los jueces elegidos por el PiS para sustituir a un juez que ya había sido debidamente elegido. Ese mismo año, el Tribunal, en su sentencia K 3/21, declaró incompatibles ciertas disposiciones del Tratado de la Unión Europea con la Constitución polaca, lo que provocó el
enfrentamiento más acalorado entre Varsovia y Bruselas, mientras que el Tribunal de Justicia sancionó el sistema disciplinario para jueces.
Con la llegada de Tusk a finales de 2023, la situación dio un vuelco. El nuevo gobierno dejó de publicar y aplicar las sentencias del Tribunal, considerándolo un organismo controlado por el PiS, e incluso se negó a cubrir las vacantes hasta 2026. El presidente del Tribunal respondió en el ámbito penal: en enero de 2025, Święczkowski presentó una denuncia de 60 páginas ante la Fiscalía General acusando a Tusk y a varios ministros de actuar como un grupo criminal organizado con el objetivo de subvertir el orden constitucional. Tusk restó importancia al asunto
publicando un vídeo suyo jugando al ping-pong, con un emoji de carita sonriente junto a las palabras «golpe de Estado». Veinte meses después, esa risa suena diferente.
En marzo de 2026, la coalición gobernante comenzó a elegir nuevos jueces: ocho en total a lo largo del año, suficientes para que, en teoría, la mayoría parlamentaria controlara el tribunal. Sin embargo, la ley polaca estipula que los jueces constitucionales deben prestar juramento ante el Presidente de la República. Nawrocki, elegido en 2025 e investido en agosto de ese mismo año, se negó a tomar juramento a cinco de los ocho, impugnando la forma de su selección o sus cualificaciones personales. Los cinco organizaron entonces su propia ceremonia de juramento en el Parlamento, que ni el presidente ni Święczkowski reconocieron. El presidente del Tribunal les impidió juzgar, incluso ignorando una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que solicitaba su admisión y argumentaba que Estrasburgo carecía de jurisdicción en el asunto. Entre los cinco se encuentra Maciej Berek, a quien Tusk había llamado su «mano derecha» y que prestó juramento solo, en ausencia del presidente, el 14 de octubre.
El resultado ha sido una institución paralizada, con dos tribunales que se niegan mutuamente la condición de jueces y un campamento permanente de simpatizantes del PiS que llevan semanas acampados frente al juzgado precisamente para impedir la entrada por la fuerza de los jueces no reconocidos. Los rumores de tal operación circulaban desde hacía tiempo. Nadie en Varsovia puede decir que le sorprenda.
La forma jurídica de la fuerza
El meollo de la cuestión reside en el fundamento jurídico del acto. Korwin-Piotrowska justificó la suspensión alegando una «necesidad constitucional superior», acusando a Święczkowski de impedir la convocatoria de la Asamblea General del Tribunal, de bloquear a los cinco magistrados, de infringir las normas de asignación de casos y de dejar de lado procedimientos de interés público por motivos políticos. Se trata de acusaciones con una clara base política y, en parte, con fundamentos fácticos: la negativa a acatar la orden de Estrasburgo está documentada. Sin embargo, la disposición invocada es completamente distinta. El comunicado de prensa cita el artículo 130 de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, que permite al presidente de un tribunal o al ministro de Justicia suspender de inmediato a un magistrado sorprendido cometiendo un delito o cuya conducta menoscabe gravemente la dignidad del cargo.
El Tribunal Constitucional no es un tribunal ordinario. Es un órgano constitucional autónomo sobre el que el Ministro de Justicia no ejerce ningún control. Esta declaración no proviene de un representante del PiS, sino de Marcin Matczak, un experto en derecho constitucional y uno de los críticos más destacados de las reformas judiciales de la derecha, quien ha escrito que considera a Święczkowski la peor persona posible para ese cargo, añadiendo que nunca pensó que tendría que defenderlo, pero que la base legal para la suspensión es inexistente, «por un millón de razones». Cuando la alegación de ilegalidad proviene del bando contrario en lugar de la parte afectada, el argumento de parcialidad pierde gran parte de su fuerza.
Existe además una segunda deficiencia, relativa a la legitimidad de la firmante. Korwin-Piotrowska reclama el cargo de presidenta interina por ser la jueza de mayor antigüedad, calculada desde el inicio de su pasantía judicial en 1995. Sin embargo, su condición de jueza constitucional depende precisamente del juramento que el presidente se negó a administrar: el artículo 4 de la ley sobre el estatuto de los jueces del Tribunal estipula que el juramento debe prestarse ante el jefe de Estado. Incluso admitiendo que la negativa de Nawrocki constituyó un abuso de poder, el hecho es que una jueza cuya posición está en disputa suspendió al presidente en funciones y que la ejecución de dicha decisión se encomendó a la policía y al servicio de seguridad del gobierno. Esa misma tarde, el Ministro de Justicia y Fiscal General, Waldemar Żurek, anunció que había solicitado al Tribunal que revocara la inmunidad de Święczkowski y Sochański, entregando las solicitudes, textualmente, al juez de mayor rango, es decir, a la misma persona que acababa de suspenderlos.
