“Quien habla siembra, y quien escucha recoge”. Este es un sabio proverbio atribuido al pueblo persa, aunque, en realidad, ha tenido muchas versiones desde que el mundo es mundo.

Aristóteles sostenía que el oído, en el hombre, es camino para aprender; es, podríamos decir, el sentido que más alimenta el intelecto y, por tanto, el que más enriquece al homo sapiens, sobre todo al zoon politikon, al animal social y político que subyace en todo ser humano. Plutarco advertía después que sí sabemos escuchar sacaremos partido, incluso, de los que hablan mal, mientras su coetáneo Epicteto afirmaba, según la tradición estoica, que saber escuchar es todo un arte…

Lo que pasa es que esa disposición humana, el saber escuchar y el aprender escuchando, es de difícil asunción. Se escucha poco y, de hecho, hasta muchos de los que escuchan suele hacerlo mal: cuando dos personas conversan, a solas una con otra, casi no escuchan otra cosa que sus propias palabras.

¿DEMOCRACIA SIN PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA?

Pero, curiosamente, donde la tara de la sordera selectiva se da con mayor evidencia es en la vida política, lo que no deja de ser paradójico considerando que su objeto principal es el liderazgo social. Porque ¿cómo se puede representar eficaz y éticamente a alguien si no se le escucha?

Claro está, que no es fácil escuchar a todos los ciudadanos, uno por uno, ni tampoco representarlos en su infinita particularidad. Pero para superar ese problema existen instrumentos perfectamente fiables de sobra conocidos por las clases dirigentes y que se aplican de forma intensiva, por ejemplo, en la actividad comercial, que es la que termina sustanciando el conjunto de la economía.

El “marketing”, que tiene aplicación en todas las actividades humanas, incluida por supuesto la política, no tiene más objeto que correlacionar las demandas de los ciudadanos (el mercado) con las capacidades productivas que han de satisfacerlas. Sus expertos preguntan a los consumidores o usuarios qué necesitan, qué quieren o qué rechazan, obteniendo un cuadro estadístico que refleja fielmente la realidad sociológica y motivacional del momento. Así de sencillo.

Además, en el ámbito más específico y profundo de la política, la sociedad moderna cuenta con órganos de representación intermedia muy informados en sus respectivos entornos de actividad, legitimados constitucionalmente junto a las patronales y los sindicatos: hablamos de colegios profesionales, reales academias, organizaciones de consumidores y usuarios, fundaciones y sociedades científicas, asociaciones sectoriales… Un amplio conjunto de entes socio-profesionales totalmente compatibles con los partidos políticos, que deberían ejercer como contrapeso de estos y como instrumentos para perfeccionar el sistema de convivencia democrática.

En su libro Pour une république moderne (Gallimard, 1962), Pierre Mendès France los describió como auténticos pilares de la democracia, necesarios para su funcionamiento más allá del papel de los partidos políticos. Y lo hizo con la noble intención de estimular al ciudadano para que participe en la vida pública, sin lo que, en su opinión, no hay democracia posible.

A lo largo de su inteligente ensayo, el estadista francés reitera de diversas formas esta síntesis conceptual: “No ha de olvidarse nunca que la democracia no es un arte de agencia, un mecanismo ingenioso de instituciones exteriores a los ciudadanos, aun en el caso de que éstos se hayan adherido a ellos más o menos pasivamente e incluso los hayan aprobado. Ella [la democracia] debe penetrar la actividad colectiva en todas sus manifestaciones y en todos sus niveles. Reclama una participación del mayor número bajo todos los aspectos y en todos los momentos posibles”.

Antes de acometer su trabajo, Mendès France, que ya había sido Primer Ministro de Francia en 1954/55 (durante la IV República), añadió a su ya notable saber y experiencia el fruto de un gran esfuerzo de observación específica sobre los temas que quería abordar, con objeto de adquirir un conocimiento “propio” de esa realidad.

De hecho, empezaba el capítulo primero del libro advirtiendo: “Durante un año he visitado un gran número de villas y departamentos. No se trataba de correr de una capital a otra para dar una representación por la tarde y partir al alba siguiente. Los mítines que he tenido no eran jamás el objeto del viaje. Iba, principalmente, a encontrar, individualmente o por pequeños grupos, a los hombres que por sus funciones, su vocación, sus actividades, se hallaran adscritos a los negocios de la región o del país”.

Y, a continuación, seguía explicando sus conversaciones “con los dirigentes de las más importantes formaciones y asociaciones profesionales, sindicales y culturales, los representantes de las centrales obreras, organizaciones agrícolas y patronales, grupos de juventud, movimientos de estudiantes, cuadros de los sectores públicos y privados, artistas y universitarios, médicos, magistrados, periodistas, funcionarios, militantes políticos, hombres de izquierda y de derecha… de Grenoble a Lille, de Rennes a Clermont-Ferrand, de Bordeux a Strasbourg…”.

En esa misma obra, Mendès France también preconizaba una lúcida innovación política: la necesidad de una segunda Asamblea que representase a los grupos sociales y los intereses profesionales, “fuerzas nuevas a las cuales el Estado debe reconocer un papel y que deben participar en su funcionamiento”…

Paréntesis: Hoy, la Asamblea de Francia se conoce coloquialmente como “Alta Asamblea”, pero en su origen (la Constitución Termidoriana de 1795 que estuvo vigente hasta 1799) se creó con el significativo nombre de “Consejo de Ancianos”, es decir personas experimentadas a las que se debía escuchar).

LA SORDERA SELECTIVA DE LA CLASE POLÍTICA

Sin embargo, la actual clase política española pasa olímpicamente de esta realidad social no partidista y mucho más representativa, desoyendo de forma sistemática a los ciudadanos de a pie, tanto si se pronuncian de forma individual como colectiva. Sólo se escucha a sí misma, dentro de cada partido o, cuando lo impone la aritmética parlamentaria, en el marco pactista exigido para prevalecer en el poder; aunque el país sea, como es obvio, mucho más que sólo partidos políticos y también algo bastante más trascendente.

Todavía peor, el Gobierno desoye de forma sistemática incluso a su más alta institución consultiva, el Consejo de Estado. O la ignora, sin más, como ha hecho en la última reforma del modelo de Fuerzas Armadas.

Eso al margen de que el Parlamento no preste la menor atención a ninguno de sus dos órganos delegados: el Tribunal de Cuentas, responsable de fiscalizar la gestión económica del Estado y del sector público, y el propio Defensor del Pueblo, instituido precisamente para defender las libertades y derechos fundamentales que establece la Constitución.

Un ejemplo palpable de esta capacidad de “audición selectiva”, o de escucha “clasista”, es la atención que en plena crisis económica e institucional Rajoy acaba de prestar al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que también es alcalde de Santander por el PP, para “madurar” la idea previa del Gobierno de reducir concejales y municipios, algo que al parecer ya estaba perfectamente dibujado en el borrador de una nueva ley de administración local.

En este tema (la racionalización de las administraciones), en el que jamás se escuchó la opinión ciudadana, sí parece que PP y PSOE se han escuchado entre ellos y que, a su vez, han sido escuchados por Rajoy, según cuenta “El País” (05/12/2012); aunque es de temer que tratándose, como se trata, de un posible entendimiento entre los partidos políticos mayoritarios, al final tendrá un resultado corporativista y reñido con el interés general. Es decir, que muy probablemente no habrá reducción significativa de municipios ni de concejales, y tampoco ningún otro adelgazamiento razonable de la obesidad administrativa, sino más bien algún tejemaneje político-financiero para que las cosas sigan más o menos como están.

LAS REFORMAS ENFRENTADAS A QUIENES HAN DE APLICARLAS

Hoy el Gobierno, como hace la clase política en su conjunto, sólo escucha su propia voz y sólo procesa sus propias ideas (las directrices de Bruselas son “fuerza mayor” y cosa aparte), desoyendo a las bases sociales por muy razonables y numerosas que sean, y aunque, como tal Gobierno, les deba su propia posición. E incluso tenga la obligación de gobernar para todos los ciudadanos: los que le hayan prestado su voto y los que no, en una exigencia de respeto democrático que nuestros políticos suelen ignorar de forma lamentable.

Y, claro está, también desoye a las corporaciones y entidades profesionales más emblemáticas y enraizadas con la realidad vital del país. Las que, por su gran penetración en el tejido social y capacidad de auscultación, se han considerado siempre “pulsadoras” o “termómetros” de la buena o mala praxis política y de la esencialidad democrática.

Se trata de lo que en tiempos anteriores a la dictadura franquista ya se consideraba como el grupo de ciudadanos socialmente más influyente, cierto es que en una sociedad menos informada y libre que la actual. Entonces se conocía políticamente como la gran “M”, a la que convenía escuchar con especial atención y respeto ante cualquier plan de propaganda o proceso electoral, considerando su gran capacidad como prescriptores del voto: maestros, médicos, magistrados y militares…

EL DRAMA DE UN SISTEMA EDUCATIVO SIN CONSENSO

Con larga experiencia de gobierno y de oposición, el PP ha tenido tiempo más que suficiente para analizar el Sistema Educativo del país, estudiar sus deficiencias y diseñar las reformas que estimara pertinentes, incluso antes del 20-N. Y también para conocer las opiniones “generalizadas” de los usuarios (discentes con mayoría de edad o, en su caso, las familias responsables) y, sobre todo, la de los profesionales de la enseñanza que habrían de aplicar las reformas subsiguientes en todos sus niveles, para establecer los acuerdos necesarios más allá de la propia ideología conservadora; porque la educación es una cuestión de Estado y no de partido. Tan simple como eso.

Sin embargo, el camino recorrido por el PP no ha sido precisamente el del consenso. Bien al contrario, lo primero que ha hecho el Gobierno de Rajoy ha sido enfrentarse de forma radical y gratuita al conjunto del estamento docente, desoyéndole sin mayor explicación y tratando de imponerle unos criterios económicos interesados, en algunos aspectos demasiado ideologizados y en otros simplemente erróneos o mejorables, incluyendo al profesorado más afín al propio PP en todos los niveles de la enseñanza y poniéndose en contra, por ejemplo, de todos los rectores de universidades públicas.

El ministro del ramo, José Ignacio Wert, que es un perfecto advenedizo del sector educativo y también un político inexperto, ha tenido la mala habilidad de situarse rápidamente como “farolillo rojo” en la escala de la valoración social del Gobierno, con un saldo muy negativo entra la aprobación y la desaprobación de su gestión de -51 (según el Barómetro de Metroscopia). Algo estará haciendo mal, o rematadamente mal, para alcanzar tan deprisa este demeritado puesto.

UN MODELO DE SANIDAD REGRESIVO Y POCO TRANSPARENTE

Pero en otro ámbito todavía de mayor dimensión social, el de la Sanidad, que es “universal” y afecta al cien por cien de la población (no sólo a alumnos y profesores como sucede en el ámbito de la Educación), tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los facultativos del sector. Unas ramas profesionales en las que no hay razón para presumir, ni mucho menos, mayores discrepancias ideológicas con el PP ni mayor animosidad contra la clase dirigente, y que también han sido desoídas “técnicamente” en relación con la reforma del modelo asistencial, dándose la circunstancia de que ellas son las encargadas de desarrollarla en la práctica de forma exclusiva, tras la oportuna sanción política.

Una circunstancia ciertamente absurda y dramática, porque, a la postre, ese estamento profesional es el que puede hacer fracasar la reforma y el conjunto del sistema si se encuentra radicalmente en desacuerdo con la imposición gubernamental. Dicho de otro modo, no deja de ser aberrante que quienes han de combatir día a día la enfermedad y la muerte, tengan que hacerlo, no como mejor sepan y aconseje su exclusivo conocimiento profesional, sino como les sea impuesto por políticos ajenos a esa realidad y sin atender realmente las consideraciones propuestas en trámite de audiencia por sus órganos colegiados más representativos.

Con el problema añadido de que, en realidad, el Estado como tal (no las Comunidades Autónomas) hoy carezca de competencias al respecto y la reforma se tenga que imponer de forma “asimétrica” (recurso maldito de la política disolvente) en cada una de las comunidades y ciudades autónomas. La ministra de Sanidad, Ana Mato, notablemente indocumentada en la materia, también alcanza un saldo negativo en la valoración de su gestión de -37 (diferencial entre la aprobación y la desaprobación).

La falta de transparencia con la que se expone y los estudios comparativos de otros países, dejan en entredicho el modelo “privatizador” del PP. De hecho, durante las últimas semanas se ha registrado un auténtico aluvión de opiniones realmente informadas y muy críticas con la reforma sanitaria impuesta por el Gobierno con sus recortes presupuestarios y a través de las autonomías políticamente afines.

En este sentido, podemos citar desde el artículo de Diego S. Garrocho, profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad Autónoma de Madrid, titulado “Ética, enfermedad y eficiencia”, en el que critica la privatización de la gestión sanitaria y considera “perverso” justificarla con el criterio de la rentabilidad (“El Mundo” 05/12/2012), hasta el publicado por el doctor José Manuel Ribera Casado en “El País” (09/12/2012) con el significado título “Sanidad, regreso al pasado”.

Este catedrático emérito de Geriatría de la Universidad Complutense, que también es un respetado miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, resumía perfectamente en su artículo, que no tiene desperdicio, el estado de la situación:

Escribo cargado de nostalgia, pero, sobre todo, de desesperación. Desde antes incluso de la Ley General de Sanidad del 1986, presumimos de tener uno de los sistemas sanitarios más envidiados y más equitativos del mundo. A que fuera así contribuyeron muchos factores. Entre otros la confluencia en la España de los 70 de dos circunstancias muy positivas: la creación de una red amplia y dotada de nuevos hospitales públicos y la implantación del sistema MIR. Sobre todo, creo que fue decisiva la voluntad colectiva de personas y partidos políticos para dotarnos de un sistema de salud de cobertura total y alcance universal. La Ley General de Sanidad no hizo sino oficializar el sistema.

Hoy todo ello se desmorona. Con el pretexto de los recortes se apuntan argumentos que juegan al equívoco por no calificarlos de falaces. Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid resulta demostrativo y merece unos comentarios. No me referiré a las formas, carentes del más mínimo respeto al ciudadano, donde el lógico diálogo con las partes interesadas previo a cualquier decisión de un calado como las que se están tomando, se ha sustituido por el ordeno y mando de épocas pretéritas. Tampoco a la inequidad y desprecio al colectivo de más edad que representan medidas como las del euro por receta. Ni siquiera comentaré la aberración de querer cerrar el hospital de La Princesa.

Me centraré en el tema de la privatización, una palabra que parece quemar a nuestra Administración. La primera reacción es negar la mayor: no se privatiza, se externaliza. Curioso que todo el mundo lo entienda de otro modo. Lo confirman los profesionales que salen masivamente a la calle o se declaran en huelga, las asociaciones, todos los sindicatos del sector, las sociedades científicas, las firmas de más de 600 jefes de servicio y de cerca de un millón de ciudadanos madrileños, y hasta el propio Colegio de Médicos en una de las más duras declaraciones que se recuerdan. ¿Estaremos todos confundidos? Así lo afirman por activa y por pasiva el presidente de la Comunidad y su equipo de gobierno. Negar la evidencia resulta muy difícil. No hace mucho tiempo el anterior Consejero de Sanidad requería públicamente a las entidades privadas del sector para comentar lo que según la propia convocatoria denominaba “oportunidades de negocio” en el campo de la sanidad madrileña.

Si hay negocio -y lo de “externalizar” la gestión debe serlo, porque en caso contrario no interesaría a ninguna entidad privada-, ¿por qué renunciar a él? Aplíquense los beneficios a mejorar el sistema y no al lucro ajeno. Descartada por inmoral -y por delictiva- la hipótesis de querer favorecer a amigos o a determinados grupos empresariales, apenas quedan dos interpretaciones posibles. Confesión palpable de incompetencia manifiesta, o asunción consentida de una peor calidad, bien por reducirse las prestaciones ofrecidas, bien por hacerlo el alcance de las mismas.

Lo de la incompetencia parece que se asume sin ningún rubor. Sólo así se entiende que el Consejero de Sanidad critique las nóminas de los empleados públicos y hable de rigidez en la gestión. A partir de ahí no debería llamarle la atención que estos mismos empleado se rebelen contra sus propuestas. Sus afirmaciones sugieren el deseo de quitarse de encima personas y sueldos y dejar que sean las nuevas empresas gestoras quienes lleven la voz cantante en este terreno. En todo caso los datos nos indican que tanto a nivel hospitalario como en atención primaria el número de profesionales por habitante está bastante por debajo de la media europea. Además, la Administración tiene recursos funcionales suficientes para exprimir el rendimiento de sus empleados y modificar en sentido positivo horarios, prestaciones, etc. en la medida en la que lo considere más adecuado para lograr esa mágica eficiencia a la que tanto se invoca. Las grandes diferencias existentes en el propio sistema en cuanto a rendimientos comparados de unos y otros centros pueden ser utilizadas como instrumento.

Renunciar a actuar representa una dejación de funciones, se mire como se mire. Ya es curiosa la referencia a Zapatero de Fernández-Lasqquety. Zapatero nunca ha tenido competencias sobre la sanidad de Madrid, ni fue a él a quien se le ocurrió la peregrina idea de sacar votos llenando la periferia de Madrid de unos hospitales que ahora parecen no hacer falta. Y si la alusión es para decir que “no hizo nada”, esa es la vía escogida por el Gobierno regional. Los políticos están para resolver los problemas no para quitárselos de encima.

Si con la “externalización” se pretende resolver un problema de costes y ello va a generar beneficios económicos a terceros, caben muy pocas interpretaciones. Todas malas para el devenir del sistema: reducir personal y sueldos, limitar prestaciones, y/o establecer criterios de exclusión total o parcial en el acceso a la salud para determinados colectivos que, por cierto, siempre suelen ser los más desfavorecidos: pobres, emigrantes o pensionistas.

Un par de comentarios finales. Argumentar con el peso de los votos no es de recibo. No lo es tanto por el hecho de que las decisiones propuestas se oponen a las que aparecían en el programa del partido gobernante, cuanto por el desprecio hacia esos votantes cuando se hace oídos sordos a una protesta que alcanza niveles de clamor. Por último llama la atención el silencio de la Administración central. Un silencio que sólo cabe interpretar como cómplice de quien observa los resultados de un experimento que, previsiblemente, pretende generalizar en todo el Estado.

LA FALTA DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL CON LA JUSTICIA

¿Y qué decir sobre la Administración de Justicia? Aquí la sordera política se está mostrando en todo su esplendor, hasta el punto de que el ministro del ramo, Alberto Ruíz-Gallardón ha pasado en menos de un año de ser el miembro del Ejecutivo inicialmente mejor valorado a ser el penúltimo, detrás de José Ignacio Wert.

En su primera comparecencia parlamentaria como ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón anunció su intención de reformar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que es una ley de plazos similar a la que existe en la mayoría de los países europeos, para volver al modelo antiguo contemplado en la ley de 1985, con la que las mujeres tenían que alegar motivos para justificar su decisión. Se trata, pues, de abolir una ley que fue muy contestada por la Iglesia Católica y por el propio PP (especialmente en el tema de las menores con edad entre 16 y 18 años que podían abortar aunque no tuvieran el consentimiento de sus padres), por supuesto escuchando sólo a una parte de su propio electorado y desoyendo prácticamente al resto de la sociedad española, y menos que a nadie a las propias afectadas.

Ruíz-Gallardón también anunció su propósito de cambiar la forma de elección de los doce vocales magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), volviendo al antiguo sistema de elección directa por parte de los jueces, que se abandonó en 1985 (con una ligera modificación aprobada en 2001 por el Gobierno de Aznar gracias al consenso alcanzado con el PSOE y que establecía la elección por las Cortes a partir de una lista de 36 candidatos presentadas por las asociaciones de jueces), debido a que con la fórmula anterior todas las vocalías eran copadas por una única organización, mayoritaria y de signo conservador: la “Asociación Profesional de la Magistratura”.

En cuanto a la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Penal en materia de derecho a contraer matrimonio, conocida como Ley del matrimonio homosexual, aprobada por el anterior gobierno socialista, Ruiz-Gallardón afirmó, como no podía ser menos, que el Gobierno esperaría a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso presentado por el PP cuando la ley fue aprobada en el Parlamento. Pronunciamiento que ha sido favorable al texto legal, a pesar de que también fue muy contestado por la Iglesia Católica y por el PP, partido que se unió de forma significada a las manifestaciones convocadas en “defensa de la familia”.

Por otra parte, el pasado 30 de marzo, el Gobierno aprobó un explosivo Anteproyecto de Ley, elaborado por el Ministerio de Justicia, con el objeto de subir las tasas judiciales. El argumento sustentador de esta medida, en colisión esencial con el Estado social y democrático de Derecho consagrado en la Constitución, es, según el ministro Ruíz-Gallardón, paliar la saturación de los juzgados, objetivo que, como es obvio, se puede alcanzar de forma más fácil, justa y estable modernizando la Administración de Justicia, algo imprescindible en cualquier caso, para que sea más rápida y eficiente.

Al respaldar públicamente a su ministro de Justicia, el presidente del Gobierno afirmó que el usuario sólo tendrá que pagar el 10 por 100 del importe de ese derecho ciudadano constitucional, apoyado en el ejemplo extremo de Alemania donde se paga el 43 por 100. Pero ocultando al mismo tiempo el alto nivel de rentas personales y el bajo índice de paro existentes en ese país en relación con España y también el hecho de que, en este, la Justicia gratuita se haya instituido no por voluntad gubernamental sino constitucionalmente.

De hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento de la Administración de Justicia por la obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos. Esta jurisprudencia ha establecido claramente la responsabilidad pública en tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución…

UNA RESPUESTA PROFESIONAL COLECTIVA, DEMOLEDORA

También podríamos recuperar aquí el lamentable “caso Dívar” y la forma, ciertamente deplorable, en la que fue gestionado por el ministro Ruiz-Gallardón; la alarma social y judicial generada por una Ley Hipotecaria antisocial (con suicidios masivos), que el Gobierno mantiene a ultranza en su política de protección preferencial a las entidades prestamistas); los indultos gubernamentales; la cadena perpetua revisable… Pero quizás el mejor resumen de la presente falta de compromiso gubernamental con la Justicia lo haya hecho el propio presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, en una extensa entrevista concedida a la periodista Isabel Velloso y publicado en “El Mundo” (11/12/2012).

Se trata de una de los muchas declaraciones informadas que evidencian cómo se ha encendido la llama en el mundo de la Justicia, siguiendo la senda establecida por el Gobierno con las reformas del Sistema Educativo y de la Sanidad, sólo escuchándose a sí mismo, de fácil seguimiento cotidiano en los medios de comunicación social. No obstante, su valor testimonial y su plena coincidencia con la esencia temática de esta Newsletter, aconsejan reproducirla íntegramente a pesar de su amplitud:

JUSTICIA | Entrevista al presidente de la Abogacía Española

“Gallardón no es nuestro interlocutor válido en este conflicto, sólo lo es Rajoy”

Isabel Velloso | Madrid

Los abogados están en pie de guerra contra la Ley de Tasas del ministro de Justicia, al que ya no consideran su interlocutor en este pulso que mantienen, junto con jueces y fiscales, contra las reformas impulsadas por Alberto Ruiz-Gallardón. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, explica los motivos de una serie de medidas de protesta que podrían acabar en una huelga en enero, la segunda en Democracia, por la última reforma concretada en la Ley de Tasas Judiciales. Una ley que, en su opinión, establece una Justicia para ricos y otra para pobres al fijar unas tasas excesivas y, en definitiva, disuasorias para acudir a los tribunales.

Es algo insólito, sin precedentes, ver a jueces, fiscales y abogados, juntos, manifestarse ante las sedes judiciales y el Ministerio de Justicia

Sí, es algo sin precedentes. Se ha olvidado usted de los sindicatos, las asociaciones de consumidores y usuarios a pesar de que el ministro sigue diciendo que esto es una cosa corporativa de unos cuantos abogados, que la ciudadanía no juega en este partido, que la ciudadanía no está en contra de las tasas judiciales.

¿El rechazo a pagar tasas por acceder a la justicia en los órdenes social, civil y contencioso administrativo les ha unido a todos?

No es un problema sólo de las tasas sino que es un problema de la Administración de justicia, que es mala por falta de medios y organización. Es cierto que ya hace muchos gobiernos que no mejora porque yo creo que políticamente no interesa que mejore la Justicia y se han conjugado muchas cosas. Si todos nos ponemos a ello, todos los que trabajamos en Justicia, jueces, fiscales, abogados, procuradores, forenses, peritos, notarios, registradores, etc., podríamos sentar las bases para crear una estructura capaz de albergar una Justicia democrática acorde con la realidad social que estamos viviendo.

¿Qué se ha conjugado?

Los indultos, la legislación del aborto, la cadena perpetua revisable, la habilidad del mes de agosto, las tasas... y creo que merece la pena reflexionar que han sido las tasas las que nos han unido absolutamente a todos. Y ninguno tenemos especial interés personal sino que estamos actuando por conciencia profesional. Las tasas suponen la violación de los derechos fundamentales para miles y miles de personas.

“Menos Gallardón y más Constitución” o “Queremos tutelar todos los derechos, no sólo de quiénes pueden pagarlos” ¿Qué pancarta lleva usted en esta protesta?

La pancarta que me pasó un magistrado ponía “stop a las tasas” ante una ley injusta que es una de las peores leyes de nuestra Democracia.

¿Qué medidas de presión van a adoptar?

Hemos constituido una plataforma que se llama Justicia para Todos, con sindicatos, consumidores y usuarios, que se une espontáneamente a la plataforma de los jueces y fiscales, la interasociativa.

¿Qué protestas van a llevar a cabo?

Asistiremos todos a la concentración, que será masiva, en todos los juzgados de España, a las 12 horas del día 12 del 12 en protesta por la ley de tasas. Será una semana y media de acciones, que continuarán, sin duda, en tanto en cuanto el Gobierno no ceje de dictar normas... en este caso la ley de tasas que son un verdadero escándalo. Tenemos la obligación como profesionales del Derecho de intentar adecuar las normas a la realidad social y que respondan a sus necesidades.

Creo que también están dispuestos a ir a la huelga.

La última reunión de la interasociativa de jueces y fiscales acordó que si el ministerio no se avenía a nuestras reivindicaciones en enero se convocaría una huelga. Si se convoca realmente, lo más seguro es que nos sumamos o también podemos convocarla desde la plataforma Justicia para Todos.

¿Se han sumado ustedes al colectivo de indignados de este país?

Sí, estamos indignados y nos encanta acompañar en la indignación a una ciudadanía que está cada vez más pobre y con menos recursos de todo tipo. Además de los indignados, algunos ya están excluidos y otros han sufrido la exclusión, pero la gran mayoría de los demás también la sufrirán. Cada vez hay más conciencia de que otra justicia social es imprescindible.

El PP, en campaña, prometió que iba a someter a consulta todos sus proyectos legislativos ¿Ha sido este el caso?

Esta norma no se nos ha pasado a informe, no se nos ha permitido opinar sobre ella... ¡Bueno! ni a nosotros ni a los partidos políticos ni a nadie. Se ha tramitado deprisa y corriendo, con notabilísimos errores y con unas determinaciones económicas que van a hacer que la mayoría de los ciudadanos no se acerquen a los juzgados.

Así las cosas, ¿van a pedir la dimisión de Gallardón?

Sí, como presidente de la Abogacía plantearé al Consejo General solicitar su dimisión. Es muy difícil poder resolver los problemas con el señor Ruiz-Gallardón. Nos prometió muchísimas cosas que no ha cumplido, nos ha engañado y, en este momento, está cada vez más desautorizado para negociar prometiendo, comprometiendo, una realidad que es poco creíble. Necesitaríamos hablar con el presidente del Gobierno.

¿Dice que el ministro no es su interlocutor en este conflicto?

El interlocutor válido sólo puede ser el presidente del Gobierno.

Se ha rectificado algo... Ha excluido de pagar las tasas a las víctimas de violencia de género, del terrorismo, discapacitados y trata de mujeres al margen de su renta y está pendiente la Ley de Justicia Gratuita.

La última ha sido prometer unos arreglos a través de la Ley de Justicia Gratuita... En estos momentos, este ministro es peligrosísimo. Es capaz de con la Ley de Justicia Gratuita enmendar los errores de la Ley de Tasas y estos errores son de difícil enmienda. La Ley de Tasas se olvida de las necesidades de las víctimas de violencia de género en el ámbito civil y laboral. El ministro Gallardón tiene complejo de rey absolutista pero él sólo no puede hacerlo porque primero ha de aprobarlo el Consejo de Ministros en un proyecto de ley y luego llevarlo al Parlamento. Es verdad que él puede conceder indultos, aunque socialmente no caigan muy bien, pero lo que no puede hacer es cambiar las leyes y sobre todo de hacerlo de forma improvisada. Esto exige una verdadera reparación.

¿Qué hay de la solicitud al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que instase a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Tasas?

La contestación ha sido algo frustrante al decir que el CGPJ no es competente. Ha perdido una gran oportunidad para acercarse a esa ciudadanía que no la tiene muy cercana precisamente.

¿La Defensora del Pueblo?

Le pedimos desde esta casa y se lo vamos a volver a pedir por escrito formalmente, con una base jurídica, que interponga el recurso de inconstitucionalidad.

Ha dicho que el ministro Ruiz-Gallardón les ha engañado ¿por qué?

Las tasas estaban destinadas únicamente a sufragar los gastos en la apelación. La primera instancia era gratuita para todos y lo dijo en esta casa y lo dejó sentado. También dijo que no habría ninguna reunión de la sectorial en materia de Justicia Gratuita en la que no hubiese un miembro de esta casa para aportar nuestros conocimientos sobre este servicio público. Y a partir de ahí se olvidó absolutamente de cualquier promesa. Tiene mi respeto pero creo que no tiene legitimidad en este momento para seguir en el ministerio.

Cuándo fue nombrado por Rajoy no se imaginaban este desencuentro

En absoluto. Teníamos en esta casa una ilusión generalizada por este ministro. Es más ha sido el único que hemos invitado a asistir a un pleno para que nos explicase cuál iba a ser su línea de actuación.

Ustedes insisten mucho en que la Ley de Tasas es disuasoria para los ciudadanos

Si hay una ley que más puede violar la tutela judicial efectiva es esta. Hay disposiciones increíbles, que no sé a quién van dirigidas. Pues para recurrir una multa de 100 euros hay que abonar antes 200. Se nos menosprecia a los españoles. ¡No sé a quién se le puede ocurrir que eso se pueda dar! Y de esas, hay varias en las que las tasas suponen el 225% de la multa. Es absolutamente disuasorio. Sea cual sea la decisión final, estaremos perdiendo enteros socialmente. Es muy importante que podamos ofrecer a la ciudadanía una solución del conflicto, civilizada, en un plazo razonable y, sobre todo, con todas las garantías para que haya absoluta igualdad entre pobres y ricos para acceder a toda la Justicia.

Usted es totalmente contrario a las tasas o sólo a estas por considerarlas excesivas

Se debe ser contrario a cualquier tipo de tasa porque añade una dificultad para acceder a este derecho de acceso a la Justicia que es un derecho fundamental. La tutela judicial efectiva debe ser inmaculada. Creo que el Tribunal Constitucional se equivoca al considerar las tasas siempre que no supongan una cantidad excesiva.

¿Fomentará la mediación y arbitraje privados?

No lo fomenta porque tampoco se ponen los medios, sobre todos económicos, para que la mediación y el arbitraje funcionen. Es verdad que se ha publicado la Ley de Mediación pero con solo una ley no funciona. El arbitraje que quitaría carga a los juzgados sigue sin funcionar. En la Justicia siempre nos encontraremos con que hacen falta medios.

No hay dinero.

Hay dinero para lo que se quiere que haya dinero.

Precisamente el ministro asegura que la recaudación por las tasas se va a destinar a la Justicia Gratuita

Eso sencillamente es indignante y se lo dije al ministro por carta. No se puede poner en un platillo de la balanza las tasas y en otro, la Justicia Gratuita. Ésta es un derecho de la dignidad de la persona, un derecho constitucional, y la debe sufragar el Estado con sus Presupuestos. Se ha buscado esta excusa de la justicia gratuita para imponer unas tasas absolutamente desmedidas.

Otro argumento es que es un servicio público que se usa de forma esporádica, muchos ciudadanos no lo usan nunca, y por ello deben pagar sus usuarios

A eso se llama paz social. Si usted no quiere que la violencia impere tendrá que hacer algo para dirimir los conflictos.

¿Sugiere que nos va a llevar a una justicia paralela, fuera de los tribunales?

No le quepa a usted ninguna duda. La Ley de Tasas es tan perversa que no sólo impone tasas en la primera instancia sino en la segunda y en la tercera. Si usted no tiene a disposición el dinero del recurso y no puede pagar la tasa en los cinco días, o en los tres o diez, un plazo perentorio, que le dan para recurrir usted va a perder el derecho definitivamente. Los abogados vamos a tener que advertir a nuestros clientes que acopien esa cantidad de dinero que, en muchos casos, va a ser una cantidad muy importante. Si usted tiene que gastar 10.000 euros por instancia acopie usted 30.000 euros porque si queremos recurrir hasta el final y no tenemos el dinero y tal como están los bancos de ágiles... La ley no prevé ningún sistema de aplazar la tasa y si no se paga la tasa en el plazo del recurso se pierde el recurso.

En el ministerio dicen que se paga más por el abogado y procurador que por estas tasas.

Llevamos ya varios días soportando que diga eso, que se paga más a los abogados.

Hagamos cuentas.

El importe de los honorarios profesionales de los abogados es libre. No me cabe ninguna duda de que la minuta de los abogados, en muchos casos, va ser muy inferior a las tasas. Las tasas del señor Gallardón van a hacer que los abogados paguen el pan de sus hijos con ese esfuerzo en sus minutas. Me parece indignante que el ministro haga referencias, otra vez, de menosprecio hacia los emolumentos que cobran los abogados.

¿Por qué un menosprecio?

Seguro que conocerá a pocos abogados con muchos lujos y conocerá, sin duda, muchísimos más, miles, que están en los servicios sociales jurídicos de los niños, de las mujeres agredidas, maltratadas, de las asesorías a inmigrantes y extranjeros, de la orientación penitenciaria, de los discapacitados, ahora para mediar en los desahucios a causa de las hipotecas.

¿Se van a perder empleos?

Lo más importante es que se está obligando a los ciudadanos a comprar Justicia cuando los derechos fundamentales los tenemos amortizados hace muchísimo tiempo.

¿Habrá que dar una solución al exceso de pleitos?

En los juzgados que están bien dotados, que tienen medios, van al día. Y hay muchos juzgados que van al día, aquellos que están bien dotados, tienen un juez concienzudo y un personal adecuado y preparado. Y no hace falta más. Si hacen falta más jueces y formar mejor a los profesionales.

LOS MILITARES, “AMORDAZADOS” MÁS QUE DESOÍDOS

La cuarta “M” de la influencia social, es la de los militares, a pesar de que los gobernantes mediocres (como los actuales) intenten desprestigiarlos a menudo por activa o por pasiva, sin duda por la capacidad coercitiva que tienen como institución depositaria de la fuerza, garante de la soberanía e independencia de España y defensora de su integridad territorial y del ordenamiento constitucional. Una altísima misión, exigente hasta la entrega de la propia vida y políticamente desagradecida, que tampoco nace de la voluntad de ningún gobierno ni de ningún partido, sino de la del pueblo soberano al que sirven, del que forman parte inseparable y con el que se sienten plenamente identificadas.

Aunque la Institución Militar no es exactamente otro colectivo profesional también desoído por el Gobierno (por ejemplo en las continuas reformas del modelo de Fuerzas Armadas que le atañen per se). Se trata de lo que en democracia se ha de considerar como “ciudadanos de uniforme”, pero que los acomplejados ministros del ramo (García Vargas ha sido una excepción) mantienen intelectualmente “amordazados” hasta para pronunciarse en cuestiones históricas o en la defensa de sus misiones constitucionales específicas; algo que nada tiene que ver con su indiscutible e indiscutida neutralidad política o sindical.

No vamos a profundizar en una lamentable realidad de sobra conocida por nuestros lectores habituales, calificadora por sí misma de una enfermiza clase política que debajo de cualquier uniforme militar sólo ve golpistas, porque en esta web venimos haciendo una defensa constante de los derechos constitucionales de los militares. Quienes así les denigran con una visión tan deformada, razones tendrán para ello, pero desde luego injustas e indignas.

Lo que sí conviene, es concluir esta reflexión sobre la capacidad de los políticos para escucharse a sí mismos y desoír a los demás, tomando su mandato de representación electoral como un “cheque en blanco” para hacer y deshacer a su personal antojo, con una frase especialmente ajustada al caso: “Con suma frecuencia la política consiste en el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y crear otros imaginarios e injustos”.

Se debe al poeta italiano Arturo Graf. Tiene más de un siglo de vida pero parece pensada para definir literalmente la política de Rajoy.

En plena digestión de la mayoría independentista asentada en Cataluña tras sus recientes elecciones autonómicas, cuyos resultados han sido leídos de forma torpe y hasta cobarde por la mayoría de la clase política (ver nuestra anterior Newsletter titulada El “problema catalán” y las falsas lecturas del 25-N), el ex presidente del Gobierno José María Aznar ha levantado la voz y puesto el dedo en su propia llaga.

De hecho, ha reconocido el angustioso calado del problema “político” de España, poniendo en evidencia, de forma implícita, la incapacidad de Rajoy para comprender y afrontar la crisis en su realidad global.

Aznar se ha manifestado con inusual generosidad en una extensa entrevista concedida a la aguda periodista Victoria Prego y publicada en el diario “El Mundo” (02/12/2012), con respuestas sobre un amplio abanico de temas que no tienen desperdicio. Pero lo más llamativo del caso es que, en el fondo, la mayoría de sus mensajes parecen estar destinados a quien él mismo designó como sucesor político hace más de ocho años y que, ahora, habríamos de entender que le ha defraudado como presidente del Gobierno.

Valiente, un tanto engreído y nada auto crítico (ni por cuenta propia ni por la de su partido), el ex presidente Aznar se muestra dispuesto a “tirar del carro” (atentos a su posible reaparición política); lúcido en algunos análisis y en otros desmemoriado, reparte leña a todo el mundo menos al PP y siente la agonía de España sobrevenida en sus propias carnes.

La entrevista lleva a portada un titular puesto en boca del propio Aznar tremendo y revelador, “Sufro observando a España”, y se inicia con otra afirmación que, a modo de subtítulo, envuelve una demoledora crítica tácita de la miopía con la que Rajoy pretende atajar la metástasis autodestructiva del país, de forma ciertamente infructuosa: “Es imposible afrontar la crisis económica sin afrontar la crisis política”.

Y, a partir de ahí, destacan en ella muchas opiniones del entrevistado, todas interesantes y algunas, además, bastante sorprendentes, que, sin mayor ánimo crítico, no queremos dejar de apostillar en la acostumbrada línea de independencia editorial propia de esta web:

Apostilla: Cierto. Pero porque los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, así lo quieren ahora y así lo han querido con todos y cada uno de sus presidentes de partido y de Gobierno. La verdad parece que no está reñida con la hipocresía.

Apostilla: Incuestionable. Pero, entre otras cosas, haciendo pivotar la economía sobre el ladrillo y la burbuja inmobiliaria (en 1998 Aznar “liberalizó” el suelo), con sus posteriores y nefastas consecuencias, y vendiendo el patrimonio del Estado más productivo (“las joyas de la Corona”).

Apostilla: Indiscutible. Cuando crees, como Rajoy, que hacer política es cargarle el muerto de la crisis a la clase trabajadora mientras la red clientelar de los partidos, la banca, las grandes empresas, los grandes capitales y los evasores de impuestos se van de rositas, sin atacar los problemas de fondo, el precio es todavía mayor.

Apostilla: ¿Disponible para qué? ¿Para dar un golpe de mano en el PP…? ¿Para erigirse en el “Monti español” y presidir el Gobierno como comisionado europeo…? ¿Para propiciar un gran pacto de Estado con el PSOE…? No parece que este sea el momento más oportuno para especular sobre el sexo de los ángeles.

Apostilla: La mayor deslealtad con el país se produce cuando se traiciona el interés del Estado por un puñado de escaños y cuando se corrompe la democracia “colonizando” desde los partidos políticos sus instituciones más emblemáticas, como han hecho y hacen el PP y el PSOE.

Apostilla: ¿Incluidos los del PP, que hoy gobiernan España de forma mayoritaria…? ¿Incluida Ana Botella, que es alcaldesa de Madrid sin mérito alguno…?

Apostilla: El PP también ha pactado con esos mismos que “quieren cargarse a España”, cuando le ha convenido.

Apostilla: Los acuerdos suscritos por Aznar al comienzo de la VI Legislatura (1996) con los partidos nacionalistas, no fue, en modo alguno, una “culminación” del Estado Autonómico, sino un verdadero exceso de transferencias competenciales y de otras dejaciones institucionales interesadas para obtener un apoyo de estabilidad parlamentaria políticamente indigno, que marcó el punto de “no retorno” en el debilitamiento del Estado español.

Zapatero fue un político inmaduro y sin sentido de Estado que transitó de forma todavía más irresponsable por la senda del “pactismo” franqueada previamente por Aznar, sin que el PP tuviera la inteligencia de ofrecerle un pacto de gobernabilidad generoso para evitarlo.

Apostilla: Cierto. Pero ¿por qué no se lo puso el propio Aznar cuando gobernó con mayoría absoluta en la VII Legislatura, sin entender que los votantes se la otorgaron precisamente para que cumpliera sus promesas de “regeneración política"? ¿Y por qué no se lo pone ahora el Gobierno de Rajoy, también con mayoría parlamentaria absoluta…?

Apostilla: Eso fue en 1996. Y esa oferta de participación en el Gobierno, no aceptada por Pujol, se cambió por un paquete de cesiones estatales que ya sobrepasaban los límites del Estado Autonómico de forma temeraria e irreversible, abriendo una senda hacia el Estado Confederal que sin duda también podría conducir fácilmente al secesionismo.

Apostilla: El insulto catalanista es injusto y reprobable. Pero lo del “mal gobierno nacionalista” es otra cosa. Más o menos la misma que el mal gobierno de cualquier autonomía y no peor que el de los consentidores gobiernos centrales.

Apostilla: De acuerdo. Pero de ello tendría que pedir cuentas a personas muy concretas de su propio partido, como Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz, y no lamentarse ante la opinión pública que ha reprobado sin límite la política antiterrorista del PP y, menos todavía, ante las víctimas de ETA que pueden considerarlo, cuando menos, como un chiste de mal gusto.

Apostilla: Hoy por hoy, ni en el PP ni en el PSOE hay quienes puedan acometer esa tarea. Lo prioritario e imprescindible, y también desoído por Rajoy, es abordar de forma urgente la reforma institucional del Estado, entre otras cosas para abrir la política activa a la participación de la sociedad civil.

Apostilla: Aznar acierta en la reflexión. Pero olvida que él ha sido el presidente del Gobierno que más alas ha dado al PNV (como reconoció en su momento el propio Arzallus) y que Rajoy es el que más ha apoyado al PSOE para, entre ambos partidos, sentar a Bildu en las instituciones políticas del País Vasco.

Apostilla: De lo dicho por Aznar, se entiende que considera la decisión del Tribunal Constitucional sobre Bildu equivocada, injusta y hasta antidemocrática. Pero ¿quién se ha empeñado en que dicha institución sea lo que lamentablemente es? ¿Y quién se empeña en que siga siendo lo que es? Pues, uno por otro, el PP y el PSOE.

Apostilla: Aznar debería repasar la historia de España más reciente y comprobar que esa “ruptura” no sería, ni mucho menos, cosa nueva. Quizás debería haber expuesto con algún detalle los argumentos de esa afirmación o los mecanismos que podrían evitarla.

Apostilla: Aznar cree firmemente que “salimos de esta”, pero no dice cómo ni cuándo (más o menos lo mismo que Rajoy). Y apela a la “obligación de los líderes” para conseguirlo, aunque previamente ha sostenido que no existen: “Hoy la política no es atractiva para la gente capaz (…). No me gusta cómo está la vida política; los políticos se han convertido en un problema grave para el país”…

Apostilla: ¿Y por qué Aznar no defiende simplemente el Estado unitario y descentralizado por regiones, que es el más natural, viable, ordenado y seguro, y también el más extendido en el mundo…?

Apostilla: Y si el ‘caso Bolinaga’ era “rechazable”, ¿por qué Aznar no se lo dijo en su momento a Rajoy, que, con todos sus atributos de presidente del PP y del Gobierno, fue quien lo propició…?

Apostilla: Enigmático. Y digamos que, a tenor de lo leído en la propia entrevista, la cosa no está precisamente para plantear acertijos ni adivinanzas.

OPTAR POR LA “ALFOMBRA” FRENTE A LA “CAPACIDAD”

También en nuestra última Newsletter, nos inclinábamos con respeto ante la honestidad intelectual y la capacidad analítica del profesor José Manuel Otero Novas, precisamente en relación con la misma “crisis política” que ahora tanto preocupa a José María Aznar.

Estuvieron muy cerca uno del otro durante los años de oposición del PP en los que se fraguó su programa “reformista”. Pero bastó que Aznar alcanzara la Presidencia del Gobierno en la VI Legislatura, para que esa proximidad y las ideas de regeneración política compartidas se fueran al traste; del mismo modo que se volatilizaron todas las expectativas de reformas institucionales esperadas de Mariano Rajoy, junto con todas sus promesas electorales, más o menos al cuarto de hora de su investidura presidencial.

Claro está que el caso de Aznar es muy distinto del de Rajoy. Para empezar, el primero hizo sus deberes en la oposición, supo montar equipos técnicos adecuados, escuchó, en lo que más necesitaba, a quienes sabían de banca, de economía, de empresas…, trabajó duro y controló con mano férrea el Gobierno y el partido que le sustentaba (con Álvarez-Cascos al frente de la guardia pretoriana). De hecho, y aunque no llegó a sustanciar sus promesas “regeneracionistas”, ganó unos segundos comicios legislativos por mayoría absoluta.

Sin embargo, Rajoy, por su parte, se dedicó a “vegetar” durante los ocho años que fue jefe de la oposición, sin llegar a tomar conciencia exacta (dijera lo que entonces dijera) del drama que ya en la IX Legislatura (2008-2011) estaba asolando España, incluyendo el de las autonomías y los ayuntamientos gobernados por el PP, y, menos aún, de su verdadera causa.

Cuando tuvo que formar Gobierno, se rodeó de un equipo de poco peso específico, con escasa capacidad de diagnosis y, por tanto, sin la de generar ideas resolutivas para afrontar la situación; marginó a quienes, siendo más capaces, no iban a servirle de alfombra e ignoró, olímpicamente, la vertiente política de la crisis, soslayando por tanto las reformas necesarias…

Y, gravísimo error, Rajoy también asumió en persona la dirección económica del Gobierno sin tener formación ni experiencia para ello, lo que además condiciona por efecto de imagen su capacidad de remover a los cargos implicados. Con la inconveniencia añadida de dejar la supervisión de la acción política en manos de una vicepresidente todavía “verde” (basta observar cómo maneja el CNI y el desastre viviente del Ministerio del Interior).

No merece la pena dar nombres, porque los profesionales de la economía, la empresa, las finanzas y hasta los funcionarios de prestigio (que de todo hay en el país) son perfectamente conocidos, con carnet o sin carnet del PP. Esos expertos reconocidos deberían haber sido, como sucedió en la época de Aznar, los consejeros técnicos e inmediatos de Rajoy al menos en esa materia económica que él, obviamente, no es capaz de digerir, pudiendo dedicarse entonces de forma sin duda más productiva a impulsar todas las reformas políticas necesarias, estructurales e institucionales, para las que, por su propia carrera política, parece más preparado.

NADIE PUEDE DAR LO QUE NO TIENE

Sabido es que, vitalmente, Rajoy no puede soportar mucha carga de trabajo ni atender demasiados problemas a la vez (que son los que son). Su experiencia como vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior (2001-2002) en ejercicio simultáneo, fue definitiva al respecto, hasta el punto de que este último sería dirigido en la práctica por su subsecretaria “machaca”, Ana Pastor, con gran habilidad, incluso, para que firmara el día a día sin aparecer por su despacho ministerial, ejercicio que para él debía suponer un esfuerzo ímprobo.

Rajoy es, sobre todo, un político pasivo, al que desagradan profundamente los cambios, las broncas y las tensiones, tanto como la acción y las ideas rompedoras (necesarias en momentos de crisis total).

Es una especie de nihilista gallego empeñado en el “no ser” y en el “no hacer”, acostumbrado a la mera espera contemplativa y a que alguien le de las cosas hechas, como exige a sus colaboradores más inmediatos; a que otros le gestionen benéficamente “lo suyo”, como sucede con el Registro de la Propiedad de Torrevieja…

Es un inmovilista por naturaleza y una auténtica “ave fría” de la política, que sólo confía en un entorno servil y que aplica la despiadada “cicuta del silencio” a todo el que ose contrariarle o simplemente le reitere cualquier cosa que no le guste escuchar. Un hombre que, en fin, hasta vive “pasivamente” su única afición conocida, el deporte, repantingado en una buena poltrona ante la “caja tonta”, con copa y puro de por medio.

Eso es lo que hay y ese es el “buey grande” que esta tirando del carro de la España más problemática desde el 23-F: el “regalito” que la incompetencia de Rodríguez Zapatero nos ha dejado envuelto en el papel-celofán de la mayoría absoluta. Que nadie se llame a engaño, y menos que nadie Aznar, esperando que Rajoy vaya a darnos lo que no tiene o que cabalgue a lomos del viento, sable en mano, para defender de verdad la España “una, grande y libre”, porque semejante cosa es metafísicamente imposible.

OTRA TORPEZA: NEGAR LAS “VÍAS DE AGUA” DEL SISTEMA

Quizás, esa “insuficiencia” orgánica o vital de Rajoy para posicionarse y actuar en varios planos a la vez y su incapacidad para analizar la crisis bajo una perspectiva múltiple, cosa que requiere una “inteligencia divergente” más propia del “creativo” que del “opositor”, sean las circunstancias que le impiden diagnosticar y afrontar el problema de España en toda su amplitud. Porque, estando atrapados, como estamos, en una espiral de caída libre ad limitum, lo sustancial no es establecer prioridades de políticas excluyentes, que en cualquier caso son insuficientes, sino combatir el estrangulamiento económico por todos los frentes y con todas las armas posibles.

Sin discutir para nada la necesidad de cumplir el objetivo de reducción del déficit público, siempre que se plantee en plazos razonables y sin entrar en una dinámica con “efecto boomerang” (en la que ya se ha entrado), existen otras “vías de agua” por debajo de la línea de flotación del sistema con la misma capacidad de hundirlo. Y que, de hecho, a pesar del achique del déficit, lo están hundiendo. Es decir, de nada vale centrar la guerra en una única batalla falsamente “decisiva”, mientras el enemigo ataca por veinte frentes distintos, en los que, uno a uno, es necesario aplicar la respuesta adecuada.

Porque, ¿a dónde nos conduce el contumaz exclusivismo “anti-déficit” de Rajoy con una economía de crecimiento negativo? Sencillamente a esta correlación letal: Mayores impuestos, menos sueldos y más incrementos del IPC, generan de forma indefectible menos consumo, menos producción, menos empleo, menos cotizantes a la Seguridad Social y menos aportación al Tesoro, aumentando el importe de las prestaciones de desempleo, el déficit público (con un mayor coste de financiación)… y vuelta a empezar con un menor consumo, menos producción…

Una encadenado perverso de acciones y reacciones que destruye el sistema económico y amenaza con volar también el sistema de pensiones, lo que, dicho llanamente, no supone otra cosa que la quiebra económica total del Estado, que ya tocamos con la punta de los dedos por mucho que el Gobierno quiera ocultarlo.

