El pasado mes de mayo se inició una encendida polémica, alentada sobre todo por el diario “El País” y el periódico digital “Público”, en torno a la biografía del general Franco incorporada por el historiador Luis Suárez en el “Diccionario Biográfico Español”, proyecto editorial de la Real Academia de la Historia con varios autores que, una vez concluido, constará de 50 tomos (ya se han presentado los 25 primeros en uno de los cuales se incluye la biografía de Franco).

Según sus críticos, lo más repudiable de dicho texto es que tan sólo dedica un párrafo a la Guerra Civil (de la que libremente se han escrito millones de páginas) y que incluye la afirmación de que “montó un régimen autoritario, pero no totalitario”. En ese mismo marco de discusión, también adujeron que la Real Academia Española (RAE) había cometido, si cabe, un mayor pecado de manipulación histórica en su definición del “franquismo”, al que calificaba simplemente como movimiento “de tendencia totalitaria”.

Ahora, los incansables perseguidores del Franco muerto hace casi 40 años (algunos de ellos muy respetuosos con su persona mientras vivía) parecen estar de enhorabuena. Sus airadas exigencias han conseguido que la RAE rectifique su valoración política del término “franquismo” y pase a calificarlo como una “dictadura de carácter totalitario”, definición que se incorporará en su próxima edición.

ANSON, EL MONÁRQUICO ENREDADOR

El reconocido periodista y escritor Luis María Anson, monárquico confeso (durante el franquismo fue miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona, padre del actual Monarca), ha celebrado el cambio de criterio con gran entusiasmo. Contó de forma inmediata en un artículo de opinión titulado “Franco, ‘dictadura de carácter totalitario’, según la RAE”, publicado en “El Mundo” (30/10/2012), que, tras un largo e interesante debate, el pleno de la citada Academia de la Lengua, de la que es miembro eminente, aprobó la redefinición del vocablo “franquismo” redactada en estos términos: “Dictadura de carácter totalitario impuesta en España por el general Franco a partir de la Guerra Civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte”.

La satisfacción de Anson ha sido tan grande que no sólo dio personalmente la  primicia informativa, sino que en su artículo se explayó subrayando el carácter de “dictadura militar dura y pura” del franquismo, al que en su opinión, por fin, se le “ha definido científicamente, de forma independiente y objetiva, al margen de manipulaciones y tendenciosidades”. Incluso adujo detalles rebuscados de las “maldades” del aquel régimen político, como el comienzo del texto del Fuero de los Trabajadores, que fue la primera Ley Fundamental de la ahora reconocida por la RAE con su inestimable ayuda como “dictadura totalitaria”: “Renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la Patria…”.

No es nuestra intención polemizar sobre el fondo de la cuestión o realizar comparaciones conceptuales odiosas e inútiles. Ni, mucho menos, descubrir pasados personales vergonzantes de “franquistas” transformados de la noche a la mañana en “demócratas de toda la vida”, ni de “antifranquistas” que ni siquiera habían nacido con Franco vivo o que vivieron bajo su régimen político de forma confortable como hijos o nietos de entusiastas colaboradores del “dictador totalitario” en cuestión…

Pero sucede que, puestos a remover la historia para poner a cada cual en su sitio (personas e instituciones) como ahora hace la RAE, el reconocimiento del franquismo como “dictadura totalitaria” (que según Anson es científico, independiente y objetivo), arrastra la necesaria revisión histórica de la figura del rey Juan Carlos I y de la propia Corona, con origen declarado en esa “dictadura totalitaria” en la que el entonces Príncipe de España (designado como tal por el “dictador”) presidió incluso algún que otro Consejo de Ministros…

Veamos, pues, los hitos de la biografía del rey Juan Carlos más relevantes al respecto, que los entusiastas revisionistas del lenguaje y de la historia deberían tener bien presentes tras haber logrado consolidar su concepto del franquismo.

EL ORIGEN DICTATORIAL-TOTALITARIO DE LA CORONA

Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, primer hijo de Don Juan de Borbón y Battenberg y de Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleáns, nació el 5 de enero de 1938 en Roma. Fue bautizado en la iglesia del palacio magistral de la Soberana Orden Militar de Malta por el entonces secretario de Estado del Vaticano, cardenal Eugenio Pacelli, quien un año después sería investido Papa con el nombre de Pío XII.

Antes de trasladarse a España en el año 1948, como consecuencia del pacto establecido entre su padre y el general Franco, y por tanto connivente con la “dictadura totalitaria” del momento, su infancia discurrió en Roma, Lausana y Estoril. En estas dos últimas ciudades inició sus estudios preparatorios de Bachillerato, que completaría en Madrid y San Sebastián.

Al acabar dichos estudios, Don Juan Carlos inició su formación castrense bajo la tutela del general Martínez de Campos, duque de la Torre, asistido por otros militares de relevante biografía (los “ocupantes de España” por cuenta de la “dictadura totalitaria” franquista como recuerda Anson). Entre ellos cabe destacar a Nicolás Cotoner (quien tras ser Jefe de la Casa del Príncipe Juan Carlos, y acceder éste a la Corona de España, sería nombrado primer Jefe de la Casa Civil de Su Majestad El Rey), Emilio García-Conde (que llegaría a ser Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire) y Joaquín Valenzuela (que pasaría a ser caballero mutilado permanente tras el atentado etarra que sufrió el 7 de mayo de 1981, cuando ocupaba la jefatura del Cuarto Militar del Rey).

La biografía militar de Don Juan Carlos de Borbón comienza al ingresar en el servicio el 14 de julio de 1955. A partir de ese hito, permaneció dos años en la Academia General Militar de Zaragoza hasta alcanzar el empleo de alférez de Infantería. A continuación, en 1957, se trasladó a la Escuela Naval Militar de Marín, realizando su primer viaje de prácticas por el continente americano a bordo del buque escuela “Juan Sebastián Elcano”. Finalizado este periodo de formación específica en la Armada, y alcanzado el grado de alférez de Corbeta, el 16 de julio de 1958 abandonó la Escuela Naval para pasar, en septiembre de ese mismo año, a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde obtuvo el título de piloto militar.

El 10 de diciembre de 1959, recibió simultáneamente sus despachos de teniente de Infantería, alférez de Fragata y teniente de Aviación. Ocho años después, en 1967, ascendió a capitán de Infantería, obteniendo más tarde, en 1969, el titulo de piloto de helicópteros del Ejército del Aire.

Todo ello en el marco de una “dictadura totalitaria” como ahora aclara la RAE, preparado por militares activos en la misma y convirtiéndose en oficial del mismo Ejército, que entonces --cuenta Ansón-- “ocupaba España”.

Este académico de la Lengua, a veces lenguaraz, ferviente partidario de un Juan III que sólo existió en su imaginación, se apoya en una afirmación de Pedro Sainz Rodríguez hecha cuando se encontraba auto exiliado en Lisboa por discrepar de forma puntual con Franco sobre la reposición de la monarquía borbónica, con quien mantenía una estrecha amistad desde su juventud: “España era un país ocupado por su propio Ejército”. Claro está que eso no impidió que Sainz Rodríguez regresara en 1969 a la misma España “ocupada militarmente” para ocupar él (y manu militari) una cátedra en la Universidad de Comillas.

Paréntesis: Anson oculta, además, que Sainz Rodríguez fue, junto con Víctor Pradera y José Calvo Sotelo, impulsor del “Bloque Nacional”, un efímero intento de aglutinar las distintas facciones de derecha, y colaboró activamente en el Alzamiento Nacional de 1936, actuando como enlace con el general José Sanjurjo. Y también que formó parte del Primer Gobierno “franquista” (1938-1939) como ministro de Instrucción Pública, denominación que cambió por la de “Educación Nacional”, de semántica más acorde con la “dictadura totalitaria” a la que servía...

Una vez concluida su formación militar (de “dictadura totalitaria”), Don Juan Carlos cursó estudios de Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid (1960-61). En su formación global fue asistido por profesores de gran talla intelectual como Enrique Fuentes Quintana, Pedro Laín Entralgo, Torcuato Fernández-Miranda, Segismundo Royo-Villanova, Carlos Ruiz del Castillo, Martín de Riquer… Una tutela docente de incuestionable altura en la que también figuraron algunos destacados miembros del Opus Dei, como Florentino Pérez Embid, Laureano López Rodó, Antonio Fontán y, sobre todo, el profesor Ángel López-Amo, fallecido en accidente de tráfico el 20 de diciembre de 1956 en Washington, donde había acudido a pronunciar unas conferencias.

Es decir, recibiendo Don Juan Carlos una solvente formación de auténtico “espíritu nacional”, impregnada por los cuatro costados de las esencias “dictatoriales y totalitarias” del franquismo. En esa misma época formativa, el “aprendiz de rey” realizó diversos viajes de estudio por España con objeto de conocer en detalle sus distintas regiones y, según se deriva de lo escrito por Anson, impávido ante la “ocupación militar” de las mismas y la aplicación de las malvadas políticas impuestas por el perverso general Franco, que era, obviamente, su padre espiritual.

El 14 de mayo de 1962, Don Juan Carlos contrajo matrimonio en Atenas con la princesa Sofía Schleswig-Holstein Sönderburg-Glücksburg (quien después adoptaría el nombre de Sofía de Grecia), hija de los reyes Pablo I y Federica de Grecia; casamiento por supuesto “tutelado” por Franco, por no decir supeditado a su expresa aprobación. Una ceremonia en la que estuvo presente como invitado excepcional el entonces capitán Emilio Alonso Manglano.

Segundo paréntesis: Emilio Alonso Manglano y Don Juan Carlos se conocieron cuando, estando el primero destinado en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Generalísimo, Don Juan Carlos se entrevistaba con Franco en El Pardo de forma asidua como joven educando de la “dictadura totalitaria” franquista. Más tarde, tras los sucesos del 23-F, Emilio Alonso Manglano sería puesto al frente del CESID con el respaldo personal de aquel mismo joven consorte ya convertido en Rey de España.

De la unión matrimonial entre Don Juan Carlos y Doña Sofía nacieron en Madrid las infantas Doña Elena (el 20 de diciembre de 1963) y Doña Cristina (el 13 de junio de 1965) y el infante Don Felipe, heredero de la Corona, alumbramiento que tuvo lugar el 30 de enero de 1968. Éste, tendrá que arrastrar también de por vida el estigma original del franquismo que alentó la nueva dinastía monárquica, redefinido ahora por la RAE como “dictatorial y totalitario”.

EL QUID DE LA CUESTIÓN: UNA MONARQUÍA FRANQUISTA

En virtud de la Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947 (franquista y por tanto “dictatorial y totalitaria”), Su Excelencia el Generalísimo propuso a Don Juan Carlos de Borbón y Borbón como su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey ante las Cortes Españolas, en su sesión plenaria extraordinaria del 22 de julio de 1969, siendo aprobada en ese mismo acto la Ley 62/1969, “por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado”. Esta nueva Ley de Sucesión, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, establecía que “al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón”.

En la mañana de ese mismo 23 de junio de 1969, Don Juan Carlos aceptó la sucesión en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela. Ya por la tarde, en otro acto ante el pleno extraordinario de las Cortes Españolas, uniformado como capitán de Infantería, juró “en nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino”, recibiendo el título “franquista” de Príncipe de España. Dos días después fue ascendido, también por decreto “franquista”, a general de brigada de los Ejércitos de Tierra y Aire y a contralmirante de la Armada, atribuyéndosele los honores de Capitán General. A partir de entonces ocupó en todos los actos oficiales el puesto inmediato al Jefe del Estado (que era el “dictador totalitario” Francisco Franco). 

El 2 de noviembre de 1975, ejerciendo por segunda vez la Jefatura del Estado de forma interina en razón de la enfermedad padecida por su titular (jefatura de un régimen político estrictamente “dictatorial y totalitario” según la RAE), el Príncipe de España (que desde ese nombramiento ya ostentaba el grado de general del Ejército franquista) se desplazó a El Aaiún, girando una visita oficial a los territorios del todavía Sahara español. Aquel gesto fortaleció su relación con el estamento militar (el que “ocupaba España” como describe Anson), moralmente afectado por la amenaza de la “marcha verde” que había impulsado el Gobierno marroquí aprovechando la agonía de Franco.

Tras la muerte del Caudillo, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, con su  cadáver todavía insepulto y sin que ninguna autoridad política, civil o militar, señalara pauta o directriz oficial al respecto, el Príncipe de España, entonces sucesor in pectore en la Jefatura del Estado, decidió motu proprio que su ayuda de cámara, Blas Leyva, le cosiera en sus uniformes militares los distintivos de capitán general efectivo, sólo portados hasta ese momento por el Generalísimo (el “dictador totalitario”). Las decisiones tomadas en aquel momento histórico, fueron en algunos  detalles tan apremiantes que el propio Don Juan Carlos reconocería, por ejemplo, que nadie llegó siquiera a comunicarle de forma oficial la muerte de Franco, que era su protector y padrino político.

De hecho, cuando el Príncipe de España compareció ante el Pleno conjunto de las Cortes y del Consejo del Reino, celebrado el 22 de noviembre de 1975, para ser proclamado Rey, lo hizo con uniforme de capitán general sin que en aquel momento tan solemne nadie discutiera su formalidad: una aceptación silente, sin duda de excesiva y cuestionable prudencia, que nadie llegaría a remover jamás. A continuación, en ese mismo acto, el ya Rey de España volvería a prestar de nuevo juramento a las siete Leyes Fundamentales del régimen franquista (“dictatoriales y totalitarias” a tenor de lo interpretado por Anson), pronunciando tras ello su primer “Discurso de la Corona”, que por su corte “aperturista” anticipaba el inevitable camino del perjurio regio.

El mismo 22 de noviembre, nada más ser proclamado Rey y antes de su exaltación al trono, sustanciada el inmediato 27 de noviembre en una ceremonia de unción denominada “Misa del Espíritu Santo” (comparable de alguna forma a una coronación), celebrada en la histórica iglesia madrileña de San Jerónimo el Real, Don Juan Carlos lanzó una clarísima señal de lo que quería heredar y no heredar de Franco en el ámbito militar. Dando por hecho que había asumido de forma selectiva el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero no los títulos de Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, que podían no convenirle en su inmediata reconversión a la “democracia”, envió este expresivo mensaje al estamento militar:

En estos momentos en que asumo la Jefatura de las Fuerzas Armadas, me dirijo a todos vosotros con profunda ilusión y fundadas esperanzas.

Sois los depositarios de los más altos ideales de la Patria y la salvaguardia y garantía del cumplimiento de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo.

Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que con tanta dedicación y entrega os ha mandado hasta ahora, dándonos un ejemplo único de amor a España y sentido de la responsabilidad. Mi recuerdo emocionado se dirige hoy a las Fuerzas destinadas en África, las que por su patriotismo, disciplina y entrega están haciéndose acreedoras del agradecimiento de todos los españoles.

Debemos mirar el futuro con serena tranquilidad, pues hemos adquirido un alto grado de madurez política que ha cumplido lo que nuestro pueblo y sólo él desea.

España confía plenamente en sus Fuerzas Armadas. Sé que tenéis un alto concepto del amor a la Patria y que no escatimaréis vuestro esfuerzo para lograr una España cada vez mejor.

Quiero renovar hoy el juramento de fidelidad a nuestra bandera, símbolo de nuestras virtudes y de nuestra raza, y prometeros, una vez más, servirlas y defenderlas, a cualquier precio, de los enemigos de la Patria.

Mandar es servir, y quiero estar en el mando muy unido a vosotros. Sé que cumpliréis con vuestro deber como siempre lo habéis hecho. Como español, como soldado y como Rey, me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión y lealtad. Estoy seguro de que, trabajando todos unidos, alcanzaremos lo que España se merece por imperativo de la historia y su papel en el mundo de hoy.

¡Viva España!

JUAN CARLOS, REY

Especial significado tuvo también para el entorno de la milicia el párrafo de elogio y agradecimiento con el que distinguió la figura del general Franco en el denominado “Discurso de la Corona”, pronunciado ante las Cortes Españolas y el Consejo del Reino tras ser proclamado rey y prestar juramento, como hemos dicho, al ideario jurídico-normativo del franquismo (las siete leyes fundamentales). En él afirmaba literalmente:

Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituiría para mi una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio...

Además, otro gesto político-militar del Rey de España, entonces jefe no constitucional pero efectivo de sus Fuerzas Armadas, consistió en la firma de un inmediato Real Decreto (3269/1975) que reiteraba su demostración de afecto al Generalísimo y por el que se le colocaba permanentemente en el primer puesto de todos los escalafones militares. Algo que hoy no deja de ser curioso en relación con el desmantelamiento de la simbología franquista que, con más o menos intensidad, han perseguido desde entonces todas las fuerzas políticas. Su texto establecía:

Francisco Franco, Jefe del Estado Español, Caudillo de España y Generalísimo de sus Ejércitos, fue a lo largo de su esforzada vida acendrado exponente de todas las virtudes militares en su más alto grado.

Por el elevado valor ejemplarizador de su limpia conducta, por cuanto ésta debe tener de ejemplo permanente para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, en la firme voluntad de prestar un homenaje eficaz y permanente a la memoria de Franco, a propuesta de los ministros del Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

DISPONGO:

Artículo único. En todos los escalafones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire figurará en cabeza, en lo sucesivo y a perpetuidad, el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo y capitán general de los Ejércitos, seguido de la frase “Caudillo de España”.

Así lo dispongo por el presente decreto, dado en Madrid a cinco de diciembre de 1975.

JUAN CARLOS, REY

EL CORDÓN UMBILICAL ENTRE LA CORONA Y EL FRANQUISMO

De esta forma quedó establecida “políticamente” la sutil continuidad del franquismo y la selección de los atributos militares de Franco más convenientes al interés de la Corona. Es decir, basándose en la legalidad “dictatorial y totalitaria” del momento según la sesuda opinión de la RAE, apenas “cogida con alfileres” y en sí misma aceptada por el estamento castrense sólo en base al “Testamento de Franco” que, como tal, respetaría en plenitud aun siendo militarmente inespecífico.

De su escueto contenido, leído por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, ante las cámaras de Televisión Española de forma inmediata a la muerte del testador, el mismo 20 de noviembre de 1975, destacaba este llamamiento general al pueblo español: “Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido…”.

En relación con la inquebrantable lealtad que los militares del momento profesaban al Generalísimo, más allá de su muerte, conviene advertir que era un sentimiento desde luego unánime, incluyendo a quienes podían considerarse como más liberales o demócratas, e incluso a los más significados valedores de la monarquía. En la biografía autorizada de Sabino Fernández Campo escrita por Manuel Soriano (“Sabino Fernández Campo: La sombra del Rey”, Editorial Temas de Hoy, 1995) queda patente: “El Ejército, a su vez, había recibido la orden de Franco de obedecer al Rey después de que él muriera. Y eso fue lo que hizo. Se puso a su servicio como antes lo estuvo al de Franco. Para la mayoría de los militares, incluso Sabino, el cambio consistió en sustituir uno por otro”.

En esa misma interpretación sobre la sucesión del rey Juan Carlos en la absoluta lealtad profesada a Franco por el estamento castrense, actitud en la que se entendía implícito el reconocimiento de su liderazgo institucional, también estaba naturalmente el ex general Armada, monárquico radical que en su libro “Al servicio de la Corona” (Editorial Planeta, 1983) afirma: “El último mensaje de Franco a los españoles constituye una orden permanente para los militares. Nos dice que apoyemos al futuro rey de España”…

LOS DAÑOS COLATERALES DEL REVISIONISMO HISTÓRICO

Cierto es que los maquinadores de la política, han aducido que, tras cuatro años de “franquismo legal”, con Franco muerto, la Constitución de 1978 habría legitimado al rey Juan Carlos y a la propia Corona “franquista”. Idea harto discutible que se reforzó cuatro años después con otra todavía de peor encaje: la reconducción “democrática” del intento de golpe de Estado del 23-F atribuida a Su Majestad, cuando hay quienes le han acusado precisamente de todo lo contrario.

Sobre la “legitimación constitucional” de la monarquía franquista, hay que recordar la situación de “pánico escénico” surgida con la muerte de Franco y las manipulaciones y “trágalas” políticos con los que se redactó y aprobó la Carta Magna de 1978 (se votaba “sí” o “sí”, y la alternativa a no votar era el caos). Una Constitución “transicional”, que hoy se muestra esencialmente transgredida, disgregadora y agotada incluso para muchos de los constituyentes, y que de no reformarse ya con cierta premura amenaza con hacer saltar por los aires la convivencia democrática.

Y sobre la “legitimación monárquica del 23-F” lo más prudente sería olvidarla. Quizás la opinión más reveladora y concluyente publicada sobre el 23-F, sea la de Sabino Fernández Campo, quien a la sazón era secretario general de la Casa de Su Majestad y por tanto persona excepcionalmente informada sobre aquel dramático suceso. Justo con ocasión del XXV Aniversario del reinado de Juan Carlos I escribió con tanta prudencia como sabiduría: “Por mi parte, renuncio a intentar descubrir las piezas que me faltan del rompecabezas. Dejémoslo como está, sin agitar la historia ya calmada... En ocasiones, el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla”…

Aceptemos el sabio consejo que nos brindó Fernández Campo y dejémoslo aquí… Todo: lo del 23-F y lo de la “dictadura totalitaria” del franquismo, aguas pasadas que no mueven molino y que, razonablemente, convendría dejar en su curso natural hasta que se diluyan en el océano de los tiempos.

Nuestra reflexión no pretende, en modo alguno, poner patas arriba la historia ni la política de España, pero sí advertir de lo inconvenientes que pueden llegar a ser sus reinterpretaciones vengativas en tiempos en los que todavía pueden producir daños colaterales innecesarios, como la apadrinada por Luis María Anson en la RAE. En el fondo, la Guerra Civil tuvo, como tienen todas las guerras, un bando vencedor y un bando vencido, hoy perfectamente irreconocibles en esa concreta diferencia. Y punto.

Porque, metidos en ese berenjenal, ahora la RAE y sus maniobreros de oficio (alguno como Anson adicto a la polilla histórica) tendrían que redefinir al menos los cuatro años del “franquismo existencial” vigente con el rey Juan Carlos como Jefe de Estado (1974-1978), edulcorar su pasado “franquista” y reinventar el origen dictatorial de la nueva dinastía borbónica. Todo por ponerse a pontificar en materias más que opinables y no dejar a Franco en paz, como hoy se deja en paz (y hasta elevada a los altares) a la España vencida por el franquismo, con todas las responsabilidades culposas que también tuvo.

La concreción práctica del “desgobierno” (que significa falta de gobierno y también perturbación o desorganización del orden establecido), es bien conocida en el mundo entero y desde tiempos inmemorables, al igual que sus nefastas consecuencias. Pero quizás sea en la España de los siglos XIX y XX donde esta praxis se enraíza más con la acción política, a veces de forma ciertamente ruinosa, hecha, claro está, la salvedad de no pocas dictaduras, que en ocasiones no dejaron de ser un recurso para reconducir la situación del “desgobierno nacional” llevado al límite.

Otra deriva característica de ese mismo desgobierno y de la mala práctica política que comporta, es la “corrupción” (sinónimo de “degradación” o “putrefacción”), que aquí queda referida como es lógico al ámbito político o de la vida pública, aunque el término también sea aplicable a otras muchas actividades humanas. Y, sin ser ambos ejercicios biunívocos (el desgobierno y la corrupción), la historia no deja de evidenciar que suelen caminar juntos, alternándose en la función locomotora o de arrastre del uno con el otro, y casi siempre imbuidos por una acción política deplorable.

Así, parece inevitable que, tarde o temprano, la política mal entendida conduzca al desgobierno y a la corrupción, o que la corrupción y/o el desgobierno terminen transformándola en despótica, dictatorial y hasta en pura “cleptocracia”, que es un término de nuevo cuño para designar “el gobierno de los ladrones”, basado en abusos hoy tan cotidianos como el saqueo del capital en los asaltos políticos a las cajas de ahorro o el cobro de comisiones ilegales anejas a las adjudicaciones de las licitaciones oficiales. De esta forma, se institucionaliza un sistema degradante y al mismo tiempo todas sus derivas inmorales o delictivas (nepotismo, malversación de fondos públicos, prevaricación, clientelismo político…), bajo la protectora capa de impunidad que proporciona la creciente podredumbre de todos los sectores del poder, desde el judicial al parlamentario, pasando por el administrativo y los demás estamentos del sistema público.

La noble demanda de Tulio Marco Cicerón, cónsul de la República de Roma, de que “sea la ley suprema el bien del pueblo”, se transmuta por la vía del desgobierno y la corrupción en lo que Arturo Graf definió como “el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y crear otros imaginarios e injustos”.

No obstante, también es cierto, y hemos de sostenerlo con toda energía, que de la política bien entendida, hoy lamentablemente ausente en la vida nacional, siempre dimana un gobierno justo, es decir, intolerante con la corrupción.

UN VIAJE GRATUITO DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA

Cuando se analiza nuestra historia más reciente, siempre en constante vaivén, es fácil concluir que tras el régimen franquista, sufrido por muchos, aplaudido por otros tantos y tolerado por los demás, España ha oscilado desde una democracia ilusionante y con aspiraciones de ejemplaridad hasta un engendro híbrido con cabeza de reino bananero y cuerpo de dictadura “partitocrática”. Quizás, ese continuo “recorrido de ida y vuelta”, esté convirtiendo la anterior España franquista, hoy anatemizada como “una, grande y libre” por quienes políticamente ni siquiera saben dónde están posicionados, ni tampoco hacia dónde van, en una España en apariencia “democrática” pero “desgobernada y corrupta”: un viaje para el que no se necesitan alforjas.

Alejandro Nieto, que, entre otras cosas, ha sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, en Alcalá de Henares, en la Complutense de Madrid y en la Autónoma de Barcelona, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1980 y 1983 y Premio Nacional de Ensayo en 1997, analizó el fenómeno del desgobierno público y sus consecuencias con gran perspicacia y clarividencia en su libro “La corrupción en la España democrática” (Ariel, 1997).

En síntesis, el profesor Nieto puso en negro sobre blanco ya hace quince años el sentimiento nacional de que la corrupción lo estaba invadiendo todo y que la política y la administración (como la economía y la propia sociedad) resultaban corrompidas hasta la médula. Situación que nos desconcierta y agita sin que se pueda asumir fácilmente lo que está pasando.

Tras el cambio de régimen, el ciudadano de a pie no puede entender que tal cosa suceda en una democracia (teórica) con Parlamento vigilante, prensa libre y justicia independiente. Y percibe, cada vez con más claridad e intensidad, que, si bien es cierto que un régimen democrático cuenta con mecanismos de auto-defensa, también es portador de elementos corrumpentes, empezando por los partidos políticos y los sindicatos, que se mueven con excesiva ligereza en una sociedad lastimosamente tolerante con las prácticas políticas más perversas.

El “oficio público” se ha vuelto más que “sospechoso” y el Estado aparece como un instrumento de depredación en provecho de una “casta” (la clase política). Eso es lo que hay.

En su libro, Alejandro Nieto no pretendió, ni mucho menos, relatar una vez más los casos que cada día ruedan en periódicos y juzgados. Desentrañaba, eso sí, los hilos que mueven este gigantesco y cotidiano negocio de desviar los poderes públicos en beneficio privado. ¿Quiénes están abusando de la democracia? ¿Quiénes son sus cómplices y encubridores? ¿Cómo se las arreglan para que no funcionen los mecanismos de prevención y represión? ¿Cómo operan? ¿A qué manos van a parar los frutos de la extorsión…?

Paréntesis: Nieto es autor de otros dos libros “de culto” en el ámbito de las Administraciones Públicas: “La organización del desgobierno” (durante los años ochenta) y “La nueva organización del desgobierno” (durante los noventa). No obstante, su ácida descripción y crítica de las patologías letales que padece la “cosa pública” han culminado en un recomendable último libro, serenamente transgresor, titulado “El desgobierno de lo público” (Ariel, 2008). En su introducción advierte: “El lector no encontrará en este libro una sola afirmación que le sea desconocida puesto que en él deliberadamente nada nuevo se dice, se queda corto en sus denuncias y hasta resulta excesivamente comedido en sus acusaciones. Su única novedad consiste en decir en voz alta lo que todos conocen a través de simples murmuraciones y, sobre todo, en asumir abiertamente las eventuales tachas sociales y legales que puedan sobrevenir”.

EL DEDO EN LA LLAGA: LA CORRUPCIÓN COMO PACTO DE ESTADO

Que el profesor emérito y notable ensayista Alejandro Nieto nunca tuvo pelos en la lengua (que hoy sobran en las de muchos “prohombres” españoles), quedó bien patente también en la entrevista que concedió a la periodista Lucía S. Naveros para el diario ovetense “La Nueva España” (27/01/2007), con motivo de pronunciar una conferencia en la capital del Principado sobre corrupción urbanística (la razón última del “ladrillazo”). Así de grave y así de claro fue lo que dijo:

“Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción con la que se financian los partidos políticos” 

-Su conferencia se titula “¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?”. ¿Existe?

-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.  

-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?

-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.

-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.

-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo. 

-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?

-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va. 

-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?

-El pacto ha funcionado hasta el año pasado [2006], pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña. 

-¿A qué se refiere?

-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.

-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.

-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno. 

-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?

-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia. 

-¿Qué solución ve?

-No doy ninguna receta.

-¿Ocurre en otros países europeos?

-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.

Acertaba plenamente el profesor Nieto al denunciar la existencia de un “pacto de Estado” para fomentar la corrupción con la que se alimentan los partidos políticos, falsamente identificada por algunos como “financiación de la democracia”. Y, de igual modo, nosotros acertamos también cuando decimos que, justo en esa misma práctica política de corrupción urbanística, está el origen del famoso “ladrillazo”, tolerado por todos los organismos públicos de control (desde el Banco de España hasta el Tribunal de Cuentas, pasando por el propio Parlamento) en base a una deplorable conveniencia partidista del fenómeno.

Dicho de otra forma, si cabe más áspera, los máximos culpables del descalabro urbanístico que nos ha conducido de hoz y coz a la insostenible crisis económica actual, son los partidos políticos (de forma especial los mayoritarios PP y PSOE), que, para financiarse, se agarraron sobre todo a las comisiones generadas por las recalificaciones y plusvalías urbanísticas, enriqueciendo, de paso, a los intermediarios y “conseguidores” de turno. En una espiral enloquecida de auténtico “desgobierno y corrupción”, las nuevas y cada vez mayores ambiciones y exigencias económicas de unos y otros, llevaron también a su máximo extremo la concesión de créditos insolventes para seguir financiando nuevas promociones que pudieran consumir más y más recalificaciones de suelo…

LA INGENIERÍA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA “DEMOCRÁTICA”

Por supuesto que este “apadrinamiento espurio de la democracia” (por no definirlo como “mangancia política organizada”), generalizado en el actual estamento “partitocrático”, no se ha limitado al ámbito de la corrupción urbanística. Tomó rápida referencia inicial en las ayudas prestadas en 1984 por las empresas constructoras al Partido Reformista Democrático (PRD), liderado tras la desaparición de la Unión de Centro Democrático (UCD) por Miquel Roca, Antonio Garrigues y Florentino Pérez. Los grandes empresarios del momento, básicamente los del sector de la construcción, aportaron a las arcas del PRD unos 1.500 millones de las antiguas pesetas en dinero “negro” como compensación a la adjudicación de obras comprometidas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya (pionero en la ingeniería de la corrupción política “democrática”), entonces dirigido por CiU, partido que apadrinaba la denominada “Operación Reformista”.

Aquella financiación “extra” o complementaria de los créditos bancarios oficiales, supuso un éxito de captación de fondos, ocultación fiscal y negocios fáciles, que se convirtió de inmediato en el modelo a imitar por las demás formaciones políticas. Conformó el procedimiento ilegal a seguir, que, por otras vías, ya había generado algún disgusto al PSOE tras la debacle electoral de la UCD, primero con el cobro de comisiones ilegales por adjudicación de concesiones en el Ayuntamiento de Madrid en 1981 (a las empresas Semat y Selberg) y, a continuación, con la ayuda económica que el grupo alemán Flick prestó a su campaña electoral de 1982, desvelada en 1984.

La ligereza con la que se engrasó la tesorería de la “Operación Reformista”, marcó un antes y un después en la financiación ilegal de los partidos políticos con cuotas de poder que les permitiera adjudicar “contratos y concesiones contra comisiones”. El modelo se extendió a la velocidad del rayo, corrompiendo como es obvio el sistema de contrataciones públicas, falseando las contabilidades oficiales (con el consiguiente quebranto para el erario público) y, finalmente, generando un nuevo tipo de “delincuencia-recaudadora” auspiciada, de forma sin duda paradójica, por los medios políticos que más debían respetar y proteger el Estado de Derecho. 

Aún a pesar de haberse convertido en un modelo connivente entre toda la clase política, los excesos con los que se acompañó concluyeron en casos judiciales tan sonoros como el de la “construcción de Burgos”, que explosionó en las manos del PP en 1988, y el de “casinos de Cataluña”, desvelado en 1989 y que afectó de lleno a la financiación de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña). A ellos siguieron un creciente listado de ilegalidades que eclosionaron en 1990, afectando de forma generalizada al PSOE (“caso Juan Guerra” y “caso Ceres”), al PP (“caso Naseiro”) y al PNV (“caso Tragaperras”).

En 1991 explotó la trama de Filesa, Malesa y Time-Export; en 1993 el “caso del AVE” y en 1996 el procedimiento que implicó a Gabriel Urralburu y Javier Otano, todos ellos protagonizados por el PSOE. A continuación, la corrupción política indiscriminada abarcó en su desmesura casos como el de la Diputación de Zamora (PP), el del ayuntamiento zaragozano de La Muela (PAR), el expolio degenerativo de Marbella protagonizado por el entorno de Jesús Gil…

UNA RECONDUCCIÓN IMPOSIBLE: DIRECTOS AL POZO NEGRO

Cierto es que en 1995 se intentó reconducir aquella imparable oleada de delincuencia nacional “fehaciente” (la oculta queda bajo las tupidas alfombras de la política), creándose en el Congreso de los Diputados una “Comisión de Estudio para la Financiación de los Partidos Políticos” (V Legislatura), aunque con más intención de tranquilizar a la ciudadanía que interés en resolver el problema de fondo. A pesar de la imparcialidad con la que fue presidida por el diputado Luis Mardones, de su acertado análisis de la situación y de sus metódicas propuestas, concertadas incluso con las entidades financieras afectadas por los continuos impagos de los créditos concedidos a los partidos políticos (“pufos” encubiertos contra el bolsillo de los accionistas), la mentalidad y el arraigo de sus intereses impidieron la reforma del sistema. De hecho, y con el vergonzoso acuerdo común de todos los Grupos Parlamentarios presentes en la Cámara, nunca se llegó a dar siquiera carta de naturaleza a las conclusiones del trabajo realizado.

Para mantener la objetividad del comentario, también debemos reconocer la promulgación de una nueva normativa, más avanzada, sobre Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) y sobre Financiación de los Partidos Políticos (Ley Orgánica 8/2007), e incluso la modificación de la Ley Orgánica 5/1085, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Pero ni estas actualizaciones normativas ni el propio Tribunal de Cuentas, con funciones específicas (fiscalizadora y de jurisdicción contable) para ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público, han podido llegar al meollo del asunto, ni reconducir, por tanto, la permisividad del sistema con el que, en un puro régimen de “desgobierno y corrupción”, se financian realmente los partidos políticos (ahí está el último gran esperpento del “caso Gürtel”).

España se sumergió en un mecanismo de “pago por favores políticos” que afecta a todo tipo de concesiones y contrataciones públicas (tanto estatales como autonómicas, municipales y de diputaciones provinciales o cabildos insulares). Y, según hemos advertido, vinculado sobre todo al ordenamiento  urbanístico del territorio, con las tentadoras “recalificaciones” de suelo como norte y guía del comportamiento partidista.

Es decir, conformando toda una trama económica ilegal con cifras ingentes de negocio, y que, admítase o no, ha pasado y pasa por las arcas caudinas de la clase política. Arrastrando sintomáticamente el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, el cohecho y el tráfico de influencias, como prácticas anejas irremediables y peligrosamente dinamiteras de nuestra todavía joven y frágil democracia.

DESGOBIERNO Y CORRUPCIÓN A MANSALVA 

Con lo dicho, no parece necesario rebozar esta España “del desgobierno y la corrupción” en harinas de mayores escándalos. Pero, si alguno de nuestros lectores desea hacerlo, le basta consultar en Internet el “Corruptódromo” alimentado por el movimiento ciudadano “NoLesVotes” con cientos de casos encabezados por una acertadísima cita de Montesquieu: “La corrupción raramente empieza por el pueblo”.

(Ver http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo).

Otras muchas webs relacionan más y más casos de corrupción política en España, reproduciendo listados igual de reveladores con cientos y cientos de miembros de todos los partidos condenados por los tribunales de justicia (también los hay de procesados que fueron absueltos y de condenados privilegiados que han sido indultados por el Gobierno). Claro está que, en todo caso, hablamos de la “punta del iceberg” y no de la corrupción ingente que subyace oculta bajo la línea de flotación del sistema…

Este recurso a lo que Manuel Castells, prestigioso catedrático de Sociología y Urbanismo de la Universidad de Berkeley (California), ha definido como la “sociedad red”, es imprescindible porque, hoy por hoy, la mayoría de los medios informativos convencionales se limitan a defender o combatir los estrictos intereses partidistas, alineados casi siempre con una u otra de las dos formaciones mayoritarias con posibilidad de acceder al gobierno de la Nación. Un papel reiterado hasta la saciedad y anclado en el “quítate tú para ponerme yo”, a menudo rayano en el sectarismo y cada vez más alejado, como la propia política, de los intereses ciudadanos y de la nueva sociedad de la “globalización”.