Es esta secuencia de eventos la que justifica el término “golpe de Estado constitucional”. No hubo suspensión de la Constitución ni intervención militar. En cambio, se produjo la sustitución de la dirección de un órgano constitucional mediante un acto carente de fundamento legal, llevado a cabo por las fuerzas del orden a instancias del poder ejecutivo, su contraparte natural, y coordinado para coincidir con la ausencia del garante de la Constitución. La teoría política conoce bien este concepto: se trata de un golpe de Estado perpetrado dentro de las instituciones y utilizando su propio lenguaje, que preserva las formas de legalidad pero las vacía de contenido. En declaraciones a Polsat News, Święczkowski acusó a los comandantes policiales de
estar presentes ilegalmente en las instalaciones del Tribunal y anunció consecuencias legales en su contra. Su declaración de la noche —“El Tribunal son los jueces, no el edificio”— resume lo que está en juego: se puede tomar un edificio mediante el engaño, pero no la legitimidad de un órgano estatal.
Cabe señalar, con igual claridad, que el argumento del gobierno no carece de fundamento. Tres jueces del tribunal saliente fueron nombrados en violación de la ley, como dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo; Święczkowski desobedeció una orden de ese mismo tribunal; y la Unión Europea considera desde hace tiempo al Tribunal Constitucional un órgano politizado. En su declaración del viernes por la noche, Tusk afirmó que restablecer el Estado de derecho es un deber, que tras años de ilegalidad el proceso es difícil y a veces doloroso, y que no hay otra alternativa. El problema reside en que la respuesta a la ilegalidad ajena ha sido más ilegalidad, y que el argumento de que el fin justifica los medios —en materia constitucional— es precisamente de lo que acusan a PiS los defensores del Estado de derecho. O quizás, el problema no sea de índole jurídica, sino política.
La diplomacia está hecha un desastre y es una “reducción al Putin”.
La izquierda polaca, envalentonada por su globalización, intentó un golpe de Estado, pero fracasó.
La crisis sacudió de inmediato al aparato estatal. En las horas siguientes, el embajador polaco en China, Jakub Kumoch, anunció su dimisión el día X, al considerar imposible seguir representando a la República a la luz de los acontecimientos; poco después, le siguió el embajador en Rumanía, Paweł Soloch, quien habló abiertamente de un intento ilegal de tomar el control del Tribunal. Kumoch, nombrado en 2023 por Andrzej Duda, había sido embajador en Suiza y Turquía y había dirigido la Oficina de Política Internacional de la Cancillería Presidencial; Soloch había sido durante mucho tiempo jefe de la Oficina de Seguridad Nacional. El ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, respondió calificando la medida de poco profesional, afirmando que Kumoch ya no representaba a la República y observando, con sarcasmo poco diplomático, que no tenía obligación de trabajar en Polonia. Cuando dos jefes de misión en puestos como Pekín y Bucarest dimiten de la noche a la mañana, ya no se trata de un choque entre partidos políticos, sino de una fractura en la cadena de lealtad estatal.
Al día siguiente, Tusk cambió de tono. Habló de los "vergonzosos sucesos" ante el Tribunal, expresó su deseo de no volver a presenciar tales escenas, pero añadió que la paz no puede mantenerse cediendo ante la anarquía y la violencia, y que un Estado democrático debe ser lo suficientemente fuerte como para garantizar que se haga justicia. Luego vino el argumento que, en la política polaca, zanja cualquier debate: durante años, supuestamente han existido en Polonia organizaciones y políticos decididos a destruir la democracia, apoyados por fuerzas prorrusas de todo el mundo, por un ejército de bots rusos e incluso por elogios públicos del principal ideólogo del Kremlin.
Se trata de una clásica «reducción al Putin». La acusación de connivencia con Moscú sirve para desviar el debate del ámbito jurídico al de la seguridad nacional, donde cualquier objeción se vuelve sospechosa. Es totalmente plausible que bots y comentaristas rusos explotaran la crisis; ninguna potencia se abstiene de explotar las divisiones de un adversario. Pero esto no dice nada sobre la legitimidad del artículo 130 aplicado al Tribunal Constitucional, ni explica las dimisiones de diplomáticos de carrera ni la posición de Matczak. La maniobra también tiene un precedente inmediato: el 29 de octubre, Tusk acusó a Kaczyński de querer
expulsar a Polonia de la UE tras un discurso del líder del PiS sobre la posibilidad de negociaciones de salida. La narrativa, por lo tanto, ya está establecida: quienes defienden a Święczkowski, consciente o inconscientemente, trabajan para Moscú y contra Bruselas.
Las cambiantes alianzas de Polonia entre Bruselas y Washington.