Cualquier persona, y decimos exactamente “cualquiera”, incluidos los padres de la criatura, puede entender que intentar conjugar el déficit público prácticamente sólo a costa del paro, es nefasto; que mientras la economía siga decreciendo, el paro seguirá aumentando y que, mientras el Gobierno no rectifique su política de lucha contra la crisis, cada vez nos hundiremos más en ella, sin esperanza ni posibles milagros.

“TAPONAZOS” PARA EVITAR EL HUNDIMIENTO GLOBAL

Por ello, y haciendo los deberes que exige Bruselas, en tiempo y forma que no supongan, como están suponiendo, llevarnos al suicidio económico colectivo, hay que asumir y taponar ya con extremada urgencia todas las vías de agua del sistema, empezando por las que más inciden en el paro y más deterioran la economía productiva. Un “trabajo en línea” propio del sentido común que ya tuvo un precedente, aun de signo distinto, cuando los recortes y tijeretazos impuestos por el Gobierno se compaginaron con una reforma laboral cuya necesidad era más que evidente.

El primer “taponazo” es el de fomentar la creación de empleo. Ninguna economía moderna puede sobrevivir con un índice de paro continuo superior al 25 por 100 (vamos a por el 30 por 100), porque, en el mejor de los casos, se reconvierte en una economía sumergida, generando, a su vez, más fraude fiscal, más déficit público y, otra vez, más paro. Para ello, bastaría incentivar seriamente a las pymes (3.243.185 censadas en 2012), como se incentivan otras cosas, para que, por término medio, cada una de ellas contratase a un nuevo empleado.

El segundo consiste en recuperar para el Estado todas las competencias que constitucionalmente le son propias o que, en cualquier caso, éste puede ejercer de forma unitaria con mayor eficiencia y economía de recursos. Para empezar las más razonables de Sanidad, Justicia y Educación.

El tercero significa adelgazar el aparato de las administraciones públicas, evitando duplicaciones de servicios y dilucidando con claridad y sentido común las necesidades reales de la proximidad administrativa al ciudadano, racionalizando la organización y el funcionamiento de todos los entes locales (ayuntamientos, comarcas, diputaciones, cabildos insulares…) mediante una ordenación legal de nuevo cuño.

El cuarto supone “repensar” el Estado de las Autonomías, fijando sus límites con claridad y condicionando su funcionamiento en términos de justificación social y viabilidad económica, de forma que las que no puedan o prefieran no existir, se integren en otras autonomías o reviertan su gobierno a la Administración Central.

El quinto conduce a revaluar de forma imperiosa y progresiva las altas instituciones del Estado y sus organismos más emblemáticos, con el Poder Judicial en primer lugar, garantizando la independencia y la funcionalidad necesarias para el fiel cumplimiento de sus misiones, y a que las mismas recuperen la dignidad democrática inherente.

El sexto tendría que establecer un régimen impositivo menos antisocial y más solidario, persiguiendo de verdad la evasión fiscal tanto de las personas físicas como de las jurídicas y convirtiendo las empresas instrumentales establecidas en paraísos fiscales en sujetos delictivos o gravados con cargas extraordinarias. Y empezando por las 80.000 sociedades domiciliadas en Gibraltar vinculadas a ciudadanos españoles…

Pero dejémoslo ahí, porque no es nuestro objetivo enseñar a nadie cómo debe gobernar (sí lo es criticar a quienes no lo sepan hacer). Y porque, siendo los problemas de España tan evidentes, cualquier ciudadano sensato podía ampliar fácilmente este listado básico de sugerencias, en verdad poco matizables, para empezar a sacar al país del grave embrollo en el que se encuentra.

EL PACTO DE ESTADO PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Aunque, debido a los errores acumulados, gobierno tras gobierno, con la sanción de los distintos Estatutos de Autonomía, todo lo que es necesario corregir en el actual desmadre competencial, ha de pasar de forma obligada por una reforma de la Carta Magna, y ésta por un pacto de Estado de muy amplia mayoría, al igual que cualquier rectificación fundamental del sistema institucional consagrado en su redacción original.

Hablamos de un texto constitucional ya lastrado que, en realidad, se está conculcando día a día y cuya necesaria adecuación al mejor ejercicio de la democracia se obstaculiza, no por la ley ni por la razón, sino por un torpe y egoísta antagonismo entre el PP y el PSOE, del que, como hemos escrito en tantas ocasiones, el grueso de la ciudadanía está cada vez más harta (y también por el temor de la Corona, quizás justificado, a que en dicha reforma se perjudique su futuro).

El malestar ciudadano contra la temeraria política “zapateril” practicada por el PSOE, es enorme, como demuestra su reflejo en las urnas, y de difícil reconducción. Pero el malestar contra el PP y su timorato presidente, que utiliza la mayoría parlamentaria absoluta para divagar en lo fundamental y hundir a las bases sociales del país, sin plantear, ni por asomo, políticas económicas y fiscales más justas y eficaces, lleva camino de ser todavía mayor, a pesar de su éxito electoral previo, o precisamente por el fiasco que supone no saber gestionarlo.

Y mucho mayor, si cabe, es el malestar social que se proyecta de forma conjunta contra la “clase política”, por sus connivencias en beneficio de la partitocracia y por la corrupción política que auspicia y practica de forma generalizada con las mismas y comunes malas artes. Cuando Aznar y algunos otros políticos todavía no alienados por la podredumbre del sistema se pronuncian en ese preciso sentido, sólo están reconociendo la realidad que fluye en todas las encuestas de opinión, sean realizadas o patrocinadas de la forma que fuere.

Poco más cabe decir ya sobre las posiciones antagónicas del PP y del PSOE en relación con la reforma constitucional, claramente expuestas por cada partido justo en el marco del 34 Aniversario de la Constitución Española.

El PP la niega con miserable rotundidad, salvo que España entera se someta a su expresa proposición textual y en el momento que considere oportuno (el típico “que me lo den hecho” de Rajoy). Y el PSOE, roto y perdido en sus veleidades políticas, se embarca en una trágica huida hacia adelante no menos mísera, proponiendo un Estado Federal que, con otro nombre, es el que ha marcado el origen del actual desbarajuste institucional…

Los líderes de ambos partidos sabrán lo que hacen. Pero hay una realidad sociológica profunda que emerge trágicamente cuando, en los momentos más difíciles de nuestra historia, prevalecen el interés y la lucha partidista frente a la integración nacional: la salida lleva a la revolución o al pacto constitucional.

En nuestra anterior Newsletter reflexionábamos sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno político. Decíamos que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor conocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitiría actuar con razón y no contra ella, mientras que de otra forma caerán en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Este es un razonamiento muy sencillo, pero de difícil sustanciación a tenor de los muchos ejemplos que nos ofrece la política española. Uno bien próximo es el de las elecciones celebradas el pasado 25 de noviembre para renovar anticipadamente el Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, para decidir la Presidencia y el nuevo Gobierno de la Generalitat.

En esta ocasión, y como suele suceder, los partidos en liza han realizado una lectura interesada, lo más positiva posible para ellos mismos y del todo negativa para los demás. De esta forma, llegamos al absurdo de siempre: considerando el conjunto de las opiniones partidistas, parece que nadie ha perdido las elecciones, porque a todos les ha ido muy bien; sin que en ningún momento aflore la más mínima “autocrítica” razonable en quienes, efectivamente, han sido los grandes derrotados en Cataluña: el PP y el PSOE.

PERO, ¿QUIÉN HA GANADO LAS ELECCIONES CATALANAS?

Algunos niegan, incluso, la evidencia de que las elecciones del 25-N las ha ganado quien las ha ganado, que ha sido Convergència Democràtica de Catalunya (CiU), y de forma inapelable, obteniendo 50 escaños (con el 30,68 por 100 de los votos válidos emitidos) mientras la segunda fuerza política solo alcanzaba 21 escaños (con el 13,68 por 100 de los votos), es decir bastante menos de la mitad. Pero, si la victoria de CiU ha sido tan abrumadora, ¿a que viene el absurdo de algunos portavoces de los partidos competidores empeñados en deslegitimar esa clara victoria, demandando, incluso, la dimisión del presidente de CiU, Artur Mas? ¿Y, en todo caso, qué derecho tienen estos políticos “perdedores”, para inmiscuirse, además, en las decisiones internas de una organización que les es ajena…?

Cierto es que Artur Mas había pedido a los electores que votaran a CiU de forma masiva para conseguir una mayoría absoluta (algo que siempre es un resultado extraordinario), lo que, además de ser legítimo y tácticamente conveniente, debería pretender cualquier líder que se precie. Pero lo que está clarísimo es que si a quien ha ganado las elecciones se le pide que dimita por no haber conseguido mayoría absoluta, quienes habiéndolas querido ganar aun con mayoría simple (que es lo suyo) las han perdido, tendrían que aplicarse la misma exigencia que reclaman a otros y, con mayor motivo, ser los primeros en dimitir de sus cargos partidistas.

Dada la importancia política de estos comicios, en los que se sin duda alguna se medía la temperatura del independentismo catalán y, por tanto, la fortaleza o debilidad del actual modelo de Estado, lo primero que demuestra la legítima victoria electoral de CiU, que en efecto ha perdido 12 escaños respecto de su posición anterior, es la incapacidad del PP para recogerlos, entendiéndose que representan votos de la derecha catalana no secesionista. El PP se ha quedado atascado en los 19 escaños y el 12,99 por 100 de los votos, lo que a tenor de la bandera “españolista” que arriaba en la campaña y de ostentar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado, presidiendo por supuesto el Gobierno de la Nación, es un derrota sin paliativos, extremadamente grave justo a efectos del problema secesionista de fondo que subyacía en estos comicios. Y punto pelota.

Pero es que, todavía peor, este flagrante fracaso político del PP en Cataluña se ha visto acrecentado por el éxito de Ciutadans, que ha incrementado su peso parlamentario con seis escaños más sobre los tres que ya tenía; es decir creciendo en escaños un 200 por 100 y consolidándose como fuerza política directamente competidora del PP. David le ha robado la posición política a Goliat y Goliat-Rajoy se fuma un puro, que es lo que mejor sabe hacer, aunque esto pueda marcar el principio del fin del PP en Cataluña.

Pero si el analista sensato puede preguntarse por qué extraña razón los resultados electorales del 25-N han de provocar la dimisión de Artur Mas y no la de la popular Alicia Sánchez-Camacho, que a pesar del lío en el que se ha metido parece encantada de haberse conocido, o la del propio Rajoy, que ha fracasado totalmente en su defensa del Estado español, también podría mirar hacia el PSOE y plantearse algo parecido. Pere Navarro, líder del PSC, y su padrino político Alfredo Pérez Rubalcaba, se muestran razonablemente satisfechos porque, como gran alternativa de gobierno en España, sólo han perdido ocho escaños, tres o cuatro menos de los que les vaticinaban los sondeos demoscópicos previos… (¡Vaya tropa!).

Dicho de otra forma, el PSC-PSOE también se muestra encantado de seguir compitiendo a la “pata coja” y con el brazo en cabestrillo en el maratón político catalán, como en el vasco o en el gallego, sin soltar el lastre de su estúpida propuesta “federalista” que todavía va más allá de la barbarie autonómica: taifas sobre taifas. Con todo, que es mucho y francamente lamentable, a este par de “figuras” políticas, perdedores de tercera categoría, sólo se les ocurre criticar a quien, además de haber ganado las elecciones del 25-N con toda claridad, también les ha “mojado la oreja” más que doblándoles en votos y escaños. Claro está que, con estos personajes de por medio, la valoración social de la clase política, y en particular la del PSOE, seguirá bajo mínimos.

EL “PROBLEMA CATALÁN”: GANA CiU y ERC, PIERDEN PP Y PSOE

Lo que subyace en toda esta interpretación equivocada de los resultados electorales del 25-N y en las rabietas de la oposición contra Artur Mas, acompañadas con la absurda exigencia paralela de que renuncie al liderazgo de CiU, es su trasfondo secesionista. Abanderando la eclosión ciudadana del independentismo, palpable a más no poder, CiU se ha atrevido por primera vez a encabezar su programa electoral con esta atrevida aspiración política, de forma tan arriesgada como rotunda. Su “pulso” frente al Gobierno de la Nación (y también frente a la oposición socialista) fue total, y en el análisis objetivo de la situación hay que decir que ha sido ganado en toda regla, por mucho que se quiera ocultar o no reconocer.

A este respecto hay que tener presente tres consideraciones sustanciales que tanto el PP como el PSOE quieren ignorar, o que simplemente ignoran por su escasa capacidad analítica.

La primera de ellas es que por primera vez en el nuevo Estado democrático, los votantes de CiU han asumido con plena consciencia, y expresándolo sin ambages en las urnas, la exigencia independentista, porque los votos de quienes piensan de forma distinta o se han sentido más “españolistas” han emigrado obviamente hacia otras formaciones políticas (caso, por ejemplo, de los casi 170.000 votantes que han incrementado la base electoral de Ciutadans y que le han supuesto seis escaños más). Por tanto, a partir del 25-N ya no cabe suposición alguna sobre las “señas independentistas de CiU”.

En segundo término, el gran refrendo de esta exigencia de independencia es mucho más palpable con el éxito obtenido por ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), partido que ha doblado sus escaños (21 frente a los 10 precedentes) convirtiéndose en la segunda fuerza política, a pesar del fracaso que cosechó recientemente participando en el llamado Gobierno “tripartito”; un dato que sin duda es el más significativo de las elecciones. Es decir, el problema de fondo (el pulso de la secesión) se agrava para los partidos “españolistas” (y para el Estado) una vez que el éxito de CiU se ha visto flanqueado con el de ERC, partido bastante más radical al respecto.

En tercer lugar, y por si lo dicho sobre “ganadores” y “perdedores” no fuera suficiente, las elecciones del 25-N han dado juego también para que una plataforma independentista todavía mucho más radical, CUP (Candidatura d’Unitat Popular) haya obtenido más de 126.000 votos y tres escaños. Una irrupción en la arena política en modo alguno menor o accesoria, dado su activismo y su conexión con los movimientos sociales de base municipal.

EL INDEPENDENTISMO SIGUE SU CAMINO

La aritmética del caso es bien simple: en el Parlamento de Cataluña se acaba de consolidar un frente “independentista” mayoritario de 74 escaños y una oposición minoritaria “españolista” de 61, que, además estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto, lo que, por otra parte, evidencia su incapacidad para defenderlo. Ese reparto de posiciones antagónicas, además de mostrar una división real de la sociedad catalana en relación con el propio concepto de España y su sistema de convivencia, tiene todas las trazas no sólo de que una de ellas (la “independentista”) ya sea irreversible, sino de que irá creciendo a costa de la otra (la “españolista”), tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la incapacidad de los partidos nacionales para contrarrestarla.

Uno de los comentaristas políticos más clarividentes al respecto, quizás por su independencia personal, Federico Jiménez Losantos, lo afirmó nada más conocerse los resultados electorales del 25-N. En su columna habitual de “El Mundo” (Comentarios Liberales) publicada un artículo titulado “Lo de menos era Mas” (26/11/2012) en el que, despegado incluso de la línea editorial del periódico, afirmaba acertadamente que si bien Artur Mas había perdido 12 escaños y fracasado en su aspiración de alcanzar una mayoría hegemónica, su proyecto secesionista había vencido, sin duda. Y explicaba:

“¿A quién ha vencido? Evidentemente, a todos los que se oponían al referéndum y a la independencia, bien para mantener la España autonómica -PP y Ciudadanos-, bien para reconvertirla en una España federal ‘con derecho a decidir’, o sea, a separarse -PSC-. Leales y desleales, coherentes e incoherentes han sido igualmente derrotados, si bien Ciudadanos puede presumir de un gran resultado como partido. Los partidarios de defender el Estado Español actual no llegan a 30 escaños e incluso sumando a los que quieren una España en porciones y desechable no llegan a 50. Sobre 135”.

A continuación, Jiménez Losantos se hacía una doble pregunta de respuesta obvia: “Pero ¿alguien cree que el PSOE se ofrecerá al Gobierno de Rajoy para constituir un frente español que dé la batalla política y mediática al frente separatista catalán? ¿Y alguien cree que el Gobierno del PP, con toda su mayoría absoluta, será capaz siquiera de intentarlo?”.

La conclusión del articulista era fiel expresión de la realidad objetiva y, por ello, bien contraria a las falsas lecturas del 25-N realizadas por sus dos grandes perdedores, el PP y el PSOE: “Lo de menos era Mas. El separatismo sigue adelante”.

¿Y DE QUÉ VALIÓ EL “JUEGO SUCIO” DE LA CAMPAÑA ELECTORAL?

Lo advertimos en nuestra anterior Newsletter (“La realidad objetiva y la manipulación política”). El marcado tinte de “guerra sucia” electoral que tuvo la reactivación mediática-policial del “caso Palau” en plena campaña del 25-N, con graves acusaciones personales contra Artur Mas (todavía sin probar judicialmente), no evitaría la clara victoria de CiU que cantaban los sondeos demoscópicos previos. Sin embargo, sí que pudo desplazar el voto independentista hacia posiciones más radicales que las de CiU y, por supuesto, generar un enfrentamiento con el PP difícilmente “reconciliable” bajo la presunción de que su entorno amparaba tan torpe estrategia política, como ha sucedido.

Algunas circunstancias posteriores no han dejado de avalar la hipótesis “conspirativa” del caso. Para empezar, el hecho de que, una vez concluidas las elecciones catalanas, “El Mundo” y sus apoyos satelitales hayan dejado de tratar el tema, es bien significativo al respecto. Lo que antes se presentó como una vergüenza nacional y objeto de persecución inquisitorial, después ha desaparecido de sus páginas disuelto como un azucarillo en un vaso de agua.

Al mismo tiempo, otro caso importante de supuesta corrupción política, el investigado en la “Operación Mercurio”, pero que afecta básicamente a políticos socialistas y populares, sólo fue publicitado tras haber concluido las elecciones del 25-N, permaneciendo en prudente hibernación informativa hasta ese momento.

De hecho, el “caso Palau”, reconvertido electoralmente en el “caso Mas”, ya ha comenzado a generar un efecto “boomerang” contra sus promotores. Tres Juzgados de Instrucción de Barcelona, el 33, el 31 y el 24, han emitido autos en los que admiten a trámite las querellas presentadas contra “El Mundo” e imputando a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta por un posible delito de calumnia e injurias, presentadas respectivamente por Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat de Catalunya, por su Departamento de Interior y su titular (Felip Puig) y por el ex presidente de la misma institución, Jordi Pujol.

Al mismo tiempo, la Policía ha abierto un expediente informativo al líder del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, por difundir el “borrador de informe policial” que, en expresión del diario “El País”, enfangó las elecciones catalanas. Este mismo medio informativo ha resaltado el “embrollo” en el que se ha metido el Ministerio del Interior, que sigue sin aclarar el origen del “borrador” de marras…

Si la corrupción política está destruyendo España, como es cierto, persígase allí donde se produzca de forma inmediata, con todos los medios legales disponibles y, en su caso, con sentencias firmes verdaderamente ejemplarizantes. Lo demás es basura y ponzoña política de la peor clase, con la que nuestra democracia hiede a kilómetros de distancia, amparada en una politización institucional intolerable y con una invasión partitocrática de los altos organismos del Estado que los convierte en una pura comparsa, al corte de las repúblicas bananeras.

OTERO NOVAS Y LOS “MITOS DEL PENSAMIENTO DOMINANTE”

José Manuel Otero Novas es, entre otras cosas, un ensayista que sabe correlacionar el pensamiento teórico con la acción de gobierno; y también valiente porque, sin desprenderse de su reconocida afabilidad y sus buenas maneras, suele sobrepasar la línea de lo “políticamente correcto”. Es, por tanto, en esa faceta de escritor y analista de la realidad política, un autor especialmente recomendable. De hecho, en un ensayo titulado “Asalto al Estado: España debe subsistir” (Biblioteca Nueva), publicado en 2005, ya advertía acertadamente de la errada y peligrosa deriva por la que discurría el Estado de las Autonomías.

En su opinión, y aunque se hayan venido manteniendo las apariencias, una vez concluida la Transición el Estado español no ha dejado de mostrar su extrema debilidad, en poderes y en voluntad de sobrevivir, creciendo su inoperancia día a día por voluntad generalizad de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. Por supuesto que con grave perjuicio para el conjunto de los ciudadanos, que de esa forma están perdiendo su capacidad de progreso y su propia fuerza vital, de forma ciertamente arriesgada porque “la historia enseña que las naciones se crean con sangre y se desintegran con sangre”.

Otero Novas, que se confiesa corresponsable del diseño del Estado de las Autonomías (fue entre, otras cosas, ministro de Presidencia y estrecho colaborador del presidente Adolfo Suárez durante el proceso constituyente), explica en aquel ensayo cómo la Constitución ha sido violentada de forma subrepticia y continuada por querer jugar a todo, a la igualdad y, al mismo tiempo, a la diferenciación. Y lo cierto es que, pese a la esencia federal contenida en la Constitución, inmediatamente se comenzó a transitar por la senda confederal, lo que ha supuesto ir negando de forma progresiva la Nación española y entender el Estado como un mero instrumento al servicio de las Comunidades Autónomas, lo cual es mucho más lamentable y crítico cuando sus pocas funciones aún no transferidas, ya no son estrictamente suyas sino de la Unión Europea…

Más tarde, en 2011, Otero Novas publicó otro libro, “Mitos del pensamiento dominante” no menos lúcido y revelador, que incluso se podría catalogar como transgresor a tenor de como están hoy las cosas. Desde entonces, ha venido difundiendo sus análisis y propuestas políticas en los círculos de opinión informada cada vez más distanciado del PP, partido con el que, tras la desaparición de UCD, colaboró activamente hasta que en la VI Legislatura el Gobierno de José María Aznar optó por reimpulsar las transferencias a las autonomías en materias netamente estatales.

Al amparo de aquel ensayo, concedió una entrevista a la periodista Blanca Torquemada publicada por el diario “ABC” (16/10/2011), cuyo contenido ha ido adquiriendo más sentido día a día. La amenaza del secesionismo catalán aconseja volver a leerla:

Otero Novas: “La Constitución no dice que España se divida en comunidades autónomas”

El hombre que convenció a Suárez del Estado de las Autonomías clama hoy contra sus excesos y desafía a la corrección política con su libro “Mitos del pensamiento dominante”

BLANCA TORQUEMADA

ABC 16/10/2011

Otero Novas (Vigo, 1940) es un erudito afable, un lúcido y ameno conversador. Sabe trasladar la solidez intelectual de sus escritos a la llaneza del lenguaje hablado y salpimenta sus exposiciones con retazos vibrantes de la etapa crucial que le tocó vivir. Y también gestionar, porque fue uno de los cocineros de la Transición, en fogones donde cualquier ingrediente mal medido podía arruinar el guiso y envenenar el milagroso equilibrio de la convivencia. Alejado de la política activa desde 1996, continúa ejerciendo la abogacía y preside el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo-CEU, atalaya desde la que aporta perspectiva y reflexión. Ahora publica un nuevo libro (“Mitos del pensamiento dominante. Paz, democracia y razón”, editado por Libros Libres), en el que desmonta lugares comunes enquistados en la sociedad y en el debate político.

-Admonición de su nuevo ensayo: craso error creer que nuestro sistema de valores es inmanente y eterno.

-Ya lo decía en mi libro anterior: que nadie crea que esto es lo definitivo. No. Los hechos no se repiten, pero sí las tendencias. De lo de hoy vamos a pasar a lo que vino antes, y luego lo de ahora volverá otra vez. Y estudiando eso me metí a ver cuáles son las características de la etapa presente, y ahí estaban la paz, la democracia y la razón que subtitulan el libro, para ver hasta qué punto hoy son verdad. Porque mitificamos la tendencia, y nos creemos que la tendencia es la realidad. Y no lo es.

-¿De modo que la democracia entendida como poder de las mayorías es un mito?

-Hoy somos más demócratas que en 1960, y más que en 1990, pero no somos demócratas. Solo estamos más cerca de la democracia. En los sistemas occidentales contenido democrático claro que lo hay, algo pesa el pueblo, pero no más de un veinte por ciento.

-Porque entre el voto y la toma real de decisiones hay una distancia abismal...

-¿Qué es el voto? Si yo voy el día de las elecciones y quiero votar al vecino del quinto, no puedo hacerlo. En la mesa te ponen una docena de nombres, y de esa docena, de verdad tienes que elegir entre tres. Pero yo no elijo el Gobierno. Voto por uno de los tres, pero no entre los 44 millones de españoles. Quien manda de verdad es quien selecciona esos tres nombres.

-En otra vertiente, estima que aquel sector franquista de 1975 (amplio, sociológicamente) que aceptó la llegada de una democracia ordenada no habría transigido si hubiera visto el problema territorial que tenemos ahora.

- Yo me comprometí con Suárez a trabajarme a sesenta procuradores, y les dibujaba cómo iba a ser el futuro. Y no les engañé. Les dije: “Lo lógico es que nosotros ganemos ahora y que luego llegue a gobernar un partido socialista...”. Pero si hubieran supuesto lo que es hoy la España autonómica, no lo habrían aceptado.

-¿Y por qué hemos llegado a esto?

-Yo convencí a Suárez de la España de las Autonomías, y él deseaba ser convencido. Me llamaba “el separatista del Gobierno”. Y, llegado el momento, le propuse: “Transferimos el sistema educativo, pero nosotros nos quedamos con los planes de estudios, con los currícula (y no se dará el título si no lo cumplen) y con la alta inspección educativa dentro de las escuelas. Eso es más que suficiente”. ¿Y qué pasó? Pues que a partir de entonces no se cumplió la Constitución, porque en lo que estamos hoy no es lo que dice la Constitución. La Constitución no dice que España se divida en comunidades autónomas. Eso no lo dice. Y la Constitución dice que los puertos de interés general son competencia exclusiva del Estado. Y se han transferido. Los transfirió Aznar la noche que ganó las elecciones. De modo que si tuviéramos que desembarcar marinos en Barcelona necesitaríamos el consentimiento de la Generalitat.

-¿Se transige con esos incumplimientos en busca del apaciguamiento?

-El error nuestro (y de ese error participé yo) fue una razón utilitaria. Lo que nos preocupaba entonces era ETA, y el argumento era: “Si les damos una razonable autonomía, desaparecerá la violencia”. Yo me acuso de haberme equivocado en ese punto. Luego ya no me acuso de las cesiones, porque cuando empezó la deriva yo estuve en contra dentro del Gobierno y fuera del Gobierno. Siempre. Pero el error inicial de creer que se darían por satisfechos sí lo cometimos. Y por eso clamo ahora contra las políticas de apaciguamiento.

-¿El deterioro de la unidad territorial al que hemos llegado tiene aún arreglo?

-Cada vez es más difícil.

-Se apunta en su nueva obra que para una solución sería necesaria la gran coalición de las dos fuerzas mayoritarias.

-Yo sería partidario de la gran coalición y trabajaré para convencerles, pero me hago pocas ilusiones. Si no se hace esa gran coalición, la solución dentro del sistema pacífico y democrático tendría que ser la de constituir una fuerza política cuyo único objetivo sea ese, que no se meta en derechas ni izquierdas, y que sepa que a lo mejor tienen que pasar quince años hasta que tenga fuerza de verdad. Eso puede ser el polo que atraiga al ochenta por ciento de la población española para arreglar el desmadre. Luego, hay otra posibilidad. La solución de esto puede venir también por algún drama.

-¿No es descartable que acabemos en guerra por esta cuestión nacional?

-No lo es.

-También relaciona nuestra entrada en la UE con los problemas económicos que tenemos ahora. Suena provocador.

-Yo ya escribí sobre eso en ABC un año o dos después del ingreso de España en la Unión Europea. Era crítico, y decía que “esta manera de entrar no me parece bien, por ahí vamos a perder”. Pero es un tema tabú también, y yo lo toco muy poco en el libro. Eso necesitará un libro aparte.

-Pero sí esboza una cosa: que el ingreso en la Europa comunitaria ha contribuido a deshacer el tejido productivo español, al habernos convertido en una sucursal de vacaciones de nuestros socios...

-Es así. España hasta 1986 tenía balanza comercial positiva con Europa. No ganábamos mucho dinero, pero todos los años ganábamos algo. Pero ingresamos en 1985 y en 1986 ya perdemos. Poquito, pero algo. Llegamos a los años 90 y ya perdemos un billón y dos billones de pesetas al año. Hablando en pesetas, hemos llegado a perder siete y ocho billones de pesetas anuales, mientras que en los años más gloriosos de ayudas comunitarias a España de saldo positivo (porque nosotros también damos dinero a Bruselas del IVA o de impuesto de aduanas), en el año que más recibimos obtuvimos 1,1 billones de pesetas. En este momento la ayuda es prácticamente cero, ya no tenemos saldo positivo. Así que como balance de esta etapa, si nos han dado 1,1 para autopistas, hemos perdido 5,5 en el comercio con Europa. ¿Qué significa eso? Que para pagar hemos tenido que vender nuestras empresas. Y como ya nos quedan pocas, pues nos hemos dedicado al endeudamiento. Un endeudamiento que, neto, es igual al PIB de España. Luego, decimos “los años del bienestar”... Sí, pero con un billón de euros que debemos.

-Ha hecho fortuna la percepción de que ustedes los políticos de la Transición estaban hechos de otra pasta, y que ahora tenemos dirigentes bastante más ramplones. ¿Es una apreciación justa?

-Yo creo que hay una diferencia notable. La clase política de la Transición no era una clase política profesional. No éramos profesionales. No ibas ahí a hacer carrera, porque la carrera la tenías en otro sitio. La dedicación política era más bien un honor. Ibas y volvías.

SOBRE LA RUPTURA DE ESPAÑA

José Manuel Otero Novas sostiene, y no precisamente a partir del 25-N sino desde mucho antes, que España se desmiembra. A diferencia de otras voces críticas que sectariamente sólo señalan en este sentido a un partido político (bien al PSOE o bien al PP), también asegura que la responsabilidad de esta desmembración es compartida por todos los gobiernos del actual régimen democrático.

La razón es que, desechándose torpemente un pacto entre los dos grandes partidos, poco a poco se ha ido caminando hacia un Estado confederal a base de acuerdos con los nacionalistas, que después han tenido su reflejo en el resto de las autonomías. Pero Otero Novas también advierte, porque sabe de la historia y sus repeticiones, que España se ha desintegrado varias veces y siempre se ha solucionado, pero con sangre.

En su opinión, la sociedad española actual es mucho más hedonista que la de la Transición, con una clase política acorde. Antes, los políticos sabían de su temporalidad, pero ahora son profesionales, cosa que no plantea como una crítica sino como una realidad.

El Estado de las Autonomías ha llegado a ser un gran problema, pero Otero Novas no se muestra partidario de hacerlo desaparecer, sino de volver a lo que está realmente escrito en la Constitución. Y de afrontar una reforma constitucional aclarando todo lo que se ha interpretado mal en estos años.

Confía en que se pueda reconducir esta crisis institucional. Su esperanza es que, viendo que vamos a chocar contra un muro, seamos capaces de frenar a tiempo, admitiendo las reformas necesarias y evitando políticas suicidas, como la Ley de Memoria Histórica o las veleidades independentistas, que, despreciando la Historia, pueden reavivar odios peligrosos o repetir graves traumas ya vividos.

Dicho queda por boca ajena y recuperado a propósito del “problema catalán” y las falsas lecturas del 25-N. Un análisis de la situación basado en la realidad objetiva, que compartimos plenamente en lo fundamental.

Conocer la realidad objetiva, sobre la que siempre debería operar el buen gobierno, no es tarea fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra completamente distinta y que, por consiguiente, la primera no es sino una “apariencia”.

Pero en el plano de la política, que básicamente es una práctica y no una teoría, el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igualmente práctico, y no filosófico, porque es en la práctica donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural, el poder y la precisión de sus pensamientos.

Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte caeremos en el error y, por tanto, en el gobierno pernicioso. El gobierno de la razón, frente a la razón del gobierno (que a menudo incluye la “sinrazón”, la “razón de Estado”, el “secretismo” y tantas otras formas espurias de ejercer el poder), se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

El proceso electoral o la lucha partidista por acceder al poder, es otra cosa. Se acostumbra a revestir con excesos propagandistas, descalificaciones mendaces de los adversarios, promesas falsarias, manipulaciones de todo tipo y hasta con programas distintos a la “línea de gobierno” prevista en la trastienda de los partidos, a veces desconocida incluso por los directores de campaña, ocupados en ofrecer a los votantes lo que estos “desean” y no lo que en realidad van a recibir después.

LAS MENTIRAS POLÍTICAS: “PROMETER HASTA METER…”

La mentira electoral es un juego vergonzoso de reiterada traición a los votantes, perfectamente “asumible” porque, según establecen las reglas de la democracia, al final de cada legislatura todo el mundo tiene opción a que le siga engañando el mismo partido o que, si lo prefiere, vuelva a engañarle otro que hasta ese momento electoral estaba en la oposición… Claro está, pues, que el engaño político prevalecerá mientras los electores hallen placer en ser engañados.

Y esa es una situación difícilmente reversible en razón de la “dinámica rotacional” del electorado. Cierta es la dificultad de engañar continuamente a las mismas personas y de la misma forma; pero la realidad es que el censo electoral está sujeto a continuas “entradas y salidas” de ciudadanos que van alcanzando la condición de votantes o por los propios fallecidos, al margen de los muchos que, desengañados, van renunciando a su derecho de sufragio, con lo que los “huecos” en el núcleo participativo son ocupados de forma automática por las nuevas generaciones ingenuamente ilusionadas con transformar el mundo a través de esa misma política. Así, la práctica electoral engañosa puede prevalecer perfectamente “inmutable” frente a una ciudadanía “mutable”, es decir engañando siempre aunque no siempre a las mismas personas.

Un ejercicio mentiroso que, además de ser propio de políticos de escasa capacidad, como la mayoría de los actuales, también es el refugio de los más mezquinos y de los más tontos, quienes, si uno se detiene en tal observación, no dejan de ser los que más mienten. Y en el que, según clamaban los socráticos, el peor engaño es el de los que, careciendo de méritos para ello, se hacen pasar sin pudor alguno ante sus conciudadanos por hombres capaces de gobernar el país.

El último capítulo de esta reconocida historia es el protagonizado por Mariano Rajoy, plenamente identificado con el chascarrillo popular del “prometer hasta meter y, una vez metido, nada de lo prometido”, que a pesar de su intención sexual no en vano se identificó con la habilidad política y electoral de Francisco Romero Robledo, un ministro prácticamente “vitalicio” que además de ocupar la cartera de Gobernación durante todo el reinado de Alfonso XII (1874-1885), también se sentó en el Consejo de Ministros, antes y después, sin solución de continuidad, con el rey Amadeo I y durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Prometer hasta meter… porque el político no pretende otra cosa, al menos en el marco de la escasa cultura democrática española. Para comprobarlo, sólo hay que observar nuestra realidad, rebosante de promesas, pasadas o presentes, perfectamente equivalentes a mentiras futuras. Y también de obsequiosas “golosinas” (la antigua “compra” del voto en práctica excelsa del ministro Romero Robledo) convertidas, según la tipología de la clientela del momento, en promover ayudas y subvenciones, movidas, botellones, mamandurrias clientelares, peonadas, expedientes ilegales de regulación de empleo, transferencias competenciales, viajes del Imserso, suspensión de la “mili”, barra libre para saquear las cajas de ahorro..., es decir dándole a cada uno la suya.

El “viejo profesor” (Enrique Tierno Galván) entendió bien el fenómeno. En términos académicos afirmó: “La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas”. Y en la práctica, haciendo rugir a sus jóvenes votantes durante la celebración de un festival de música en el Palacio de los Deportes de Madrid en 1984, más temerario que corto o perezoso, propuso: “¡Rockeros: el que no esté colocado, que se coloque... y al loro!”.

Rajoy también estuvo, como todos, al loro del oportunismo político, aguantando a trancas y barrancas dos grandes derrotas electorales y desplegando sus propias mentiras del “prometer hasta meter…”, oportunamente acompañadas por el descalabro “zapateril” vivido durante las dos legislaturas precedentes, hasta llegar a donde ha llegado. A dirigir el Gobierno de la Nación durante un año sin lograr el menor alivio de la crisis (más bien consolidándola), abrasado por el incumplimiento de sus promesas electorales y por una política de tijeretazos y recortes sociales salvajes (sin reducir el déficit público ni reactivar la economía productiva), dando continuos palos de ciego, promoviendo reformas de fondo timoratas y nuevas promesas “para no cumplir”, e incluso hasta llevando no pocas cuestiones de vital importancia por la misma senda ya transitada por Rodríguez Zapatero de forma desastrosa.

Aunque lo más dramático del momento no sea la timorata torpeza de Rajoy al frente del Gobierno, ni tampoco su reflejo en las autonomías y en los ayuntamientos también gobernados por el PP, sino el hecho de que la oposición socialista (la teórica “alternativa”), políticamente arruinada tras la frívola orgía del “zapaterismo”, prepare ahora un nuevo catálogo de promesas engañosas al alza para intentar su reposición en el poder, por supuesto de forma demagógica antes que asentada en la razón: la defensa a ultranza del Reino de Jauja (el “gratis total”), la utopía de la “alianza de las civilizaciones”, el clientelismo partidista… y, sobre todo, la barbaridad del Estado Federal.

Alentando con ello de nuevo, como es lógico, la mentira creciente del “y yo más” (o los dos huevos duros de postre) que, sea cual sea el menú, siempre demandan los neo-caciques nacionalistas en su gran engaño de la España “asimétrica” (y no digamos el del independentismo). Es decir, el consolidado “más de lo mismo”, enmarcado en el permanente “prometer hasta meter…”.

“CASO PALAU”: EL COLMO DE LA MANIPULACIÓN POLÍTICA

En el marco de esta reflexión crítica sobre la dinámica de engaños, falsas promesas y vergonzosas manipulaciones políticas de la realidad objetiva,  es decir sobre la degradada vida pública española, con su correspondiente espejo de representaciones institucionales socialmente desprestigiadas, el “caso Palau”, sobre cuyo trasfondo político se acaba de levantar la veda, es sin duda paradigmático.

Se trata de una reactivación sobrevenida o de una “eclosión” inducida porque, en realidad, su escandaloso contenido era de sobra conocido por la opinión pública desde hace más de diez años, aunque por voluntad política permaneciera hibernado o en fase disolutiva (hasta el punto de que muchos de sus flecos delictivos han podido prescribir). Y no en razón de la justicia, sino sólo por el interés común de quienes se alternan en las poltronas del poder (PP y PSOE), manejan sus resortes y controlan los medios coercitivos del Estado, ahora amenazado por los planteamientos secesionista de la izquierda abertzale en el País Vasco y, más preocupante si cabe,  por el “pancatalanismo” que lidera Artur Mas.

El “caso Palau” (también conocido como “caso Millet” y como el “saqueo del Palau de la Música”) y sus conexiones con la corrupción política, saltaron a la palestra informativa con el desfalco confeso realizado por Fèlix Millet i Tusell, presidente de la “Fundació Palau de la Música-Orfeó Català” (que él mismo creó en el año 1990), de forma continuada durante toda la primera década el siglo XXI. El suceso originó una gran consternación en la sociedad civil catalana por la importancia simbólica de la institución implicada y porque sus ramificaciones afectaban a partidos políticos que, bien de forma directa o indirectamente, fueron financiados por Millet con fondos detraídos de la misma y cuyo origen siempre estuvo bajo sospecha.

Ya en el año 2002, una nota anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña advertía que parte del dinero de la Fundación presidida por Millet se desviaba para fines privados. También el Síndic de Comptes de la Generalitat de Catalunya detectó anomalías en la gestión del año 2002, informando a la Administración responsable.

Esta denuncia anónima de 2002, archivada y con registro oficial de entrada, no generó en aquel momento investigación alguna por parte de ningún organismo competente, alegándose que no aportaba datos concretos. Ni siquiera abriendo un simple expediente de investigación para evitar la prescripción de los presuntos delitos denunciados (como sucedió).

No obstante, el 23 de julio de 2009 se realizó un registro policial en la sede de la “Fundació Palau de la Música-Orfeó Català”, entidad que gestionaba los recursos del Palacio y de su propietaria, el Orfeón Catalán, en base a la sospecha sobrevenida y “fundada” (dicho de otra forma, porque entonces ya así lo quiso la autoridad competente), de que existieran irregularidades económicas en su gestión. Ese fue el momento en el que se evidenció que sus responsables durante más de 30 años, Fèlix Millet y Jordi Montull, junto a otros colaboradores, resultaron ser los autores del mayor expolio jamás conocido en una entidad cultural de la Unión Europea.

De hecho, dicha Fundación fue creada para actuar libremente sin que los responsables del Orfeó o del Palau pudieran intervenir, dándose la paradoja de que, mientras aquella obtenía grandes sumas de dinero, los fondos no llegaban a estos otros destinatarios primordiales. Sin recursos económicos, el Orfeó tenía que suspender algunas de las giras programadas, mientras el Palau ofrecía una programación de calidad pero a unos precios mayores que en otros auditorios, porque los ingresos obtenidos por otras vías (como el patrocinio) no eran suficientes (luego se descubriría que sí lo eran, aunque en vez de llegar a su destino se quedaran en el bolsillo de los “gestores”).

Tras la investigación realizada por la Fiscalía de Barcelona a finales del mismo mes de julio de 2009, Millet intentó aclarar sin éxito un presunto desvío de dos millones de euros realizado durante 2003 y 2004 por el Patronato de la Fundación que presidía, siendo destituido de su cargo y también de la presidencia del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme). El ministerio público presentó entonces una querella contra Félix Millet y otro tres responsables y directivos del Palau de la Música Catalana por apropiación indebida y falsedad documental.

Dada la evidencia delictiva, y siguiendo el consejo de sus abogados, Félix Millet reconoció el desvío de fondos a sus cuentas y patrimonio personal, confesando la comisión de un desfalco por importe de 3,3 millones de euros que destinó, entre otros usos, a reformar edificaciones de su propiedad y pagar viajes turísticos a destinos de lujo como Maldivas y Dubai. También sostuvo, de forma indocumentada y controvertida, que había pagado comisiones y realizado pagos en dinero “negro” a artistas que actuaban en el Palau, sin que constaran en la contabilidad oficial.

A finales de 2009, seis meses después del registro policial instado por la Fiscalía de Barcelona, que permitió consumar la imputación de Millet, y de que el abogado y gestor cultural Joan Llinares se hiciese cargo de la dirección de la institución, las auditorias practicadas bajo su coordinación acreditaban un desfalco de más de 34 millones de euros, de los que en esa misma fecha se habían podido recuperar poco más de seis.

Millet ha sido un personaje omnipresente en la vida pública de Cataluña durante los últimos treinta años, con un considerable poder económico y político reforzado por la información “sensible” que supuestamente posee, sobre todo en lo que se refiere a la financiación de partidos políticos catalanistas realizada con fondos desviados del propio Palau. En agosto de 2010 se dio a conocer, por ejemplo, que Ferrovial pagó comisiones del 4 por 100 sobre obras realizadas con destino final en Convergència Democràtica de Cataluya (CDC), entonces aupada en el Gobierno de la Generalitat y contando con Jordi Pujol como Presidente y con Artur Mas como Secretario General (hoy esos mismos cargos están ocupados respectivamente por Artur Mas y por el hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol i Ferrusola).

LA MANO OCULTA QUE MECE LA CUNA

La realidad es que la “desidia judicial”, por sí misma o alentada por el poder político connivente a conveniencia, ha contribuido de forma decisiva a que los autores del desfalco del Palau hayan eludido la cárcel, a que algunos de sus presuntos delitos hayan prescrito y, probablemente, a que también eludan buena parte de la responsabilidad civil del caso, ya que durante años han gozado de libertad para poder transferir sus fortunas a cuentas ocultas o cambiar la titularidad de sus propiedades.

Con todo ello, sorprende sobremanera, no el fondo de las últimas denuncias mediáticas, cuyo trasfondo de corrupción política está más que asumido y descontado políticamente, sino la artificiosa forma y el momento puntual de su reactivación. Sobre todo atendiendo al principio aristotélico (cristianizado por San Agustín de Numidia) de que “no hay efecto sin causa”.

Algunos medios de comunicación social, que con mayor o menor sutileza apoyan al Gobierno del PP, sostienen, sin el debido contraste periodístico, que la reactivación del caso y la filtración a la prensa que lo anima (de momento poco probatorio y en realidad “inexistente” porque en la práctica policial y judicial el “borrador” no deja de ser pura entelequia), están motivadas por la “inacción” del tribunal competente, sin plantearse, ni por asomo, que para informar del caso existen vías institucionales más apropiadas. Y llamando además la atención sobre el hecho de que una Fundación relacionada con el juez que entiende del caso, Joan María Pijuan, había recibido subvenciones de la Generalitat de Catalunya.

Una tendenciosidad que ha sido rápidamente atajada por el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, aclarando que la fundación a la que pertenece Pijuan es una ONG sin ánimo de lucro, dedicada a “una finalidad de interés general” como la reinserción social de presos, por lo que recibe ayudas públicas “como muchas otras entidades cívicas, culturales o deportivas”, recalcando que Pijuan es miembro de honor de la fundación y “no obtiene ningún beneficio económico de la misma”. Además, recordó que se trata de “un magistrado de reconocido prestigio y dilatada trayectoria”, que a lo largo de su carrera profesional “ha investigado numerosas causas, entre ellas algunas relacionadas con personalidades vinculadas a diversas fuerzas políticas, en las que ha aplicado rectamente la ley, sin ningún tipo de excepciones o favoritismos”, insistiendo en que “no existe ningún vínculo que pueda afectar a su independencia e imparcialidad y cualquier indicación en sentido contrario carece de base objetiva”.

Los mismos medios informativos han arremetido también contra el fiscal afecto al caso, que parece no haber visto con buenos ojos la filtración de marras, altamente “sospechosa” tanto por la forma en que se produce como por su coyuntural trascendencia electoral. Capitalizando, además, de forma interesada la supuesta indicación de la Fiscalía General del Estado para que su representante en el caso fuera más comedido en sus manifestaciones públicas a tenor, precisamente, de su posible efecto en la liza política.

Lo cierto es que ningún policía a título personal, ninguna unidad policial encubierta o no, ni ningún sindicato policial, tienen como misión “azuzar” al poder judicial en su ejercicio jurisdiccional, y menos todavía actuar como “justicieros”, de forma independiente o asociada a otros “justicieros” mediáticos. Esa no deja de ser una desviación impropia dentro del Estado de Derecho, en el que se distinguen claramente las funciones y los poderes institucionales, debiéndose haber recriminado inmediatamente tal proceder por los ministerios de Justicia e Interior y por el propio Consejo General del Poder Judicial, sin que ello impidiera otras actuaciones de los organismos competentes sobre cualquier eventual mala praxis o irregularidad judicial.

Pero otros medios de comunicación, quizás más independientes, no han dejado de situar el origen de esta oscura filtración, ciertamente oportunista, en el entorno de “monclovita”, y con más precisión en la Vicepresidencia del Gobierno. Una posibilidad ciertamente irresponsable que, aun en el caso de que las acusaciones concretas contra Artur Mas, firme candidato a presidir la Generalitat de Catalunya, fueran ciertas (cosa que aun está por ver), sería altamente reprobable por su instrumentación política, dado que ese mismo supuesto “borrador” se podría haber vehiculado por cauces mucho más éticos, legítimos y eficaces legalmente. Aunque tal vez esa razonable vía habría dejado en rápida evidencia su eventual naturaleza artificiosa, de mero “borrador de corta y pega” que no aporta nada nuevo salvo apoyo interesado en el detrimento electoral de un partido y en favor de otros (sin nada que ver con el interés general).

En plena vorágine del caso, “El Confidencial Digital” (20/11/2012) publicó esta reveladora noticia:

¿De dónde ha salido la filtración al diario El Mundo sobre las cuentas en Suiza de Artur Mas y de Jordi Pujol? ¿Quién facilitó el documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta? Dentro de la Policía apuntan en una dirección: ha salido de La Moncloa.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes policiales, en el cuerpo están convencidos de que la filtración del borrador sólo puede provenir directamente del Gobierno, que ha querido “parar los píes” a la deriva separatista de Artur Mas con esta información.

En la Policía creen que Moncloa ha buscado lanzar este mensaje contundente a CiU: “Hasta aquí habéis llegado”.

Una especie de “aviso a navegantes” diseñado desde la presidencia del Gobierno para frenar en seco a los nacionalistas catalanes, explican las fuentes policiales.

Al menos dos copias

Moncloa disponía desde hace semanas del informe de la UDEF sobre las cuentas en Suiza de la familia Pujol y de Artur Mas, dentro de la investigación del ‘caso Palau’. Las fuentes consultadas por ECD explican que el ministerio del Interior eleva a Presidencia todos los documentos, ya sean confidenciales o reservados, que considere delicados. Y esta investigación lo es.

Había otras dos copias, al menos. Una está en posesión de Jorge Fernández Díaz, remitida desde la dirección general de la Policía. Sin embargo, altos cargos del ministerio del Interior han comentado a mandos policiales que de allí no ha salido ninguna filtración. “Nosotros no hemos sido”, ha asegurado una persona del entorno de Fernández Díaz.

Otra copia se encuentra en manos del juez instructor. En la Policía descartan radicalmente que la filtración provenga del juzgado. De hecho, ayer mismo, Josep María Pijuan, el magistrado del caso, citó al comisario jefe de la UDEF para que le diera “cuenta sobre las informaciones publicadas estos días”.

LA TRAPACERA ACTITUD DEL GOBIERNO

El hecho de que nadie haya desmentido de forma expresa lo publicado por “El Confidencial Digital”, y la falta de una reacción consecuente desde el Ministerio de Justicia o los balbuceantes pronunciamientos del ministro del Interior sobre el caso, no dejan de avalar la “tesis conspirativa”. De hecho, el mismo medio informativo publicaba de forma inmediata (21/11/2012) un artículo no menos interesante dedicado los “espías de Soraya”, como se les conoce en los medios de la Seguridad Nacional: una unidad policial conocida como BOA (Brigada Operativa de Apoyo) adscrita al CNI funcionalmente y orgánicamente dependiente del Ministerio del Interior (su sueldo corre a cargo de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía), pero vinculada de forma directa a la Vicepresidencia del Gobierno.

Esta Brigada Operativa de Apoyo del CNI cuenta ya con casi 100 efectivos y ahora se verá potenciada con 30 policías más por el impulso que le ha dado la vicepresidenta del Gobierno, que además filtrará su selección. Se da la circunstancia de que, siendo Pérez Rubalcaba vicepresidente y portavoz del Gobierno al final de la “etapa Zapatero”, y con el propio Félix Sanz al frente del CNI, se planteó la eliminación de la BOA, que, al parecer, no deja de ser una unidad redundante, y con toda probabilidad dispersante, dentro del sistema de Seguridad Nacional.

No es el momento de analizar el funcionamiento de la BOA, pero sí de tener presente la sutil continuidad con la que “El Confidencial Digital” hila el origen “monclovita” de la reactivación del “caso Palau”, en medio de las elecciones catalanas y especialmente orientada contra Artur Mas. Si este supuesto fuera cierto, la torpeza de la inexperta vicepresidenta Sáenz de Santamaría no dejaría de ser clamorosa, al igual que, de cualquier forma, también lo es la forma en la que el Gobierno afronta (o no afronta) la clara amenaza rupturista de los nacionalismos vasco y catalán.

Para empezar, con la victoria de Convergència Democràtica de Catalunya (CiU) en las elecciones catalanas cantada por los sondeos previos, el fuego graneado contra Artur Mas por la vía elegida de “guerra electoral sucia”, tenga origen donde lo tenga, ha sido un error político de carácter monumental, porque sólo podía concluir de dos formas: alimentando el “victimismo” (con balance electoral casi siempre favorable a la “víctima”) o, de otra forma, evitando la mayoría absoluta de CiU, que así se vería convertida en una mayoría absoluta “catalanista” con otro socio dentro del eventual gobierno secesionista aun más radical y problemático (Esquerra Republicana de Catalunya).