Ese es un triste escenario en el que las cuestiones de Estado realmente sustanciales (las garantías constitucionales, la división e independencia de poderes, la justicia social, la política exterior, el juego “soberanista”…), se reconducen de inmediato al interés más villano y circunstancial sin grandeza política alguna. En él, cualquier debate sobre la perfección del modelo de convivencia y sobre la necesidad de afrontar una reforma institucional, se ha venido tachando de “transgresor”, siendo sometido en consecuencia a la censura más implacable. Y así nos va…

ENTRE EL PASOTISMO Y LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA

No se puede negar que hubo tiempos próximos en los que el contenido crítico y los recursos dialécticos llenaban la vida pública, hasta el punto de que el rencor o la soberbia arruinaban a menudo la perspectiva política. Ahí están la historia del parlamentarismo anterior a la guerra civil, algunas voces admonitorias alzadas incluso en plena dictadura franquista y hasta el debate periodístico propio de la Transición Española, durísimo precisamente con quienes más hicieron por afianzar el nuevo modelo democrático.

Pero hoy la situación es bien distinta. Y sonroja comparar, por ejemplo, las aguerridas crónicas políticas y las columnas de opinión publicadas durante la presidencia de Adolfo Suárez, cuando la sociedad española en pleno procuraba un mejor modelo de convivencia para todos, con la mediocre realidad periodística de hoy en día. Hoy, es significativo, por poner un sólo ejemplo, el cerco institucional que se cierne sobre Federico Jiménez Losantos, cuya voz independiente y verdaderamente crítica con la profunda golfería de la actual clase política tiene muchas posibilidades de terminar enterrada en la cuneta del sistema…

¿Qué vestigios quedan, en la prensa actual, de la tercera página del diario “Pueblo” dirigido por Emilio Romero y de sus propios “Gallos”, redactados a modo de explosiva opinión editorial…? ¿Alguien ha heredado acaso el espíritu liberal-combativo que caracterizó al demolido periódico “Madrid”…? ¿Cómo olvidar la razón política y humanista promovida por Joaquín Ruiz-Giménez en sus “Cuadernos para el Diálogo”…? ¿Dónde podríamos recuperar hoy los fundamentos reformistas perdidos de “El País” o del Grupo 16…?  ¿Acaso alguien ha vuelto a lanzar dardos tan envenenados contra los poderes establecidos como los que a menudo dirigió la propia Prensa del Movimiento a personalidades bien significadas del franquismo…?

En el nuevo contexto de conformismo informativo, sostenido sobre todo por el adocenamiento y el pasotismo empresarial, instalado en la subvención y el favor económico generalizado, la sociedad civil soporta una peligrosa degradación intelectual más allá de la pérdida de sus principios éticos y de los referentes de la convivencia democrática. Una senda que conduce al progresivo ocaso nacional, contaminado por la extrema inmoralidad política circundante y el ahogamiento de las voces críticas, cuya reconducción sólo será posible mediante una revisión global del sistema de interacción social.

¿ES POSIBLE QUE DESPIERTE EL PERIODISMO?

Si la ciudadanía diese por bueno el pancismo vergonzante que caracteriza la política del momento y aceptase sin más sus mecanismos de manipulación social, quizás no merecería la pena plantear siquiera las razones de la crítica, el valor del intelectualismo o la esencia de nuestra propia libertad. Pero sucede que hay grupos de personas, silenciosas pero seguramente muy numerosas en España, que no se acomodan, ni tiene por qué hacerlo, al dominio de la “partitocracia” y de los denominados “poderes fácticos”; realidad por la que también debemos reconocer y destacar las muestras, aunque sean escasas, del periodismo crítico.

A tal efecto, traemos a colación un artículo de opinión de Josep Ramoneda titulado justamente “El desgobierno” y publicado en “El País” (18/04/2012), en el que, hace ya seis meses, describía con acierto una realidad política e institucional lamentable y progresivamente decadente:

“La foto de Botsuana acompañará al Rey como símbolo de la caída del prestigio de la Corona”

La foto del rey Juan Carlos con un compañero de caza al lado y un elefante abatido detrás, quedará para siempre como el icono del día en que se rompió definitivamente el tabú de la monarquía en España. Si el vídeo del Rey vestido de capitán general dirigiéndose al país, la noche del 23-F, ha perdurado como imagen que legitimó a los ojos de los españoles a un monarca que tenía sus raíces en el régimen de Franco, la foto de Botsuana acompañará a don Juan Carlos el resto de sus días como símbolo del desmoronamiento del prestigio de la Corona.

Durante los últimos meses daba la sensación de que el Rey había perdido el control de la familia, ahora ha perdido el control de su propia función. A partir de aquí, todo es posible: que la crisis le salve, porque la gente no quiera añadir otro problema a los muchos que tenemos, o que la avalancha de informaciones que puede seguir al levantamiento del tabú convierta su situación en insostenible.

Como si Marx tuviera razón, el desbarajuste en la infraestructura económica está provocando un descontrol creciente en la superestructura política. Así estamos viendo cómo a una crisis económica a la que no se le ve salida se han ido sumando una crisis de desconfianza política generalizada; una crisis del modelo territorial que ha hecho que, desde puntos de vista opuestos, se dé el Estado de las autonomías por agotado; una crisis moral y cultural profunda; una crisis institucional de primer orden --que afecta a la Jefatura del Estado--; y una crisis diplomática con Argentina que ha evidenciado los límites del peso de España en el mundo. Es tal el clima psicológico de precariedad que vive el país, que es legítimo preguntarse cuánto tiempo tardará el malestar en convertirse en irritación y después en acción.

Durante la campaña electoral [comicios del 20-N], Mariano Rajoy tuvo la ridícula ocurrencia de repetir que toda la culpa de lo que ocurría en España era de Zapatero y que con su llegada al poder todo cambiaría. Vanidad de vanidades. Han bastado cuatro meses de Gobierno del PP, para que se perdiera la pista del caudal de confianza que Rajoy decía poseer. La sensación de desgobierno, con un Ejecutivo que presenta un Presupuesto imposible de cumplir y a los pocos días lo invalida con nuevos recortes todavía más fantasiosos, se extiende a toda velocidad en un país que ve cómo le van apretando las clavijas hasta lo insoportable, sin que nada indique que las cosas irán mejor.

Sensación de desgobierno de la economía, corriendo detrás de las señales de los mercados sin orden ni concierto. Este Gobierno debía preparar el futuro y ha recortado en inversiones, educación y salud. Eso sí, ha guardado dinero para el corporativismo. Sensación de desgobierno diplomático: después de que Rajoy prometiera que volvería a España al lugar que le corresponde en el mundo, sufre el sonoro fracaso de ver cómo Argentina nacionaliza YPF dos días después de que un ministro dijera que todo estaba encarrilado. Sensación de descontrol institucional: ¿cómo es posible que ante el desafío de Cristina Fernández y las amenazas de los mercados nadie impidiera el viaje del rey Juan Carlos a Botsuana? Sensación de descontrol territorial, en un momento en que aparecen señales por todas partes de que el Estado de las autonomías no ha resuelto los problemas por los que fue creado y que, de algún modo, hay que volver a empezar. Sensación incluso de pérdida de la hegemonía ideológica en la que el PP había asentado su retorno al poder: hoy en España reinan el desconcierto y el miedo. La amnistía fiscal ha venido a consolidar un sentimiento de crisis moral del sistema, ya ampliamente extendida por una estrategia anticrisis, la inútil “pastilla milagrosa” de Angela Merkel, que socializa las pérdidas de los bancos, aprieta especialmente a los asalariados y deja a la ciudadanía sin el poder soberano que se le supone.

Este es el panorama, sobre el que solo cabe la ilusión de una reacción democrática de la ciudadanía y de un frente político capaz de forzar cambios en las exigencias europeas y devolver la dignidad perdida a la política. Pero no se ven señales de ello por ninguna parte, con un Gobierno que ha quedado sonado al primer golpe y una oposición que sigue sin dar señales de vida. Ya no cabe seguir esperando que el adversario se la pegue. Porque el día que esto llegue puede que ya no estemos a tiempo de evitar las cosas peores.

Por su parte, Miguel Ángel Aguilar, otro analista inteligente de la realidad nacional, poco dado a la descalificación institucional, acaba de dar también un paso adelante señalando la alarmante deriva tomada por la España del “desgobierno” (la corrupción se acompaña de oficio). En un artículo de opinión que demandaba en su propio titulo un “Cambio de Gobierno y de oposición” publicado por “El País” (23/10/2012), concluía:

(…) Va a cumplirse un año de la investidura y las líneas de desgaste exigen rectificaciones inaplazables. Sería mejor hacerlas antes incluso de las elecciones de Cataluña del 25 de noviembre. Pero, además de nuevas caras en el entorno ministerial, es preciso un cambio de actitud, una nueva dialéctica parlamentaria. Porque de la destrucción sistemática del adversario es imposible obtener ya ventajas adicionales, una vez que los desafíos comunes cobran dimensiones pavorosas. Se impone como tarea prioritaria la reconstrucción de las instituciones dañadas por el bloqueo suicida al que han estado sometidas. España necesita ser liberada del vértigo de la desesperanza y del pesimismo que invade y paraliza a todos. Repetimos que la razón no puede prosperar sin esperanza. El silencio que comentaba Iñaki Gabilondo puede transmutarse en estruendo ininteligible. Cuidado con la España sin pulso de Silvela si cundiera la sensación de que están cerradas todas las salidas. Atentos.

Lo dicho: descrédito político e institucional por los cuatro costados. Si esta de ahora no es la España “del desgobierno y la corrupción”, que venga Dios y lo vea.

En la polémica desatada días pasados sobre la necesidad de “españolizar a los niños catalanes [discentes]”, iniciada a raíz de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, así lo puntualizara en un debate parlamentario, apareció de forma inmediata, y esgrimida por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, la alusión a la España “una, grande y libre”, enmarcando aquella proposición educativa en una suerte de regresión al modelo de enseñanza franquista, de forma sin duda extemporánea

Artur Mas, que defiende a ultranza la educación basada en la inmersión lingüística de Cataluña, ha acusado al Gobierno no sólo de despojarla de competencias en educación (que constitucionalmente le son impropias), sino de “explicar la historia de España como ellos quieren”. Según el jefe del Ejecutivo catalán, “nosotros explicamos la historia de España como un Estado plurinacional, y no como una, grande y libre”.

A continuación, José Ignacio Wert, puede que temiendo ser acusado nada menos que de “franquista”, cuando quizás hoy por hoy sea más peyorativo ser tildado simplemente de “político”, aclaró su postura sosteniendo que “en una respuesta parlamentaria al PSC, la señora Rigault habló de la españolización de estos alumnos catalanes, algo que ella afirmaba no querer, y ahí es cuando yo respondí. El concepto de una educación 'Una, grande y libre', es una bobada, nadie está a favor de ese tipo”.

INCONGRUENCIAS ALREDEDOR DE UN SLOGAN “REDONDO”

En este momento no vamos a pronunciarnos sobre la controversia que suscita el modelo educativo español, gravemente deteriorado por el mal entendimiento del Estado de las Autonomías y por el cúmulo de errores políticos compartidos al respecto por el PP y el PSOE y prolongados en el tiempo. Pero sí que vamos a comentar la profunda torpeza, no exenta de venalidad, de anatemizar un slogan o lema nacional “redondo” que para sí querría cualquier país democrático del mundo (y que de hecho muchos asumen con adaptaciones particulares de sus tres conceptos básicos: la unidad, la grandeza y la libertad). Y sólo porque con anterioridad, y en un periodo transitorio de nuestra historia, fue el adoptado por el régimen vigente, asumido en cualquier caso sin reticencias por la sociedad de entonces, que, como la actual, además tenía cuestiones para solventar de mucha mayor importancia.

Ese es el mismo supuesto de resentimiento absurdo que, a partir de la Transición, llevó a los “demócratas” (muchos de ellos “conversos”) a repudiar la acertada política desarrollada por los sucesivos gobiernos de Franco con la construcción de grandes embalses reguladores de los recursos hídricos y de centrales hidráulicas de producción eléctrica, sacrificando en los gobiernos sucesivos un acertado modelo de desarrollo sostenible sólo por esa aberración mental. La misma que, en otra estupidez semejante, también podría haber llevado a la derecha española (“azul” durante el franquismo) a rechazar el apelativo de “la roja” con el que ahora se aclama de forma unánime a la selección nacional de futbol…

¿Es que, por ejemplo, acaso una democracia puede repudiar, en sí mismo, el lema “Patria y Libertad” (una aspiración generalizada a nivel universal) sólo porque haya sido utilizado por un movimiento chileno paramilitar y de extrema derecha empeñado en derrocar al gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende…? ¿Y es que, en otra comparación más extrema, cuando alguien nos agrede injustamente hemos de “poner la otra mejilla” también porque se trate de un mero consejo evangélico…?

Cualquier persona con un nivel mínimo de formación política, es decir situada muy por debajo de todo un president de la Generalitat o de un ministro del Gobierno, habría de tener al menos tres capacidades imprescindibles: la de percibir las ideas y su realidad circundante con claridad, y si fuera posible con viveza; analizarlas y juzgarlas con rectitud y, por último, discurrir con rigor y solidez. Dotes obviamente carentes en quienes no ven compatible el Estado democrático con la aspiración de ser “uno, grande y libre”, y todavía más ausentes en quienes, como Artur Mas, consideran que ambas ideas son incluso contradictorias.

En nuestra anterior Newsletter ya lamentábamos que, a estas alturas de nuestra larga y agitada historia, los políticos hubieran perdido el norte de la esencia nacional sólo porque (dictaduras aparte) el régimen franquista la quisiera “una, grande y libre”. Y nos preguntábamos: ¿Es que, acaso, hay que compensar aquel déficit de “pluralidad” con un desmadre autonómico indeseado, tanto en su origen como en la actualidad, por la inmensa mayoría de los españoles, que además vienen reclamando de forma sistemática, justa y necesaria, la igualdad de todos los pueblos y regiones de España…?

El president catalán ha soltado por su desordenada boca una patochada de tamaño monumental: “Quieren [los españoles] que [Cataluña] sea una, grande y libre”. Pero ¿acaso él no desea eso mismo…? La verdad es que como manipulador social no se puede ser más torpe, por mucho que los manipulados sean gentes especialmente manipulables, y no precisamente por su nivel de raciocinio o discernimiento propio.

Con independencia de que Cataluña ya sea “una, grande y libre”, que así lo creemos, él mismo y otros nacionalistas igual de inconsecuentes, han manifestado con demasiada y delatadora insistencia la ambición de “una sola Cataluña”, y por supuesto “grande”, porque en esa unidad ahora llamada “identitaria” (los “Países Catalanes”), de entrada también incluyen la Comunidad Autónoma de Valenciana, las Islas Baleares, el Principado de Andorra, la zona aragonesa de “La Franja”, la murciana de “El Carche”, parte de los territorios franceses del Rosellón y la Cerdaña, la ciudad de Alghero (en la isla italiana de Cerdeña), más lo que, puestos a pedir, quieran meter en la olla… Y, lógicamente, la quieren “libre” porque aspiran a “independizarla” de la España “opresora”. Algo que a estas alturas de la historia española, europea y mundial, puede dar tanta pena como risa.

UNIVERSALIDAD DEL CONCEPTO “UNA, GRANDE Y LIBRE”

Pero es que, a mayor abundamiento, cuantos identifican “una, grande y libre” exclusivamente como lema de la España “franquista”, ignoran sus orígenes, su significado más profundo y algunas apropiaciones del mismo que, además de sorprenderles, les pueden avergonzar.

Para empezar, el origen del grito ritual “¡Una, Grande y Libre!” se remonta formalmente al 18 de julio de 1932, cuando su creador, Onésimo Redondo (uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS, después integradas con Falange Española), lo propone como lema político en el número 58 de la revista “Libertad” de la que era editor. Y lo hace en un artículo-proclama que concluye de forma literal: “Por España libre, grande, única, respondamos con el arma en la mano a la provocación de los que preconizan el crimen. Formemos los cuadros de la juventud patriótica y belicosa. ¡Amemos la guerra y adelante!”.

En realidad, en el número 49 de la misma revista “Libertad” (16/05/1932), es decir cuatro años antes de iniciarse el guerra civil y algunos más hasta que se consolidó el régimen franquista, ya se recogía el grito: “¡Viva España Única!¡Viva España Grande! ¡Viva España Libre!”.

(Paréntesis: Quede claro que cuando a mediados de 1932 se comenzó a usar el lema en cuestión, el “franquismo” no existía y que, entonces, el general Franco era un militar leal a la II República, totalmente desentendido del golpe militar que el general Sanjurjo montaba en aquellos momentos contra el poder constituido y que se concretó en la fallida “Sanjurjada” del 10 de agosto de 1932. Durante cuatro años, hasta el Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936, Franco nada tuvo que ver con aquel lema falangista, dándose incluso la circunstancia de que el 15 de febrero de 1935 el Gobierno republicano de Alejandro Lerroux le nombró nada menos que Jefe del Estado Mayor del Ejército).

La “España Única” de Falange, después “Una”, no hacía referencia tanto a la singularidad en número o calidad, como a la propiedad de todo ser o ente en virtud de la cual no se puede dividir sin que su esencia se destruya o se altere. Nunca esa “unidad” quiso ser, ni lo fue, pura “uniformidad”, como cree Artur Mas, ni tuvo otra intención que conjurar la advertencia quevedesca de que “una sola piedra puede desmoronar un edificio”. A él, y a otros nacionalistas igual de regresivos, les convendría “repensar”, si alcanzaran a ello, esta inteligente afirmación de Isaac Newton: “La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo”.

Por su parte, al general Franco no le preocupaba tanto la posibilidad de que bajo su régimen dictatorial España se pudiera dividir por efecto del separatismo catalán o vasco, fácilmente domeñable por la fuerza militar, sino la división más profunda de tipo social, ideológico y de los partidos políticos, apoyada por influencias y organizaciones exteriores menos abatibles, que ya había conducido a la guerra civil. La realidad es que nada ni nadie impediría los últimos fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 y que, curiosamente, la gran eclosión del terrorismo etarra se produjo en democracia.

La “España Grande”, primero la del falangismo y después la del franquismo, que no fueron, en modo alguno, la misma cosa, tampoco tuvo el alcance  

“imperial” y expansionista que algunos desinformados han pretendido darle de forma extemporánea. Se refiere al concepto de “grandeza”, enraizado con la elevación del espíritu y la excelencia moral que han quedado reflejadas en muchos pasajes afortunados de nuestra historia (no lo fueron todos), y también en su proyección universal.

El “trascendente” ideario de Falange Española era claro al respecto en sus enunciados más emblemáticos:

Falange Española cree resueltamente en España.

España no es un territorio. Ni un agregado de hombres y mujeres. España es, ante todo, una unidad de destino; una realidad histórica; una entidad, verdadera en sí misma, que supo cumplir --y aún tendrá que cumplir-- misiones universales.

Por lo tanto España existe:

1º Como algo “distinto” a cada uno de los individuos, y de las clases y de los grupos que la integran.

2º Como algo “superior” a cada uno de esos individuos, clases y grupos, y aún al conjunto de todos ellos.

Luego España, que existe como realidad “distinta” y “superior”, ha de tener sus “fines” propios. Son esos fines:

1º La permanencia en su unidad.

2º El resurgimiento de su vitalidad interna.

3º La participación, con voz preminente, en las empresas espirituales del mundo.

La “España Libre” se incardina con el sentimiento más universal del ser humano, en contraposición a la esclavitud, y con su facultad natural para obrar de una manera o de otra, y de no obrar, siendo por ello responsable de sus actos. También se entiende como el bien afecto al buen gobierno de las naciones que permite hacer y decir cuanto no se oponga a sus leyes y al derecho consuetudinario…

UN LEMA “FALANGISTA” DE AMPLIA SERVIDUMBRE

La incultura de quienes día a día siguen arremetiendo peyorativamente contra la España “una, grande y libre”, sobre todo desde el nacionalismo periférico y otros apolillados reductos antifranquistas, parece irremediable. No obstante, puestos a ilustrarla, aunque sólo sea con alguna pincelada, conviene reproducir el comentario de Gustavo Bueno Sánchez, profesor de Historia de la Filosofía y director de la “Fundación para la Defensa de la Nación Española” (DENAES), que circula profusamente por la Red y que no dejará de sonrojarles y de evidenciar su desconocimiento de la historia nacional, remota y próxima:

En septiembre de 1932 Manuel Azaña, jefe del Gobierno  de España, en un discurso pronunciado en Santander, afirmaba que “nosotros, los hombres que hemos traído la República, necesitamos la patria republicana para nosotros, porque nosotros queremos una patria grande y libre”. En diciembre de 1934, en las Cortes, José Antonio Trabal, diputado de Esquerra, aseguró no tener ninguna duda “de que el pueblo catalán luchará por la España grande y libre”. La socialdemocracia, tras años de reabrir heridas y sembrar maniqueísmos en nombre de una sectaria Memoria Histórica, en tenaz adoctrinamiento por aulas y televisores, ha logrado hoy que incluso los más jóvenes asocien la unidad y la grandeza de España a las tinieblas de un pretérito opresor y fascista. Pero no se olvide que buena parte de esos ideólogos resentidos que se identifican, más de 70 años después, con los perdedores de la Guerra Civil, son biográficamente hijos y nietos de reconocidos cuadros y dirigentes del franquismo. Enfermos mentales empeñados en corromper y destruir cuanto tenga que ver con España.

Mientras, la ultraderecha política española, representada por el PNV del Dios y Ley vieja de Sabino Arana, sucesor directo de aquella derecha primaria añorante del Antiguo Régimen del Dios, Patria y Rey, avanza imparable en su proceso secesionista, con la ayuda eficaz de unos asesinos. Creen algunos pánfilos que no es para tanto, que Europa permitirá superar en armonía conceptos discutidos y discutibles. Pero ¿acaso perdió su actualidad aquella proclama dirigida en 1848 al pueblo alemán? “A todos los que habitáis la Alemania dirigimos el presente llamamiento, y a vosotros, croatas y de Prusia. Hasta ahora los artificios de la diplomacia os han tenido separados de nosotros; hoy por el contrario sois hermanos nuestros, nuestra patria alemana debe ser ‘una, grande y libre’. Todo el pueblo alemán lo quiere, y la voluntad de un pueblo es irresistible”.

Pero igual de pánfilos que los señalados por el profesor y ensayista Gustavo Bueno, son quienes, desde la Transición, no sólo vienen empeñados en que se abandonen los lemas y símbolos “franquistas” (muchos de los suprimidos ni siquiera tienen esa adscripción), sino también en hacer decaer las referencias “nacionales” más genuinas: hasta la misma “España” ha sido sustituida con frecuencia por absurdos eufemismos (como “este país”, “el territorio nacional”, “el conjunto del Estado”…), rebuscando y haciendo proliferar al mismo tiempo las señas de identidad y los lemas provincianos sustitutivos más chuscos e insustanciales. 

Sostiene el Molt Honorable Artur Mas que en las escuelas catalanas se explica la España “plurinacional”. Pero, ¿en qué medida existe realmente esa España…? Para que tal existencia pudiera darse, haría falta que España no fuera una nación (que como mínimo lo es desde 1518 con Carlos I coronado como primer rey de España, dejando aparte la Hispania visigoda), sino una suma de ellas (que nunca existieron). Pero, en todo caso, una suma de naciones no producirá nunca otra nación distinta de las que la integran, sino un Estado Federal, e incluso “plurinacional”, pero “único”. Por definición, una nación ha de ser forzosamente “una” y “sólo una”.

Al president de la Generalitat le gustaría que España fuese eso, una suma quimérica de naciones, porque él, como otros catalanes “desorientados”, no se considera siquiera ciudadano de una “nación de naciones” en el sentido razonable de ser catalán y español a la vez. Esos “aprendices de brujos” se sienten catalans, y lo más que están dispuestos a admitir es su pertenencia a un Estado plurinacional en el que estuviera integrada “su” nación, Catalunya. Aunque ahora parece que quieren algo mucho más aventurado.

Antonio Elorza, historiador, ensayista y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, concluía su análisis del enredo secesionista de Cataluña en un artículo titulado “La resistible ascensión de Artur Mas” (“El País”, 20/10/2012) con esta reveladora apreciación: “(…) Y siempre reconociendo que Mas ha logrado, por decirlo con Umberto Eco, ‘producir su propia verdad contando mentiras’, y que la frustración y la crisis han hecho de muchos catalanes seguidores apasionados suyos, hinchas de un equipo ilusionado con la victoria”.

Mentira tras mentira, cuando Mas dice que en Cataluña se enseña la España “plurinacional”, también miente. Allí, lo único que se enseña es que “hay una nación que se llama Cataluña”, a la que pertenecen cuantos viven allí, lo quieran o no lo quieran. Con el añadido de que España sólo existe como Estado opresor de Cataluña y de otras naciones, azuzándolas para que consideren si quieren o no quieren seguir sojuzgas por ese Estado “plurinacional”, en el que los catalanes ya no tienen el menor interés.

Además, el president se niega a que en Cataluña se enseñe la historia de España como “una, grande y libre”. Cosa que, de otra forma, sí que desea para Cataluña: que sea “una”, “grande” y también “libre” al independizarse de España. La realidad, pues, es que el problema no es la fórmula (“una, grande y libre”), sino la entidad a la que se aplica: lo que no vale para España, sí que vale para Cataluña.

ROMPER PELIGROSAMENTE EL “MACIZO DE LA RAZA”

Lo preocupante del caso es que estas maniobras y manipulaciones políticas, interesadas y alentadas por líderes partidistas mediocres, antes que por los propios ciudadanos, tienen un peligroso efecto explosivo “multiplicador” bajo determinadas condiciones de inestabilidad socioeconómica y en situaciones de debilidad institucional. Con este escenario, forzar una división radical de lo que Dionisio Ridruejo definió sociológicamente como el “macizo de la raza” (término extraído del poema de Antonio Machado El Mañana Efímero), alimentada por la irracionalidad y la visceralidad (que es lo que está sucediendo en estos momentos), antes que por la realidad política y la reflexión inteligente, es incendiario y, a la vez, probablemente inútil.

Sociólogos tan prestigiosos como Talcott Parsons (uno de los mitos de la Universidad de Harvard), inspirado al respecto por Max Weber y explicado con singular acierto en España por el profesor Francisco Murillo Ferrol, ya advirtieron que la ruptura del consensus básico por el desequilibrio de las “presiones opuestas” dentro de la dinámica social, conduce fácilmente a la división de esa mayoría representada en el “macizo de la raza” y al enfrentamiento violento de las partes (en realidad una guerra civil o un sojuzgamiento de una por la otra). Dionisio Ridruejo, que fue falangista y también antifranquista, lo veía así, considerando que su impenetrable solidez era una de las garantías de la estabilidad socio-política en España.

En un extenso e interesante artículo titulado La crisis autonómica y la impenetrabilidad del “macizo de la raza”, publicado en el diario “El País” (07/08/1979), el político y periodista valenciano Vicent Ventura comentaba la equilibrada posición de Ridruejo sobre las “nacionalidades” y la “nacionalidad”, expuesta en un encuentro “clandestino” de intelectuales y políticos más o menos afines a cada uno de los términos, celebrado años antes en una masía barcelonesa (murió el 29 de junio de 1975):

(…) La racionalidad ligeramente apasionada de Dionisio Ridruejo fue de gran eficacia en aquel, y otros, amagos de comprensión del problema por parte de los que un día habrán de ayudar a que la situación se desdramatice y no cueste, como dicen que puede costar, el tiempo perdido de cualquier involución que sería absolutamente inútil. Porque la solución, vino a decir Ridruejo, a unos, no está en negar el problema y tratar de ahogarlo puesto que ni es justo ni es eficaz. Pero la realidad demuestra, vino a decir, mirándonos a los otros, que ahí está, desde hace siglos, el «macizo de la raza», sólido, cerrado a la comprensión de lo que cree que va a empequeñecerle y contra el cual pueden estrellarse las esperanzas liberadoras. Cuánto más las de las “nacionalidades insatisfechas”, como se las definió otro amigo común años antes de la reunión de Barcelona.

Dejando a un lado las opiniones y posiciones preconstitucionales, está claro que los actuales y desbordantes problemas de España, no han nacido ni sobrevenido de forma espontánea. Han surgido por la continuada dejación política en la salvaguarda del interés del Estado, por los excesos cometidos en las transferencias competenciales a las Comunidades Autónomas (incluidas algunas que son intransferibles constitucionalmente) y por las maniobras partidistas del PP y del PSOE para tomar el poder o mantenerse en él a toda costa, con el apoyo de las “bisagras” periféricas.

Una dejación incomprensible, alentada por la ambición y la bajeza política, en la que la propia Jefatura del Estado tiene una importante cuota de responsabilidad, tanto por omisión como por acción. Machacar vengativamente durante casi cuarenta años cualquier vestigio franquista y demoler todo lo positivo del régimen (que algo de eso también tuvo el franquismo, incluida una vía para consumar el proceso sucesorio en democracia), es demasiado torpe. Y más todavía, alentar en ese exceso escarnecedor, error tras error, la voracidad del caciquismo autonómico y, peor aún, el temerario secesionismo vasco y catalán.

EL EQUIVOCADO JUEGO DE LA CORONA

En un artículo titulado “La Corona pierde la cabeza”, publicado en “El blog de Federico” (Libertad Digital) el pasado 13 de octubre, el incisivo periodista Federico Jiménez Losantos arremetía a propósito de la polémica en cuestión contra la Casa Real, y particularmente contra el Heredero de la Corona. Su contenido trasgresor y su expresividad, merecen una reproducción literal:

Siendo penosa, antidemocrática y rabiosamente anticonstitucional la bronca del Rey ayer al Presidente del Gobierno por tener a Wert como ministro y a Wert como ministro del Gobierno de España (cinco horas después, desmentida a medias por la Casa Real) aún fue peor la redición en papel cuché del Príncipe de Asturias del tomo en rústica de su padre.

Al Rey, despóticamente entrometido, puede excusársele --si es que queda alguien que lo quiera-- por el desgaste propio de los años, el peso de su oscura fortuna o las malas compañías, íntimas cuanto onerosas. Pero al Príncipe puede achacársele algo mucho peor: seguir la torcida senda de su padre, que se resume en halagar a la izquierda y el separatismo mientras se preocupa de silenciar a la derecha nacional. El intolerable comportamiento del Rey ayer fue la prueba de que esta corona no merece la Jefatura del Estado. La locuacidad desnortada del Príncipe augura que el futuro Jefe del Estado Español no llevará corona, si ésta es incapaz de conservar la cabeza y de guardarle el respeto debido a la nación.

En los últimos años, por razones de mera prudencia histórica --el ya lejano fracaso de las dos repúblicas-- y de razonable precaución nacional --el Rey como último valladar político y militar frente al separatismo-- hemos querido mantener la esperanza de que el Príncipe no seguiría el camino de baldosas doradas que su padre transita desde el 23F de 1981 y la llegada del PSOE al Poder en 1982.

Las maneras educadas que suelen mostrar los Príncipes, lejos de la falsa campechanía del Rey, no hacen difícil --aunque siempre no resulte fácil-- este trato cortés. Sin embargo, ayer Felipe asumió como propias tan groseras mentiras, tan burda colección de majaderías progres, que comprometió, sin necesidad, a la propia institución cuya continuidad debe asegurar. Si lo que el heredero del Trono quiere mantener es esta Corona que su padre ha convertido en coartada vagamente medieval de una política rabiosamente antinacional, tal vez disfrute del afecto de su familia. Del cargo, le va a resultar dificilísimo.

Mediante la fórmula oscurantista del off the record, es decir, del secretismo a voces y del discreteo indiscreto, el Príncipe dijo ayer, según “El País” --órgano oficioso de la Zarzuela, corroborado por las agencias y demás medios-- que “Cataluña no es un problema”. ¿Pero en qué país vive Felipe? Debe de ser el único que no se ha enterado del abierto separatismo catalán, porque hasta su padre firmó hace pocos días en la web de la Casa Real una torpe disquisición sobre galgos y podencos en la que exhibía una cobarde cuanto inútil equidistancia entre españoles y antiespañoles.

Pero el hijo fue ayer aún más lejos que el padre: “Confío más en la Cataluña real que en la espuma que estamos viendo con lo que hacen unos y otros”. O sea, que la manifestación por la independencia promovida por la propia Generalidad, el espectáculo secesionista del Nou Camp, la votación en el Parlamento catalán de un referéndum separatista, la aún más apabullante votación en el Parlamento Nacional declarando ilegal ese referéndum, la salida a la calle en el mismo momento en que el Príncipe desvariaba ante los periodistas de decenas de miles de catalanes contra el proyecto separatista de Artur Mas, no son manifestaciones de la Cataluña real, ente esquivo, invisible para la mayoría de catalanes y españoles, sólo al alcance intelectual de Don Felipe.

Puesto a meterse en jardines y pisar arenas movedizas, el Príncipe aseguró que hay catalanes que “no encuentran siglas para su opción política”. No sé tanto como él de la Cataluña real pero hasta donde sé esos insatisfechos pueden formar el partido que quieran y con las siglas que les dé la gana. En cuanto a opciones políticas, hoy en Cataluña hay dos: independizarse de España o continuar formando parte de ella. “La Casa Real seguirá haciendo lo que hemos hecho siempre”, añadió el Príncipe. O sea, nada.

Pero lo peor es eso de “lo que hacen unos y otros”. Lo que hacen unos es atacar a España y lo que hacen otros es defenderla. Si al Príncipe de Asturias le parecen actitudes política y moralmente similares, si el heredero del Trono de España piensa que su tarea es mantener la misma distancia con los que atacan y los que defienden esa nación que él debería cuidar, siquiera para reinar en ella, reconozco que me he llevado un chasco. Me equivoqué al pedir que su progenitor, cómplice de Zapatero y Mas en el Estatuto de Cataluña que ha destruido el régimen constitucional, abdicara en un Príncipe libre de ataduras y negocios.

No hay atadura más fuerte que la intelectual ni peor negocio que la obcecación dinástica. Si la abdicación supone la continuidad política y no sólo institucional, puede seguir el Rey atropellando la nación española y protegiendo el naciente Estat Catalá. No será por mucho tiempo ni le queda demasiado al Príncipe para rectificar. Si no lo hace, acaso dentro de poco le sobren horas para pensarlo. Hoy, mi obligación es avisar lealmente, como español, de que una corona sin cabeza acaba siendo, fatalmente, una cabeza sin corona.

CON ESPAÑA O CONTRA ESPAÑA

Cada cual podrá interpretar libremente el artículo de Jiménez Losantos y, en su caso, sacar del mismo las conclusiones que le parezcan pertinentes. Pero quizás haya llegado el momento, en efecto, de recordar a Su Majestad el rey Juan Carlos, quien en tiempos pasados tantas veces aclamó la España “una, grande y libre”, aquellos versos en los que Lope de Vega nos legaba un criterio moral de legitimidad, perfectamente entendible y entendido por el pueblo: “Todo lo que manda el Rey, que va contra lo que Dios manda, no tiene valor de Ley, ni es Rey quien así se desmanda”.

Y, a tenor de cómo se está pronunciando el príncipe Felipe sobre lo que en España es o no es un problema, quizás sea el momento de recordarle también dos cosas que no debería olvidar de cara a su futuro sucesorio.

La primera es que su padre, Don Juan Carlos de Borbón, fue, en primera instancia, sucesor de Franco, y después Rey de España, porque así lo quiso la España “una, grande y libre”, y no la de las nacionalidades republicanas. De igual manera, y esté previsto lo que esté previsto, como Príncipe de Asturias sólo será Rey de España (y no de Cataluña ni del País Vasco) si cuenta con el apoyo de la España “unitaria” y no con el de los nacionalismos secesionistas, ni con el de la izquierda radical, sea ésta abertzale, federal, confederal o mediopensionista…

La segunda se refiere a una ilustrativa leyenda histórica, conocida por todos los que alcanzaron el sistema de enseñanza franquista, que los jóvenes educandos de la España “plurinacional” acaso hoy desconozcan. Cuando, en su camino al exilio en las Alpujarras, el último emir de Granada, Muhammad XII (conocido por los cristianos como Boabdil “El Chico”), se paró en el alto del monte después conocidos como del “Suspiro del moro”, llorando ante la última visión de la bella plaza que acababa de rendir y entregar a los Reyes Católicos, su madre, la sultana Aixa, le reprobó: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”.

El pasado 27 de septiembre, Jorge de Esteban, reputado catedrático de Derecho Constitucional, publicaba en “El Mundo” un artículo desconcertante, titulado “El debate del Estado federal”. Inmersos en el maremágnum de la crisis económica, que tiene sus raíces en la crisis de la ética y la legitimidad políticas, el autor opinaba sobre la opción federalista que revolotea por la aturdida cabeza del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quizás azuzado por la crisis “identitaria” del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Opción a la que los socialistas parecen agarrarse como a un clavo ardiendo, o como quien, para mitigar una jaqueca, ni corto ni perezoso decide arrancarse la cabeza.

La idea básica que transmite el profesor De Esteban, es que el Estado de las Autonomías ya es un tipo sui generis de Estado Federal y que, por tanto, no es posible adoptar lo que ya existe, como parece maquinar el PSOE. Pero puntualizando, además, que para conformar “un Estado federal pleno, y no parcialmente, como lo es ahora, es indispensable la reforma de la Constitución” (en lo que ambos estarían de acuerdo), y añadiendo que dicha reforma habría de suprimir sus actuales anomalías (la “asimetría”) y adelgazar la desproporcionada organización autonómica.

El articulista concluye su exposición precisamente apuntando al meollo de la cuestión. Es decir, abogando por una reforma constitucional, necesidad compartida por los analistas más conscientes del extremadamente grave problema institucional en el que estamos inmersos, pero planteada en dirección equivocada (y peligrosa) hacia un Estado Federal “simétrico”; algo por otra parte difícil de conseguir porque España es un país en sí mismo “diferencial” o “asimétrico”, tanto en el plano territorial como en términos históricos, económicos y culturales. Y ello con independencia de que esa pretendida “simetría igualitaria” no sea, ni mucho menos, el factor determinante del federalismo, dado que en la realidad jurídico-política, es decir en la práctica y no en la teoría, las competencias de los entes “federados” siempre pueden verse minoradas o llevadas a su mayor extremo, de lo que sobran ejemplos en los casi 30 Estados federales que contempla el ilustre catedrático.