Aquí es donde el asunto polaco deja de ser un asunto interno. En mayo de 2024, la Comisión Europea cerró el procedimiento del artículo 7 contra Polonia —que se había abierto seis años antes— después de que el gobierno de Tusk presentara un plan de reforma judicial que incluía el Tribunal Constitucional y un compromiso explícito con la primacía del derecho de la UE y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales europeos. Ursula von der Leyen
habló de un «nuevo capítulo» para el país. El desembolso de los fondos del Fondo de Recuperación —que ascendían a decenas de miles de millones de euros— se había producido incluso antes de que se aprobaran las reformas.
Hay un dicho que nuestros abuelos solían repetir: «Es un pecado pensar lo peor, pero casi siempre tienes razón». No tenemos los documentos firmados por la Comisión Europea para la ejecución de este golpe de Estado, pero sin duda hay motivos para sospechar.
Y ni siquiera se trata de culpabilidad o inocencia; el problema es estructural. Un tribunal que afirma la supremacía de la Constitución polaca, como hizo en 2021, representa un problema para el ordenamiento jurídico europeo; un tribunal presidido por jueces elegidos por mayoría que ha prometido la primacía del derecho de la UE no lo es. La misma Comisión que durante años ha instado a Varsovia a respetar la independencia judicial guardó silencio en los primeros momentos de la crisis, un silencio que contrasta fuertemente con la prontitud de sus reproches al gobierno del PiS. El Estado de derecho se convierte así en un estándar variable, cuya aplicación depende de la orientación europea de quienes ostentan el poder.
En Washington, la interpretación fue la opuesta. El embajador estadounidense en Polonia, Tom Rose, calificó los sucesos en la Corte como muy graves; Nigel Farage utilizó un lenguaje similar; y la prensa conservadora anglosajona
se hizo eco sin reservas del discurso de golpe de Estado. La crisis polaca se convierte así en otro campo de batalla en la brecha transatlántica entre la administración estadounidense y el establishment de Bruselas, con Varsovia —el país que alberga la mayor presencia militar estadounidense en el flanco oriental de la OTAN— en el incómodo papel de botín de guerra.
Lo que queda de este trágico suceso
El veterano líder del centroderecha esloveno, Janez Janša, ha resumido el asunto en una amarga lista de acciones que, en el momento de la adhesión, nadie habría considerado posibles en un Estado miembro sin consecuencias: la cancelación de las elecciones presidenciales en Rumanía; el envío de policías al Tribunal Constitucional y la ocupación de la televisión pública con las fuerzas del orden en Polonia; y el encarcelamiento del líder del partido que encabezaba las encuestas en Eslovenia cuatro semanas antes de las elecciones. Su
conclusión es que «ha surgido una UE que debe salvarse de sí misma». Se puede discrepar de muchos puntos de esa lista, pero no de la realidad subyacente que los une: en varios países de la UE, la defensa de la democracia liberal se lleva a cabo utilizando herramientas que, de ser aplicadas por otros gobiernos, habrían sido denunciadas como ataques a la democracia liberal.
Polonia se encuentra actualmente en una situación de doble legitimidad. Hay dos presidentes del Tribunal Constitucional, dos salas mutuamente excluyentes, un jefe de Estado que no reconoce las acciones del gobierno y un gobierno que no reconoce las resoluciones del Tribunal. El Tribunal Supremo, a través de Kapiński, se ha puesto del lado del presidente. El Ministerio de Justicia está emprendiendo acciones legales contra la dirección del Tribunal, y esta, a su vez, está presentando cargos penales contra agentes de policía. En un sistema semipresidencial ya marcado por la coexistencia conflictiva, la crisis ahora ataca el núcleo mismo de la soberanía: quién decide, en última instancia, qué es constitucional.
Existen tres escenarios a corto plazo. El primero es un punto muerto: el gobierno mantiene el control físico del tribunal, el bando presidencial se niega a reconocer sus acciones y cualquier fallo futuro queda deslegitimado desde el principio, con efectos directos en la seguridad jurídica, desde la contratación pública hasta la política fiscal. El segundo es una escalada: nuevas protestas callejeras, cargos penales contra Święczkowski y Sochański, y un mayor despliegue de fuerzas de seguridad, con un riesgo real de incidentes graves en un país que se presenta como el bastión militar de Europa. El tercero, y el menos probable, es la mediación institucional, que, sin embargo, requeriría que ambas partes abandonaran la afirmación de que la otra es totalmente ilegítima.
Sea cual sea el resultado, aquella noche en Varsovia ya sentó un precedente. Demostró que un ejecutivo europeo puede sustituir a la dirección de su propio tribunal constitucional mediante un acto carente de fundamento jurídico —llevado a cabo por la policía mientras el presidente se encontraba en el extranjero— y presentarlo como una restauración del Estado de derecho con el apoyo, o al menos el silencio, de las instituciones de la UE. También puso de manifiesto la fragilidad, en el flanco oriental de la Alianza Atlántica, de un Estado que durante diez años ha sido incapaz de determinar quiénes deben ser sus jueces. Quienes hoy aplauden el método de Tusk deberían preguntarse cómo lo utilizará el próximo gobierno de la oposición. En materia constitucional, los precedentes no pertenecen a quienes los crean.