En segundo término, los alegres promotores de este retorcido “convoluto” político-mediático también tendrían que haber valorado otras consecuencias sin duda graves, como la presumible actitud “irreconciliable” de quienes se sientan perjudicados por el malicioso procedimiento seguido (el fomento del odio ad aeternum), y sobre todo el último efecto “boomerang” que tendrá la más que probable exoneración judicial de Artur Mas…

Hemos dicho en esta misma Newsletter que no hay efecto sin causa. Pero es que, además, el efecto siempre es, a su vez, causa de otro efecto, en una suerte de acción/reacción de mala digestión política. En el caso que nos ocupa parece claro que la inoportuna bromita del “caso Palau”, que siempre se habría podido reimpulsar al margen de la contienda electoral, va a ser desastrosa precisamente en la controversia del secesionismo que ha querido combatir, de forma torpe y engañosa, ignorando una vez más la realidad objetiva.

PÍO BAROJA, CLARIVIDENTE Y LAPIDARIO

Relacionada con el contenido de esta Newsletter, no queremos dejar de recoger la conocida anécdota-comentario que nos ha hecho llegar un lector habitual de esta web y que últimamente circula de forma profusa por la Red.

En la tarde-noche del 13 de mayo de 1904, cuando en la tertulia habitual que Valle-Inclán presidía en el madrileño “Nuevo Café de Levante”, a la que asistían los intelectuales más prominentes de la denominada “Generación del 98”, se discutía sobre los españoles y sus distintas clases, Pío Baroja sorprendió a los presentes con una definición al respecto que sin duda ha prevalecido en el tiempo:

La verdad es que en España hay siete clases de españoles... Sí, como los siete pecados capitales:

los que no saben;

los que no quieren saber;

los que odian el saber;

los que sufren por no saber;

los que aparentan que saben;

los que triunfan sin saber, y

los que viven gracias a que los demás no saben.

Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”.

Escrito queda por oportuno y conforme al compromiso que mantenemos con nuestros lectores habituales.

Ocho años de oposición, una victoria electoral con mayoría parlamentaria absoluta y un año gobernando el país, con todos los resortes y capacidades del poder a su disposición, para llegar, al cabo del tiempo, poco más o menos que a esto: filosofar sobre el “chocolate del loro” y sobre la pajarería que, poquito a poquito, está montando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para superar la crisis económica que ahoga a la sociedad española.

Suena a cuchufleta grotesca y a burla gubernamental de los ya millones de españoles que han perdido el empleo, han consumido sus ahorros y su patrimonio y han sobrepasado el umbral de la pobreza, viéndose incluso despojados de su vivienda por el sucio juego hipotecario de la misma banca que, siendo corresponsable de la actual crisis económica, utiliza además dinero público a mansalva para tapar los agujeros de su deplorable gestión profesional. Una chanza intolerable de la España acongojada que, incluso, se está viendo obligada a emigrar en desbandada como en los momentos más duros de la posguerra civil, ahora con gente cualificada en primera línea de la huida.

UN GOBIERNO SIN PESO ESPECÍFICO

Porque eso es lo que, a estas alturas de la legislatura, está alimentando realmente el “contemplativo” Consejo de Ministros que preside Mariano Rajoy. Un equipo político de tercera categoría que no está a la altura de las circunstancias, que se toma su trabajo con pasmosa tranquilidad, quizás porque carece de ideas y de capacidad para asimilar y desarrollar las que se les proponen fuera de su camarilla gubernamental, y que arrastra de forma lastimosa un ejercicio del poder torpe y con algunas derivas realmente inhumanas.

En definitiva, un Gobierno insolvente en el que, por faltar, tampoco faltan regates, vaivenes, callejones sin salida y despistes (no tan manifiestos como las “ocurrencias” del ex presidente Rodríguez Zapatero pero igual de perjudiciales), que le sitúan bajo mínimos históricos de valoración social. Con algún “pisacharcos”, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que luce un meritorio record de despropósitos a sus espaldas; un ministro de Defensa, Pedro Morenés, afanado día a día en usurpar funciones impropias como agente comercial de la industria bélica mientras apuntilla la operatividad de las Fuerzas Armadas; una invisible ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, convertida en “ángel exterminador” de los trabajadores, y una ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, incapaz siquiera de poner de acuerdo a las distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP sobre el modelo asistencial español…

Dijimos hace tiempo que el equipo económico del Gobierno, al margen de otros valores personales, carecía del peso específico necesario para sacar al país del profundo túnel en el que se encuentra, en base a criterios y diseños estratégicos propios. Máxime cuando la dirección económica del Gobierno fue asumida directamente por Mariano Rajoy (Registrador de la Propiedad sin la menor formación económica), asistido por una vicepresidenta aún “sin cuajar”, Soraya Sáenz de Santamaría (Abogada del Estado con la misma carencia formativa), y acompañado por dos economistas “teóricos”: Cristóbal Montoro, catedrático de Hacienda Pública, y Luis de Guindos, un Técnico Comercial del Estado alejado también de la dura realidad empresarial y cuyo mayor mérito profesional es haber dirigido el banco de inversiones Lehman Brothers en España y Portugal hasta llevarlo a la quiebra en 2008…

Poco ha de extrañar, pues, que, cumplido un año desde que la sociedad española se creyera aquello de “se lo que hay que hacer” y “esto lo arreglo yo en tres patadas”, votando el 20-N una generosa mayoría absoluta a favor del PP precisamente a esos efectos, sigamos “viéndolas venir”. Y, peor todavía, soportando más y más despidos, recortes salariales, incrementos del IPC y una subida brutal de impuestos sin que se reduzca el déficit público…

EL SÍNDROME DE “DON TANCREDO”

Como hemos dicho también en otras ocasiones, el conjunto de las medidas adoptadas por Rajoy durante su primer año de presidente electo, han carecido de la inteligencia y la planificación adecuadas, se han generado a remolque de acontecimientos imprevistos (y ni siquiera atisbados) y han sido, de cualquier forma, escasas, tardías, poco transparentes y socialmente muy desajustadas, por razones evidentes de incomprensión de la realidad, incompetencia política e ineptitud en materia económica. Atributos todos ellos propios del “tancredismo” político más irresponsable, plenamente compartido por la oposición socialista.

No se ha hecho, no se hace, y parece que con Rajoy al frente del Gobierno jamás se hará, lo que, habiendo entrado desde hace años los indicadores socio-económicos en la alarmante dinámica que han entrado, tendría que haberse hecho ya sin miramientos ni vacilaciones: reformar la organización político-institucional del Estado, origen real del actual desastre nacional (y también de la “burbuja inmobiliaria” que en realidad ha sido una “burbuja política”), aplicar una dieta radical de “pan y cebolla” a la mórbida obesidad de las Administraciones Públicas (imponiendo a saco en todas ellas una mayor eficiencia) y acabar de raíz con la gangrena infecciosa del Estado de las Autonomías. Es decir, haber atajado de forma urgente, al inicio mismo de la actual legislatura, el desmadrado consumismo del Estado con todas las reformas estructurales necesarias.

Una estrategia de reacción bien comprensible desde el sentido común que tanto predica el propio Rajoy, sin necesidad de manejar otra cosa que la aritmética más elemental, que es el soporte de cualquier contabilidad nacional. Y una política de éxito seguro si los recursos rescatados de la orgía en la que sigue inmersa el aparato del Estado se hubieran ido aplicando al desarrollo de la “economía productiva”, en vez de arremeter contra las bases sociales y esquilmarlas, que además de no tener culpa alguna de la quiebra de las cajas de ahorros ni del escandaloso déficit público, se han convertido en sus víctimas propiciatorias hasta el mismo agotamiento.

LA TRAMPA/MENTIRA DEL “POQUITO A POQUITO”

El Gobierno de Rajoy tenía que haber acometido la reforma urgente del sistema empezando por sanear su debilitada estructura y sus carcomidas vigas maestras, y no perder el tiempo en aplicaciones “cosméticas” a un sistema en gravísima situación terminal, ni arremeter como ha arremetido en primera instancia contra quienes, ajenos al drama político subyacente, han confiado en las instituciones del Estado, aceptado las consignas de los políticos y cumplido con todas sus obligaciones ciudadanas. La realidad es que los partidos mayoritarios y rotatorios en el poder (PP y PSOE) han ido sólo “a lo suyo”, sin bajarse de la burra, endosando los platos rotos a los demás e iniciando los recortes y los sacrificios necesarios no por donde se debía, sino por donde se tendrían que haber concluido.

Ahora, la quiebra política, económica y social del Estado es una amenaza objetiva, aunque la acomodada clase política no lo quiera reconocer. Y de ello sólo es culpable la inepta y contumaz clase política que soportamos, amparada por un sistema de protección inexpugnable, diseñado a la exclusiva medida de sus intereses. Claro está que tamaño abuso no deja de generar nuevas derivas políticas que los desesperantes efectos sociales de la crisis político-económica, están convirtiendo en letales.

Ahí están el explosivo secesionismo catalán y el acceso del independentismo abertzale al gobierno de las instituciones vascas, alentados por la debilidad del Estado y por la falta de credibilidad de sus más altas instituciones, incluida la Corona, y ahora acelerada también por un creciente “malestar social” (la inversa situación de “bienestar” aguanta más la tropelía política). Un panorama imposible de reconducir “poquito a poquito”, como quiere hacer la vicepresidenta del Gobierno con sus tramposos y demagógicos ahorros del “chocolate del loro”, intentando montar toda una pajarería, no sabemos con que objeto: si para que cotice en bolsa, para que fluya el crédito bancario, para que baje el tipo de interés en la financiación de la deuda pública o para engatusar a la opinión pública…

La anécdota se define por sí misma y define al tiempo la torpe disposición y las escasas luces del Gobierno para afrontar la crisis de verdad. Pero si algún lector iluso piensa que “algo es algo”, o que este es el buen camino a seguir, tómese nota de lo que sucedió, sin ir más lejos, en el mismo Consejo de Ministros del 8 de noviembre en el que se aprobó a “bombo y platillo” la nimiedad de suprimir 204 coches oficiales de la inmensa flota existente en España, “esperando” ahorrar con ello a las arcas públicas unos diez millones de euros en dos años (¿y por qué no en uno solo?), algo que suena a mascarada contable porque los conductores seguirán en nómina hasta su jubilación y porque, en definitiva, se trata de eliminar coches “amortizados”.

Si por una parte se pretendía ese ahorro nimio a dos años vista, por otra, y sin dar cuenta de ello en la misma rueda de prensa en la que se presentó la reducción de coches oficiales, el Gobierno aprobaba también, por ejemplo, nuevas subvenciones a las Comunidades Autónomas (casi 37 millones de euros) para un inconcreto desarrollo de programas agrícolas y ganaderos y otras líneas de actuación relacionadas con la alimentación y la pesca. Entre ellas figuraba una “tacada” de 17,6 millones de euros para la mejora en un solo ejercicio del sector de frutos de cáscara y de algarrobas: es decir, fomentando más mamandurrias y ayudas autonómicas de dudosa aplicación sin nada que ver con la economía productiva real.

Aunque lo más llamativo del caso es que el Gobierno haya limitado la reforma del parque móvil al ámbito de sus altos cargos, quedando al pairo el resto del aparato del Estado, periférico, departamental, de empresas públicas y organismos dependientes, altas instituciones, Cortes Generales… y toda la administración local (ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares) y autonómica.

Paréntesis: De lo dicho por su vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se desprende que el Gobierno tiene control sobre un total de 1.409 “coches oficiales” (840 del llamado “parque móvil” y 569 en las Delegaciones y Subdelegaciones territoriales). No obstante, la orgía del “coche oficial” es tal, que nadie puede dar una cifra concreta de todos ellos a nivel nacional, aunque Sandra Mir y Gabriel Cruz, autores del libro “La casta autonómica”, sostienen a esos efectos la existencia de “40.000 vehículos de alta gama”, parque sobre el que los 204 que se van a amortizar “poquito a poquito” suponen tan sólo un 0,5 por 100.

El PSOE calificó la tardía medida del Gobierno (y evidentemente escasa) como “el chocolate del loro” y la vicepresidenta respondió, punzante, que en este país “empiezas a sumar loros y te encuentras una pajarería”; siendo lo cierto y verdadero que la obesidad existencial del Estado se debe reducir ya a base de machetazos y sin anestesia ni más paños calientes. Esperemos a ver que otras chorradas inventa ahora el Gobierno, o que otras “golosinas del loro” suprime, claro está que para “no-sacarnos” de la crisis…

EL “TIKI-TAKA” POLÍTICO Y LA TRAGEDIA DE LOS DESAHUCIOS

Con el punto al que se ha llegado en materia de desahucios, nadie, puede negar que la crisis esta ahogando a las clases medias, que son las garantes de la estabilidad social. Por eso, el Gobierno debe exigirse muchísimo más a sí mismo y dejar de jugar al “tiki-taka”, organizando pajarerías y pintando la mona en Moncloa semana tras semana, si no quiere que se le monte una algarada de auténtica traca.

La vicepresidenta del Gobierno, alter ego de Rajoy que, como él, también se pasa bastantes cosas por la faja, ya sostuvo, por recordar uno sólo de sus muchos desplantes displicentes, que “los mercados suben y bajan…”, sin encontrar mejor forma de tranquilizar al personal ante el insostenible coste con el que se financia la deuda pública española: un lamentable “¡ahí me las den todas!” cuando el déficit presupuestario del Estado se encuentra en una senda de crecimiento irreversible. Pero aplicar ese mismo desenfado a “no-resolver” el trágico problema de los desahucios, cerrado en falso por el Consejo de Ministros del 15 de noviembre con unas medidas que, además de tardías (“marca de la casa” del Gobierno Rajoy), han sido expresamente calificadas de “insuficientes y arbitrarias” por los propios magistrados encargados de juzgarlos, es harina de otro costal.

Cuando ya han sido desahuciadas 400.000 familias y nadie se atreve a pronosticar hasta donde puede llegar esta barbarie bancaria y política, cuando los jueces y el propio Consejo General del Poder Judicial han tenido casi que poner “pies en pared” sobre el tema, y cuando una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria, porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas, la vicepresidenta del Gobierno sigue aplicando al caso cataplasmas y paños calientes sin pudor alguno. Y, peor todavía, en connivencia con una banca felona de corte decimonónico, adicta a las prácticas usureras y a ejercer de “gobierno fáctico” o de “cuarto poder” en la sombra.

Paréntesis: El dictamen del TUE se hizo público el 8 de noviembre de 2012 y establecía que la legislación española sobre desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, dado que la práctica española permite introducir cláusulas consideradas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios establecidos por los bancos y que, en caso de incumplimiento, conllevan la ejecución forzosa del desalojo. Dicho informe tiene origen en la demanda presentada por Mohamed Aziz contra la entidad bancaria CatalunyaCaixa, después de que se le expulsara de manera forzosa de su vivienda en el año 2011.

Ya remiso, el Gobierno aprobó hace siete meses el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el que se incluye un “Código de Buenas Prácticas para la restructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual”, redactado a medida de la banca (aunque para ella fuera voluntario) y fracasado en la práctica de forma estrepitosa por su exigente umbral de exclusión, como es obvio.

UNA NORMA IMPERMEABLE PARA SUS DESTINATARIOS

De hecho, se trataba de otra muestra del “poquito a poquito” que practica la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de otro “chocolate del loro” con el que ir dando cuerpo a su inefable “pajarería anti-crisis”, y del que no se podían beneficiar los deudores de viviendas hipotecadas con un precio de compra-venta superior a 200.000 euros si se ubicaban en grandes poblaciones y a 120.000 si se encontraban en municipios de menos de 100.000 habitantes, con un escalado intermedio igual de arbitrario. Precios, claro está, por debajo de los reales en la época del “boom” inmobiliario previo a la crisis.

Pero es que, para situarse en el umbral de exclusión y serle de aplicación el Código de Buenas Prácticas de marras, el hipotecado para adquirir en su día “su única vivienda habitual” tenía que cumplir, además, todo un catálogo de condiciones que, por supuesto, no le fueron exigidas cuando solicitó la hipoteca. Entre ellas, y como primer filtro, el que todos los miembros de la unidad familiar “desahuciable” carecieran de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas, incluyendo al cónyuge del deudor no separado legalmente (o pareja de hecho inscrita) y a los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda. Y el segundo que la cuota hipotecaria resultase superior al 60 por 100 de los ingresos netos percibido por el conjunto de los miembros de la unidad familiar…

Por tanto, y como han denunciado especialistas en la materia, la normativa en cuestión era impermeable para cualquier familia sin ingresos a las que sus padres hubieran avalado (situación que lleva a la pérdida de ambas casas en muchas ocasiones), familias con y sin hijos en las que algún miembro ingrese el salario mínimo sin otras entradas de renta, familias a cargo de personas dependientes que puedan tener algún ingreso por pequeño que fuere, personas que compraron casas de 200.001 euros en grandes ciudades o de menos según municipio, etc…

Y uno se puede preguntar, entonces, por qué razón una familia que por causa de la crisis actualmente sólo ingrese 700 euros mensuales y pague 800 de hipoteca no podría tener derecho a algún tipo de facilidad hipotecaria, por ejemplo. O por qué se excluyó del procedimiento a quienes compraron un euro por encima de los parámetros fijados, pese a no tener ingresos de ningún tipo. La respuesta, claro está, es que el condicionado (la consabida “letra pequeña”), absolutamente arbitrario, fue redactado por la propia banca y asumido, sin más, por el Gobierno. Así de simple…

RAJOY VUELVE A TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA

Pero es que el Gobierno, enmendando como hemos señalado de forma vergonzosa por unos y por otros, tampoco ha querido parar en segunda instancia los miles y miles de nuevos desahucios que van a seguir su implacable curso fuera del novedoso Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

De hecho, a los pocos meses de no haber querido afrontar la más que pertinente reforma de la Ley Hipotecaria (que en realidad es un Decreto de 8 de febrero de 1946, franquista e inconstitucional), lo que ha hecho es volver a tropezar por segunda vez en la misma piedra, sacudirse el polvo de la alarma social creada por los casos de desalojos mediáticamente más llamativos (incluidos los seis que han conllevado suicidios “conocidos”), y maquillar de nuevo la situación con una especie de “gracia anti-desalojo” de dos años a contar desde la publicación de la norma, que paraliza los “lanzamientos judiciales” de colectivos que, de nuevo, han de situarse dentro de un umbral de exclusión social establecido con criterios subjetivos y obviamente filtrados por la banca.

También hay que dejar claro que no se concede ninguna moratoria a los hipotecados con problemas, ya que el banco seguirá iniciando el procedimiento de ejecución hipotecaria como antes, llevará el piso a subasta y se lo podrá adjudicar en propiedad por el 60 por 100 de su actual valor de tasación. Llegado a ese momento sólo tiene que espera hasta el 15 de noviembre de 2014 para desahuciar a la familia si ésta no abandona el inmueble por propia voluntad.

Con el nuevo Real Decreto-ley ya no se limita el acceso en base al precio de la vivienda habitual, sino a una amalgama de criterios, más que discutibles, que combinan el no tener unos ingresos familiares superiores a 1.597 euros, con otros referidos al porcentaje que la cuota hipotecaría sobre los ingresos (ha de ser superior al 50 por 100), en un colectivo que ahora se denomina de “especial vulnerabilidad”, y que nadie ha comprobado si hubiera podido acoger o no a los deudores suicidados, sin ir más lejos. Los supuestos que lo identifican son, de nuevo, arbitrarios, como ser “familia numerosa”, integrar una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo o con un menor de tres años, o en la que uno de sus miembros tenga declarada una discapacidad superior al 33 por 100 o una situación que le incapacite laboralmente de forma permanente…, y a sensu contrario, claro está, excluyentes de una extensa base social.

Aunque la característica de afectación a la norma más curiosa sea la de que en la unidad familiar correspondiente exista una víctima de violencia de género, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

Con independencia de la peligrosidad que conlleva este último apartado, porque ante la desesperación del desahucio no deja de incentivarse la violencia de género para obtener de forma supletoria el periodo de gracia en el desalojo de la vivienda desahuciada (no olvidemos los casos en que se ha llegado al suicidio), aunque no el desahucio en sí, hay que cumplir, también, otras circunstancias económicas no menos extrañas y artificiosas.

Entre ellas, destaca por incomprensible la de que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Y, por igual de arbitraria, la necesidad de que, exactamente en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda…

Es decir, que la nueva norma sigue imponiendo criterios subjetivos de restricción y, en todo caso (porque no se puede entender de otra forma), por los servicios jurídicos de la propia institución bancaria. Así, por ejemplo, quedan excluidas de esta paralización de dos años de los desalojos los miles de familias en las que todos sus miembros están en el paro si tan sólo uno de ellos cobra el desempleo, si no tienen hijos, o bien si los tienen de tres o más años. Por otra parte, y como ya se ha señalado, se incluye casi como “incentivo” el caso de la violencia de género, que puede tentar a familias en la ruina a “forzar”, en casos extremos, este tipo de hechos.

Una familia sin posibilidad de pagar la hipoteca de su única vivienda habitual, cuya situación sobrevenida se debe a una crisis económica que a todos afecta, se mire como se mire, está en la ruina. No se trata en modo alguno de defender que los que no pagan las hipotecas mantengan la propiedad de sus casas, pero sí de que al menos puedan seguir viviendo en ellas durante un tiempo razonable a un precio posible de pagar y sin que la deuda se dispare por los intereses de demora o que la adjudicación se produzca al 60 por 100 del bien inmueble. Y esto, tan simple, es lo que de momento no ha querido resolver el Gobierno.

EL VERGONZOSO DRAMA DE LOS SUICIDIOS POR DESAHUCIOS

Es obvio que marcar unos criterios tan restrictivos, en lugar de modificar la normativa hipotecaria en profundidad, no soluciona el problema social, en absoluto. La alienante solución del suicidio seguirá viva, después de haberse llevado por delante a cinco personas sólo en lo que va de año. La última consumada en Córdoba precisamente al día siguiente de conocerse el inoperante Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 15 de noviembre.

Una auténtica vergüenza nacional a la que hay que añadir miles y miles de situaciones que, sin llegar al extremo de consumar el suicidio, no dejan de ser también tremendamente dramáticas. Como el caso del padre de familia (M.G.B.) que el pasado 25 de octubre se lanzó al vacío en su casa de Valencia después de besar a su hijo, con la comisión judicial que iba a desahuciarle llamando a su puerta, sobreviviendo a la caída.

Rajoy y su vicepresidenta deben abandonar la perniciosa fórmula de gobernar “poquito a poquito” también en esta sangrante materia y acometer, con la máxima urgencia (como hace cualquier gobierno cuando le conviene), las modificaciones legales necesarias para mitigar de verdad la situación de desprotección a la que se ven sometidos los afectados. Implantando con ellas la más que justa dación en pago, el alquiler social y el aumento del porcentaje de valoración del inmueble en caso de ejecución hipotecaria.

España tiene la normativa hipotecaria más injusta y abusiva de Europa. Su crueldad es tal que, puesta en primer plano por efecto de la crisis, su victimario tiene ya una dimensión social insoportable, mucho más allá de los dramáticos suicidios consumados (los conocidos y los no conocidos) que está produciendo. Llegados a este punto, hay que decir que el descuento electoral de la tragedia humana que conlleva, se cargará, quiérase o no, al “debe” del Gobierno de Rajoy, incluyendo el tributo por las muertes que ha acarreado y que seguirá acarreando con toda probabilidad.

Lo que más puede descalificar al Gobierno de un Estado como el nuestro, proclamado “social y democrático de Derecho”, es sin la menor duda el suicidio de los gobernados por causa política. Tome nota particular de ello la joven y expeditiva vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

Una de las pocas cosas que afortunadamente permanecen invariables en la España eterna, son los atributos que conforman la base y la razón de ser de nuestras Fuerzas Armadas: el amor a la Patria, la entrega al servicio, la disciplina y el sentido del deber. Un preciado conjunto de virtudes que se adornan con otros principios y valores castrenses (la generosidad ante el riesgo y en la entrega de la propia vida, el compañerismo, la dignidad personal…), en orden al cumplimiento de las trascendentales funciones que le encomiendan la Constitución y el desarrollo normativo dimanante.

En esa permanente actitud institucional y personal, otro soldado de España, el comandante Ángel Álvarez Reigada, ha causado baja mortal en acto de servicio el pasado 2 de noviembre. Era un instructor del Ala 23 del Ejército del Aire con base en Talavera la Real (Badajoz) y nadie en esa unidad, como jamás sucedió en ninguna otra de ninguno de los tres Ejércitos, se lamentará de las condiciones en que se produjo el suceso ni reprochará nada al respecto.

La gran familia militar (Fuerzas Armadas y Guardia Civil), al igual que otros servicios públicos de riesgo, acepta y sufre en silencio la tragedia de la muerte, como consecuencia de un “deber” querido, irrenunciable y siempre cumplido. El dolor por los cientos y cientos de compañeros que han entregado su vida sirviendo a las necesidades de la convivencia democrática, se guarda, silente, en el corazón.

El cuerpo yacente del comandante Álvarez, recibió los honores debidos en una ceremonia fúnebre celebrada en las instalaciones de Talavera la Real que acogen la base operativa del Ala 23. En el acto, que estuvo presidido por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, acompañado por el Jefe del Estado Mayor del Aire, general del Aire Javier García Arnaiz, junto a otras autoridades civiles y militares, se impuso sobre el féretro del fallecido la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo.

EL RESPETO DEBIDO A LOS CAIDOS EN ACTO DE SERVICIO

El acto se celebró protocolariamente como correspondía, pero no siempre tragedias militares similares se han visto acompañadas con el mínimo de la dignidad oficial requerida en todos los órdenes. Recuérdense a los soldados destacados en la antigua Yugoslavia que sufrieron el “síndrome de los Balcanes”; la tragedia del accidente del “Yakolev-42” en Trabzon (Turquía), en el que murieron sus 75 ocupantes, 62 de ellos militares españoles; la masacre de siete agentes del CNI en Irak; las mentiras oficiales sobre el abatimiento del “Cougar” en Afganistán, con 17 víctimas mortales; las bajas de militares en Líbano y en el propio Afganistán derivadas de la ausencia de medios de protección adecuados, etc…

En esos y otros muchos casos, la respuesta política no estuvo, en modo alguno, a la altura de las circunstancias. Pero es que, a menudo, la actitud y el comportamiento del Gobierno ante sucesos de esta trágica naturaleza han sido de una indignidad clamorosa, sobre todo con Federico Trillo- Figueroa al frente del Ministerio de Defensa…

Pero las Fuerzas Armadas, sujetas a una disciplina ante el poder político a veces rayana en la sumisión, tienen que saber que la sociedad española las respeta profundamente (los agravios de los independentistas no cuentan), que agradecen sus servicios y que las admira. Sentimientos que se agrandan cuando la ciudadanía comprueba algunas de las misiones que se les asignan de forma políticamente inconsecuente (como las de seguidismo estadounidense en las guerras de Irak), que han de aceptar sin rechistar, y la precariedad de medios con las que se acompañan, en obvia contradicción con el puro y duro despilfarro oficial en terrenos de menor interés y trascendencia nacional.

Por eso, conviene que desde la sociedad civil se diga a la clase política lo que los miembros de las Fuerzas Armadas han de callar, no sólo por la disciplina que les imbuye, sino porque la creciente politización de la institución (grave torpeza de peligrosas consecuencias) también amenaza su propio futuro profesional. Recuérdese que a partir de la nefasta Ley 39/2007, de la Carrera Militar, el ascenso al empleo de coronel o capitán de navío se realiza por “elección” del Jefe de Estado Mayor correspondiente, a su vez elegido “políticamente” por el gobierno de turno, mientras que los empleos sucesivos, de generales y almirantes, ya venían siendo todos de designación política, con independencia, muy a menudo, de los méritos personales de los militares promovidos.

UN DELEGADO DEL GOBIERNO IRRESPONSABLE

Para empezar, en relación con la situación en la que se encuentra el Ala 23 y con su último accidente, hay que llamar seriamente la atención del delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, quien, metido en camisas de once varas, se permitió opinar sin suficiente conocimiento de causa sobre los accidentes de los aviones F-5 basados en Talavera la Real y dedicados al adiestramiento de los pilotos de combate. Según recogió EFE, en una rueda de prensa celebrada el mismo día del desgraciado acontecimiento afirmó que los accidentes de los aviones F-5 eran “excepcionales”, porque en Extremadura “sólo” se habían producido cuatro en los últimos doce años (con resultado de cinco pilotos fallecidos)…

Aparte de que manipulase el periodo de tiempo al que hizo alusión (2003 a 2012), que en realidad es de nueve años, la desvergüenza de López Iglesias, exhibida con el cadáver del comandante Álvarez insepulto y con el alférez Sergio Santamaría, su compañero de vuelo, ingresado con diagnóstico grave en la UCI del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, es de sonrojo ajeno. Los numerosos accidentes afectos al Ala 23 fuera de Extremadura, y por supuesto sus bajas, le debían traer, al parecer, sin cuidado.

Puesta a protagonizar el suceso, la autoridad gubernativa de Extremadura tendría que haberse informado con mayor precisión de los incontables accidentes sufridos por los aviones F-5 del Ala 23. Y tratar de comprender su sistemática siniestralidad, sin duda relacionada con su antigüedad, su extremo agotamiento y con la carencia de presupuesto para someterlos al mantenimiento necesario, antes que apresurarse a conjurar cualquier crítica posible del caso, jugando de forma irresponsable con las estadísticas.

Ese ha sido el mismo comportamiento cobarde y vergonzante seguido siempre por la clase política cuando intuye responsabilidades propias. Como, por ejemplo, acaba de suceder también en la tragedia del “Madrid Arena”, que concluyó con el lamentable fallecimiento de cuatro jóvenes (otra más permanece grave) y que, por sus características, pudo provocar muchas más víctimas. Un caso en el que la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Cristina Cifuentes, especialmente diligente en disolver las manifestaciones ciudadanas, siquiera abrió la boca aun tratándose de un tema de “inseguridad” ciudadana que la compete de forma muy directa.

De momento, el mismo día del accidente que le costó la vida al comandante Álvarez Reigada, el diario digital extremeño Hoy.es (02/11/2012) ya señalaba el penoso balance cierto de “14 muertos y 12 aviones F-5 caídos desde el año 1984”, sin contabilizar otros accidentes de ese mismo tipo de avión en los que sus tripulantes pudieron salvar la vida, registrados el 19 de septiembre de 1972, el 3 de julio de 1974, el 7 de mayo de 1975… Un índice de atrición sobre el parque inicial de este modelo de avión del Ejército del Aire (pérdidas de aviones sin entrar en combate) que no tiene parangón a nivel mundial.

Algunos de esos F-5 se estrellaron de forma sorprendente, incluso sobre el mar, sufrieron parada de motores o se incendiaron y estallaron en pleno vuelo. Pero, los correspondientes informes de la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), orientados precisamente hacia la seguridad en vuelo y clasificados como “secretos” con arreglo a una ley de 1968 inconstitucional, jamás llegaran a ser conocidos siquiera por el Congreso de los Diputados (en el “caso Cougar” el Ministerio de Defensa obligó incluso de forma ignominiosa a que la CITAAM “rectificara” su informe inicial).

EL ALA 23 Y EL CAUDAL PROFESIONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Porque, entre otras cosas, la labor de enseñanza y adiestramiento para el combate desarrollada en el Ala 23, es altamente relevante para la Defensa Nacional y un centro colector del mejor capital profesional de la Fuerza Aérea, tanto en lo referente a sus instructores (los “protos”) como a su alumnado.

Las plazas disponibles en el Ala 23, son ocupadas sólo por los jóvenes alféreces procedentes de la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia) que obtuvieron las mejores calificaciones de su promoción. Cada curso, llegan a la Base Aérea de Talavera la Real apenas una docena de alumnos, que han de superar un duro y costoso curso de caza y ataque a bordo de los F-5B, lo que para ellos significa prácticamente aprender a volar de nuevo. De hecho la parte inicial del curso se dedica exclusivamente a su adaptación al nuevo tipo de aeronave, dado que las características de estos aparatos son muy diferentes de las del C-101 que aprendieron a pilotar en la AGA, además con pocas horas de acreditación.

Ser “proto” del Ala 23 es una alta distinción profesional, además de un honor, que conlleva muchas horas de duro trabajo para formar con éxito a todos los alumnos de cada curso, compaginando esa tarea con las misiones paralelas encomendadas a una unidad que no deja de ser plenamente operativa dentro del Ejército del Aire. Los “protos”, que son seleccionados entre los alumnos del curso de adiestramiento con mejores calificaciones, también son conocidos como los “pata negra”, en referencia a la calidad gastronómica de los jamones extremeños.

Con cierta frecuencia, el Ala 23 recibe la visita de unidades de la OTAN, o realiza ejercicios con otras unidades de Fuerza Aérea nacionales o extranjeras en los que siempre prevalece la alta cualificación de sus “protos” y su profundo conocimiento del avión con el que operan, siendo capaces de superar en ejercicios de combate a otros aparatos con mayores prestaciones que el F-5B. Un modelo de avión brillante en sus orígenes, pero al que en cierta desenfadada ocasión un piloto de “Phantom” (el mítico F-4 de McDonnell Douglas que logró quince plusmarcas mundiales y que en la Base de Morón se acreditaron como los “gallos”) calificó de "bicicleta", nombre que se conserva en la jerga aeronáutica.

Los “pata negra” adoptaron como lema una máxima de Manfred von Richthofen (el “Barón Rojo”), héroe alemán durante la I Guerra Mundial profundamente respetado por sus enemigos, que encierra toda una filosofía de compromiso y esfuerzo para cualquier piloto: “La calidad del aparato importa muy poco: el éxito de la misión, depende del piloto que lo maneje”.

Figura en el cuadro de números “uno” de cada curso desde la creación, en diciembre de 1953, de la “Escuela de Reactores” (denominación original que con el tiempo se transformó en “Ala 23”).

Incluso hoy en día, el “corazón” de los aviones de combate de última generación sigue siendo su piloto. Las decisiones que éste debe tomar en décimas de segundo durante el desarrollo de un ataque o en una interceptación, dependen exclusivamente de él y del entrenamiento que ha recibido.

Cada año, los alumnos abandonan la Base de Talavera la Real, siendo ya pilotos de combate, la élite del Ejército del Aire. Atrás queda un año de su vida, muchos camaradas y una evolución personal probablemente tan grande como la que han experimentado a nivel profesional.

El nuevo avión de combate “Eurofighter” de tecnología súper avanzada (ahora denominado “Typhoon”) equipa ya a las unidades operativas de la Fuerza Aérea española. Todas sus capacidades quedan bajo la gran responsabilidad profesional del piloto que lo maneja, formado precisamente en el Ala 23 de Talavera la Real. Un centro referencial de formación para el combate aéreo que no merece maltrato alguno, humano o presupuestario, por parte del Ministerio de Defensa.

LOS F-5, MAGNÍFICAS RELIQUIAS DEL PASADO

El F-5 “Freedom Fighter” es un avión de caza y ataque a tierra diseñado por la compañía estadounidense Northrop Corporation que tuvo su primer vuelo nada menos que el 30 de julio de 1959 y que se introdujo en el mercado a partir de 1962, dejándose de fabricar en Estados Unidos en 1972, aunque algunas unidades, auténticas “reliquias” aeronáuticas, todavía continúen en servicio. La compañía española CASA construyó 70 aviones F-5 bajo licencia Northrop, incluida la versión para entrenamiento de combate F-5B biplaza, que se comenzaron a entregar en 1969, estando hoy todavía adscritos al Ala 23 como los más longevos del Ejército del Aire con 43 años de servicio.

Se da la circunstancia de que el F-5 Northrop-CASA que hizo el primer vuelo del modelo el 22 de mayo de 1968 (matrícula AE.9-001), terminó en el Ala 23 en 1994, entonces ya con 26 años de vida, es decir prácticamente “agotado”. El tercero de la serie se estrelló tras 34 años de servicio en Santa María de los Barros (Badajoz) el 22 de enero de 2003, accidente en el que perdió la vida su piloto, el teniente instructor Davíd Martínez Laborería…

Cierto es que los aviones F-5 del Ala 23 han sido objeto de varias modernizaciones, tanto para actualizar su aviónica como para realizar cambios estructurales incluso sustituyendo sus alas, como no podía ser menos. Pero llevan funcionando casi medio siglo de forma intensiva y eso es un record tan admirable como intolerable, cuando la vida útil integral de un avión (motores y fuselaje) se sitúa en torno a los 20 años.

De hecho, la doctrina de Airbus establece: “La vida útil de un avión de pasajeros moderno suele ser de, al menos, quince años. Gracias a EFW [una filial de EADS especializada en la conversión de aviones de pasaje en cargueros], un Airbus puede gozar después de una segunda vida como avión de carga. Con un rango de 1.500 horas al año, los aviones de carga pasan aproximadamente una tercera parte menos de tiempo en el aire que las versiones de pasajeros”.

Para establecer la vida útil de los aviones, lo más importante no es la obsolescencia de la aviónica y ni siquiera la de la motorización, que también son de consideración, sino su “estructura” o su “esqueleto”. Según cálculos técnicos, un avión tiene una vida útil “máxima” de 30 años, a partir de los cuales su estructura molecular sufre cambios importantes, y mayores aun cuando se trata de aviones supersónicos de entrenamiento para el combate, “quemados” por el exceso en horas de vuelo y forzados a menudo con maniobras al límite.

Para medir esa “vida útil”, también se recurre a las horas de vuelo y tipo de servicio del avión, de naturaleza intensiva en el Ala 23, contemplando sus SMOH (Since Major Overhaul), que son inspecciones técnicas periódicas en las que se realizan pruebas de fatiga de materiales, se revisan los motores y se determina su aeronavegabilidad. Bajo estos parámetros, los F-5 del Ala 23 han acumulado un record incomparable de servicios próximo a las 200.000 horas de vuelo y una serie de “modernizaciones” tan reiteradas como insólitas, por supuesto con una acumulación de costes muy superior a la del precio inicial de los aviones y también mayor que el de adquisición de otros modelos más modernos y adecuados para la misma misión.

A lo largo del tiempo, los F-5 han requerido continuas “actualizaciones” integrales, incluidas las del fuselaje y alas. Las primeras intervenciones importantes se remontan a los años 80, cuando se le cambiaron los sistemas de comunicaciones y de navegación, vitales en términos de seguridad y necesarios para un entrenamiento compatible con el manejo del resto de la flota de combate.

Más tarde, en los años 90, cuando el F-5 llevaba 20 años en operación y prácticamente ya estaba “amortizado”, el Ejército del Aire se vio obligado a ampliar su tiempo de vida en servicio hasta un máximo de 40 años también superado en 2010, solicitando una primera inspección para averiguar su estado general, que le condujo a las imprescindibles modificaciones estructurales y también de la aviónica. Una práctica que ha seguido hasta nuestros días con nuevas reformas del fuselaje y las alas para “garantizar” la seguridad en la operación de los aviones y arrastrar su utilidad, de nuevo, hasta el 2015…

UN MINISTERIO INCAPAZ DE PONDERAR LOS PRESUPUESTOS

En relación con el último accidente de un F-5, el propio ministro Morenés, perfecto conocedor de la falta de recursos destinados a la operatividad de las Fuerzas Armadas, y en particular de la precariedad material con la que se adiestra a nuestros pilotos de combate, se ha limitado a declarar de forma escueta que “la investigación sobre el accidente está aún en marcha” (El Mundo 05/11/2012). Respondiendo en el mismo medio informativo a una pregunta sobre la posible incidencia de los recortes presupuestarios en el ámbito de la seguridad, también advirtió, divagante, que “no se verá mermada, pero todo tiene su límite…”.

La realidad es que la aplicación presupuestaria del Ministerio de Defensa, que es una decisión política y no militar, siempre ha sido, y sigue siendo, lamentable. Baste recordar a este respecto las declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados por Constantino Méndez, SEDEF del anterior gobierno socialista, en octubre de 2011, poco antes de concluir su mandato: “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar; para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora” (El País 13/08/2011).

En aquella misma comparecencia parlamentaria, Méndez precisó que “de los 27.000 millones de deuda”, a las legislaturas del PP “corresponden 23.000 y pico millones” y a las dos últimas del PSOE “3.000 y pico”. La realidad es que el mal uso de los presupuestos del Ministerio de Defensa ha constituido una irresponsabilidad plenamente compartida por el PP y el PSOE, primando siempre intereses industriales ajenos a las prioridades de la Defensa Nacional y, por supuesto, menospreciando también siempre las necesidades en recursos humanos.

El caso es que España se incorporó al “Programa Eurofigther–Typhoon”, el más costoso de todos, en septiembre de 1985 (con el PSOE en el Gobierno), adquiriendo la friolera de 87 unidades del súper avión de combate EF-2000, cuyo importe, incluyendo las fases de Definición, Desarrollo y Producción ascendió a 10.795,4 millones de euros. Por si eso fuera poco, el propio Méndez rubricó el 31 de julio de 2009 un nuevo pedido de otros 20 aviones (1.400 millones más), que un año más tarde consideraría “innecesario”.

Además, aquella dotación de lujo se vio precedida por la adquisición de 72 aviones polivalentes F/A-18 “Hornet” fabricados por McDonnell Douglas (EF-18 “Hornet” en la versión española), aprobada definitivamente el 31 de mayo de 1983 también por un gobierno socialista, ya que la extinta Unión de Centro Democrático sólo comprometió un acuerdo previo revocable. Un programa cuyo importe, sin incluir partidas importantes de armamento y apoyo logístico, ascendió a 1.821 millones de dólares del momento, siendo quizás el más discutible y discutido por el modelo seleccionado, incluso por amplios sectores del PSOE, desde que el gobierno de Adolfo Suárez iniciara la modernización material de las Fuerzas Armadas tras el franquismo.

Por otra parte, el desarrollo de las fragatas F-100 nació a principios de los años 1990 tras la cancelación del programa NFR 90, también con copyright socialista, aprobando además el Gobierno de Rodríguez Zapatero en mayo de 2005 la adquisición de la quinta unidad (la F-105, que ha sido la más costosa), junto con 4 BAM (Buques de Acción Marítima), 45 helicópteros NH-90 y una importante dotación de misiles para el Ejército de Tierra.

Aunque  la gran paradoja de la política socialista en cuanto a dotaciones materiales de las Fuerzas Armadas, se ha dado justo en los estertores de la IX Legislatura, cuando después de años y años “tocando el violón” y acumulando, por ejemplo, sofisticados carros de combate inoperantes, el propio Méndez se vio obligado a comprometer la adquisición de nuevos vehículos blindados antiminas para proteger a las tropas españolas que ya estaban desplegadas en zonas de conflicto (Afganistán y Líbano). El pedido incluía 76 MLV “Lince” italianos de escuadra (cinco ocupantes) y 20 RG-31 “Nyala” sudafricanos de pelotón (nueve ocupantes), con un importe de 42,6 millones de euros.

Está claro que el momento de analizar la racionalidad o irracionalidad con la que se vienen modernizando materialmente las Fuerzas Armadas, o sus costosas intervenciones en misiones de proyección, no es otro que el del correspondiente debate parlamentario, a menudo soslayado. Y del que el PSOE sustrajo también el despropósito presupuestario que ha supuesto la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Pero, ahora, sí que merece la pena destacar el contraste de estas adquisiciones, injustificadas en su conjunto y en cualquier caso mal dimensionadas, con muchas de las deficientes partidas económicas destinadas a la formación profesional avanzada y al mantenimiento de los medios operativos, como sucede en el Ala 23.

Los recortes presupuestarios que el SEDEF, Pedro Argüelles, ha impuesto en el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, aplicando a menudo criterios de prioridad inconsecuentes, son bien conocidos y lamentados en los cuarteles generales de los tres Ejércitos. Como ejemplo de sus proyectos de inversión preferente, ciertamente inadecuado en la presente situación de crisis, aunque acorde con el personal estilo “aristocrático” de los actuales altos responsables políticos de Defensa, es el contrato súper millonario de mantenimiento de aviones VIP, los que usan habitualmente los miembros del Gobierno y la Familia Real.

Asciende, de momento, a 86,5 millones de euros, que es el doble de lo que, por ejemplo, cuestan el centenar de blindados necesarios para salvaguardar la vida de los soldados desplazados a escenarios de guerra como Afganistán y Líbano. Cifra justificada con la siguiente coletilla en los acuerdos del Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto que aprobaban el gasto: “Los servicios de revisión y reparación de aviones y de sus componentes, el suministro de materiales y repuestos, así como la prestación de servicios de ingeniería son imprescindibles para garantizar la disponibilidad operativa de estos aviones, cuyas misiones son consideradas elemento esencial de la seguridad nacional”.

Esta apelación genérica a la “seguridad nacional” en la utilización de los “aviones VIP”, contrasta con la precaria forma en la que se han venido trasladando las tropas españolas durante su misión en Afganistán, que dio como resultado el ya citado accidente del “Yak-42” de la UKM (Ukranian Mediterranean Airlines) del 26 de mayo de 2003, en las proximidades del aeropuerto turco de Trabzon, en el que murieron sus 75 ocupantes, 62 de ellos militares españoles. Y choca también con el uso discrecional de dichos aviones que suelen hacer algunas de las personalidades autorizadas al respecto, a veces escandaloso.

Pero, ¿acaso es que no se deben mantener también los F-5B del Ala 23 para que no se estrellen cada tres por cuatro…? ¿Es que la penosa situación de esos medios vitales de entrenamiento se compadece con la extrema calidad y cantidad de los medios de transporte utilizados por los miembros del Gobierno y el conjunto del oficialismo institucional…? ¿Y cuándo se iniciará, no ya la compra, sino la simple “planificación” de un programa para renovar los preciados F-5 del Ala 23…?

Al margen de su idoneidad inicial como avión de entrenamiento avanzado, el paralelismo del caso “F-5” con la necesaria modernización de los medios de transporte blindados del Ejército de Tierra, arrastrada durante años hasta tener que realizar las últimas adquisiciones a “punta de bayoneta”, es más que evidente, aunque no se quiera poner encima de la mesa para “ir tirando” como se pueda, sin previsión alguna de futuro. La realidad es que, convertidos en los “Dorian Gray” de la aeronáutica militar, el día menos pensado se les echan los años encima y caen como moscas rociadas con DDT…

Otro ejemplo de la mala ponderación presupuestaria de Defensa, se dio el pasado mes de julio, cuando el SEDEF abortó el despegue de la “Patrulla Águila” para sobrevolar Madrid dibujando los colores de la Bandera Nacional durante la fiesta de homenaje a la selección española de fútbol ganadora de la Eurocopa, que reunió a un millón de personas y que fue objeto de seguimiento televisivo en todo el mundo.

La orden para suspender aquella exhibición aérea, que contradecía la decisión ministerial previa sobre el cumplimiento de los compromisos mínimos de la “Patrulla Águila”, se presentó como un indispensable “recorte de gastos” (un poco de combustible gastado en lo que además no dejan de ser prácticas de vuelo), contradictorio con el derroche habitual que suponen los servicios de transporte aéreo prestados al Gobierno por el Grupo 45 de Fuerzas Aéreas, cuyo uso en desplazamientos partidistas, y por tanto no gubernamentales, es sólo una pequeña muestra.

En honor a la verdad, y según consta en los archivos del Ejército del Aire y de la propia Presidencia del Gobierno, que autoriza y coordina todo este tipo de vuelos, quien en el pasado alcanzó el record de usos y abusos de estos vuelos VIP fue precisamente otro gobierno del PP, ostentado gracias a los desplazamientos de interés particular a Cartagena del entonces ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, yendo y viniendo varias veces al día o dejando retenido a su exclusiva disposición  el “Falcón” de turno en la Base Aérea de San Javier.

Paréntesis: El Tribunal de Cuentas ha pedido a los partidos que regulen el uso de los medios públicos de transporte en las campañas electorales. Una medida que el PP defendió cuando estaba en la oposición y que este año, ya situado en el Gobierno, rechazó olímpicamente.

LA MEZQUINDAD DE LA CLASE POLÍTICA

Insistiendo en la mezquindad política con  la que demasiado a menudo se tratan las bajas mortales de militares en acto de servicio, hay que citar como ejemplo de reciente resolución judicial el caso del alférez Juan Manuel Villa, otro soldado de España condecorado con la Cruz al Mérito Militar en 1999 tras participar en una misión de estabilización (SFOR) en la antigua Yugoslavia, encuadrado en la Brigada Española X.

El 25 de noviembre de 2004, el alférez Villa, entonces destinado en la Unidad de Operaciones Especiales de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), desapareció al precipitarse al agua a unas 25,5 millas náuticas de Cádiz mientras realizaba un descenso rápido desde un helicóptero a un submarino en el marco del ejercicio “Gruflex” de la Armada. Según se relataron los hechos, “la posición anormal de la aeronave obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia, con lo que perdió la verticalidad sobre el submarino”, quedando entonces el alférez suspendido por el mal funcionamiento del helicóptero hasta caer y recibir un fuerte impacto, desapareciendo de forma inmediata sin que se le pudiera rescatar.

En una primera instancia, los juzgados militares no detectaron ninguna responsabilidad penal entre el personal que debía mantener aquel medio de transporte, de forma que el Gobierno concedió a la viuda y a la hija del militar desaparecido una pensión y una indemnización de 19.230 euros derivada del seguro contratado por Defensa, pero sin reconocer en ningún momento su responsabilidad patrimonial obvia. Tras recurrir el caso, la familia del alférez Villa ha obtenido, ocho años después, una sentencia favorable del Tribunal Supremo en la que entiende que había existido la responsabilidad patrimonial del Estado, dado que el helicóptero presentaba deficiencias detectadas hacía tiempo sin ser subsanadas por el Ministerio de Defensa, y acordando en consecuencia una indemnización de 30.000 euros para su viuda y la misma cantidad para su hija.

Dice la sentencia que “la protección de la vida de los funcionarios” es una de las exigencias que se debe hacer a la Administración, algo que a los políticos del Ministerio de Defensa les suele traer al pairo. Porque, ¿cuánto vale para ellos la vida de un militar muerto en acto de servicio a los 34 años de edad…? ¿La pensión legal de la viuda, que es un derecho propio cotizado, y una indemnización de 19.230 euros…?

Otro ejemplo vergonzante de la misma mezquindad política, es el hecho de que, frente a la existencia de diversas asociaciones de víctimas del terrorismo, todas ellas subvencionadas históricamente por su proyección electoralista, apenas hace dos años que se produjo la Orden Ministerial 71/2010, de 15 de diciembre, por la que se crea la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas…

Algo es algo, aunque no deje de ser pura semántica. Y muy alejada, por ejemplo, del “dorado” juego de pensiones y complementos de jubilación que se han trajinado los parlamentarios españoles, diputados y senadores, para sí y para todo su entorno familiar, solo por calentar sus escaños unos pocos años.

El pasado mes de mayo se inició una encendida polémica, alentada sobre todo por el diario “El País” y el periódico digital “Público”, en torno a la biografía del general Franco incorporada por el historiador Luis Suárez en el “Diccionario Biográfico Español”, proyecto editorial de la Real Academia de la Historia con varios autores que, una vez concluido, constará de 50 tomos (ya se han presentado los 25 primeros en uno de los cuales se incluye la biografía de Franco).

Según sus críticos, lo más repudiable de dicho texto es que tan sólo dedica un párrafo a la Guerra Civil (de la que libremente se han escrito millones de páginas) y que incluye la afirmación de que “montó un régimen autoritario, pero no totalitario”. En ese mismo marco de discusión, también adujeron que la Real Academia Española (RAE) había cometido, si cabe, un mayor pecado de manipulación histórica en su definición del “franquismo”, al que calificaba simplemente como movimiento “de tendencia totalitaria”.

Ahora, los incansables perseguidores del Franco muerto hace casi 40 años (algunos de ellos muy respetuosos con su persona mientras vivía) parecen estar de enhorabuena. Sus airadas exigencias han conseguido que la RAE rectifique su valoración política del término “franquismo” y pase a calificarlo como una “dictadura de carácter totalitario”, definición que se incorporará en su próxima edición.