Entre los comentarios suscitados por el artículo en cuestión, en el que Jorge de Esteban vuelve a insistir en su conocida reclamación de una urgente reforma constitucional (en eso acierta plenamente), destacan los de Luis María Anson, suscritos como miembro de la Real Academia Española. En su apoyo, concretado en forma de carta pública, destaca un párrafo explosivo:

(…) Lo más sagaz de tu artículo “El debate del Estado federal” es la denuncia que haces de la pusilanimidad del Partido Popular de Mariano Rajoy, incapaz de coger el toro de la crisis política por los pitones que cornean el cuerpo de España. El PP que, “absurdamente no desea ninguna reforma constitucional”, no se da cuenta de que “España se seguirá deslizando por un desfiladero que conduce al abismo, pues no hay futuro sin reformar lo antes posible la Constitución”. No puedo estar más de acuerdo. Desde hace varios años vengo diciendo que el régimen está agotado. O hacemos una reforma constitucional de fondo o tendremos revolución.

Nosotros, como otros muchos medios de opinión informada, también estamos de acuerdo con la urgencia de esa reforma constitucional (algo que reclamamos de forma permanente), orientada a reconducir el ahogado y agotado Estado de las Autonomías. Pero (¡¡atención!!) no hacia el Estado Federal “simétrico” (que es el que parece promover el profesor Jorge de Esteban), hoy por hoy tan gratuito como inviable, ni hacia el “asimétrico”, que sería una apuesta realmente incendiaria, sino hacia un Estado unitario y social-solidario, con toda la descentralización administrativa que pudiera convenir, pero sin duplicaciones o triplicaciones competenciales, aplicando en todos los sentidos y ámbitos administrativos los avances tecnológicos actuales, inexistentes y hasta impensables en el origen del Estado de las Autonomías.

Un Estado encajado sin fisuras, fraudes ni manipulaciones interpretativas, en el impecable Preámbulo de la vigente Carta Magna, llevado a su mejor expresión en el artículo 1.1 del Título Preliminar: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Ni más ni menos…, y reconduciendo, por supuesto, todas las derivas indeseables que se han ido incorporando en el desarrollo normativo del texto constitucional, sólo en razón de los espurios intereses partidistas, realimentados sobre todo por las formaciones mayoritarias (PP y PSOE), cuya constante deslealtad con el interés supremo de España es más que evidente.

Pero, ¿es posible que, a estas alturas de la historia de España, los políticos hayan perdido el norte de la esencia nacional sólo porque (dictaduras aparte) el régimen franquista la quisiera “una, grande y libre”…? ¿Es que, acaso, hay que compensar aquel déficit de “pluralidad” con un desmadre autonómico indeseado, tanto en su origen como en la actualidad, por la inmensa mayoría de los españoles, que además vienen reclamando sistemáticamente la igualdad de todos los pueblos y regiones de España? ¿Y por qué extraña razón han de imponer su criterio los que son menos a quienes son más…?

Sin ánimo reiterativo, ni tampoco exhaustivo, hemos de recordar algunas de las posiciones y comentarios que hemos venido incluyendo últimamente en nuestras Newsletters sobre el Estado de las Autonomías y sobre su relación inequívoca con la crítica e insostenible situación de la economía nacional. Dicho de otra forma, sobre la razón más profunda de la actual descomposición del Estado.

EL INSOPORTABLE LASTRE DEL JUEGO AUTONÓMICO

El pecado original que nos ha conducido a la actual crisis nacional, es decir el causal de todos los demás, es el del mal entendimiento de la política y del servicio público, en clara confusión con el “servirse de lo público”. Una impregnación deplorable, hoy por hoy acreditada y palpable en las más altas instituciones del Estado (en el entorno de la Corona, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, en la Policía…) y en la vida ciudadana cotidiana: por ejemplo, en la concesión y recepción de subvenciones públicas bastardas, en el ejercicio de la economía sumergida, en los ERE fraudulentos, en la prevaricación y el cohecho administrativo, en el falseamiento de la acción sindical... Y el otro gran pecado, que no deja de ser consecuencia directa de esa mal praxis política, es la gran mentira del Estado de las Autonomías.

Comentando los componentes de irreversibilidad que alimentan la crisis actual, todavía lamentablemente encubiertos en el debate político, ya hemos advertido que la cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, mal educados en el franquismo por activa o por pasiva, no dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, sino totalmente “desatado”. Gracias a esa imprevisión, que no supo limitar su desarrollo en fondo y forma, fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios, consolidándose al mismo tiempo el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”…

Ya vimos como el pasado 10 de abril, Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y ahora pasada a mejor vida política (¿acaso por su “rebeldía” política?), expuso al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, la urgente necesidad de reconducir a la Administración Central del Estado al menos las competencias transferidas en materia de Educación, Sanidad y Justicia, aunque quedarían otras muchas por recuperar o blindar estatalmente (relaciones internacionales, normativas comerciales, puertos y aeropuertos de interés general, control y autorización de referéndums, seguridad pública nacional…). Con ello, le marcaba un verdadero cambio de rumbo, desoído de forma tan soberbia como estúpida, para atajar el desmadre económico de “carta a los Reyes Magos” al que se ha llegado por el irresponsable comportamiento político conjunto del PP y del PSOE, en orden por supuesto a la normalización del Estado en términos organizativos, funcionales y sobre todo presupuestarios.

Pero es que, aun con todo tipo de resistencias por parte de la clase política (a la que, cosa grave, cada vez se identifica más como “casta política), esa exigencia reformadora crece intensamente. Día a día, han venido aumentando las personas documentadas que advierten sobre la nefasta deriva por la que discurre el Estado de las Autonomías.

Una de las que, como ya hemos comentado, no deja de reiterarse en lo dicho de forma periódica, es la del mismo Jorge de Esteban citado al inicio de esta Newsletter, quien en otro expresivo artículo de opinión titulado “¿Qué hacemos con las autonomías?” (“El Mundo” 19/04/2012) sostenía que, más allá de lo demandado por Esperanza Aguirre al presidente Rajoy, “hay que reformar ya la Constitución para fijar con exactitud las competencias del Estado y de las regiones”. 

Otra voz autorizada, la de Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, sostiene la misma tesis, pero apoyada por la incidencia de las autonomías en el gasto superfluo y el déficit público. Su acertada “Carta a la Sra. Merkel: exija el fin de las autonomías” (25/06/2012), en su momento reproducida en esta misma web, ha tenido una difusión extraordinaria dentro y fuera de la Red, conectando con los sentimientos más profundos de una ciudadanía que se muestra cada vez más encrespada por los desmanes y la falta de lealtad de los partidos políticos, justo en contra de las mismas bases sociales a las que pretenden representar.  

El profesor Centeno se lo contó con pelos y señales a Ángela Merkel y nosotros se lo recordamos a nuestros lectores: 

(…) A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados”…

(…) Para ellos [los políticos] son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina…

(…) Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizandos millones de empleados públicos nombrados a dedo --causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado-- y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado…

(…) Es por ello Sra. Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su lugar la supresión la locura económica que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta.

En relación con esas exigencias reformistas, sustanciales e inteligentes pero hasta ahora en verdad inéditas, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, un hombre esencialmente tranquilo y ponderado, también advirtió, y no importa repetirlo, que el traspaso de las competencias de Justicia a las autonomías fue un error, mostrándose partidario de que vuelvan al Estado.

Respondiendo a la pregunta que le formuló uno de los asistentes al curso sobre Justicia y Economía organizado por la Universidad de Verano Rey Juan Carlos en Aranjuez (02/07/2012), Torres Dulce afirmó: “Si somos un Estado Federal, somos un Estado Federal, pero tenemos los inconvenientes de un Estado Federal y ninguna de las ventajas, como sucede en el actual desarrollo del Estado de las Autonomías”. Y, con el dedo puesto en la llaga del actual modelo político, puntualizó: “Un Estado en el que no haya un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar”.

La necesidad de refundar el Estado (sin la manipulación social subyacente en la Transición), particularmente en lo relativo a su actual organización autonómica, a la independencia de los poderes básicos que caracterizan la democracia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y al sistema electoral y de partidos políticos, es tan obvia y urgente que sólo los déspotas y marrulleros de la política pueden dejar de admitirla. Y, precisamente por eso, está meridianamente claro que para acometer tal tarea histórica, se necesita una clase política más patriótica, más inteligente y más honrada que la que tenemos.

Esta es una desagradable cuestión que tendrá un mal recorrido de forma inevitable, duro y con consecuencias impredecibles, porque no parece que los actuales líderes y aparatos partidistas (que todo lo impregnan y contaminan) quieran apearse de la ahogada y también agotada burra autonómica, ni suprimir los incontables pesebres en los que alimentan a su correspondiente canalla de afiliados “chupa-jornales”, salvo excepciones muy contadas que tampoco se plantan como tendrían que plantarse. Incluso los hay (en el PP y en el PSOE) que quieren más y más de lo mismo. 

Otros, situados todavía algo más abajo en la escala de la racionalidad política y social, como los ultra nacionalistas vascos y catalanes, sin duda provincianos y acomplejados, incluso presumen de incumplir la legalidad constitucional, rechazan sólo porque sí cualquier tipo de política nacional, imponen inmersiones lingüísticas extemporáneas, amenazan con celebrar referéndums independentistas y practican la patochada política allí donde tienen la menor ocasión, incluidos los partidos de fútbol tele-trasmitidos a medio mundo… Por supuesto, sin considerar, ni por asomo, que tarde o temprano terminarán encontrando la verdadera horma de su zapato. 

De momento, la lucha contra la actual crisis político-financiera, española y europea, se está encauzando, por si alguien todavía no lo sabe, en términos de “más euro” y “más Europa”, es decir “menos España” y “menos autonomías”. Y, a pesar del respiro que pueda dar a nuestra crisis particular el “rescate financiero” concedido al Gobierno español por sus socios del Eurogrupo (todavía por sustanciar), quienes seguirán marcando los pasos, los tiempos y la letra de esa maldita “cuchufleta nacional” en la que todos estamos inmersos, serán los mercados, pese a quien pese. 

No conviene dudarlo: los mercados (no los políticos arrogantes y despóticos) pagan la orquesta del “rescate” y, en consecuencia, eligen la partitura. Por eso, como el Gobierno siga tonteando con la desactivación económica y el derroche presupuestario, condicionado por el insoportable lastre del juego autonómico, volverán a golpear con fuerza sobre nuestra deuda soberana, cada vez que proceda o les convenga.

De la “marca España” y de los inútiles intentos para promocionarla en el exterior, sin desprender previamente al país del orín y la podredumbre político-institucional que lo envuelven, hablaremos en otra ocasión... De momento, baste decir que el papel jugado en este terreno por el presidente Rajoy, y peor todavía por el Jefe del Estado, estando las cosas como están (España emporcada y sin barrer), no deja de parecer profesionalmente baldío y hasta grotesco… 

EL SEGUNDO RESCATE Y LA REFORMA DE LAS AUTONOMÍAS

De hecho, a pesar de que Rajoy y Rubalcaba hayan vendido como un gran éxito político la chafarrinada del “rescate financiero”, sin que conozcamos siquiera las condiciones impuestas por el prestamista (que sin duda serán de tener en cuenta), ni quienes la soportarán como últimos sufridores, los bonos de la deuda soberana (a punto de convertirse en “bonos basura”) siguen, y seguirán, cotizándose con tipos de interés insostenibles. 

Del déficit público y del desequilibrio fiscal, y de su relación con el PIB (en caída de momento imparable), es mejor no hablar; y del crecimiento de las diferencias sociales y del nivel general de pobreza, galopante, todavía menos. Los medios informativos convencionales dan cuenta continuada del desastre propiciado por el vampirismo de nuestra organización política y presupuestaria, realimentando una espiral implosiva de la economía que poco a poco, pero cada vez con más fuerza, nos introduce en un pozo sin fondo. Una lamentable y ya intolerable praxis que, a ojos ciegos y oídos sordos de las más altas magistraturas del Estado, está destruyendo España a golpes de taifas, saqueos, bandidajes y torpezas políticas reiteradas día a día, sin que nadie, del rey abajo ninguno, les quiera poner coto. 

Paréntesis: Al día de la fecha, las Administraciones Públicas ocupan nada más y nada menos que a 3.104.100 personas, lo que supone el 17,8 por 100 del total de puestos de trabajo, detraídos de la economía productiva. A pesar de la normalización funcional y los avances tecnológicos introducidos en la Administración Pública, que lógicamente deberían haber mejorado la productividad funcionarial, dicha plantilla ha registrado un aumento de 440.000 personas en los últimos diez años.

En esta dinámica política, económica y social, de auténtica ruina nacional, hay que añadir, por supuesto, las demoledoras e insalvables cifras del desempleo; la fuga acelerada de capital extranjero (y nacional), con un reflejo negativo claro sobre la actividad económica y la financiación de la deuda pública; el sobrecosto del sistema político autonómico; el continuo desprestigio de las instituciones del Estado… En fin, toda una serie de circunstancias peyorativas que, sin el menor ánimo agorero, conducen de forma inevitable al colapso económico-financiero y a un segundo rescate con mayúsculas, absolutamente necesario aunque tenga consecuencias mucho más dramáticas que el primero… 

Pero la gestión del rescate español en una segunda fase de “rescate total”, más allá del implementado en el ámbito financiero, necesidad hoy por hoy más que evidente a pesar del “despiste” y la remisión de Rajoy para solicitarlo, e incluso para “exigirlo” ante los socios europeos como última y única posibilidad de evitar la bancarrota nacional (porque hay en el Eurogrupo quienes nos lo niegan de forma cautelosa), será el momento clave en el que el nefasto artificio de las Comunidades Autónomas habrá de saltar por los aires, quiérase o no. Atentos al caso, porque esa vía podría exigir la reforma radical de la organización política y administrativa de España que no se quiere abordar de forma más natural y precavida, forzando una obligada modificación de la Carta Magna a trallazos…

Nadie, con dos dedos de frente, puede negar ya que la crisis ha ahogado y agotado su principal origen causal: el Estado de las Autonomías. Cada vez hay menos dudas, por supuesto también fuera de España, de que nuestra clase política sigue enrocada en unas prácticas (tanto del Gobierno como de la oposición) absolutamente impresentables, que están destruyendo el país y que, sin quererse reconocer, nos avocan trágicamente a la desestabilización absoluta: económica, política y social.

Por eso, ha llegado el momento de contemplar algunos aspectos de nuestro modelo de Estado, absurdamente blindados por la Constitución, que están siendo obviados o ignorados por el Gobierno de forma peligrosa; error en el que ha caído por la doble vía de no comprender el alcance real del problema y del secretismo de sus omnímodas actuaciones políticas (de inquebrantable adhesión por los demás). Y ello con independencia de las condiciones de los “rescates” (primero, segundo y los que puedan seguir) y de las imposiciones que conlleven sobre la política económica de España, de fácil seguimiento en el día a día informativo.

EL “NUDO GORDIANO” CONSTITUCIONAL

En definitiva, estamos hablando del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado (refrendado por las leyes orgánicas que establecen cada uno de los estatutos de autonomía) y del incuestionable principio de soberanía nacional que, por otra parte, titulariza nuestra Carta Magna. Pero ambas circunstancias chocan con la forma instrumental de los “rescates” (sean los que fueren) y con la consiguiente “intervención” de las autoridades europeas.

Este proceso de “más Europa” y “menos España”, colisiona con el espíritu y la letra “autonómicas” del texto constitucional; sin entrar a valorar en estos momentos su conveniencia o inconveniencia política. Por ello, sorprende sobremanera que la decisión del llamado “rescate financiero”, vinculado por supuesto a una cesión de soberanía en el ámbito macroeconómico, no se haya sometido o no se vaya a someter, cuando menos, a la autorización mediante ley orgánica que establece el artículo 93 CE, referente obligado para la celebración de tratados que puedan atribuir a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española. Y, más todavía, que nadie plantee lo propio de cara al segundo rescate (el “rescate total”).

Aquí, lo del “yo me lo guiso y yo me lo como”, lo de la chapuza normativa o lo de los “fraudes de ley”, que son prácticas más que habituales de nuestra clase política, no servirá. Y el acuerdo conchabado entre Rajoy y Rubalcaba, tampoco. El rescate del sistema bancario y su condicionalidad (como cualquiera otro) se tendrían que haber planteado y debatido en el Parlamento con luz y taquígrafos, siendo aprobado, en su caso, como ley orgánica, es decir con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Éste, debería ser un trámite parlamentario insoslayable, simplemente por la trascendencia política que en sí mismo tiene todo “rescate/intervención”. Pero también porque prácticamente todas y cada una de las medidas que está imponiendo el Gobierno (y las que impondrá), nada tienen que ver con el programa electoral previo del PP, ni con las promesas que le permitieron alcanzar la mayoría absoluta en los comicios del 20-N.

El “rescate” (con todo el adorno semántico con el que se quiera maquillar) comporta un importante paquete de medidas sobrevenidas de gran trascendencia en la vida nacional que, como tales, requieren al menos un debate de transparencia, sin que en modo alguno ello impida a priori su validación política. Porque, si en una situación de tan extrema gravedad como la presente, se prescinde del Congreso de los Diputados de forma tan gratuita, ¿para qué puede servir entonces la institución parlamentaria…?

Pero, volviendo a la irracionalidad del proceso, es que, además, el Gobierno de la Nación tampoco puede imponer a las comunidades autónomas decisiones derivadas del rescate del sistema financiero, sin disponer para ello de suficiente título competencial o contraviniendo lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía. De hecho, hay autonomías, incluso gobernadas por el PP, que, con la ley en la mano y a fuer de poder quebrar económicamente, no dejan de mostrar su sonora indisciplina ante las “llamadas de atención” gubernamentales...

La realidad, es que la condicionalidad del denominado “rescate”, se adjetive como se adjetive, o más en concreto la intervención y la cesión de soberanía que conlleva, tienen muy mal ajuste y cabida constitucional. El problema se querrá ver o no ver, pero ahí está, sin que se pueda evitar el tremendo coste político de su mala gestión.

LA NECESIDAD DE UN “GOLPE DE TIMÓN” REFORMISTA

Por eso, ya advertimos también en su momento que el “rescate real” (que es en el que estamos), no el “rescate de favor” pretendido por el presidente Rajoy, obligaría tarde o temprano a una reforma constitucional. Entre otras cosas, para reconducir el Estado de las Autonomías hacia la racionalidad política y la realidad europea: ignorar esta evidencia será volver al “ejercicio de tinieblas” de otros tiempos, con todas sus consecuencias.

Pero, ¿quién le pone ahora el cascabel al gato de las autonomías? Porque, aun cuando la ciudadanía las rechaza de forma mayoritaria, la actual clase política, provinciana y pesebrera, va afanadamente a lo suyo y defenderá los predios caciquiles con uñas y dientes.

Carente Rajoy, aún con mayoría absoluta, de arrestos políticos para liquidar el Estado de las Autonomías (o al menos para comprimirlo), que como todo el mundo sabe (otra cosa es reconocerlo) es el cáncer que corroe España, habrá que esperar para eliminar esa gangrena territorial a una intervención del país por parte de las autoridades europeas, a la consecuente disolución de las Cortes Generales y al inicio de una legislatura constituyente, por mucho que eso asuste a la Corona. Un proceso que, al final, quizás sea el que nos pueda salvar del naufragio histórico en el que estamos inmersos, recuperándonos para la Europa armónica y con futuro, frente al caos nacional realimentado con el “café para todos” mal inventado en el proceso sucesorio del régimen franquista.

La idea que tuvieron los constituyentes de alumbrar, sin duda en un momento ciertamente crucial de nuestra historia, las nuevas taifas autonómicas de España para que la unidad y permanencia del Estado quedara simbolizada en la Corona, ha fracasado. Por eso, la actual coyuntura de crisis, con los problemas que arrastra, no deja de ser un momento procedente para que Gobierno y Oposición convinieran la creación de una “Comisión de Sabios” encargada de estudiar (ya con urgencia) una reforma constitucional adecuada a las necesidades del momento y a la nueva realidad política, económica y social más inmediata.

El “golpe de timón” reformador de las autonomías, es una clara exigencia para la supervivencia y continuidad del actual Estado social y democrático de Derecho, incluida la Monarquía Parlamentaria. Como ha visto y escrito Luis María Anson (“O hacemos una reforma constitucional de fondo o tendremos revolución”), y como de forma insistente están advirtiendo a la clase política las cabezas pensantes más lúcidas del país, si no se conviene ese necesario “golpe de timón” (formulación típica en la historia de la convivencia nacional) la alternativa más probable no será otra que un régimen populista, probablemente con la Corona puesta de montera.

En política (lo hemos dicho en otras ocasiones), la ocultación, la negación y hasta la mentira, están a la orden del día, pero, con ser repudiables, tampoco son irrevocables. Mucho más pernicioso que este conjunto de debilidades, es el error y la equivocación, porque conducen al fracaso de forma irremisible.

A Mariano Rajoy, que en relación con la crisis también ha ocultado, negado y mentido sin cuento, lo que más hay que reprocharle es el haberse equivocado con el tratamiento de paños calientes y tardanzas adoptado para afrontarla, y que en menos de un año nos ha introducido de forma definitiva en un pozo mucho más oscuro y profundo de lo que puedan pensar la mayoría de los ciudadanos. El último Barómetro de Metroscopia (“El País” 08/10/2012) ya le pasa la triste factura de una pésima valoración social, incluso por parte de sus votantes y peor aun que la de sus ministros más negados (Jorge Fernández Díaz, Fátima Báñez, Cristóbal Montoro y José Ignacio Wert), que ya es decir.

En nuestra anterior Newsletter comentábamos la perniciosa emulación que Mariano Rajoy estaba haciendo del “zapaterismo”, utilizando para sostener nuestra opinión algunos ejemplos de su actitud y comportamientos políticos que evidencian el torpe seguidismo de las “ocurrencias” más proverbiales y polémicas de Rodríguez Zapatero, suficientes al respecto.

Sin embargo, dentro de esa denuncia “imitativa”, algunos de nuestros lectores habituales han echado en falta unos comentarios más extensos sobre al desastre que supone la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en cuya tramitación parlamentaria ya quedó patente la plena identificación de Mariano Rajoy (entonces jefe de la oposición) con el presidente Rodríguez Zapatero en un mismo desprecio por las Fuerzas Armadas. Pero, al margen de las muchas torpezas con las que se adorna esta basura normativa “zapateril”, nos han animado a pronunciarnos de forma particular sobre el modelo de enseñanza militar que ha impuesto.

Vaya por delante que, después de que conociéramos por un indiscreto comentario personal de Rajoy el aburrimiento que le producían las paradas militares, cuando en 2011 publicó su libro “En confianza” (Editorial Planeta), pudimos comprobar también que entre sus 255 páginas no hacía otra referencia a las Fuerzas Armadas que la de deslizar sutilmente, en apenas una de ellas, la incomodidad que le produjo prestar el servicio militar obligatorio, cuando ya tenía en el bolsillo nada menos que el título de Registrador de la Propiedad. Igual de curioso es que ninguna de las 75 fotografías con las que se ilustra el libro, cuyo hilo conductor es su propia biografía y carrera política, recoja aquella vivencia militar, ni su presencia en acto castrense alguno.

Dado que la obra en cuestión constituye, en palabras del propio Rajoy, un conjunto de “propuestas y medidas en un gran abanico de políticas” propias de quien aspiraba a convertirse en el próximo presidente del Gobierno, es decir propuestas propagandistas, el hecho de que no incluyera en ellas ni una sola referencia a las Fuerzas Armadas (salvo la retorcida anécdota sobre su particular “mili”), muestra con suma claridad que éste no era, en modo alguno, capítulo de su interés. Como en el caso de ZP, su relación con la Institución Militar ha sido simplemente despreciativa, cuando no destructiva.

EL MALESTAR PATENTE CON LA LEY DE LA CARRERA MILITAR

Luis Alejandre, general de Ejército y antiguo JEME nada proclive al escrito inoportuno o descalificatorio, publicaba el pasado 27 de septiembre en el diario “La Razón” un sensato artículo de opinión titulado “Educación y vocaciones”. En su acertada visión de lo que, hoy por hoy, significa la enseñanza de la profesión militar, recogía dos párrafos bien significativos:

(…) Una lectura no digerida ni adaptada en el tiempo de los decretos de Azaña fue desarrollada por uno de los ideólogos que trajo la ministra Chacón a Defensa, el catedrático Javier García Fernández, nombrado Director General de Enseñanza. En principio puede presentarse como beneficioso el haber planificado que un oficial obtuviese un adicional título de Ingeniero. Pero también tiene connotaciones peligrosas. Imagine el lector que la Facultad de Medicina de la Complutense encargase parte de la formación de sus médicos a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Valencia, con la ventaja de darles un doble título. Algo así está pasando en la formación militar, pero con un fondo más cínico. Se trata de diluir la vocación, de “civilizar” en un sentido peyorativo de la palabra. Sólo el buen hacer de los responsables, sólo la disposición de los profesores de las academias y de algunos universitarios, sólo la vocación de los jóvenes alumnos que eligieron voluntariamente la carrera de las armas, salvan la situación, muy trabada por leyes acordadas sin consenso en el último de los bandazos [del modelo educativo]. Otra vez la misma canción, superada a fuerza de enormes sacrificios personales y de grandes costes para los Ejércitos.

He citado la palabra “vocación” y en ella reside la clave de una buena formación. ¿Por qué duele a ciertos españoles este estímulo moral? ¿Es que nunca la han sentido ellos? ¿A qué corporativismo vocacional tienen miedo? ¿Al de la Iglesia metida en Cáritas o en Manos Unidas? ¿Al de los Ejércitos que cumplen las misiones interiores y exteriores con eficacia? ¿Al de los médicos, una de las profesiones más vocacionales y más  sacrificadas? ¿No saben --o no quieren saber—que un vocacional rinde un 120 por 100 a su sociedad? …

Coincidiendo en todo con lo escrito por el general Alejandre, es necesario, no obstante, ahondar con más crudeza en el fondo de la cuestión.

En primer lugar, conviene aclarar a nuestros lectores, porque ilustra la intencionalidad del modelo de enseñanza militar impuesto en la Ley de la Carrera Militar, que el profesor Javier García Fernández, devenido en director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa de la mano de la ministra Carme Chacón y de su marido y amigo personal de Rodríguez Zapatero, Miguel Barroso, nunca fue experto en organización o programación educativa, civil o militar. Es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante con escasa y poco acreditada dedicación a la enseñanza, dado que con anterioridad a su desembarco en Defensa se entretuvo como subdelegado del Gobierno en Madrid, secretario general técnico del Ministerio de Vivienda (con la misma Chacón de titular) y durante trece años como colaborador en el Ministerio de Relaciones con las Cortes y en el de Presidencia durante los gobiernos de Felipe González.

Lo más significado de su biografía profesional en relación con las Fuerzas Armadas, es su admiración por la II República y su personal interés en la llamada “memoria histórica”, legado político prototípico del “zapaterismo”.

Cierto es también que, durante su nefasto paso por el Ministerio de Defensa, García Fernández tuvo tiempo para publicar un libro (editado de bóbilis por el organismo oficial del que era alto cargo) titulado “Veinticinco militares de la República”. Una obra en la que, a nuestro juicio con escaso sustento, defendía la prevalencia profesional de los oficiales que no se sumaron a la rebelión de 1936, frente al “mito” de que no estaban a la altura de los sublevados (en declaraciones públicas del momento sostuvo también que no se podía comparar la represión practicada por el ejército republicano, aunque “en términos actuales” pueda considerarse repugnante, “con la represión sistemática y fría del bando golpista”).

Parece, pues, evidente por donde iban (y están yendo) los tiros reformistas de la enseñanza militar, siendo obligado recordar al respecto la complicidad del PP, y de su jefe de filas Mariano Rajoy, en la tramitación parlamentaria y aprobación del bodrio normativo que realmente es la Ley 39/2007, de la Carrera Militar. 

EL FONDO REVISIONISTA Y DISOLVENTE DE LA CUESTIÓN

A este respecto, cualquier observador imparcial ha podido comprobar el continuo deterioro registrado en el ámbito de la legislación militar. No sólo en sus formas, que vienen recurriendo a los peores artificios de la técnica legislativa con una insistencia más que preocupante, sino también en el fondo de sus contenidos, desdibujando de forma progresiva el papel de la Institución Militar y el modelo de Defensa Nacional diseñado en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que, siendo por supuesto susceptible de perfección, no dejaba, entre otras cosas, de garantizar con claridad y plenitud las altas funciones definidas al respecto en la Carta Magna.

Prueba de esta divagación política y legislativa en materia tan trascendente, fue la ausencia de consenso en el alumbramiento de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, norma que supuso una alteración sustancial de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, reguladora de los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, y de su posterior reforma contemplada en la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero. Un reordenamiento legal que, entre otras cosas, ya comenzó a desnaturalizar el concepto mismo de Fuerzas Armadas, desdibujando también la figura del Jefe del Estado al reconvertir la antigua Junta de Defensa Nacional en su actual formulación como Consejo de Defensa Nacional, más presidencialista y con una estructuración menos orgánica.

Pero centrados ahora en la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, que es una pieza fundamental en la arquitectura de la Defensa Nacional, la primera crítica incuestionable es que, como tal norma básica, además de que modificara otra vez de forma tan radical como innecesaria el modelo de Fuerzas Armadas entonces vigente, no se viera acompañada del preceptivo (aunque no vinculante) dictamen del Consejo de Estado.

Esta misma prudente exigencia (más que una simple conveniencia), ya había sido obviada por el Ministerio de Defensa que entonces titulaba José Bono en la tramitación de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, por supuesto también con la silente connivencia del PP. Una reiteración indeseable que conculca la propia esencia del Consejo de Estado, expuesta con toda claridad en el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980 que regula su funcionamiento, y que, teniendo como tiene la competencia de velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, siempre mantendrá viva la duda sobre si lo que no se ha querido conocer es precisamente su opinión acerca de ese fondo sustancial de las normas directamente afectas a la Institución Militar.

En paralelo, la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de la Carrera Militar se gestó, además, con competencia legislativa plena de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, sin que ninguno de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, PSOE y PP, solicitaran la avocación al Pleno propugnada inicialmente por Coalición Canaria (luego retirada por su portavoz al comprobar la connivencia del PP). Es decir, un trámite de puro “tapadillo”  y el debate y la notoriedad política que requieren leyes tan relevantes en la vida nacional.

Sobran, pues, más comentarios sobre la falta de estética parlamentaria y el interés decreciente que viene mereciendo tan importante materia legislativa, cuya sustanciación se realiza prácticamente en un mero trámite de los designios ministeriales, alentados por un impulso sin duda más revisionista que modernizador y orientado con una deriva disolvente poco aconsejable en lo que debieran ser estrictas políticas de Estado.

LA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR: GRATUIDAD Y DESENFOQUE LEGAL

Al margen de las apreciaciones “diluyentes” del caso, la reforma del modelo de enseñanza militar, que en realidad constituye la razón más justificativa de la Ley de la Carrera Militar, presenta dos características evidentes: su gratuidad y su desenfoque legal.

Imponer la “obligatoriedad” de que el militar profesional curse dos carreras de forma simultánea, no sólo ignora o minusvalora la dedicación real que requieren su tradicional formación académica y la posterior adquisición de nuevos conocimientos necesarios a efectos de méritos y clasificación. También supone el deterioro de la formación específicamente militar en favor de otros conocimientos de naturaleza civil, innecesarios en el ámbito de las Fuerzas Armadas al margen de propios de sus Cuerpos Comunes y, como señalaba el general Alejandre, ajenos a su “vocación” profesional.

Además, esta absurda duplicidad de títulos universitarios, inédita en toda la Administración Pública, y que siempre se puede facilitar o incentivar por otra vía para quienes la deseen de forma voluntaria (como sucede en el Reino Unido), se pretende desarrollar (todavía de forma estrafalaria) mediante una gratuita y absurda adscripción de la enseñanza militar al sistema educativo general establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Una norma que, de entrada, consagra en su artículo 2 el principio de autonomía universitaria, transfiriendo al ámbito autonómico las correspondientes competencias legales (salvo excepcionalidad muy expresa).

Paréntesis: No deja de sorprender que, frente a la necesidad de que los militares españoles obtengan una doble titulación universitaria, nada se exija en el plano formativo a quienes se presentan como candidatos a los puestos de representación política, de forma que los mismos miembros del Congreso de los Diputados que elaboran y aprueban las leyes españolas pueden ser perfectos analfabetos. Otro tanto sucede con algunos altos cargos del Gobierno, y no digamos con los cargos políticos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos…

Sin entrar, pues, en el análisis formal y detallado del nuevo modelo de enseñanza militar contenido en la Ley de la Carrera Militar, es evidente que, de entrada, choca frontalmente con el artículo 149.1.4ª de la Constitución Española. En él se establece con meridiana claridad la competencia exclusiva del Estado en materia de Fuerzas Armadas, de la que, como es obvio, su enseñanza es parte consustancial, ya que la condición misma de militar se adquiere justo al ingresar como alumno en un centro docente de esa naturaleza.

Pero con independencia de esta discordancia esencial entre el texto legal en cuestión y lo establecido en la Carta Magna, su incompatibilidad con la realidad normativa y competencial en la que se enmarca el ámbito de las Fuerzas Armadas, queda reflejada también en algunos otros escollos de difícil superación:

* El contenido del artículo 46.2.g) de la Ley Orgánica 2/2001, de Universidades, garantiza a “todos” los estudiantes derechos en el ámbito universitario que la disciplina militar prohíbe de forma expresa a los miembros de las Fuerzas Armadas, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

* La necesidad de que los centros adscritos se establezcan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma (recogida en el artículo 11.1 de la misma Ley Orgánica de Universidades), hace imposible, por ejemplo, que los alumnos de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) puedan cursar estudios civiles de Ingeniería Aeronáutica, que puestos al caso sería una titulación adecuada para complementar su formación militar, dado que hoy por hoy sólo se imparten en los distritos universitarios de Madrid, Sevilla y Valencia, o en la Universitat Politécnica de Catalunya (Terrassa).

*  La Ley de la Carrera Militar reconoce la obtención de “un título de grado universitario” sin mayor precisión, con lo que el mismo ha de depender de las enseñanzas concretas que impartan las universidades a las que quede adscrito cada centro docente militar, imponiendo así de hecho un principio de desigualdad en la libertad de elección de sus alumnos.

* La utilización de lenguas oficiales distintas del castellano en el ámbito docente de algunas Comunidades Autónomas, y por tanto en los centros docentes militares adscritos a sus universidades, se contradice con la disposición adicional sexta, apartado 1, de la propia norma en cuestión, que fija el empleo único del idioma oficial español en las Fuerzas Armadas…

Considerando tan sólo estos aspectos, parece evidente que el actual  modelo de enseñanza militar, y por tanto de la carrera militar, es de imposible implantación, teniéndose que aplicar malamente a toque de “ordeno y mando”. Pero también es innecesario a efectos de prestigio o acreditación social, porque la enseñanza militar para la incorporación a las Escalas de militares de carrera ya se reconoció de igual rango que las enseñanzas universitarias y técnica superior nada menos que con la Ley 97/1966, de 28 de diciembre, sobre clasificación de las enseñanzas militares.

La realidad es que, tras la adaptación establecida en el Real Decreto 601/1992, de 5 de junio, que derogó la Ley 97/1966, dicha enseñanza ya se encontraba estructurada en los siguientes grados:

A) Enseñanza para la incorporación a las Escalas de Suboficiales, que se correspondía con la formación profesional de grado superior.

B) Enseñanza para la incorporación a las Escalas de Oficiales, que se correspondía con la educación universitaria de primer ciclo (diplomados).

C) Enseñanza para la incorporación a las Escalas Superiores de Oficiales, que se correspondía con la educación universitaria de segundo ciclo (licenciados).

Además, en la actualidad, la ciencia militar ha alcanzado tal grado de complejidad y dificultad que por sí sola es más que capaz de ocupar con creces los cuatro años que, a partir de ahora, durará la enseñanza de grado universitario. Pretender, entonces, y al margen de la necesaria salvaguarda de la vocación militar, sobrecargar ese esfuerzo de estudios y preparación con otro plan suplementario de enseñanza universitaria de segundo ciclo, equivale a propiciar el fracaso en la innecesaria obtención de dos títulos dispares que irremisiblemente van uno en detrimento del otro.

RAJOY Y MORENÉS SE DESENTIENDEN DEL PROBLEMA

La alternativa para superar con suficientes garantías una adquisición formativa tan amplia, sería extender temporalmente el ciclo formativo, lo que, a su vez, redundaría en el envejecimiento de las bases del primer empleo de los militares de carrera y, consecuentemente, en el conjunto de la oficialidad. Y ello con independencia de que en ningún otro sector del funcionariado se contemple para nada una exigencia de “titulitis” tan pretenciosa como la que ahora se está introduciendo a presión en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Pero es que, además, la última reforma de la enseñanza militar repite una mala experiencia ya sufrida y afortunadamente corregida. Con anterioridad al régimen franquista, al salir de la Academia de Segovia, los oficiales de Artillería y de Ingenieros obtenían también, junto a su despacho de oficiales militares, el título de Ingeniero Industrial. Mantener el prestigio de esos títulos, condujo a que los planes de estudios diesen cada vez más importancia a las técnicas propias de la ingeniería civil, en perjuicio de las materias puramente militares, como la táctica y el tiro. Es posible que entonces algunos oficiales se beneficiaran de su doble titulación, pero más cierto es que fueron muchos los militares vocacionales que, situados ya en empleos superiores, lamentaron que en su formación castrense algunas materias específicas de su profesión se hubieran desplazado al nivel de las asignaturas llamadas “marías”.

Lo procedente sería orientar la enseñanza militar de forma exclusiva a la cada vez más sofisticada formación técnica propia de las Fuerzas Armadas y, una vez completada y adquirida la condición de militar de carrera, ofrecer todas las posibilidades para que el oficial que lo desee obtenga una titulación civil suplementaria. De hecho, no son pocos los militares que desde hace muchos años han logrado esa formación subsiguiente, pero con un notable sacrificio tanto económico como de su tiempo de ocio o descanso personal.

En ese terreno es en el que debería mostrarse la acción positiva del Estado, estableciendo un adecuado sistema de becas y ayudas con facilidades de destinos y computaciones en el baremo para el ascenso. De esta forma se conseguiría complementar “voluntariamente” la formación civil del militar sin perjudicar previamente su preparación castrense.

Desde otro punto de vista, tampoco parece que el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en todas las misiones de proyección internacional que vienen desarrollando durante los últimos años, y que se ha reputado de “magnífico”  a nivel OTAN, requiera una reforma de la enseñanza militar tan controvertida y extemporánea como la impuesta en la Ley de la Carrera Militar.

La triste realidad es que las consecuencias del nuevo del nuevo modelo de Fuerzas Armadas “zapateril”, han llevado a miles de oficiales y suboficiales a presentar recursos por sentirse perjudicados en las nuevas escalas y a que la propia Ley de la Carrera Militar esté pendiente de un fallo del Tribunal Constitucional. Además, la reforma de la enseñanza militar, que ahora obliga a cursar una ingeniería civil al mismo tiempo que se sigue la formación castrense, ha conllevado el descalabro de que los Colegios de Ingenieros no reconozcan los títulos refrendados por el Ministerio de Defensa (al del Ejército del Aire le faltan el 40 por 100 de las materias que se dan en los centros universitarios civiles) y a que los abandonos y suspensos masivos de la primera promoción de la Academia General Militar hayan demostrado la barbaridad del nuevo sistema: un 22 por 100 de los cadetes abandonó la Academia por falta de vocación militar, mientras el 40 por 100 de los que permanecieron tras su ingreso suspendían en las asignaturas de Ingeniería…

A punto de cumplirse un año desde que Mariano Rajoy ganara las elecciones del 20-N con una mayoría parlamentaria absoluta, la Ley de la Carrera Militar y todos los nefastos elementos revisionistas y disolventes que contiene, se siguen consolidando por la inacción del Ministerio de Defensa, con sus máximos responsables interesados sólo en los recortes presupuestarios y en las relaciones con la industria de la defensa. De nada está sirviendo la sustitución del visionario Javier García Fernández al frente de la dirección general de Reclutamiento y Enseñanza Militar por el general Juan Antonio Álvarez Jiménez, un experto conocedor de las necesidades de las Fuerzas Armadas en materia de enseñanza (dirigió la AGM entre junio de 2006 y diciembre de 2009) y que hasta ese momento era director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC).

Porque ¿a qué espera el Gobierno para reconducir la Ley de la Carrera Militar por los cauces del sentido común, de la eficacia, de las necesidades reales de la Defensa Nacional y de la “vocación” profesional de quienes están dispuestos a entregar sus vidas en ese noble servicio público…? ¿Es que el Gobierno del PP va a llegar al canallesco extremo de destrozar las Fuerzas Armadas en línea con los intereses visionarios del “zapaterismo”…?

No queremos concluir esta Newsletter sin satisfacer la petición de un miembro de las Fuerzas Armadas, buen conocedor de lo que acontece en la AGM, de publicar la siguiente “Carta abierta al Ministro de Defensa” y que, al estar sujeto a la disciplina militar, su autor ha tenido que difundir de forma anónima por las redes sociales:

Hacer un Oficial 

Hasta ayer, Javier Garcia Fernández era el Director General de Enseñanza Militar.  

Este señor --catedrático de Derecho Constitucional para más señas—fue designado en el cargo para hacer con el Ejército lo que el PSOE ha hecho con el resto de España. 

Fruto del experimento social puesto en marcha por el hipócrita manchego y rematado por la aspirante separatista a jefe de la oposición, hemos visto ponerse en marcha uno de los dislates más grandes que se han hecho en España y que, como todo lo que afecta a los militares, carece de repercusión en la sociedad. Porque en España, es menester admitirlo, lo que le pase o deje de pasar a los militares le importa a todo el mundo un soberbio carajo.

El dislate al que me refiero es el “nuevo modelo” de formación de oficiales que pone en manos de la Universidad de Zaragoza la responsabilidad de sacar promociones de Tenientes del Ejército de Tierra. Algo así como si la Facultad de Medicina de la Complutense pusiese la responsabilidad de hacer médicos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPV. 

En este moderno modelo se obliga a los cadetes a estudiar el Grado de Ingeniero Industrial de Organización Industrial, creando un “Centro Universitario de la Defensa” dependiente de la Universidad de Zaragoza, que imparte ese título con profesores contratados por la Universidad. 

A un profano en la materia le parecerá que formar Ingenieros Industriales en la AGM no es malo. Y en eso estoy de acuerdo, porque malo, lo que se dice malo, no es, pero si lo que queremos es Oficiales del Ejército, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a formar Oficiales del Ejército, que para hacer Ingenieros Industriales ya hay en España prestigiosas escuelas dedicadas a ese concreto menester.

Porque un Oficial del Ejército no es un ingeniero vestido de uniforme; es otra cosa. 

Este sistema que apesta a “civilizar” las Fuerzas Armadas (en una época en la que la sociedad civil debería plantearse seriamente imitarlas), hace que unos señores que no tienen ni idea de lo que es un militar, ni de la formación y los valores que precisa un soldado, se esmeren en formar Ingenieros Industriales aplicando a estos chicos los criterios que habitualmente se aplican en la Universidad.

Pero nuestros cadetes no llevan la vida de un universitario. 

Para empezar, un universitario sale por veinte horas de clase a la semana, teniendo el resto del tiempo para estudiar; los cadetes no. Nuestros cadetes se levantan a las seis y media de la mañana y hasta las cinco o seis de la tarde van con la lengua fuera de una actividad a otra... Por cierto, los sábados por la mañana también tienen actividades militares, de modo que el fin de semana de un cadete empieza el sábado a la hora de comer y termina el domingo por la noche.

En la mayor parte de las carreras, los universitarios cuentan con un día lectivo en el que no van a clase para poder dedicarse al estudio. Nuestros cadetes, si pueden sacar dos o tres horas de estudio al día, se dan con un canto en los dientes. 

Los universitarios no están obligados a mantener una forma física excepcional, dedicando al menos una hora diaria al deporte y unas cuantas horas a la semana a desfilar, o a hacer “marchas topográficas” por el secarral de San Gregorio con treinta kilos de equipo encima. 

Los universitarios no tienen que limpiar sus camaretas y su equipo durante su tiempo libre... A ellos nadie les pasa revista ni les arresta porque sus zapatos no están limpios; ni hacen guardias, cuarteles o imaginarias.

A los universitarios, a partir de primero, les dejan matricularse en las asignaturas que les viene en gana; a los cadetes no... Pongo un ejemplo: si un cadete repite curso porque ha suspendido cinco asignaturas, se le obliga a matricularse de las cinco que ha suspendido y de todas las de segundo curso que hagan falta hasta completar el total máximo de asignaturas estipuladas para un curso, de tal modo que se encuentra en una peor situación que la que estaba en primero.

¿Que importancia tiene esto? Pues muy sencillo, que si tras cuatro convocatorias no apruebas una asignatura, te echan a la calle (en algunas universidades el tope de convocatorias son seis). En la vida civil, cuando un estudiante se atasca con una asignatura y quiere asegurar el aprobado, se matricula de menos asignaturas ese año y le dedica a la asignatura difícil mas tiempo; a nuestros cadetes no se les da esa oportunidad.

Esto se está traduciendo en un enorme numero de suspensos y en unas tasas de repetidores que no se habían visto nunca en la AGM. 

Ahora, a final de curso, veremos como muchachos que llevan dos años dejándose el pellejo para servir a España se tienen que volver a casa porque no han aprobado “Fundamentos de Administración de Empresas”, asignatura que --parece ser-- es imprescindible para mandar una Sección de Operaciones Especiales. 

Y estas cosas ¿porqué las hacen?, se preguntará usted.

Yo se lo explico. Estas cosas se hacen porque cada año tienen que salir por la puerta de las academias militares un centenar de tenientes. En caso de que no se cubra este cupo, podemos encontrarnos con un déficit de capitanes dentro de cinco o seis años y de comandantes dentro de quince. 

Originalmente se pensó en coger un 150 por 100 de aspirantes para asumir las bajas que se pudiesen ir produciendo, pero en la realidad, a día de hoy, la promoción que está en segundo ya no cubre las plazas. Se han producido muchas bajas de chicos que no aguantan el ritmo, ha habido un numero enorme de repetidores, y de éstos, muchos han pedido la baja para no tener que someterse otra vez a semejante despropósito.

Para completar esta promoción que ya es deficitaria, nuestras mentes pensantes han llegado a la solución ideal: convocar plazas al final de la carrera. Es decir, permitir a licenciados por diversas universidades que accedan a la Carrera Militar pasando un año escaso por los Centros de Formación del Ejército.  

Desangramos a nuestros cadetes durante cuatro años haciéndoles estudiar una Ingeniería en condiciones adversas y a los que sobrevivan les ponemos un licenciado en Económicas por la Alfonso X el Sabio de compañero de promoción... ¡Impresionante!. 

Para mas INRI, esa teoría se basa en que un señor que tenga un Grado en Ingeniería --por poner un ejemplo-- va a contemplar con buenos ojos formar parte de una profesión llena de sacrificios, con un sueldo miserable, en la que jugarse la vida forma parte del modus vivendi. 

Ni que decir tiene que a los profesores del Centro Universitario de la Defensa, civiles todos ellos, lo de servir a España con las armas les suena a chino mandarín, y que contemplan a nuestros cadetes con los prejuicios que cualquiera que haya pasado por nuestras universidades suele tener. Y eso se nota en el trato que dispensan a los cadetes; trato que en sus facultades no se atreverían a dar a los alumnos por aquello de que en la universidad el alumno califica al profesor, y porque, en cualquier momento, una docena de universitarios de a pie les pueden montar un numerito de “indignados” al salir de clase y hacerles pasar un mal rato, algo que nuestros disciplinados cadetes nunca van a hacer.

Para muestra baste la anécdota de que este año --por lo visto-- pillaron a un cadete durante el examen de Química de primero con uno de los problemas del examen en su poder (el cadete se había hecho con el problema por un despiste de uno de los profesores de la assignatura: nadie piense que había asaltado el claustro para reventar el ordenador del departamento). Pues bien, la reacción del profesorado fue hacer repetir el examen a toda la promoción, poniéndolo mas difícil que el primero, imagino que para dar un escarmiento. Durante ese segundo examen sólo les faltó cachear a los cadetes al entrar en clase. Las normas que impusieron para evitar el fraude fueron tales que rozaban la indignidad, incapaces, supongo, de sobreponerse a sus prejuicios. Un encanto. 

Aquellos cadetes que tras un año de agotador esfuerzo pidieron la baja por verse incapaces de repetir un curso en estas condiciones, se han encontrado con que en las Escuelas de Ingeniería de otras universidades no les convalidan las asignaturas aprobadas... ¡Esto mejora por momentos! 

Es razonable pensar que estos muchachos ingresaron en la AGM para ser militares, no para ser ingenieros (cabe pensar, asimismo, que cuando terminen su carrera querrán vivir su vocación). ¿Qué sentido tiene darles un título que no van a ejercer...? Porque cuando tras diez años de ejercicio de la profesión militar en unidades de Infantería o Caballería decidan irse a la calle ¿servirá para algo ese título? ¿De verdad piensa alguien que una empresa va a contratar a un Ingeniero que hace diez años  estudió su carrera, y no la ha ejercido nunca?

¿Se han vuelto todos locos? 

Y cuando lleguen a las unidades... ¿estarán capacitados para ejercer su profesión? Porque integrales triples sabrán hacer y de resistencia de materiales sabrán un montón, pero para conducir hombres a una muerte probable ¿tendrán conocimientos...?  

Señor Ministro: Cambie usted esto y hágale un favor a España y a esos cadetes por los que --según parece-- nadie vela.

Quede, por nuestra parte, constancia de que difundimos el mensaje y compartimos su contenido.

El ciudadano menos informado sabe que, cuando los electores otorgan a un político la Presidencia del Gobierno con una mayoría parlamentaria absoluta servida en bandeja de plata (es decir, sin habérsela ganado a pulso y sólo por demérito del oponente), es, sin duda alguna, para que haga lo contrario de lo que malamente venia haciendo su predecesor y no para que siga en la misma estela política del defenestrado. Algo que Rajoy no parece entender correctamente.

Una cosa es emular al vencedor y otra, mucho menos comprensible, hacer un seguidismo del contrincante vencido, porque, siendo la primera práctica poco afortunada, la segunda siempre es desastrosa. Francesco Guicciardini (1483-1540), historiador y estadista florentino autor de Storia d’Italia, obra maestra de la historiografía moderna, y de Redazione di Spagna, que es un acertado análisis socio-político de la Península Ibérica escrito a raíz de su experiencia como embajador de la República florentina en la España de los Trastámara, lo dejó escrito con meridiana claridad: “La imitación del mal supera siempre al ejemplo; por el contrario, la imitación del bien es siempre inferior”.

Dicho de otra forma, la imitación supone, en efecto, un talento menor en el que imita, pero es que, además, por lo general éste suele hacer suyos los defectos del imitado, acrecentándolos. Y en ese preciso hacer es en el que Rajoy está sorprendiendo a propios y extraños, volcado en el mismo “zapaterismo” que el electorado español ya identificó como paradigma del “mal gobierno” y reprobó de forma masiva, otorgando la mayoría absoluta a quien tenía más a mano.

LA BROMA DE LA “ALIANZA DE LAS CIVILIZACIONES”

Cuando en la sesión de la 59 Asamblea General de la ONU celebrada el 21 de septiembre de 2004 José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, se sacó de la manga la “Alianza de Civilizaciones” como propuesta para combatir el terrorismo internacional por una pueril vía pacifista, con las tragedias terroristas del 11-S y del 11-M todavía calientes, los españoles comenzaron a barruntar que estaban siendo gobernados por un visionario o, cuando menos, por un político inmaduro.

El caso se las trajo, porque suponía un cambio fundamental en el modo de entender las relaciones entre Occidente y el mundo árabe y musulmán, contradiciendo el “choque de civilizaciones” descrito por Samuel Huntington en 1993?. Una “zapaterada” sobrevenida, imposible de sustanciar por la total identificación que hace el Islam de la política con la religión.

Como líder de la oposición, Mariano Rajoy consideró inmediatamente, y con acierto, que la propuesta lanzada por ZP era “sobre todo propaganda”, además de “muy poco útil”. Con posterioridad, en 2006, no dudó en declarar a la Agencia EFE que era “uno de esos cantos de sirena” que “no importan a nadie” y que no servían para hacer frente a las amenazas del terrorismo islamista. La Cadena SER también ha rescatado otra elocuente frase pronunciada por Rajoy el 7 de febrero de 2006: “Esto de la ‘Alianza de Civilizaciones’ es una cosa de broma”.

Además, en 2008, durante un desayuno con periodistas, Rajoy se refirió despectivamente a un encuentro de la “Alianza de Civilizaciones” celebrado en Madrid, definiéndolo irónicamente como “una reunión a la que asisten mandatarios importantes: los presidentes de Finlandia, de Eslovenia, de Malasia, de Argelia y el propio señor Rodríguez Zapatero”…

Y, por si todo ello fuera poco, según el periódico digital “Mundo Árabe.org”, editado por Ahamed Hijazi, en marzo de 2006 el portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Aristegui, se reunía en Washington con un grupo de senadores, congresistas y altos representantes de la Administración Bush, ultra conservadores, para intentar crear un lobby que buscara el descredito internacional de la “Alianza de Civilizaciones”.

Sin embargo, cuando el pasado mes de marzo Rajoy viajó a Seul, ya había cambiado su opinión sobre el proyecto “zapaterista”. En un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el dirigente español se reorientó sin el menor complejo hacia la política exterior más proverbial de ZP, mostrándose dispuesto a mantener el “compromiso político” con la antes denostada iniciativa del ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE.

Seis meses más tarde, durante su primera intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, celebrada el pasado 25 de septiembre, Rajoy eligió ese mismo tema, usado cuando estaba en la oposición para ridiculizar al presidente Rodríguez Zapatero dentro y fuera de España, como emblema del papel diplomático que ahora desempeña nuestro país para atajar los conflictos que se plantean entre occidente y el mundo árabe y musulmán.

Claro está que fuentes de Asuntos Exteriores explicaron en paralelo que este amoldable cambio de criterio obedecía a “razones estratégicas” y que era fundamental para poder ocupar uno de los dos puestos de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-2016 (que en realidad solo sirven para “pintar la mona” frente a los miembros permanentes). Una posibilidad para jugar de recogepelotas en Naciones Unidas que España se disputa con Nueva Zelanda y, sobre todo todo, con Turquía, que parte como favorita.

Horas antes de que Rajoy tomase la palabra ante los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron en Nueva York a la cumbre anual de la ONU, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya se había colocado la venda en la herida de la incoherencia. En una entrevista concedida a la Cadena SER, justificó la actual defensa de la “Alianza de Civilizaciones” con el argumento de que cuando se llega al poder “uno asume las posiciones institucionales del Gobierno anterior”, añadiendo enfáticamente que “no se puede cambiar de un día para otro de planteamiento” (¿aunque sean absurdos?).

Pero lo que ahora está ocultando el Gobierno del PP es que la misma idea de optar a un puesto “no permanente” en el alto órgano decisorio de la ONU, cuyo desenlace no se conocerá hasta 2014, fue una apuesta personal de Rodríguez Zapatero vinculada justo a la “Alianza de Civilizaciones”, como acaba de hacer Rajoy.

En 2005 esta iniciativa fue asumida como propia por Kofi Anann, entonces secretario general de la ONU, con el fin de “promover respuestas eficaces a las amenazas de la paz mundial”, contando con el respaldo principal (incluido el financiero) de Rodríguez Zapatero y de Recep Tayyip Erdogan, presidente islamista de Turquía. Y con la perspectiva de que ambos países fueran elegidos en su momento por los 193 países miembros de Naciones Unidas para sentarse temporalmente en su Consejo de Seguridad (cosa que ya hemos hecho en cuatro ocasiones anteriores, como muchos países de tercera fila, sin mayor oficio ni beneficio).

RAJOY TAMBIÉN ABRAZÓ LA POLÍTICA PACTISTA DE ZP CON ETA

Pero el indigesto sapo “zapateril” que se acaba de tragar Mariano Rajoy, no es, ni mucho menos, causa aislada. Simplemente, es el último de una larga serie de esperpentos “continuistas” que nada tienen que ver con la política institucional de España en el ámbito exterior.

A la escandalosa liberación del etarra Iñaki De Juana Chaos, cuyo victimario terminó abrasando políticamente a ZP, siguió, de forma inconcebible, la decepcionante excarcelación del también cruel asesino Josu Uribetxebarria Bolinaga. En este caso, las razones de la emulación, iniciada de forma absolutamente gratuita por el Ministerio del Interior bajo mando del PP, se envolvieron en una falsa apelación de “respeto a la Justicia”, cuando ésta no tenía que haberse pronunciado más allá de su condena inicial del reo y firme a todos los efectos.

Un caso realmente vomitivo que las posteriores declaraciones de Rajoy reiterando el cuento hipócrita de que “nunca pactare con ETA”, jamás le devolverán la confianza y el respeto de las víctimas del terrorismo. Aún más, todo indica que antes de las elecciones vascas del próximo 21 de octubre veremos nuevos compromisos deferentes con los presos de ETA, porque la genética pusilánime y continuista de Rajoy en la debilitación del Estado español, rabiosamente acelerada por ZP, condiciona de forma inexorable la racionalidad de sus decisiones e indecisiones políticas.

LA CONTINUIDAD DE LOS JEMES Y DEL SEDCNI SOCIALISTAS

Tras considerar el daño causado a las Fuerzas Armadas (FAS) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la desastrosa política de ZP en el ámbito de la defensa y la seguridad, los observadores y analistas independientes quedaron sorprendidos cuando, al asumir la Presidencia del Gobierno, Rajoy tomó la inconveniente decisión de confirmar en el cargo a los Jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos (JEMEs) y, peor todavía, al Secretario de Estado-Director del Servicio de Inteligencia (SEDCNI). Conniventes todos ellos con el frangollo liado por el “zapaterismo” en ese sensible entorno de la seguridad nacional.

En el caso de las FAS, en el que el relevo total de la cúpula de mando llegó demasiado tarde, el escándalo se mantiene, tras casi un año de gobierno, con el incumplimiento gubernamental de la promesa formal hecha por el PP de reformar la nefasta Ley de la Carrera Militar, pasando olímpicamente de los desastres que comporta la norma y que, gracias a la displicencia de Rajoy, se están consolidando de forma irreversible.

La continuidad de Félix Sanz al frente del Servicio de Inteligencia, adosándole una “número dos” que ya está evidenciando su escaso peso específico, es, si cabe, más incomprensible, dada la naturaleza de su cargo, su arraigada vinculación al PSOE y la puesta “patas arriba” del Servicio de Inteligencia protagonizada por su predecesor socialista, Alberto Saiz. La “tangana” promovida por el PSOE dentro del CNI (en política conviene tener algo de memoria), ha dado paso al “camelo” de la Inteligencia Económica promovido personalmente por el último SEDCNI de ZP, convertido ahora en colaborador entusiasta de Rajoy, y que tiene absorbido el seso del Gobierno (empezando por la vicepresidenta), incapaz a su vez de entender el origen de la crisis, señalar con acierto las claves más profundas del problema y no digamos de resolverlo.

Las expresiones más conocidas de ese novedoso campo de actividad del CNI, ajeno a su verdadera naturaleza y función (porque la Inteligencia en el ámbito de la tecnología y la seguridad industrial es otra cosa distinta), y por supuesto ridículas en comparación con el aparato técnico de los ministerios y organismos del Estado afectos a la política y la actividad económica, han sido verdaderamente bochornosas. Ahí está, para empezar, el caso de las dos expropiaciones seguidas en Argentina y Bolivia contra empresas españolas, que cogieron al Gobierno en offside total, y, más recientemente, la patochada sobre la “guerra energética” entre China y España filtrada al diario “ABC” (24/09/2012).

Tras una espectacular llamada en portada (“China maniobra contra el sector energético español, según el CNI”) y un titular interior a toda página no menos llamativo (“El CNI alerta de maniobras de China contra el sector energético español”), que anunciaban falsamente un informe sugerente, no había más chicha que el lógico interés de algunas petroleras por ocupar la posición dejada por Repsol en Argentina y Guinea Ecuatorial, incluidas las chinas (CNPC, PetroChina, Sinopec…) que hoy por hoy son las más activas del mundo. En definitiva, el hipotético informe de Inteligencia Económica del CNI no era sino un remedo que fusilaba directamente las informaciones que se vienen publicando desde hace meses en fuentes abiertas (prensa convencional y sectorial), pero con peor comprensión y explicación.

Más curioso todavía es el interés mostrado por el CNI en el mundanal entorno de “Eurovegas” (es de suponer que a través de sus expertos de Inteligencia Económica). La revista “Interviú” desvelaba en su edición 1.897 (3 al 9 de septiembre 2012) que el CNI investigaba un intento de extorsión vinculado a dicho proyecto, fuera por supuesto de sus competencias formales e inmiscuido en los canales policiales naturales para perseguir ese tipo de posibles actividades delictivas…

El montaje de Félix Sanz con la “Inteligencia Económica” del CNI, es tan engañoso que, según fuentes próximas al caso, en la Moncloa se ha llegado a plantear la necesidad de que el Servicio de Inteligencia investigue la “conspiración de los mercados contra la economía española”… A este paso, el CNI de Rajoy, que lamentablemente sigue siendo el de ZP, se dedicará a investigar la cuadratura del círculo y a descubrir el sexo de los ángeles o el huevo de Colón.

Todo ello, con el menoscabo de otras funciones sustanciales del CNI, o de su abandono (el apoyo a la Directiva de Defensa Nacional, la contención de la inmigración ilegal, el control de las mafias internacionales afincadas en España, la detección de yihadistas durmientes, la lucha contra la corrupción institucional, la protección de los intereses estratégicos en el exterior…). Y, por si fuera poco, aparejando la “Inteligencia Económica” con el absurdo de la “Cultura de Inteligencia”, que no deja de constituir una mamandurria económica de reparto entre amiguetes, vergonzosa en un país que no sabe siquiera lo que es la “Cultura de Defensa” y que por desgracia todavía anda a patadas con la “Cultura General”.

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS: DE “GUARDIA PRETORIANA” DE ZP, A “NIÑA BONITA” DE RAJOY

Otro paradigma del continuismo “zapateril” con el que Mariano Rajoy está caracterizando su acción de gobierno, es el de no querer siquiera reformar organizativa y funcionalmente la Unidad Militar de Emergencias (UME). Una necesidad que ha quedado en clara evidencia con el record alcanzado este verano de hectáreas arrasadas por los incendios forestales (unas 200.000 al día de la fecha).

Es más, la UME, otrora denostada por el PP, que llegó a calificarla ab initio como “guardia pretoriana” de ZP, pasaría de inmediato a ser, según hoy aseguran sus mandos, la “niña bonita” del presidente del Gobierno. Con Rajoy, se seguirán dando, pues, los absurdos de su dependencia política y su despliegue territorial, y que siga siendo mandada nada menos que por un teniente general (apoyado por un general de división como segundo jefe), mientras el grueso de las unidades de combate más emblemáticas de las Fuerzas Armadas (BRILEG, BRIPAC, BRIMZs…) operan bajo las órdenes de generales de brigada con menor rango.

De hecho, todos los tenientes generales que han terminado mandando la UME, ya habían ocupado previamente en empleos inferiores destinos de mucho mayor relieve y prestigio militar. ¿Por qué extraña razón Rajoy ni siquiera se plantea corregir este tipo de absurdos “zapateristas” tan fáciles de enmendar?

Como ya afirmaba Guicciardini a principios del siglo XVI, y nosotros hemos recordado en la introducción de esta Newsletter, el mayor problema de quienes imitan al mal gobernante es que, en ese afán, suelen acrecentar en sí mismos los defectos del imitado.

OTRA “MARIANADA”: UN SOCIALISTA AL FRENTE DEL CGPJ

Rodríguez Zapatero nos desesperó con las “zapateradas” (que en realidad eran vulgares patochadas políticas) y Rajoy, embutido en un papel muy similar de introvertido sabelotodo, comienza a llevarnos por la senda no menos recalcitrante de las “marianadas”. Un Plutarco redivivo quizás podría dedicar a tan sugestiva pareja de estadistas una de sus conocidas “vidas paralelas”, claro está que sin alcanzar el esplendor de la contraposición entre Alejandro y Julio César o entre Demóstenes y Cicerón.

El propósito de Plutarco no era otro que mostrar, en cada caso, el carácter moral de los biografiados, apoyado en la narración de los acontecimientos políticos de sus respectivas vidas y en la educación y natural disposición de cada uno de los personajes, relatando las anécdotas que mejor pudieran revelar su personal humanidad. Así, el filósofo y moralista de Queronea, que fue sacerdote mayor del dios Apolo en el Oráculo de Delfos y encargado de interpretar los augurios de sus pitonisas, utilizaba a veces, según ha dejado escrito, “un lance fútil, una palabra, algún juego…” antes que “las grandes batallas ganadas, donde podían haber caído diez mil soldados”“las cosas sobre las disposiciones naturales de los hombres”. para aclarar sabiamente

Pero esta práctica analítica no fue, ni mucho menos, la seguida por Rajoy al decidir que la vacante forzada de Carlos Divar en la presidencia conjunta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) fuera ocupada por Gonzalo Moliner. Bien al contrario, volvió a remedar la vía “ocurrente” de ZP designando un candidato “progresista” promovido por el jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba; es decir, actuando en plena sintonía con el “zapaterismo” defenestrado el 20-N y aborrecido de forma especial por los ciudadanos más afines al PP.

La natural respuesta a esta nueva “marianada”, no se hizo esperar. Apenas transcurridos dos meses desde la toma de posesión de Moliner, el conjunto de las asociaciones de jueces y fiscales se ha enfrentado con dureza al máximo representante del Poder Judicial torpemente apadrinado por Rajoy en connivencia con el PSOE.

Aun más, la Junta de Jueces de Madrid, con su decano a la cabeza, el magistrado José Luis González Armengol, ha pedido ya formalmente la dimisión del presidente del CGPJ por “incumplir sus funciones como miembro de un órgano colegiado, deslealtad frente a la carrera y no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo, ocultando su verdadero alcance a la Carrera Judicial”. Y ello con independencia de anunciar otras acciones de reivindicación del conjunto de la “carrera judicial y fiscal” que auguran serios enfrentamientos con la política continuista de Mariano Rajoy.

La sorprendente actitud “zapateril” de Rajoy se podría ilustrar con algunos otros ejemplos significativos de resistencia a las reformas políticas y de prácticas edulcorantes de la realidad económica, cosa innecesaria porque ya ha demostrado que su palabra vale poco y, sobre todo, que carece del coraje político necesario para afrontar con éxito estos críticos momentos. La traición a su programa electoral y sus cambios de postura a conveniencia, le van mostrando poco a poco como un político mareado, asustado y nada previsible, marcado con la misma o parecida impronta del inefable ZP: si ambos, uno enfrente del otro, se mirasen en un mismo espejo de doble cara, es muy posible que sólo viéramos el anverso y el reverso de una imagen personal idéntica.

La diferencia política más acusada entre Rodríguez Zapatero y Rajoy quizás confronte la simplicidad del primero, que permitía ver venir sus torpezas desde lejos, con la retorcida reserva del segundo, capaz de aplicar a su mejor amigo la cicuta del silencio mientras le baila el agua interesada a su peor enemigo. Lo malo es que el actual presidente del Gobierno se empeñe en remedar al Zapatero más genuino, porque corre el riesgo, no de alcanzar su escasa altura política y sus ocho años en el gobierno, sino de quedarse sólo en un “Zapaterín” de tres al cuarto.

Quienes en algún momento de su existencia se hayan sentido seriamente interesados por participar de forma activa en la vida pública, seguro que conocen la máxima aristotélica de que “la política no es el conocimiento, sino la acción”.

Muy posiblemente, también sabrán que, sin contradecir para nada la sabia afirmación del filósofo “estagirita”, transcurridos más de dos milenios, Lin Yutang, autor de la memorable novela histórica titulada “Un momento en Pekín”, matizaba que “la acción sin la cordura es siempre desastrosa”.

Lo que ha sucedido en relación con los principios y fundamentos más elementales de la política, es que, quienes vienen gobernando España en los últimos tiempos, no parecen muy impuestos en la “ética de las virtudes” proclamada también por el mismo Aristóteles. En el ejercicio de sus funciones, han llegado a confundir la “templanza” (la equidistancia entre el libertinaje y la insensibilidad, o la moderación frente a los placeres y las penalidades) con la displicencia; la “valentía” (que es el punto medio entre el miedo y la temeridad) con la osadía, y la “generosidad” (a caballo entre el uso y la posesión de los bienes) con la prodigalidad (que es su exceso) y la avaricia (que es su defecto)…

Sin necesidad de profundizar más en los aspectos filosóficos de la política, que no dejan de ser los de la propia vida, está claro que su “comprensión”, y en consecuencia la “praxis” aneja, han venido decayendo a lo largo de la pos-transición hasta conformar, primero, el “fenómeno Zapatero”, expresión de la inmadurez política total, y, después, el “fenómeno Rajoy”, en el que lo precautorio ha dado paso al “deshojador de margaritas”. El primero, llegó, y se fue, como un devastador político “nonato” o “nonada”; el segundo no pasa, de momento, de ser un presidente pusilánime encantado de gobernar al compás de aquel rancio cuplé del “Fumando espero…”.

Estando las cosas como están, a Rajoy se le han acabado ya el periodo de “gracia política” y la excusa de la “herencia recibida”. Ahora, su compromiso  como presidente del Gobierno y del partido que le sustenta, es total y, lamentablemente, con su mayoría parlamentaria absoluta (un verdadero “cheque en blanco” histórico y quizás irrepetible para cambiar el errante rumbo de la política española) desperdiciada. De hecho, comienza a dar “talla cero” de estadista, es decir la de quien se encuentra mezquinamente interesado en las elecciones del día (andaluzas, vascas, gallegas… o legislativas), más que por la próxima generación de españoles y el futuro histórico de España.

PERDER EL NORTE DE LA POLÍTICA

Uno de los aciertos más importantes del ex presidente Adolfo Suárez, hacedor junto a otros políticos coetáneos (realistas, esforzados y honestos en su diversidad ideológica) del nuevo régimen democrático, sin duda “imperfecto” en algunas de sus formulaciones (como la autonómica), pero ahora enquistado en su peor expresión de “partidocracia demagógica” (sinónimo de la corrupción democrática), es el recogido en su justificación de la acción legislativa: “Hacer normal a nivel de Gobierno lo que es normal a nivel de calle”.

La cita se justifica en razón de las reformas necesarias durante aquellos delicados momentos del cambio de régimen (básicamente desde 1975 a 1979). Pero sería necesario recuperarla y vigorizarla, para que la actual clase dirigente, y en especial el dubitativo Gobierno de Mariano Rajoy, se reorientara hacia el norte perdido de la política nacional. La “normalidad” organizativa y funcional de la vida pública que hoy exige la ciudadanía de forma clamorosa, no es, en modo alguno, la que sostiene contumazmente el Gobierno del PP, que fue claramente votado para satisfacer esa demanda social prioritaria, sin mayores méritos al caso.

Los lapsus y errores por defecto de la acción de gobierno se pueden resolver, aunque sea de forma tardía y con daños asumibles (“nunca es tarde si la dicha es buena”), pero las demasías, los errores por excesos políticos, son mucho más perniciosas y difíciles de solventar, porque sus nefastas consecuencias se evidencian a medio y largo plazo, cuando el mal esta consolidado y ya es irreversible. Y esos alegres excesos volcados en el Estado de las Autonomías son los que han introducido a España en el túnel de la autodestrucción: antes que origen de la crisis, el “ladrillazo” fue una consecuencia sintomática de los excesos conceptuales del modelo político; lo mismo que el desastre de las cajas de ahorro o la entronización del terrorismo etarra en las instituciones políticas de la democracia y la debilitación del Estado por cuenta de los nacionalismos “históricos”…

La cuestión de fondo es que el desentendimiento político de las demandas sociales no partidistas para reconducir el Estado de las Autonomías, su enroque frente a las reformas estructurales e institucionales que, hoy por hoy, está exigiendo la llamada “opinión informada” del país (incluyendo a todos los intelectuales y analistas independientes), conduce de forma inexorable al desencanto y la alienación social.

Lo mejor, lo más preparado y lo más pujante de la sociedad española (profesionales liberales, empresarios, artistas e intelectuales, la juventud más emprendedora…), está huyendo masivamente de España, sólo porque una incompetente y minoritaria “casta política” se ha ido adueñado de ella, malversando sus esencias históricas y castrando a la sociedad civil, que es su verdadero soporte, con la silente complicidad y complacencia de las más altas magistraturas del Estado. Los que se quedan son los parásitos de la política y sus partidos, el aparato funcionarial encastrado en el sistema de forma irreversible, los no emancipados, los jubilados y las bases laborales que, por desgracia, no tienen medios suficientes para huir de la quema…

Ya veremos qué es lo que sucede en este país si llega a explotar la olla social que aguanta a presión el contubernio autonómico, las amenazas independentistas, el soberanismo, la política identitaria, la bilateralidad, los conciertos económicos y las continuadas “exigencias” de los “salteadores nacionalistas” (primos hermanos de los “salteadores de las cajas de ahorro”)… y quienes, entonces, defienden a los culpables del desastre. Y también veremos lo que pueda ir quedando de la Monarquía Parlamentaria después del 21-O, tras la infiltración etarra en la política democrática, porque sabido es que en España “nunca pasa nada”… hasta que pasa.

En este orden reflexivo, no nos resistimos a entresacar esta sabia consideración del artículo de opinión “Rojo y Negro” publicado por Nicolás Redondo en “El País” (19/09/2012): “Sigo pensando que el mayor problema no son los nacionalistas, el problema somos nosotros, nuestra incapacidad para enfrentarnos racionalmente a los envites del nacionalismo. Su comportamiento envalentonado tiene mucho que ver con nuestra debilidad, mejor dicho, con la debilidad institucional del Estado…”.

LA “MISIVA” DEL REY JUAN CARLOS CONTRA EL SEPARATISMO

Se titula asépticamente “...Carta de S. M. el Rey...” y está publicada en la web de la Casa Real (de renovado diseño) con fecha 18 de septiembre de 2012, en una nueva práctica informativa que el propio monarca ha enmarcado acertadamente “dentro del esfuerzo que venimos realizando para mejorar la comunicación de la Corona con todos los españoles, con criterios de transparencia, rigor e innovación”. 

En realidad, esta misiva regia constituye un “toque de atención” en relación con las amenazas secesionistas exacerbadas el pasado 11 de septiembre, durante la celebración de la Diada (Fiesta Nacional de Cataluña). Un asunto muy delicado que, con seguridad, apunta también hacia lo que pueda pasar a tenor de los resultados que se registren en las elecciones al Parlamento Vasco convocadas para el próximo 21 de octubre.

El contenido de la Carta de Su Majestad supone, a nuestro entender, un acierto extraordinario, tanto en su fondo como en su forma:

No soy el primero y con seguridad no seré el último entre los españoles que piensa que en la difícil coyuntura económica, política y también social que atravesamos es imprescindible que interioricemos dos cosas fundamentales.

La primera es que solo superaremos  las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez. Estamos en un momento decisivo para el futuro de Europa y de España y para asegurar o arruinar el bienestar que tanto nos ha costado alcanzar. En estas circunstancias, lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas. No son estos tiempos buenos para escudriñar en las esencias ni para debatir si son galgos o podencos quienes amenazan nuestro modelo de convivencia. Son, por el contrario, los más adecuados para la acción decidida y conjunta de la sociedad, a todos los niveles, en defensa del modelo democrático y social que entre todos hemos elegido.