ANSON, EL MONÁRQUICO ENREDADOR

El reconocido periodista y escritor Luis María Anson, monárquico confeso (durante el franquismo fue miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona, padre del actual Monarca), ha celebrado el cambio de criterio con gran entusiasmo. Contó de forma inmediata en un artículo de opinión titulado “Franco, ‘dictadura de carácter totalitario’, según la RAE”, publicado en “El Mundo” (30/10/2012), que, tras un largo e interesante debate, el pleno de la citada Academia de la Lengua, de la que es miembro eminente, aprobó la redefinición del vocablo “franquismo” redactada en estos términos: “Dictadura de carácter totalitario impuesta en España por el general Franco a partir de la Guerra Civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte”.

La satisfacción de Anson ha sido tan grande que no sólo dio personalmente la  primicia informativa, sino que en su artículo se explayó subrayando el carácter de “dictadura militar dura y pura” del franquismo, al que en su opinión, por fin, se le “ha definido científicamente, de forma independiente y objetiva, al margen de manipulaciones y tendenciosidades”. Incluso adujo detalles rebuscados de las “maldades” del aquel régimen político, como el comienzo del texto del Fuero de los Trabajadores, que fue la primera Ley Fundamental de la ahora reconocida por la RAE con su inestimable ayuda como “dictadura totalitaria”: “Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la Patria…”.

No es nuestra intención polemizar sobre el fondo de la cuestión o realizar comparaciones conceptuales odiosas e inútiles. Ni, mucho menos, descubrir pasados personales vergonzantes de “franquistas” transformados de la noche a la mañana en “demócratas de toda la vida”, ni de “antifranquistas” que ni siquiera habían nacido con Franco vivo o que vivieron bajo su régimen político de forma confortable como hijos o nietos de entusiastas colaboradores del “dictador totalitario” en cuestión…

Pero sucede que, puestos a remover la historia para poner a cada cual en su sitio (personas e instituciones) como ahora hace la RAE, el reconocimiento del franquismo como “dictadura totalitaria” (que según Anson es científico, independiente y objetivo), arrastra la necesaria revisión histórica de la figura del rey Juan Carlos I y de la propia Corona, con origen declarado en esa “dictadura totalitaria” en la que el entonces Príncipe de España (designado como tal por el “dictador”) presidió incluso algún que otro Consejo de Ministros…

Veamos, pues, los hitos de la biografía del rey Juan Carlos más relevantes al respecto, que los entusiastas revisionistas del lenguaje y de la historia deberían tener bien presentes tras haber logrado consolidar su concepto del franquismo.

EL ORIGEN DICTATORIAL-TOTALITARIO DE LA CORONA

Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, primer hijo de Don Juan de Borbón y Battenberg y de Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleáns, nació el 5 de enero de 1938 en Roma. Fue bautizado en la iglesia del palacio magistral de la Soberana Orden Militar de Malta por el entonces secretario de Estado del Vaticano, cardenal Eugenio Pacelli, quien un año después sería investido Papa con el nombre de Pío XII.

Antes de trasladarse a España en el año 1948, como consecuencia del pacto establecido entre su padre y el general Franco, y por tanto connivente con la “dictadura totalitaria” del momento, su infancia discurrió en Roma, Lausana y Estoril. En estas dos últimas ciudades inició sus estudios preparatorios de Bachillerato, que completaría en Madrid y San Sebastián.

Al acabar dichos estudios, Don Juan Carlos inició su formación castrense bajo la tutela del general Martínez de Campos, duque de la Torre, asistido por otros militares de relevante biografía (los “ocupantes de España” por cuenta de la “dictadura totalitaria” franquista como recuerda Anson). Entre ellos cabe destacar a Nicolás Cotoner (quien tras ser Jefe de la Casa del Príncipe Juan Carlos, y acceder éste a la Corona de España, sería nombrado primer Jefe de la Casa Civil de Su Majestad El Rey), Emilio García-Conde (que llegaría a ser Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire) y Joaquín Valenzuela (que pasaría a ser caballero mutilado permanente tras el atentado etarra que sufrió el 7 de mayo de 1981, cuando ocupaba la jefatura del Cuarto Militar del Rey).

La biografía militar de Don Juan Carlos de Borbón comienza al ingresar en el servicio el 14 de julio de 1955. A partir de ese hito, permaneció dos años en la Academia General Militar de Zaragoza hasta alcanzar el empleo de alférez de Infantería. A continuación, en 1957, se trasladó a la Escuela Naval Militar de Marín, realizando su primer viaje de prácticas por el continente americano a bordo del buque escuela “Juan Sebastián Elcano”. Finalizado este periodo de formación específica en la Armada, y alcanzado el grado de alférez de Corbeta, el 16 de julio de 1958 abandonó la Escuela Naval para pasar, en septiembre de ese mismo año, a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde obtuvo el título de piloto militar.

El 10 de diciembre de 1959, recibió simultáneamente sus despachos de teniente de Infantería, alférez de Fragata y teniente de Aviación. Ocho años después, en 1967, ascendió a capitán de Infantería, obteniendo más tarde, en 1969, el titulo de piloto de helicópteros del Ejército del Aire.

Todo ello en el marco de una “dictadura totalitaria” como ahora aclara la RAE, preparado por militares activos en la misma y convirtiéndose en oficial del mismo Ejército, que entonces --cuenta Ansón-- “ocupaba España”.

Este académico de la Lengua, a veces lenguaraz, ferviente partidario de un Juan III que sólo existió en su imaginación, se apoya en una afirmación de Pedro Sainz Rodríguez hecha cuando se encontraba auto exiliado en Lisboa por discrepar de forma puntual con Franco sobre la reposición de la monarquía borbónica, con quien mantenía una estrecha amistad desde su juventud: “España era un país ocupado por su propio Ejército”. Claro está que eso no impidió que Sainz Rodríguez regresara en 1969 a la misma España “ocupada militarmente” para ocupar él (y manu militari) una cátedra en la Universidad de Comillas.

Paréntesis: Anson oculta, además, que Sainz Rodríguez fue, junto con Víctor Pradera y José Calvo Sotelo, impulsor del “Bloque Nacional”, un efímero intento de aglutinar las distintas facciones de derecha, y colaboró activamente en el Alzamiento Nacional de 1936, actuando como enlace con el general José Sanjurjo. Y también que formó parte del Primer Gobierno “franquista” (1938-1939) como ministro de Instrucción Pública, denominación que cambió por la de “Educación Nacional”, de semántica más acorde con la “dictadura totalitaria” a la que servía...

Una vez concluida su formación militar (de “dictadura totalitaria”), Don Juan Carlos cursó estudios de Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid (1960-61). En su formación global fue asistido por profesores de gran talla intelectual como Enrique Fuentes Quintana, Pedro Laín Entralgo, Torcuato Fernández-Miranda, Segismundo Royo-Villanova, Carlos Ruiz del Castillo, Martín de Riquer… Una tutela docente de incuestionable altura en la que también figuraron algunos destacados miembros del Opus Dei, como Florentino Pérez Embid, Laureano López Rodó, Antonio Fontán y, sobre todo, el profesor Ángel López-Amo, fallecido en accidente de tráfico el 20 de diciembre de 1956 en Washington, donde había acudido a pronunciar unas conferencias.

Es decir, recibiendo Don Juan Carlos una solvente formación de auténtico “espíritu nacional”, impregnada por los cuatro costados de las esencias “dictatoriales y totalitarias” del franquismo. En esa misma época formativa, el “aprendiz de rey” realizó diversos viajes de estudio por España con objeto de conocer en detalle sus distintas regiones y, según se deriva de lo escrito por Anson, impávido ante la “ocupación militar” de las mismas y la aplicación de las malvadas políticas impuestas por el perverso general Franco, que era, obviamente, su padre espiritual.

El 14 de mayo de 1962, Don Juan Carlos contrajo matrimonio en Atenas con la princesa Sofía Schleswig-Holstein Sönderburg-Glücksburg (quien después adoptaría el nombre de Sofía de Grecia), hija de los reyes Pablo I y Federica de Grecia; casamiento por supuesto “tutelado” por Franco, por no decir supeditado a su expresa aprobación. Una ceremonia en la que estuvo presente como invitado excepcional el entonces capitán Emilio Alonso Manglano.

Segundo paréntesis: Emilio Alonso Manglano y Don Juan Carlos se conocieron cuando, estando el primero destinado en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Generalísimo, Don Juan Carlos se entrevistaba con Franco en El Pardo de forma asidua como joven educando de la “dictadura totalitaria” franquista. Más tarde, tras los sucesos del 23-F, Emilio Alonso Manglano sería puesto al frente del CESID con el respaldo personal de aquel mismo joven consorte ya convertido en Rey de España.

De la unión matrimonial entre Don Juan Carlos y Doña Sofía nacieron en Madrid las infantas Doña Elena (el 20 de diciembre de 1963) y Doña Cristina (el 13 de junio de 1965) y el infante Don Felipe, heredero de la Corona, alumbramiento que tuvo lugar el 30 de enero de 1968. Éste, tendrá que arrastrar también de por vida el estigma original del franquismo que alentó la nueva dinastía monárquica, redefinido ahora por la RAE como “dictatorial y totalitario”.

EL QUID DE LA CUESTIÓN: UNA MONARQUÍA FRANQUISTA

En virtud de la Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947 (franquista y por tanto “dictatorial y totalitaria”), Su Excelencia el Generalísimo propuso a Don Juan Carlos de Borbón y Borbón como su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey ante las Cortes Españolas, en su sesión plenaria extraordinaria del 22 de julio de 1969, siendo aprobada en ese mismo acto la Ley 62/1969, “por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado”. Esta nueva Ley de Sucesión, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, establecía que “al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón”.

En la mañana de ese mismo 23 de junio de 1969, Don Juan Carlos aceptó la sucesión en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela. Ya por la tarde, en otro acto ante el pleno extraordinario de las Cortes Españolas, uniformado como capitán de Infantería, juró “en nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino”, recibiendo el título “franquista” de Príncipe de España. Dos días después fue ascendido, también por decreto “franquista”, a general de brigada de los Ejércitos de Tierra y Aire y a contralmirante de la Armada, atribuyéndosele los honores de Capitán General. A partir de entonces ocupó en todos los actos oficiales el puesto inmediato al Jefe del Estado (que era el “dictador totalitario” Francisco Franco). 

El 2 de noviembre de 1975, ejerciendo por segunda vez la Jefatura del Estado de forma interina en razón de la enfermedad padecida por su titular (jefatura de un régimen político estrictamente “dictatorial y totalitario” según la RAE), el Príncipe de España (que desde ese nombramiento ya ostentaba el grado de general del Ejército franquista) se desplazó a El Aaiún, girando una visita oficial a los territorios del todavía Sahara español. Aquel gesto fortaleció su relación con el estamento militar (el que “ocupaba España” como describe Anson), moralmente afectado por la amenaza de la “marcha verde” que había impulsado el Gobierno marroquí aprovechando la agonía de Franco.

Tras la muerte del Caudillo, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, con su  cadáver todavía insepulto y sin que ninguna autoridad política, civil o militar, señalara pauta o directriz oficial al respecto, el Príncipe de España, entonces sucesor in pectore en la Jefatura del Estado, decidió motu proprio que su ayuda de cámara, Blas Leyva, le cosiera en sus uniformes militares los distintivos de capitán general efectivo, sólo portados hasta ese momento por el Generalísimo (el “dictador totalitario”). Las decisiones tomadas en aquel momento histórico, fueron en algunos  detalles tan apremiantes que el propio Don Juan Carlos reconocería, por ejemplo, que nadie llegó siquiera a comunicarle de forma oficial la muerte de Franco, que era su protector y padrino político.

De hecho, cuando el Príncipe de España compareció ante el Pleno conjunto de las Cortes y del Consejo del Reino, celebrado el 22 de noviembre de 1975, para ser proclamado Rey, lo hizo con uniforme de capitán general sin que en aquel momento tan solemne nadie discutiera su formalidad: una aceptación silente, sin duda de excesiva y cuestionable prudencia, que nadie llegaría a remover jamás. A continuación, en ese mismo acto, el ya Rey de España volvería a prestar de nuevo juramento a las siete Leyes Fundamentales del régimen franquista (“dictatoriales y totalitarias” a tenor de lo interpretado por Anson), pronunciando tras ello su primer “Discurso de la Corona”, que por su corte “aperturista” anticipaba el inevitable camino del perjurio regio.

El mismo 22 de noviembre, nada más ser proclamado Rey y antes de su exaltación al trono, sustanciada el inmediato 27 de noviembre en una ceremonia de unción denominada “Misa del Espíritu Santo” (comparable de alguna forma a una coronación), celebrada en la histórica iglesia madrileña de San Jerónimo el Real, Don Juan Carlos lanzó una clarísima señal de lo que quería heredar y no heredar de Franco en el ámbito militar. Dando por hecho que había asumido de forma selectiva el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero no los títulos de Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, que podían no convenirle en su inmediata reconversión a la “democracia”, envió este expresivo mensaje al estamento militar:

En estos momentos en que asumo la Jefatura de las Fuerzas Armadas, me dirijo a todos vosotros con profunda ilusión y fundadas esperanzas.

Sois los depositarios de los más altos ideales de la Patria y la salvaguardia y garantía del cumplimiento de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo.

Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que con tanta dedicación y entrega os ha mandado hasta ahora, dándonos un ejemplo único de amor a España y sentido de la responsabilidad. Mi recuerdo emocionado se dirige hoy a las Fuerzas destinadas en África, las que por su patriotismo, disciplina y entrega están haciéndose acreedoras del agradecimiento de todos los españoles.

Debemos mirar el futuro con serena tranquilidad, pues hemos adquirido un alto grado de madurez política que ha cumplido lo que nuestro pueblo y sólo él desea.

España confía plenamente en sus Fuerzas Armadas. Sé que tenéis un alto concepto del amor a la Patria y que no escatimaréis vuestro esfuerzo para lograr una España cada vez mejor.

Quiero renovar hoy el juramento de fidelidad a nuestra bandera, símbolo de nuestras virtudes y de nuestra raza, y prometeros, una vez más, servirlas y defenderlas, a cualquier precio, de los enemigos de la Patria.

Mandar es servir, y quiero estar en el mando muy unido a vosotros. Sé que cumpliréis con vuestro deber como siempre lo habéis hecho. Como español, como soldado y como Rey, me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión y lealtad. Estoy seguro de que, trabajando todos unidos, alcanzaremos lo que España se merece por imperativo de la historia y su papel en el mundo de hoy.

¡Viva España!

JUAN CARLOS, REY

Especial significado tuvo también para el entorno de la milicia el párrafo de elogio y agradecimiento con el que distinguió la figura del general Franco en el denominado “Discurso de la Corona”, pronunciado ante las Cortes Españolas y el Consejo del Reino tras ser proclamado rey y prestar juramento, como hemos dicho, al ideario jurídico-normativo del franquismo (las siete leyes fundamentales). En él afirmaba literalmente:

Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituiría para mi una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio...

Además, otro gesto político-militar del Rey de España, entonces jefe no constitucional pero efectivo de sus Fuerzas Armadas, consistió en la firma de un inmediato Real Decreto (3269/1975) que reiteraba su demostración de afecto al Generalísimo y por el que se le colocaba permanentemente en el primer puesto de todos los escalafones militares. Algo que hoy no deja de ser curioso en relación con el desmantelamiento de la simbología franquista que, con más o menos intensidad, han perseguido desde entonces todas las fuerzas políticas. Su texto establecía:

Francisco Franco, Jefe del Estado Español, Caudillo de España y Generalísimo de sus Ejércitos, fue a lo largo de su esforzada vida acendrado exponente de todas las virtudes militares en su más alto grado.

Por el elevado valor ejemplarizador de su limpia conducta, por cuanto ésta debe tener de ejemplo permanente para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, en la firme voluntad de prestar un homenaje eficaz y permanente a la memoria de Franco, a propuesta de los ministros del Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

DISPONGO:

Artículo único. En todos los escalafones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire figurará en cabeza, en lo sucesivo y a perpetuidad, el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo y capitán general de los Ejércitos, seguido de la frase “Caudillo de España”.

Así lo dispongo por el presente decreto, dado en Madrid a cinco de diciembre de 1975.

JUAN CARLOS, REY

EL CORDÓN UMBILICAL ENTRE LA CORONA Y EL FRANQUISMO

De esta forma quedó establecida “políticamente” la sutil continuidad del franquismo y la selección de los atributos militares de Franco más convenientes al interés de la Corona. Es decir, basándose en la legalidad “dictatorial y totalitaria” del momento según la sesuda opinión de la RAE, apenas “cogida con alfileres” y en sí misma aceptada por el estamento castrense sólo en base al “Testamento de Franco” que, como tal, respetaría en plenitud aun siendo militarmente inespecífico.

De su escueto contenido, leído por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, ante las cámaras de Televisión Española de forma inmediata a la muerte del testador, el mismo 20 de noviembre de 1975, destacaba este llamamiento general al pueblo español: “Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido…”.

En relación con la inquebrantable lealtad que los militares del momento profesaban al Generalísimo, más allá de su muerte, conviene advertir que era un sentimiento desde luego unánime, incluyendo a quienes podían considerarse como más liberales o demócratas, e incluso a los más significados valedores de la monarquía. En la biografía autorizada de Sabino Fernández Campo escrita por Manuel Soriano (“Sabino Fernández Campo: La sombra del Rey”, Editorial Temas de Hoy, 1995) queda patente: “El Ejército, a su vez, había recibido la orden de Franco de obedecer al Rey después de que él muriera. Y eso fue lo que hizo. Se puso a su servicio como antes lo estuvo al de Franco. Para la mayoría de los militares, incluso Sabino, el cambio consistió en sustituir uno por otro”.

En esa misma interpretación sobre la sucesión del rey Juan Carlos en la absoluta lealtad profesada a Franco por el estamento castrense, actitud en la que se entendía implícito el reconocimiento de su liderazgo institucional, también estaba naturalmente el ex general Armada, monárquico radical que en su libro “Al servicio de la Corona” (Editorial Planeta, 1983) afirma: “El último mensaje de Franco a los españoles constituye una orden permanente para los militares. Nos dice que apoyemos al futuro rey de España”…

LOS DAÑOS COLATERALES DEL REVISIONISMO HISTÓRICO

Cierto es que los maquinadores de la política, han aducido que, tras cuatro años de “franquismo legal”, con Franco muerto, la Constitución de 1978 habría legitimado al rey Juan Carlos y a la propia Corona “franquista”. Idea harto discutible que se reforzó cuatro años después con otra todavía de peor encaje: la reconducción “democrática” del intento de golpe de Estado del 23-F atribuida a Su Majestad, cuando hay quienes le han acusado precisamente de todo lo contrario.

Sobre la “legitimación constitucional” de la monarquía franquista, hay que recordar la situación de “pánico escénico” surgida con la muerte de Franco y las manipulaciones y “trágalas” políticos con los que se redactó y aprobó la Carta Magna de 1978 (se votaba “sí” o “sí”, y la alternativa a no votar era el caos). Una Constitución “transicional”, que hoy se muestra esencialmente transgredida, disgregadora y agotada incluso para muchos de los constituyentes, y que de no reformarse ya con cierta premura amenaza con hacer saltar por los aires la convivencia democrática.

Y sobre la “legitimación monárquica del 23-F” lo más prudente sería olvidarla. Quizás la opinión más reveladora y concluyente publicada sobre el 23-F, sea la de Sabino Fernández Campo, quien a la sazón era secretario general de la Casa de Su Majestad y por tanto persona excepcionalmente informada sobre aquel dramático suceso. Justo con ocasión del XXV Aniversario del reinado de Juan Carlos I escribió con tanta prudencia como sabiduría: “Por mi parte, renuncio a intentar descubrir las piezas que me faltan del rompecabezas. Dejémoslo como está, sin agitar la historia ya calmada... En ocasiones, el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla”…

Aceptemos el sabio consejo que nos brindó Fernández Campo y dejémoslo aquí… Todo: lo del 23-F y lo de la “dictadura totalitaria” del franquismo, aguas pasadas que no mueven molino y que, razonablemente, convendría dejar en su curso natural hasta que se diluyan en el océano de los tiempos.

Nuestra reflexión no pretende, en modo alguno, poner patas arriba la historia ni la política de España, pero sí advertir de lo inconvenientes que pueden llegar a ser sus reinterpretaciones vengativas en tiempos en los que todavía pueden producir daños colaterales innecesarios, como la apadrinada por Luis María Anson en la RAE. En el fondo, la Guerra Civil tuvo, como tienen todas las guerras, un bando vencedor y un bando vencido, hoy perfectamente irreconocibles en esa concreta diferencia. Y punto.

Porque, metidos en ese berenjenal, ahora la RAE y sus maniobreros de oficio (alguno como Anson adicto a la polilla histórica) tendrían que redefinir al menos los cuatro años del “franquismo existencial” vigente con el rey Juan Carlos como Jefe de Estado (1974-1978), edulcorar su pasado “franquista” y reinventar el origen dictatorial de la nueva dinastía borbónica. Todo por ponerse a pontificar en materias más que opinables y no dejar a Franco en paz, como hoy se deja en paz (y hasta elevada a los altares) a la España vencida por el franquismo, con todas las responsabilidades culposas que también tuvo.

La concreción práctica del “desgobierno” (que significa falta de gobierno y también perturbación o desorganización del orden establecido), es bien conocida en el mundo entero y desde tiempos inmemorables, al igual que sus nefastas consecuencias. Pero quizás sea en la España de los siglos XIX y XX donde esta praxis se enraíza más con la acción política, a veces de forma ciertamente ruinosa, hecha, claro está, la salvedad de no pocas dictaduras, que en ocasiones no dejaron de ser un recurso para reconducir la situación del “desgobierno nacional” llevado al límite.

Otra deriva característica de ese mismo desgobierno y de la mala práctica política que comporta, es la “corrupción” (sinónimo de “degradación” o “putrefacción”), que aquí queda referida como es lógico al ámbito político o de la vida pública, aunque el término también sea aplicable a otras muchas actividades humanas. Y, sin ser ambos ejercicios biunívocos (el desgobierno y la corrupción), la historia no deja de evidenciar que suelen caminar juntos, alternándose en la función locomotora o de arrastre del uno con el otro, y casi siempre imbuidos por una acción política deplorable.

Así, parece inevitable que, tarde o temprano, la política mal entendida conduzca al desgobierno y a la corrupción, o que la corrupción y/o el desgobierno terminen transformándola en despótica, dictatorial y hasta en pura “cleptocracia”, que es un término de nuevo cuño para designar “el gobierno de los ladrones”, basado en abusos hoy tan cotidianos como el saqueo del capital en los asaltos políticos a las cajas de ahorro o el cobro de comisiones ilegales anejas a las adjudicaciones de las licitaciones oficiales. De esta forma, se institucionaliza un sistema degradante y al mismo tiempo todas sus derivas inmorales o delictivas (nepotismo, malversación de fondos públicos, prevaricación, clientelismo político…), bajo la protectora capa de impunidad que proporciona la creciente podredumbre de todos los sectores del poder, desde el judicial al parlamentario, pasando por el administrativo y los demás estamentos del sistema público.

La noble demanda de Tulio Marco Cicerón, cónsul de la República de Roma, de que “sea la ley suprema el bien del pueblo”, se transmuta por la vía del desgobierno y la corrupción en lo que Arturo Graf definió como “el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y crear otros imaginarios e injustos”.

No obstante, también es cierto, y hemos de sostenerlo con toda energía, que de la política bien entendida, hoy lamentablemente ausente en la vida nacional, siempre dimana un gobierno justo, es decir, intolerante con la corrupción.

UN VIAJE GRATUITO DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA

Cuando se analiza nuestra historia más reciente, siempre en constante vaivén, es fácil concluir que tras el régimen franquista, sufrido por muchos, aplaudido por otros tantos y tolerado por los demás, España ha oscilado desde una democracia ilusionante y con aspiraciones de ejemplaridad hasta un engendro híbrido con cabeza de reino bananero y cuerpo de dictadura “partitocrática”. Quizás, ese continuo “recorrido de ida y vuelta”, esté convirtiendo la anterior España franquista, hoy anatemizada como “una, grande y libre” por quienes políticamente ni siquiera saben dónde están posicionados, ni tampoco hacia dónde van, en una España en apariencia “democrática” pero “desgobernada y corrupta”: un viaje para el que no se necesitan alforjas.

Alejandro Nieto, que, entre otras cosas, ha sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, en Alcalá de Henares, en la Complutense de Madrid y en la Autónoma de Barcelona, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1980 y 1983 y Premio Nacional de Ensayo en 1997, analizó el fenómeno del desgobierno público y sus consecuencias con gran perspicacia y clarividencia en su libro “La corrupción en la España democrática” (Ariel, 1997).

En síntesis, el profesor Nieto puso en negro sobre blanco ya hace quince años el sentimiento nacional de que la corrupción lo estaba invadiendo todo y que la política y la administración (como la economía y la propia sociedad) resultaban corrompidas hasta la médula. Situación que nos desconcierta y agita sin que se pueda asumir fácilmente lo que está pasando.

Tras el cambio de régimen, el ciudadano de a pie no puede entender que tal cosa suceda en una democracia (teórica) con Parlamento vigilante, prensa libre y justicia independiente. Y percibe, cada vez con más claridad e intensidad, que, si bien es cierto que un régimen democrático cuenta con mecanismos de auto-defensa, también es portador de elementos corrumpentes, empezando por los partidos políticos y los sindicatos, que se mueven con excesiva ligereza en una sociedad lastimosamente tolerante con las prácticas políticas más perversas.

El “oficio público” se ha vuelto más que “sospechoso” y el Estado aparece como un instrumento de depredación en provecho de una “casta” (la clase política). Eso es lo que hay.

En su libro, Alejandro Nieto no pretendió, ni mucho menos, relatar una vez más los casos que cada día ruedan en periódicos y juzgados. Desentrañaba, eso sí, los hilos que mueven este gigantesco y cotidiano negocio de desviar los poderes públicos en beneficio privado. ¿Quiénes están abusando de la democracia? ¿Quiénes son sus cómplices y encubridores? ¿Cómo se las arreglan para que no funcionen los mecanismos de prevención y represión? ¿Cómo operan? ¿A qué manos van a parar los frutos de la extorsión…?

Paréntesis: Nieto es autor de otros dos libros “de culto” en el ámbito de las Administraciones Públicas: “La organización del desgobierno” (durante los años ochenta) y “La nueva organización del desgobierno” (durante los noventa). No obstante, su ácida descripción y crítica de las patologías letales que padece la “cosa pública” han culminado en un recomendable último libro, serenamente transgresor, titulado “El desgobierno de lo público” (Ariel, 2008). En su introducción advierte: “El lector no encontrará en este libro una sola afirmación que le sea desconocida puesto que en él deliberadamente nada nuevo se dice, se queda corto en sus denuncias y hasta resulta excesivamente comedido en sus acusaciones. Su única novedad consiste en decir en voz alta lo que todos conocen a través de simples murmuraciones y, sobre todo, en asumir abiertamente las eventuales tachas sociales y legales que puedan sobrevenir”.

EL DEDO EN LA LLAGA: LA CORRUPCIÓN COMO PACTO DE ESTADO

Que el profesor emérito y notable ensayista Alejandro Nieto nunca tuvo pelos en la lengua (que hoy sobran en las de muchos “prohombres” españoles), quedó bien patente también en la entrevista que concedió a la periodista Lucía S. Naveros para el diario ovetense “La Nueva España” (27/01/2007), con motivo de pronunciar una conferencia en la capital del Principado sobre corrupción urbanística (la razón última del “ladrillazo”). Así de grave y así de claro fue lo que dijo:

“Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción con la que se financian los partidos políticos” 

-Su conferencia se titula “¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?”. ¿Existe?

-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.  

-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?

-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.

-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.

-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo. 

-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?

-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va. 

-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?

-El pacto ha funcionado hasta el año pasado [2006], pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña. 

-¿A qué se refiere?

-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.

-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.

-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno. 

-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?

-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia. 

-¿Qué solución ve?

-No doy ninguna receta.

-¿Ocurre en otros países europeos?

-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.

Acertaba plenamente el profesor Nieto al denunciar la existencia de un “pacto de Estado” para fomentar la corrupción con la que se alimentan los partidos políticos, falsamente identificada por algunos como “financiación de la democracia”. Y, de igual modo, nosotros acertamos también cuando decimos que, justo en esa misma práctica política de corrupción urbanística, está el origen del famoso “ladrillazo”, tolerado por todos los organismos públicos de control (desde el Banco de España hasta el Tribunal de Cuentas, pasando por el propio Parlamento) en base a una deplorable conveniencia partidista del fenómeno.

Dicho de otra forma, si cabe más áspera, los máximos culpables del descalabro urbanístico que nos ha conducido de hoz y coz a la insostenible crisis económica actual, son los partidos políticos (de forma especial los mayoritarios PP y PSOE), que, para financiarse, se agarraron sobre todo a las comisiones generadas por las recalificaciones y plusvalías urbanísticas, enriqueciendo, de paso, a los intermediarios y “conseguidores” de turno. En una espiral enloquecida de auténtico “desgobierno y corrupción”, las nuevas y cada vez mayores ambiciones y exigencias económicas de unos y otros, llevaron también a su máximo extremo la concesión de créditos insolventes para seguir financiando nuevas promociones que pudieran consumir más y más recalificaciones de suelo…

LA INGENIERÍA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA “DEMOCRÁTICA”

Por supuesto que este “apadrinamiento espurio de la democracia” (por no definirlo como “mangancia política organizada”), generalizado en el actual estamento “partitocrático”, no se ha limitado al ámbito de la corrupción urbanística. Tomó rápida referencia inicial en las ayudas prestadas en 1984 por las empresas constructoras al Partido Reformista Democrático (PRD), liderado tras la desaparición de la Unión de Centro Democrático (UCD) por Miquel Roca, Antonio Garrigues y Florentino Pérez. Los grandes empresarios del momento, básicamente los del sector de la construcción, aportaron a las arcas del PRD unos 1.500 millones de las antiguas pesetas en dinero “negro” como compensación a la adjudicación de obras comprometidas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya (pionero en la ingeniería de la corrupción política “democrática”), entonces dirigido por CiU, partido que apadrinaba la denominada “Operación Reformista”.

Aquella financiación “extra” o complementaria de los créditos bancarios oficiales, supuso un éxito de captación de fondos, ocultación fiscal y negocios fáciles, que se convirtió de inmediato en el modelo a imitar por las demás formaciones políticas. Conformó el procedimiento ilegal a seguir, que, por otras vías, ya había generado algún disgusto al PSOE tras la debacle electoral de la UCD, primero con el cobro de comisiones ilegales por adjudicación de concesiones en el Ayuntamiento de Madrid en 1981 (a las empresas Semat y Selberg) y, a continuación, con la ayuda económica que el grupo alemán Flick prestó a su campaña electoral de 1982, desvelada en 1984.

La ligereza con la que se engrasó la tesorería de la “Operación Reformista”, marcó un antes y un después en la financiación ilegal de los partidos políticos con cuotas de poder que les permitiera adjudicar “contratos y concesiones contra comisiones”. El modelo se extendió a la velocidad del rayo, corrompiendo como es obvio el sistema de contrataciones públicas, falseando las contabilidades oficiales (con el consiguiente quebranto para el erario público) y, finalmente, generando un nuevo tipo de “delincuencia-recaudadora” auspiciada, de forma sin duda paradójica, por los medios políticos que más debían respetar y proteger el Estado de Derecho. 

Aún a pesar de haberse convertido en un modelo connivente entre toda la clase política, los excesos con los que se acompañó concluyeron en casos judiciales tan sonoros como el de la “construcción de Burgos”, que explosionó en las manos del PP en 1988, y el de “casinos de Cataluña”, desvelado en 1989 y que afectó de lleno a la financiación de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña). A ellos siguieron un creciente listado de ilegalidades que eclosionaron en 1990, afectando de forma generalizada al PSOE (“caso Juan Guerra” y “caso Ceres”), al PP (“caso Naseiro”) y al PNV (“caso Tragaperras”).

En 1991 explotó la trama de Filesa, Malesa y Time-Export; en 1993 el “caso del AVE” y en 1996 el procedimiento que implicó a Gabriel Urralburu y Javier Otano, todos ellos protagonizados por el PSOE. A continuación, la corrupción política indiscriminada abarcó en su desmesura casos como el de la Diputación de Zamora (PP), el del ayuntamiento zaragozano de La Muela (PAR), el expolio degenerativo de Marbella protagonizado por el entorno de Jesús Gil…

UNA RECONDUCCIÓN IMPOSIBLE: DIRECTOS AL POZO NEGRO

Cierto es que en 1995 se intentó reconducir aquella imparable oleada de delincuencia nacional “fehaciente” (la oculta queda bajo las tupidas alfombras de la política), creándose en el Congreso de los Diputados una “Comisión de Estudio para la Financiación de los Partidos Políticos” (V Legislatura), aunque con más intención de tranquilizar a la ciudadanía que interés en resolver el problema de fondo. A pesar de la imparcialidad con la que fue presidida por el diputado Luis Mardones, de su acertado análisis de la situación y de sus metódicas propuestas, concertadas incluso con las entidades financieras afectadas por los continuos impagos de los créditos concedidos a los partidos políticos (“pufos” encubiertos contra el bolsillo de los accionistas), la mentalidad y el arraigo de sus intereses impidieron la reforma del sistema. De hecho, y con el vergonzoso acuerdo común de todos los Grupos Parlamentarios presentes en la Cámara, nunca se llegó a dar siquiera carta de naturaleza a las conclusiones del trabajo realizado.

Para mantener la objetividad del comentario, también debemos reconocer la promulgación de una nueva normativa, más avanzada, sobre Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) y sobre Financiación de los Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007), e incluso la modificación de la Ley Orgánica 5/1085, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Pero ni estas actualizaciones normativas ni el propio Tribunal de Cuentas, con funciones específicas (fiscalizadora y de jurisdicción contable) para ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público, han podido llegar al meollo del asunto, ni reconducir, por tanto, la permisividad del sistema con el que, en un puro régimen de “desgobierno y corrupción”, se financian realmente los partidos políticos (ahí está el último gran esperpento del “caso Gürtel”).

España se sumergió en un mecanismo de “pago por favores políticos” que afecta a todo tipo de concesiones y contrataciones públicas (tanto estatales como autonómicas, municipales y de diputaciones provinciales o cabildos insulares). Y, según hemos advertido, vinculado sobre todo al ordenamiento  urbanístico del territorio, con las tentadoras “recalificaciones” de suelo como norte y guía del comportamiento partidista.

Es decir, conformando toda una trama económica ilegal con cifras ingentes de negocio, y que, admítase o no, ha pasado y pasa por las arcas caudinas de la clase política. Arrastrando sintomáticamente el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, el cohecho y el tráfico de influencias, como prácticas anejas irremediables y peligrosamente dinamiteras de nuestra todavía joven y frágil democracia.

DESGOBIERNO Y CORRUPCIÓN A MANSALVA 

Con lo dicho, no parece necesario rebozar esta España “del desgobierno y la corrupción” en harinas de mayores escándalos. Pero, si alguno de nuestros lectores desea hacerlo, le basta consultar en Internet el “Corruptódromo” alimentado por el movimiento ciudadano “NoLesVotes” con cientos de casos encabezados por una acertadísima cita de Montesquieu: “La corrupción raramente empieza por el pueblo”.

(Ver http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo).

Otras muchas webs relacionan más y más casos de corrupción política en España, reproduciendo listados igual de reveladores con cientos y cientos de miembros de todos los partidos condenados por los tribunales de justicia (también los hay de procesados que fueron absueltos y de condenados privilegiados que han sido indultados por el Gobierno). Claro está que, en todo caso, hablamos de la “punta del iceberg” y no de la corrupción ingente que subyace oculta bajo la línea de flotación del sistema…

Este recurso a lo que Manuel Castells, prestigioso catedrático de Sociología y Urbanismo de la Universidad de Berkeley (California), ha definido como la “sociedad red”, es imprescindible porque, hoy por hoy, la mayoría de los medios informativos convencionales se limitan a defender o combatir los estrictos intereses partidistas, alineados casi siempre con una u otra de las dos formaciones mayoritarias con posibilidad de acceder al gobierno de la Nación. Un papel reiterado hasta la saciedad y anclado en el “quítate tú para ponerme yo”, a menudo rayano en el sectarismo y cada vez más alejado, como la propia política, de los intereses ciudadanos y de la nueva sociedad de la “globalización”.

Ese es un triste escenario en el que las cuestiones de Estado realmente sustanciales (las garantías constitucionales, la división e independencia de poderes, la justicia social, la política exterior, el juego “soberanista”…), se reconducen de inmediato al interés más villano y circunstancial sin grandeza política alguna. En él, cualquier debate sobre la perfección del modelo de convivencia y sobre la necesidad de afrontar una reforma institucional, se ha venido tachando de “transgresor”, siendo sometido en consecuencia a la censura más implacable. Y así nos va…

ENTRE EL PASOTISMO Y LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA

No se puede negar que hubo tiempos próximos en los que el contenido crítico y los recursos dialécticos llenaban la vida pública, hasta el punto de que el rencor o la soberbia arruinaban a menudo la perspectiva política. Ahí están la historia del parlamentarismo anterior a la guerra civil, algunas voces admonitorias alzadas incluso en plena dictadura franquista y hasta el debate periodístico propio de la Transición Española, durísimo precisamente con quienes más hicieron por afianzar el nuevo modelo democrático.

Pero hoy la situación es bien distinta. Y sonroja comparar, por ejemplo, las aguerridas crónicas políticas y las columnas de opinión publicadas durante la presidencia de Adolfo Suárez, cuando la sociedad española en pleno procuraba un mejor modelo de convivencia para todos, con la mediocre realidad periodística de hoy en día. Hoy, es significativo, por poner un sólo ejemplo, el cerco institucional que se cierne sobre Federico Jiménez Losantos, cuya voz independiente y verdaderamente crítica con la profunda golfería de la actual clase política tiene muchas posibilidades de terminar enterrada en la cuneta del sistema…

¿Qué vestigios quedan, en la prensa actual, de la tercera página del diario “Pueblo” dirigido por Emilio Romero y de sus propios “Gallos”, redactados a modo de explosiva opinión editorial…? ¿Alguien ha heredado acaso el espíritu liberal-combativo que caracterizó al demolido periódico “Madrid”…? ¿Cómo olvidar la razón política y humanista promovida por Joaquín Ruiz-Giménez en sus “Cuadernos para el Diálogo”…? ¿Dónde podríamos recuperar hoy los fundamentos reformistas perdidos de “El País” o del Grupo 16…?  ¿Acaso alguien ha vuelto a lanzar dardos tan envenenados contra los poderes establecidos como los que a menudo dirigió la propia Prensa del Movimiento a personalidades bien significadas del franquismo…?

En el nuevo contexto de conformismo informativo, sostenido sobre todo por el adocenamiento y el pasotismo empresarial, instalado en la subvención y el favor económico generalizado, la sociedad civil soporta una peligrosa degradación intelectual más allá de la pérdida de sus principios éticos y de los referentes de la convivencia democrática. Una senda que conduce al progresivo ocaso nacional, contaminado por la extrema inmoralidad política circundante y el ahogamiento de las voces críticas, cuya reconducción sólo será posible mediante una revisión global del sistema de interacción social.

¿ES POSIBLE QUE DESPIERTE EL PERIODISMO?

Si la ciudadanía diese por bueno el pancismo vergonzante que caracteriza la política del momento y aceptase sin más sus mecanismos de manipulación social, quizás no merecería la pena plantear siquiera las razones de la crítica, el valor del intelectualismo o la esencia de nuestra propia libertad. Pero sucede que hay grupos de personas, silenciosas pero seguramente muy numerosas en España, que no se acomodan, ni tiene por qué hacerlo, al dominio de la “partitocracia” y de los denominados “poderes fácticos”; realidad por la que también debemos reconocer y destacar las muestras, aunque sean escasas, del periodismo crítico.

A tal efecto, traemos a colación un artículo de opinión de Josep Ramoneda titulado justamente “El desgobierno” y publicado en “El País” (18/04/2012), en el que, hace ya seis meses, describía con acierto una realidad política e institucional lamentable y progresivamente decadente:

“La foto de Botsuana acompañará al Rey como símbolo de la caída del prestigio de la Corona”

La foto del rey Juan Carlos con un compañero de caza al lado y un elefante abatido detrás, quedará para siempre como el icono del día en que se rompió definitivamente el tabú de la monarquía en España. Si el vídeo del Rey vestido de capitán general dirigiéndose al país, la noche del 23-F, ha perdurado como imagen que legitimó a los ojos de los españoles a un monarca que tenía sus raíces en el régimen de Franco, la foto de Botsuana acompañará a don Juan Carlos el resto de sus días como símbolo del desmoronamiento del prestigio de la Corona.

Durante los últimos meses daba la sensación de que el Rey había perdido el control de la familia, ahora ha perdido el control de su propia función. A partir de aquí, todo es posible: que la crisis le salve, porque la gente no quiera añadir otro problema a los muchos que tenemos, o que la avalancha de informaciones que puede seguir al levantamiento del tabú convierta su situación en insostenible.

Como si Marx tuviera razón, el desbarajuste en la infraestructura económica está provocando un descontrol creciente en la superestructura política. Así estamos viendo cómo a una crisis económica a la que no se le ve salida se han ido sumando una crisis de desconfianza política generalizada; una crisis del modelo territorial que ha hecho que, desde puntos de vista opuestos, se dé el Estado de las autonomías por agotado; una crisis moral y cultural profunda; una crisis institucional de primer orden --que afecta a la Jefatura del Estado--; y una crisis diplomática con Argentina que ha evidenciado los límites del peso de España en el mundo. Es tal el clima psicológico de precariedad que vive el país, que es legítimo preguntarse cuánto tiempo tardará el malestar en convertirse en irritación y después en acción.

Durante la campaña electoral [comicios del 20-N], Mariano Rajoy tuvo la ridícula ocurrencia de repetir que toda la culpa de lo que ocurría en España era de Zapatero y que con su llegada al poder todo cambiaría. Vanidad de vanidades. Han bastado cuatro meses de Gobierno del PP, para que se perdiera la pista del caudal de confianza que Rajoy decía poseer. La sensación de desgobierno, con un Ejecutivo que presenta un Presupuesto imposible de cumplir y a los pocos días lo invalida con nuevos recortes todavía más fantasiosos, se extiende a toda velocidad en un país que ve cómo le van apretando las clavijas hasta lo insoportable, sin que nada indique que las cosas irán mejor.

Sensación de desgobierno de la economía, corriendo detrás de las señales de los mercados sin orden ni concierto. Este Gobierno debía preparar el futuro y ha recortado en inversiones, educación y salud. Eso sí, ha guardado dinero para el corporativismo. Sensación de desgobierno diplomático: después de que Rajoy prometiera que volvería a España al lugar que le corresponde en el mundo, sufre el sonoro fracaso de ver cómo Argentina nacionaliza YPF dos días después de que un ministro dijera que todo estaba encarrilado. Sensación de descontrol institucional: ¿cómo es posible que ante el desafío de Cristina Fernández y las amenazas de los mercados nadie impidiera el viaje del rey Juan Carlos a Botsuana? Sensación de descontrol territorial, en un momento en que aparecen señales por todas partes de que el Estado de las autonomías no ha resuelto los problemas por los que fue creado y que, de algún modo, hay que volver a empezar. Sensación incluso de pérdida de la hegemonía ideológica en la que el PP había asentado su retorno al poder: hoy en España reinan el desconcierto y el miedo. La amnistía fiscal ha venido a consolidar un sentimiento de crisis moral del sistema, ya ampliamente extendida por una estrategia anticrisis, la inútil “pastilla milagrosa” de Angela Merkel, que socializa las pérdidas de los bancos, aprieta especialmente a los asalariados y deja a la ciudadanía sin el poder soberano que se le supone.

Este es el panorama, sobre el que solo cabe la ilusión de una reacción democrática de la ciudadanía y de un frente político capaz de forzar cambios en las exigencias europeas y devolver la dignidad perdida a la política. Pero no se ven señales de ello por ninguna parte, con un Gobierno que ha quedado sonado al primer golpe y una oposición que sigue sin dar señales de vida. Ya no cabe seguir esperando que el adversario se la pegue. Porque el día que esto llegue puede que ya no estemos a tiempo de evitar las cosas peores.

Por su parte, Miguel Ángel Aguilar, otro analista inteligente de la realidad nacional, poco dado a la descalificación institucional, acaba de dar también un paso adelante señalando la alarmante deriva tomada por la España del “desgobierno” (la corrupción se acompaña de oficio). En un artículo de opinión que demandaba en su propio titulo un “Cambio de Gobierno y de oposición” publicado por “El País” (23/10/2012), concluía:

(…) Va a cumplirse un año de la investidura y las líneas de desgaste exigen rectificaciones inaplazables. Sería mejor hacerlas antes incluso de las elecciones de Cataluña del 25 de noviembre. Pero, además de nuevas caras en el entorno ministerial, es preciso un cambio de actitud, una nueva dialéctica parlamentaria. Porque de la destrucción sistemática del adversario es imposible obtener ya ventajas adicionales, una vez que los desafíos comunes cobran dimensiones pavorosas. Se impone como tarea prioritaria la reconstrucción de las instituciones dañadas por el bloqueo suicida al que han estado sometidas. España necesita ser liberada del vértigo de la desesperanza y del pesimismo que invade y paraliza a todos. Repetimos que la razón no puede prosperar sin esperanza. El silencio que comentaba Iñaki Gabilondo puede transmutarse en estruendo ininteligible. Cuidado con la España sin pulso de Silvela si cundiera la sensación de que están cerradas todas las salidas. Atentos.

Lo dicho: descrédito político e institucional por los cuatro costados. Si esta de ahora no es la España “del desgobierno y la corrupción”, que venga Dios y lo vea.

En la polémica desatada días pasados sobre la necesidad de “españolizar a los niños catalanes [discentes]”, iniciada a raíz de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, así lo puntualizara en un debate parlamentario, apareció de forma inmediata, y esgrimida por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, la alusión a la España “una, grande y libre”, enmarcando aquella proposición educativa en una suerte de regresión al modelo de enseñanza franquista, de forma sin duda extemporánea

Artur Mas, que defiende a ultranza la educación basada en la inmersión lingüística de Cataluña, ha acusado al Gobierno no sólo de despojarla de competencias en educación (que constitucionalmente le son impropias), sino de “explicar la historia de España como ellos quieren”. Según el jefe del Ejecutivo catalán, “nosotros explicamos la historia de España como un Estado plurinacional, y no como una, grande y libre”.

A continuación, José Ignacio Wert, puede que temiendo ser acusado nada menos que de “franquista”, cuando quizás hoy por hoy sea más peyorativo ser tildado simplemente de “político”, aclaró su postura sosteniendo que “en una respuesta parlamentaria al PSC, la señora Rigault habló de la españolización de estos alumnos catalanes, algo que ella afirmaba no querer, y ahí es cuando yo respondí. El concepto de una educación 'Una, grande y libre', es una bobada, nadie está a favor de ese tipo”.

INCONGRUENCIAS ALREDEDOR DE UN SLOGAN “REDONDO”

En este momento no vamos a pronunciarnos sobre la controversia que suscita el modelo educativo español, gravemente deteriorado por el mal entendimiento del Estado de las Autonomías y por el cúmulo de errores políticos compartidos al respecto por el PP y el PSOE y prolongados en el tiempo. Pero sí que vamos a comentar la profunda torpeza, no exenta de venalidad, de anatemizar un slogan o lema nacional “redondo” que para sí querría cualquier país democrático del mundo (y que de hecho muchos asumen con adaptaciones particulares de sus tres conceptos básicos: la unidad, la grandeza y la libertad). Y sólo porque con anterioridad, y en un periodo transitorio de nuestra historia, fue el adoptado por el régimen vigente, asumido en cualquier caso sin reticencias por la sociedad de entonces, que, como la actual, además tenía cuestiones para solventar de mucha mayor importancia.

Ese es el mismo supuesto de resentimiento absurdo que, a partir de la Transición, llevó a los “demócratas” (muchos de ellos “conversos”) a repudiar la acertada política desarrollada por los sucesivos gobiernos de Franco con la construcción de grandes embalses reguladores de los recursos hídricos y de centrales hidráulicas de producción eléctrica, sacrificando en los gobiernos sucesivos un acertado modelo de desarrollo sostenible sólo por esa aberración mental. La misma que, en otra estupidez semejante, también podría haber llevado a la derecha española (“azul” durante el franquismo) a rechazar el apelativo de “la roja” con el que ahora se aclama de forma unánime a la selección nacional de futbol…

¿Es que, por ejemplo, acaso una democracia puede repudiar, en sí mismo, el lema “Patria y Libertad” (una aspiración generalizada a nivel universal) sólo porque haya sido utilizado por un movimiento chileno paramilitar y de extrema derecha empeñado en derrocar al gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende…? ¿Y es que, en otra comparación más extrema, cuando alguien nos agrede injustamente hemos de “poner la otra mejilla” también porque se trate de un mero consejo evangélico…?

Cualquier persona con un nivel mínimo de formación política, es decir situada muy por debajo de todo un president de la Generalitat o de un ministro del Gobierno, habría de tener al menos tres capacidades imprescindibles: la de percibir las ideas y su realidad circundante con claridad, y si fuera posible con viveza; analizarlas y juzgarlas con rectitud y, por último, discurrir con rigor y solidez. Dotes obviamente carentes en quienes no ven compatible el Estado democrático con la aspiración de ser “uno, grande y libre”, y todavía más ausentes en quienes, como Artur Mas, consideran que ambas ideas son incluso contradictorias.

En nuestra anterior Newsletter ya lamentábamos que, a estas alturas de nuestra larga y agitada historia, los políticos hubieran perdido el norte de la esencia nacional sólo porque (dictaduras aparte) el régimen franquista la quisiera “una, grande y libre”. Y nos preguntábamos: ¿Es que, acaso, hay que compensar aquel déficit de “pluralidad” con un desmadre autonómico indeseado, tanto en su origen como en la actualidad, por la inmensa mayoría de los españoles, que además vienen reclamando de forma sistemática, justa y necesaria, la igualdad de todos los pueblos y regiones de España…?

El president catalán ha soltado por su desordenada boca una patochada de tamaño monumental: “Quieren [los españoles] que [Cataluña] sea una, grande y libre”. Pero ¿acaso él no desea eso mismo…? La verdad es que como manipulador social no se puede ser más torpe, por mucho que los manipulados sean gentes especialmente manipulables, y no precisamente por su nivel de raciocinio o discernimiento propio.

Con independencia de que Cataluña ya sea “una, grande y libre”, que así lo creemos, él mismo y otros nacionalistas igual de inconsecuentes, han manifestado con demasiada y delatadora insistencia la ambición de “una sola Cataluña”, y por supuesto “grande”, porque en esa unidad ahora llamada “identitaria” (los “Países Catalanes”), de entrada también incluyen la Comunidad Autónoma de Valenciana, las Islas Baleares, el Principado de Andorra, la zona aragonesa de “La Franja”, la murciana de “El Carche”, parte de los territorios franceses del Rosellón y la Cerdaña, la ciudad de Alghero (en la isla italiana de Cerdeña), más lo que, puestos a pedir, quieran meter en la olla… Y, lógicamente, la quieren “libre” porque aspiran a “independizarla” de la España “opresora”. Algo que a estas alturas de la historia española, europea y mundial, puede dar tanta pena como risa.

UNIVERSALIDAD DEL CONCEPTO “UNA, GRANDE Y LIBRE”

Pero es que, a mayor abundamiento, cuantos identifican “una, grande y libre” exclusivamente como lema de la España “franquista”, ignoran sus orígenes, su significado más profundo y algunas apropiaciones del mismo que, además de sorprenderles, les pueden avergonzar.

Para empezar, el origen del grito ritual “¡Una, Grande y Libre!” se remonta formalmente al 18 de julio de 1932, cuando su creador, Onésimo Redondo (uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS, después integradas con Falange Española), lo propone como lema político en el número 58 de la revista “Libertad” de la que era editor. Y lo hace en un artículo-proclama que concluye de forma literal: “Por España libre, grande, única, respondamos con el arma en la mano a la provocación de los que preconizan el crimen. Formemos los cuadros de la juventud patriótica y belicosa. ¡Amemos la guerra y adelante!”.