La segunda es que, desde la unión y la concordia, hemos de recuperar y reforzar los valores que han destacado en las mejores etapas de nuestra compleja historia y que brillaron en particular en nuestra Transición Democrática: el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la generosidad, el diálogo, el imperativo ético, el sacrificio de los intereses particulares en aras del interés general, la renuncia a la verdad en exclusiva.

Son esos los valores de una sociedad sana y viva, la sociedad que queremos ser y en la que queremos estar para superar entre todos las dificultades que hoy vivimos.

Se trata de un mensaje impecable y situado dentro de los límites de la prudencia, y también de la exigencia, que corresponden al Jefe del Estado. Otra cosa es lo que incumbe decir y hacer al Gobierno, que ostenta el Poder Ejecutivo de la Nación, modulando a su mejor entender el nivel de expresividad y, en todo caso, comprometiendo su futuro electoral, que es variable.

Claro está que, ante la oportuna pregunta que el pasado miércoles 19 de septiembre la portavoz de UPyD, Rosa Díez, formuló al presidente del Gobierno en el congreso de los Diputados sobre la situación en Cataluña, en la que advertía que “la democracia está para defender los derechos de todos”, la contestación de Rajoy no dejó de ser contundente: “La respuesta está en la Constitución y en las leyes. Me he comprometido a jurar y hacer guardar la Constitución, y así lo haré“. No podía ser de otra forma; pero ya se sabe que una cosa es lo que el interpelado dice y otra lo que hace, como ha sucedido en el caso de la excarcelación de etarras y en el de las reformas pendientes, estructurales e institucionales.

Su esperado encuentro “aclaratorio” con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, celebrado el día siguiente, el jueves 20, ha sido, como cabía esperar, “diletante”, avocando por tanto la tragedia autonómica al continuo “más de lo mismo” y al “aquí me las den todas” que tanto se critica en esta web. La posición “políticamente correcta” exhibida al respecto por muchos comentaristas, situados en lo personal bajo mínimos intelectuales y sin capacidad analítica real, es todavía más repudiable y un reflejo indeleble de la descomposición política nacional, que, como es lógico, se encuentra plenamente instalada también en el ámbito informativo.

Todos sabemos por donde respira la clase política del momento, asentada cómodamente en el nefasto Estado de las Autonomías, y, en particular, Mariano Rajoy, el “deshojador de margaritas”. Con su gorro españolista de “quita y pon”, tampoco deja de alentar desde la trastienda del PP el actual embate electoral del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que defendió en TVE (“El Debate de La 1” 20/09/2012) el “autogobierno” pero prácticamente sólo para los tres falsas "autonomías históricas” (Galicia, Cataluña y País Vasco) con “estatuto aprobado” [se entiende que antes de aprobarse la vigente Constitución Española]: todo un trile político bien significativo de con quiénes nos estamos jugando los cuartos.

El historicismo de pacotilla al que se refiere Feijóo, y que Rajoy parece compartir, es el del “Proyecto de Estatuto de Galicia” (que nunca llegó a ser “Estatuto”) plebiscitado el 28 de junio de 1936 en los estertores de la II República, mediante un referéndum caciquil que sus propios promotores calificaron de “santo pucherazo”. Proyecto que, al margen de que en el fondo fuera de “chicha y nabo”, nunca llegó a ser aprobado por las Cortes Españolas debido al estallido de la guerra civil (sólo sería aceptado a trámite parlamentario nada menos que en febrero de 1938, de forma simbólica y sin más continuidad).

Ahora, y por las “razones históricas” ciertamente inexistentes aducidas por Núñez Feijóo, los populares gallegos quieren negar a los demás españoles (salvo a vascos y catalanes) lo que ellos no llegaron a conseguir en aquella desastrosa etapa política republicana, por cierto presidida por el coruñés Santiago Casares Quiroga (promotor de aquel inédito Estatuto y cuya torpeza personal le impidió enterarse de la tragedia política y social que iba a eclosionar bajo su mandato). Exclusividad de uso y disfrute, en la que, además, ya se han incorporado todas las competencias saqueadas al Estado en la actual Monarquía Parlamentaria; es decir, mordiendo la mano de los mismos españoles que en un exceso de generosidad les regalaron la vía autonómica “rápida” que ahora se ponen de montera.

Curioso, pues, el doble papel de héroes o villanos que, según les convenga electoralmente (en casa o fuera de casa), juegan los “gallegos” del PP, expertos como nadie en Oficios de Tinieblas. ¡Mal camino para acabar con el patio de monipodio en el que se ha convertido el Estado de las Autonomías!

EL “REBUFO” DE ESPERANZA AGUIRRE

Mucho se ha dicho y escrito esta semana sobre la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y de su renuncia al escaño de diputada en la Asamblea Regional, es decir de su finiquito político, en su mayor parte desenfocado, cuando no gratuito o meramente anecdótico.

Poniendo por delante nuestro respeto personal hacia Esperanza Aguirre, plenamente merecido, el análisis político de su dimisión merece alguna puntualización. Lejos de responder al conjunto de factores esgrimidos con medida emotividad al hacerla pública (exigencias de dimensión familiar y, acaso, del descanso necesario para reponerse de una dura enfermedad que afortunadamente no la ha podido doblegar), la realidad es que la decisión tomada ha sido una consecuencia directa de sus continuos enfrentamientos con Rajoy, llevados al límite tras un largo listado de propuestas de acción política rechazadas de forma sistemática por el presidente del Gobierno.

Los llamados “versos sueltos” de Esperanza Aguirre han abarcado desde la legalización de la prostitución hasta “una revisión a fondo”“plantearse por qué existe un tribunal [el Constitucional] lleno de políticos que se hacen jueces y no lo son”, proponiendo que “sea una sala más del Supremo”. También ha instado infructuosamente, por ejemplo, a cambiar la normativa sobre el derecho de huelga para “evitar que los representantes de los trabajadores puedan colapsar una ciudad y tomar a los ciudadanos por rehenes” o a cribar la representación de diputados regionales de 129 a 65, siendo la primera dirigente regional que redujo el sueldo de sus altos cargos (un 10 por 100) y de los empleados públicos (un 3 por 100)… del Estado de las Autonomías para devolver al Gobierno central competencias de sanidad, justicia y educación; pasando por

Mala cosa esta de segarle la yerba a Esperanza Aguirre, porque, dentro del PP, y también en la proyección nacional de su política, su llaneza era el contrapunto obligado al solapamiento de Mariano Rajoy, dicho sea sin el menor ánimo ofensivo. Además, y al margen de cómo se salden sus diferencias personales, los rencores de la política tendrán consecuencias vengativas sangrientas, inherentes a la tradicional práctica cainita de la derecha española.

Tremenda ha sido la “bronca de Esperanza y Mariano” del pasado 4 de septiembre en el cuartel general del PP (Génova 13), cuyo elevadísimo tono la hicieron inocultable y, en algunos aspectos bochornosa. Discutiendo la empecinada locura de Eurovegas (alimentada por intereses económicos personales no confesos de los que podremos hablar en otra ocasión), se terminaron lanzando a la cabeza con ánimo de descalabro todos los trastos que tenían a mano, entre ellos el del “espionaje madrileño”, archiconocido, y el del “chalecito del Canal”, una propiedad del Canal de Isabel II situada en Manzanares el Real a orillas del pantano de Santillana, conocida también como “La Casita de la Pradera”.

Según ha desvelado “Diarioelagujón.com”, esta propiedad del Canal de Isabel II, que durante muchos años funcionó como residencia y centro de formación para sus empleados, fue reformada incorporando todas las comodidades de un hotel de lujo cuando Alberto Ruíz-Gallardón era presidente de la CAM. Hasta aquí poco que objetar; pero el diario digital, que se apoya para ello en la fuente de un “ex consejero del PP en la Comunidad de Madrid y ahora alejado de la órbita de Esperanza Aguirre”, añade que, tratándose de un lugar de descanso, para lo que más se usa actualmente es para “fiestas particulares de algunos consejeros en puentes y fines de semana y se sabe que se han organizado hasta orgías”.

Ni corto ni perezoso, el citado medio informativo, que a tenor de todo lo que publica sobre la dimisión de Esperanza Aguirre y sus diferencias con Rajoy, dispone de sabrosa información interna del PP, puntualiza: “Tras la reforma, y según nos confirman fuentes del Canal consultadas por El Aguijón, el palacete fue utilizado por Alberto Ruíz Gallardón como lugar de descanso, principalmente en fines de semana. Durante algún tiempo se rumoreó que era el lugar en el que Gallardón pasaba algunos fines de semana con Montserrat Corulla, la abogada con el que se la relacionó sentimentalmente e imputada en el Caso Malaya y cuya foto en un debate contra Gallardón fue esgrimida por el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián”.

Además, en la misma noticia puede leerse que la fuente informativa del PP que tan cariñosamente lanza lo de las “orgías”, añade: “Preguntar por las fiestecitas que organizaba en ‘el chalecito’ con sus amigos ‘La Juani’ y otros que ahora son consejeros”. Por su parte, el medio dice haber logrado saber que este es el nombre despectivo en el que en ambientes del PP más crítico con el grupo próximo a Esperanza Aguirre se denomina a Juan Soler, actual alcalde de Getafe y diputado autonómico del PP desde 1987…

¿Ven nuestros lectores por qué hablamos tan a menudo de la “tradicional práctica cainita de la derecha española”? Pues por eso.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) se creó en octubre de 2005, con más celeridad que reflexión debido a la controversia sobrevenida en ese año por los trágicos incendios forestales de Guadalajara (superados con mucho por las hectáreas ya quemadas en 2012), y dentro de lo que, en aquellos momentos, fue un “nuevo estilo” de Fuerzas Armadas impulsado por el presidente Rodríguez Zapatero. El modelo, con la UME abriendo brecha, fue bastante polémico dentro y fuera de la institución militar, aunque tras ocho años de gobierno socialista imponiéndolo a machamartillo (ahí está el caso de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar que sólo aplauden sus autores), y sin que el PP mostrara jamás el mínimo interés por reconducirlo, se ha consolidado de forma irreversible.

Es evidente que, acomodadas al estilo político del país y sintonizadas con el conformismo de su sistema institucional, las Fuerzas Armadas son lo que son y, según la dinámica actual, de momento no podrán ser cosa mejor, aunque si peor.Claro está que esta afirmación depende de lo que cada uno entienda por “mejor” y “peor” en el ámbito de la defensa nacional, un concepto que en el caso del pusilánime presidente Rajoy parece coincidir de forma lamentable con el defendido por su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero.

En su origen, la UME generó no pocas críticas públicas, con origen muy diverso y lanzadas por voces técnicas e independientes más que desde la política (quizás fueron desoídas por su estricta naturaleza social o porque las generadas en el ámbito militar no se transmitieron con suficiente decisión), pero prácticamente unánimes en la expresión de su rechazo.

Ante ellas, algunos portavoces socialistas declararon que la utilidad de la UME“ se vería con el tiempo”, sabiendo sin duda lo que en este país supone la política de hechos consumados, es decir dando por hecho que “a lo hecho, pecho”. Otros, advirtiendo con algo más de realismo que el invento no funcionaría, propugnaron cierta misericordia política con la UME mediante la prédica de que todas las objeciones que soportaba “tanto las razonables como las artificiosas, cederán en función de la eficacia demostrada”, pero sin previsión alguna frente a la posibilidad de que aquella dudosa “eficacia” se mostrara inexistente.

EL SISTEMA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO NO FUNCIONA

Pero ni aquel portavoz socialista ni ningún otro político responsable en la materia, se han molestado en hacer un balance técnico de la eficacia general del actual “modelo de lucha contra los incendios forestales” (que es la emergencia más habitual y dramática). Ni tampoco un balance objetivo en su particular relación con la UME.

Las estadísticas sobre intervenciones, capacidades y medios disponibles, los comunicados propagandistas y hasta las exhibiciones en paradas militares… son otra cosa. Lo mismo que algunas agradecidas manifestaciones públicas de políticos locales, interesadas en la correspondiente declaración de “zona catastrófica” potestativa del Gobierno o, incluso, las críticas vecinales a veces vertidas “en caliente” contra la propia UME con doloroso reflejo en los medios informativos (Zaragoza en 2009, La Gomera en 2012…).

Lo cierto es que, efectivamente, el tiempo está siendo testigo inexorable del mal funcionamiento del actual sistema de lucha contra los incendios forestales, que es cosa algo distinta del estricto funcionamiento de la UME, aunque ambos estén interrelacionados. De hecho, lo confirmado en el tiempo, se quiera o no se quiera reconocer, es que cuando éstos se producen, toda intervención terrestre no inmediata y sin base en un conocimiento profundo del imprevisible territorio afectado, deja de ser sustancial para limitarse por desgracia a “acotar” la tragedia; es decir, para “vigilar, controlar y después refrescar” lo que en la práctica, casi habitualmente irremediable, ya tenga que arder de acuerdo con las condiciones climatológicas y topográficas.

En el verano de 2009, con la UME en pleno funcionamiento, ya se confirmó algo tan previsible como que con su protocolo de activación y su capacidad real de “respuesta terrestre” ante la singularidad de un incendio forestal fuera de campo, es, más o menos, como querer apagarlo con agua de borrajas. La “respuesta aérea” suma otro tipo de esfuerzos y tiene capítulo aparte, puesto que la prestan el 43 Grupo del Ejército del Aire y el Batallón de Emergencias de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra; aunque también cabría discutir si disponen de medios adecuados suficientes y bases de despegue bien posicionadas estratégicamente.

Sólo en los siete primeros meses de aquel año, al 31 de julio de 2009, ya habían ardido más de 75.000 hectáreas, prácticamente el doble que en el mismo periodo de los dos años precedentes. Aquel fue, entonces, todo un record (excluido el verano negro de 2005), que al final del año se situaría en las 120.000 hectáreas quemadas, nivel muy superior al de los dos anteriores (86.000 en el año 2007 y 50.000 en 2008), bienio con menor siniestralidad sobre el que además se podría argumentar curiosamente cierta falta de adiestramiento de la UME o que sus plantillas todavía no estuvieran cubiertas en su totalidad…

El fracaso de su intervención en el fuego que afectó aquel mismo verano al campo de maniobras de San Gregorio, llegó a mover una airada iniciativa de los vecinos de Tauste (Zaragoza), y de otros afincados en la comarca de las Cinco Villas, manifestándose sonoramente en contra de su tardía actuación y por los errores de despliegue cometidos durante su extinción. Baste señalar al respecto que los medios civiles de extinción, en este caso de apoyo inmediato a la UME por tratarse de terrenos militares, estuvieron esperando durante cinco largas horas hasta que se les autorizó a entrar en la zona que estaban siendo pasto de las llamas para intentar sofocarlas.

La polémica suscitada este verano en torno al apoyo “nacional” recibido en el incendio de La Gomera, con airadas acusaciones entre las autoridades autonómicas y estatales, es fiel reflejo de que el sistema de protección civil, confundido con medios y dependencias de distintos niveles (municipal, provincial o insular, autonómico y nacional), en los que se entremezclan cuerpos locales de policía y bomberos, guardias civiles, brigadas forestales, la UME, los medios aéreos…, es un auténtico caos al menos en su aplicación a los incendios forestales. Miembros de la propia UME que han vivido presencialmente el incendio de los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, quedaron asombrados, quizás por su condición militar, del esperpento organizativo con el que funcionaban el conjunto de los medios desplegados y los reproches cruzados entre los correspondientes responsables civiles…

EL TIEMPO DE RESPUESTA EFICAZ, INALCANZABLE PARA LA UME

Y más o menos así, cada verano se ha venido demostrado que la aportación de la UME (ya en plena madurez funcional) al sistema general de protección civil en su función de “apaga-fuegos”,casi siempre es (y seguramente seguirá siéndolo) subsidiaria y tardía y, en consecuencia, poco eficiente a pesar de la disciplina y buena voluntad con la que se acompañe. Para corroborar esta afirmación, baste recordar que los expertos en detección y extinción de incendios forestales, valoran el tiempo de llegada de la primer ayuda desde la señal de alerta (capacidad de respuesta) en tramos de cinco minutos y hasta un máximo de dos horas, a partir del cual consideran que no ha existido “llegada”, centrándose ésta entre 15/30 minutos para más de un tercio de los casos y entre 10/45 minutos para más de la mitad: plazos en los que por razón de protocolo la UME ni siquiera ha podido ser requerida por la autoridad competente, con los tiempos de desplazamiento aparte…

Por supuesto que todo esto no significa menoscabo alguno de la UME ni de los miembros que la integran, que como soldados de España cumplen fielmente las órdenes que reciben, ajenos al mal diseño del sistema en el que están integrados. Es más, cuando dicha unidad ha tenido una baja mortal en acto de servicio, ha sabido rendirle los honores merecidos (caso del cabo primero Alberto Guisado fallecido el pasado 4 de agosto en la Sierra de Gata), frente a lo que de forma lamentable no se suele hacer en los cuerpos de bomberos ni en las brigadas de lucha contra incendios forestales dependientes de la Administración Civil.

A mayor abundamiento, en relación con la eficacia demostrada por las Fuerzas Armadas en las campañas de prevención/extinción de los incendios forestales, merece especial consideración, por ejemplo, la “Operación Centinela Gallego” dispuesta desde el año 2007 en la Xunta de Galicia con medios in situ del Ejército de Tierra (BRILAT) y de la Armada (Tercio Norte de Infantería de Marina), ajenos a la UME, con éxito notable en sus misiones de mantener presencia disuasoria, vigilar las zonas asignadas, proporcionar información temprana a los servicios de extinción de incendios y notificar incidentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. O la disposición de los medios del Mando de Ingenieros de la Fuerza Terrestre, y en su caso los de la Fuerza Logística Operativa, situados en zona, que, aun siendo lamentablemente escasos, siempre que fueron requeridos se han activado de forma inmediata, desde antes de que existiera la UME…

Si se analiza el emplazamiento básico de las unidades operativas de la UME, situadas únicamente en cinco puntos del país (los dos mini destacamentos canarios son irrelevantes), se puede comprender su absoluta incapacidad para llegar en el tiempo conveniente (entre 10/45 minutos) al foco de los incendios forestales desperdigados por toda la geografía española (incluida la insular), y normalmente en zonas de difícil acceso. Situar los cinco Batallones de Intervención de Emergencias (BIEM) en Madrid (Torrejón de Ardoz), Sevilla (Morón de la Frontera), Valencia (Bétera), Zaragoza y León (San Andrés de Rabanedo), y acuartelar además en Madrid el Regimiento de Apoyo a Emergencias (RAEM), con zonas de incendios habituales a más de 400/500 kilómetros de distancia (Canarias y Baleares aparte) parece a todas luces poco razonable.

De hecho, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), que son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios forestales pero insuficiente y desproporcionado en relación con la UME, tienen el doble de bases operativas que esta unidad militar (diez frente a cinco) y mucho más próximas a las zonas de mayor riesgo. 

Sin entrar en otras valoraciones sobre el escaso sentido que tiene la UME dentro de las Fuerzas Armadas, y al margen de que sustraiga de forma permanente para misiones no militares nada menos que 4.361 efectivos de su ya escasa plantilla, lo evidente es que su dedicación específica y exclusiva es de naturaleza civil, desvinculada de la defensa nacional. Por tanto, el debate sobre su conveniencia y funcionamiento trasciende incluso el estricto ámbito técnico-militar, ofreciendo una perspectiva de cohesión y coordinación con el conjunto del entramado civil complicada, además de que el protocolo de activación de la UME, con origen en las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, añada burocracia y tiempos muertos sin duda contradictorios con lo requerido por la propia “emergencia”.

Para empezar, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece en su artículo 2 (apartados 1, 2 y 3) lo siguiente:

1. La competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones Públicas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que las circunstancias lo hicieren necesario, participarán en las acciones de protección civil.

2. Asimismo, en tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asigne.

3. La colaboración de las Fuerzas Armadas, que actuarán en todo caso encuadradas y dirigidas por sus mandos naturales, deberá solicitarse de la autoridad militar que corresponda.

Todo ello con independencia de que esa misma norma establezca también la composición y funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil (artículo 17) y las Comisiones de Protección Civil de las Comunidades Autónomas (artículo 18).

Con ese antecedente legal y organizativo, los recursos y funciones que se han asignado a la UME se deberían haber orientado con bastante mejor criterio precisamente hacia ese “sistema integrado de protección civil”, cuya superior autoridad ostenta el Ministerio del Interior a tenor del artículo 16 de la norma citada. O de forma más específica a la misma Guardia Civil, que ya dispone de competencias en la protección del medio ambiente y de unidades especializadas vinculables a situaciones de catástrofe o emergencia. Incluso a un posible Cuerpo Nacional de Bomberos, como apoyo a los que ya existen localmente.

Porque, si como en su momento manifestó algún ministro de Defensa socialista en relación precisa con la UME, “en España la red de protección civil es muy débil”, lo correcto es reforzarla o, en su caso, reorganizarla en vez de diluirla todavía más multiplicando los organismos y recursos afectos. Otro de los males palpables en el nefasto Estado de las Autonomías, cuando se confunde la proximidad en la prestación del servicio público con la dispersión de su gestión en niveles de máxima ineficacia.

Y si lo que se pretendía era modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, aumentando su capacidad de apoyo a la red de protección civil, todo lo que comporta la UME en medios materiales y humanos se podía haber canalizado sin más al Cuerpo de Ingenieros y a los regimientos apropiados, que, como establece la ley, han sido colaboradores tradicionales con todos los organismos civiles implicados en este tipo de actividades.

El pasado 7 de agosto, coincidiendo con el avance de los incendios forestales veraniegos (que ya anunciaban un nuevo record de hectáreas quemadas situado al día de la fecha en más de 180.000) y con el lamentable fallecimiento en acto de servicio de un miembro de la UME ya citado, el teniente general Pitarch publicaba en su blog (accesible desde esta misma web) un artículo titulado “UME: necesaria y útil”. Nadie niega ese reconocimiento ni la conclusión de su artículo sobre la aceptación y el apoyo que merecen y necesitan las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, ni, por supuesto, su afirmación final, plenamente compartida: “En último término, el futuro de las FAS está irremediablemente encadenado a la percepción que la sociedad española tenga de la utilidad de los Ejércitos”.

Pero el general Pitarch también sabe que una unidad operativa y útil (o útil como dice por ser plenamente operativa), puede estar integrada en un ejército o en un sistema superior en sí mismo inoperante y, por tanto, quedar convertida de forma automática en un lujoso derroche que, además, limita la aplicación de medios en otros ámbitos o escenarios no menos sustanciales.

Lo que pasa es que el “sistema” de la lucha contra incendios forestales, y en general el de protección civil, requiere ser “repensado”, como tantas otras cosas del Estado de las Autonomías. Dentro de esa necesidad, bien evidenciada este verano, una defensa a ultranza de la UME basada en su condición militar y en su plena operatividad (que son valores positivos y reconocidos), no viene al caso, porque el sistema en el que se integra, el modelo operativo, no funciona, ni va a funcionar en el futuro si no se reforma con la necesaria inteligencia y humildad política.

El pasado 16 de agosto, en “El Confidencial Digital” se recogían una serie de panegíricos sobre la UME que serán muy de agradecer por ella misma, pero que sólo conducen, como sucede con otras muchas declaraciones y loas “políticamente correctas”, a sostener el nefasto “más de lo mismo” y el lamentable dicho castellano del “mantenella y no enmendalla”. Veamos sólo los titulares bajo los que se afirmaban cosas tan curiosas como que “las fuentes consultadas añaden que, si alguna vez Rajoy y el PP tuvieron dudas, ahora se han convertido en ‘auténticos fans’ de la UME”:

“El futuro de la Unidad Militar de Emergencias, garantizado. El Gobierno del PP apuesta a tope por la UME, como quedó demostrado con los elogios de Rajoy y Arias Cañete”.

“Si la Guardia Civil fue el 'descubrimiento' de los socialistas cuando llegaron al Gobierno en 1982, y entonces cambiaron de raíz el concepto que tenían sobre la Benemérita, el del Partido Popular ha sido la Unidad Militar de Emergencia. Con ello, su futuro ha quedado definitivamente asegurado”.

Las fuentes informativas inespecíficas a las que alude “El Confidencial Digital” no pueden ser otras que la propia UME, en directo o de forma derivada y, como se puede comprobar en el propio medio, quedaron chasqueadas con los comentarios remitidos por los lectores, ciertamente bochornosos para la unidad. Su entusiasmo propagandístico es bien comprensible, pero distorsiona la realidad y, sobre todo, entorpece una reflexión sensata sobre el tema: cada cual puede interpretar el patriotismo y la lealtad a las Fuerzas Armadas como quiera, pero con tanta autocomplacencia luego no cabe lamentarse de que las cosas vayan como van.

Al margen de las justas críticas que merece la política “zapaterista” en el ámbito de la defensa, y del incomprensible “seguidismo” que le presta el presidente Rajoy (en buena medida políticamente suicida), al menos los titulares del MAGRAMA, Miguel Arias Cañete, de Defensa, Pedro Morenés, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, deberían tomarse más en serio los incendios forestales y concertar un sistema de protección civil bastante más razonable y razonado que el actual, con la UME dónde y cómo realmente convenga. De lo contrario, cada verano de cada legislatura tendremos “más de lo mismo”, con sus montes arrasados por el fuego como, por la misma desidia e incompetencia políticas (no parece necesario utilizar adjetivos más fuertes), se arrasaron las cajas de ahorros.

Al timorato Gobierno que preside Mariano Rajoy, hay que recordarle que el lanzamiento del actual sistema de Protección Civil, realizado durante la Transición por el ministro del Interior, Juan José Rosón, fue especialmente aplaudido por el conjunto de la sociedad española. Y también una de las causas principales para que aquel ministro centrista todavía sea, hoy por hoy, el mejor valorado públicamente entre todos los del ramo.

España está que arde, por los cuatro costados y en todos los aspectos sustanciales de la vida nacional. Con llamas bien visibles en unos casos y, en otros, ya reducidas a punto de brasa; a veces con fuego subterráneo y en ocasiones con fuego “dormido” o contenido en fase de pre-ignición.

Con este panorama, que sin duda cada cual es libre de ajustar por exceso o por defecto con su propia percepción de la realidad, los análisis del momento pueden ser inacabables; de libro completo, más que de noticia puntual, y, según crece el incendio, incluso de tamaño enciclopédico. Los hechos y datos inapelables, las opiniones, las campañas de desinformación, el periodismo partidista, la intoxicación informativa, las tergiversaciones y las mentiras políticas… están que se salen de los medios de comunicación social.

Por eso, querer atender los mil frentes de interés ciudadano, desborda en algunos momentos la capacidad de los informadores independientes, que, según están las cosas, se ven obligados a reconfirmar casi a diario sus análisis y comentarios en paralelo con la insistencia en el “más de lo mismo”, que tanto gusta a la actual clase política (lamentablemente ya casi asimilada a “casta” política). Vaya, pues, dedicada esta Newsletter

a recoger y “apostillar” algunas de las noticias y declaraciones más llamativas de los últimos días:

v  En un artículo de opinión titulado “¿Y si Gabriel Elorriaga tenía razón?” (“El Mundo” 02/08/2012), Pedro J. Ramírez escribió:

APOSTILLA: Elorriaga trabajó durante bastantes años como mano derecha de Rajoy (bajo sus órdenes directas fue Secretario de Estado de Administraciones Públicas, director de la campaña electoral de 2004 y secretario de Comunicación del PP…); es decir, que le conocía bien. Según se desenvuelve la historia, aquella valoración temprana parece que pudo ser acertada.

v  En su primera entrevista en prensa como presidente del Gobierno (“ABC” 02/09/2012), Mariano Rajoy:

APOSTILLA: Entonces, el programa electoral de Rajoy estaría basado en la “irrealidad”, en la fantasía o en la quimera: admitirlo ha debido ser un mal trago. Pero esa “realidad” que ahora el presidente del Gobierno por fin parece reconocer, no le impide, sino que le aconseja, hacer las reformas políticas estructurales e institucionales que España necesita de forma incuestionable, saliendo de la inopia política en la que ha estado y, de momento, sigue estando.

APOSTILLA: Rajoy sí que prometió milagros, y bien gordos. Cuando era jefe de la oposición insistió hasta la saciedad en que sabía todo lo que se tenía que hacer para conjurar la crisis, perfectamente y punto por punto. Y, todavía más, reiteró por activa y por pasiva que con su mero acceso a la presidencia del Gobierno, España recuperaría la confianza de los mercados, se multiplicarían las inversiones, se acabaría el paro…

APOSTILLA: Hasta ahora, no parece que Rajoy esté cumpliendo muy bien con su deber, a tenor de lo que había prometido en su campaña electoral, de lo que ha hecho hasta el momento y, sobre todo, de lo que está dejando de hacer como presidente del Gobierno con mayoría absoluta (otra cosa es que él piense o diga lo contrario).

APOSTILLA: Eso es lo natural, porque unos países son solventes y otros insolventes; una diferencia que, en buena lógica, la banca siempre ha contemplado en sus créditos a empresas y particulares y que cuando la práctica ha sido financiar la insolvencia, como en el “caso del ladrillo”, la ha llevado al desastre total. Pero, ¿Rajoy hace “todo” lo que tiene que hacer para que España deje de ser insolvente ante quienes han de financiarla…?

APOSTILLA: Esta es una afirmación en sí misma contradictoria, porque las “dudas sobre el euro” expresan una generalidad y las “diferencias de los tipos de interés” se aplican de forma específica a países con la misma moneda común. La razón de esas diferencias es obviamente otra y desde luego afecta al perfil concreto de cada país. Los “latiguillos” argumentales de Rajoy no terminan de reconocer el fondo de la cuestión, cosa grave.

APOSTILLA: Perfecto. Pero, ¿qué “estabilidad” pueden darle al euro, por ejemplo, el consentido despilfarro y la orgía presupuestaria de la Administración Pública en España, el desmadre de las autonomías o la proliferación impune de “salteadores” de las cajas de ahorro…?

APOSTILLA: Está bien que Rajoy diga estas cosas en público, pero en privado y en el ejercicio de su función presidencial tendría que ser más objetivo y reconocer todo lo que hay que cambiar en España, para que realmente sea el país serio que hoy no es y que a muchos españoles les gustaría que fuera. Instalado en la autocomplacencia no la sacará del negro agujero en el que se encuentra, sino que, bien al contrario, la enterrará cada día un poco más.

APOSTILLA: ¿Y qué dice Rajoy de las autonomías antes gobernadas por el PP qué han hecho todo lo contrario (Murcia, Baleares, Valencia, Castilla y León…?

APOSTILLA: Pero, ¿qué “referencias” son esas…? ¿Y, si el objetivo de Rajoy es “crecer y crear empleo”, qué está haciendo o piensa hacer para conseguirlo…? ¿Acaso lo logrará tan solo bajando el IRPF, que él mismo ha subido sin venir a cuento…? ¿Qué hace el Gobierno, por ejemplo, para que fluya el crédito a las empresas y éstas puedan restaurar la actividad económica, que es la única forma conocida de crear empleo…? Realmente un penoso “bla, bla, bla”.

APOSTILLA: Si la “unidad de mercado es “capital”, que efectivamente lo es, ¿por qué el Gobierno de Rajoy no la ha abordado antes…? Este tema, como otros muchos igual de obvios y fáciles de implementar, los tenía que haber preparado en su larga época de jefe de la oposición y haberlos aprobado de forma inmediata tras su acceso a la presidencia del Gobierno. Sorprende su inconcebible desidia, antes y después de su éxito electoral.

APOSTILLA: Rajoy miente, miente y miente (cosa grave, grave, grave). La Ley permite perfectamente que en el concreto “caso Bolinaga”, de momento, el Gobierno no hubiera concedido el tercer grado penitenciario, justo porque no cumplía las condiciones legales. Aún más, está por ver si se ha podido cometer o no un delito de prevaricación y, sobre todo, cuales serán las consecuencias políticas del caso.

v  Declaración de Antonio Basagoiti, presidente del PP del País Vasco, en la localidad alavesa de Villanañe (02/09/2012):

APOSTILLA: Entonces ¿por qué el Gobierno del PP concede, sin obligación de ley, el tercer grado a los presos etarras para que puedan solicitar el acceso a la libertad condicional? Según el apoyo connivente y gratuito que ha prestado al Gobierno de Patxi López y el previsto batacazo del PP en las elecciones vascas del 21-O, hoy por hoy Basagoiti quedaría mejor sin abrir la boca.

v  Intervenciones sobre el “caso Bolinaga” y ETA en el Comité Ejecutivo nacional del PP (03/09/2012), recogidas en el diario “La Gaceta”:

APOSTILLA: ¿Y qué tendría que ver, en todo caso, una posible mala decisión política de otros gobiernos del PP (en los que el propio Jorge Fernández fue Secretario de Estado) con repetirla ahora de nuevo…? Sólo los políticos torpes y contumaces en el error, como el actual ministro del Interior, tropiezan insistentemente en la misma piedra.

APOSTILLA: Lo dicho: el ministro “pisacharcos” es torpe y contumaz en el error.

v  La periodista Victoria Prego en una de sus “Preguerías” dedicada al “caso Bolinaga” y titulada “Facturas al cobro” (“El Mundo” 05/09/2012):

El Gobierno no ha querido arriesgarse a pagar el precio político de una posible muerte en la cárcel del torturador de Ortega Lara. A cambio, sus votantes le van a pasar al cobro la abultadísima factura de su desafección”.

APOSTILLA: Todo un apunte de sentido común y realismo sobre el tema.

v  Antonio M.Beaumont en su columna de opinión titulada “Las líneas rojas” (“La Gaceta” 04/09/2012):

(…) Ahora bien, ¿cómo entender que sea precisamente en un tema tan sensible como la política antiterrorista donde choque el Ejecutivo popular? Exhibiendo, además, tan poca sensibilidad con las víctimas del terrorismo. Estamos ante un mayúsculo tropezón, sin duda injustificable. Porque además airea un insólito seguidismo con respecto a las ideas del zapaterismo en la materia, tan duramente criticadas por el centro derecha y que llevaron a millones de españoles, alentados por el propio partido Popular, a salir a la calle decenas de veces para manifestar su repulsa. No es entendible…”.

APOSTILLA: Desde que esta web vio la luz en marzo de 2012, ya advertimos, porque conocíamos al personaje desde su militancia en la extinta UCD y sus “meteduras de pata” como gobernador civil de Asturias y después de Barcelona y sus peripecias fracasadas en el CDS, que con seguridad sería el “pisacharcos” oficial del Gobierno. Y seguimos advirtiendo la conveniencia de, al menos, cambiarle de ministerio cuanto antes: en el de Interior las seguirá liando y gordas.

v  Alfonso Guerra sobre el “caso Bolinaga” en la tradicional fiesta minera asturleonesa de Rodiezmo (“El Mundo” 03/09/2012):

APOSTILLA: Ya se sabe como es Alfonso Guerra, pero es que el PP le puso el comentario “a huevo”.

v  Titular de un comentario editorial de “El Mundo” (03/09/2012):

APOSTILLA: ¿Y a qué ha jugado el PP de Rajoy y Basagoiti también en el País Vasco? ¿A tocar el violón…?.

v  El economista Adriá Pérez Martí en un artículo de opinión titulado “Un cambio de modelo económico” (“La Gaceta” 04/09/2912):

APOSTILLA: Una opinión profesional más de las muchas que critican la política económica del Gobierno, como quien predica en el desierto.

v  Conclusión de la periodista Isabel San Sebastián en un artículo de opinión titulado “La herencia ideológica se enquista” (“ABC” 06/09/3012):

APOSTILLA: Una opinión acertada. Parece que Rajoy no convence ni a los comentaristas tradicionalmente afines al PP.

v  Declaración de Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz  del Grupo Parlamentario “La Izquierda Plural” en el Congreso de los Diputados, recogida por varios medios informativos (02/09/2012):

APOSTILLA: Nada que añadir; salvo que, a tenor del brutal saqueo de las cajas de ahorros, los banqueros, políticos y cómplices de los mismos que debieran ser objeto de persecución y encausamiento criminal por parte de la Fiscalía Anticorrupción, son muchos más.

v  Cristiano Ronaldo después del partido de fútbol del Real Madrid contra el Granada (02/09/2012), en el que no quiso celebrar sus dos goles:

APOSTILLA: ¡Pobre chico! No sabemos si quiere ganar más dinero o más títulos, vender más camisetas o que el vestuario del Real Madrid le limpie las botas después de cada partido… Quizás, lo que necesite Cristiano Ronaldo es que “San Iker Casillas” y el “Ser Superior” (Florentino Pérez) le acunen y arropen por las noches recitándole cariñosamente la “Sonatina” de Rubén Dario:

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor…

Claro está que también le podrían explicar cuáles son los verdaderos principios y valores del deporte, y también los del madridismo, ambos olvidados como los de la política misma.

Dicho está desde el principio. Las voces, dimes y diretes, de la España en llamas dan para mucho y hoy, de momento, toca ponerles un punto final.

La canícula agosteña conlleva al menos dos cosas inevitables. Una, mala de verdad, es la eclosión devastadora de los incendios forestales; otra, buena entre las buenas, es el relajo que por unos días se da la jauría política, lo que, en justa relación causal, sirve al tiempo para tranquilizar la furibunda ciudadana.

Claro está que, dentro de la política, hay quienes han de permanecer de guardia veraniega, o al menos de “imaginaria” como dicen los militares, cubriendo las espaldas del sistema, pendientes de “alertas” sobrevenidas o con el castigo de tener que poner al día sus deberes incumplidos.

El impresentable tratamiento que tienen los incendios forestales este verano (mucho trasvase de competencias y mucha Unidad Militar de Emergencias, pero más ineficacia y negligencias comprobadas que nunca), merecerá, a no tardar, una Newsletter exclusiva. Sin olvidar en ella el cruce de acusaciones descaradas entre prepotentes ministros nacionales, quitándose el muerto de encima a costa de la competencia estatal transferida, y los “ministrillos” autonómicos incapaces de asumir la suya.