En realidad, en el número 49 de la misma revista “Libertad” (16/05/1932), es decir cuatro años antes de iniciarse el guerra civil y algunos más hasta que se consolidó el régimen franquista, ya se recogía el grito: “¡Viva España Única!¡Viva España Grande! ¡Viva España Libre!”.

(Paréntesis: Quede claro que cuando a mediados de 1932 se comenzó a usar el lema en cuestión, el “franquismo” no existía y que, entonces, el general Franco era un militar leal a la II República, totalmente desentendido del golpe militar que el general Sanjurjo montaba en aquellos momentos contra el poder constituido y que se concretó en la fallida “Sanjurjada” del 10 de agosto de 1932. Durante cuatro años, hasta el Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936, Franco nada tuvo que ver con aquel lema falangista, dándose incluso la circunstancia de que el 15 de febrero de 1935 el Gobierno republicano de Alejandro Lerroux le nombró nada menos que Jefe del Estado Mayor del Ejército).

La “España Única” de Falange, después “Una”, no hacía referencia tanto a la singularidad en número o calidad, como a la propiedad de todo ser o ente en virtud de la cual no se puede dividir sin que su esencia se destruya o se altere. Nunca esa “unidad” quiso ser, ni lo fue, pura “uniformidad”, como cree Artur Mas, ni tuvo otra intención que conjurar la advertencia quevedesca de que “una sola piedra puede desmoronar un edificio”. A él, y a otros nacionalistas igual de regresivos, les convendría “repensar”, si alcanzaran a ello, esta inteligente afirmación de Isaac Newton: “La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo”.

Por su parte, al general Franco no le preocupaba tanto la posibilidad de que bajo su régimen dictatorial España se pudiera dividir por efecto del separatismo catalán o vasco, fácilmente domeñable por la fuerza militar, sino la división más profunda de tipo social, ideológico y de los partidos políticos, apoyada por influencias y organizaciones exteriores menos abatibles, que ya había conducido a la guerra civil. La realidad es que nada ni nadie impediría los últimos fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 y que, curiosamente, la gran eclosión del terrorismo etarra se produjo en democracia.

La “España Grande”, primero la del falangismo y después la del franquismo, que no fueron, en modo alguno, la misma cosa, tampoco tuvo el alcance  

“imperial” y expansionista que algunos desinformados han pretendido darle de forma extemporánea. Se refiere al concepto de “grandeza”, enraizado con la elevación del espíritu y la excelencia moral que han quedado reflejadas en muchos pasajes afortunados de nuestra historia (no lo fueron todos), y también en su proyección universal.

El “trascendente” ideario de Falange Española era claro al respecto en sus enunciados más emblemáticos:

Falange Española cree resueltamente en España.

España no es un territorio. Ni un agregado de hombres y mujeres. España es, ante todo, una unidad de destino; una realidad histórica; una entidad, verdadera en sí misma, que supo cumplir --y aún tendrá que cumplir-- misiones universales.

Por lo tanto España existe:

1º Como algo “distinto” a cada uno de los individuos, y de las clases y de los grupos que la integran.

2º Como algo “superior” a cada uno de esos individuos, clases y grupos, y aún al conjunto de todos ellos.

Luego España, que existe como realidad “distinta” y “superior”, ha de tener sus “fines” propios. Son esos fines:

1º La permanencia en su unidad.

2º El resurgimiento de su vitalidad interna.

3º La participación, con voz preminente, en las empresas espirituales del mundo.

La “España Libre” se incardina con el sentimiento más universal del ser humano, en contraposición a la esclavitud, y con su facultad natural para obrar de una manera o de otra, y de no obrar, siendo por ello responsable de sus actos. También se entiende como el bien afecto al buen gobierno de las naciones que permite hacer y decir cuanto no se oponga a sus leyes y al derecho consuetudinario…

UN LEMA “FALANGISTA” DE AMPLIA SERVIDUMBRE

La incultura de quienes día a día siguen arremetiendo peyorativamente contra la España “una, grande y libre”, sobre todo desde el nacionalismo periférico y otros apolillados reductos antifranquistas, parece irremediable. No obstante, puestos a ilustrarla, aunque sólo sea con alguna pincelada, conviene reproducir el comentario de Gustavo Bueno Sánchez, profesor de Historia de la Filosofía y director de la “Fundación para la Defensa de la Nación Española” (DENAES), que circula profusamente por la Red y que no dejará de sonrojarles y de evidenciar su desconocimiento de la historia nacional, remota y próxima:

En septiembre de 1932 Manuel Azaña, jefe del Gobierno  de España, en un discurso pronunciado en Santander, afirmaba que “nosotros, los hombres que hemos traído la República, necesitamos la patria republicana para nosotros, porque nosotros queremos una patria grande y libre”. En diciembre de 1934, en las Cortes, José Antonio Trabal, diputado de Esquerra, aseguró no tener ninguna duda “de que el pueblo catalán luchará por la España grande y libre”. La socialdemocracia, tras años de reabrir heridas y sembrar maniqueísmos en nombre de una sectaria Memoria Histórica, en tenaz adoctrinamiento por aulas y televisores, ha logrado hoy que incluso los más jóvenes asocien la unidad y la grandeza de España a las tinieblas de un pretérito opresor y fascista. Pero no se olvide que buena parte de esos ideólogos resentidos que se identifican, más de 70 años después, con los perdedores de la Guerra Civil, son biográficamente hijos y nietos de reconocidos cuadros y dirigentes del franquismo. Enfermos mentales empeñados en corromper y destruir cuanto tenga que ver con España.

Mientras, la ultraderecha política española, representada por el PNV del Dios y Ley vieja de Sabino Arana, sucesor directo de aquella derecha primaria añorante del Antiguo Régimen del Dios, Patria y Rey, avanza imparable en su proceso secesionista, con la ayuda eficaz de unos asesinos. Creen algunos pánfilos que no es para tanto, que Europa permitirá superar en armonía conceptos discutidos y discutibles. Pero ¿acaso perdió su actualidad aquella proclama dirigida en 1848 al pueblo alemán? “A todos los que habitáis la Alemania dirigimos el presente llamamiento, y a vosotros, croatas y de Prusia. Hasta ahora los artificios de la diplomacia os han tenido separados de nosotros; hoy por el contrario sois hermanos nuestros, nuestra patria alemana debe ser ‘una, grande y libre’. Todo el pueblo alemán lo quiere, y la voluntad de un pueblo es irresistible”.

Pero igual de pánfilos que los señalados por el profesor y ensayista Gustavo Bueno, son quienes, desde la Transición, no sólo vienen empeñados en que se abandonen los lemas y símbolos “franquistas” (muchos de los suprimidos ni siquiera tienen esa adscripción), sino también en hacer decaer las referencias “nacionales” más genuinas: hasta la misma “España” ha sido sustituida con frecuencia por absurdos eufemismos (como “este país”, “el territorio nacional”, “el conjunto del Estado”…), rebuscando y haciendo proliferar al mismo tiempo las señas de identidad y los lemas provincianos sustitutivos más chuscos e insustanciales. 

Sostiene el Molt Honorable Artur Mas que en las escuelas catalanas se explica la España “plurinacional”. Pero, ¿en qué medida existe realmente esa España…? Para que tal existencia pudiera darse, haría falta que España no fuera una nación (que como mínimo lo es desde 1518 con Carlos I coronado como primer rey de España, dejando aparte la Hispania visigoda), sino una suma de ellas (que nunca existieron). Pero, en todo caso, una suma de naciones no producirá nunca otra nación distinta de las que la integran, sino un Estado Federal, e incluso “plurinacional”, pero “único”. Por definición, una nación ha de ser forzosamente “una” y “sólo una”.

Al president de la Generalitat le gustaría que España fuese eso, una suma quimérica de naciones, porque él, como otros catalanes “desorientados”, no se considera siquiera ciudadano de una “nación de naciones” en el sentido razonable de ser catalán y español a la vez. Esos “aprendices de brujos” se sienten catalans, y lo más que están dispuestos a admitir es su pertenencia a un Estado plurinacional en el que estuviera integrada “su” nación, Catalunya. Aunque ahora parece que quieren algo mucho más aventurado.

Antonio Elorza, historiador, ensayista y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, concluía su análisis del enredo secesionista de Cataluña en un artículo titulado “La resistible ascensión de Artur Mas” (“El País”, 20/10/2012) con esta reveladora apreciación: “(…) Y siempre reconociendo que Mas ha logrado, por decirlo con Umberto Eco, ‘producir su propia verdad contando mentiras’, y que la frustración y la crisis han hecho de muchos catalanes seguidores apasionados suyos, hinchas de un equipo ilusionado con la victoria”.

Mentira tras mentira, cuando Mas dice que en Cataluña se enseña la España “plurinacional”, también miente. Allí, lo único que se enseña es que “hay una nación que se llama Cataluña”, a la que pertenecen cuantos viven allí, lo quieran o no lo quieran. Con el añadido de que España sólo existe como Estado opresor de Cataluña y de otras naciones, azuzándolas para que consideren si quieren o no quieren seguir sojuzgas por ese Estado “plurinacional”, en el que los catalanes ya no tienen el menor interés.

Además, el president se niega a que en Cataluña se enseñe la historia de España como “una, grande y libre”. Cosa que, de otra forma, sí que desea para Cataluña: que sea “una”, “grande” y también “libre” al independizarse de España. La realidad, pues, es que el problema no es la fórmula (“una, grande y libre”), sino la entidad a la que se aplica: lo que no vale para España, sí que vale para Cataluña.

ROMPER PELIGROSAMENTE EL “MACIZO DE LA RAZA”

Lo preocupante del caso es que estas maniobras y manipulaciones políticas, interesadas y alentadas por líderes partidistas mediocres, antes que por los propios ciudadanos, tienen un peligroso efecto explosivo “multiplicador” bajo determinadas condiciones de inestabilidad socioeconómica y en situaciones de debilidad institucional. Con este escenario, forzar una división radical de lo que Dionisio Ridruejo definió sociológicamente como el “macizo de la raza” (término extraído del poema de Antonio Machado El Mañana Efímero), alimentada por la irracionalidad y la visceralidad (que es lo que está sucediendo en estos momentos), antes que por la realidad política y la reflexión inteligente, es incendiario y, a la vez, probablemente inútil.

Sociólogos tan prestigiosos como Talcott Parsons (uno de los mitos de la Universidad de Harvard), inspirado al respecto por Max Weber y explicado con singular acierto en España por el profesor Francisco Murillo Ferrol, ya advirtieron que la ruptura del consensus básico por el desequilibrio de las “presiones opuestas” dentro de la dinámica social, conduce fácilmente a la división de esa mayoría representada en el “macizo de la raza” y al enfrentamiento violento de las partes (en realidad una guerra civil o un sojuzgamiento de una por la otra). Dionisio Ridruejo, que fue falangista y también antifranquista, lo veía así, considerando que su impenetrable solidez era una de las garantías de la estabilidad socio-política en España.

En un extenso e interesante artículo titulado La crisis autonómica y la impenetrabilidad del “macizo de la raza”, publicado en el diario “El País” (07/08/1979), el político y periodista valenciano Vicent Ventura comentaba la equilibrada posición de Ridruejo sobre las “nacionalidades” y la “nacionalidad”, expuesta en un encuentro “clandestino” de intelectuales y políticos más o menos afines a cada uno de los términos, celebrado años antes en una masía barcelonesa (murió el 29 de junio de 1975):

(…) La racionalidad ligeramente apasionada de Dionisio Ridruejo fue de gran eficacia en aquel, y otros, amagos de comprensión del problema por parte de los que un día habrán de ayudar a que la situación se desdramatice y no cueste, como dicen que puede costar, el tiempo perdido de cualquier involución que sería absolutamente inútil. Porque la solución, vino a decir Ridruejo, a unos, no está en negar el problema y tratar de ahogarlo puesto que ni es justo ni es eficaz. Pero la realidad demuestra, vino a decir, mirándonos a los otros, que ahí está, desde hace siglos, el «macizo de la raza», sólido, cerrado a la comprensión de lo que cree que va a empequeñecerle y contra el cual pueden estrellarse las esperanzas liberadoras. Cuánto más las de las “nacionalidades insatisfechas”, como se las definió otro amigo común años antes de la reunión de Barcelona.

Dejando a un lado las opiniones y posiciones preconstitucionales, está claro que los actuales y desbordantes problemas de España, no han nacido ni sobrevenido de forma espontánea. Han surgido por la continuada dejación política en la salvaguarda del interés del Estado, por los excesos cometidos en las transferencias competenciales a las Comunidades Autónomas (incluidas algunas que son intransferibles constitucionalmente) y por las maniobras partidistas del PP y del PSOE para tomar el poder o mantenerse en él a toda costa, con el apoyo de las “bisagras” periféricas.

Una dejación incomprensible, alentada por la ambición y la bajeza política, en la que la propia Jefatura del Estado tiene una importante cuota de responsabilidad, tanto por omisión como por acción. Machacar vengativamente durante casi cuarenta años cualquier vestigio franquista y demoler todo lo positivo del régimen (que algo de eso también tuvo el franquismo, incluida una vía para consumar el proceso sucesorio en democracia), es demasiado torpe. Y más todavía, alentar en ese exceso escarnecedor, error tras error, la voracidad del caciquismo autonómico y, peor aún, el temerario secesionismo vasco y catalán.

EL EQUIVOCADO JUEGO DE LA CORONA

En un artículo titulado “La Corona pierde la cabeza”, publicado en “El blog de Federico” (Libertad Digital) el pasado 13 de octubre, el incisivo periodista Federico Jiménez Losantos arremetía a propósito de la polémica en cuestión contra la Casa Real, y particularmente contra el Heredero de la Corona. Su contenido trasgresor y su expresividad, merecen una reproducción literal:

Siendo penosa, antidemocrática y rabiosamente anticonstitucional la bronca del Rey ayer al Presidente del Gobierno por tener a Wert como ministro y a Wert como ministro del Gobierno de España (cinco horas después, desmentida a medias por la Casa Real) aún fue peor la redición en papel cuché del Príncipe de Asturias del tomo en rústica de su padre.

Al Rey, despóticamente entrometido, puede excusársele --si es que queda alguien que lo quiera-- por el desgaste propio de los años, el peso de su oscura fortuna o las malas compañías, íntimas cuanto onerosas. Pero al Príncipe puede achacársele algo mucho peor: seguir la torcida senda de su padre, que se resume en halagar a la izquierda y el separatismo mientras se preocupa de silenciar a la derecha nacional. El intolerable comportamiento del Rey ayer fue la prueba de que esta corona no merece la Jefatura del Estado. La locuacidad desnortada del Príncipe augura que el futuro Jefe del Estado Español no llevará corona, si ésta es incapaz de conservar la cabeza y de guardarle el respeto debido a la nación.

En los últimos años, por razones de mera prudencia histórica --el ya lejano fracaso de las dos repúblicas-- y de razonable precaución nacional --el Rey como último valladar político y militar frente al separatismo-- hemos querido mantener la esperanza de que el Príncipe no seguiría el camino de baldosas doradas que su padre transita desde el 23F de 1981 y la llegada del PSOE al Poder en 1982.

Las maneras educadas que suelen mostrar los Príncipes, lejos de la falsa campechanía del Rey, no hacen difícil --aunque siempre no resulte fácil-- este trato cortés. Sin embargo, ayer Felipe asumió como propias tan groseras mentiras, tan burda colección de majaderías progres, que comprometió, sin necesidad, a la propia institución cuya continuidad debe asegurar. Si lo que el heredero del Trono quiere mantener es esta Corona que su padre ha convertido en coartada vagamente medieval de una política rabiosamente antinacional, tal vez disfrute del afecto de su familia. Del cargo, le va a resultar dificilísimo.

Mediante la fórmula oscurantista del off the record, es decir, del secretismo a voces y del discreteo indiscreto, el Príncipe dijo ayer, según “El País” --órgano oficioso de la Zarzuela, corroborado por las agencias y demás medios-- que “Cataluña no es un problema”. ¿Pero en qué país vive Felipe? Debe de ser el único que no se ha enterado del abierto separatismo catalán, porque hasta su padre firmó hace pocos días en la web de la Casa Real una torpe disquisición sobre galgos y podencos en la que exhibía una cobarde cuanto inútil equidistancia entre españoles y antiespañoles.

Pero el hijo fue ayer aún más lejos que el padre: “Confío más en la Cataluña real que en la espuma que estamos viendo con lo que hacen unos y otros”. O sea, que la manifestación por la independencia promovida por la propia Generalidad, el espectáculo secesionista del Nou Camp, la votación en el Parlamento catalán de un referéndum separatista, la aún más apabullante votación en el Parlamento Nacional declarando ilegal ese referéndum, la salida a la calle en el mismo momento en que el Príncipe desvariaba ante los periodistas de decenas de miles de catalanes contra el proyecto separatista de Artur Mas, no son manifestaciones de la Cataluña real, ente esquivo, invisible para la mayoría de catalanes y españoles, sólo al alcance intelectual de Don Felipe.

Puesto a meterse en jardines y pisar arenas movedizas, el Príncipe aseguró que hay catalanes que “no encuentran siglas para su opción política”. No sé tanto como él de la Cataluña real pero hasta donde sé esos insatisfechos pueden formar el partido que quieran y con las siglas que les dé la gana. En cuanto a opciones políticas, hoy en Cataluña hay dos: independizarse de España o continuar formando parte de ella. “La Casa Real seguirá haciendo lo que hemos hecho siempre”, añadió el Príncipe. O sea, nada.

Pero lo peor es eso de “lo que hacen unos y otros”. Lo que hacen unos es atacar a España y lo que hacen otros es defenderla. Si al Príncipe de Asturias le parecen actitudes política y moralmente similares, si el heredero del Trono de España piensa que su tarea es mantener la misma distancia con los que atacan y los que defienden esa nación que él debería cuidar, siquiera para reinar en ella, reconozco que me he llevado un chasco. Me equivoqué al pedir que su progenitor, cómplice de Zapatero y Mas en el Estatuto de Cataluña que ha destruido el régimen constitucional, abdicara en un Príncipe libre de ataduras y negocios.

No hay atadura más fuerte que la intelectual ni peor negocio que la obcecación dinástica. Si la abdicación supone la continuidad política y no sólo institucional, puede seguir el Rey atropellando la nación española y protegiendo el naciente Estat Catalá. No será por mucho tiempo ni le queda demasiado al Príncipe para rectificar. Si no lo hace, acaso dentro de poco le sobren horas para pensarlo. Hoy, mi obligación es avisar lealmente, como español, de que una corona sin cabeza acaba siendo, fatalmente, una cabeza sin corona.

CON ESPAÑA O CONTRA ESPAÑA

Cada cual podrá interpretar libremente el artículo de Jiménez Losantos y, en su caso, sacar del mismo las conclusiones que le parezcan pertinentes. Pero quizás haya llegado el momento, en efecto, de recordar a Su Majestad el rey Juan Carlos, quien en tiempos pasados tantas veces aclamó la España “una, grande y libre”, aquellos versos en los que Lope de Vega nos legaba un criterio moral de legitimidad, perfectamente entendible y entendido por el pueblo: “Todo lo que manda el Rey, que va contra lo que Dios manda, no tiene valor de Ley, ni es Rey quien así se desmanda”.

Y, a tenor de cómo se está pronunciando el príncipe Felipe sobre lo que en España es o no es un problema, quizás sea el momento de recordarle también dos cosas que no debería olvidar de cara a su futuro sucesorio.

La primera es que su padre, Don Juan Carlos de Borbón, fue, en primera instancia, sucesor de Franco, y después Rey de España, porque así lo quiso la España “una, grande y libre”, y no la de las nacionalidades republicanas. De igual manera, y esté previsto lo que esté previsto, como Príncipe de Asturias sólo será Rey de España (y no de Cataluña ni del País Vasco) si cuenta con el apoyo de la España “unitaria” y no con el de los nacionalismos secesionistas, ni con el de la izquierda radical, sea ésta abertzale, federal, confederal o mediopensionista…

La segunda se refiere a una ilustrativa leyenda histórica, conocida por todos los que alcanzaron el sistema de enseñanza franquista, que los jóvenes educandos de la España “plurinacional” acaso hoy desconozcan. Cuando, en su camino al exilio en las Alpujarras, el último emir de Granada, Muhammad XII (conocido por los cristianos como Boabdil “El Chico”), se paró en el alto del monte después conocidos como del “Suspiro del moro”, llorando ante la última visión de la bella plaza que acababa de rendir y entregar a los Reyes Católicos, su madre, la sultana Aixa, le reprobó: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”.

El pasado 27 de septiembre, Jorge de Esteban, reputado catedrático de Derecho Constitucional, publicaba en “El Mundo” un artículo desconcertante, titulado “El debate del Estado federal”. Inmersos en el maremágnum de la crisis económica, que tiene sus raíces en la crisis de la ética y la legitimidad políticas, el autor opinaba sobre la opción federalista que revolotea por la aturdida cabeza del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quizás azuzado por la crisis “identitaria” del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Opción a la que los socialistas parecen agarrarse como a un clavo ardiendo, o como quien, para mitigar una jaqueca, ni corto ni perezoso decide arrancarse la cabeza.

La idea básica que transmite el profesor De Esteban, es que el Estado de las Autonomías ya es un tipo sui generis de Estado Federal y que, por tanto, no es posible adoptar lo que ya existe, como parece maquinar el PSOE. Pero puntualizando, además, que para conformar “un Estado federal pleno, y no parcialmente, como lo es ahora, es indispensable la reforma de la Constitución” (en lo que ambos estarían de acuerdo), y añadiendo que dicha reforma habría de suprimir sus actuales anomalías (la “asimetría”) y adelgazar la desproporcionada organización autonómica.

El articulista concluye su exposición precisamente apuntando al meollo de la cuestión. Es decir, abogando por una reforma constitucional, necesidad compartida por los analistas más conscientes del extremadamente grave problema institucional en el que estamos inmersos, pero planteada en dirección equivocada (y peligrosa) hacia un Estado Federal “simétrico”; algo por otra parte difícil de conseguir porque España es un país en sí mismo “diferencial” o “asimétrico”, tanto en el plano territorial como en términos históricos, económicos y culturales. Y ello con independencia de que esa pretendida “simetría igualitaria” no sea, ni mucho menos, el factor determinante del federalismo, dado que en la realidad jurídico-política, es decir en la práctica y no en la teoría, las competencias de los entes “federados” siempre pueden verse minoradas o llevadas a su mayor extremo, de lo que sobran ejemplos en los casi 30 Estados federales que contempla el ilustre catedrático.

Entre los comentarios suscitados por el artículo en cuestión, en el que Jorge de Esteban vuelve a insistir en su conocida reclamación de una urgente reforma constitucional (en eso acierta plenamente), destacan los de Luis María Anson, suscritos como miembro de la Real Academia Española. En su apoyo, concretado en forma de carta pública, destaca un párrafo explosivo:

(…) Lo más sagaz de tu artículo “El debate del Estado federal” es la denuncia que haces de la pusilanimidad del Partido Popular de Mariano Rajoy, incapaz de coger el toro de la crisis política por los pitones que cornean el cuerpo de España. El PP que, “absurdamente no desea ninguna reforma constitucional”, no se da cuenta de que “España se seguirá deslizando por un desfiladero que conduce al abismo, pues no hay futuro sin reformar lo antes posible la Constitución”. No puedo estar más de acuerdo. Desde hace varios años vengo diciendo que el régimen está agotado. O hacemos una reforma constitucional de fondo o tendremos revolución.

Nosotros, como otros muchos medios de opinión informada, también estamos de acuerdo con la urgencia de esa reforma constitucional (algo que reclamamos de forma permanente), orientada a reconducir el ahogado y agotado Estado de las Autonomías. Pero (¡¡atención!!) no hacia el Estado Federal “simétrico” (que es el que parece promover el profesor Jorge de Esteban), hoy por hoy tan gratuito como inviable, ni hacia el “asimétrico”, que sería una apuesta realmente incendiaria, sino hacia un Estado unitario y social-solidario, con toda la descentralización administrativa que pudiera convenir, pero sin duplicaciones o triplicaciones competenciales, aplicando en todos los sentidos y ámbitos administrativos los avances tecnológicos actuales, inexistentes y hasta impensables en el origen del Estado de las Autonomías.

Un Estado encajado sin fisuras, fraudes ni manipulaciones interpretativas, en el impecable Preámbulo de la vigente Carta Magna, llevado a su mejor expresión en el artículo 1.1 del Título Preliminar: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Ni más ni menos…, y reconduciendo, por supuesto, todas las derivas indeseables que se han ido incorporando en el desarrollo normativo del texto constitucional, sólo en razón de los espurios intereses partidistas, realimentados sobre todo por las formaciones mayoritarias (PP y PSOE), cuya constante deslealtad con el interés supremo de España es más que evidente.

Pero, ¿es posible que, a estas alturas de la historia de España, los políticos hayan perdido el norte de la esencia nacional sólo porque (dictaduras aparte) el régimen franquista la quisiera “una, grande y libre”…? ¿Es que, acaso, hay que compensar aquel déficit de “pluralidad” con un desmadre autonómico indeseado, tanto en su origen como en la actualidad, por la inmensa mayoría de los españoles, que además vienen reclamando sistemáticamente la igualdad de todos los pueblos y regiones de España? ¿Y por qué extraña razón han de imponer su criterio los que son menos a quienes son más…?

Sin ánimo reiterativo, ni tampoco exhaustivo, hemos de recordar algunas de las posiciones y comentarios que hemos venido incluyendo últimamente en nuestras Newsletters sobre el Estado de las Autonomías y sobre su relación inequívoca con la crítica e insostenible situación de la economía nacional. Dicho de otra forma, sobre la razón más profunda de la actual descomposición del Estado.

EL INSOPORTABLE LASTRE DEL JUEGO AUTONÓMICO

El pecado original que nos ha conducido a la actual crisis nacional, es decir el causal de todos los demás, es el del mal entendimiento de la política y del servicio público, en clara confusión con el “servirse de lo público”. Una impregnación deplorable, hoy por hoy acreditada y palpable en las más altas instituciones del Estado (en el entorno de la Corona, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, en la Policía…) y en la vida ciudadana cotidiana: por ejemplo, en la concesión y recepción de subvenciones públicas bastardas, en el ejercicio de la economía sumergida, en los ERE fraudulentos, en la prevaricación y el cohecho administrativo, en el falseamiento de la acción sindical... Y el otro gran pecado, que no deja de ser consecuencia directa de esa mal praxis política, es la gran mentira del Estado de las Autonomías.

Comentando los componentes de irreversibilidad que alimentan la crisis actual, todavía lamentablemente encubiertos en el debate político, ya hemos advertido que la cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, mal educados en el franquismo por activa o por pasiva, no dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, sino totalmente “desatado”. Gracias a esa imprevisión, que no supo limitar su desarrollo en fondo y forma, fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios, consolidándose al mismo tiempo el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”…

Ya vimos como el pasado 10 de abril, Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y ahora pasada a mejor vida política (¿acaso por su “rebeldía” política?), expuso al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, la urgente necesidad de reconducir a la Administración Central del Estado al menos las competencias transferidas en materia de Educación, Sanidad y Justicia, aunque quedarían otras muchas por recuperar o blindar estatalmente (relaciones internacionales, normativas comerciales, puertos y aeropuertos de interés general, control y autorización de referéndums, seguridad pública nacional…). Con ello, le marcaba un verdadero cambio de rumbo, desoído de forma tan soberbia como estúpida, para atajar el desmadre económico de “carta a los Reyes Magos” al que se ha llegado por el irresponsable comportamiento político conjunto del PP y del PSOE, en orden por supuesto a la normalización del Estado en términos organizativos, funcionales y sobre todo presupuestarios.

Pero es que, aun con todo tipo de resistencias por parte de la clase política (a la que, cosa grave, cada vez se identifica más como “casta política), esa exigencia reformadora crece intensamente. Día a día, han venido aumentando las personas documentadas que advierten sobre la nefasta deriva por la que discurre el Estado de las Autonomías.

Una de las que, como ya hemos comentado, no deja de reiterarse en lo dicho de forma periódica, es la del mismo Jorge de Esteban citado al inicio de esta Newsletter, quien en otro expresivo artículo de opinión titulado “¿Qué hacemos con las autonomías?” (“El Mundo” 19/04/2012) sostenía que, más allá de lo demandado por Esperanza Aguirre al presidente Rajoy, “hay que reformar ya la Constitución para fijar con exactitud las competencias del Estado y de las regiones”. 

Otra voz autorizada, la de Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, sostiene la misma tesis, pero apoyada por la incidencia de las autonomías en el gasto superfluo y el déficit público. Su acertada “Carta a la Sra. Merkel: exija el fin de las autonomías” (25/06/2012), en su momento reproducida en esta misma web, ha tenido una difusión extraordinaria dentro y fuera de la Red, conectando con los sentimientos más profundos de una ciudadanía que se muestra cada vez más encrespada por los desmanes y la falta de lealtad de los partidos políticos, justo en contra de las mismas bases sociales a las que pretenden representar.  

El profesor Centeno se lo contó con pelos y señales a Ángela Merkel y nosotros se lo recordamos a nuestros lectores: 

(…) A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados”…

(…) Para ellos [los políticos] son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina…

(…) Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizandos millones de empleados públicos nombrados a dedo --causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado-- y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado…

(…) Es por ello Sra. Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su lugar la supresión la locura económica que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta.

En relación con esas exigencias reformistas, sustanciales e inteligentes pero hasta ahora en verdad inéditas, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, un hombre esencialmente tranquilo y ponderado, también advirtió, y no importa repetirlo, que el traspaso de las competencias de Justicia a las autonomías fue un error, mostrándose partidario de que vuelvan al Estado.

Respondiendo a la pregunta que le formuló uno de los asistentes al curso sobre Justicia y Economía organizado por la Universidad de Verano Rey Juan Carlos en Aranjuez (02/07/2012), Torres Dulce afirmó: “Si somos un Estado Federal, somos un Estado Federal, pero tenemos los inconvenientes de un Estado Federal y ninguna de las ventajas, como sucede en el actual desarrollo del Estado de las Autonomías”. Y, con el dedo puesto en la llaga del actual modelo político, puntualizó: “Un Estado en el que no haya un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar”.

La necesidad de refundar el Estado (sin la manipulación social subyacente en la Transición), particularmente en lo relativo a su actual organización autonómica, a la independencia de los poderes básicos que caracterizan la democracia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y al sistema electoral y de partidos políticos, es tan obvia y urgente que sólo los déspotas y marrulleros de la política pueden dejar de admitirla. Y, precisamente por eso, está meridianamente claro que para acometer tal tarea histórica, se necesita una clase política más patriótica, más inteligente y más honrada que la que tenemos.

Esta es una desagradable cuestión que tendrá un mal recorrido de forma inevitable, duro y con consecuencias impredecibles, porque no parece que los actuales líderes y aparatos partidistas (que todo lo impregnan y contaminan) quieran apearse de la ahogada y también agotada burra autonómica, ni suprimir los incontables pesebres en los que alimentan a su correspondiente canalla de afiliados “chupa-jornales”, salvo excepciones muy contadas que tampoco se plantan como tendrían que plantarse. Incluso los hay (en el PP y en el PSOE) que quieren más y más de lo mismo. 

Otros, situados todavía algo más abajo en la escala de la racionalidad política y social, como los ultra nacionalistas vascos y catalanes, sin duda provincianos y acomplejados, incluso presumen de incumplir la legalidad constitucional, rechazan sólo porque sí cualquier tipo de política nacional, imponen inmersiones lingüísticas extemporáneas, amenazan con celebrar referéndums independentistas y practican la patochada política allí donde tienen la menor ocasión, incluidos los partidos de fútbol tele-trasmitidos a medio mundo… Por supuesto, sin considerar, ni por asomo, que tarde o temprano terminarán encontrando la verdadera horma de su zapato. 

De momento, la lucha contra la actual crisis político-financiera, española y europea, se está encauzando, por si alguien todavía no lo sabe, en términos de “más euro” y “más Europa”, es decir “menos España” y “menos autonomías”. Y, a pesar del respiro que pueda dar a nuestra crisis particular el “rescate financiero” concedido al Gobierno español por sus socios del Eurogrupo (todavía por sustanciar), quienes seguirán marcando los pasos, los tiempos y la letra de esa maldita “cuchufleta nacional” en la que todos estamos inmersos, serán los mercados, pese a quien pese. 

No conviene dudarlo: los mercados (no los políticos arrogantes y despóticos) pagan la orquesta del “rescate” y, en consecuencia, eligen la partitura. Por eso, como el Gobierno siga tonteando con la desactivación económica y el derroche presupuestario, condicionado por el insoportable lastre del juego autonómico, volverán a golpear con fuerza sobre nuestra deuda soberana, cada vez que proceda o les convenga.

De la “marca España” y de los inútiles intentos para promocionarla en el exterior, sin desprender previamente al país del orín y la podredumbre político-institucional que lo envuelven, hablaremos en otra ocasión... De momento, baste decir que el papel jugado en este terreno por el presidente Rajoy, y peor todavía por el Jefe del Estado, estando las cosas como están (España emporcada y sin barrer), no deja de parecer profesionalmente baldío y hasta grotesco… 

EL SEGUNDO RESCATE Y LA REFORMA DE LAS AUTONOMÍAS

De hecho, a pesar de que Rajoy y Rubalcaba hayan vendido como un gran éxito político la chafarrinada del “rescate financiero”, sin que conozcamos siquiera las condiciones impuestas por el prestamista (que sin duda serán de tener en cuenta), ni quienes la soportarán como últimos sufridores, los bonos de la deuda soberana (a punto de convertirse en “bonos basura”) siguen, y seguirán, cotizándose con tipos de interés insostenibles. 

Del déficit público y del desequilibrio fiscal, y de su relación con el PIB (en caída de momento imparable), es mejor no hablar; y del crecimiento de las diferencias sociales y del nivel general de pobreza, galopante, todavía menos. Los medios informativos convencionales dan cuenta continuada del desastre propiciado por el vampirismo de nuestra organización política y presupuestaria, realimentando una espiral implosiva de la economía que poco a poco, pero cada vez con más fuerza, nos introduce en un pozo sin fondo. Una lamentable y ya intolerable praxis que, a ojos ciegos y oídos sordos de las más altas magistraturas del Estado, está destruyendo España a golpes de taifas, saqueos, bandidajes y torpezas políticas reiteradas día a día, sin que nadie, del rey abajo ninguno, les quiera poner coto. 

Paréntesis: Al día de la fecha, las Administraciones Públicas ocupan nada más y nada menos que a 3.104.100 personas, lo que supone el 17,8 por 100 del total de puestos de trabajo, detraídos de la economía productiva. A pesar de la normalización funcional y los avances tecnológicos introducidos en la Administración Pública, que lógicamente deberían haber mejorado la productividad funcionarial, dicha plantilla ha registrado un aumento de 440.000 personas en los últimos diez años.

En esta dinámica política, económica y social, de auténtica ruina nacional, hay que añadir, por supuesto, las demoledoras e insalvables cifras del desempleo; la fuga acelerada de capital extranjero (y nacional), con un reflejo negativo claro sobre la actividad económica y la financiación de la deuda pública; el sobrecosto del sistema político autonómico; el continuo desprestigio de las instituciones del Estado… En fin, toda una serie de circunstancias peyorativas que, sin el menor ánimo agorero, conducen de forma inevitable al colapso económico-financiero y a un segundo rescate con mayúsculas, absolutamente necesario aunque tenga consecuencias mucho más dramáticas que el primero… 

Pero la gestión del rescate español en una segunda fase de “rescate total”, más allá del implementado en el ámbito financiero, necesidad hoy por hoy más que evidente a pesar del “despiste” y la remisión de Rajoy para solicitarlo, e incluso para “exigirlo” ante los socios europeos como última y única posibilidad de evitar la bancarrota nacional (porque hay en el Eurogrupo quienes nos lo niegan de forma cautelosa), será el momento clave en el que el nefasto artificio de las Comunidades Autónomas habrá de saltar por los aires, quiérase o no. Atentos al caso, porque esa vía podría exigir la reforma radical de la organización política y administrativa de España que no se quiere abordar de forma más natural y precavida, forzando una obligada modificación de la Carta Magna a trallazos…

Nadie, con dos dedos de frente, puede negar ya que la crisis ha ahogado y agotado su principal origen causal: el Estado de las Autonomías. Cada vez hay menos dudas, por supuesto también fuera de España, de que nuestra clase política sigue enrocada en unas prácticas (tanto del Gobierno como de la oposición) absolutamente impresentables, que están destruyendo el país y que, sin quererse reconocer, nos avocan trágicamente a la desestabilización absoluta: económica, política y social.

Por eso, ha llegado el momento de contemplar algunos aspectos de nuestro modelo de Estado, absurdamente blindados por la Constitución, que están siendo obviados o ignorados por el Gobierno de forma peligrosa; error en el que ha caído por la doble vía de no comprender el alcance real del problema y del secretismo de sus omnímodas actuaciones políticas (de inquebrantable adhesión por los demás). Y ello con independencia de las condiciones de los “rescates” (primero, segundo y los que puedan seguir) y de las imposiciones que conlleven sobre la política económica de España, de fácil seguimiento en el día a día informativo.

EL “NUDO GORDIANO” CONSTITUCIONAL

En definitiva, estamos hablando del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado (refrendado por las leyes orgánicas que establecen cada uno de los estatutos de autonomía) y del incuestionable principio de soberanía nacional que, por otra parte, titulariza nuestra Carta Magna. Pero ambas circunstancias chocan con la forma instrumental de los “rescates” (sean los que fueren) y con la consiguiente “intervención” de las autoridades europeas.

Este proceso de “más Europa” y “menos España”, colisiona con el espíritu y la letra “autonómicas” del texto constitucional; sin entrar a valorar en estos momentos su conveniencia o inconveniencia política. Por ello, sorprende sobremanera que la decisión del llamado “rescate financiero”, vinculado por supuesto a una cesión de soberanía en el ámbito macroeconómico, no se haya sometido o no se vaya a someter, cuando menos, a la autorización mediante ley orgánica que establece el artículo 93 CE, referente obligado para la celebración de tratados que puedan atribuir a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española. Y, más todavía, que nadie plantee lo propio de cara al segundo rescate (el “rescate total”).

Aquí, lo del “yo me lo guiso y yo me lo como”, lo de la chapuza normativa o lo de los “fraudes de ley”, que son prácticas más que habituales de nuestra clase política, no servirá. Y el acuerdo conchabado entre Rajoy y Rubalcaba, tampoco. El rescate del sistema bancario y su condicionalidad (como cualquiera otro) se tendrían que haber planteado y debatido en el Parlamento con luz y taquígrafos, siendo aprobado, en su caso, como ley orgánica, es decir con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Éste, debería ser un trámite parlamentario insoslayable, simplemente por la trascendencia política que en sí mismo tiene todo “rescate/intervención”. Pero también porque prácticamente todas y cada una de las medidas que está imponiendo el Gobierno (y las que impondrá), nada tienen que ver con el programa electoral previo del PP, ni con las promesas que le permitieron alcanzar la mayoría absoluta en los comicios del 20-N.

El “rescate” (con todo el adorno semántico con el que se quiera maquillar) comporta un importante paquete de medidas sobrevenidas de gran trascendencia en la vida nacional que, como tales, requieren al menos un debate de transparencia, sin que en modo alguno ello impida a priori su validación política. Porque, si en una situación de tan extrema gravedad como la presente, se prescinde del Congreso de los Diputados de forma tan gratuita, ¿para qué puede servir entonces la institución parlamentaria…?

Pero, volviendo a la irracionalidad del proceso, es que, además, el Gobierno de la Nación tampoco puede imponer a las comunidades autónomas decisiones derivadas del rescate del sistema financiero, sin disponer para ello de suficiente título competencial o contraviniendo lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía. De hecho, hay autonomías, incluso gobernadas por el PP, que, con la ley en la mano y a fuer de poder quebrar económicamente, no dejan de mostrar su sonora indisciplina ante las “llamadas de atención” gubernamentales...

La realidad, es que la condicionalidad del denominado “rescate”, se adjetive como se adjetive, o más en concreto la intervención y la cesión de soberanía que conlleva, tienen muy mal ajuste y cabida constitucional. El problema se querrá ver o no ver, pero ahí está, sin que se pueda evitar el tremendo coste político de su mala gestión.

LA NECESIDAD DE UN “GOLPE DE TIMÓN” REFORMISTA

Por eso, ya advertimos también en su momento que el “rescate real” (que es en el que estamos), no el “rescate de favor” pretendido por el presidente Rajoy, obligaría tarde o temprano a una reforma constitucional. Entre otras cosas, para reconducir el Estado de las Autonomías hacia la racionalidad política y la realidad europea: ignorar esta evidencia será volver al “ejercicio de tinieblas” de otros tiempos, con todas sus consecuencias.

Pero, ¿quién le pone ahora el cascabel al gato de las autonomías? Porque, aun cuando la ciudadanía las rechaza de forma mayoritaria, la actual clase política, provinciana y pesebrera, va afanadamente a lo suyo y defenderá los predios caciquiles con uñas y dientes.

Carente Rajoy, aún con mayoría absoluta, de arrestos políticos para liquidar el Estado de las Autonomías (o al menos para comprimirlo), que como todo el mundo sabe (otra cosa es reconocerlo) es el cáncer que corroe España, habrá que esperar para eliminar esa gangrena territorial a una intervención del país por parte de las autoridades europeas, a la consecuente disolución de las Cortes Generales y al inicio de una legislatura constituyente, por mucho que eso asuste a la Corona. Un proceso que, al final, quizás sea el que nos pueda salvar del naufragio histórico en el que estamos inmersos, recuperándonos para la Europa armónica y con futuro, frente al caos nacional realimentado con el “café para todos” mal inventado en el proceso sucesorio del régimen franquista.

La idea que tuvieron los constituyentes de alumbrar, sin duda en un momento ciertamente crucial de nuestra historia, las nuevas taifas autonómicas de España para que la unidad y permanencia del Estado quedara simbolizada en la Corona, ha fracasado. Por eso, la actual coyuntura de crisis, con los problemas que arrastra, no deja de ser un momento procedente para que Gobierno y Oposición convinieran la creación de una “Comisión de Sabios” encargada de estudiar (ya con urgencia) una reforma constitucional adecuada a las necesidades del momento y a la nueva realidad política, económica y social más inmediata.

El “golpe de timón” reformador de las autonomías, es una clara exigencia para la supervivencia y continuidad del actual Estado social y democrático de Derecho, incluida la Monarquía Parlamentaria. Como ha visto y escrito Luis María Anson (“O hacemos una reforma constitucional de fondo o tendremos revolución”), y como de forma insistente están advirtiendo a la clase política las cabezas pensantes más lúcidas del país, si no se conviene ese necesario “golpe de timón” (formulación típica en la historia de la convivencia nacional) la alternativa más probable no será otra que un régimen populista, probablemente con la Corona puesta de montera.

En política (lo hemos dicho en otras ocasiones), la ocultación, la negación y hasta la mentira, están a la orden del día, pero, con ser repudiables, tampoco son irrevocables. Mucho más pernicioso que este conjunto de debilidades, es el error y la equivocación, porque conducen al fracaso de forma irremisible.

A Mariano Rajoy, que en relación con la crisis también ha ocultado, negado y mentido sin cuento, lo que más hay que reprocharle es el haberse equivocado con el tratamiento de paños calientes y tardanzas adoptado para afrontarla, y que en menos de un año nos ha introducido de forma definitiva en un pozo mucho más oscuro y profundo de lo que puedan pensar la mayoría de los ciudadanos. El último Barómetro de Metroscopia (“El País” 08/10/2012) ya le pasa la triste factura de una pésima valoración social, incluso por parte de sus votantes y peor aun que la de sus ministros más negados (Jorge Fernández Díaz, Fátima Báñez, Cristóbal Montoro y José Ignacio Wert), que ya es decir.

En nuestra anterior Newsletter comentábamos la perniciosa emulación que Mariano Rajoy estaba haciendo del “zapaterismo”, utilizando para sostener nuestra opinión algunos ejemplos de su actitud y comportamientos políticos que evidencian el torpe seguidismo de las “ocurrencias” más proverbiales y polémicas de Rodríguez Zapatero, suficientes al respecto.

Sin embargo, dentro de esa denuncia “imitativa”, algunos de nuestros lectores habituales han echado en falta unos comentarios más extensos sobre al desastre que supone la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en cuya tramitación parlamentaria ya quedó patente la plena identificación de Mariano Rajoy (entonces jefe de la oposición) con el presidente Rodríguez Zapatero en un mismo desprecio por las Fuerzas Armadas. Pero, al margen de las muchas torpezas con las que se adorna esta basura normativa “zapateril”, nos han animado a pronunciarnos de forma particular sobre el modelo de enseñanza militar que ha impuesto.

Vaya por delante que, después de que conociéramos por un indiscreto comentario personal de Rajoy el aburrimiento que le producían las paradas militares, cuando en 2011 publicó su libro “En confianza” (Editorial Planeta), pudimos comprobar también que entre sus 255 páginas no hacía otra referencia a las Fuerzas Armadas que la de deslizar sutilmente, en apenas una de ellas, la incomodidad que le produjo prestar el servicio militar obligatorio, cuando ya tenía en el bolsillo nada menos que el título de Registrador de la Propiedad. Igual de curioso es que ninguna de las 75 fotografías con las que se ilustra el libro, cuyo hilo conductor es su propia biografía y carrera política, recoja aquella vivencia militar, ni su presencia en acto castrense alguno.

Dado que la obra en cuestión constituye, en palabras del propio Rajoy, un conjunto de “propuestas y medidas en un gran abanico de políticas” propias de quien aspiraba a convertirse en el próximo presidente del Gobierno, es decir propuestas propagandistas, el hecho de que no incluyera en ellas ni una sola referencia a las Fuerzas Armadas (salvo la retorcida anécdota sobre su particular “mili”), muestra con suma claridad que éste no era, en modo alguno, capítulo de su interés. Como en el caso de ZP, su relación con la Institución Militar ha sido simplemente despreciativa, cuando no destructiva.

EL MALESTAR PATENTE CON LA LEY DE LA CARRERA MILITAR

Luis Alejandre, general de Ejército y antiguo JEME nada proclive al escrito inoportuno o descalificatorio, publicaba el pasado 27 de septiembre en el diario “La Razón” un sensato artículo de opinión titulado “Educación y vocaciones”. En su acertada visión de lo que, hoy por hoy, significa la enseñanza de la profesión militar, recogía dos párrafos bien significativos:

(…) Una lectura no digerida ni adaptada en el tiempo de los decretos de Azaña fue desarrollada por uno de los ideólogos que trajo la ministra Chacón a Defensa, el catedrático Javier García Fernández, nombrado Director General de Enseñanza. En principio puede presentarse como beneficioso el haber planificado que un oficial obtuviese un adicional título de Ingeniero. Pero también tiene connotaciones peligrosas. Imagine el lector que la Facultad de Medicina de la Complutense encargase parte de la formación de sus médicos a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Valencia, con la ventaja de darles un doble título. Algo así está pasando en la formación militar, pero con un fondo más cínico. Se trata de diluir la vocación, de “civilizar” en un sentido peyorativo de la palabra. Sólo el buen hacer de los responsables, sólo la disposición de los profesores de las academias y de algunos universitarios, sólo la vocación de los jóvenes alumnos que eligieron voluntariamente la carrera de las armas, salvan la situación, muy trabada por leyes acordadas sin consenso en el último de los bandazos [del modelo educativo]. Otra vez la misma canción, superada a fuerza de enormes sacrificios personales y de grandes costes para los Ejércitos.

He citado la palabra “vocación” y en ella reside la clave de una buena formación. ¿Por qué duele a ciertos españoles este estímulo moral? ¿Es que nunca la han sentido ellos? ¿A qué corporativismo vocacional tienen miedo? ¿Al de la Iglesia metida en Cáritas o en Manos Unidas? ¿Al de los Ejércitos que cumplen las misiones interiores y exteriores con eficacia? ¿Al de los médicos, una de las profesiones más vocacionales y más  sacrificadas? ¿No saben --o no quieren saber—que un vocacional rinde un 120 por 100 a su sociedad? …

Coincidiendo en todo con lo escrito por el general Alejandre, es necesario, no obstante, ahondar con más crudeza en el fondo de la cuestión.

En primer lugar, conviene aclarar a nuestros lectores, porque ilustra la intencionalidad del modelo de enseñanza militar impuesto en la Ley de la Carrera Militar, que el profesor Javier García Fernández, devenido en director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa de la mano de la ministra Carme Chacón y de su marido y amigo personal de Rodríguez Zapatero, Miguel Barroso, nunca fue experto en organización o programación educativa, civil o militar. Es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante con escasa y poco acreditada dedicación a la enseñanza, dado que con anterioridad a su desembarco en Defensa se entretuvo como subdelegado del Gobierno en Madrid, secretario general técnico del Ministerio de Vivienda (con la misma Chacón de titular) y durante trece años como colaborador en el Ministerio de Relaciones con las Cortes y en el de Presidencia durante los gobiernos de Felipe González.

Lo más significado de su biografía profesional en relación con las Fuerzas Armadas, es su admiración por la II República y su personal interés en la llamada “memoria histórica”, legado político prototípico del “zapaterismo”.

Cierto es también que, durante su nefasto paso por el Ministerio de Defensa, García Fernández tuvo tiempo para publicar un libro (editado de bóbilis por el organismo oficial del que era alto cargo) titulado “Veinticinco militares de la República”. Una obra en la que, a nuestro juicio con escaso sustento, defendía la prevalencia profesional de los oficiales que no se sumaron a la rebelión de 1936, frente al “mito” de que no estaban a la altura de los sublevados (en declaraciones públicas del momento sostuvo también que no se podía comparar la represión practicada por el ejército republicano, aunque “en términos actuales” pueda considerarse repugnante, “con la represión sistemática y fría del bando golpista”).

Parece, pues, evidente por donde iban (y están yendo) los tiros reformistas de la enseñanza militar, siendo obligado recordar al respecto la complicidad del PP, y de su jefe de filas Mariano Rajoy, en la tramitación parlamentaria y aprobación del bodrio normativo que realmente es la Ley 39/2007, de la Carrera Militar. 

EL FONDO REVISIONISTA Y DISOLVENTE DE LA CUESTIÓN

A este respecto, cualquier observador imparcial ha podido comprobar el continuo deterioro registrado en el ámbito de la legislación militar. No sólo en sus formas, que vienen recurriendo a los peores artificios de la técnica legislativa con una insistencia más que preocupante, sino también en el fondo de sus contenidos, desdibujando de forma progresiva el papel de la Institución Militar y el modelo de Defensa Nacional diseñado en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que, siendo por supuesto susceptible de perfección, no dejaba, entre otras cosas, de garantizar con claridad y plenitud las altas funciones definidas al respecto en la Carta Magna.

Prueba de esta divagación política y legislativa en materia tan trascendente, fue la ausencia de consenso en el alumbramiento de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, norma que supuso una alteración sustancial de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, reguladora de los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, y de su posterior reforma contemplada en la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero. Un reordenamiento legal que, entre otras cosas, ya comenzó a desnaturalizar el concepto mismo de Fuerzas Armadas, desdibujando también la figura del Jefe del Estado al reconvertir la antigua Junta de Defensa Nacional en su actual formulación como Consejo de Defensa Nacional, más presidencialista y con una estructuración menos orgánica.

Pero centrados ahora en la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, que es una pieza fundamental en la arquitectura de la Defensa Nacional, la primera crítica incuestionable es que, como tal norma básica, además de que modificara otra vez de forma tan radical como innecesaria el modelo de Fuerzas Armadas entonces vigente, no se viera acompañada del preceptivo (aunque no vinculante) dictamen del Consejo de Estado.

Esta misma prudente exigencia (más que una simple conveniencia), ya había sido obviada por el Ministerio de Defensa que entonces titulaba José Bono en la tramitación de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, por supuesto también con la silente connivencia del PP. Una reiteración indeseable que conculca la propia esencia del Consejo de Estado, expuesta con toda claridad en el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980 que regula su funcionamiento, y que, teniendo como tiene la competencia de velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, siempre mantendrá viva la duda sobre si lo que no se ha querido conocer es precisamente su opinión acerca de ese fondo sustancial de las normas directamente afectas a la Institución Militar.

En paralelo, la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de la Carrera Militar se gestó, además, con competencia legislativa plena de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, sin que ninguno de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, PSOE y PP, solicitaran la avocación al Pleno propugnada inicialmente por Coalición Canaria (luego retirada por su portavoz al comprobar la connivencia del PP). Es decir, un trámite de puro “tapadillo”  y el debate y la notoriedad política que requieren leyes tan relevantes en la vida nacional.

Sobran, pues, más comentarios sobre la falta de estética parlamentaria y el interés decreciente que viene mereciendo tan importante materia legislativa, cuya sustanciación se realiza prácticamente en un mero trámite de los designios ministeriales, alentados por un impulso sin duda más revisionista que modernizador y orientado con una deriva disolvente poco aconsejable en lo que debieran ser estrictas políticas de Estado.

LA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR: GRATUIDAD Y DESENFOQUE LEGAL

Al margen de las apreciaciones “diluyentes” del caso, la reforma del modelo de enseñanza militar, que en realidad constituye la razón más justificativa de la Ley de la Carrera Militar, presenta dos características evidentes: su gratuidad y su desenfoque legal.

Imponer la “obligatoriedad” de que el militar profesional curse dos carreras de forma simultánea, no sólo ignora o minusvalora la dedicación real que requieren su tradicional formación académica y la posterior adquisición de nuevos conocimientos necesarios a efectos de méritos y clasificación. También supone el deterioro de la formación específicamente militar en favor de otros conocimientos de naturaleza civil, innecesarios en el ámbito de las Fuerzas Armadas al margen de propios de sus Cuerpos Comunes y, como señalaba el general Alejandre, ajenos a su “vocación” profesional.

Además, esta absurda duplicidad de títulos universitarios, inédita en toda la Administración Pública, y que siempre se puede facilitar o incentivar por otra vía para quienes la deseen de forma voluntaria (como sucede en el Reino Unido), se pretende desarrollar (todavía de forma estrafalaria) mediante una gratuita y absurda adscripción de la enseñanza militar al sistema educativo general establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Una norma que, de entrada, consagra en su artículo 2 el principio de autonomía universitaria, transfiriendo al ámbito autonómico las correspondientes competencias legales (salvo excepcionalidad muy expresa).

Paréntesis: No deja de sorprender que, frente a la necesidad de que los militares españoles obtengan una doble titulación universitaria, nada se exija en el plano formativo a quienes se presentan como candidatos a los puestos de representación política, de forma que los mismos miembros del Congreso de los Diputados que elaboran y aprueban las leyes españolas pueden ser perfectos analfabetos. Otro tanto sucede con algunos altos cargos del Gobierno, y no digamos con los cargos políticos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos…

Sin entrar, pues, en el análisis formal y detallado del nuevo modelo de enseñanza militar contenido en la Ley de la Carrera Militar, es evidente que, de entrada, choca frontalmente con el artículo 149.1.4ª de la Constitución Española. En él se establece con meridiana claridad la competencia exclusiva del Estado en materia de Fuerzas Armadas, de la que, como es obvio, su enseñanza es parte consustancial, ya que la condición misma de militar se adquiere justo al ingresar como alumno en un centro docente de esa naturaleza.

Pero con independencia de esta discordancia esencial entre el texto legal en cuestión y lo establecido en la Carta Magna, su incompatibilidad con la realidad normativa y competencial en la que se enmarca el ámbito de las Fuerzas Armadas, queda reflejada también en algunos otros escollos de difícil superación:

* El contenido del artículo 46.2.g) de la Ley Orgánica 2/2001, de Universidades, garantiza a “todos” los estudiantes derechos en el ámbito universitario que la disciplina militar prohíbe de forma expresa a los miembros de las Fuerzas Armadas, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

* La necesidad de que los centros adscritos se establezcan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma (recogida en el artículo 11.1 de la misma Ley Orgánica de Universidades), hace imposible, por ejemplo, que los alumnos de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) puedan cursar estudios civiles de Ingeniería Aeronáutica, que puestos al caso sería una titulación adecuada para complementar su formación militar, dado que hoy por hoy sólo se imparten en los distritos universitarios de Madrid, Sevilla y Valencia, o en la Universitat Politécnica de Catalunya (Terrassa).

*  La Ley de la Carrera Militar reconoce la obtención de “un título de grado universitario” sin mayor precisión, con lo que el mismo ha de depender de las enseñanzas concretas que impartan las universidades a las que quede adscrito cada centro docente militar, imponiendo así de hecho un principio de desigualdad en la libertad de elección de sus alumnos.

* La utilización de lenguas oficiales distintas del castellano en el ámbito docente de algunas Comunidades Autónomas, y por tanto en los centros docentes militares adscritos a sus universidades, se contradice con la disposición adicional sexta, apartado 1, de la propia norma en cuestión, que fija el empleo único del idioma oficial español en las Fuerzas Armadas…

Considerando tan sólo estos aspectos, parece evidente que el actual  modelo de enseñanza militar, y por tanto de la carrera militar, es de imposible implantación, teniéndose que aplicar malamente a toque de “ordeno y mando”. Pero también es innecesario a efectos de prestigio o acreditación social, porque la enseñanza militar para la incorporación a las Escalas de militares de carrera ya se reconoció de igual rango que las enseñanzas universitarias y técnica superior nada menos que con la Ley 97/1966, de 28 de diciembre, sobre clasificación de las enseñanzas militares.

La realidad es que, tras la adaptación establecida en el Real Decreto 601/1992, de 5 de junio, que derogó la Ley 97/1966, dicha enseñanza ya se encontraba estructurada en los siguientes grados:

A) Enseñanza para la incorporación a las Escalas de Suboficiales, que se correspondía con la formación profesional de grado superior.

B) Enseñanza para la incorporación a las Escalas de Oficiales, que se correspondía con la educación universitaria de primer ciclo (diplomados).

C) Enseñanza para la incorporación a las Escalas Superiores de Oficiales, que se correspondía con la educación universitaria de segundo ciclo (licenciados).

Además, en la actualidad, la ciencia militar ha alcanzado tal grado de complejidad y dificultad que por sí sola es más que capaz de ocupar con creces los cuatro años que, a partir de ahora, durará la enseñanza de grado universitario. Pretender, entonces, y al margen de la necesaria salvaguarda de la vocación militar, sobrecargar ese esfuerzo de estudios y preparación con otro plan suplementario de enseñanza universitaria de segundo ciclo, equivale a propiciar el fracaso en la innecesaria obtención de dos títulos dispares que irremisiblemente van uno en detrimento del otro.

RAJOY Y MORENÉS SE DESENTIENDEN DEL PROBLEMA

La alternativa para superar con suficientes garantías una adquisición formativa tan amplia, sería extender temporalmente el ciclo formativo, lo que, a su vez, redundaría en el envejecimiento de las bases del primer empleo de los militares de carrera y, consecuentemente, en el conjunto de la oficialidad. Y ello con independencia de que en ningún otro sector del funcionariado se contemple para nada una exigencia de “titulitis” tan pretenciosa como la que ahora se está introduciendo a presión en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Pero es que, además, la última reforma de la enseñanza militar repite una mala experiencia ya sufrida y afortunadamente corregida. Con anterioridad al régimen franquista, al salir de la Academia de Segovia, los oficiales de Artillería y de Ingenieros obtenían también, junto a su despacho de oficiales militares, el título de Ingeniero Industrial. Mantener el prestigio de esos títulos, condujo a que los planes de estudios diesen cada vez más importancia a las técnicas propias de la ingeniería civil, en perjuicio de las materias puramente militares, como la táctica y el tiro. Es posible que entonces algunos oficiales se beneficiaran de su doble titulación, pero más cierto es que fueron muchos los militares vocacionales que, situados ya en empleos superiores, lamentaron que en su formación castrense algunas materias específicas de su profesión se hubieran desplazado al nivel de las asignaturas llamadas “marías”.

Lo procedente sería orientar la enseñanza militar de forma exclusiva a la cada vez más sofisticada formación técnica propia de las Fuerzas Armadas y, una vez completada y adquirida la condición de militar de carrera, ofrecer todas las posibilidades para que el oficial que lo desee obtenga una titulación civil suplementaria. De hecho, no son pocos los militares que desde hace muchos años han logrado esa formación subsiguiente, pero con un notable sacrificio tanto económico como de su tiempo de ocio o descanso personal.

En ese terreno es en el que debería mostrarse la acción positiva del Estado, estableciendo un adecuado sistema de becas y ayudas con facilidades de destinos y computaciones en el baremo para el ascenso. De esta forma se conseguiría complementar “voluntariamente” la formación civil del militar sin perjudicar previamente su preparación castrense.

Desde otro punto de vista, tampoco parece que el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en todas las misiones de proyección internacional que vienen desarrollando durante los últimos años, y que se ha reputado de “magnífico”  a nivel OTAN, requiera una reforma de la enseñanza militar tan controvertida y extemporánea como la impuesta en la Ley de la Carrera Militar.

La triste realidad es que las consecuencias del nuevo del nuevo modelo de Fuerzas Armadas “zapateril”, han llevado a miles de oficiales y suboficiales a presentar recursos por sentirse perjudicados en las nuevas escalas y a que la propia Ley de la Carrera Militar esté pendiente de un fallo del Tribunal Constitucional. Además, la reforma de la enseñanza militar, que ahora obliga a cursar una ingeniería civil al mismo tiempo que se sigue la formación castrense, ha conllevado el descalabro de que los Colegios de Ingenieros no reconozcan los títulos refrendados por el Ministerio de Defensa (al del Ejército del Aire le faltan el 40 por 100 de las materias que se dan en los centros universitarios civiles) y a que los abandonos y suspensos masivos de la primera promoción de la Academia General Militar hayan demostrado la barbaridad del nuevo sistema: un 22 por 100 de los cadetes abandonó la Academia por falta de vocación militar, mientras el 40 por 100 de los que permanecieron tras su ingreso suspendían en las asignaturas de Ingeniería…

A punto de cumplirse un año desde que Mariano Rajoy ganara las elecciones del 20-N con una mayoría parlamentaria absoluta, la Ley de la Carrera Militar y todos los nefastos elementos revisionistas y disolventes que contiene, se siguen consolidando por la inacción del Ministerio de Defensa, con sus máximos responsables interesados sólo en los recortes presupuestarios y en las relaciones con la industria de la defensa. De nada está sirviendo la sustitución del visionario Javier García Fernández al frente de la dirección general de Reclutamiento y Enseñanza Militar por el general Juan Antonio Álvarez Jiménez, un experto conocedor de las necesidades de las Fuerzas Armadas en materia de enseñanza (dirigió la AGM entre junio de 2006 y diciembre de 2009) y que hasta ese momento era director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC).

Porque ¿a qué espera el Gobierno para reconducir la Ley de la Carrera Militar por los cauces del sentido común, de la eficacia, de las necesidades reales de la Defensa Nacional y de la “vocación” profesional de quienes están dispuestos a entregar sus vidas en ese noble servicio público…? ¿Es que el Gobierno del PP va a llegar al canallesco extremo de destrozar las Fuerzas Armadas en línea con los intereses visionarios del “zapaterismo”…?

No queremos concluir esta Newsletter sin satisfacer la petición de un miembro de las Fuerzas Armadas, buen conocedor de lo que acontece en la AGM, de publicar la siguiente “Carta abierta al Ministro de Defensa” y que, al estar sujeto a la disciplina militar, su autor ha tenido que difundir de forma anónima por las redes sociales:

Hacer un Oficial 

Hasta ayer, Javier Garcia Fernández era el Director General de Enseñanza Militar.  

Este señor --catedrático de Derecho Constitucional para más señas—fue designado en el cargo para hacer con el Ejército lo que el PSOE ha hecho con el resto de España. 

Fruto del experimento social puesto en marcha por el hipócrita manchego y rematado por la aspirante separatista a jefe de la oposición, hemos visto ponerse en marcha uno de los dislates más grandes que se han hecho en España y que, como todo lo que afecta a los militares, carece de repercusión en la sociedad. Porque en España, es menester admitirlo, lo que le pase o deje de pasar a los militares le importa a todo el mundo un soberbio carajo.

El dislate al que me refiero es el “nuevo modelo” de formación de oficiales que pone en manos de la Universidad de Zaragoza la responsabilidad de sacar promociones de Tenientes del Ejército de Tierra. Algo así como si la Facultad de Medicina de la Complutense pusiese la responsabilidad de hacer médicos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPV. 

En este moderno modelo se obliga a los cadetes a estudiar el Grado de Ingeniero Industrial de Organización Industrial, creando un “Centro Universitario de la Defensa” dependiente de la Universidad de Zaragoza, que imparte ese título con profesores contratados por la Universidad. 

A un profano en la materia le parecerá que formar Ingenieros Industriales en la AGM no es malo. Y en eso estoy de acuerdo, porque malo, lo que se dice malo, no es, pero si lo que queremos es Oficiales del Ejército, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a formar Oficiales del Ejército, que para hacer Ingenieros Industriales ya hay en España prestigiosas escuelas dedicadas a ese concreto menester.

Porque un Oficial del Ejército no es un ingeniero vestido de uniforme; es otra cosa. 

Este sistema que apesta a “civilizar” las Fuerzas Armadas (en una época en la que la sociedad civil debería plantearse seriamente imitarlas), hace que unos señores que no tienen ni idea de lo que es un militar, ni de la formación y los valores que precisa un soldado, se esmeren en formar Ingenieros Industriales aplicando a estos chicos los criterios que habitualmente se aplican en la Universidad.

Pero nuestros cadetes no llevan la vida de un universitario. 

Para empezar, un universitario sale por veinte horas de clase a la semana, teniendo el resto del tiempo para estudiar; los cadetes no. Nuestros cadetes se levantan a las seis y media de la mañana y hasta las cinco o seis de la tarde van con la lengua fuera de una actividad a otra... Por cierto, los sábados por la mañana también tienen actividades militares, de modo que el fin de semana de un cadete empieza el sábado a la hora de comer y termina el domingo por la noche.

En la mayor parte de las carreras, los universitarios cuentan con un día lectivo en el que no van a clase para poder dedicarse al estudio. Nuestros cadetes, si pueden sacar dos o tres horas de estudio al día, se dan con un canto en los dientes. 

Los universitarios no están obligados a mantener una forma física excepcional, dedicando al menos una hora diaria al deporte y unas cuantas horas a la semana a desfilar, o a hacer “marchas topográficas” por el secarral de San Gregorio con treinta kilos de equipo encima. 

Los universitarios no tienen que limpiar sus camaretas y su equipo durante su tiempo libre... A ellos nadie les pasa revista ni les arresta porque sus zapatos no están limpios; ni hacen guardias, cuarteles o imaginarias.

A los universitarios, a partir de primero, les dejan matricularse en las asignaturas que les viene en gana; a los cadetes no... Pongo un ejemplo: si un cadete repite curso porque ha suspendido cinco asignaturas, se le obliga a matricularse de las cinco que ha suspendido y de todas las de segundo curso que hagan falta hasta completar el total máximo de asignaturas estipuladas para un curso, de tal modo que se encuentra en una peor situación que la que estaba en primero.

¿Que importancia tiene esto? Pues muy sencillo, que si tras cuatro convocatorias no apruebas una asignatura, te echan a la calle (en algunas universidades el tope de convocatorias son seis). En la vida civil, cuando un estudiante se atasca con una asignatura y quiere asegurar el aprobado, se matricula de menos asignaturas ese año y le dedica a la asignatura difícil mas tiempo; a nuestros cadetes no se les da esa oportunidad.

Esto se está traduciendo en un enorme numero de suspensos y en unas tasas de repetidores que no se habían visto nunca en la AGM. 

Ahora, a final de curso, veremos como muchachos que llevan dos años dejándose el pellejo para servir a España se tienen que volver a casa porque no han aprobado “Fundamentos de Administración de Empresas”, asignatura que --parece ser-- es imprescindible para mandar una Sección de Operaciones Especiales. 

Y estas cosas ¿porqué las hacen?, se preguntará usted.

Yo se lo explico. Estas cosas se hacen porque cada año tienen que salir por la puerta de las academias militares un centenar de tenientes. En caso de que no se cubra este cupo, podemos encontrarnos con un déficit de capitanes dentro de cinco o seis años y de comandantes dentro de quince. 

Originalmente se pensó en coger un 150 por 100 de aspirantes para asumir las bajas que se pudiesen ir produciendo, pero en la realidad, a día de hoy, la promoción que está en segundo ya no cubre las plazas. Se han producido muchas bajas de chicos que no aguantan el ritmo, ha habido un numero enorme de repetidores, y de éstos, muchos han pedido la baja para no tener que someterse otra vez a semejante despropósito.

Para completar esta promoción que ya es deficitaria, nuestras mentes pensantes han llegado a la solución ideal: convocar plazas al final de la carrera. Es decir, permitir a licenciados por diversas universidades que accedan a la Carrera Militar pasando un año escaso por los Centros de Formación del Ejército.  

Desangramos a nuestros cadetes durante cuatro años haciéndoles estudiar una Ingeniería en condiciones adversas y a los que sobrevivan les ponemos un licenciado en Económicas por la Alfonso X el Sabio de compañero de promoción... ¡Impresionante!. 

Para mas INRI, esa teoría se basa en que un señor que tenga un Grado en Ingeniería --por poner un ejemplo-- va a contemplar con buenos ojos formar parte de una profesión llena de sacrificios, con un sueldo miserable, en la que jugarse la vida forma parte del modus vivendi. 

Ni que decir tiene que a los profesores del Centro Universitario de la Defensa, civiles todos ellos, lo de servir a España con las armas les suena a chino mandarín, y que contemplan a nuestros cadetes con los prejuicios que cualquiera que haya pasado por nuestras universidades suele tener. Y eso se nota en el trato que dispensan a los cadetes; trato que en sus facultades no se atreverían a dar a los alumnos por aquello de que en la universidad el alumno califica al profesor, y porque, en cualquier momento, una docena de universitarios de a pie les pueden montar un numerito de “indignados” al salir de clase y hacerles pasar un mal rato, algo que nuestros disciplinados cadetes nunca van a hacer.

Para muestra baste la anécdota de que este año --por lo visto-- pillaron a un cadete durante el examen de Química de primero con uno de los problemas del examen en su poder (el cadete se había hecho con el problema por un despiste de uno de los profesores de la assignatura: nadie piense que había asaltado el claustro para reventar el ordenador del departamento). Pues bien, la reacción del profesorado fue hacer repetir el examen a toda la promoción, poniéndolo mas difícil que el primero, imagino que para dar un escarmiento. Durante ese segundo examen sólo les faltó cachear a los cadetes al entrar en clase. Las normas que impusieron para evitar el fraude fueron tales que rozaban la indignidad, incapaces, supongo, de sobreponerse a sus prejuicios. Un encanto. 

Aquellos cadetes que tras un año de agotador esfuerzo pidieron la baja por verse incapaces de repetir un curso en estas condiciones, se han encontrado con que en las Escuelas de Ingeniería de otras universidades no les convalidan las asignaturas aprobadas... ¡Esto mejora por momentos! 

Es razonable pensar que estos muchachos ingresaron en la AGM para ser militares, no para ser ingenieros (cabe pensar, asimismo, que cuando terminen su carrera querrán vivir su vocación). ¿Qué sentido tiene darles un título que no van a ejercer...? Porque cuando tras diez años de ejercicio de la profesión militar en unidades de Infantería o Caballería decidan irse a la calle ¿servirá para algo ese título? ¿De verdad piensa alguien que una empresa va a contratar a un Ingeniero que hace diez años  estudió su carrera, y no la ha ejercido nunca?

¿Se han vuelto todos locos? 

Y cuando lleguen a las unidades... ¿estarán capacitados para ejercer su profesión? Porque integrales triples sabrán hacer y de resistencia de materiales sabrán un montón, pero para conducir hombres a una muerte probable ¿tendrán conocimientos...?  

Señor Ministro: Cambie usted esto y hágale un favor a España y a esos cadetes por los que --según parece-- nadie vela.

Quede, por nuestra parte, constancia de que difundimos el mensaje y compartimos su contenido.

El ciudadano menos informado sabe que, cuando los electores otorgan a un político la Presidencia del Gobierno con una mayoría parlamentaria absoluta servida en bandeja de plata (es decir, sin habérsela ganado a pulso y sólo por demérito del oponente), es, sin duda alguna, para que haga lo contrario de lo que malamente venia haciendo su predecesor y no para que siga en la misma estela política del defenestrado. Algo que Rajoy no parece entender correctamente.

Una cosa es emular al vencedor y otra, mucho menos comprensible, hacer un seguidismo del contrincante vencido, porque, siendo la primera práctica poco afortunada, la segunda siempre es desastrosa. Francesco Guicciardini (1483-1540), historiador y estadista florentino autor de Storia d’Italia, obra maestra de la historiografía moderna, y de Redazione di Spagna, que es un acertado análisis socio-político de la Península Ibérica escrito a raíz de su experiencia como embajador de la República florentina en la España de los Trastámara, lo dejó escrito con meridiana claridad: “La imitación del mal supera siempre al ejemplo; por el contrario, la imitación del bien es siempre inferior”.

Dicho de otra forma, la imitación supone, en efecto, un talento menor en el que imita, pero es que, además, por lo general éste suele hacer suyos los defectos del imitado, acrecentándolos. Y en ese preciso hacer es en el que Rajoy está sorprendiendo a propios y extraños, volcado en el mismo “zapaterismo” que el electorado español ya identificó como paradigma del “mal gobierno” y reprobó de forma masiva, otorgando la mayoría absoluta a quien tenía más a mano.

LA BROMA DE LA “ALIANZA DE LAS CIVILIZACIONES”

Cuando en la sesión de la 59 Asamblea General de la ONU celebrada el 21 de septiembre de 2004 José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, se sacó de la manga la “Alianza de Civilizaciones” como propuesta para combatir el terrorismo internacional por una pueril vía pacifista, con las tragedias terroristas del 11-S y del 11-M todavía calientes, los españoles comenzaron a barruntar que estaban siendo gobernados por un visionario o, cuando menos, por un político inmaduro.

El caso se las trajo, porque suponía un cambio fundamental en el modo de entender las relaciones entre Occidente y el mundo árabe y musulmán, contradiciendo el “choque de civilizaciones” descrito por Samuel Huntington en 1993?. Una “zapaterada” sobrevenida, imposible de sustanciar por la total identificación que hace el Islam de la política con la religión.

Como líder de la oposición, Mariano Rajoy consideró inmediatamente, y con acierto, que la propuesta lanzada por ZP era “sobre todo propaganda”, además de “muy poco útil”. Con posterioridad, en 2006, no dudó en declarar a la Agencia EFE que era “uno de esos cantos de sirena” que “no importan a nadie” y que no servían para hacer frente a las amenazas del terrorismo islamista. La Cadena SER también ha rescatado otra elocuente frase pronunciada por Rajoy el 7 de febrero de 2006: “Esto de la ‘Alianza de Civilizaciones’ es una cosa de broma”.

Además, en 2008, durante un desayuno con periodistas, Rajoy se refirió despectivamente a un encuentro de la “Alianza de Civilizaciones” celebrado en Madrid, definiéndolo irónicamente como “una reunión a la que asisten mandatarios importantes: los presidentes de Finlandia, de Eslovenia, de Malasia, de Argelia y el propio señor Rodríguez Zapatero”…

Y, por si todo ello fuera poco, según el periódico digital “Mundo Árabe.org”, editado por Ahamed Hijazi, en marzo de 2006 el portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Aristegui, se reunía en Washington con un grupo de senadores, congresistas y altos representantes de la Administración Bush, ultra conservadores, para intentar crear un lobby que buscara el descredito internacional de la “Alianza de Civilizaciones”.

Sin embargo, cuando el pasado mes de marzo Rajoy viajó a Seul, ya había cambiado su opinión sobre el proyecto “zapaterista”. En un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el dirigente español se reorientó sin el menor complejo hacia la política exterior más proverbial de ZP, mostrándose dispuesto a mantener el “compromiso político” con la antes denostada iniciativa del ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE.

Seis meses más tarde, durante su primera intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, celebrada el pasado 25 de septiembre, Rajoy eligió ese mismo tema, usado cuando estaba en la oposición para ridiculizar al presidente Rodríguez Zapatero dentro y fuera de España, como emblema del papel diplomático que ahora desempeña nuestro país para atajar los conflictos que se plantean entre occidente y el mundo árabe y musulmán.

Claro está que fuentes de Asuntos Exteriores explicaron en paralelo que este amoldable cambio de criterio obedecía a “razones estratégicas” y que era fundamental para poder ocupar uno de los dos puestos de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-2016 (que en realidad solo sirven para “pintar la mona” frente a los miembros permanentes). Una posibilidad para jugar de recogepelotas en Naciones Unidas que España se disputa con Nueva Zelanda y, sobre todo todo, con Turquía, que parte como favorita.

Horas antes de que Rajoy tomase la palabra ante los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron en Nueva York a la cumbre anual de la ONU, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya se había colocado la venda en la herida de la incoherencia. En una entrevista concedida a la Cadena SER, justificó la actual defensa de la “Alianza de Civilizaciones” con el argumento de que cuando se llega al poder “uno asume las posiciones institucionales del Gobierno anterior”, añadiendo enfáticamente que “no se puede cambiar de un día para otro de planteamiento” (¿aunque sean absurdos?).

Pero lo que ahora está ocultando el Gobierno del PP es que la misma idea de optar a un puesto “no permanente” en el alto órgano decisorio de la ONU, cuyo desenlace no se conocerá hasta 2014, fue una apuesta personal de Rodríguez Zapatero vinculada justo a la “Alianza de Civilizaciones”, como acaba de hacer Rajoy.

En 2005 esta iniciativa fue asumida como propia por Kofi Anann, entonces secretario general de la ONU, con el fin de “promover respuestas eficaces a las amenazas de la paz mundial”, contando con el respaldo principal (incluido el financiero) de Rodríguez Zapatero y de Recep Tayyip Erdogan, presidente islamista de Turquía. Y con la perspectiva de que ambos países fueran elegidos en su momento por los 193 países miembros de Naciones Unidas para sentarse temporalmente en su Consejo de Seguridad (cosa que ya hemos hecho en cuatro ocasiones anteriores, como muchos países de tercera fila, sin mayor oficio ni beneficio).

RAJOY TAMBIÉN ABRAZÓ LA POLÍTICA PACTISTA DE ZP CON ETA

Pero el indigesto sapo “zapateril” que se acaba de tragar Mariano Rajoy, no es, ni mucho menos, causa aislada. Simplemente, es el último de una larga serie de esperpentos “continuistas” que nada tienen que ver con la política institucional de España en el ámbito exterior.

A la escandalosa liberación del etarra Iñaki De Juana Chaos, cuyo victimario terminó abrasando políticamente a ZP, siguió, de forma inconcebible, la decepcionante excarcelación del también cruel asesino Josu Uribetxebarria Bolinaga. En este caso, las razones de la emulación, iniciada de forma absolutamente gratuita por el Ministerio del Interior bajo mando del PP, se envolvieron en una falsa apelación de “respeto a la Justicia”, cuando ésta no tenía que haberse pronunciado más allá de su condena inicial del reo y firme a todos los efectos.

Un caso realmente vomitivo que las posteriores declaraciones de Rajoy reiterando el cuento hipócrita de que “nunca pactare con ETA”, jamás le devolverán la confianza y el respeto de las víctimas del terrorismo. Aún más, todo indica que antes de las elecciones vascas del próximo 21 de octubre veremos nuevos compromisos deferentes con los presos de ETA, porque la genética pusilánime y continuista de Rajoy en la debilitación del Estado español, rabiosamente acelerada por ZP, condiciona de forma inexorable la racionalidad de sus decisiones e indecisiones políticas.

LA CONTINUIDAD DE LOS JEMES Y DEL SEDCNI SOCIALISTAS

Tras considerar el daño causado a las Fuerzas Armadas (FAS) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la desastrosa política de ZP en el ámbito de la defensa y la seguridad, los observadores y analistas independientes quedaron sorprendidos cuando, al asumir la Presidencia del Gobierno, Rajoy tomó la inconveniente decisión de confirmar en el cargo a los Jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos (JEMEs) y, peor todavía, al Secretario de Estado-Director del Servicio de Inteligencia (SEDCNI). Conniventes todos ellos con el frangollo liado por el “zapaterismo” en ese sensible entorno de la seguridad nacional.

En el caso de las FAS, en el que el relevo total de la cúpula de mando llegó demasiado tarde, el escándalo se mantiene, tras casi un año de gobierno, con el incumplimiento gubernamental de la promesa formal hecha por el PP de reformar la nefasta Ley de la Carrera Militar, pasando olímpicamente de los desastres que comporta la norma y que, gracias a la displicencia de Rajoy, se están consolidando de forma irreversible.

La continuidad de Félix Sanz al frente del Servicio de Inteligencia, adosándole una “número dos” que ya está evidenciando su escaso peso específico, es, si cabe, más incomprensible, dada la naturaleza de su cargo, su arraigada vinculación al PSOE y la puesta “patas arriba” del Servicio de Inteligencia protagonizada por su predecesor socialista, Alberto Saiz. La “tangana” promovida por el PSOE dentro del CNI (en política conviene tener algo de memoria), ha dado paso al “camelo” de la Inteligencia Económica promovido personalmente por el último SEDCNI de ZP, convertido ahora en colaborador entusiasta de Rajoy, y que tiene absorbido el seso del Gobierno (empezando por la vicepresidenta), incapaz a su vez de entender el origen de la crisis, señalar con acierto las claves más profundas del problema y no digamos de resolverlo.

Las expresiones más conocidas de ese novedoso campo de actividad del CNI, ajeno a su verdadera naturaleza y función (porque la Inteligencia en el ámbito de la tecnología y la seguridad industrial es otra cosa distinta), y por supuesto ridículas en comparación con el aparato técnico de los ministerios y organismos del Estado afectos a la política y la actividad económica, han sido verdaderamente bochornosas. Ahí está, para empezar, el caso de las dos expropiaciones seguidas en Argentina y Bolivia contra empresas españolas, que cogieron al Gobierno en offside total, y, más recientemente, la patochada sobre la “guerra energética” entre China y España filtrada al diario “ABC” (24/09/2012).

Tras una espectacular llamada en portada (“China maniobra contra el sector energético español, según el CNI”) y un titular interior a toda página no menos llamativo (“El CNI alerta de maniobras de China contra el sector energético español”), que anunciaban falsamente un informe sugerente, no había más chicha que el lógico interés de algunas petroleras por ocupar la posición dejada por Repsol en Argentina y Guinea Ecuatorial, incluidas las chinas (CNPC, PetroChina, Sinopec…) que hoy por hoy son las más activas del mundo. En definitiva, el hipotético informe de Inteligencia Económica del CNI no era sino un remedo que fusilaba directamente las informaciones que se vienen publicando desde hace meses en fuentes abiertas (prensa convencional y sectorial), pero con peor comprensión y explicación.

Más curioso todavía es el interés mostrado por el CNI en el mundanal entorno de “Eurovegas” (es de suponer que a través de sus expertos de Inteligencia Económica). La revista “Interviú” desvelaba en su edición 1.897 (3 al 9 de septiembre 2012) que el CNI investigaba un intento de extorsión vinculado a dicho proyecto, fuera por supuesto de sus competencias formales e inmiscuido en los canales policiales naturales para perseguir ese tipo de posibles actividades delictivas…

El montaje de Félix Sanz con la “Inteligencia Económica” del CNI, es tan engañoso que, según fuentes próximas al caso, en la Moncloa se ha llegado a plantear la necesidad de que el Servicio de Inteligencia investigue la “conspiración de los mercados contra la economía española”… A este paso, el CNI de Rajoy, que lamentablemente sigue siendo el de ZP, se dedicará a investigar la cuadratura del círculo y a descubrir el sexo de los ángeles o el huevo de Colón.

Todo ello, con el menoscabo de otras funciones sustanciales del CNI, o de su abandono (el apoyo a la Directiva de Defensa Nacional, la contención de la inmigración ilegal, el control de las mafias internacionales afincadas en España, la detección de yihadistas durmientes, la lucha contra la corrupción institucional, la protección de los intereses estratégicos en el exterior…). Y, por si fuera poco, aparejando la “Inteligencia Económica” con el absurdo de la “Cultura de Inteligencia”, que no deja de constituir una mamandurria económica de reparto entre amiguetes, vergonzosa en un país que no sabe siquiera lo que es la “Cultura de Defensa” y que por desgracia todavía anda a patadas con la “Cultura General”.

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS: DE “GUARDIA PRETORIANA” DE ZP, A “NIÑA BONITA” DE RAJOY

Otro paradigma del continuismo “zapateril” con el que Mariano Rajoy está caracterizando su acción de gobierno, es el de no querer siquiera reformar organizativa y funcionalmente la Unidad Militar de Emergencias (UME). Una necesidad que ha quedado en clara evidencia con el record alcanzado este verano de hectáreas arrasadas por los incendios forestales (unas 200.000 al día de la fecha).

Es más, la UME, otrora denostada por el PP, que llegó a calificarla ab initio como “guardia pretoriana” de ZP, pasaría de inmediato a ser, según hoy aseguran sus mandos, la “niña bonita” del presidente del Gobierno. Con Rajoy, se seguirán dando, pues, los absurdos de su dependencia política y su despliegue territorial, y que siga siendo mandada nada menos que por un teniente general (apoyado por un general de división como segundo jefe), mientras el grueso de las unidades de combate más emblemáticas de las Fuerzas Armadas (BRILEG, BRIPAC, BRIMZs…) operan bajo las órdenes de generales de brigada con menor rango.

De hecho, todos los tenientes generales que han terminado mandando la UME, ya habían ocupado previamente en empleos inferiores destinos de mucho mayor relieve y prestigio militar. ¿Por qué extraña razón Rajoy ni siquiera se plantea corregir este tipo de absurdos “zapateristas” tan fáciles de enmendar?

Como ya afirmaba Guicciardini a principios del siglo XVI, y nosotros hemos recordado en la introducción de esta Newsletter, el mayor problema de quienes imitan al mal gobernante es que, en ese afán, suelen acrecentar en sí mismos los defectos del imitado.

OTRA “MARIANADA”: UN SOCIALISTA AL FRENTE DEL CGPJ

Rodríguez Zapatero nos desesperó con las “zapateradas” (que en realidad eran vulgares patochadas políticas) y Rajoy, embutido en un papel muy similar de introvertido sabelotodo, comienza a llevarnos por la senda no menos recalcitrante de las “marianadas”. Un Plutarco redivivo quizás podría dedicar a tan sugestiva pareja de estadistas una de sus conocidas “vidas paralelas”, claro está que sin alcanzar el esplendor de la contraposición entre Alejandro y Julio César o entre Demóstenes y Cicerón.

El propósito de Plutarco no era otro que mostrar, en cada caso, el carácter moral de los biografiados, apoyado en la narración de los acontecimientos políticos de sus respectivas vidas y en la educación y natural disposición de cada uno de los personajes, relatando las anécdotas que mejor pudieran revelar su personal humanidad. Así, el filósofo y moralista de Queronea, que fue sacerdote mayor del dios Apolo en el Oráculo de Delfos y encargado de interpretar los augurios de sus pitonisas, utilizaba a veces, según ha dejado escrito, “un lance fútil, una palabra, algún juego…” antes que “las grandes batallas ganadas, donde podían haber caído diez mil soldados”“las cosas sobre las disposiciones naturales de los hombres”. para aclarar sabiamente

Pero esta práctica analítica no fue, ni mucho menos, la seguida por Rajoy al decidir que la vacante forzada de Carlos Divar en la presidencia conjunta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) fuera ocupada por Gonzalo Moliner. Bien al contrario, volvió a remedar la vía “ocurrente” de ZP designando un candidato “progresista” promovido por el jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba; es decir, actuando en plena sintonía con el “zapaterismo” defenestrado el 20-N y aborrecido de forma especial por los ciudadanos más afines al PP.

La natural respuesta a esta nueva “marianada”, no se hizo esperar. Apenas transcurridos dos meses desde la toma de posesión de Moliner, el conjunto de las asociaciones de jueces y fiscales se ha enfrentado con dureza al máximo representante del Poder Judicial torpemente apadrinado por Rajoy en connivencia con el PSOE.

Aun más, la Junta de Jueces de Madrid, con su decano a la cabeza, el magistrado José Luis González Armengol, ha pedido ya formalmente la dimisión del presidente del CGPJ por “incumplir sus funciones como miembro de un órgano colegiado, deslealtad frente a la carrera y no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo, ocultando su verdadero alcance a la Carrera Judicial”. Y ello con independencia de anunciar otras acciones de reivindicación del conjunto de la “carrera judicial y fiscal” que auguran serios enfrentamientos con la política continuista de Mariano Rajoy.

La sorprendente actitud “zapateril” de Rajoy se podría ilustrar con algunos otros ejemplos significativos de resistencia a las reformas políticas y de prácticas edulcorantes de la realidad económica, cosa innecesaria porque ya ha demostrado que su palabra vale poco y, sobre todo, que carece del coraje político necesario para afrontar con éxito estos críticos momentos. La traición a su programa electoral y sus cambios de postura a conveniencia, le van mostrando poco a poco como un político mareado, asustado y nada previsible, marcado con la misma o parecida impronta del inefable ZP: si ambos, uno enfrente del otro, se mirasen en un mismo espejo de doble cara, es muy posible que sólo viéramos el anverso y el reverso de una imagen personal idéntica.

La diferencia política más acusada entre Rodríguez Zapatero y Rajoy quizás confronte la simplicidad del primero, que permitía ver venir sus torpezas desde lejos, con la retorcida reserva del segundo, capaz de aplicar a su mejor amigo la cicuta del silencio mientras le baila el agua interesada a su peor enemigo. Lo malo es que el actual presidente del Gobierno se empeñe en remedar al Zapatero más genuino, porque corre el riesgo, no de alcanzar su escasa altura política y sus ocho años en el gobierno, sino de quedarse sólo en un “Zapaterín” de tres al cuarto.

Quienes en algún momento de su existencia se hayan sentido seriamente interesados por participar de forma activa en la vida pública, seguro que conocen la máxima aristotélica de que “la política no es el conocimiento, sino la acción”.

Muy posiblemente, también sabrán que, sin contradecir para nada la sabia afirmación del filósofo “estagirita”, transcurridos más de dos milenios, Lin Yutang, autor de la memorable novela histórica titulada “Un momento en Pekín”, matizaba que “la acción sin la cordura es siempre desastrosa”.

Lo que ha sucedido en relación con los principios y fundamentos más elementales de la política, es que, quienes vienen gobernando España en los últimos tiempos, no parecen muy impuestos en la “ética de las virtudes” proclamada también por el mismo Aristóteles. En el ejercicio de sus funciones, han llegado a confundir la “templanza” (la equidistancia entre el libertinaje y la insensibilidad, o la moderación frente a los placeres y las penalidades) con la displicencia; la “valentía” (que es el punto medio entre el miedo y la temeridad) con la osadía, y la “generosidad” (a caballo entre el uso y la posesión de los bienes) con la prodigalidad (que es su exceso) y la avaricia (que es su defecto)…

Sin necesidad de profundizar más en los aspectos filosóficos de la política, que no dejan de ser los de la propia vida, está claro que su “comprensión”, y en consecuencia la “praxis” aneja, han venido decayendo a lo largo de la pos-transición hasta conformar, primero, el “fenómeno Zapatero”, expresión de la inmadurez política total, y, después, el “fenómeno Rajoy”, en el que lo precautorio ha dado paso al “deshojador de margaritas”. El primero, llegó, y se fue, como un devastador político “nonato” o “nonada”; el segundo no pasa, de momento, de ser un presidente pusilánime encantado de gobernar al compás de aquel rancio cuplé del “Fumando espero…”.

Estando las cosas como están, a Rajoy se le han acabado ya el periodo de “gracia política” y la excusa de la “herencia recibida”. Ahora, su compromiso  como presidente del Gobierno y del partido que le sustenta, es total y, lamentablemente, con su mayoría parlamentaria absoluta (un verdadero “cheque en blanco” histórico y quizás irrepetible para cambiar el errante rumbo de la política española) desperdiciada. De hecho, comienza a dar “talla cero” de estadista, es decir la de quien se encuentra mezquinamente interesado en las elecciones del día (andaluzas, vascas, gallegas… o legislativas), más que por la próxima generación de españoles y el futuro histórico de España.

PERDER EL NORTE DE LA POLÍTICA

Uno de los aciertos más importantes del ex presidente Adolfo Suárez, hacedor junto a otros políticos coetáneos (realistas, esforzados y honestos en su diversidad ideológica) del nuevo régimen democrático, sin duda “imperfecto” en algunas de sus formulaciones (como la autonómica), pero ahora enquistado en su peor expresión de “partidocracia demagógica” (sinónimo de la corrupción democrática), es el recogido en su justificación de la acción legislativa: “Hacer normal a nivel de Gobierno lo que es normal a nivel de calle”.

La cita se justifica en razón de las reformas necesarias durante aquellos delicados momentos del cambio de régimen (básicamente desde 1975 a 1979). Pero sería necesario recuperarla y vigorizarla, para que la actual clase dirigente, y en especial el dubitativo Gobierno de Mariano Rajoy, se reorientara hacia el norte perdido de la política nacional. La “normalidad” organizativa y funcional de la vida pública que hoy exige la ciudadanía de forma clamorosa, no es, en modo alguno, la que sostiene contumazmente el Gobierno del PP, que fue claramente votado para satisfacer esa demanda social prioritaria, sin mayores méritos al caso.

Los lapsus y errores por defecto de la acción de gobierno se pueden resolver, aunque sea de forma tardía y con daños asumibles (“nunca es tarde si la dicha es buena”), pero las demasías, los errores por excesos políticos, son mucho más perniciosas y difíciles de solventar, porque sus nefastas consecuencias se evidencian a medio y largo plazo, cuando el mal esta consolidado y ya es irreversible. Y esos alegres excesos volcados en el Estado de las Autonomías son los que han introducido a España en el túnel de la autodestrucción: antes que origen de la crisis, el “ladrillazo” fue una consecuencia sintomática de los excesos conceptuales del modelo político; lo mismo que el desastre de las cajas de ahorro o la entronización del terrorismo etarra en las instituciones políticas de la democracia y la debilitación del Estado por cuenta de los nacionalismos “históricos”…

La cuestión de fondo es que el desentendimiento político de las demandas sociales no partidistas para reconducir el Estado de las Autonomías, su enroque frente a las reformas estructurales e institucionales que, hoy por hoy, está exigiendo la llamada “opinión informada” del país (incluyendo a todos los intelectuales y analistas independientes), conduce de forma inexorable al desencanto y la alienación social.

Lo mejor, lo más preparado y lo más pujante de la sociedad española (profesionales liberales, empresarios, artistas e intelectuales, la juventud más emprendedora…), está huyendo masivamente de España, sólo porque una incompetente y minoritaria “casta política” se ha ido adueñado de ella, malversando sus esencias históricas y castrando a la sociedad civil, que es su verdadero soporte, con la silente complicidad y complacencia de las más altas magistraturas del Estado. Los que se quedan son los parásitos de la política y sus partidos, el aparato funcionarial encastrado en el sistema de forma irreversible, los no emancipados, los jubilados y las bases laborales que, por desgracia, no tienen medios suficientes para huir de la quema…

Ya veremos qué es lo que sucede en este país si llega a explotar la olla social que aguanta a presión el contubernio autonómico, las amenazas independentistas, el soberanismo, la política identitaria, la bilateralidad, los conciertos económicos y las continuadas “exigencias” de los “salteadores nacionalistas” (primos hermanos de los “salteadores de las cajas de ahorro”)… y quienes, entonces, defienden a los culpables del desastre. Y también veremos lo que pueda ir quedando de la Monarquía Parlamentaria después del 21-O, tras la infiltración etarra en la política democrática, porque sabido es que en España “nunca pasa nada”… hasta que pasa.

En este orden reflexivo, no nos resistimos a entresacar esta sabia consideración del artículo de opinión “Rojo y Negro” publicado por Nicolás Redondo en “El País” (19/09/2012): “Sigo pensando que el mayor problema no son los nacionalistas, el problema somos nosotros, nuestra incapacidad para enfrentarnos racionalmente a los envites del nacionalismo. Su comportamiento envalentonado tiene mucho que ver con nuestra debilidad, mejor dicho, con la debilidad institucional del Estado…”.

LA “MISIVA” DEL REY JUAN CARLOS CONTRA EL SEPARATISMO

Se titula asépticamente “...Carta de S. M. el Rey...” y está publicada en la web de la Casa Real (de renovado diseño) con fecha 18 de septiembre de 2012, en una nueva práctica informativa que el propio monarca ha enmarcado acertadamente “dentro del esfuerzo que venimos realizando para mejorar la comunicación de la Corona con todos los españoles, con criterios de transparencia, rigor e innovación”. 

En realidad, esta misiva regia constituye un “toque de atención” en relación con las amenazas secesionistas exacerbadas el pasado 11 de septiembre, durante la celebración de la Diada (Fiesta Nacional de Cataluña). Un asunto muy delicado que, con seguridad, apunta también hacia lo que pueda pasar a tenor de los resultados que se registren en las elecciones al Parlamento Vasco convocadas para el próximo 21 de octubre.

El contenido de la Carta de Su Majestad supone, a nuestro entender, un acierto extraordinario, tanto en su fondo como en su forma:

No soy el primero y con seguridad no seré el último entre los españoles que piensa que en la difícil coyuntura económica, política y también social que atravesamos es imprescindible que interioricemos dos cosas fundamentales.

La primera es que solo superaremos  las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez. Estamos en un momento decisivo para el futuro de Europa y de España y para asegurar o arruinar el bienestar que tanto nos ha costado alcanzar. En estas circunstancias, lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas. No son estos tiempos buenos para escudriñar en las esencias ni para debatir si son galgos o podencos quienes amenazan nuestro modelo de convivencia. Son, por el contrario, los más adecuados para la acción decidida y conjunta de la sociedad, a todos los niveles, en defensa del modelo democrático y social que entre todos hemos elegido.

La segunda es que, desde la unión y la concordia, hemos de recuperar y reforzar los valores que han destacado en las mejores etapas de nuestra compleja historia y que brillaron en particular en nuestra Transición Democrática: el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la generosidad, el diálogo, el imperativo ético, el sacrificio de los intereses particulares en aras del interés general, la renuncia a la verdad en exclusiva.

Son esos los valores de una sociedad sana y viva, la sociedad que queremos ser y en la que queremos estar para superar entre todos las dificultades que hoy vivimos.

Se trata de un mensaje impecable y situado dentro de los límites de la prudencia, y también de la exigencia, que corresponden al Jefe del Estado. Otra cosa es lo que incumbe decir y hacer al Gobierno, que ostenta el Poder Ejecutivo de la Nación, modulando a su mejor entender el nivel de expresividad y, en todo caso, comprometiendo su futuro electoral, que es variable.

Claro está que, ante la oportuna pregunta que el pasado miércoles 19 de septiembre la portavoz de UPyD, Rosa Díez, formuló al presidente del Gobierno en el congreso de los Diputados sobre la situación en Cataluña, en la que advertía que “la democracia está para defender los derechos de todos”, la contestación de Rajoy no dejó de ser contundente: “La respuesta está en la Constitución y en las leyes. Me he comprometido a jurar y hacer guardar la Constitución, y así lo haré“. No podía ser de otra forma; pero ya se sabe que una cosa es lo que el interpelado dice y otra lo que hace, como ha sucedido en el caso de la excarcelación de etarras y en el de las reformas pendientes, estructurales e institucionales.

Su esperado encuentro “aclaratorio” con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, celebrado el día siguiente, el jueves 20, ha sido, como cabía esperar, “diletante”, avocando por tanto la tragedia autonómica al continuo “más de lo mismo” y al “aquí me las den todas” que tanto se critica en esta web. La posición “políticamente correcta” exhibida al respecto por muchos comentaristas, situados en lo personal bajo mínimos intelectuales y sin capacidad analítica real, es todavía más repudiable y un reflejo indeleble de la descomposición política nacional, que, como es lógico, se encuentra plenamente instalada también en el ámbito informativo.

Todos sabemos por donde respira la clase política del momento, asentada cómodamente en el nefasto Estado de las Autonomías, y, en particular, Mariano Rajoy, el “deshojador de margaritas”. Con su gorro españolista de “quita y pon”, tampoco deja de alentar desde la trastienda del PP el actual embate electoral del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que defendió en TVE (“El Debate de La 1” 20/09/2012) el “autogobierno” pero prácticamente sólo para los tres falsas "autonomías históricas” (Galicia, Cataluña y País Vasco) con “estatuto aprobado” [se entiende que antes de aprobarse la vigente Constitución Española]: todo un trile político bien significativo de con quiénes nos estamos jugando los cuartos.

El historicismo de pacotilla al que se refiere Feijóo, y que Rajoy parece compartir, es el del “Proyecto de Estatuto de Galicia” (que nunca llegó a ser “Estatuto”) plebiscitado el 28 de junio de 1936 en los estertores de la II República, mediante un referéndum caciquil que sus propios promotores calificaron de “santo pucherazo”. Proyecto que, al margen de que en el fondo fuera de “chicha y nabo”, nunca llegó a ser aprobado por las Cortes Españolas debido al estallido de la guerra civil (sólo sería aceptado a trámite parlamentario nada menos que en febrero de 1938, de forma simbólica y sin más continuidad).

Ahora, y por las “razones históricas” ciertamente inexistentes aducidas por Núñez Feijóo, los populares gallegos quieren negar a los demás españoles (salvo a vascos y catalanes) lo que ellos no llegaron a conseguir en aquella desastrosa etapa política republicana, por cierto presidida por el coruñés Santiago Casares Quiroga (promotor de aquel inédito Estatuto y cuya torpeza personal le impidió enterarse de la tragedia política y social que iba a eclosionar bajo su mandato). Exclusividad de uso y disfrute, en la que, además, ya se han incorporado todas las competencias saqueadas al Estado en la actual Monarquía Parlamentaria; es decir, mordiendo la mano de los mismos españoles que en un exceso de generosidad les regalaron la vía autonómica “rápida” que ahora se ponen de montera.

Curioso, pues, el doble papel de héroes o villanos que, según les convenga electoralmente (en casa o fuera de casa), juegan los “gallegos” del PP, expertos como nadie en Oficios de Tinieblas. ¡Mal camino para acabar con el patio de monipodio en el que se ha convertido el Estado de las Autonomías!

EL “REBUFO” DE ESPERANZA AGUIRRE

Mucho se ha dicho y escrito esta semana sobre la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y de su renuncia al escaño de diputada en la Asamblea Regional, es decir de su finiquito político, en su mayor parte desenfocado, cuando no gratuito o meramente anecdótico.

Poniendo por delante nuestro respeto personal hacia Esperanza Aguirre, plenamente merecido, el análisis político de su dimisión merece alguna puntualización. Lejos de responder al conjunto de factores esgrimidos con medida emotividad al hacerla pública (exigencias de dimensión familiar y, acaso, del descanso necesario para reponerse de una dura enfermedad que afortunadamente no la ha podido doblegar), la realidad es que la decisión tomada ha sido una consecuencia directa de sus continuos enfrentamientos con Rajoy, llevados al límite tras un largo listado de propuestas de acción política rechazadas de forma sistemática por el presidente del Gobierno.