Por ahora, centrémonos en otras cuestiones que estos días también han tenido presencia notable en el plano informativo.

EL GOBIERNO SUAVIZA LA SEMÁNTICA DE LA CRISIS

Uno de los políticos de “guardia veraniega” ha sido Luis de Guindos, titular de Economía y Competitividad, dedicado a comprobar “como va lo suyo”, es decir los avances del Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas de los países del euro) y del Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Finanzas de todos los países miembros de la UE) para la reforma global del sistema financiero europeo. Y, sobre todo, cuál es la nueva disposición del Banco Central Europeo (BCE) para intervenir de forma “contundente” en los mercados con objeto de aliviar las presiones sobre la deuda española.

Según ha manifestado el propio De Guindos en diversas entrevistas (EFE, “ABC”…), a este tipo de intervenciones “no se les puede poner límite o no se puede explicitar al menos la cuantía con la que se va a intervenir ni durante cuánto tiempo”, para no restar efectividad a una ayuda que tiene como objetivo disipar las dudas sobre la zona del euro. Una opinión técnica poco menos que “apalancada con un churro”.

Respecto a las contrapartidas que tendrá la ayuda europea a España (ahora se denomina “rescate blando”), el ministro De Guindos explicó que se definirán en las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin previstas para la segunda semana de septiembre, anticipando que, en cualquier caso, no le preocupan “especialmente” (¿será verdad?). Para entonces, el BCE ya habrá desvelado cómo piensa ejecutar el programa de compra de deuda soberana en el mercado secundario, lo que obviamente está condicionando la decisión final del Gobierno español sobre el escabroso “segundo rescate”, complementario del “rescate inicial del sistema financiero” fijado ya en un crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar a la banca española.

Paréntesis: En relación con el primer rescate, no deja de sorprender que, con la que ha caído sobre las cajas de ahorros y los traumas sociales que han provocado, el ministro De Guindos venga diciendo ahora que anda sin prisas para inyectar dinero en el sistema y que el Gobierno descarta “hoy por hoy” apelar al primer tramo de 30.000 millones de euros reservados para recapitalizar por vía de urgencia a las entidades con problemas.

Sería impresentable que cuando las consultoras independientes que están detallando las necesidades de capital de cada banco en entredicho terminen su trabajo, el abultado rescate ya solicitado formalmente (nada menos que 100.000 de euros), se mostrase mal dimensionado o innecesario con el aliviadero del “banco malo”, el gran hallazgo gubernamental de última hora antes criticado por tirios y troyanos (desde Rajoy a Botín).

El titular de Economía también anticipó que el 24 de agosto (finalmente será el 31 de agosto) el Consejo de Ministros aprobaría un Real Decreto-Ley con las líneas generales de desarrollo del conocido como "banco malo para el ladrillo" (una Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios), reformando al mismo tiempo el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este organismo, pasará de ser un vehículo de inversión a convertirse en el verdadero ejecutor de la restructuración y liquidación de la banca, junto al ente supervisor (el Banco de España), permitiendo que “España tenga uno de los marcos institucionales de restructuración bancaria más avanzados de Europa" (es decir, que, como sostiene De Guindos, en un “plis-plas” cambiaremos “zoquetes” por “catedráticos”).

Además, el mismo Real Decreto-Ley establecerá nuevas normas para la venta de productos complejos de naturaleza híbrida, como las denominadas “participaciones preferentes”, también según el ministro  De Guindos “con el objetivo de evitar posibles abusos que se han producido en el pasado” (o sea, que la banca, en vez de tener absolutamente prohibidos estos productos de trile financiero, seguirá repitiendo la faena pero en mayor cuantía, como mínimo 100.000 euros por incauto, y con las espaldas bien cubiertas legalmente).

La euforia gubernamental subyacente en las declaraciones agosteñas de Luis de Guindos, parece basarse en la seguridad (esperemos que no sea solo una “suposición”) de que el BCE actuará en el mercado secundario (donde los inversores intercambian la deuda ya emitida) comprando bonos a corto plazo y sin ejercer su papel de acreedor preferente, lo que ahuyentaría al resto de inversores y elevaría la prima de riesgo. El ministro español de Economía y Competitividad (uno se puede preguntar “a qué competitividad” se refiere el cargo) considera que la nueva actitud del BCE abre “un escenario muy positivo” para el Gobierno, reconociendo que la presión de los mercados sobre la deuda española responde en gran medida a algo que va “más allá de la política doméstica” y considerando oportuno intervenir para corregir unas diferencias en el tipo de interés de la financiación pública dentro del Eurogrupo que “ponen de manifiesto dudas sobre el futuro del euro y dificultades para la transmisión de impulsos” (al parecer, los platos rotos son de otros).

Además, el ministro De Guindos ha advertido que, en su opinión, las condiciones de este segundo rescate, que él llama “rescate blando”, ya están muy definidas y son fácilmente asumibles, porque España está “haciendo sus deberes”, tanto en el ámbito fiscal como en el de las reformas estructurales, como reconocen el Fondo Monetario (FMI) y las autoridades de Bruselas. Aunque habrá que ver lo que “Paco el de las rebajas” (Merkel y compañía) opina de esta serpiente veraniega.

Con un optimismo más que cuestionable, De Guindos explicó igualmente que el avance presupuestario para 2013 y 2014 prevé un ajuste fiscal de casi 90.000 millones en ese bienio, considerándolo “suficiente y adecuado”. También insistió en que el compromiso de España con la reducción del déficit al 3 por 100 del PIB en 2014 es “inequívoco”, razón por la que se han ido adoptando o se planea poner en marcha las recomendaciones propuestas por Bruselas, como el incremento del IVA o la subida de la edad efectiva de jubilación.

Sin embargo, tanto lenguaje edulcorado, no ha podido evitar alguna que otra manifestación contradictoria dentro del propio PP. Después de que Soraya Sáenz de Santamaría advirtiera con firmeza que “la opción del rescate está descartada” (Agencias 27/07/2012), la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, declaraba en una entrevista a Europa Press (17/08/2012), que “según todos los indicios”, los “datos económicos” y “la situación de la prima de riesgo”, “parece inevitable” tener que solicitar a la Unión Europea algún “tipo de rescate”, con las “condiciones que se determinen”, para afrontar “la situación más complicada de España en la historia reciente”.

Por su parte, el mismo Luis de Guindos, tras conocerse que el martes 24 de julio, cuando el interés del bono español a diez años superaba el 7,6 por 100, había debatido en Berlín con su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, la posibilidad de solicitar un rescate total por un importe nada más y nada menos que de 300.000 millones de euros, si sus costes de financiación se mantenían en niveles insostenibles, no tenía el menor empacho en declarar tajantemente: “Nunca he considerado un rescate de España” (Agencias 26/07/2012). Y, más tarde, aseguraba todavía con más que “no habrá nuevos ajustes [aunque España pida finalmente ayuda al fondo de rescate europeo]”, matizando que “hay tiempo por delante para esperar a que los detalles de la ayuda se despejen” y que el Gobierno “va a actuar con prudencia” (05/08/2012)…

MARIANO RAJOY NO DA LA TALLA

Conociendo el engañoso paño de la verborrea política, y vaselinas de los portavoces gubernamentales aparte, tendríamos que dar por hecho un “segundo rescate” (ya se verá con que nombre se le bautiza de forma definitiva y cuáles serán su cuantía y condiciones), un “banco malo” (el mismo que antes rechazaba de forma expresa el Gobierno en pleno), más recortes y reformas estructurales, la intervención de algunas comunidades autónomas (rescates entre bambalinas) y todo lo que naturalmente hace falta para salir del descomunal lío en el que estamos metidos. Negarlo o maquillarlo, forma parte de la práctica política habitual y de los juegos malabares del gobierno de turno.

La falta de visión del problema y el desconcierto que la situación produce en el gobierno de Rajoy, con la consecuente incapacidad resolutiva, es bien evidente. Y si a esta situación se añaden las reiteradas incoherencias y las prácticas burocráticas europeas, la aproximación al caos lleva camino de ser absoluta.

Cosa realmente grave, porque, guste o no guste a quienes el 20-N le otorgaron confiadamente la mayoría parlamentaria absoluta, a Rajoy se le está acabando el crédito electoral, anclado como está en el agotado sistema político e institucional que nos ha llevado a donde estamos y mostrando como muestra que no está dispuesto a cambiarlo. En el fondo, al presidente del Gobierno le encanta el frangollo de las autonomías; cree firmemente en la partidocracia; opone muy poco a la omnipresencia partidista y a la hipertrofia administrativa; le encantan la casta y la caspa políticas (él es parte sustancial del establishment) y, sobre todo, comparte con el PSOE las canalladas consumadas en ámbitos tan sensibles como el de la excarcelación de etarras, la dilución del Estado a través de las sucesivas reformas estatutarias de las autonomías (Cataluña, Valencia, Andalucía…), la tolerancia ante las amenazas secesionistas…

Más allá del desconcierto político ante la crisis, hoy por hoy el deplorable comportamiento institucional, la inconsecuencia del modelo de Estado y el deterioro de la democracia real, son de una envergadura verdaderamente colosal. Y lo peor es que a Rajoy el problema le viene grande, por mucho que su elección como presidente del Gobierno haya convenido para liquidar a Rodríguez Zapatero.

Fotograma: De momento, tenemos al presidente del Gobierno “acucado”, sin ideas ni agallas políticas, esperando que los mercados, el FMI, el Bundesbank, Ángela Merkel, François Hollande, los Marios (Draghi y Monti) o la Virgen de los Milagros le resuelvan el problema, o que con el paso del tiempo éste se “disuelva” por sí mismo (le quedan más de tres años para agotar su mandato presidencial), al igual que el azucarillo o la sal se diluyen en un vaso de agua…

“RAJOY, GENUFLEXO ANTE LOS CHANTAJISTAS”

Buen título y buen contenido el de esta expresiva “Canela Fina” publicada por Luis María Ansón en “El Mundo” (21/08/2012) y referida a la política antiterrorista del gobierno y a la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga (previo a la libertad provisional), con tres asesinatos implacables a sus espaldas (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez-Colmenero) y cruel carcelero de Ortega Lara. Por conocido, poco más hay que añadir al caso, salvo tres apuntes rápidos.

El primero valora positivamente la actitud del Ministerio Fiscal que titula Eduardo Torres-Dulce, al oponerse (aunque fuera de forma infructuosa) a la turbia política de connivencia con la izquierda abertzale que sigue Rajoy, en línea con la del inmaduro, ocurrente y temerario “ZP” (recuérdese el caso del sanguinario terrorista Iñaki De Juana Chaos). Por su parte, la forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, ha dictaminado que el cáncer que padece el etarra Bolinaga “no se encuentra en fase terminal” y que su  tratamiento puede ser administrado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia o cirugía.

El segundo repudia y califica como auténtica “basura político-religiosa” las excusas “compasivas” argüidas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en apoyo de la jauría etarra. Sobre todo cuando el Gobierno y él mismo nada hacen, por ejemplo, para tratar con un mínimo de dignidad asistencial a los más de mil reclusos españoles diagnosticados con trastorno mental grave, hacinados en “penitenciarías psiquiátricas” verdaderamente tercermundistas y que, como tales enfermos mentales, además son víctimas de un sistema judicial absolutamente injusto.

Por otra parte, hay que recordar que más de cien presos no terroristas fallecen anualmente en prisión por causas no accidentales, algunos siendo incluso presos “preventivos”, y también que, de hecho, un tercio de los reclusos con enfermedades terminales vienen muriendo en prisión sin acceder a los beneficios del tercer grado. La afirmación defensiva (“Insinuar que ahora hemos cedido al chantaje sirve a los intereses de ETA”) del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es, más que peregrina, auténticamente indeseable, y la del propio ministro del Interior, asegurando que de no haber otorgado el tercer grado al terrorista Bolinaga “hubiéramos incurrido en prevaricación”, falsaria y cretina.

Finalmente, y más allá del tópico afecto a las víctimas del terrorismo, que en modo alguno merecen el indigno trato político que de forma tan incomprensible les da el Gobierno del PP, el tercer apunte advierte que la absurda “genuflexión” continuada y conjunta de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) ante el chantaje terrorista durante los últimos años, producirá una auténtica hecatombe en las próximas elecciones al Parlamento Vasco, anticipadas al próximo 21 de octubre.

La definitiva victoria del frente secesionista sobre el actual Estado democrático (los dos partidos triunfadores serán el PNV y Bildu, a distancia de los partidos “españolistas”), tendrá consecuencias insospechadas para el actual modelo de convivencia nacional y para el futuro de España, con responsables directos (fuerzas políticas, instituciones o personas), bien identificados...

Ahora, mordiendo el polvo de su nefasta política antiterrorista, el Ejecutivo asegura a través de su “número dos”, Soraya Sáenz de Santamaría, que le preocuparía “muchísimo” la victoria de un proyecto independentista en las próximas elecciones vascas, justamente la que el “trío de la benzina” (el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti) ha servido a los abertzales en bandeja de plata.

“CASO ASSANGE”: MATAR AL MENSAJERO

Pero casi tan despreciable como esa sumisión del PP-PSOE ante los dictados políticos de ETA, encubierta por Bildu, la organización pro etarra que legalizó el Tribunal Constitucional en contra del Tribunal Supremo y en connivencia con Rodríguez Zapatero y Rajoy, es la posición conformista de los medios de comunicación menos retrógrados (“El País”, “El Mundo”, la cadena SER, EFE…) en el “caso Assange”. Su silenciosa complicidad con el imperialismo informativo de Estados Unidos y sus aliados británicos, que a la postre pretenden matar al mero mensajero de sus prácticas políticas manipuladoras, es francamente decepcionante: choca con el brío y la ética profesional que los medios de comunicación social exhibieron durante la propia Transición y constituye otra lamentable muestra del progresivo deterioro general del sistema democrático.

Como ha descrito Fernando J. Muniesa en su libro “El Archivo Amarillo” (Multimedia Militar, 2011), el periodista Julian Assange es el promotor de WikiLeaks (en español “WikiFiltraciones” o “WikiFugas”), una web diseñada para recibir y difundir informaciones clasificadas y “sensibles” de todo el mundo que desvelasen comportamientos no éticos por parte de gobiernos, y también de organizaciones religiosas o empresas, preservando el anonimato de sus fuentes. Nacida en diciembre de 2006 y operativa desde julio de 2007, eclosionó en 2010 anunciando más de un millón de documentos clasificados y provocando un autentico terremoto en la Comunidad de Inteligencia, aunque su actividad se centrara especialmente en la política exterior de los Estados Unidos y en lo concerniente a las guerras de Irak y de Afganistán.

WikiLeaks se presentó como un medio de comunicación electrónico singular, auspiciado por una organización internacional non-profit denominada “The Sunshine Press”, creada por un equipo profesional de tipo multidisciplinar con miles de colaboradores encubiertos. El dominio se alojó legalmente en Suecia, país cuya legislación impedía rastrear la trazabilidad de las fuentes informativas originales.

El “fenómeno WikiLeaks” ha confirmado, sobre todo, lo ya advertido por Howard Simons a raíz del “escándalo Watergate”: que muchos documentos se clasifican no para proteger un secreto auténtico, sino para evitar revelaciones políticas embarazosas, abusos de poder, críticas ciudadanas… o incluso solo por inercia. En definitiva, el secreto oficial, salvo en escasas aplicaciones justificadas que nadie cuestionaría, es, por lo general, una sórdida herramienta de burócratas mediocres y prepotentes, incapaces de asumir sus deberes y responsabilidades profesionales con un mínimo de dignidad personal.

La mejor corroboración del inframundo en el que se mueven los secretos oficiales y las materias clasificadas, es precisamente la orden mundialista de “caza al mensajero” (en este caso Julian Assange) dictada de forma rabiosa y despiadada por quienes, quedando comprometidos por sus actuaciones personales inmorales o ilícitas (los actores del mensaje), se sienten además dueños del mundo.

Howard Simons interpretó clarísimamente esta realidad a propósito del “escándalo Watergate”, que vivió en primera persona al principio de los años 70 como redactor-jefe del “Washington Post”. En su opinión, sin duda acertada, detrás de los secretos oficiales no siempre se esconden intereses de Estado: “En muchos documentos se pone la etiqueta de secreto no para proteger un secreto auténtico, sino para evitar ciertas revelaciones auténticamente embarazosas, o para ocultar una extralimitación en los gastos, o un abuso de poder, o para impedir las críticas, o para evitar la inspección pública, o simplemente por costumbre”.

Según Simons, si se quiere saber algo en verdad relevante de un gobierno, no hay más remedio que conocer sus secretos: los periodistas no se inventan los secretos, más bien los reciben del otro lado de la mesa. Y, en relación con la actitud que deberían adoptar los medios de comunicación ante la petición de guardar silencio sobre materias clasificadas, razonaba: “Es tarea del Gobierno guardar los secretos. Y, tal como yo lo entiendo, es tarea de periodistas y directores averiguar esos secretos y decidir si deben revelarse al público o si deben mantenerse ocultos en los oscuros armarios del secreto”.

Después de reconocer que ningún periódico es totalmente bueno o totalmente malo, justo o injusto, y que todos tienen sus defectos y sus tendencias, al igual que sus lectores, Simons no dejaría de advertir: “Pero, si los periódicos no sacan a la luz las noticias y las publican, si no llevan a cabo las investigaciones y no hacen los comentarios, si no examinan los problemas y los denuncian, entonces ¿quién lo hará?”. Defendiendo esa función irrenunciable, Simons añadiría: “Lo que hace falta son ojos independientes, no únicamente para asegurar que los gobiernos sean honrados, sino para dar a los ciudadanos un punto de vista que no sea el oficial”.

Antes del “escándalo Watergate”, durante el mismo mandato presidencial de Nixon ya se había producido en 1971 una comprometedora publicación de documentos clasificados, que en el fondo terminaría siendo causa de aquel caso posterior. Se trataba de los informes secretos sobre la guerra de Vietnam, conocidos como “Papeles del Pentágono”, que, tras la première publicada en el diario “The New York Times”, terminarían alimentando las redacciones de toda la prensa estadounidense.

Cuando el juez federal Murray Gurfein se pronunció sobre su publicación, exculpando a los dos principales diarios norteamericanos, dejó bien claro, al menos ante la opinión pública de Estados Unidos, el fondo legal de la cuestión: “También hay seguridad en los valores de nuestras instituciones libres: una prensa crítica, una prensa obstinada, una prensa omnipresente, es la que tienen que soportar quienes estén en el poder, con el fin de preservar los valores aún mayores de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a estar informados”.

En este debate, cada cual que se puede alinear donde quiera, a favor o en contra de la “caza de brujas” en la que se ha convertido el “caso Assange”. Claro está que, tarde o temprano, el conjunto de la sociedad tendrá que aguantar con todo merecimiento la vela que corresponda.

Recién nombrado presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, hombre bienintencionado, de buena cabeza, comedido y cabal en sus manifestaciones, echó un buen capotazo al rey Juan Carlos cuando algunos comentaristas demasiado inquietos (y curiosamente monárquicos) pedían que abdicara en favor del Heredero de la Corona, tras el “tropezón” que supuso su cacería de elefantes en Botswana.

El quite de Romay a Su Majestad se resumía perfectamente en un subtítulo destacado de la entrevista que concedió al diario “ABC” (21/05/2012): “No hace falta hacer ninguna ley sobre la familia real. La Corona está muy bien”. Una encomiable sentencia política, que, no obstante, algunos analistas y muchos lectores del diario monárquico entendieron más como un deseo personal del declarante que como una verdad histórica.

Apenas dos meses más tarde, el pasado 7 de agosto, Romay volvió a posicionarse públicamente sobre otra cuestión capital, que hoy por hoy se desvanece con mayor evidencia y rapidez que la Monarquía: el Estado de las Autonomías. Y el caso es que, cuando Romay habla, Rajoy atiende. De hecho, todo el mundo que pinta algo en el PP sabe que si Rajoy tiene algún oráculo, ese es el actual presidente del Consejo de Estado, a quien ha venido encomendando supervisar los temas internos del partido más delicados, incluida su polémica tesorería tras haber quedado en entredicho con el “caso Gürtel”.

Por eso, el hecho de que Romay se haya pronunciado sobre el desastre autonómico justo en este angustioso momento, no deja de ser significativo. El Estado Mayor del PP le escucha como el jefe sioux, “Caballo Loco”, escuchaba a “Manitú”, el dios de las praderas infinitas, antes de arremeter contra el general Custer (en realidad era teniente coronel) y masacrar al 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, bajo su mando en la batalla de Little Bighorn.

EL “COSTE INSOPORTABLE” DE LAS AUTONOMÍAS

Pues bien, el oráculo personal de Rajoy, el “Manitú” de las azules praderas populares, ha hablado alto y con cierta claridad en otra entrevista concedida a Europa Press (07/08/2012): “El desarrollo del Estado Autonómico coincidió también con años de abundancia. Y lo que entonces parecía que se podía, pues ahora nos damos cuenta de que nos hemos pasado y que seguramente también en el diseño del modelo organizativo del Estado autonómico ha habido un crecimiento organizativo y burocrático que ahora vemos que no se puede sostener, que no responde a un estudio muy riguroso de prioridades”.

Tras subrayar que el Estado de las Autonomías es “una conquista” y que ha ofrecido “cosas muy buenas”, Romay admitió por fin que, en él, no todo son “virtudes” y que en este momento es necesario “adelgazar sus estructuras”, un reto al que, en su opinión, quizás un tanto ingenua, ya se están aplicando las comunidades autónomas. En relación con el tema, concluyó: “Si tiene un coste insoportable, como el de la propia Administración central del Estado, tendremos que ajustar esos costes a nuestras posibilidades y tenemos que conseguirlo. Si fuimos capaces de hacer bien la primera parte, espero que seamos capaces de hacer bien esta segunda, que es adaptar eso a las posibilidades que tenga el país en estos momentos”.

En sus declaraciones a Europa Press, el presidente del Consejo de Estado también recordó una de las reflexiones del informe que este alto organismo consultivo elaboró en 2006 a petición del entonces presidente Rodríguez Zapatero y sobre algunos aspectos puntuales de una eventual reforma constitucional, en concreto la relativa a la conveniencia de fijar el techo de las competencias autonómicas. De hecho, el dictamen entendió ya hace seis años que todo el proceso de transferencias a las autonomías había que darlo “por concluido”, sugiriendo la derogación del apartado del artículo 150 de la Constitución que permite al Estado desprenderse de competencias exclusivas.

Sobre esta delicada cuestión, Romay matizó: “El Consejo de Estado cree que eso ya hay que darlo por concluido y evitar al Estado el acoso permanente que puede dar lugar el hecho de tener ese portillo abierto para más transferencias”. A continuación añadió que el órgano consultivo había dejado clara en su informe la preocupación de que el Estado se “desapodere de más poderes y capacidades”, porque ahora lo que hace falta es que ese modelo “funcione armoniosamente” y que al Estado “no le falten los medios para ejercer sus funciones de garante de la solidaridad entre los españoles”.

Para  José Manuel Romay, las conclusiones expuestas por el Consejo de Estado en el dictamen requerido por el Gobierno socialista tienen validez permanente, pero advirtiendo que en este momento de crisis no hay “apremio especial” por parte de las autonomías para contar con más competencias, dado que éstas “tienen sus cargas”. Esta última valoración también puede pecar de ingenua, dado que precisamente la “huida hacia adelante” (o la técnica de “atacar para defender”) es una práctica proverbial en la política española.

Entonces, esta percepción de Romay sobre las actuales aspiraciones “periféricas” ¿es real o vuelve a confundirse con un deseo personal, como algunos percibieron en su valoración sobre la salud de la Corona? ¿Y por qué razón esa recomendación del Consejo de Estado sobre la necesidad de dar por cerradas las transferencias a las autonomías y de blindar las competencias estatales, lleva seis años olvidada por el PSOE (que encargó el dictamen) y el PP (que ahora se está comiendo el “marrón” del frangollo territorial)…?

Conociendo el paño de la política y como se las gasta su gente, puede que este reconocimiento del PP no constituya un acto de contrición perfecta, con verdadero propósito de enmienda, sobre su parte de culpa en el “exceso autonómico”, sino una leve atrición para salir del paso, considerando que es un pecado venial y que, en el fondo, se podría seguir con “más de lo mismo”. Un error que, en todo caso, tendrían que rectificar más temprano que tarde.

¿MORIRAN LAS AUTONOMÍAS CON LAS BOTAS PUESTAS…?

Las dudas sobre cualquier propósito de enmienda por parte de los actuales entes autonómicos es bastante razonable, teniendo en cuenta otras dos circunstancias: su comportamiento desde hace seis años, una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado y eclosionada ya la crisis por los cuatros costados, y la dependencia que tanto el PSOE como el PP tienen de sus “baronías” y “pesebres” territoriales. Desde que se hizo pública aquella opinión del organismo consultivo y hasta el día de hoy, los gobiernos autonómicos han venido pasando olímpicamente de la crisis, de la prudencia política y de la razón solidaria de España, abanderando impresentables deslealtades con el mismo Estado que les dio generosa carta de naturaleza.

Sin ir más lejos, aun en los últimos días, hemos podido saber que mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores clausuraba dos embajadas (en Yemen y Zimbabue) y tres consulados (uno en Marruecos y dos en Portugal) con el fin de racionalizar el gasto, algunas comunidades autónomas se resisten a reducir drásticamente sus oficinas de representación exterior. Frente a las 118 embajadas de España (ahora 116), el pasado mes de marzo todavía pervivían nada menos que 166 “embajadas autonómicas” después de haber suprimido otras 26, con Cataluña ostentando el record de 65 instaladas en 31 países. Bien expresiva al respecto, una mini-editorial de “El Mundo” (06/08/2012) decía: “… Si ni siquiera la situación de emergencia nacional que afronta el país obliga a redimensionar ese entramado, nacido al calor de las veleidades nacionalistas, difícilmente podrá hacerse ya en el futuro”.

No menos significativo al caso, es que, mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba a principios del pasado mes de julio la desaparición de 80 empresas o fundaciones públicas de titularidad estatal, las 17 comunidades autónomas en bloque ignoraban su llamamiento para hacer lo propio con las casi 4.000 entidades del mismo tipo dependientes de sus respectivos virreinatos. Y ¿cómo se sostiene que, aun hoy, no se hayan desmantelado siquiera las empresas públicas y fundaciones montadas sin necesidad cierta por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con déficit presupuestario que gobierna el propio PP…?

¿Y cómo se puede entender que en la actual situación de descalabro nacional una dirigente del PP como la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, convenga en mantener el sistema comarcal de su comunidad, con 32 consejos y gobiernos inoperantes, sólo para que su socio político, el PAR, siga empesebrando en ellos a 800 militantes…?

Pero las deslealtades de los gobiernos autonómicos y sus destructivas posiciones numantinas, van mucho más allá. Algunos otros políticos, electos pero verdaderamente impresentables, amenazan la estabilidad del Estado sublevándose contra las directrices de política económica y de control del despilfarro público. Ese es el caso del boicot a los planes del Gobierno para controlar el déficit que plantean los presidentes de la Generalitat de Catalunya, el provocador Artur Mas, y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, jefe político de los chorizos de los EREs fraudulentos y consocio de los rateros asaltantes de supermercados en la gobernación autonómica.

Otros políticos periféricos, como el presidente de Canarias, Paulino Rivero, simplemente llevan sus amenazas a extremos de verdadera paranoia (“El Mundo” 06/08/2012): “Todos aquellos que aplauden al Gobierno por la supuesta audacia de los recortes están poniendo en la picota un modelo que ha costado muchos años levantar, que arrastrará a la marginalidad a un gran número de familias y que nos va a retrotraer 30 años”.

Una posición “revoltosa” que, claro está, olvida decisiones de despilfarro propio como la creación de una innecesaria Policía Canaria (a la que por cierto no recurre para detener a los pirómanos locales, exigiendo que lo haga la Guardia Civil estatal), la propagandista Televisión Canaria, el desastre de su monumental “burbuja inmobiliaria” o su cuota de infraestructuras faraónicas inútiles. Y que también oculta su absurda oposición a las prospecciones petrolíferas situadas a 60 kilómetros de sus costas, que de ser exitosas supondrían una inversión superior a los 12.000 millones de euros, la creación de 5.000 puestos de trabajo nuevos y una producción de crudo que conllevaría más de 3.000 millones de ingresos fiscales para el Gobierno de Canarias (el 30 por 100 de su presupuesto)…

Pero el cerrilismo autonómico no sólo se acompaña de derroches sin cuento, reclamaciones absurdas, pesebrismos políticos intolerables y vías ilimitadas de corrupción. Una de sus características más notable es la incapacidad general de gestionar su propio territorio y los presupuestos afectos con un mínimo de rigor y eficiencia, contrariando intereses y necesidades de los administrados tan vitales como la defensa del medioambiente (incluida la lucha contra los incendios forestales), la sostenibilidad del sistema sanitario y del educativo, la asistencia social, la promoción del empleo y el desarrollo económico…

Compitiendo absurdamente con otras administraciones (central y local) e intentando abarcarlo y duplicarlo o triplicarlo todo, las autonomías hacen mal casi todo. Sin especulaciones inmobiliarias, cajas de ahorro ni ideas sustitutivas que llevarse a la boca o al bolsillo, lo comprobado es que las taifas autonómicas carecen del management de gestión adecuado para convertirse en los mini-estados que sus líderes más provincianos quieren gobernar como fincas propias.

La inteligencia humana y la capacidad y disposición personal hacia el servicio público, deben derivar (y derivan) por cauces muy distintos a los de la pequeña política, que es la de las autonomías, convertidas en predios caciquiles envenenados y liderados por castas partidistas de quinto nivel. Un sistema sustentado por gentes y políticas de ambición mezquina, sin proyecto de Estado, que se asfixian en sí mismas.

Esa triste realidad es la que lleva a preguntarnos si las autonomías morirán o no “con las botas puestas”, como murió el 7º de Caballería en Little Bighorn, a manos de los guerreros de varias tribus indias comandados por “Caballo Loco” (Montana, 1876). En aquella situación, este sencillo jefe sioux tuvo bien poco que hacer para vencer a Custer (la verdad es que fue un militar cuestionado por politiquero): sólo dejar que el irracional y soberbio temperamento del “rostro pálido de largas cabelleras” le llevara a una muerte anunciado por el penoso planteamiento de su última batalla, dividiendo sus fuerzas y desoyendo el sensato consejo de sus compañeros de armas.

Lo inevitable es que el Estado de las Autonomías morirá más pronto que tarde, por fas o por nefas, y quizás lamentablemente masacrado como las tropas de Custer. Entre otras razones porque, aparte de la escasa capacidad y visión de sus valedores más conspicuos, también es un invento político mal planteado, divisionista y sin posible recorrido en el mundo actual, y menos todavía en el que se avecina.

De hecho, lo procedente sería acabar con las autonomías mediante una eutanasia política consensuada por los partidos mayoritarios, PSOE y PP, sin mayores torturas ni sufrimientos inútiles y evitando con ello una masacre similar a la de Little Bighorn. Pero para eso hace falta una inteligencia y una grandeza de miras que la actual clase política no tiene ni por asomo.

RAJOY, ENTRE “CABALLO LOCO” Y EL GENERAL CUSTER

La película dirigida por Raoul Walsh y protagonizada por Errol Flynn que hemos introducido en nuestros comentarios, “Murieron con las botas puestas”, permite hilar en efecto ciertas similitudes con la actual situación de las autonomías, aunque sean de interpretación variable.

¿Esta emotiva y alocada leyenda cinematográfica es comparable con el Estado de las Autonomías como leyenda histórica? Posiblemente sí; en ambas se confunden la idealidad y la realidad y ambas enmascaran a héroes y villanos en un contexto de intereses políticos y económicos oscuros, bajo amenazas de sangrientas violencias.

¿Representa la actual crisis económica el “Little Bighorn” del Estado de las Autonomías? Bien pudiera ser; sobre todo si éstas no cantan un mea culpa y rectifican su política ramplona y pesebrera de forma urgente, antes de que se consume el segundo rescate del país que tenemos a la vista.

¿La racionalidad guerrera de “Caballo Loco” (que supo aunar bajo su mando a todas las tribus indias del territorio) y la frialdad con la que cortaba las cabelleras de sus enemigos, es comparable a la actitud de los mercados frente al déficit público, el despilfarro autonómico y la sin razón de su existencia? Desde luego que sí.

¿Custer iba, como han ido las autonomías, exclusivamente “a lo suyo” (en busca de la gloria y el beneficio particular), despreciando intereses superiores? Por supuesto; incluyendo su propia masacre de indios en el río Washita y de sacrificar antes de forma gratuita, en la batalla de Hanover de la guerra de Secesión, todo un cuerpo de élite: la Brigada de Michigan…

¿Y qué papel tendría que jugar Rajoy en este simulacro comparativo? ¿El de “Caballo Loco”, que arregló dignamente su propia cuenta con la historia, o el del “general Custer”, que finalmente murió con sus botas de teniente coronel puestas y embarradas, con su preciosa cabellera arrancada y con más pena que gloria…?

Pero entre las dos opciones del presidente Rajoy para afrontar la batalla de la crisis económica (su personal Little Bighorn), ganarla sin piedad como “Caballo Loco” o sucumbir masacrado como Custer, porque él es quien se enfrenta directamente al problema y quien dispone de los medios para resolverlo, también cabría una postura inteligentemente disuasoria de males mayores. La de las medidas inmediatas que despoliticen las instituciones públicas, saneen el mal funcionamiento de los partidos políticos y repongan en todas sus vertientes la legitimidad del sistema democrático, calmando a los mercados que financian la deuda soberana y extirpando de raíz toda la podredumbre que hoy envuelve nuestro sistema de convivencia.

Una decisión que bien podría inspirarse en el diálogo previo a la escena de la batalla final de nuestra epopeya-guía. Cuando el perverso Sharp pregunta nervioso y temeroso a Custer “¿A dónde va el Regimiento?”, éste le responde: “Al infierno o a la Gloria. Es cuestión de puntos de vista…”.

Pues eso, que Rajoy se aplique el cuento, que ya es mayorcito.

Anticipábamos en nuestra anterior Newsletter que en esta íbamos a tratar con cierto detenimiento la Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN 2012), presentada públicamente el pasado 1 de agosto por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, con una parafernalia mediática a nuestro entender poco oportuna y hasta temeraria (caso de que los periodistas presentes hubieran sabido verdaderamente de que iba el tema y se atrevieran a preguntar lo que debían preguntar). Dentro de la estrategia informativa desarrollada por Morenés, el día anterior ya se difundió la noticia de que la DDN 2012 había sido ratificada por el Consejo de Defensa Nacional, en sesión presidida por Su Majestad el Rey.

El anuncio realizado por elespiadigital.com de prestar atención monográfica a la DDN, se justificaba porque una primera valoración de su contenido, de la forma de publicitarlo y de sus excesos y carencias más visibles, recogía incoherencias y discapacidades preocupantes.

UNA DDN (O LO QUE SEA), DE VERGÜENZA AJENA

Para empezar, estamos de acuerdo con el análisis temprano realizado al respecto por el teniente general Pitarch en el artículo de su blog titulado con cierta ironía “Directiva Descuidada Nacional (DDN)” (03/08/2012), accesible desde esta web. Lo primero que llama su atención, y con razón, es el slogan (“POR UNA DEFENSA NECESARIA, POR UNA DEFENSA RESPONSABLE”) con el que, de forma ciertamente gratuita y hasta empalagosa, se publicita un documento en parte doctrinal pero esencialmente ejecutivo, como [debería ser] el de marras, algo sin precedentes en las anteriores DDNs.

Ahora, según está planteada por el Gobierno en la nueva DDN, la “defensa necesaria” no es precisamente una “defensa responsable”, sino más bien bastante “irresponsable”.

También acierta Pitarch cuando, después de prescindir de todo el adorno literario de la DDN 2012, a veces farragoso y a veces etéreo, afirma que el posible “magro” se limita prácticamente a las cinco “Directrices a seguir en la presente Legislatura” (apartado 4), recogidas en apenas dos folios, de los diez que abarca el documento. Sobre ellas cabe añadir que no pasan de conformar un cuadro de aspiraciones inconcretas, sin la menor precisión ni cuantificación, carentes de sentido específico y que, como “instrucciones” o normas prácticas para la ejecución de algo, que es lo que deberían ser, constituyen una auténtica tomadura de pelo (en archivos pdf se adjuntan las DDNs 2012, 2008 y 2004).

Pero es que, además, el documento confunde en su apartado 3 lo que de hecho son “líneas generales de la política de defensa” con algo en esencia muy distinto y que en la DDN brillan por su ausencia: los “objetivos” de la política de defensa. Claro está que eso es lo de menos, porque el documento (difuso y superfluamente profuso) es infumable en cada una de sus partes y, todavía más, en su conjunto, hasta el punto de desacreditar seriamente al Consejo de Defensa Nacional que se ha atrevido a ratificarlo, con el Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas a la cabeza.

En cualquier caso, Pitarch desbroza un poco más el bodrio en cuestión y apuntala su análisis con tres párrafos bien expresivos:

Entrando más al fondo, se encuentra un lenguaje a veces poco pulido y un mensaje con frecuencia incoherente. No faltan grandilocuentes formulaciones: “garantizar la seguridad de los españoles es una responsabilidad y obligación inalienable, intransferible e irrenunciable del Gobierno de la nación”, o “asegurar una España fuerte”, o la necesidad de contar con un “instrumento preparado y adaptado para dar respuesta a las posibles amenazas, riesgos y retos que se puedan llegar a presentar”. A ello se junta la mención de nuevos riesgos y/o amenazas (a veces de difícil identificación) que se añaden a los hasta ahora existentes y que no han desaparecido. No hay relación lógica entre lo que se proclama y lo que lo sustenta: el presupuesto de gastos de defensa para 2012. Es una situación muy incoherente e inestable porque la Fuerza --como ya se ha dicho tantas veces en este blog-- adolece de falta de preparación para el cumplimiento de su misión. Y --añado--, cuanto más tiempo se prolongue esta situación, más difícil y costosa resultará salir de ella.

Una mera aproximación al escenario de los “deseos” que se han descrito al comienzo del párrafo anterior, demandaría no solo no recortar sino incrementar sustancialmente la actual dotación presupuestaria de Defensa. Y no creo que esa sea la intención del Sr. Rajoy. Un ejemplo paradigmático de todo este lío se encuentra en el último párrafo del apartado 2 de la Directiva que es, supuestamente, la conclusión de la repercusión para España de la evolución del panorama estratégico. Depurando tal párrafo --para no perder al lector--, se afirma (sin ambigüedad en este caso) que “España debe garantizar la seguridad de las materias primas que sostienen su forma de vida, frente a las amenazas que se ciernan”. ¡Vaya tela!, diría un sevillano. Porque esa garantía exige, entre otras cosas, un nivel de ambición y el consiguiente objetivo de fuerza aeronaval que ni con diez veces el presupuesto actual se conseguiría. Veremos qué arte se da el JEMAD para desarrollar esa exigencia en el subsiguiente planeamiento militar. A lo mejor esta es la razón (con perdón) por la que el presidente del gobierno no ha (potencialmente) firmado la DDN 2012.

Pero quizás lo más grave, desde el punto de vista de organización conceptual del documento, se dé en el fundamental campo de los objetivos, que supuestamente deberían figurar en el apartado 3 de la Directiva. Simplemente, no se identifican cuando, por definición, deberían ser elementos concretos perfectamente identificables más allá de dudas e interpretaciones. Porque su consecución permite obtener las finalidades pretendidas por quien los fija. Además son puntos focales, puntos de convergencia, de todos los esfuerzos de la defensa nacional. Se podría así afirmar que lo más original de la DDN 2012 es no marcar objetivos. En su lugar, en el apartado correspondiente, el documento habla de tres rasgos esenciales de nuestra seguridad: el incremento de la inestabilidad en nuestro entorno cercano, la búsqueda de un vínculo transatlántico más sólido (¿OTAN/EE UU/bilateral?) y el impacto negativo de la crisis económica en nuestras propias capacidades defensivas y la disminución del paraguas colectivo. Y se remata el fiasco con unas líneas generales de la política de defensa. Pero, ¿dónde están los objetivos?, me preguntaba hace unas horas un almirante, quien --me confesaba-- que lo que más le molestaba de esta DDN era pasar vergüenza ajena, al pensar que la iban a leer sus homólogos de París, Berlín o Washington.

Pero, siendo cierto todo lo escrito sobre la DDN 2012 por el general Pitarch, quien entre otras cosas ha sido director general de Política de Defensa, ¿cómo se puede entender tanta desidia y chafarrinada gubernamental en un tema tan trascendente como el que nos ocupa? Y, aun más, ¿como es posible que el ministro Morenés se atreva a resumir la supuesta importancia de la DDN 2012 nada menos que con el lema “No se puede improvisar la seguridad”, como hizo en su presentación pública? ¿Acaso puede existir mayor improvisación que la que se deriva inexorablemente del documento en cuestión?

El esperpento documental y mediático al que se ha llegado con la DDN 2012, sólo se puede entender por el desinterés tradicional del PP en la política de defensa y por el menosprecio que, en el fondo, sus dirigentes (no sus bases) siempre ha mostrado hacia la institución militar. De hecho, sólo han entendido la defensa nacional como ariete coyuntural contra el PSOE y al servicio de intereses económicos e industriales ajenos a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas.

El artículo 6.3, apartado a), de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, establece una responsabilidad concreta y específica del Presidente del Gobierno: “Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo”. Pero es evidente que Rajoy no está por la tarea, ni tampoco se espera que lo esté, siquiera para hacer el paripé y cubrir de forma razonable el expediente de presidente patriótico, que es como seguramente le querrían ver muchos militantes del PP. 

De hecho, como también ha señalado con perspicacia el general Pitarch, el presidente del Gobierno no se ha dignado fechar ni firmar la DDN 2012 publicitada de forma oficial, como hicieron quienes le han precedido en el cargo. Pitarch barrunta igualmente, y cualquiera puede tener la misma duda razonable, que quizás existan dos versiones escritas distintas de la DDN 2012: la del bodrio conocido públicamente y otra algo más profesional y reservada…

MORENÉS RELATA A LA PRENSA LOS ADORNOS DE LA DDN,

SIN NADA QUE VER CON SUS DIRECTRICES OPERATIVAS

Que la DDN 2012 oficial se ha convertido en una mera formalidad vacua para cubrir malamente el expediente normativo, también ha quedado patente en la presentación a los medios informativos realizada por Morenés, que, como un “cuentacuentos” de lujo, reinterpretó el “sin contenido” del documento ofreciendo una versión de nuestra defensa nacional grandilocuente, falsa y de por sí absurda. La realidad es que las “directrices” literales de la DDN 2012, que según dicho documento tienen la finalidad de cumplir las líneas generales de la política de defensa (arbitrariamente convertidas en “objetivos” inconcretos), no se corresponden para nada con lo que los periodistas han escrito sobre el tema, en línea con los adornos expuestos por el ministro de Defensa.

De hecho, en su comparecencia para presentar la DDN 2012 (“La Razón” 02/08/2012), el ministro Morenés subrayó que la principal preocupación para la seguridad de España, o sea la principal “amenaza”, se centra en el norte de África. Según expuso, la “Primavera Árabe” conformó, sobre todo tras la guerra en Libia, un escenario colateral que ha despertado un “monstruo” a escasos kilómetros de nuestra frontera sur, en el Sahel (en realidad es un área que se encuentra por debajo de Marruecos, Túnez y Argelia).

En esa zona desértica, y en países como Mali, Mauritania o Níger, campan a sus anchas no sólo bandidos de toda índole, mafias y tribus que luchan por hacerse con el control de la zona, sino movimientos relacionados con Al Qaeda, que en una región de gobiernos débiles y permanente inestabilidad pueden, en opinión de Morenés, afectar a España de muy diversas formas. Sin embargo, en el texto ejecutivo de la DDN 2012 (las directrices a seguir en la presente legislatura), nada se dice en concreto sobre esas amenazas, ni se menciona para nada a ninguno de los países que citó ante los periodistas, recogidos en sus respectivos medios informativos; y menos aún sobre Ceuta y Melilla, donde la presencia de yihadistas activos está perfectamente documentada.

El segundo punto de preocupación para Morenés (la segunda “amenaza”), es Oriente Medio, ahora sobrecargado por la situación en Siria. Pero, “más cerca de nuestras fronteras” (sic), el ministro de Defensa también presentó como riesgo para nuestra seguridad el Golfo de Guinea, donde la creciente presión de traficantes de droga, armas y personas, y la mayor presencia de piratas, hacen temer que se produzca una situación similar a la de Somalia (situada en la costa opuesta de África), con la posibilidad de que Canarias, que también en su opinión “está a un paso de aquella zona”, se convierta en destino de tan graves males. Por último, el narcotráfico y el terrorismo afincados en Iberoamérica, entorno de especial interés para España, y el viraje de la política de Estados Unidos hacia Asia y el Pacífico, entran igualmente en la lista de preocupaciones fundamentales para el Gobierno de Rajoy, en palabras de su ministro de Defensa (¡ahí es nada!).

Pero es que, de nuevo, esos referentes concretos de amenazas y/o riesgos potenciales, carecen de cualquier correspondencia precisa en las “directrices” de la DDN 2012. Curiosamente, en ellas tampoco se dice nada de la emigración irregular endosada a España desde países mucho más próximos, como Marruecos o Mauritania, ni del contrabando de drogas que también tiene su origen en el Magreb y Latinoamérica.

La vaguedad descriptiva en torno a las “amenazas no compartidas” es tan absurda como inoperante, si no se explicitan al menos con quien o quienes no se comparten, por qué razón y con qué consecuencias; es decir cuáles son exactamente esas amenazas. Porque si en el fondo se identifican con la situación de Ceuta y Melilla, cuya defensa no está cubierta por el paraguas de la Alianza Atlántica, debe decirse con claridad, incorporando entonces a la DDN 2012 las “directrices” más adecuadas y oportunas al respecto, sin divagaciones ni complejos diplomáticos, desterrados en la política exterior y de defensa prácticamente de todos los países con los que estamos aliados, mucho más eficaz que la nuestra.

Con el lenguaje ambiguo y los adornos literarios utilizado en la nueva DDN, uno se puede preguntar también si su referencia a la “crisis económica”, de la que algo diremos más adelante, o las declaraciones soberanistas que proliferan en algunas comunidades autónomas, se corresponden o no con ese tipo de “amenazas no compartidas”.

Pero, ¿a santo de qué vienen esas perífrasis y tanta reinterpretación de lo poco que como Directiva de Defensa Nacional, es decir como “Plan de Acción”, ha quedado escrito en negro sobre blanco? ¿Por qué esta diferencia sustancial entre las escasas “directrices” ciertas (volátiles y cuando menos imprecisas) y los adornos dispersantes exhibidos por Morenés, casi con alcance cosmogónico?

La consecuencia del caso es que algunos medios informativos concluyen que la DDN 2012 comporta básicamente un “repliegue defensivo” y “rezuma desinterés por Europa y el multilateralismo” (Editorial de “El País” 07/08/2012), por ejemplo, mientras otros (ateneadigital.es 01/08/2012) cubren al ministro Morenés con párrafos que señalan en dirección distinta, como este:

“La Seguridad en España empieza mucho más lejos que hace diez años”, reconoció Morenés, que insistió en que España “tiene que estar en el mundo” y la “responsabilidad de contribuir a un mundo estable”, por lo que la seguridad no se puede improvisar. “No podemos ser irresponsables o el eslabón más débil de la cadena de generación de estabilidad del mundo”, dijo.

Por su parte, el PSOE ve la DDN 2012 como “regresiva”, al poner en su opinión el énfasis en Ceuta, aunque la única “directriz” de posible consideración a ese efecto sea la 4.2, con solo una referencia genérica a “defender el territorio nacional”. Al mismo tiempo, el general Jorge Ortega, siempre dispuesto a escribir “a favor de aguas”, define el mismo y casi invisible contenido de la DDN 2012 como “gratamente sorprendente” (Blog “Riendas Cortas” 06/08/2012), añadiendo además una petición en verdad ingenua a estas alturas de la historia:

… Tras nuestro decidido apoyo al escudo antimisiles en la base de Rota, y nuestro esfuerzo en Afganistán, ¿aún no parece llegado el momento de presionar en Bruselas y exigir a la Alianza la cobertura de Ceuta y Melilla dentro del paraguas del artículo 5? ¿O es que resulta más importante para la OTAN lo que ocurre en Afganistán que la seguridad de una parte del territorio nacional de uno de sus socios? 

Con lo dicho, no parece que sea necesario traer a colación más citas ni sostener mayores argumentos sobre la irresponsable redacción de la DDN 2012 y el desbarajuste interpretativo que ha provocado. Por sí sola se define como un bodrio político total,  de primera magnitud.

Quizás, el Gobierno de Rajoy, motu proprio o por consejo del CNI, haya querido disponer de una DDN 2012 expresamente inconcreta, a modo de “cheque en blanco” para hacer y deshacer al caso lo que le venga en gana, como suele convenir a la clase política. Pero dejar ver las cosas con tanta crudeza en un Estado que se reputa “social y democrático de Derecho” sería demasiado fuerte, por lo que el sabio Rajoy y sus acólitos de Presidencia habrían preferido ofrecer a los “chicos de la prensa” (que lamentablemente hoy por hoy es lo que son) una versión de la DDN bien maquillada en boca de Morenés, casi imperial y propia de una gran potencia que no es España, resguardando en el “documento expreso” su absoluta libertad de acción y su falta de compromiso.

¿LE HACE EL CNI LOS DEBERES AL GOBIERNO?

Así, la diferencia interesada entre el documento “publico” y lo “publicado” sobre el mismo, se convertiría en un paradigma más de la manipulación informativa. Una maniobra política muy a desmano del Ministerio de Defensa y que, entonces, habría que situar cerca del Servicio de Inteligencia, posible y probable redactor oculto de la DDN de marras y sus precedentes; todas redactadas con el mismo estilo y retocadas con un característico “corta y pega” de andar por casa (o mejor dicho por “La Casa”), dicho sea con todo respeto.

La tesis de que el CNI ha sido el redactor de la DDN 2012, y también de las anteriores, toma cuerpo ahora con la novedosa advertencia, nada menos que en el primer párrafo del documento, de que la crisis económica “también actúa como una amenaza a la seguridad”. Esta es una señal emitida claramente por el Servicio de Inteligencia, cuyo máximo responsable, Félix Sanz, viene presentando desde hace tiempo el ámbito económico como escenario estrella de su actividad, quizás porque con este “descubrimiento” (que no es gran cosa pero que le ha servido para engatusar a la vicepresidenta del Gobierno de la que depende) pretenda compensar el terreno de sus competencias más genuinas perdido por la nueva realidad histórica, o arrebatado por otros organismos de Seguridad Nacional integrados también en la Comunidad de Inteligencia.

Curiosamente, con esa corta y única referencia a la amenaza de la “crisis económica”, algún medio informativo fue algo más allá, apoyado en una noticia de la agencia oficial (EFE), emitida a raíz de que el Consejo de Defensa Nacional ratificara la DDN 2012 y antes de su presentación pública. Así, “Intereconomía” (01/08/2012), tras el título “La nueva Directiva de Defensa focalizará por primera vez la atención del Estado en las amenazas financieras”, sacaba la siguiente punta del tema:

… La mayor novedad de este documento, que servirá de referencia al Gobierno a la hora de marcar las prioridades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los próximos años, será la consideración, por primera vez, de las amenazas económicas, incluidas las derivadas de la grave crisis que atraviesa España, como un riesgo de primer orden para la integridad del país. Los problemas financieros, que ya han provocado la creación de una división en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dedicada en exclusiva a combatir sus efectos, serán considerados oficialmente a partir de ahora una amenaza para España, que se unirá al resto de riesgos.

Claro está que, con lo escrito, lo que cada uno pueda suponer, supuesto queda (aunque lamentablemente no todos supondrán con acierto). Pero lo seguro y evidente es que la DDN 2012 no tiene desarrollo razonable, como tantas cosas mal cocinadas en el Ministerio de Defensa (la carrera militar, los derechos constitucionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, sus propias dotaciones materiales, la cultura de defensa…).

En realidad, la DDN 2012 parece una hija no deseada, espuria y alumbrada con fórceps, sólo para cubrir a regañadientes un trámite molesto que no sirve para nada: un “paquete” para el que realmente no hacen falta alforjas.

En definitiva, se trata de un documento en el que el CNI, su eventual redactor, ha ido “a lo suyo”, sin mayor sentido de la racionalidad ni de la precariedad en la que, hoy por hoy, se encuentran inmersas las Fuerzas Armadas. Un frangollo de marca mayor, en gran parte resultado de la deplorable legislación. Organización y terminología afectas al sistema de defensa nacional y por la forma en la que sus responsables confunden aspiraciones, fines, objetivos, medios y responsabilidades.

LA BROMA DE LA NUEVA “AMENAZA ECONÓMICA”

Tampoco deja de llamar la atención el hecho de que, una vez consagrada la “amenaza económica” como nuevo elemento de interés prioritario para la seguridad nacional, las directrices de la DDN 2012 para la presente legislatura no recojan la más mínima actuación al respecto. Quizás porque, identificándose básicamente el riesgo con los políticos “salteadores” de las cajas de ahorros y con los que desde su responsabilidad de gobierno dilapidan el dinero público, las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Inteligencia en pleno, tendrían que dedicarse a su puntual aniquilación.

Una exigencia interesante, porque con una nueva división del CNI dedicada al tema en exclusiva, con sus sistemas avanzados de interceptación de las comunicaciones, su enorme capacidad para adquirir información y analizarla y su impunidad operativa (“secreta”), desenmascarar a los delincuentes de turno en activo y evitar al país los desagradables tragos de mayores rescates económicos, sería cosa poco menos que de “coser y cantar”. La sociedad española en su conjunto, incluida la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Judicatura (que entonces podrían dedicarse a otras tareas como redactar las DDNs y dirigir la defensa nacional, por ejemplo), se lo agradecerían sinceramente, aunque no tanto los miembros de la clase políticos en su caso afectados, detenidos y enjuiciados.

Pero, lo más absurdo y ridículo del tema es que, además, la DDN 2012, incluso en la mínima expresión del cuento relatado a los periodistas por Morenés, es inabordable con la dotación presupuestaria del ministerio que regenta. El Objetivo de Fuerza Conjunto (OFC), que debería derivarse de la DDN, será pura fantasía y el subsiguiente Plan Estratégico Conjunto (PEC), el hazmerreír de medio mundo.

Claro está que al tándem “P&P” (Pedro Morenés y Pedro Argüelles) siempre le quedará la baza del tonto Abundio: vender el armamento para comprar la munición.

ANEXOS:

DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2012

DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2008

DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 2004

Puede que la reciente inmersión mediática del ministro de Defensa, Pedro Morenés, esté obligada por la valoración negativa de su gestión recogida en el estudio demoscópico sobre “Emergencia Económica” realizado por Sigma Dos para “El Mundo” (23/07/2012), que le adjudica un suspenso de 3,35 puntos sobre 10, empeorado sólo por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, suspendido con 2,86 puntos. Y porque, además, otro sondeo de opinión, el realizado por Metroscopia para “El País” (29/07/2012), indica que su persona y labor política solo es conocida por el 24 por 100 de los ciudadanos; es decir, que es el miembro del Consejo de Ministros con menor afección social, a pesar de que sus predecesores en el cargo, Carme Chacón y José Bono, llegaron en su momento a ser los más identificados por la opinión pública y calificados con la mejor valoración.

Esta situación personal es comprensible, porque durante los primeros siete meses de su gestión al frente de la Defensa Nacional, Morenés se ha dedicado casi de forma exclusiva a “papar moscas”, apuntándose tantos bien facilones. Por ejemplo, pensar y repensar cómo y cuando renovaba la cúpula de los tres ejércitos (manteniéndolos en un impasse absurdo con absurdos argumentos de “despolitización”); reducir los ya escasos medios materiales de las Fuerzas Armadas y desmantelar sus plantillas sin criterios de proporcionalidad entre funciones y ejércitos; recortar los ranchos de los efectivos restantes; eliminar las exhibiciones patrióticas de la “Patrulla Águila”, aduciendo ahorros de combustible casi miserables; autorizar, por contra, presupuestos millonarios para revisar los aviones VIP de uso gubernamental (hasta 73,5 millones de euros); gestionar de la peor forma posible el inmenso patrimonio inmobiliario de Defensa; pasear la Unidad Militar de Emergencias (UME) sin éxito probado en la lucha contra los incendios forestales veraniegos, que están siendo los más devastadores desde su creación… y otras muchas cosas de similar efecto e inteligencia.

Pero, fustigado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que espabilase en el trabajo y que su equipo dejara el “pelotón de los torpes” dentro del gobierno de Rajoy, Morenés decidió aparecer con más peso en el plano informativo. Lo malo es que en este salto al protagonismo público, no ha elegido el trampolín más adecuado, y que, cuando la materia informativa era algo menos controvertida, la ha expuesto de forma errada.

REPRESENTANTE COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA

Así, con todos los problemas acumulados en su ministerio, Morenés acaba de sorprender a la opinión pública ejerciendo como jefe de ventas de General Dynamics (European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas) y KraussMaffei (la primera es una empresa estadounidense y la segunda alemana), trabajando para ellas una posible compraventa de carros de combate “Leopard” por parte de Arabia Saudí.

Pero ¿se trata acaso de endosar a dicho país algún excedente del Ejército de Tierra español con el que equilibrar su deteriorada economía? Parece que ese no sería el caso, dado que no se conocen precedentes de que tan prepotente comprador, que es el primer exportador de petróleo y el líder en el cártel de la OPEP, haya adquirido jamás material militar de segunda mano.

El ministro español de Defensa comenzó la semana entrevistándose con su homólogo alemán, Thomas de Maiziére, entre otras cosas para hablar de ese importante pedido de carros de combate, por el que pugnan las citadas compañías, aunque la licencia de fabricación sea propiedad de la alemana KraussMaffei, pretendiendo que se realizara una propuesta compartida que, a la postre, sería una oferta germano-estadounidense, es decir, de interés sobre todo para el accionariado de las empresas fabricantes. Pero, metido en camisas de once varas de forma ciertamente escandalosa, Morenés también se atrevió a negar que los “Leopard” de marras puedan usarse “para reprimir manifestaciones” (“El País” 31/07/2012), dicho no sabemos con qué autoridad técnica, política o moral.

Su argumento declarado para operar como estricto agente de ventas, y no como ministro de Defensa, fue que “todos estamos intentando ayudar a nuestra industria”, hablando por boca de una empresa extranjera (General Dynamics) a la que el Gobierno de Aznar malvendió la antigua Empresa Nacional Santa Bárbara de forma más que cuestionable. Pero, puestos a apoyar esos supuestos intereses de “nuestra industria” (privada), en todo caso habría sido más procedente que lo hiciera José Manuel Soria, ministro titular de Industria, Energía y Turismo.

Que el ministro de Defensa está para otras cosas, es evidente. Pero, no le es menos que la escuela de Eduardo Serra, criado a la sombra de la industria internacional de defensa y siempre interesado en los grandes programas de adquisiciones,  proyecta sus sombras de forma bien alargada, incluso sobre el equipo “P&P” (Pedro Morenés y Pedro Argüelles) del que ha sido mentor político. Y también sobre la reorganización de las empresas del sector ya anunciada por sus antiguos pupilos (con fusiones y adquisiciones de especial interés), y que, sin entrar ahora a discutir su conveniencia, no dejaría de competer también al Ministerio de Industria, menos contaminado por los “conseguidores” al uso.

Lo curioso del caso es que cuando José Bono ejerció como vendedor de material militar ante el gobierno bolivariano de Hugo Chávez, no dejó de ser despellejado por el propio PP, entonces en la oposición, aunque obrara a favor de una empresa española y pública como Navantia.

Sabido es que la industria de defensa rezuma y huele a comisiones por los cuatro costados, razón por la que los políticos inteligentes, y sobre todo los honestos, no se suelen mezclar en sus actividades comerciales. Además, puestos a tener que apoyar las exportaciones del sector, siempre que fueran de interés público en vez del privado, lo mejor sería encargárselo directamente a Su Majestad el Rey, cuya valía en ese singular menester ya ha sido acreditada de forma inestimable.

MORENÉS ENCUENTRA SUS PAPELES PERDIDOS… EN MALÍ

Mientras el Gobierno se desploma, desmantelando de paso y en especial las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, quizás enredado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, parece entretener sus más perentorias obligaciones planeando juegos malabares... nada menos que en Malí.

De hecho, después de que las autoridades militares hayan declarado veladamente el estado comatoso del sistema de Defensa Nacional (a punto de quiebra funcional), razón por la que España aligera como puede sus costosos compromisos en misiones internacionales, Morenés da un paso al frente como paladín de causas ajenas y se muestra encantado de participar en una intervención en territorio maliense. Eso sí, aclarando que no será de forma “inmediata ni unilateral” y que sólo como último recurso tendría carácter militar (¡faltaría más!).

Ya hemos dejado constancia en una noticia confidencial de que este asunto tomó cuerpo y se publicitó después de que los dos cooperantes españoles secuestrados el 23 de octubre de 2011 en el campo de refugiados saharauis de Hassi Raduni (próximo a Tinduf), Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, fueran liberados en Malí, cerca de la ciudad de Gao, a unos 1.200 kilómetros de Bamako. Liberación en la que se incluyó a la cooperante italiana Rossella Urru.

Sin dar la menor explicación sobre las circunstancias del feliz hecho, García-Margallo ordenó la repatriación “voluntaria” e inmediata de todos los cooperantes españoles que trabajaban en los campos de refugiados saharauis de la zona de Tinduf, en el desierto argelino (los cooperantes de otras nacionalidades no recibieron la misma consigna). A continuación, el ministro Morenés sorprendió a la opinión pública española (y en parte también a la europea) anunciando su buena disposición para que España participe en una posible misión militar en Malí, seguramente liderada por Francia, país colonizador del territorio hasta 1960 y que ya tiene desplegado un destacamento operativo en Senegal.

La correlación entre ambas posturas ministeriales, evidencia que las mismas ocultan un trasfondo político no declarado. De hecho, Wily Meyer, antiguo portavoz de IU en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y actual eurodiputado por el mismo partido, buen conocedor de lo que acontece políticamente en el Magreb, ha achacado la repatriación de los cooperantes que trabajaban en los campos saharauis a “presiones de Marruecos”, con objeto de hacer ver que esta región es insegura, en precisa conexión con los secuestros perpetrados hace ya más de nueve meses en el campo de Hasssi Raduni.

Medios informados de la Inteligencia europea sostienen que la necesidad de estabilizar políticamente Malí responde al interés occidental de establecer una barrera de protección anti-yihadista remota sobre los recursos energéticos del Magreb (siempre subyace esta conveniencia), y de forma particular sobre los yacimientos petrolíferos emergentes en Marruecos, país cuyos principales aliados son Estados Unidos y Francia. Un escenario en el que los intereses directos de España se encuentran descolgados, e incluso relegados de forma sistemática por los aliados occidentales.

En cualquier caso, el Gobierno de España debería aclarar por qué razón ve más conveniente proyectar sus Fuerzas Armadas en Malí, antes que facilitar in situ a los cooperantes presentes en los campos de refugiados saharauis un mínimo apoyo de seguridad.

POTENCIAR EL CIFAS: OTRA DECISIÓN TORPEMENTE TARDÍA

En relación con ese mismo marco de decisiones estratégicas, el ministro de Defensa también filtró la noticia de que en la presente legislatura se potenciará el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Una necesidad más que evidente a la que tanto el PP como el PSOE se han venido mostrando torpemente remisos, sin duda en razón de la presión ejercida por el CNI (y antes por el CESID) para defender intereses y prevalencias de tipo corporativo poco presentables.

Bienvenida sea esta iniciativa, que ya recomendamos como necesaria y urgente en una de nuestras primeras Newsletters. Por su parte, Fernando J. Muniesa, miembro del Consejo Editorial de esta web, ha venido defendiendo contra viento y marea la potenciación del CIFAS desde que el PP comenzara a exigir una reforma radical del CESID (realmente inédita), todavía bajo la presidencia de Felipe González. De hecho, en el epílogo de su último ensayo (“El Archivo Amarillo – La cara oculta de los Servicios de Inteligencia”, Multimedia Militar, 2011), seguía insistiendo en la necesidadde suprimir la tutela limitadora del CIFAS ejercida por el CNI:

A pesar de su evidente necesidad, hoy por hoy el CIFAS no deja de ser una denominación semántica reflejada en el organigrama del Estado Mayor de la Defensa en su mínima expresión, dotado apenas con 160 efectivos humanos frente a los 3.500 con que cuenta el CNI, recursos técnicos y colaboradores aparte.

Estando el CIFAS integrado en la Comunidad de Inteligencia, y manteniendo un carácter complementario del CNI, que en todo caso supervisa el “Plan Conjunto de Inteligencia Militar”, dando las directrices que procedan a los efectos de coordinación y cooperación, nada impide potenciar su actividad, máxime cuando no comportaría coste de personal adicional, sino un simple reajuste de las plantillas existentes dentro de las Fuerzas Armadas. Ello supondría:

Por otra parte, en un pie de página afecto, señalaba:

Coincidiendo con la sustitución del general Miguel Romero por el vicealmirante Antonio Cuadrillero al frente del CIFAS, en marzo de 2011 el Ministerio de Defensa reconoció precisamente la necesidad de revisar su organización y sus ámbitos de actuación. Los objetivos básicos pretendidos con esta eventual y en todo caso tardía reforma del CIFAS, difundidos por la “Cadena SER” (06/03/2011), serían “evitar duplicidades con el CNI, centrar los esfuerzos de Inteligencia en operaciones como Afganistán y Líbano, elevar el grado de profesionalización del servicio y optimizar unos recursos cada vez más escasos”.

Esta misma web también publicó al inicio de su existencia una noticia titulada “Medios diplomáticos y órganos del planeamiento de la defensa, ven razonable una potenciación del CIFAS con trasvase de personal del CNI” (19/02/2011), que describía la realidad del caso.

Si Morenés quiere potenciar el CIFAS, cosa más que obligada, tendría que empezar por extraer el destino y el nombramiento de su Director del actual sistema de designación, de naturaleza coyuntural, estabilizando también mínimamente otros cargos sustanciales de su staff directivo. La dirección del CIFAS, como la del propio CNI, no puede ser un destino “de paso”, de entrar y salir a golpe de ascensos, y absurdamente rotatorio inter-ejércitos, como hasta ahora; ni, mucho menos, al que se pueda ir a aprender o a engordar el currículum para saltar al empleo superior: hay que saber lo que se hace de forma permanente y capitalizarlo en el tiempo, aunque al tándem “P&P” estas nimiedades le traigan sin cuidado.

LOS DEBERES “OLVIDADOS” DEL MINISTRO MORENÉS

Mientras el nuevo JEME, general Domínguez Buj, advierte por activa y por pasiva que el Ejército de Tierra esta en las últimas, y el ministro de Defensa toma carrerilla en temas que, como tal, no le incumben directamente, las Fuerzas Armadas padecen olvidos políticos y administrativos sustanciales pero fáciles de resolver y sin incidencia económica (o en todo caso evitando gastos innecesarios). Su debida atención demostraría, al menos, un cierto interés gubernamental por no enterrarlas de forma tan subrepticia como se está haciendo, y no solo en el aspecto económico o presupuestario.

Paréntesis: Desde el inicio de la crisis, sólo en el Ejército de Tierra, tradicionalmente el peor dotado de las Fuerzas Armadas, se han suprimido nada más y nada menos que 22.000 efectivos y 44 unidades, se han inmovilizado el 50 por 100 de los vehículos de combate y se han dado de baja materiales necesarios sin posibilidad de adquirir sustitutos… Si todos estos medios sobraban (que en modo alguno es así), mala cosa; y si no sobran (en realidad eran insuficientes), pues peor. Pero, ¿qué recortes se han realizado paralelamente en el ámbito de la política o, más fácil todavía, en el órgano central de la Defensa…?

En este punto, no vamos a reseñar la relación de asuntos “olvidados”, que es extensa y sustancial, pero sí que conviene recordar al ministro Morenés su pendiente responsabilidad de revisar en profundidad la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, objetivamente considerada como la mayor chapuza legislativa de la democracia. El daño que está causando a las Fuerzas Armadas, y en el fondo al propio sistema de Defensa Nacional, es inmenso, y tan evidente que ha sido públicamente reconocido por el Gobierno y el partido que lo sustenta.

Esta es una cuestión de Estado con aspectos y derivadas fundamentales para la Institución Militar y, a la postre, para el modelo constitucional de convivencia democrática. Si no se quiere ver así, será por ignorancia o ineficiencia política, sin excluir la prepotencia y la soberbia que siempre acompaña a nuestros ministros de Defensa, con muy pocas excepciones, como la de Julián García Vargas.

Tampoco se trata, ahora, de repasar puntualmente todos los aspectos mejorables de la ley en cuestión y del insostenible modelo de Fuerzas Armadas que ampara. Baste recordar al respecto la fuerte contestación que tuvo durante su tramitación parlamentaria, que derivó justamente en una aprobación sin consenso y en un descalabro administrativo, funcional y vocacional carente de precedentes en la España democrática.

Para empezar, el texto del proyecto de ley remitido en su momento al Congreso de los Diputados por el Gobierno del PSOE, que por su naturaleza era una norma jurídica básica, no se vio acompañado del preceptivo (aunque no vinculante) dictamen del Consejo de Estado, algo que el Ministerio de Defensa ya obvió también en la tramitación de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. Esta circunstancia siempre mantendrá viva la duda de si lo que no se quiso conocer entonces fue precisamente la opinión del alto organismo consultivo sobre el fondo sustancial de la ley.

Pero es que, en paralelo, dicha tramitación parlamentaria se gestó, además, con la competencia legislativa plena de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, sin que ninguno de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, PSOE y PP, solicitaran la avocación al Pleno propugnada inicialmente por Luis Mardones, diputado de Coalición Canaria (una tramitación “de tapadillo”). Este político, reconocido como experto en materia de Defensa, presentó nada menos que 127 enmiendas al texto gubernamental, la mayoría de ellas sobre cuestiones de fondo y todas acompañadas de razonamientos técnicos y políticos no refutados, esfuerzo que no dejó de constituir una alternativa a la enmienda de totalidad merecida por el proyecto de ley, impedida por el acuerdo de estabilidad parlamentaria suscrito entre su partido y el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero…

Sobran, pues, más comentarios sobre la falta de estética parlamentaria del momento y sobre el interés decreciente que viene mereciendo la legislación en materia de Defensa, cuya sustanciación se realiza prácticamente en puro trámite de los designios ministeriales. Unas veces alentados por un impulso más revisionista que modernizador, otras por el incomprensible desprecio que la clase política (de uno y otro signo) suele mostrar hacia la Institución Militar y siempre orientados con una deriva partidista poco aconsejable en lo que debieran ser estrictas políticas de Estado.

Ya veremos si el ministro Morenés tiene o no la inteligencia y el coraje de reformarla Ley de la Carrera Militar, viabilizando un modelo de Fuerzas Armadas más vocacional, racional y adecuado a las altas misiones que tienen asignadas y a las necesidades reales de la Defensa Nacional. A tenor de su comportamiento en lo que va la legislatura, habrá que ir pensando en que, de hacer algo al respecto, lo hará tarde y mal.

Y DE POSTRE, LA DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL

Otro de los temas incluido en la “semana mediática” del ministro Morenés ha sido la presentación pública de la Directiva de Defensa Nacional 2012. Pero este es otro bodrio, con entresijos también reveladores, sobre el que escribiremos con detenimiento en la próxima Newsletter.

Sin duda alguna, habrá muchas y diferentes opiniones sobre el origen del “Estado de las Autonomías”, incluidas las que más interesaron a sus mentores. En la nuestra, tan respetable como las demás, totalmente libre y emitida desde un conocimiento cercano de la historia, dicho engendro político, jurídico y administrativo, nació al amparo “de la diarrea legislativa que vivió la España de la Transición”, según la conocida expresión de José María Rodríguez Devesa, militar con valor acreditado en el campo de batalla, coronel auditor y, finalmente, reconocido catedrático de Derecho Penal.

Este peculiar tipo de “Estado”, que básicamente se situó a caballo entre el Estado federal y el Estado unitario (que es el Estado por antonomasia), no dejó de ser un invento político oportunista, generado por el temor a que el fin de la dictadura despertara los fantasmas del enfrentamiento civil y la ancestral violencia nacional, con fundadas posibilidades de derivar en un nuevo régimen “autoritario” y de continuada ascendencia militar. Claro está que para evitar esa amenaza, en momentos tan delicados, la nueva clase política tendría que ceder cuotas expresas de poder territorial, siguiendo las pautas propias de cualquier organización tribal y caciquil.

Tras la muerte del general Franco, la instauración de una nueva Monarquía personalizada en la figura de Don Juan Carlos de Borbón, legítimo heredero de la Corona de España, que asumió las funciones de Jefe del Estado y de mando supremo de las Fuerzas Armadas, en un Estado social y democrático de Derecho en el que la soberanía popular quedaba encarnada en las Cortes Generales (Senado y Congreso de los Diputados), conformaba el paraguas “unitario” que habría de cobijar y embridar la dispersión del poder político inherente al “hecho autonómico”, supuesto todavía incumplido.

El Estado de las Autonomías fue eso: un invento político aberrante, en sí mismo contradictorio, que jamás convenció a la ciudadanía, ansiosa al concluir el régimen franquista de vivir una democracia plena y moderna en todos sus términos, sin necesidad de mayores peripecias, y que, debido al actual poder de los partidos políticos, ciertamente excesivo, tampoco puede decirse que hoy por hoy se haya alcanzado de forma práctica. De hecho, sus propios promotores reconocieron rápidamente todas las inconveniencias políticas implícitas, hasta el punto de que, por diversas vías, el modelo se terminara llevando al límite del 23-F: una intentona golpista de la que se salió de forma vergonzante, como se pudo y sin rectificar el exceso autonómico que fue una de las causas que lo motivaron.

UN MODELO EQUIVOCADO, FORZADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS

Desde los albores del constitucionalismo español hasta la Transición, la lucha fratricida de las “Dos Españas” fue un mal que aquejó al país de forma permanente, que incluso hoy continúa estando vigente. El famoso cuadro de Goya, “Duelo a garrotazos”, estuvo sin duda bien presente en la mente de los constituyentes al elaborar la Carta Magna de 1978.

Cierto es que en esa pugna, descrita de forma magistral por José Ortega y Gasset, entre “una España que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida” y “otra vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia”, nadie ganaba, perdiendo como siempre España. En aquellos instantes, muchos creyeron de forma ingenua que, mediante el consenso sobrevenido, se podrían adentrar en la Tercera España, la que, para Salvador de Madariaga, conllevaba la libertad, la integración y el progreso.

Pero aquel diseño de nuestro modelo de Estado, que iniciaba su bosquejo recurriendo a una fórmula artificiosa para concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978, el controvertido “Estado de las Autonomías”, todavía no se ha completado. Porque, además de haberse creado sin referentes sólidos, tampoco incorporó un punto final, una meta concreta de adecuada estabilidad política. 

Los constituyentes creyeron, de forma equivocada, que convenía postergar tal culminación para mejor ocasión, en una etapa posterior, cuando la base democrática del país ya se hubiese asentado y no se pudiera resentir ante una tarea tan compleja.