Los llamados “versos sueltos” de Esperanza Aguirre han abarcado desde la legalización de la prostitución hasta “una revisión a fondo”“plantearse por qué existe un tribunal [el Constitucional] lleno de políticos que se hacen jueces y no lo son”, proponiendo que “sea una sala más del Supremo”. También ha instado infructuosamente, por ejemplo, a cambiar la normativa sobre el derecho de huelga para “evitar que los representantes de los trabajadores puedan colapsar una ciudad y tomar a los ciudadanos por rehenes” o a cribar la representación de diputados regionales de 129 a 65, siendo la primera dirigente regional que redujo el sueldo de sus altos cargos (un 10 por 100) y de los empleados públicos (un 3 por 100)… del Estado de las Autonomías para devolver al Gobierno central competencias de sanidad, justicia y educación; pasando por

Mala cosa esta de segarle la yerba a Esperanza Aguirre, porque, dentro del PP, y también en la proyección nacional de su política, su llaneza era el contrapunto obligado al solapamiento de Mariano Rajoy, dicho sea sin el menor ánimo ofensivo. Además, y al margen de cómo se salden sus diferencias personales, los rencores de la política tendrán consecuencias vengativas sangrientas, inherentes a la tradicional práctica cainita de la derecha española.

Tremenda ha sido la “bronca de Esperanza y Mariano” del pasado 4 de septiembre en el cuartel general del PP (Génova 13), cuyo elevadísimo tono la hicieron inocultable y, en algunos aspectos bochornosa. Discutiendo la empecinada locura de Eurovegas (alimentada por intereses económicos personales no confesos de los que podremos hablar en otra ocasión), se terminaron lanzando a la cabeza con ánimo de descalabro todos los trastos que tenían a mano, entre ellos el del “espionaje madrileño”, archiconocido, y el del “chalecito del Canal”, una propiedad del Canal de Isabel II situada en Manzanares el Real a orillas del pantano de Santillana, conocida también como “La Casita de la Pradera”.

Según ha desvelado “Diarioelagujón.com”, esta propiedad del Canal de Isabel II, que durante muchos años funcionó como residencia y centro de formación para sus empleados, fue reformada incorporando todas las comodidades de un hotel de lujo cuando Alberto Ruíz-Gallardón era presidente de la CAM. Hasta aquí poco que objetar; pero el diario digital, que se apoya para ello en la fuente de un “ex consejero del PP en la Comunidad de Madrid y ahora alejado de la órbita de Esperanza Aguirre”, añade que, tratándose de un lugar de descanso, para lo que más se usa actualmente es para “fiestas particulares de algunos consejeros en puentes y fines de semana y se sabe que se han organizado hasta orgías”.

Ni corto ni perezoso, el citado medio informativo, que a tenor de todo lo que publica sobre la dimisión de Esperanza Aguirre y sus diferencias con Rajoy, dispone de sabrosa información interna del PP, puntualiza: “Tras la reforma, y según nos confirman fuentes del Canal consultadas por El Aguijón, el palacete fue utilizado por Alberto Ruíz Gallardón como lugar de descanso, principalmente en fines de semana. Durante algún tiempo se rumoreó que era el lugar en el que Gallardón pasaba algunos fines de semana con Montserrat Corulla, la abogada con el que se la relacionó sentimentalmente e imputada en el Caso Malaya y cuya foto en un debate contra Gallardón fue esgrimida por el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián”.

Además, en la misma noticia puede leerse que la fuente informativa del PP que tan cariñosamente lanza lo de las “orgías”, añade: “Preguntar por las fiestecitas que organizaba en ‘el chalecito’ con sus amigos ‘La Juani’ y otros que ahora son consejeros”. Por su parte, el medio dice haber logrado saber que este es el nombre despectivo en el que en ambientes del PP más crítico con el grupo próximo a Esperanza Aguirre se denomina a Juan Soler, actual alcalde de Getafe y diputado autonómico del PP desde 1987…

¿Ven nuestros lectores por qué hablamos tan a menudo de la “tradicional práctica cainita de la derecha española”? Pues por eso.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) se creó en octubre de 2005, con más celeridad que reflexión debido a la controversia sobrevenida en ese año por los trágicos incendios forestales de Guadalajara (superados con mucho por las hectáreas ya quemadas en 2012), y dentro de lo que, en aquellos momentos, fue un “nuevo estilo” de Fuerzas Armadas impulsado por el presidente Rodríguez Zapatero. El modelo, con la UME abriendo brecha, fue bastante polémico dentro y fuera de la institución militar, aunque tras ocho años de gobierno socialista imponiéndolo a machamartillo (ahí está el caso de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar que sólo aplauden sus autores), y sin que el PP mostrara jamás el mínimo interés por reconducirlo, se ha consolidado de forma irreversible.

Es evidente que, acomodadas al estilo político del país y sintonizadas con el conformismo de su sistema institucional, las Fuerzas Armadas son lo que son y, según la dinámica actual, de momento no podrán ser cosa mejor, aunque si peor.Claro está que esta afirmación depende de lo que cada uno entienda por “mejor” y “peor” en el ámbito de la defensa nacional, un concepto que en el caso del pusilánime presidente Rajoy parece coincidir de forma lamentable con el defendido por su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero.

En su origen, la UME generó no pocas críticas públicas, con origen muy diverso y lanzadas por voces técnicas e independientes más que desde la política (quizás fueron desoídas por su estricta naturaleza social o porque las generadas en el ámbito militar no se transmitieron con suficiente decisión), pero prácticamente unánimes en la expresión de su rechazo.

Ante ellas, algunos portavoces socialistas declararon que la utilidad de la UME“ se vería con el tiempo”, sabiendo sin duda lo que en este país supone la política de hechos consumados, es decir dando por hecho que “a lo hecho, pecho”. Otros, advirtiendo con algo más de realismo que el invento no funcionaría, propugnaron cierta misericordia política con la UME mediante la prédica de que todas las objeciones que soportaba “tanto las razonables como las artificiosas, cederán en función de la eficacia demostrada”, pero sin previsión alguna frente a la posibilidad de que aquella dudosa “eficacia” se mostrara inexistente.

EL SISTEMA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO NO FUNCIONA

Pero ni aquel portavoz socialista ni ningún otro político responsable en la materia, se han molestado en hacer un balance técnico de la eficacia general del actual “modelo de lucha contra los incendios forestales” (que es la emergencia más habitual y dramática). Ni tampoco un balance objetivo en su particular relación con la UME.

Las estadísticas sobre intervenciones, capacidades y medios disponibles, los comunicados propagandistas y hasta las exhibiciones en paradas militares… son otra cosa. Lo mismo que algunas agradecidas manifestaciones públicas de políticos locales, interesadas en la correspondiente declaración de “zona catastrófica” potestativa del Gobierno o, incluso, las críticas vecinales a veces vertidas “en caliente” contra la propia UME con doloroso reflejo en los medios informativos (Zaragoza en 2009, La Gomera en 2012…).

Lo cierto es que, efectivamente, el tiempo está siendo testigo inexorable del mal funcionamiento del actual sistema de lucha contra los incendios forestales, que es cosa algo distinta del estricto funcionamiento de la UME, aunque ambos estén interrelacionados. De hecho, lo confirmado en el tiempo, se quiera o no se quiera reconocer, es que cuando éstos se producen, toda intervención terrestre no inmediata y sin base en un conocimiento profundo del imprevisible territorio afectado, deja de ser sustancial para limitarse por desgracia a “acotar” la tragedia; es decir, para “vigilar, controlar y después refrescar” lo que en la práctica, casi habitualmente irremediable, ya tenga que arder de acuerdo con las condiciones climatológicas y topográficas.

En el verano de 2009, con la UME en pleno funcionamiento, ya se confirmó algo tan previsible como que con su protocolo de activación y su capacidad real de “respuesta terrestre” ante la singularidad de un incendio forestal fuera de campo, es, más o menos, como querer apagarlo con agua de borrajas. La “respuesta aérea” suma otro tipo de esfuerzos y tiene capítulo aparte, puesto que la prestan el 43 Grupo del Ejército del Aire y el Batallón de Emergencias de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra; aunque también cabría discutir si disponen de medios adecuados suficientes y bases de despegue bien posicionadas estratégicamente.

Sólo en los siete primeros meses de aquel año, al 31 de julio de 2009, ya habían ardido más de 75.000 hectáreas, prácticamente el doble que en el mismo periodo de los dos años precedentes. Aquel fue, entonces, todo un record (excluido el verano negro de 2005), que al final del año se situaría en las 120.000 hectáreas quemadas, nivel muy superior al de los dos anteriores (86.000 en el año 2007 y 50.000 en 2008), bienio con menor siniestralidad sobre el que además se podría argumentar curiosamente cierta falta de adiestramiento de la UME o que sus plantillas todavía no estuvieran cubiertas en su totalidad…

El fracaso de su intervención en el fuego que afectó aquel mismo verano al campo de maniobras de San Gregorio, llegó a mover una airada iniciativa de los vecinos de Tauste (Zaragoza), y de otros afincados en la comarca de las Cinco Villas, manifestándose sonoramente en contra de su tardía actuación y por los errores de despliegue cometidos durante su extinción. Baste señalar al respecto que los medios civiles de extinción, en este caso de apoyo inmediato a la UME por tratarse de terrenos militares, estuvieron esperando durante cinco largas horas hasta que se les autorizó a entrar en la zona que estaban siendo pasto de las llamas para intentar sofocarlas.

La polémica suscitada este verano en torno al apoyo “nacional” recibido en el incendio de La Gomera, con airadas acusaciones entre las autoridades autonómicas y estatales, es fiel reflejo de que el sistema de protección civil, confundido con medios y dependencias de distintos niveles (municipal, provincial o insular, autonómico y nacional), en los que se entremezclan cuerpos locales de policía y bomberos, guardias civiles, brigadas forestales, la UME, los medios aéreos…, es un auténtico caos al menos en su aplicación a los incendios forestales. Miembros de la propia UME que han vivido presencialmente el incendio de los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, quedaron asombrados, quizás por su condición militar, del esperpento organizativo con el que funcionaban el conjunto de los medios desplegados y los reproches cruzados entre los correspondientes responsables civiles…

EL TIEMPO DE RESPUESTA EFICAZ, INALCANZABLE PARA LA UME

Y más o menos así, cada verano se ha venido demostrado que la aportación de la UME (ya en plena madurez funcional) al sistema general de protección civil en su función de “apaga-fuegos”,casi siempre es (y seguramente seguirá siéndolo) subsidiaria y tardía y, en consecuencia, poco eficiente a pesar de la disciplina y buena voluntad con la que se acompañe. Para corroborar esta afirmación, baste recordar que los expertos en detección y extinción de incendios forestales, valoran el tiempo de llegada de la primer ayuda desde la señal de alerta (capacidad de respuesta) en tramos de cinco minutos y hasta un máximo de dos horas, a partir del cual consideran que no ha existido “llegada”, centrándose ésta entre 15/30 minutos para más de un tercio de los casos y entre 10/45 minutos para más de la mitad: plazos en los que por razón de protocolo la UME ni siquiera ha podido ser requerida por la autoridad competente, con los tiempos de desplazamiento aparte…

Por supuesto que todo esto no significa menoscabo alguno de la UME ni de los miembros que la integran, que como soldados de España cumplen fielmente las órdenes que reciben, ajenos al mal diseño del sistema en el que están integrados. Es más, cuando dicha unidad ha tenido una baja mortal en acto de servicio, ha sabido rendirle los honores merecidos (caso del cabo primero Alberto Guisado fallecido el pasado 4 de agosto en la Sierra de Gata), frente a lo que de forma lamentable no se suele hacer en los cuerpos de bomberos ni en las brigadas de lucha contra incendios forestales dependientes de la Administración Civil.

A mayor abundamiento, en relación con la eficacia demostrada por las Fuerzas Armadas en las campañas de prevención/extinción de los incendios forestales, merece especial consideración, por ejemplo, la “Operación Centinela Gallego” dispuesta desde el año 2007 en la Xunta de Galicia con medios in situ del Ejército de Tierra (BRILAT) y de la Armada (Tercio Norte de Infantería de Marina), ajenos a la UME, con éxito notable en sus misiones de mantener presencia disuasoria, vigilar las zonas asignadas, proporcionar información temprana a los servicios de extinción de incendios y notificar incidentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. O la disposición de los medios del Mando de Ingenieros de la Fuerza Terrestre, y en su caso los de la Fuerza Logística Operativa, situados en zona, que, aun siendo lamentablemente escasos, siempre que fueron requeridos se han activado de forma inmediata, desde antes de que existiera la UME…

Si se analiza el emplazamiento básico de las unidades operativas de la UME, situadas únicamente en cinco puntos del país (los dos mini destacamentos canarios son irrelevantes), se puede comprender su absoluta incapacidad para llegar en el tiempo conveniente (entre 10/45 minutos) al foco de los incendios forestales desperdigados por toda la geografía española (incluida la insular), y normalmente en zonas de difícil acceso. Situar los cinco Batallones de Intervención de Emergencias (BIEM) en Madrid (Torrejón de Ardoz), Sevilla (Morón de la Frontera), Valencia (Bétera), Zaragoza y León (San Andrés de Rabanedo), y acuartelar además en Madrid el Regimiento de Apoyo a Emergencias (RAEM), con zonas de incendios habituales a más de 400/500 kilómetros de distancia (Canarias y Baleares aparte) parece a todas luces poco razonable.

De hecho, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), que son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios forestales pero insuficiente y desproporcionado en relación con la UME, tienen el doble de bases operativas que esta unidad militar (diez frente a cinco) y mucho más próximas a las zonas de mayor riesgo. 

Sin entrar en otras valoraciones sobre el escaso sentido que tiene la UME dentro de las Fuerzas Armadas, y al margen de que sustraiga de forma permanente para misiones no militares nada menos que 4.361 efectivos de su ya escasa plantilla, lo evidente es que su dedicación específica y exclusiva es de naturaleza civil, desvinculada de la defensa nacional. Por tanto, el debate sobre su conveniencia y funcionamiento trasciende incluso el estricto ámbito técnico-militar, ofreciendo una perspectiva de cohesión y coordinación con el conjunto del entramado civil complicada, además de que el protocolo de activación de la UME, con origen en las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, añada burocracia y tiempos muertos sin duda contradictorios con lo requerido por la propia “emergencia”.

Para empezar, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece en su artículo 2 (apartados 1, 2 y 3) lo siguiente:

1. La competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones Públicas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que las circunstancias lo hicieren necesario, participarán en las acciones de protección civil.

2. Asimismo, en tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asigne.

3. La colaboración de las Fuerzas Armadas, que actuarán en todo caso encuadradas y dirigidas por sus mandos naturales, deberá solicitarse de la autoridad militar que corresponda.

Todo ello con independencia de que esa misma norma establezca también la composición y funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil (artículo 17) y las Comisiones de Protección Civil de las Comunidades Autónomas (artículo 18).

Con ese antecedente legal y organizativo, los recursos y funciones que se han asignado a la UME se deberían haber orientado con bastante mejor criterio precisamente hacia ese “sistema integrado de protección civil”, cuya superior autoridad ostenta el Ministerio del Interior a tenor del artículo 16 de la norma citada. O de forma más específica a la misma Guardia Civil, que ya dispone de competencias en la protección del medio ambiente y de unidades especializadas vinculables a situaciones de catástrofe o emergencia. Incluso a un posible Cuerpo Nacional de Bomberos, como apoyo a los que ya existen localmente.

Porque, si como en su momento manifestó algún ministro de Defensa socialista en relación precisa con la UME, “en España la red de protección civil es muy débil”, lo correcto es reforzarla o, en su caso, reorganizarla en vez de diluirla todavía más multiplicando los organismos y recursos afectos. Otro de los males palpables en el nefasto Estado de las Autonomías, cuando se confunde la proximidad en la prestación del servicio público con la dispersión de su gestión en niveles de máxima ineficacia.

Y si lo que se pretendía era modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, aumentando su capacidad de apoyo a la red de protección civil, todo lo que comporta la UME en medios materiales y humanos se podía haber canalizado sin más al Cuerpo de Ingenieros y a los regimientos apropiados, que, como establece la ley, han sido colaboradores tradicionales con todos los organismos civiles implicados en este tipo de actividades.

El pasado 7 de agosto, coincidiendo con el avance de los incendios forestales veraniegos (que ya anunciaban un nuevo record de hectáreas quemadas situado al día de la fecha en más de 180.000) y con el lamentable fallecimiento en acto de servicio de un miembro de la UME ya citado, el teniente general Pitarch publicaba en su blog (accesible desde esta misma web) un artículo titulado “UME: necesaria y útil”. Nadie niega ese reconocimiento ni la conclusión de su artículo sobre la aceptación y el apoyo que merecen y necesitan las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, ni, por supuesto, su afirmación final, plenamente compartida: “En último término, el futuro de las FAS está irremediablemente encadenado a la percepción que la sociedad española tenga de la utilidad de los Ejércitos”.

Pero el general Pitarch también sabe que una unidad operativa y útil (o útil como dice por ser plenamente operativa), puede estar integrada en un ejército o en un sistema superior en sí mismo inoperante y, por tanto, quedar convertida de forma automática en un lujoso derroche que, además, limita la aplicación de medios en otros ámbitos o escenarios no menos sustanciales.

Lo que pasa es que el “sistema” de la lucha contra incendios forestales, y en general el de protección civil, requiere ser “repensado”, como tantas otras cosas del Estado de las Autonomías. Dentro de esa necesidad, bien evidenciada este verano, una defensa a ultranza de la UME basada en su condición militar y en su plena operatividad (que son valores positivos y reconocidos), no viene al caso, porque el sistema en el que se integra, el modelo operativo, no funciona, ni va a funcionar en el futuro si no se reforma con la necesaria inteligencia y humildad política.

El pasado 16 de agosto, en “El Confidencial Digital” se recogían una serie de panegíricos sobre la UME que serán muy de agradecer por ella misma, pero que sólo conducen, como sucede con otras muchas declaraciones y loas “políticamente correctas”, a sostener el nefasto “más de lo mismo” y el lamentable dicho castellano del “mantenella y no enmendalla”. Veamos sólo los titulares bajo los que se afirmaban cosas tan curiosas como que “las fuentes consultadas añaden que, si alguna vez Rajoy y el PP tuvieron dudas, ahora se han convertido en ‘auténticos fans’ de la UME”:

“El futuro de la Unidad Militar de Emergencias, garantizado. El Gobierno del PP apuesta a tope por la UME, como quedó demostrado con los elogios de Rajoy y Arias Cañete”.

“Si la Guardia Civil fue el 'descubrimiento' de los socialistas cuando llegaron al Gobierno en 1982, y entonces cambiaron de raíz el concepto que tenían sobre la Benemérita, el del Partido Popular ha sido la Unidad Militar de Emergencia. Con ello, su futuro ha quedado definitivamente asegurado”.

Las fuentes informativas inespecíficas a las que alude “El Confidencial Digital” no pueden ser otras que la propia UME, en directo o de forma derivada y, como se puede comprobar en el propio medio, quedaron chasqueadas con los comentarios remitidos por los lectores, ciertamente bochornosos para la unidad. Su entusiasmo propagandístico es bien comprensible, pero distorsiona la realidad y, sobre todo, entorpece una reflexión sensata sobre el tema: cada cual puede interpretar el patriotismo y la lealtad a las Fuerzas Armadas como quiera, pero con tanta autocomplacencia luego no cabe lamentarse de que las cosas vayan como van.

Al margen de las justas críticas que merece la política “zapaterista” en el ámbito de la defensa, y del incomprensible “seguidismo” que le presta el presidente Rajoy (en buena medida políticamente suicida), al menos los titulares del MAGRAMA, Miguel Arias Cañete, de Defensa, Pedro Morenés, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, deberían tomarse más en serio los incendios forestales y concertar un sistema de protección civil bastante más razonable y razonado que el actual, con la UME dónde y cómo realmente convenga. De lo contrario, cada verano de cada legislatura tendremos “más de lo mismo”, con sus montes arrasados por el fuego como, por la misma desidia e incompetencia políticas (no parece necesario utilizar adjetivos más fuertes), se arrasaron las cajas de ahorros.

Al timorato Gobierno que preside Mariano Rajoy, hay que recordarle que el lanzamiento del actual sistema de Protección Civil, realizado durante la Transición por el ministro del Interior, Juan José Rosón, fue especialmente aplaudido por el conjunto de la sociedad española. Y también una de las causas principales para que aquel ministro centrista todavía sea, hoy por hoy, el mejor valorado públicamente entre todos los del ramo.

España está que arde, por los cuatro costados y en todos los aspectos sustanciales de la vida nacional. Con llamas bien visibles en unos casos y, en otros, ya reducidas a punto de brasa; a veces con fuego subterráneo y en ocasiones con fuego “dormido” o contenido en fase de pre-ignición.

Con este panorama, que sin duda cada cual es libre de ajustar por exceso o por defecto con su propia percepción de la realidad, los análisis del momento pueden ser inacabables; de libro completo, más que de noticia puntual, y, según crece el incendio, incluso de tamaño enciclopédico. Los hechos y datos inapelables, las opiniones, las campañas de desinformación, el periodismo partidista, la intoxicación informativa, las tergiversaciones y las mentiras políticas… están que se salen de los medios de comunicación social.

Por eso, querer atender los mil frentes de interés ciudadano, desborda en algunos momentos la capacidad de los informadores independientes, que, según están las cosas, se ven obligados a reconfirmar casi a diario sus análisis y comentarios en paralelo con la insistencia en el “más de lo mismo”, que tanto gusta a la actual clase política (lamentablemente ya casi asimilada a “casta” política). Vaya, pues, dedicada esta Newsletter

a recoger y “apostillar” algunas de las noticias y declaraciones más llamativas de los últimos días:

v  En un artículo de opinión titulado “¿Y si Gabriel Elorriaga tenía razón?” (“El Mundo” 02/08/2012), Pedro J. Ramírez escribió:

APOSTILLA: Elorriaga trabajó durante bastantes años como mano derecha de Rajoy (bajo sus órdenes directas fue Secretario de Estado de Administraciones Públicas, director de la campaña electoral de 2004 y secretario de Comunicación del PP…); es decir, que le conocía bien. Según se desenvuelve la historia, aquella valoración temprana parece que pudo ser acertada.

v  En su primera entrevista en prensa como presidente del Gobierno (“ABC” 02/09/2012), Mariano Rajoy:

APOSTILLA: Entonces, el programa electoral de Rajoy estaría basado en la “irrealidad”, en la fantasía o en la quimera: admitirlo ha debido ser un mal trago. Pero esa “realidad” que ahora el presidente del Gobierno por fin parece reconocer, no le impide, sino que le aconseja, hacer las reformas políticas estructurales e institucionales que España necesita de forma incuestionable, saliendo de la inopia política en la que ha estado y, de momento, sigue estando.

APOSTILLA: Rajoy sí que prometió milagros, y bien gordos. Cuando era jefe de la oposición insistió hasta la saciedad en que sabía todo lo que se tenía que hacer para conjurar la crisis, perfectamente y punto por punto. Y, todavía más, reiteró por activa y por pasiva que con su mero acceso a la presidencia del Gobierno, España recuperaría la confianza de los mercados, se multiplicarían las inversiones, se acabaría el paro…

APOSTILLA: Hasta ahora, no parece que Rajoy esté cumpliendo muy bien con su deber, a tenor de lo que había prometido en su campaña electoral, de lo que ha hecho hasta el momento y, sobre todo, de lo que está dejando de hacer como presidente del Gobierno con mayoría absoluta (otra cosa es que él piense o diga lo contrario).

APOSTILLA: Eso es lo natural, porque unos países son solventes y otros insolventes; una diferencia que, en buena lógica, la banca siempre ha contemplado en sus créditos a empresas y particulares y que cuando la práctica ha sido financiar la insolvencia, como en el “caso del ladrillo”, la ha llevado al desastre total. Pero, ¿Rajoy hace “todo” lo que tiene que hacer para que España deje de ser insolvente ante quienes han de financiarla…?

APOSTILLA: Esta es una afirmación en sí misma contradictoria, porque las “dudas sobre el euro” expresan una generalidad y las “diferencias de los tipos de interés” se aplican de forma específica a países con la misma moneda común. La razón de esas diferencias es obviamente otra y desde luego afecta al perfil concreto de cada país. Los “latiguillos” argumentales de Rajoy no terminan de reconocer el fondo de la cuestión, cosa grave.

APOSTILLA: Perfecto. Pero, ¿qué “estabilidad” pueden darle al euro, por ejemplo, el consentido despilfarro y la orgía presupuestaria de la Administración Pública en España, el desmadre de las autonomías o la proliferación impune de “salteadores” de las cajas de ahorro…?

APOSTILLA: Está bien que Rajoy diga estas cosas en público, pero en privado y en el ejercicio de su función presidencial tendría que ser más objetivo y reconocer todo lo que hay que cambiar en España, para que realmente sea el país serio que hoy no es y que a muchos españoles les gustaría que fuera. Instalado en la autocomplacencia no la sacará del negro agujero en el que se encuentra, sino que, bien al contrario, la enterrará cada día un poco más.

APOSTILLA: ¿Y qué dice Rajoy de las autonomías antes gobernadas por el PP qué han hecho todo lo contrario (Murcia, Baleares, Valencia, Castilla y León…?

APOSTILLA: Pero, ¿qué “referencias” son esas…? ¿Y, si el objetivo de Rajoy es “crecer y crear empleo”, qué está haciendo o piensa hacer para conseguirlo…? ¿Acaso lo logrará tan solo bajando el IRPF, que él mismo ha subido sin venir a cuento…? ¿Qué hace el Gobierno, por ejemplo, para que fluya el crédito a las empresas y éstas puedan restaurar la actividad económica, que es la única forma conocida de crear empleo…? Realmente un penoso “bla, bla, bla”.

APOSTILLA: Si la “unidad de mercado es “capital”, que efectivamente lo es, ¿por qué el Gobierno de Rajoy no la ha abordado antes…? Este tema, como otros muchos igual de obvios y fáciles de implementar, los tenía que haber preparado en su larga época de jefe de la oposición y haberlos aprobado de forma inmediata tras su acceso a la presidencia del Gobierno. Sorprende su inconcebible desidia, antes y después de su éxito electoral.

APOSTILLA: Rajoy miente, miente y miente (cosa grave, grave, grave). La Ley permite perfectamente que en el concreto “caso Bolinaga”, de momento, el Gobierno no hubiera concedido el tercer grado penitenciario, justo porque no cumplía las condiciones legales. Aún más, está por ver si se ha podido cometer o no un delito de prevaricación y, sobre todo, cuales serán las consecuencias políticas del caso.

v  Declaración de Antonio Basagoiti, presidente del PP del País Vasco, en la localidad alavesa de Villanañe (02/09/2012):

APOSTILLA: Entonces ¿por qué el Gobierno del PP concede, sin obligación de ley, el tercer grado a los presos etarras para que puedan solicitar el acceso a la libertad condicional? Según el apoyo connivente y gratuito que ha prestado al Gobierno de Patxi López y el previsto batacazo del PP en las elecciones vascas del 21-O, hoy por hoy Basagoiti quedaría mejor sin abrir la boca.

v  Intervenciones sobre el “caso Bolinaga” y ETA en el Comité Ejecutivo nacional del PP (03/09/2012), recogidas en el diario “La Gaceta”:

APOSTILLA: ¿Y qué tendría que ver, en todo caso, una posible mala decisión política de otros gobiernos del PP (en los que el propio Jorge Fernández fue Secretario de Estado) con repetirla ahora de nuevo…? Sólo los políticos torpes y contumaces en el error, como el actual ministro del Interior, tropiezan insistentemente en la misma piedra.

APOSTILLA: Lo dicho: el ministro “pisacharcos” es torpe y contumaz en el error.

v  La periodista Victoria Prego en una de sus “Preguerías” dedicada al “caso Bolinaga” y titulada “Facturas al cobro” (“El Mundo” 05/09/2012):

El Gobierno no ha querido arriesgarse a pagar el precio político de una posible muerte en la cárcel del torturador de Ortega Lara. A cambio, sus votantes le van a pasar al cobro la abultadísima factura de su desafección”.

APOSTILLA: Todo un apunte de sentido común y realismo sobre el tema.

v  Antonio M.Beaumont en su columna de opinión titulada “Las líneas rojas” (“La Gaceta” 04/09/2012):

(…) Ahora bien, ¿cómo entender que sea precisamente en un tema tan sensible como la política antiterrorista donde choque el Ejecutivo popular? Exhibiendo, además, tan poca sensibilidad con las víctimas del terrorismo. Estamos ante un mayúsculo tropezón, sin duda injustificable. Porque además airea un insólito seguidismo con respecto a las ideas del zapaterismo en la materia, tan duramente criticadas por el centro derecha y que llevaron a millones de españoles, alentados por el propio partido Popular, a salir a la calle decenas de veces para manifestar su repulsa. No es entendible…”.

APOSTILLA: Desde que esta web vio la luz en marzo de 2012, ya advertimos, porque conocíamos al personaje desde su militancia en la extinta UCD y sus “meteduras de pata” como gobernador civil de Asturias y después de Barcelona y sus peripecias fracasadas en el CDS, que con seguridad sería el “pisacharcos” oficial del Gobierno. Y seguimos advirtiendo la conveniencia de, al menos, cambiarle de ministerio cuanto antes: en el de Interior las seguirá liando y gordas.

v  Alfonso Guerra sobre el “caso Bolinaga” en la tradicional fiesta minera asturleonesa de Rodiezmo (“El Mundo” 03/09/2012):

APOSTILLA: Ya se sabe como es Alfonso Guerra, pero es que el PP le puso el comentario “a huevo”.

v  Titular de un comentario editorial de “El Mundo” (03/09/2012):

APOSTILLA: ¿Y a qué ha jugado el PP de Rajoy y Basagoiti también en el País Vasco? ¿A tocar el violón…?.

v  El economista Adriá Pérez Martí en un artículo de opinión titulado “Un cambio de modelo económico” (“La Gaceta” 04/09/2912):

APOSTILLA: Una opinión profesional más de las muchas que critican la política económica del Gobierno, como quien predica en el desierto.

v  Conclusión de la periodista Isabel San Sebastián en un artículo de opinión titulado “La herencia ideológica se enquista” (“ABC” 06/09/3012):

APOSTILLA: Una opinión acertada. Parece que Rajoy no convence ni a los comentaristas tradicionalmente afines al PP.

v  Declaración de Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz  del Grupo Parlamentario “La Izquierda Plural” en el Congreso de los Diputados, recogida por varios medios informativos (02/09/2012):

APOSTILLA: Nada que añadir; salvo que, a tenor del brutal saqueo de las cajas de ahorros, los banqueros, políticos y cómplices de los mismos que debieran ser objeto de persecución y encausamiento criminal por parte de la Fiscalía Anticorrupción, son muchos más.

v  Cristiano Ronaldo después del partido de fútbol del Real Madrid contra el Granada (02/09/2012), en el que no quiso celebrar sus dos goles:

APOSTILLA: ¡Pobre chico! No sabemos si quiere ganar más dinero o más títulos, vender más camisetas o que el vestuario del Real Madrid le limpie las botas después de cada partido… Quizás, lo que necesite Cristiano Ronaldo es que “San Iker Casillas” y el “Ser Superior” (Florentino Pérez) le acunen y arropen por las noches recitándole cariñosamente la “Sonatina” de Rubén Dario:

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor…

Claro está que también le podrían explicar cuáles son los verdaderos principios y valores del deporte, y también los del madridismo, ambos olvidados como los de la política misma.

Dicho está desde el principio. Las voces, dimes y diretes, de la España en llamas dan para mucho y hoy, de momento, toca ponerles un punto final.

La canícula agosteña conlleva al menos dos cosas inevitables. Una, mala de verdad, es la eclosión devastadora de los incendios forestales; otra, buena entre las buenas, es el relajo que por unos días se da la jauría política, lo que, en justa relación causal, sirve al tiempo para tranquilizar la furibunda ciudadana.

Claro está que, dentro de la política, hay quienes han de permanecer de guardia veraniega, o al menos de “imaginaria” como dicen los militares, cubriendo las espaldas del sistema, pendientes de “alertas” sobrevenidas o con el castigo de tener que poner al día sus deberes incumplidos.

El impresentable tratamiento que tienen los incendios forestales este verano (mucho trasvase de competencias y mucha Unidad Militar de Emergencias, pero más ineficacia y negligencias comprobadas que nunca), merecerá, a no tardar, una Newsletter exclusiva. Sin olvidar en ella el cruce de acusaciones descaradas entre prepotentes ministros nacionales, quitándose el muerto de encima a costa de la competencia estatal transferida, y los “ministrillos” autonómicos incapaces de asumir la suya.

Por ahora, centrémonos en otras cuestiones que estos días también han tenido presencia notable en el plano informativo.

EL GOBIERNO SUAVIZA LA SEMÁNTICA DE LA CRISIS

Uno de los políticos de “guardia veraniega” ha sido Luis de Guindos, titular de Economía y Competitividad, dedicado a comprobar “como va lo suyo”, es decir los avances del Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas de los países del euro) y del Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Finanzas de todos los países miembros de la UE) para la reforma global del sistema financiero europeo. Y, sobre todo, cuál es la nueva disposición del Banco Central Europeo (BCE) para intervenir de forma “contundente” en los mercados con objeto de aliviar las presiones sobre la deuda española.

Según ha manifestado el propio De Guindos en diversas entrevistas (EFE, “ABC”…), a este tipo de intervenciones “no se les puede poner límite o no se puede explicitar al menos la cuantía con la que se va a intervenir ni durante cuánto tiempo”, para no restar efectividad a una ayuda que tiene como objetivo disipar las dudas sobre la zona del euro. Una opinión técnica poco menos que “apalancada con un churro”.

Respecto a las contrapartidas que tendrá la ayuda europea a España (ahora se denomina “rescate blando”), el ministro De Guindos explicó que se definirán en las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin previstas para la segunda semana de septiembre, anticipando que, en cualquier caso, no le preocupan “especialmente” (¿será verdad?). Para entonces, el BCE ya habrá desvelado cómo piensa ejecutar el programa de compra de deuda soberana en el mercado secundario, lo que obviamente está condicionando la decisión final del Gobierno español sobre el escabroso “segundo rescate”, complementario del “rescate inicial del sistema financiero” fijado ya en un crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar a la banca española.

Paréntesis: En relación con el primer rescate, no deja de sorprender que, con la que ha caído sobre las cajas de ahorros y los traumas sociales que han provocado, el ministro De Guindos venga diciendo ahora que anda sin prisas para inyectar dinero en el sistema y que el Gobierno descarta “hoy por hoy” apelar al primer tramo de 30.000 millones de euros reservados para recapitalizar por vía de urgencia a las entidades con problemas.

Sería impresentable que cuando las consultoras independientes que están detallando las necesidades de capital de cada banco en entredicho terminen su trabajo, el abultado rescate ya solicitado formalmente (nada menos que 100.000 de euros), se mostrase mal dimensionado o innecesario con el aliviadero del “banco malo”, el gran hallazgo gubernamental de última hora antes criticado por tirios y troyanos (desde Rajoy a Botín).

El titular de Economía también anticipó que el 24 de agosto (finalmente será el 31 de agosto) el Consejo de Ministros aprobaría un Real Decreto-Ley con las líneas generales de desarrollo del conocido como "banco malo para el ladrillo" (una Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios), reformando al mismo tiempo el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este organismo, pasará de ser un vehículo de inversión a convertirse en el verdadero ejecutor de la restructuración y liquidación de la banca, junto al ente supervisor (el Banco de España), permitiendo que “España tenga uno de los marcos institucionales de restructuración bancaria más avanzados de Europa" (es decir, que, como sostiene De Guindos, en un “plis-plas” cambiaremos “zoquetes” por “catedráticos”).

Además, el mismo Real Decreto-Ley establecerá nuevas normas para la venta de productos complejos de naturaleza híbrida, como las denominadas “participaciones preferentes”, también según el ministro  De Guindos “con el objetivo de evitar posibles abusos que se han producido en el pasado” (o sea, que la banca, en vez de tener absolutamente prohibidos estos productos de trile financiero, seguirá repitiendo la faena pero en mayor cuantía, como mínimo 100.000 euros por incauto, y con las espaldas bien cubiertas legalmente).

La euforia gubernamental subyacente en las declaraciones agosteñas de Luis de Guindos, parece basarse en la seguridad (esperemos que no sea solo una “suposición”) de que el BCE actuará en el mercado secundario (donde los inversores intercambian la deuda ya emitida) comprando bonos a corto plazo y sin ejercer su papel de acreedor preferente, lo que ahuyentaría al resto de inversores y elevaría la prima de riesgo. El ministro español de Economía y Competitividad (uno se puede preguntar “a qué competitividad” se refiere el cargo) considera que la nueva actitud del BCE abre “un escenario muy positivo” para el Gobierno, reconociendo que la presión de los mercados sobre la deuda española responde en gran medida a algo que va “más allá de la política doméstica” y considerando oportuno intervenir para corregir unas diferencias en el tipo de interés de la financiación pública dentro del Eurogrupo que “ponen de manifiesto dudas sobre el futuro del euro y dificultades para la transmisión de impulsos” (al parecer, los platos rotos son de otros).

Además, el ministro De Guindos ha advertido que, en su opinión, las condiciones de este segundo rescate, que él llama “rescate blando”, ya están muy definidas y son fácilmente asumibles, porque España está “haciendo sus deberes”, tanto en el ámbito fiscal como en el de las reformas estructurales, como reconocen el Fondo Monetario (FMI) y las autoridades de Bruselas. Aunque habrá que ver lo que “Paco el de las rebajas” (Merkel y compañía) opina de esta serpiente veraniega.

Con un optimismo más que cuestionable, De Guindos explicó igualmente que el avance presupuestario para 2013 y 2014 prevé un ajuste fiscal de casi 90.000 millones en ese bienio, considerándolo “suficiente y adecuado”. También insistió en que el compromiso de España con la reducción del déficit al 3 por 100 del PIB en 2014 es “inequívoco”, razón por la que se han ido adoptando o se planea poner en marcha las recomendaciones propuestas por Bruselas, como el incremento del IVA o la subida de la edad efectiva de jubilación.

Sin embargo, tanto lenguaje edulcorado, no ha podido evitar alguna que otra manifestación contradictoria dentro del propio PP. Después de que Soraya Sáenz de Santamaría advirtiera con firmeza que “la opción del rescate está descartada” (Agencias 27/07/2012), la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, declaraba en una entrevista a Europa Press (17/08/2012), que “según todos los indicios”, los “datos económicos” y “la situación de la prima de riesgo”, “parece inevitable” tener que solicitar a la Unión Europea algún “tipo de rescate”, con las “condiciones que se determinen”, para afrontar “la situación más complicada de España en la historia reciente”.

Por su parte, el mismo Luis de Guindos, tras conocerse que el martes 24 de julio, cuando el interés del bono español a diez años superaba el 7,6 por 100, había debatido en Berlín con su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, la posibilidad de solicitar un rescate total por un importe nada más y nada menos que de 300.000 millones de euros, si sus costes de financiación se mantenían en niveles insostenibles, no tenía el menor empacho en declarar tajantemente: “Nunca he considerado un rescate de España” (Agencias 26/07/2012). Y, más tarde, aseguraba todavía con más que “no habrá nuevos ajustes [aunque España pida finalmente ayuda al fondo de rescate europeo]”, matizando que “hay tiempo por delante para esperar a que los detalles de la ayuda se despejen” y que el Gobierno “va a actuar con prudencia” (05/08/2012)…

MARIANO RAJOY NO DA LA TALLA

Conociendo el engañoso paño de la verborrea política, y vaselinas de los portavoces gubernamentales aparte, tendríamos que dar por hecho un “segundo rescate” (ya se verá con que nombre se le bautiza de forma definitiva y cuáles serán su cuantía y condiciones), un “banco malo” (el mismo que antes rechazaba de forma expresa el Gobierno en pleno), más recortes y reformas estructurales, la intervención de algunas comunidades autónomas (rescates entre bambalinas) y todo lo que naturalmente hace falta para salir del descomunal lío en el que estamos metidos. Negarlo o maquillarlo, forma parte de la práctica política habitual y de los juegos malabares del gobierno de turno.

La falta de visión del problema y el desconcierto que la situación produce en el gobierno de Rajoy, con la consecuente incapacidad resolutiva, es bien evidente. Y si a esta situación se añaden las reiteradas incoherencias y las prácticas burocráticas europeas, la aproximación al caos lleva camino de ser absoluta.

Cosa realmente grave, porque, guste o no guste a quienes el 20-N le otorgaron confiadamente la mayoría parlamentaria absoluta, a Rajoy se le está acabando el crédito electoral, anclado como está en el agotado sistema político e institucional que nos ha llevado a donde estamos y mostrando como muestra que no está dispuesto a cambiarlo. En el fondo, al presidente del Gobierno le encanta el frangollo de las autonomías; cree firmemente en la partidocracia; opone muy poco a la omnipresencia partidista y a la hipertrofia administrativa; le encantan la casta y la caspa políticas (él es parte sustancial del establishment) y, sobre todo, comparte con el PSOE las canalladas consumadas en ámbitos tan sensibles como el de la excarcelación de etarras, la dilución del Estado a través de las sucesivas reformas estatutarias de las autonomías (Cataluña, Valencia, Andalucía…), la tolerancia ante las amenazas secesionistas…

Más allá del desconcierto político ante la crisis, hoy por hoy el deplorable comportamiento institucional, la inconsecuencia del modelo de Estado y el deterioro de la democracia real, son de una envergadura verdaderamente colosal. Y lo peor es que a Rajoy el problema le viene grande, por mucho que su elección como presidente del Gobierno haya convenido para liquidar a Rodríguez Zapatero.

Fotograma: De momento, tenemos al presidente del Gobierno “acucado”, sin ideas ni agallas políticas, esperando que los mercados, el FMI, el Bundesbank, Ángela Merkel, François Hollande, los Marios (Draghi y Monti) o la Virgen de los Milagros le resuelvan el problema, o que con el paso del tiempo éste se “disuelva” por sí mismo (le quedan más de tres años para agotar su mandato presidencial), al igual que el azucarillo o la sal se diluyen en un vaso de agua…

“RAJOY, GENUFLEXO ANTE LOS CHANTAJISTAS”

Buen título y buen contenido el de esta expresiva “Canela Fina” publicada por Luis María Ansón en “El Mundo” (21/08/2012) y referida a la política antiterrorista del gobierno y a la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga (previo a la libertad provisional), con tres asesinatos implacables a sus espaldas (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez-Colmenero) y cruel carcelero de Ortega Lara. Por conocido, poco más hay que añadir al caso, salvo tres apuntes rápidos.

El primero valora positivamente la actitud del Ministerio Fiscal que titula Eduardo Torres-Dulce, al oponerse (aunque fuera de forma infructuosa) a la turbia política de connivencia con la izquierda abertzale que sigue Rajoy, en línea con la del inmaduro, ocurrente y temerario “ZP” (recuérdese el caso del sanguinario terrorista Iñaki De Juana Chaos). Por su parte, la forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, ha dictaminado que el cáncer que padece el etarra Bolinaga “no se encuentra en fase terminal” y que su  tratamiento puede ser administrado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia o cirugía.

El segundo repudia y califica como auténtica “basura político-religiosa” las excusas “compasivas” argüidas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en apoyo de la jauría etarra. Sobre todo cuando el Gobierno y él mismo nada hacen, por ejemplo, para tratar con un mínimo de dignidad asistencial a los más de mil reclusos españoles diagnosticados con trastorno mental grave, hacinados en “penitenciarías psiquiátricas” verdaderamente tercermundistas y que, como tales enfermos mentales, además son víctimas de un sistema judicial absolutamente injusto.

Por otra parte, hay que recordar que más de cien presos no terroristas fallecen anualmente en prisión por causas no accidentales, algunos siendo incluso presos “preventivos”, y también que, de hecho, un tercio de los reclusos con enfermedades terminales vienen muriendo en prisión sin acceder a los beneficios del tercer grado. La afirmación defensiva (“Insinuar que ahora hemos cedido al chantaje sirve a los intereses de ETA”) del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es, más que peregrina, auténticamente indeseable, y la del propio ministro del Interior, asegurando que de no haber otorgado el tercer grado al terrorista Bolinaga “hubiéramos incurrido en prevaricación”, falsaria y cretina.

Finalmente, y más allá del tópico afecto a las víctimas del terrorismo, que en modo alguno merecen el indigno trato político que de forma tan incomprensible les da el Gobierno del PP, el tercer apunte advierte que la absurda “genuflexión” continuada y conjunta de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) ante el chantaje terrorista durante los últimos años, producirá una auténtica hecatombe en las próximas elecciones al Parlamento Vasco, anticipadas al próximo 21 de octubre.

La definitiva victoria del frente secesionista sobre el actual Estado democrático (los dos partidos triunfadores serán el PNV y Bildu, a distancia de los partidos “españolistas”), tendrá consecuencias insospechadas para el actual modelo de convivencia nacional y para el futuro de España, con responsables directos (fuerzas políticas, instituciones o personas), bien identificados...

Ahora, mordiendo el polvo de su nefasta política antiterrorista, el Ejecutivo asegura a través de su “número dos”, Soraya Sáenz de Santamaría, que le preocuparía “muchísimo” la victoria de un proyecto independentista en las próximas elecciones vascas, justamente la que el “trío de la benzina” (el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti) ha servido a los abertzales en bandeja de plata.

“CASO ASSANGE”: MATAR AL MENSAJERO

Pero casi tan despreciable como esa sumisión del PP-PSOE ante los dictados políticos de ETA, encubierta por Bildu, la organización pro etarra que legalizó el Tribunal Constitucional en contra del Tribunal Supremo y en connivencia con Rodríguez Zapatero y Rajoy, es la posición conformista de los medios de comunicación menos retrógrados (“El País”, “El Mundo”, la cadena SER, EFE…) en el “caso Assange”. Su silenciosa complicidad con el imperialismo informativo de Estados Unidos y sus aliados británicos, que a la postre pretenden matar al mero mensajero de sus prácticas políticas manipuladoras, es francamente decepcionante: choca con el brío y la ética profesional que los medios de comunicación social exhibieron durante la propia Transición y constituye otra lamentable muestra del progresivo deterioro general del sistema democrático.

Como ha descrito Fernando J. Muniesa en su libro “El Archivo Amarillo” (Multimedia Militar, 2011), el periodista Julian Assange es el promotor de WikiLeaks (en español “WikiFiltraciones” o “WikiFugas”), una web diseñada para recibir y difundir informaciones clasificadas y “sensibles” de todo el mundo que desvelasen comportamientos no éticos por parte de gobiernos, y también de organizaciones religiosas o empresas, preservando el anonimato de sus fuentes. Nacida en diciembre de 2006 y operativa desde julio de 2007, eclosionó en 2010 anunciando más de un millón de documentos clasificados y provocando un autentico terremoto en la Comunidad de Inteligencia, aunque su actividad se centrara especialmente en la política exterior de los Estados Unidos y en lo concerniente a las guerras de Irak y de Afganistán.

WikiLeaks se presentó como un medio de comunicación electrónico singular, auspiciado por una organización internacional non-profit denominada “The Sunshine Press”, creada por un equipo profesional de tipo multidisciplinar con miles de colaboradores encubiertos. El dominio se alojó legalmente en Suecia, país cuya legislación impedía rastrear la trazabilidad de las fuentes informativas originales.

El “fenómeno WikiLeaks” ha confirmado, sobre todo, lo ya advertido por Howard Simons a raíz del “escándalo Watergate”: que muchos documentos se clasifican no para proteger un secreto auténtico, sino para evitar revelaciones políticas embarazosas, abusos de poder, críticas ciudadanas… o incluso solo por inercia. En definitiva, el secreto oficial, salvo en escasas aplicaciones justificadas que nadie cuestionaría, es, por lo general, una sórdida herramienta de burócratas mediocres y prepotentes, incapaces de asumir sus deberes y responsabilidades profesionales con un mínimo de dignidad personal.

La mejor corroboración del inframundo en el que se mueven los secretos oficiales y las materias clasificadas, es precisamente la orden mundialista de “caza al mensajero” (en este caso Julian Assange) dictada de forma rabiosa y despiadada por quienes, quedando comprometidos por sus actuaciones personales inmorales o ilícitas (los actores del mensaje), se sienten además dueños del mundo.

Howard Simons interpretó clarísimamente esta realidad a propósito del “escándalo Watergate”, que vivió en primera persona al principio de los años 70 como redactor-jefe del “Washington Post”. En su opinión, sin duda acertada, detrás de los secretos oficiales no siempre se esconden intereses de Estado: “En muchos documentos se pone la etiqueta de secreto no para proteger un secreto auténtico, sino para evitar ciertas revelaciones auténticamente embarazosas, o para ocultar una extralimitación en los gastos, o un abuso de poder, o para impedir las críticas, o para evitar la inspección pública, o simplemente por costumbre”.

Según Simons, si se quiere saber algo en verdad relevante de un gobierno, no hay más remedio que conocer sus secretos: los periodistas no se inventan los secretos, más bien los reciben del otro lado de la mesa. Y, en relación con la actitud que deberían adoptar los medios de comunicación ante la petición de guardar silencio sobre materias clasificadas, razonaba: “Es tarea del Gobierno guardar los secretos. Y, tal como yo lo entiendo, es tarea de periodistas y directores averiguar esos secretos y decidir si deben revelarse al público o si deben mantenerse ocultos en los oscuros armarios del secreto”.

Después de reconocer que ningún periódico es totalmente bueno o totalmente malo, justo o injusto, y que todos tienen sus defectos y sus tendencias, al igual que sus lectores, Simons no dejaría de advertir: “Pero, si los periódicos no sacan a la luz las noticias y las publican, si no llevan a cabo las investigaciones y no hacen los comentarios, si no examinan los problemas y los denuncian, entonces ¿quién lo hará?”. Defendiendo esa función irrenunciable, Simons añadiría: “Lo que hace falta son ojos independientes, no únicamente para asegurar que los gobiernos sean honrados, sino para dar a los ciudadanos un punto de vista que no sea el oficial”.

Antes del “escándalo Watergate”, durante el mismo mandato presidencial de Nixon ya se había producido en 1971 una comprometedora publicación de documentos clasificados, que en el fondo terminaría siendo causa de aquel caso posterior. Se trataba de los informes secretos sobre la guerra de Vietnam, conocidos como “Papeles del Pentágono”, que, tras la première publicada en el diario “The New York Times”, terminarían alimentando las redacciones de toda la prensa estadounidense.

Cuando el juez federal Murray Gurfein se pronunció sobre su publicación, exculpando a los dos principales diarios norteamericanos, dejó bien claro, al menos ante la opinión pública de Estados Unidos, el fondo legal de la cuestión: “También hay seguridad en los valores de nuestras instituciones libres: una prensa crítica, una prensa obstinada, una prensa omnipresente, es la que tienen que soportar quienes estén en el poder, con el fin de preservar los valores aún mayores de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a estar informados”.

En este debate, cada cual que se puede alinear donde quiera, a favor o en contra de la “caza de brujas” en la que se ha convertido el “caso Assange”. Claro está que, tarde o temprano, el conjunto de la sociedad tendrá que aguantar con todo merecimiento la vela que corresponda.

Recién nombrado presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, hombre bienintencionado, de buena cabeza, comedido y cabal en sus manifestaciones, echó un buen capotazo al rey Juan Carlos cuando algunos comentaristas demasiado inquietos (y curiosamente monárquicos) pedían que abdicara en favor del Heredero de la Corona, tras el “tropezón” que supuso su cacería de elefantes en Botswana.

El quite de Romay a Su Majestad se resumía perfectamente en un subtítulo destacado de la entrevista que concedió al diario “ABC” (21/05/2012): “No hace falta hacer ninguna ley sobre la familia real. La Corona está muy bien”. Una encomiable sentencia política, que, no obstante, algunos analistas y muchos lectores del diario monárquico entendieron más como un deseo personal del declarante que como una verdad histórica.

Apenas dos meses más tarde, el pasado 7 de agosto, Romay volvió a posicionarse públicamente sobre otra cuestión capital, que hoy por hoy se desvanece con mayor evidencia y rapidez que la Monarquía: el Estado de las Autonomías. Y el caso es que, cuando Romay habla, Rajoy atiende. De hecho, todo el mundo que pinta algo en el PP sabe que si Rajoy tiene algún oráculo, ese es el actual presidente del Consejo de Estado, a quien ha venido encomendando supervisar los temas internos del partido más delicados, incluida su polémica tesorería tras haber quedado en entredicho con el “caso Gürtel”.

Por eso, el hecho de que Romay se haya pronunciado sobre el desastre autonómico justo en este angustioso momento, no deja de ser significativo. El Estado Mayor del PP le escucha como el jefe sioux, “Caballo Loco”, escuchaba a “Manitú”, el dios de las praderas infinitas, antes de arremeter contra el general Custer (en realidad era teniente coronel) y masacrar al 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, bajo su mando en la batalla de Little Bighorn.

EL “COSTE INSOPORTABLE” DE LAS AUTONOMÍAS

Pues bien, el oráculo personal de Rajoy, el “Manitú” de las azules praderas populares, ha hablado alto y con cierta claridad en otra entrevista concedida a Europa Press (07/08/2012): “El desarrollo del Estado Autonómico coincidió también con años de abundancia. Y lo que entonces parecía que se podía, pues ahora nos damos cuenta de que nos hemos pasado y que seguramente también en el diseño del modelo organizativo del Estado autonómico ha habido un crecimiento organizativo y burocrático que ahora vemos que no se puede sostener, que no responde a un estudio muy riguroso de prioridades”.

Tras subrayar que el Estado de las Autonomías es “una conquista” y que ha ofrecido “cosas muy buenas”, Romay admitió por fin que, en él, no todo son “virtudes” y que en este momento es necesario “adelgazar sus estructuras”, un reto al que, en su opinión, quizás un tanto ingenua, ya se están aplicando las comunidades autónomas. En relación con el tema, concluyó: “Si tiene un coste insoportable, como el de la propia Administración central del Estado, tendremos que ajustar esos costes a nuestras posibilidades y tenemos que conseguirlo. Si fuimos capaces de hacer bien la primera parte, espero que seamos capaces de hacer bien esta segunda, que es adaptar eso a las posibilidades que tenga el país en estos momentos”.

En sus declaraciones a Europa Press, el presidente del Consejo de Estado también recordó una de las reflexiones del informe que este alto organismo consultivo elaboró en 2006 a petición del entonces presidente Rodríguez Zapatero y sobre algunos aspectos puntuales de una eventual reforma constitucional, en concreto la relativa a la conveniencia de fijar el techo de las competencias autonómicas. De hecho, el dictamen entendió ya hace seis años que todo el proceso de transferencias a las autonomías había que darlo “por concluido”, sugiriendo la derogación del apartado del artículo 150 de la Constitución que permite al Estado desprenderse de competencias exclusivas.

Sobre esta delicada cuestión, Romay matizó: “El Consejo de Estado cree que eso ya hay que darlo por concluido y evitar al Estado el acoso permanente que puede dar lugar el hecho de tener ese portillo abierto para más transferencias”. A continuación añadió que el órgano consultivo había dejado clara en su informe la preocupación de que el Estado se “desapodere de más poderes y capacidades”, porque ahora lo que hace falta es que ese modelo “funcione armoniosamente” y que al Estado “no le falten los medios para ejercer sus funciones de garante de la solidaridad entre los españoles”.

Para  José Manuel Romay, las conclusiones expuestas por el Consejo de Estado en el dictamen requerido por el Gobierno socialista tienen validez permanente, pero advirtiendo que en este momento de crisis no hay “apremio especial” por parte de las autonomías para contar con más competencias, dado que éstas “tienen sus cargas”. Esta última valoración también puede pecar de ingenua, dado que precisamente la “huida hacia adelante” (o la técnica de “atacar para defender”) es una práctica proverbial en la política española.

Entonces, esta percepción de Romay sobre las actuales aspiraciones “periféricas” ¿es real o vuelve a confundirse con un deseo personal, como algunos percibieron en su valoración sobre la salud de la Corona? ¿Y por qué razón esa recomendación del Consejo de Estado sobre la necesidad de dar por cerradas las transferencias a las autonomías y de blindar las competencias estatales, lleva seis años olvidada por el PSOE (que encargó el dictamen) y el PP (que ahora se está comiendo el “marrón” del frangollo territorial)…?

Conociendo el paño de la política y como se las gasta su gente, puede que este reconocimiento del PP no constituya un acto de contrición perfecta, con verdadero propósito de enmienda, sobre su parte de culpa en el “exceso autonómico”, sino una leve atrición para salir del paso, considerando que es un pecado venial y que, en el fondo, se podría seguir con “más de lo mismo”. Un error que, en todo caso, tendrían que rectificar más temprano que tarde.

¿MORIRAN LAS AUTONOMÍAS CON LAS BOTAS PUESTAS…?

Las dudas sobre cualquier propósito de enmienda por parte de los actuales entes autonómicos es bastante razonable, teniendo en cuenta otras dos circunstancias: su comportamiento desde hace seis años, una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado y eclosionada ya la crisis por los cuatros costados, y la dependencia que tanto el PSOE como el PP tienen de sus “baronías” y “pesebres” territoriales. Desde que se hizo pública aquella opinión del organismo consultivo y hasta el día de hoy, los gobiernos autonómicos han venido pasando olímpicamente de la crisis, de la prudencia política y de la razón solidaria de España, abanderando impresentables deslealtades con el mismo Estado que les dio generosa carta de naturaleza.

Sin ir más lejos, aun en los últimos días, hemos podido saber que mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores clausuraba dos embajadas (en Yemen y Zimbabue) y tres consulados (uno en Marruecos y dos en Portugal) con el fin de racionalizar el gasto, algunas comunidades autónomas se resisten a reducir drásticamente sus oficinas de representación exterior. Frente a las 118 embajadas de España (ahora 116), el pasado mes de marzo todavía pervivían nada menos que 166 “embajadas autonómicas” después de haber suprimido otras 26, con Cataluña ostentando el record de 65 instaladas en 31 países. Bien expresiva al respecto, una mini-editorial de “El Mundo” (06/08/2012) decía: “… Si ni siquiera la situación de emergencia nacional que afronta el país obliga a redimensionar ese entramado, nacido al calor de las veleidades nacionalistas, difícilmente podrá hacerse ya en el futuro”.

No menos significativo al caso, es que, mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba a principios del pasado mes de julio la desaparición de 80 empresas o fundaciones públicas de titularidad estatal, las 17 comunidades autónomas en bloque ignoraban su llamamiento para hacer lo propio con las casi 4.000 entidades del mismo tipo dependientes de sus respectivos virreinatos. Y ¿cómo se sostiene que, aun hoy, no se hayan desmantelado siquiera las empresas públicas y fundaciones montadas sin necesidad cierta por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con déficit presupuestario que gobierna el propio PP…?

¿Y cómo se puede entender que en la actual situación de descalabro nacional una dirigente del PP como la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, convenga en mantener el sistema comarcal de su comunidad, con 32 consejos y gobiernos inoperantes, sólo para que su socio político, el PAR, siga empesebrando en ellos a 800 militantes…?

Pero las deslealtades de los gobiernos autonómicos y sus destructivas posiciones numantinas, van mucho más allá. Algunos otros políticos, electos pero verdaderamente impresentables, amenazan la estabilidad del Estado sublevándose contra las directrices de política económica y de control del despilfarro público. Ese es el caso del boicot a los planes del Gobierno para controlar el déficit que plantean los presidentes de la Generalitat de Catalunya, el provocador Artur Mas, y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, jefe político de los chorizos de los EREs fraudulentos y consocio de los rateros asaltantes de supermercados en la gobernación autonómica.

Otros políticos periféricos, como el presidente de Canarias, Paulino Rivero, simplemente llevan sus amenazas a extremos de verdadera paranoia (“El Mundo” 06/08/2012): “Todos aquellos que aplauden al Gobierno por la supuesta audacia de los recortes están poniendo en la picota un modelo que ha costado muchos años levantar, que arrastrará a la marginalidad a un gran número de familias y que nos va a retrotraer 30 años”.

Una posición “revoltosa” que, claro está, olvida decisiones de despilfarro propio como la creación de una innecesaria Policía Canaria (a la que por cierto no recurre para detener a los pirómanos locales, exigiendo que lo haga la Guardia Civil estatal), la propagandista Televisión Canaria, el desastre de su monumental “burbuja inmobiliaria” o su cuota de infraestructuras faraónicas inútiles. Y que también oculta su absurda oposición a las prospecciones petrolíferas situadas a 60 kilómetros de sus costas, que de ser exitosas supondrían una inversión superior a los 12.000 millones de euros, la creación de 5.000 puestos de trabajo nuevos y una producción de crudo que conllevaría más de 3.000 millones de ingresos fiscales para el Gobierno de Canarias (el 30 por 100 de su presupuesto)…

Pero el cerrilismo autonómico no sólo se acompaña de derroches sin cuento, reclamaciones absurdas, pesebrismos políticos intolerables y vías ilimitadas de corrupción. Una de sus características más notable es la incapacidad general de gestionar su propio territorio y los presupuestos afectos con un mínimo de rigor y eficiencia, contrariando intereses y necesidades de los administrados tan vitales como la defensa del medioambiente (incluida la lucha contra los incendios forestales), la sostenibilidad del sistema sanitario y del educativo, la asistencia social, la promoción del empleo y el desarrollo económico…

Compitiendo absurdamente con otras administraciones (central y local) e intentando abarcarlo y duplicarlo o triplicarlo todo, las autonomías hacen mal casi todo. Sin especulaciones inmobiliarias, cajas de ahorro ni ideas sustitutivas que llevarse a la boca o al bolsillo, lo comprobado es que las taifas autonómicas carecen del management de gestión adecuado para convertirse en los mini-estados que sus líderes más provincianos quieren gobernar como fincas propias.

La inteligencia humana y la capacidad y disposición personal hacia el servicio público, deben derivar (y derivan) por cauces muy distintos a los de la pequeña política, que es la de las autonomías, convertidas en predios caciquiles envenenados y liderados por castas partidistas de quinto nivel. Un sistema sustentado por gentes y políticas de ambición mezquina, sin proyecto de Estado, que se asfixian en sí mismas.

Esa triste realidad es la que lleva a preguntarnos si las autonomías morirán o no “con las botas puestas”, como murió el 7º de Caballería en Little Bighorn, a manos de los guerreros de varias tribus indias comandados por “Caballo Loco” (Montana, 1876). En aquella situación, este sencillo jefe sioux tuvo bien poco que hacer para vencer a Custer (la verdad es que fue un militar cuestionado por politiquero): sólo dejar que el irracional y soberbio temperamento del “rostro pálido de largas cabelleras” le llevara a una muerte anunciado por el penoso planteamiento de su última batalla, dividiendo sus fuerzas y desoyendo el sensato consejo de sus compañeros de armas.

Lo inevitable es que el Estado de las Autonomías morirá más pronto que tarde, por fas o por nefas, y quizás lamentablemente masacrado como las tropas de Custer. Entre otras razones porque, aparte de la escasa capacidad y visión de sus valedores más conspicuos, también es un invento político mal planteado, divisionista y sin posible recorrido en el mundo actual, y menos todavía en el que se avecina.

De hecho, lo procedente sería acabar con las autonomías mediante una eutanasia política consensuada por los partidos mayoritarios, PSOE y PP, sin mayores torturas ni sufrimientos inútiles y evitando con ello una masacre similar a la de Little Bighorn. Pero para eso hace falta una inteligencia y una grandeza de miras que la actual clase política no tiene ni por asomo.

RAJOY, ENTRE “CABALLO LOCO” Y EL GENERAL CUSTER

La película dirigida por Raoul Walsh y protagonizada por Errol Flynn que hemos introducido en nuestros comentarios, “Murieron con las botas puestas”, permite hilar en efecto ciertas similitudes con la actual situación de las autonomías, aunque sean de interpretación variable.

¿Esta emotiva y alocada leyenda cinematográfica es comparable con el Estado de las Autonomías como leyenda histórica? Posiblemente sí; en ambas se confunden la idealidad y la realidad y ambas enmascaran a héroes y villanos en un contexto de intereses políticos y económicos oscuros, bajo amenazas de sangrientas violencias.

¿Representa la actual crisis económica el “Little Bighorn” del Estado de las Autonomías? Bien pudiera ser; sobre todo si éstas no cantan un mea culpa y rectifican su política ramplona y pesebrera de forma urgente, antes de que se consume el segundo rescate del país que tenemos a la vista.

¿La racionalidad guerrera de “Caballo Loco” (que supo aunar bajo su mando a todas las tribus indias del territorio) y la frialdad con la que cortaba las cabelleras de sus enemigos, es comparable a la actitud de los mercados frente al déficit público, el despilfarro autonómico y la sin razón de su existencia? Desde luego que sí.

¿Custer iba, como han ido las autonomías, exclusivamente “a lo suyo” (en busca de la gloria y el beneficio particular), despreciando intereses superiores? Por supuesto; incluyendo su propia masacre de indios en el río Washita y de sacrificar antes de forma gratuita, en la batalla de Hanover de la guerra de Secesión, todo un cuerpo de élite: la Brigada de Michigan…

¿Y qué papel tendría que jugar Rajoy en este simulacro comparativo? ¿El de “Caballo Loco”, que arregló dignamente su propia cuenta con la historia, o el del “general Custer”, que finalmente murió con sus botas de teniente coronel puestas y embarradas, con su preciosa cabellera arrancada y con más pena que gloria…?

Pero entre las dos opciones del presidente Rajoy para afrontar la batalla de la crisis económica (su personal Little Bighorn), ganarla sin piedad como “Caballo Loco” o sucumbir masacrado como Custer, porque él es quien se enfrenta directamente al problema y quien dispone de los medios para resolverlo, también cabría una postura inteligentemente disuasoria de males mayores. La de las medidas inmediatas que despoliticen las instituciones públicas, saneen el mal funcionamiento de los partidos políticos y repongan en todas sus vertientes la legitimidad del sistema democrático, calmando a los mercados que financian la deuda soberana y extirpando de raíz toda la podredumbre que hoy envuelve nuestro sistema de convivencia.

Una decisión que bien podría inspirarse en el diálogo previo a la escena de la batalla final de nuestra epopeya-guía. Cuando el perverso Sharp pregunta nervioso y temeroso a Custer “¿A dónde va el Regimiento?”, éste le responde: “Al infierno o a la Gloria. Es cuestión de puntos de vista…”.

Pues eso, que Rajoy se aplique el cuento, que ya es mayorcito.

Anticipábamos en nuestra anterior Newsletter que en esta íbamos a tratar con cierto detenimiento la Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN 2012), presentada públicamente el pasado 1 de agosto por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, con una parafernalia mediática a nuestro entender poco oportuna y hasta temeraria (caso de que los periodistas presentes hubieran sabido verdaderamente de que iba el tema y se atrevieran a preguntar lo que debían preguntar). Dentro de la estrategia informativa desarrollada por Morenés, el día anterior ya se difundió la noticia de que la DDN 2012 había sido ratificada por el Consejo de Defensa Nacional, en sesión presidida por Su Majestad el Rey.

El anuncio realizado por elespiadigital.com de prestar atención monográfica a la DDN, se justificaba porque una primera valoración de su contenido, de la forma de publicitarlo y de sus excesos y carencias más visibles, recogía incoherencias y discapacidades preocupantes.

UNA DDN (O LO QUE SEA), DE VERGÜENZA AJENA

Para empezar, estamos de acuerdo con el análisis temprano realizado al respecto por el teniente general Pitarch en el artículo de su blog titulado con cierta ironía “Directiva Descuidada Nacional (DDN)” (03/08/2012), accesible desde esta web. Lo primero que llama su atención, y con razón, es el slogan (“POR UNA DEFENSA NECESARIA, POR UNA DEFENSA RESPONSABLE”) con el que, de forma ciertamente gratuita y hasta empalagosa, se publicita un documento en parte doctrinal pero esencialmente ejecutivo, como [debería ser] el de marras, algo sin precedentes en las anteriores DDNs.

Ahora, según está planteada por el Gobierno en la nueva DDN, la “defensa necesaria” no es precisamente una “defensa responsable”, sino más bien bastante “irresponsable”.

También acierta Pitarch cuando, después de prescindir de todo el adorno literario de la DDN 2012, a veces farragoso y a veces etéreo, afirma que el posible “magro” se limita prácticamente a las cinco “Directrices a seguir en la presente Legislatura” (apartado 4), recogidas en apenas dos folios, de los diez que abarca el documento. Sobre ellas cabe añadir que no pasan de conformar un cuadro de aspiraciones inconcretas, sin la menor precisión ni cuantificación, carentes de sentido específico y que, como “instrucciones” o normas prácticas para la ejecución de algo, que es lo que deberían ser, constituyen una auténtica tomadura de pelo (en archivos pdf se adjuntan las DDNs 2012, 2008 y 2004).

Pero es que, además, el documento confunde en su apartado 3 lo que de hecho son “líneas generales de la política de defensa” con algo en esencia muy distinto y que en la DDN brillan por su ausencia: los “objetivos” de la política de defensa. Claro está que eso es lo de menos, porque el documento (difuso y superfluamente profuso) es infumable en cada una de sus partes y, todavía más, en su conjunto, hasta el punto de desacreditar seriamente al Consejo de Defensa Nacional que se ha atrevido a ratificarlo, con el Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas a la cabeza.

En cualquier caso, Pitarch desbroza un poco más el bodrio en cuestión y apuntala su análisis con tres párrafos bien expresivos:

Entrando más al fondo, se encuentra un lenguaje a veces poco pulido y un mensaje con frecuencia incoherente. No faltan grandilocuentes formulaciones: “garantizar la seguridad de los españoles es una responsabilidad y obligación inalienable, intransferible e irrenunciable del Gobierno de la nación”, o “asegurar una España fuerte”, o la necesidad de contar con un “instrumento preparado y adaptado para dar respuesta a las posibles amenazas, riesgos y retos que se puedan llegar a presentar”. A ello se junta la mención de nuevos riesgos y/o amenazas (a veces de difícil identificación) que se añaden a los hasta ahora existentes y que no han desaparecido. No hay relación lógica entre lo que se proclama y lo que lo sustenta: el presupuesto de gastos de defensa para 2012. Es una situación muy incoherente e inestable porque la Fuerza --como ya se ha dicho tantas veces en este blog-- adolece de falta de preparación para el cumplimiento de su misión. Y --añado--, cuanto más tiempo se prolongue esta situación, más difícil y costosa resultará salir de ella.

Una mera aproximación al escenario de los “deseos” que se han descrito al comienzo del párrafo anterior, demandaría no solo no recortar sino incrementar sustancialmente la actual dotación presupuestaria de Defensa. Y no creo que esa sea la intención del Sr. Rajoy. Un ejemplo paradigmático de todo este lío se encuentra en el último párrafo del apartado 2 de la Directiva que es, supuestamente, la conclusión de la repercusión para España de la evolución del panorama estratégico. Depurando tal párrafo --para no perder al lector--, se afirma (sin ambigüedad en este caso) que “España debe garantizar la seguridad de las materias primas que sostienen su forma de vida, frente a las amenazas que se ciernan”. ¡Vaya tela!, diría un sevillano. Porque esa garantía exige, entre otras cosas, un nivel de ambición y el consiguiente objetivo de fuerza aeronaval que ni con diez veces el presupuesto actual se conseguiría. Veremos qué arte se da el JEMAD para desarrollar esa exigencia en el subsiguiente planeamiento militar. A lo mejor esta es la razón (con perdón) por la que el presidente del gobierno no ha (potencialmente) firmado la DDN 2012.

Pero quizás lo más grave, desde el punto de vista de organización conceptual del documento, se dé en el fundamental campo de los objetivos, que supuestamente deberían figurar en el apartado 3 de la Directiva. Simplemente, no se identifican cuando, por definición, deberían ser elementos concretos perfectamente identificables más allá de dudas e interpretaciones. Porque su consecución permite obtener las finalidades pretendidas por quien los fija. Además son puntos focales, puntos de convergencia, de todos los esfuerzos de la defensa nacional. Se podría así afirmar que lo más original de la DDN 2012 es no marcar objetivos. En su lugar, en el apartado correspondiente, el documento habla de tres rasgos esenciales de nuestra seguridad: el incremento de la inestabilidad en nuestro entorno cercano, la búsqueda de un vínculo transatlántico más sólido (¿OTAN/EE UU/bilateral?) y el impacto negativo de la crisis económica en nuestras propias capacidades defensivas y la disminución del paraguas colectivo. Y se remata el fiasco con unas líneas generales de la política de defensa. Pero, ¿dónde están los objetivos?, me preguntaba hace unas horas un almirante, quien --me confesaba-- que lo que más le molestaba de esta DDN era pasar vergüenza ajena, al pensar que la iban a leer sus homólogos de París, Berlín o Washington.

Pero, siendo cierto todo lo escrito sobre la DDN 2012 por el general Pitarch, quien entre otras cosas ha sido director general de Política de Defensa, ¿cómo se puede entender tanta desidia y chafarrinada gubernamental en un tema tan trascendente como el que nos ocupa? Y, aun más, ¿como es posible que el ministro Morenés se atreva a resumir la supuesta importancia de la DDN 2012 nada menos que con el lema “No se puede improvisar la seguridad”, como hizo en su presentación pública? ¿Acaso puede existir mayor improvisación que la que se deriva inexorablemente del documento en cuestión?

El esperpento documental y mediático al que se ha llegado con la DDN 2012, sólo se puede entender por el desinterés tradicional del PP en la política de defensa y por el menosprecio que, en el fondo, sus dirigentes (no sus bases) siempre ha mostrado hacia la institución militar. De hecho, sólo han entendido la defensa nacional como ariete coyuntural contra el PSOE y al servicio de intereses económicos e industriales ajenos a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas.

El artículo 6.3, apartado a), de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, establece una responsabilidad concreta y específica del Presidente del Gobierno: “Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo”. Pero es evidente que Rajoy no está por la tarea, ni tampoco se espera que lo esté, siquiera para hacer el paripé y cubrir de forma razonable el expediente de presidente patriótico, que es como seguramente le querrían ver muchos militantes del PP. 

De hecho, como también ha señalado con perspicacia el general Pitarch, el presidente del Gobierno no se ha dignado fechar ni firmar la DDN 2012 publicitada de forma oficial, como hicieron quienes le han precedido en el cargo. Pitarch barrunta igualmente, y cualquiera puede tener la misma duda razonable, que quizás existan dos versiones escritas distintas de la DDN 2012: la del bodrio conocido públicamente y otra algo más profesional y reservada…

MORENÉS RELATA A LA PRENSA LOS ADORNOS DE LA DDN,

SIN NADA QUE VER CON SUS DIRECTRICES OPERATIVAS

Que la DDN 2012 oficial se ha convertido en una mera formalidad vacua para cubrir malamente el expediente normativo, también ha quedado patente en la presentación a los medios informativos realizada por Morenés, que, como un “cuentacuentos” de lujo, reinterpretó el “sin contenido” del documento ofreciendo una versión de nuestra defensa nacional grandilocuente, falsa y de por sí absurda. La realidad es que las “directrices” literales de la DDN 2012, que según dicho documento tienen la finalidad de cumplir las líneas generales de la política de defensa (arbitrariamente convertidas en “objetivos” inconcretos), no se corresponden para nada con lo que los periodistas han escrito sobre el tema, en línea con los adornos expuestos por el ministro de Defensa.

De hecho, en su comparecencia para presentar la DDN 2012 (“La Razón” 02/08/2012), el ministro Morenés subrayó que la principal preocupación para la seguridad de España, o sea la principal “amenaza”, se centra en el norte de África. Según expuso, la “Primavera Árabe” conformó, sobre todo tras la guerra en Libia, un escenario colateral que ha despertado un “monstruo” a escasos kilómetros de nuestra frontera sur, en el Sahel (en realidad es un área que se encuentra por debajo de Marruecos, Túnez y Argelia).

En esa zona desértica, y en países como Mali, Mauritania o Níger, campan a sus anchas no sólo bandidos de toda índole, mafias y tribus que luchan por hacerse con el control de la zona, sino movimientos relacionados con Al Qaeda, que en una región de gobiernos débiles y permanente inestabilidad pueden, en opinión de Morenés, afectar a España de muy diversas formas. Sin embargo, en el texto ejecutivo de la DDN 2012 (las directrices a seguir en la presente legislatura), nada se dice en concreto sobre esas amenazas, ni se menciona para nada a ninguno de los países que citó ante los periodistas, recogidos en sus respectivos medios informativos; y menos aún sobre Ceuta y Melilla, donde la presencia de yihadistas activos está perfectamente documentada.

El segundo punto de preocupación para Morenés (la segunda “amenaza”), es Oriente Medio, ahora sobrecargado por la situación en Siria. Pero, “más cerca de nuestras fronteras” (sic), el ministro de Defensa también presentó como riesgo para nuestra seguridad el Golfo de Guinea, donde la creciente presión de traficantes de droga, armas y personas, y la mayor presencia de piratas, hacen temer que se produzca una situación similar a la de Somalia (situada en la costa opuesta de África), con la posibilidad de que Canarias, que también en su opinión “está a un paso de aquella zona”, se convierta en destino de tan graves males. Por último, el narcotráfico y el terrorismo afincados en Iberoamérica, entorno de especial interés para España, y el viraje de la política de Estados Unidos hacia Asia y el Pacífico, entran igualmente en la lista de preocupaciones fundamentales para el Gobierno de Rajoy, en palabras de su ministro de Defensa (¡ahí es nada!).

Pero es que, de nuevo, esos referentes concretos de amenazas y/o riesgos potenciales, carecen de cualquier correspondencia precisa en las “directrices” de la DDN 2012. Curiosamente, en ellas tampoco se dice nada de la emigración irregular endosada a España desde países mucho más próximos, como Marruecos o Mauritania, ni del contrabando de drogas que también tiene su origen en el Magreb y Latinoamérica.

La vaguedad descriptiva en torno a las “amenazas no compartidas” es tan absurda como inoperante, si no se explicitan al menos con quien o quienes no se comparten, por qué razón y con qué consecuencias; es decir cuáles son exactamente esas amenazas. Porque si en el fondo se identifican con la situación de Ceuta y Melilla, cuya defensa no está cubierta por el paraguas de la Alianza Atlántica, debe decirse con claridad, incorporando entonces a la DDN 2012 las “directrices” más adecuadas y oportunas al respecto, sin divagaciones ni complejos diplomáticos, desterrados en la política exterior y de defensa prácticamente de todos los países con los que estamos aliados, mucho más eficaz que la nuestra.

Con el lenguaje ambiguo y los adornos literarios utilizado en la nueva DDN, uno se puede preguntar también si su referencia a la “crisis económica”, de la que algo diremos más adelante, o las declaraciones soberanistas que proliferan en algunas comunidades autónomas, se corresponden o no con ese tipo de “amenazas no compartidas”.

Pero, ¿a santo de qué vienen esas perífrasis y tanta reinterpretación de lo poco que como Directiva de Defensa Nacional, es decir como “Plan de Acción”, ha quedado escrito en negro sobre blanco? ¿Por qué esta diferencia sustancial entre las escasas “directrices” ciertas (volátiles y cuando menos imprecisas) y los adornos dispersantes exhibidos por Morenés, casi con alcance cosmogónico?

La consecuencia del caso es que algunos medios informativos concluyen que la DDN 2012 comporta básicamente un “repliegue defensivo” y “rezuma desinterés por Europa y el multilateralismo” (Editorial de “El País” 07/08/2012), por ejemplo, mientras otros (ateneadigital.es 01/08/2012) cubren al ministro Morenés con párrafos que señalan en dirección distinta, como este:

“La Seguridad en España empieza mucho más lejos que hace diez años”, reconoció Morenés, que insistió en que España “tiene que estar en el mundo” y la “responsabilidad de contribuir a un mundo estable”, por lo que la seguridad no se puede improvisar. “No podemos ser irresponsables o el eslabón más débil de la cadena de generación de estabilidad del mundo”, dijo.

Por su parte, el PSOE ve la DDN 2012 como “regresiva”, al poner en su opinión el énfasis en Ceuta, aunque la única “directriz” de posible consideración a ese efecto sea la 4.2, con solo una referencia genérica a “defender el territorio nacional”. Al mismo tiempo, el general Jorge Ortega, siempre dispuesto a escribir “a favor de aguas”, define el mismo y casi invisible contenido de la DDN 2012 como “gratamente sorprendente” (Blog “Riendas Cortas” 06/08/2012), añadiendo además una petición en verdad ingenua a estas alturas de la historia:

… Tras nuestro decidido apoyo al escudo antimisiles en la base de Rota, y nuestro esfuerzo en Afganistán, ¿aún no parece llegado el momento de presionar en Bruselas y exigir a la Alianza la cobertura de Ceuta y Melilla dentro del paraguas del artículo 5? ¿O es que resulta más importante para la OTAN lo que ocurre en Afganistán que la seguridad de una parte del territorio nacional de uno de sus socios? 

Con lo dicho, no parece que sea necesario traer a colación más citas ni sostener mayores argumentos sobre la irresponsable redacción de la DDN 2012 y el desbarajuste interpretativo que ha provocado. Por sí sola se define como un bodrio político total,  de primera magnitud.

Quizás, el Gobierno de Rajoy, motu proprio o por consejo del CNI, haya querido disponer de una DDN 2012 expresamente inconcreta, a modo de “cheque en blanco” para hacer y deshacer al caso lo que le venga en gana, como suele convenir a la clase política. Pero dejar ver las cosas con tanta crudeza en un Estado que se reputa “social y democrático de Derecho” sería demasiado fuerte, por lo que el sabio Rajoy y sus acólitos de Presidencia habrían preferido ofrecer a los “chicos de la prensa” (que lamentablemente hoy por hoy es lo que son) una versión de la DDN bien maquillada en boca de Morenés, casi imperial y propia de una gran potencia que no es España, resguardando en el “documento expreso” su absoluta libertad de acción y su falta de compromiso.

¿LE HACE EL CNI LOS DEBERES AL GOBIERNO?

Así, la diferencia interesada entre el documento “publico” y lo “publicado” sobre el mismo, se convertiría en un paradigma más de la manipulación informativa. Una maniobra política muy a desmano del Ministerio de Defensa y que, entonces, habría que situar cerca del Servicio de Inteligencia, posible y probable redactor oculto de la DDN de marras y sus precedentes; todas redactadas con el mismo estilo y retocadas con un característico “corta y pega” de andar por casa (o mejor dicho por “La Casa”), dicho sea con todo respeto.

La tesis de que el CNI ha sido el redactor de la DDN 2012, y también de las anteriores, toma cuerpo ahora con la novedosa advertencia, nada menos que en el primer párrafo del documento, de que la crisis económica “también actúa como una amenaza a la seguridad”. Esta es una señal emitida claramente por el Servicio de Inteligencia, cuyo máximo responsable, Félix Sanz, viene presentando desde hace tiempo el ámbito económico como escenario estrella de su actividad, quizás porque con este “descubrimiento” (que no es gran cosa pero que le ha servido para engatusar a la vicepresidenta del Gobierno de la que depende) pretenda compensar el terreno de sus competencias más genuinas perdido por la nueva realidad histórica, o arrebatado por otros organismos de Seguridad Nacional integrados también en la Comunidad de Inteligencia.

Curiosamente, con esa corta y única referencia a la amenaza de la “crisis económica”, algún medio informativo fue algo más allá, apoyado en una noticia de la agencia oficial (EFE), emitida a raíz de que el Consejo de Defensa Nacional ratificara la DDN 2012 y antes de su presentación pública. Así, “Intereconomía” (01/08/2012), tras el título “La nueva Directiva de Defensa focalizará por primera vez la atención del Estado en las amenazas financieras”, sacaba la siguiente punta del tema:

… La mayor novedad de este documento, que servirá de referencia al Gobierno a la hora de marcar las prioridades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los próximos años, será la consideración, por primera vez, de las amenazas económicas, incluidas las derivadas de la grave crisis que atraviesa España, como un riesgo de primer orden para la integridad del país. Los problemas financieros, que ya han provocado la creación de una división en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dedicada en exclusiva a combatir sus efectos, serán considerados oficialmente a partir de ahora una amenaza para España, que se unirá al resto de riesgos.

Claro está que, con lo escrito, lo que cada uno pueda suponer, supuesto queda (aunque lamentablemente no todos supondrán con acierto). Pero lo seguro y evidente es que la DDN 2012 no tiene desarrollo razonable, como tantas cosas mal cocinadas en el Ministerio de Defensa (la carrera militar, los derechos constitucionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, sus propias dotaciones materiales, la cultura de defensa…).

En realidad, la DDN 2012 parece una hija no deseada, espuria y alumbrada con fórceps, sólo para cubrir a regañadientes un trámite molesto que no sirve para nada: un “paquete” para el que realmente no hacen falta alforjas.

En definitiva, se trata de un documento en el que el CNI, su eventual redactor, ha ido “a lo suyo”, sin mayor sentido de la racionalidad ni de la precariedad en la que, hoy por hoy, se encuentran inmersas las Fuerzas Armadas. Un frangollo de marca mayor, en gran parte resultado de la deplorable legislación. Organización y terminología afectas al sistema de defensa nacional y por la forma en la que sus responsables confunden aspiraciones, fines, objetivos, medios y responsabilidades.

LA BROMA DE LA NUEVA “AMENAZA ECONÓMICA”

Tampoco deja de llamar la atención el hecho de que, una vez consagrada la “amenaza económica” como nuevo elemento de interés prioritario para la seguridad nacional, las directrices de la DDN 2012 para la presente legislatura no recojan la más mínima actuación al respecto. Quizás porque, identificándose básicamente el riesgo con los políticos “salteadores” de las cajas de ahorros y con los que desde su responsabilidad de gobierno dilapidan el dinero público, las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Inteligencia en pleno, tendrían que dedicarse a su puntual aniquilación.

Una exigencia interesante, porque con una nueva división del CNI dedicada al tema en exclusiva, con sus sistemas avanzados de interceptación de las comunicaciones, su enorme capacidad para adquirir información y analizarla y su impunidad operativa (“secreta”), desenmascarar a los delincuentes de turno en activo y evitar al país los desagradables tragos de mayores rescates económicos, sería cosa poco menos que de “coser y cantar”. La sociedad española en su conjunto, incluida la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Judicatura (que entonces podrían dedicarse a otras tareas como redactar las DDNs y dirigir la defensa nacional, por ejemplo), se lo agradecerían sinceramente, aunque no tanto los miembros de la clase políticos en su caso afectados, detenidos y enjuiciados.

Pero, lo más absurdo y ridículo del tema es que, además, la DDN 2012, incluso en la mínima expresión del cuento relatado a los periodistas por Morenés, es inabordable con la dotación presupuestaria del ministerio que regenta. El Objetivo de Fuerza Conjunto (OFC), que debería derivarse de la DDN, será pura fantasía y el subsiguiente Plan Estratégico Conjunto (PEC), el hazmerreír de medio mundo.

Claro está que al tándem “P&P” (Pedro Morenés y Pedro Argüelles) siempre le quedará la baza del tonto Abundio: vender el armamento para comprar la munición.

ANEXOS:

DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2012

DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2008

DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2004

Puede que la reciente inmersión mediática del ministro de Defensa, Pedro Morenés, esté obligada por la valoración negativa de su gestión recogida en el estudio demoscópico sobre “Emergencia Económica” realizado por Sigma Dos para “El Mundo” (23/07/2012), que le adjudica un suspenso de 3,35 puntos sobre 10, empeorado sólo por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, suspendido con 2,86 puntos. Y porque, además, otro sondeo de opinión, el realizado por Metroscopia para “El País” (29/07/2012), indica que su persona y labor política solo es conocida por el 24 por 100 de los ciudadanos; es decir, que es el miembro del Consejo de Ministros con menor afección social, a pesar de que sus predecesores en el cargo, Carme Chacón y José Bono, llegaron en su momento a ser los más identificados por la opinión pública y calificados con la mejor valoración.

Esta situación personal es comprensible, porque durante los primeros siete meses de su gestión al frente de la Defensa Nacional, Morenés se ha dedicado casi de forma exclusiva a “papar moscas”, apuntándose tantos bien facilones. Por ejemplo, pensar y repensar cómo y cuando renovaba la cúpula de los tres ejércitos (manteniéndolos en un impasse absurdo con absurdos argumentos de “despolitización”); reducir los ya escasos medios materiales de las Fuerzas Armadas y desmantelar sus plantillas sin criterios de proporcionalidad entre funciones y ejércitos; recortar los ranchos de los efectivos restantes; eliminar las exhibiciones patrióticas de la “Patrulla Águila”, aduciendo ahorros de combustible casi miserables; autorizar, por contra, presupuestos millonarios para revisar los aviones VIP de uso gubernamental (hasta 73,5 millones de euros); gestionar de la peor forma posible el inmenso patrimonio inmobiliario de Defensa; pasear la Unidad Militar de Emergencias (UME) sin éxito probado en la lucha contra los incendios forestales veraniegos, que están siendo los más devastadores desde su creación… y otras muchas cosas de similar efecto e inteligencia.

Pero, fustigado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que espabilase en el trabajo y que su equipo dejara el “pelotón de los torpes” dentro del gobierno de Rajoy, Morenés decidió aparecer con más peso en el plano informativo. Lo malo es que en este salto al protagonismo público, no ha elegido el trampolín más adecuado, y que, cuando la materia informativa era algo menos controvertida, la ha expuesto de forma errada.

REPRESENTANTE COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA

Así, con todos los problemas acumulados en su ministerio, Morenés acaba de sorprender a la opinión pública ejerciendo como jefe de ventas de General Dynamics (European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas) y KraussMaffei (la primera es una empresa estadounidense y la segunda alemana), trabajando para ellas una posible compraventa de carros de combate “Leopard” por parte de Arabia Saudí.

Pero ¿se trata acaso de endosar a dicho país algún excedente del Ejército de Tierra español con el que equilibrar su deteriorada economía? Parece que ese no sería el caso, dado que no se conocen precedentes de que tan prepotente comprador, que es el primer exportador de petróleo y el líder en el cártel de la OPEP, haya adquirido jamás material militar de segunda mano.

El ministro español de Defensa comenzó la semana entrevistándose con su homólogo alemán, Thomas de Maiziére, entre otras cosas para hablar de ese importante pedido de carros de combate, por el que pugnan las citadas compañías, aunque la licencia de fabricación sea propiedad de la alemana KraussMaffei, pretendiendo que se realizara una propuesta compartida que, a la postre, sería una oferta germano-estadounidense, es decir, de interés sobre todo para el accionariado de las empresas fabricantes. Pero, metido en camisas de once varas de forma ciertamente escandalosa, Morenés también se atrevió a negar que los “Leopard” de marras puedan usarse “para reprimir manifestaciones” (“El País” 31/07/2012), dicho no sabemos con qué autoridad técnica, política o moral.

Su argumento declarado para operar como estricto agente de ventas, y no como ministro de Defensa, fue que “todos estamos intentando ayudar a nuestra industria”, hablando por boca de una empresa extranjera (General Dynamics) a la que el Gobierno de Aznar malvendió la antigua Empresa Nacional Santa Bárbara de forma más que cuestionable. Pero, puestos a apoyar esos supuestos intereses de “nuestra industria” (privada), en todo caso habría sido más procedente que lo hiciera José Manuel Soria, ministro titular de Industria, Energía y Turismo.

Que el ministro de Defensa está para otras cosas, es evidente. Pero, no le es menos que la escuela de Eduardo Serra, criado a la sombra de la industria internacional de defensa y siempre interesado en los grandes programas de adquisiciones,  proyecta sus sombras de forma bien alargada, incluso sobre el equipo “P&P” (Pedro Morenés y Pedro Argüelles) del que ha sido mentor político. Y también sobre la reorganización de las empresas del sector ya anunciada por sus antiguos pupilos (con fusiones y adquisiciones de especial interés), y que, sin entrar ahora a discutir su conveniencia, no dejaría de competer también al Ministerio de Industria, menos contaminado por los “conseguidores” al uso.

Lo curioso del caso es que cuando José Bono ejerció como vendedor de material militar ante el gobierno bolivariano de Hugo Chávez, no dejó de ser despellejado por el propio PP, entonces en la oposición, aunque obrara a favor de una empresa española y pública como Navantia.

Sabido es que la industria de defensa rezuma y huele a comisiones por los cuatro costados, razón por la que los políticos inteligentes, y sobre todo los honestos, no se suelen mezclar en sus actividades comerciales. Además, puestos a tener que apoyar las exportaciones del sector, siempre que fueran de interés público en vez del privado, lo mejor sería encargárselo directamente a Su Majestad el Rey, cuya valía en ese singular menester ya ha sido acreditada de forma inestimable.

MORENÉS ENCUENTRA SUS PAPELES PERDIDOS… EN MALÍ

Mientras el Gobierno se desploma, desmantelando de paso y en especial las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, quizás enredado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, parece entretener sus más perentorias obligaciones planeando juegos malabares... nada menos que en Malí.

De hecho, después de que las autoridades militares hayan declarado veladamente el estado comatoso del sistema de Defensa Nacional (a punto de quiebra funcional), razón por la que España aligera como puede sus costosos compromisos en misiones internacionales, Morenés da un paso al frente como paladín de causas ajenas y se muestra encantado de participar en una intervención en territorio maliense. Eso sí, aclarando que no será de forma “inmediata ni unilateral” y que sólo como último recurso tendría carácter militar (¡faltaría más!).

Ya hemos dejado constancia en una noticia confidencial de que este asunto tomó cuerpo y se publicitó después de que los dos cooperantes españoles secuestrados el 23 de octubre de 2011 en el campo de refugiados saharauis de Hassi Raduni (próximo a Tinduf), Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, fueran liberados en Malí, cerca de la ciudad de Gao, a unos 1.200 kilómetros de Bamako. Liberación en la que se incluyó a la cooperante italiana Rossella Urru.

Sin dar la menor explicación sobre las circunstancias del feliz hecho, García-Margallo ordenó la repatriación “voluntaria” e inmediata de todos los cooperantes españoles que trabajaban en los campos de refugiados saharauis de la zona de Tinduf, en el desierto argelino (los cooperantes de otras nacionalidades no recibieron la misma consigna). A continuación, el ministro Morenés sorprendió a la opinión pública española (y en parte también a la europea) anunciando su buena disposición para que España participe en una posible misión militar en Malí, seguramente liderada por Francia, país colonizador del territorio hasta 1960 y que ya tiene desplegado un destacamento operativo en Senegal.

La correlación entre ambas posturas ministeriales, evidencia que las mismas ocultan un trasfondo político no declarado. De hecho, Wily Meyer, antiguo portavoz de IU en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y actual eurodiputado por el mismo partido, buen conocedor de lo que acontece políticamente en el Magreb, ha achacado la repatriación de los cooperantes que trabajaban en los campos saharauis a “presiones de Marruecos”, con objeto de hacer ver que esta región es insegura, en precisa conexión con los secuestros perpetrados hace ya más de nueve meses en el campo de Hasssi Raduni.

Medios informados de la Inteligencia europea sostienen que la necesidad de estabilizar políticamente Malí responde al interés occidental de establecer una barrera de protección anti-yihadista remota sobre los recursos energéticos del Magreb (siempre subyace esta conveniencia), y de forma particular sobre los yacimientos petrolíferos emergentes en Marruecos, país cuyos principales aliados son Estados Unidos y Francia. Un escenario en el que los intereses directos de España se encuentran descolgados, e incluso relegados de forma sistemática por los aliados occidentales.

En cualquier caso, el Gobierno de España debería aclarar por qué razón ve más conveniente proyectar sus Fuerzas Armadas en Malí, antes que facilitar in situ a los cooperantes presentes en los campos de refugiados saharauis un mínimo apoyo de seguridad.

POTENCIAR EL CIFAS: OTRA DECISIÓN TORPEMENTE TARDÍA

En relación con ese mismo marco de decisiones estratégicas, el ministro de Defensa también filtró la noticia de que en la presente legislatura se potenciará el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Una necesidad más que evidente a la que tanto el PP como el PSOE se han venido mostrando torpemente remisos, sin duda en razón de la presión ejercida por el CNI (y antes por el CESID) para defender intereses y prevalencias de tipo corporativo poco presentables.

Bienvenida sea esta iniciativa, que ya recomendamos como necesaria y urgente en una de nuestras primeras Newsletters. Por su parte, Fernando J. Muniesa, miembro del Consejo Editorial de esta web, ha venido defendiendo contra viento y marea la potenciación del CIFAS desde que el PP comenzara a exigir una reforma radical del CESID (realmente inédita), todavía bajo la presidencia de Felipe González. De hecho, en el epílogo de su último ensayo (“El Archivo Amarillo – La cara oculta de los Servicios de Inteligencia”, Multimedia Militar, 2011), seguía insistiendo en la necesidadde suprimir la tutela limitadora del CIFAS ejercida por el CNI:

A pesar de su evidente necesidad, hoy por hoy el CIFAS no deja de ser una denominación semántica reflejada en el organigrama del Estado Mayor de la Defensa en su mínima expresión, dotado apenas con 160 efectivos humanos frente a los 3.500 con que cuenta el CNI, recursos técnicos y colaboradores aparte.

Estando el CIFAS integrado en la Comunidad de Inteligencia, y manteniendo un carácter complementario del CNI, que en todo caso supervisa el “Plan Conjunto de Inteligencia Militar”, dando las directrices que procedan a los efectos de coordinación y cooperación, nada impide potenciar su actividad, máxime cuando no comportaría coste de personal adicional, sino un simple reajuste de las plantillas existentes dentro de las Fuerzas Armadas. Ello supondría:

Por otra parte, en un pie de página afecto, señalaba:

Coincidiendo con la sustitución del general Miguel Romero por el vicealmirante Antonio Cuadrillero al frente del CIFAS, en marzo de 2011 el Ministerio de Defensa reconoció precisamente la necesidad de revisar su organización y sus ámbitos de actuación. Los objetivos básicos pretendidos con esta eventual y en todo caso tardía reforma del CIFAS, difundidos por la “Cadena SER” (06/03/2011), serían “evitar duplicidades con el CNI, centrar los esfuerzos de Inteligencia en operaciones como Afganistán y Líbano, elevar el grado de profesionalización del servicio y optimizar unos recursos cada vez más escasos”.

Esta misma web también publicó al inicio de su existencia una noticia titulada “Medios diplomáticos y órganos del planeamiento de la defensa, ven razonable una potenciación del CIFAS con trasvase de personal del CNI” (19/02/2011), que describía la realidad del caso.

Si Morenés quiere potenciar el CIFAS, cosa más que obligada, tendría que empezar por extraer el destino y el nombramiento de su Director del actual sistema de designación, de naturaleza coyuntural, estabilizando también mínimamente otros cargos sustanciales de su staff directivo. La dirección del CIFAS, como la del propio CNI, no puede ser un destino “de paso”, de entrar y salir a golpe de ascensos, y absurdamente rotatorio inter-ejércitos, como hasta ahora; ni, mucho menos, al que se pueda ir a aprender o a engordar el currículum para saltar al empleo superior: hay que saber lo que se hace de forma permanente y capitalizarlo en el tiempo, aunque al tándem “P&P” estas nimiedades le traigan sin cuidado.

LOS DEBERES “OLVIDADOS” DEL MINISTRO MORENÉS

Mientras el nuevo JEME, general Domínguez Buj, advierte por activa y por pasiva que el Ejército de Tierra esta en las últimas, y el ministro de Defensa toma carrerilla en temas que, como tal, no le incumben directamente, las Fuerzas Armadas padecen olvidos políticos y administrativos sustanciales pero fáciles de resolver y sin incidencia económica (o en todo caso evitando gastos innecesarios). Su debida atención demostraría, al menos, un cierto interés gubernamental por no enterrarlas de forma tan subrepticia como se está haciendo, y no solo en el aspecto económico o presupuestario.

Paréntesis: Desde el inicio de la crisis, sólo en el Ejército de Tierra, tradicionalmente el peor dotado de las Fuerzas Armadas, se han suprimido nada más y nada menos que 22.000 efectivos y 44 unidades, se han inmovilizado el 50 por 100 de los vehículos de combate y se han dado de baja materiales necesarios sin posibilidad de adquirir sustitutos… Si todos estos medios sobraban (que en modo alguno es así), mala cosa; y si no sobran (en realidad eran insuficientes), pues peor. Pero, ¿qué recortes se han realizado paralelamente en el ámbito de la política o, más fácil todavía, en el órgano central de la Defensa…?

En este punto, no vamos a reseñar la relación de asuntos “olvidados”, que es extensa y sustancial, pero sí que conviene recordar al ministro Morenés su pendiente responsabilidad de revisar en profundidad la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, objetivamente considerada como la mayor chapuza legislativa de la democracia. El daño que está causando a las Fuerzas Armadas, y en el fondo al propio sistema de Defensa Nacional, es inmenso, y tan evidente que ha sido públicamente reconocido por el Gobierno y el partido que lo sustenta.

Esta es una cuestión de Estado con aspectos y derivadas fundamentales para la Institución Militar y, a la postre, para el modelo constitucional de convivencia democrática. Si no se quiere ver así, será por ignorancia o ineficiencia política, sin excluir la prepotencia y la soberbia que siempre acompaña a nuestros ministros de Defensa, con muy pocas excepciones, como la de Julián García Vargas.

Tampoco se trata, ahora, de repasar puntualmente todos los aspectos mejorables de la ley en cuestión y del insostenible modelo de Fuerzas Armadas que ampara. Baste recordar al respecto la fuerte contestación que tuvo durante su tramitación parlamentaria, que derivó justamente en una aprobación sin consenso y en un descalabro administrativo, funcional y vocacional carente de precedentes en la España democrática.

Para empezar, el texto del proyecto de ley remitido en su momento al Congreso de los Diputados por el Gobierno del PSOE, que por su naturaleza era una norma jurídica básica, no se vio acompañado del preceptivo (aunque no vinculante) dictamen del Consejo de Estado, algo que el Ministerio de Defensa ya obvió también en la tramitación de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. Esta circunstancia siempre mantendrá viva la duda de si lo que no se quiso conocer entonces fue precisamente la opinión del alto organismo consultivo sobre el fondo sustancial de la ley.

Pero es que, en paralelo, dicha tramitación parlamentaria se gestó, además, con la competencia legislativa plena de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, sin que ninguno de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, PSOE y PP, solicitaran la avocación al Pleno propugnada inicialmente por Luis Mardones, diputado de Coalición Canaria (una tramitación “de tapadillo”). Este político, reconocido como experto en materia de Defensa, presentó nada menos que 127 enmiendas al texto gubernamental, la mayoría de ellas sobre cuestiones de fondo y todas acompañadas de razonamientos técnicos y políticos no refutados, esfuerzo que no dejó de constituir una alternativa a la enmienda de totalidad merecida por el proyecto de ley, impedida por el acuerdo de estabilidad parlamentaria suscrito entre su partido y el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero…

Sobran, pues, más comentarios sobre la falta de estética parlamentaria del momento y sobre el interés decreciente que viene mereciendo la legislación en materia de Defensa, cuya sustanciación se realiza prácticamente en puro trámite de los designios ministeriales. Unas veces alentados por un impulso más revisionista que modernizador, otras por el incomprensible desprecio que la clase política (de uno y otro signo) suele mostrar hacia la Institución Militar y siempre orientados con una deriva partidista poco aconsejable en lo que debieran ser estrictas políticas de Estado.

Ya veremos si el ministro Morenés tiene o no la inteligencia y el coraje de reformarla Ley de la Carrera Militar, viabilizando un modelo de Fuerzas Armadas más vocacional, racional y adecuado a las altas misiones que tienen asignadas y a las necesidades reales de la Defensa Nacional. A tenor de su comportamiento en lo que va la legislatura, habrá que ir pensando en que, de hacer algo al respecto, lo hará tarde y mal.

Y DE POSTRE, LA DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL

Otro de los temas incluido en la “semana mediática” del ministro Morenés ha sido la presentación pública de la Directiva de Defensa Nacional 2012. Pero este es otro bodrio, con entresijos también reveladores, sobre el que escribiremos con detenimiento en la próxima Newsletter.