De ello dejó clara constancia el propio Adolfo Suárez, quien posteriormente afirmó: “Algunos han criticado el texto de nuestra Carta Magna denunciando las lagunas y tachándola de ambigua. En nuestra larga historia constitucional son muchas las constituciones, técnicamente perfectas, que apenas han tenido vigencia. En ésta no quisimos dar por resueltos los problemas que, en realidad, no lo estaban. Pero se señaló el camino para su encauzamiento y la meta final…”. Y. aún más, incluso llegó a precisar con gran intuición y preocupación: “El proceso autonómico tampoco puede ser una vía para la destrucción del sentimiento de pertenencia de todos los españoles a una Patria Común. La autonomía no puede, por tanto, convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear nuevos nacionalismos particularistas”.

Este tipo de nacionalismos, ya fue bien definido por José Ortega y Gasset durante la Segunda República, en un enardecido discurso pronunciado en la sesión de las Cortes del 13 de Mayo de 1932, cuando ocupaba un escaño de diputado por León: “¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear  ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos…”.

Los nacionalismos y regionalismos españoles se gestaron durante el último tercio del siglo XIX, arraigándose con mayor fuerza a partir del “Desastre del 98”, es decir, tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar. En aquellos momentos, surgiría una profunda preocupación por los males que aquejaban a España, con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60 por 100 y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas del desequilibrio territorial.

En ese marco, sobresalieron las corrientes catalana y vasca, impulsadas por una burguesía emergente, hasta lograr su reconocimiento durante la II República. Una dinámica que volvería a enquistarse durante el franquismo, a causa de su exacerbada centralización y represión de los movimientos periféricos. Con la llegada de la Transición renacería ese sentimiento nacionalista/regionalista tanto en Cataluña como en el País Vasco, que posteriormente se fue expandiendo al resto de comunidades. Sin embargo, en cada uno de esos territorios las reivindicaciones acontecieron de modo marcadamente diferenciado.

LA MISIÓN CONCILIADORA DE TARRADELLAS

El principal impulsor de la moderación política en Cataluña fue el mismo Josep Tarradellas, presidente en el exilio del gobierno catalán desde 1954, defensor de la identidad catalana pero siempre integrada en el marco español y, por tanto, contrario a la independencia. Y es que con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por las Cortes Republicanas en 1932, esa comunidad contaba ya con parlamento y gobierno propios, exiliados a la llegada del franquismo.

Por ello, en 1977Adolfo Suárez reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándole presidente del gobierno preautonómico y consensuando el restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña con el Real Decreto-Ley del 29 de septiembre de 1977. El 23 de octubre de ese mismo año, Tarradellas pronunció en el balcón del Palacio de la Generalitat, ante la multitud concentrada en la plaza de Sant Jaume, la mítica frase “Ciutadans de Catalunya: ja sóc aquí!”, de gran trascendencia política al escenificar la llegada de la democracia.

El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendaría en octubre de 1979, fijándose para el 20 de marzo de 1980 las elecciones al Parlamento catalán, en las que Convergència i Unió (CiU), partido liderado por Jordi Pujol, sería el ganador, obteniendo con 752.943 votos (un 27,68 por 100) 43 escaños (sobre un total de 135), diez más que la segunda fuerza política, el Partit dels Socialistes de Catalunya. Tras la formación del Parlamento de Cataluña, Jordi Pujol, candidato de CiU, sería investido Presidente de la Generalitat de Cataluña, gracias al apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (14 escaños) y de Centristes de Catalunya-UCD (18 escaños), retirándose entonces Tarradellas de la vida política, una vez cumplida su importante misión conciliadora.

A grosso modo, el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizó por su gran pragmatismo, tendente a una posición centrada y aunando en sí mismo distintas corrientes ideológicas (liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia…), aspirando a las mayores cotas de auto gobierno, pero dentro del Estado español. Todo ello con una total aceptación de la Constitución de 1978, como quedó demostrado por su directa implicación en el proceso de redacción.

ARZALLUZ APOYÓ AL PNV ALENTANDO VELADAMENTE A ETA

Muy distinto fue el contexto que se dio en el País Vasco, cuyo Estatuto no sería promulgado durante la II República hasta octubre de 1936, con la guerra civil ya iniciada. El Estatuto de Autonomía del País Vasco se restauró provisionalmente mediante Real Decreto-Ley del 4 de enero de 1978, sin que a partir de ese reconocimiento los parlamentarios vascos quisieran participar en la elaboración de la Constitución de 1978 y haciendo el PNV en el referéndum correspondiente campaña por la abstención (finalmente sólo la votaron el 30 por 100 de los vascos).

Uno de los condicionantes del comportamiento político y electoral en el País Vasco fue la existencia de ETA (Euskadi Ta Askatasuna,en castellano “País Vasco y Libertad”), organización fundada en 1958 por un grupo de jóvenes radicales del PNV, que, alentados intramuros del partido, abogaban por la independencia de Euskal Herria (las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, en España, y  Baja Navarra, Labort y Sola, en Francia) a través de la lucha armada, declarándose también marxistas-leninistas. ETA comenzó su intensa acción violenta en 1968, año en el que fueron asesinados el guardia civil José Ángel Pardines y el policía Melitón Manzanas, aunque algunas fuentes atribuyen a la organización terrorista una víctima anterior: la niña María Begoña Urroz, de año y medio, fallecida a consecuencia de las quemaduras que le produjo una explosión perpetrada el 27 de junio de 1960 en la estación de Amara (San Sebastián), cuya autoría siempre sería negada por los etarras.

ETA concitaría ciertos apoyos en la sociedad vasca durante el régimen franquista por su oposición a la dictadura, transmitiendo una imagen de lucha política romántica ciertamente errónea. Este matiz se dejaría entrever en unas declaraciones bien llamativas de Xavier Arzalluz, diputado del PNV en las Cortes Constituyentes y durante la I Legislatura, a la cadena de televisión alemana ZDF (recogidas por Natalia Ardanaz en su trabajo “Los discursos políticos televisivos durante la Transición Española”, entendibles dentro del clímax del momento:

“Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte. 

En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica, exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, ¿asesinos terroristas?, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad”.

Pero mucho más tarde, cumplido ya un cuarto de siglo de vida democrática y tras haber ostentado la presidencia del PNV casi durante 20 años (1985/2004), Arzalluz aun afirmaría impunemente: “Los presos de ETA no son delincuentes, porque no matan para enriquecerse, ni para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político”. Y, todavía más, fiel a su estilo político levantisco, el factótum del nacionalismo vasco volvería a levantar ampollas ciudadanas en muchas ocasiones: por ejemplo, cuando en el periódico pro etarra “Gara” calificó a Arnaldo Otegi y a los demás detenidos por tratar de reconstruir a la ilegalizada Batasuna (brazo político de ETA) de “buenos patriotas vascos”, en su opinión “dignos de respeto y admiración”; o cuando en otra entrevista concedida al diario “El Punt” negó que los terroristas etarras fueran “cobardes”, considerándoles “tipos que se juegan la vida” y que “al igual que pasa con la Guardia Civil, tienen su rencor dentro, y no lo dejarán así como así”.

Debido a su procacidad verbal, Arzalluz acusó en varias ocasiones a los periodistas de haber sacado de contexto algunas de sus afirmaciones más conocidas y expresivas, como la referida a la liberación de los pueblos: “No conozco de ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”…

Si al concluir la dictadura de Franco el objetivo principal de Cataluña fue el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco prevaleció la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión gubernamental, y sólo de forma mucho más velada el fin del terrorismo etarra.

De hecho, ETA no cambiaría su postura con la llegada de la democracia. Si durante el franquismo asesinó a 44 personas, después y hasta el día de hoy sus víctimas mortales ascenderían a 858, generando una repulsa creciente, pero no unánime, entre la sociedad vasca.

En octubre de 1979 se votó el Estatuto del País Vasco, con una participación ciudadana baja (el 60 por 100 del censo electoral) y un 90 por 100 de votos afirmativos, sin que ningún partido hiciera campaña expresa contra el Estatuto Vasco. Es decir, apenas la mitad de la población mostró su conformidad con el mismo, mientras la otra mitad le negó su apoyo por considerarlo bien insuficiente o bien excesivo.

El PNV, la fuerza mayoritaria del nacionalismo vasco, erigida básicamente bajo postulados demócrata-cristianos, administraría esta ambigua situación con gran habilidad política, conservando el halo romántico y antiespañol impregnado por Sabino Arana desde su fundación, en 1895. Y, a menudo, alentando de forma subrepticia la lucha armada de ETA para debilitar la imagen del Gobierno central y de los partidos españolistas…

GALICIA Y ANDALUCÍA NO SE CONFORMARON CON MENOS

El Estatuto de Galicia, que fue refrendado en junio de 1936, poco antes del Alzamiento Nacional, jamás llegaría a ser ratificado por las Cortes de la Republicana. No obstante, el gobierno centrista de Adolfo Suárez decretó, sin demanda social para ello, un régimen provisional de autonomía para Galicia mediante Real Decreto-Ley de 16 de marzo de 1978, que dada su artificiosidad tardó bastante tiempo en elaborar su Estatuto, aprobado por la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril.

Al haber promulgado sus respectivos Estatutos de Autonomía durante la II República, Cataluña, País Vasco y Galicia se consideraron “nacionalidades históricas”, accediendo a la autonomía por la “vía rápida”, según establecía el artículo 151 de la Constitución, y adquiriendo en consecuencia el máximo techo competencial ab initio.

Andalucía se uniría pronto a este grupo, pero generando ya importantes tensiones políticas. El 28 de Febrero de 1980 se convocó el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía, a propuesta del Gobierno de UCD y empleando una pregunta de difícil comprensión (frente a la que se utilizó de forma mucho más simple y directa en otras ocasiones) que, en el fondo, pretendía limitar su nivel competencial en relación con las tres “comunidades históricas”:¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa, prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento previsto en dicho artículo?

Este referéndum, que llevó a la ratificación del Estatuto de Andalucía del 20 de octubre de 1981, sería reputado como uno de los mayores errores políticos de Suárez para encauzar el proceso autonómico, sobre el que ya planeaban serias dudas en cuanto a su sostenibilidad y desarrollo. La UCD, que hizo campaña en contra de la fórmula aceptada finalmente, salió derrotada y puesta a las puertas de su ocaso, mientras el PSOE, partido que supo aprovechar la indignación de los andaluces ante lo que consideraban un evidente agravio comparativo con el resto de regiones, comenzó a consolidar un poder territorial hegemónico.

LA LUCHA POR LA IGUALDAD Y LA DESIGUALDAD TERRITORIAL

Las demás comunidades accederían a la autonomía a través de la “vía lenta”, recogida en el artículo 143 de la Constitución, mientras que Navarra se acogía a los derechos históricos declarados en la disposición adicional primera de la Constitución, cuyo régimen foral fue reintegrado por la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla dispusieron de previsiones específicas en virtud del artículo 144, apartado b), del mismo texto constitucional.

Como era de esperar, las diferencias forzadas inicialmente en el nivel competencial de las distintas autonomías, en contradicción con los sentimientos ciudadanos y con el principio constitucional de igualdad, se fueron reduciendo con el tiempo hasta que el conjunto de las 17 Comunidades Autónomas quedaran menos distanciadas mediante las correspondientes reformas estatutarias. Una reacción lógica que ha llevado aparejado un continuo afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, apelando a ese supuesto “historicismo”, pretendiendo posicionarse en cada momento un paso por delante del resto de España (la confrontación en ese terreno con Aragón, por ejemplo, sería paradigmática).

En 1992, PP y PSOE lograron un principio de acuerdo para que todas las regiones y nacionalidades alcanzaran la homogeneización competencial, salvando los aspectos claramente diferenciales a nivel lingüístico, insular o foral. Sin embargo, la exigencia de apoyos parlamentarios en el gobierno de la nación, que han buscado la connivencia de las formaciones políticas periféricas con representación en las Cortes Generales, y también los pactos interesados para la gobernabilidad regional, han impedido alcanzar dicho objetivo.

Lejos de poder lograrse, la aspiración de la igualdad y el entendimiento territorial se muestra cada vez más lejana, enmarañandoy complicando progresivamente el engranaje funcional del Estado. Y vaciando también poco a poco sus contenidos más sustanciales, debido a las sucesivas exigencias políticas de trasferencias competenciales a golpe de coyunturas.

La reproducción de 17 gobiernos y parlamentos autonómicos asimilables a los de la nación, ha colmatado la Administración con solapamientos absurdos y funciones duplicadas o triplicadas, complicando excesivamente el entramado burocrático y multiplicando sus costes. Y, sobre todo, creando una descomunal red de corte clientelar, que no sólo incrementa de forma innecesaria el número de empleados públicos sino que también lleva el gasto al límite del despilfarro, con un déficit presupuestario creciente y un endeudamiento realmente insostenible, avocando al conjunto del Estado a la quiebra y al colapso administrativo.

En paralelo, el mismo modelo autonómico condiciona la territorialidad de las inversiones y subvenciones del Estado en base a la presión que cada comunidad y sus partidos políticos, de ámbito específico, puedan ejercer en el parlamento nacional, o a la sintonía que tengan en cada momento con el gobierno central. Mientras su presencia en el Congreso de los Diputados y en el Senado, condicionan también las políticas nacionales y exteriores, ajenas a sus estrictas competencias autonómicas.

Aunque, como ya advirtiera Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los “padres de la Constitución”, el mayor peligro del Estado de las Autonomías se ha terminado identificando con las responsabilidades y trasferencias de tipo económico, incluyendo el manejo de las cajas de ahorro, que han propiciado corrupciones imposibles en otros ámbitos superiores y más centralizados del Estado…

LAS OPCIONES DE MARIANO RAJOY

En un artículo de opinión reciente, titulado “La quiebra del Estado de las Autonomías” (“El Mundo”, 23/07/2012), Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional frecuentemente citado en nuestras Newsletters, criticaba duramente las autonomías, llegando a identificarlas como meras “anomalías”, y reconociendo tan sólo dos posibles elementos positivos del modelo, que nosotros negamos.

En su opinión, el Estado de las Autonomías (o de las “Anomalías”) pretendía acercar la administración a los administrados, mediante la descentralización del poder. Pero esto no ha sucedido, porque el centralismo madrileño se ha sustituido por el de la capitalidad autonómica, a veces menos accesible que la del Estado, y además sin eficacia plena; y en la medida que haya podido suceder, se ha debido al avance universal de la tecnología, sin olvidar que el verdadero acercamiento administrativo sería el propiciado electrónicamente o a través de las “ventanillas únicas”, bien de ámbito local o provincial.

Jorge de Esteban también cree que las autonomías podían justificarse por ser un instrumento válido para acortar las diferencias económicas entre las regiones españolas, sacando a algunas de ellas del subdesarrollo económico y cultural en que se encontraban secularmente. Cita dos posibles ejemplos, el de Extremadura y el de Canarias, pero despreciando los instrumentos estatales y europeos que en realidad han facilitado su relativo desarrollo y las políticas, precisamente autonómicas, que lo han seguido perjudicando.

Por lo demás, en el recomendable artículo del profesor De Esteban todo son críticas, hasta proclamar en él la quiebra del modelo y concluir que “los testimonios de este fracaso nos lo ofrecen todos los días los periódicos y, en especial, la opinión pública de los españoles, que por fin se han dado cuenta de dónde procede la mayor parte de su desastrosa situación económica y de la senda que nos lleva al temido rescate”.

Después de argumentar las razones del descalabro de las autonomías y ponerlas en relación con otros modelos descentralizados más eficaces, el autor del artículo lo concluye con dos párrafos definitivos y definitorios:

… De este modo, hemos llegado irremediablemente a la actual situación, en que después de los ocho años de Gobierno del presidente Zapatero, las cosas se degradaron al máximo. La esperanza que se había depositado en el presidente Rajoy, en el Partido Popular, por el momento han defraudado ampliamente a todos los españoles. Nos encontramos en una situación cada vez peor, pero no sólo desde el punto de vista económico, sino también psicológico. Los españoles ya no confían en nadie o, mejor dicho desconfían de todo y de todos, y, a su vez, nadie fuera de España confía en nosotros.

El Gobierno tenía que haber elegido entre reorganizar o desmantelar el Estado de las autonomías, o reducir cada vez más, con recortes y subida de impuestos, el Estado de Bienestar, en perjuicio de los españoles más necesitados. Pues bien, fatalmente eligió la segunda opción, que nos lleva claramente al abismo. Pero, se quiera o no, el Estado de las autonomías ha fracasado ya estrepitosamente, y será necesario reorganizarlo en profundidad, o incluso suprimirlo, si nos lo exigen nuestros deudores y socios europeos, porque la soberanía nacional es ya una entelequia jurídica. Sea lo que fuere, o entramos en un momento constituyente para revisar nuestra Constitución o depositamos a ésta en el almacén de los objetos perdidos.

Por nuestra parte, concluimos reiterando de nuevo una advertencia ya publicada en otras Newsletters a propósito de los factores irreversibles que alimentan la crisis actual, todavía encubiertos en el debate político: La cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, educados en el franquismo por activa o por pasiva, dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, ámbito en el que fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios y se gestó el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”…

Hoy, quiérase o no, la reforma del Título VIII de la Constitución, dedicado a la Organización Territorial del Estado, es una obligación política ineludible para evitar la quiebra del Estado, sin la que España volverá rápidamente a su ancestral “ejercicio de tinieblas”.

Mariano Rajoy tiene dos poderosas razones para afrontar y liderar ese proceso: una situación de crisis nacional letal y una mayoría parlamentaria absoluta de difícil repetición, otorgada con meridiana claridad por los españoles precisamente para acometer esa trascendental tarea. Él sabrá si quiere pasar a la historia como un líder de altura (incluso a costa de morir políticamente en acto de servicio), o como un presidente de Gobierno cobarde y culpable del hundimiento nacional.

Desde el nacimiento de esta web, hace ya cinco meses, hemos venido sosteniendo que la crisis económico-financiera específica de España tiene su origen y se sustenta en dos expresiones esenciales de un mismo y único problema.El problema vertebral no es otro que el propio sistema político y sus expresiones referenciales, el desastre generalizado de las cajas de ahorros (más que la banca), gestionadas y saqueadas por la clase política, y el intolerable despilfarro que ha llevado el déficit público a donde ha llegado, ya sin posibilidad razonable de refinanciación.

El sistema político, instituido en los difíciles momentos de la Transición, quiso consagrar un teórico Estado social y democrático de Derecho, pero amparando al mismo tiempo un sistema “partitocrático” (que es otra cosa bien distinta), con proyección tanto en el ámbito electoral como en el administrativo y en la propia estructuración de los poderes Legislativo y Judicial. Incluyendo en el mismo sometimiento partidista a las demás instituciones esenciales para el desarrollo y control de la vida pública (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, organismos supervisores…) y convirtiéndose, por tanto,en el responsable último o subsidiario de todas ellas.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS, RESPONSABLES DE LA CRISIS

Tras la muerte del general Franco, la clase política heredó la “finca” del Estado en toda su extensión, inventando los ingenios necesarios para conservar en sí misma todos los atributos y todas las prebendas de la antigua dictadura, bajo una nueva nomenclatura y con las mínimas concesiones necesarias para obtener la aprobación o el nihil obstat de las democracias occidentales.

Así nació una “Monarquía parlamentaria” (que también se podría denominar “Monarquía partitocrática”) en la que el Rey ostenta de forma vitalicia, como Franco, la Jefatura del Estado y el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”, transmitiendo además a su legítimo heredero dicha dignidad más allá de lo que pudo hacer el propio dictador. Al margen de otros posibles reproches de fácil presunción, Su Majestad nunca ejerció la responsabilidad más trascendente de su cargo, que sin ir más lejos es la de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56,1 CE), empezando por los partidos políticos que las invadieron y contaminaron de forma masiva.

Pero, bajo el paraguas de la Corona, que todo lo uniría (lamentablemente no ha sido así), y con la excusa de “acercar el gobierno al pueblo” (por su tamaño y población España no era precisamente Estados Unidos, China o India), también se ideó el controvertido “Estado de las Autonomías”, de forma oportunista y con escaso convencimiento social, sólo para que el conjunto de la clase dirigente se hiciera con el mayor poder posible en la barra libre de aquella democracia “imperfecta” (el famoso “café para todos”), haciendo ver a la ciudadanía de forma engañosa que eso nada tenía que ver con el caciquismo político, los virreinatos o los reinos de taifas, sino con su bienestar personal…

Dicho de otra forma, con la dictadura agotada, el poder franquista quedó redirigido a un sistema de partidos políticos concretado por los dirigentes del momento sin la menor grandeza política e interesados sobre todo en su propia prevalencia, concatenando perversamente el texto de la Carta Magna con el desarrollo normativo en materia electoral y de partidos y con el propio funcionamiento del Senado y del Congreso de los Diputados. Esa misma clase política “constituyente”, convino el símbolo/pantalla de la Corona (que sirve para lo que sirve) y toda una urdimbre de omnipresencia y potestad político-partidista que es la que nos ha llevado realmente a donde ahora estamos.

A partir de esta concepción “partitocrática” del Estado, se alumbraron la pantomima subvencionada de los sindicatos y las patronales (correas de transmisión de los propios partidos); las 17 Autonomías (más dos Ciudades Autónomas), sus correspondientes Estatutos de Autonomía (enfrentados artificialmente a la España unitaria), Gobiernos y Parlamentos; todas las consecuentes transferencias competenciales rayanas con el vaciamiento del Estado y una multiplicidad administrativa insostenible (Administración Central del Estado, Comunidades Autónomas,Diputaciones Provinciales o Cabildos Insulares, Ayuntamientos, organismos comarcales…). Es decir, los partidos y la clase política como invasores y dueños del Estado, en lugar de servir al pueblo soberano, convertido así en mero “pagano” del desmadre democrático.

Además, la propia dinámica del sistema politizaría y desprofesionalizaría las cajas de ahorro; generaría más de 4.000 empresas públicas innecesarias y redundantes entre sí; exigiría infraestructuras de transportes de verdadero derroche (aeropuertos fantasmas, autovía sin tráfico, líneas del AVE sin mercado…); instalaría absurdas representaciones institucionales por doquier (dentro y fuera de España); concedería subvenciones ideologizadas tan injustificadas como desproporcionadas (no humanitarias); aumentaría las plantillas del funcionariado de forma escandalosa (hasta 3.000.000, con un 40 por 100 incorporados “a dedo”); retribuiría ejércitos paralelos de asesores y ganapanes de los partidos políticos (sin otro cometido que realimentar el sistema); colmataría un total de 445.000 cargos políticos (inconcebibles frente a los 100.000 existentes en Alemania); facilitaría abusos intolerables (coches de lujo, escoltas, dietas…) y nóminas políticas desproporcionadas…

En definitiva, el sistema concluiría en una auténtica orgía de la clase política, instalando de forma irremisible a los partidos en la mentira permanente, en la pura corrupción y en el descrédito social, hasta generar, primero la quiebra del sistema financiero, después la de las autonomías y finalmente la del Estado. Con unos desaprensivos responsables bien identificados: todos y cada uno de los que han venido gobernando desastrosa e impunemente en cualquier ámbito político y la“casta” deleznable que les representa. Salvo contadas y honrosas excepciones personales, que las hay, esta es la realidad del caso.

Porque, ¿acaso cuando alguna caja de ahorros dejaba su gestión en evidencia delictiva, la oposición política, fuera del color que fuere, llevaba el caso a los tribunales de justicia? Pues no: antes que eso hacía la vista gorda y pugnaba por mantener su cuota de poder y complicidad en la misma institución y ejerciendo las mismas prácticas hasta el desastre final.

Y, aún hoy, ¿cómo puede ser que no se hayan desmantelado las empresas públicas y fundaciones montadas sin necesidad cierta por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con déficit presupuestario, empezando por  donde gobierna el PP?

Pero, ¿qué intolerable burla es esa de que la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, venga a estas alturas del descalabro nacional a mantener el sistema comarcal de su comunidad, con 32 consejos y gobiernos inoperantes, sólo para que su socio político, el PAR, siga empesebrando en ellos a 800 militantes? ¿Es que la contumacia de los salteadores de la política va a continuar hasta que toda España, menos ellos, esté en el paro…?

EL FRACASO DE MARIANO RAJOY

La relación de las barbaridades políticas cometidas y, peor aún, la de las que se siguen cometiendo desde que Rajoy fue elegido presidente con mayoría absoluta, que lo fue justo para acabar con esas prácticas suicidas, es tan interminable como conocida. Pero lo peor del caso es que, antes que conjurarse para cercenar de raíz esa política indigna, intolerable y perversa,

los partidos siguen yendo cada uno a lo suyo, aspirando sólo a encontrar una fórmula mágica (quizás unos préstamos europeos fáciles y baratos o el milagro de una reactivación económica mundial), que permita mantener a ultranza el sistema, en vez de erradicarlo.

Como hemos dicho tantas veces, las medidas adoptadas por Rajoy, siempre escasas, tardías y mal diseñadas, sólo se justifican por el egoísmo, la ineptitud y la contumacia política, atributos plenamente compartidos por el gobierno y la oposición. No se ha hecho, ni se hace, ni tampoco se hará, lo que, llagándose a donde se ha llegado, se tendría que haber hecho sin más miramientos ni vacilaciones: refundar cabalmente el sistema político, origen del desastre nacional, incluyendo el bodrio del Estado de las Autonomías, ya sólo defendido por la “casta” más representativa de los salteadores de la política.

Si Mariano Rajoy fuera más inteligente y menos vago y conformista de lo que realmente es, se habría rodeado para acometer esa tarea histórica, en un momento además tan crucial, de menos “pelamanillas” y alfombras meritorias del partido y de más profesionales cuajados e independientes, sin más aspiración que la del servicio a España, poniendo la degradada vida política del país patas arriba en sus primeros días de gobierno efectivo. O, de forma alternativa, y estando las cosas tan mal como evidentemente estaban, solicitando el rescate nacional en corto y por derecho, en vez de arrastrarnos al mismo cenagal más tarde pero con el país ardiendo por los cuatro costados (a la griega), que es lo que está haciendo o ya ha hecho.

Un camino bien fácil de visualizar, sólo con un poco de sentido común, del que el presidente Rajoy tanto presume, y apenas manejando las cuatro operaciones de la aritmética más elemental, que son las que soportan la contabilidad nacional. E incluso puede que hasta superable, si hubiera iniciado su mandato legislativo adelgazando urgentemente el Estado y con reformas estructurales verdaderas, en vez de arremeter contra las bases sociales, que además de no tener culpa alguna de la quiebra de las cajas de ahorros ni del escandaloso déficit público, se han convertido en sus víctimas propiciatorias hasta el mismo agotamiento.

El Gobierno de Rajoy tenía que haber acometido la reforma urgente del sistema empezando por su propia estructura, por su podrida cimentación y por sus debilitados muros de carga, y no repintando las paredes (que han terminado derruidas) ni arremetiendo en primera instancia contra quienes, ajenos al drama político subyacente, confiaban en las instituciones del Estado, aceptando las consignas de los políticos y cumpliendo con todas sus obligaciones ciudadanas. La realidad es que los partidos han ido a lo suyo, endosando los platos rotos a los demás y empezando las reformas y los sacrificios necesarios no por donde se debía, sino por donde se tendrían que haber concluido.

Ahora, la quiebra política y económica del Estado es un hecho y el segundo y definitivo rescate inevitable. Y de ello sólo es culpable la egoísta, inepta y contumaz clase política que soportamos, amparada por un sistema político diseñado a su imagen y semejanza.

Pero, ¿es posible crear ahora otra clase dirigente más razonable y honesta dentro del mismo sistema? El omnímodo poder de los actuales partidos, lo impide (el maligno está “atado y bien atado”). Por ello, quienes ven las cosas como realmente son, no pueden sino esperar de forma paciente un rescate total que encamine el país a la obligada senda de la sensatez política y que lleve a nuestra impresentable “casta” política a la hoguera que se merece, por supuesto pasando por los tribunales de justicia, si es que éstos todavía se pudieran comportar como tales.

El macizo social ya no cree en los partidos políticos, ni en los sindicatos y patronales, ni en las instituciones públicas, ni en el sistema que soporta tanto desmadre y tanta mangancia, que supera con mucho lo que siempre habíamos definido despectivamente como “estilo caribeño”, hoy por hoy ampliamente superado por el “tipical spanish”. Un Goya redivivo, podría representar el actual desastre nacional con una estampa del “Saturno devorando a sus hijos” pero a la inversa: “Saturno devorado por sus hijos”.

Y eso si no se desatan antes las pasiones y venganzas celtibéricas más ancestrales y volvemos a dejar al mundo entero verdaderamente aterrado. Quede atenta la clase política, porque las campanas del pueblo ya pueden estar llamando a rebato.

El lunes 9 de julio se iniciaba otra semana trepidante en el dramático tiovivo de la crisis española, situando la prima de riesgo de la deuda soberana en los 574 puntos básicos y la rentabilidad de los bonos a diez años por encima del 7 por 100, muy distanciada del 6,10 por 100 que marcó el bono italiano y no digamos del 2,42 por 100 del francés.

Era un día crucial en el que la autoridad monetaria y los responsables de Economía y Finanzas de la Eurozona deberían aprobar por unanimidad, como hicieron, el “rescate” del sistema financiero español y sus condiciones, acuerdo que, puesto en negro sobre blanco por el ECOFIN, se rubricará formalmente en una nueva reunión del Eurogrupo prevista para el próximo 20 de julio. En esencia, la primera clave del asunto era precisamente la condicionalidad del rescate, concluida con la imposición de 32 obligaciones financieras y fiscales (y también macroeconómicas), que, como habíamos anticipado, han terminado conformando una “intervención” en toda regla.

DEL “RESCATE FINANCIERO” AL “RESCATE/INTERVENCIÓN”

Lo primero a tener en cuenta es que se define como un “rescate del sector bancario”, pero con garantías públicas, yendo por tanto más allá de lo que se podría considerar como una mera “ayuda de mercado”. Lo segundo es que la condicionalidad del rescate es “transversal”, afectando por supuesto a los bancos beneficiarios, pero también al conjunto del sector bancario y, más importante todavía, al conjunto de la economía.

Para confirmar que el rescate en cuestión conlleva una “intervención” de la economía española por parte de las autoridades europeas, baste leer el artículo 29 y siguientes del Memorandum of Understandingon Financial-Sector Policy Conditionality (MoU), que,en definitiva, es el habitual contrato del préstamo (adjunto en su versión original).Otra cosa distinta es que el Gobierno oculte, niegue o tergiverse esta situación, como ha ocultado, negado o tergiversado otras muchas cosas en el contexto de la crisis.

Las estipulaciones del rescate en cuestión, derivaban automáticamente en un primer paquete de 35 medidas gubernamentales drásticas y urgentes, anunciadas por Rajoy en el Congreso de los Diputados el inmediato miércoles 11 de julio, en un tono angustiado y casi apocalíptico que provocó, con razón, gran alarma ciudadana. Se trataba de un verdadero aluvión de medidas tardías, incompletas y segmentadas, y en algún caso incluso poco fiables, formalizado con la aprobación del Decreto-Ley correspondiente en el Consejo de Ministros del viernes 13 de julio; no sin que el Gobierno dejara de visualizar y capitalizar el apoyo del Jefe del Estado a su comprometida decisión, de excepcional trascendencia política y social, celebrando una sesión previa “deliberante” en el propio Palacio de la Zarzuela, presidida por Su Majestad el rey Juan Carlos.

Se confirmaban así, la gravedad de la situación, la incapacidad del Gobierno para ajustar soluciones adecuadas en tiempo y forma, la opacidad o falta de transparencia informativa acreditada en la gestión de la crisis, el entretenimiento suicida de supeditar la toma de decisiones a los intereses del PP en las elecciones al Parlamento de Andalucía (25-M), etcétera… Toda una sintomatología letal para cualquier presidente de gobierno afectado en términos más o menos similares, pero que, aquí y ahora (sin una mejor alternativa política disponible), habremos de digerir como podamos.

Lo peor del caso es que este rescate/intervención, que de momento deja en evidencia al Gobierno de Mariano Rajoy y limita notablemente su capacidad ejecutiva, imponiéndole además obligaciones ineludibles, tampoco evita otras posibles ediciones posteriores, de mayor o menor calado, ni otros costes o daños colaterales de tipo político. Porque una cosa es estar “intervenidos” (como es el caso) y otra, muy distinta, estar definitivamente “rescatados” (que no lo estamos, ni lo estaremos fácilmente). Al respecto, baste leer en el último párrafo del Anexo 1 del MoU esta significativa frase: “…Más adelante podrán añadirse ulteriores exigencias” (…Further requests may be added at a later stage).

Para empezar, solo los prolegómenos del rescate ya han supuesto que España pierda su puesto como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) en favor de Luxemburgo. Un pequeñísimo país de apenas 2.500 kilómetros cuadrados de extensión y 500.000 habitantes, que, con un PIB notablemente inferior al de la deuda del conjunto de nuestras comunidades autónomas, genera una renta per cápita que supera con mucho el doble de la española…

Como hemos recordado en otras ocasiones, Mariano Rajoy pretendió en su momento obtener un ilusorio trato de favor en Bruselas con el argumento de que “España no es Uganda”. Ahora, algún africano dolido por aquella despectiva comparación podría espetarle que “Luxemburgo no es España”.

Pero, dejando a un lado cualquier tipo de comparación irrelevante para superar la crisis, e incluso olvidando las mentiras y los errores con los que unos y otros han llegado a situarnos política y económicamente en donde estamos, ya irremediables, sí que conviene analizar otros graves aspectos del problema que parecen inadvertidos por el conjunto de los actores. O que, aun teniéndolos in mente, no se han llegado a situar de forma adecuada dentro de la tortuosa senda por la que se desliza la crisis, ni por su origen ni en sus consecuencias.

EL “NUDO GORDIANO” CONSTITUCIONAL

No vamos a reiterar las condiciones del rescate ni las imposiciones que conllevan sobre la política económica de España, sobradamente comentadas en los medios informativos. Ahora, nos remitimos sólo a dos aspectos de nuestro modelo de Estado, blindados constitucionalmente, que están siendo obviados o ignorados por el Gobierno de forma peligrosa, error en el que ha caído por la doble vía de no comprender el alcance real del problema y del ensoberbecido secretismo de su actuaciones (yo me lo guiso y yo me lo como, con la inquebrantable adhesión de los demás).

En definitiva, estamos hablando del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado (refrendado por las leyes orgánicas que establecen los correspondientes estatutos de autonomía) y del inalienable principio de soberanía nacional con el que está imbuida nuestra Carta Magna. Ambas circunstancias chocan con la forma en la que se instrumenta el “rescate” del sistema financieroy con la consiguiente “intervención” por parte de las autoridades europeas.

Este proceso de “más Europa” y “menos España”, colisiona con el espíritu y la letra del texto constitucional, sin entrar a valorar en estos momentos su posible conveniencia o inconveniencia política. Por ello, sorprende que la decisión del llamado “rescate financiero”, vinculado a una cesión de soberanía incluso en el ámbito macroeconómico, no se haya sometido o no se vaya a someter, cuando menos, a la autorización mediante ley orgánica que establece el artículo 93 CE, referente obligado para la celebración de tratados que puedan atribuir a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española.

Aquí, lo del “yo me lo guiso y yo me lo como”, lo de la chapuza normativa o lo de los “fraudes de ley”, que son prácticas más que habituales de nuestra clase política, no servirá. Y el acuerdo conchabado entre Rajoy y Rubalcaba, tampoco. El rescate del sistema bancario y su condicionalidad se deben plantear y debatir en el Parlamento con luz y taquígrafos, siendo aprobado, en su caso, como ley orgánica, es decir con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Un trámite parlamentario insoslayable por la trascendencia política que en sí mismo tiene el rescate/intervención. Pero también porque prácticamente todas y cada una de las medidas que está imponiendo el Gobierno, nada tienen que ver con el programa electoral previo del PP, ni con las promesas que le permitieron alcanzar la mayoría absoluta en los comicios del 20-N.

Se trata de un importantísimo paquete de medidas sobrevenidas de gran trascendencia en la vida nacional que, como tales, requieren al menos un debate de transparencia, que tampoco impide su revalidación política. Porque, si en una situación de tan extrema gravedad como la presente, se prescinde gratuitamente del Congreso de los Diputados, ¿para qué puede servir entonces la institución parlamentaria…?

Pero, volviendo a la irracionalidad del proceso, es que, además, el Gobierno de la Nación tampoco puede imponer a las comunidades autónomas decisiones derivadas del rescate del sistema financiero, sin ostentar para ello suficiente título competencial o contraviniendo lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía. De hecho, hay autonomías, incluso gobernadas por el PP, que, con la ley en la mano y a fuer de poder quebrar económicamente, ya muestran su sonora indisciplina ante las “llamadas de atención” gubernamentales...

La realidad, es que la condicionalidad del denominado “rescate financiero”, o más en concreto la intervención y la cesión de soberanía que conlleva, tienen mal ajuste y cabida constitucional. El problema se querrá ver o no ver, pero ahí está.

MÁS PRESIÓN SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Por eso, ya advertimos también en su momento que el “rescate real” (que es en el que estamos), no el “rescate de favor” pretendido por el presidente Rajoy, obligaría tarde o temprano a una reforma constitucional.Entre otras cosas, para reconducir el Estado de las Autonomías hacia la racionalidad política y a la realidad europea: ignorar esta evidencia será volver al “ejercicio de tinieblas” de otros tiempos, con todas sus consecuencias.

Pero, ¿quién le pone ahora el cascabel al gato de las autonomías? Porque, aun cuando la ciudadanía las rechaza de forma mayoritaria, la actual clase política provinciana y pesebrera va afanadamente a lo suyo y defenderá los privilegios caciquiles con uñas y dientes.

La idea que tuvieron los constituyentes de alumbrar, en un momento ciertamente crucial de nuestra historia, las nuevas taifas autonómicas de España para que la unidad y permanencia del Estado quedara simbolizada en la Corona (el “café para todos”), ha fracasado. Por eso, la actual coyuntura de crisis, con los problemas que arrastra, no deja de ser un momento procedente para que Gobierno y Oposición convinieran la creación de una “Comisión de Sabios” encargada de estudiar ya (con urgencia) una reforma constitucional adecuada a las necesidades del momento y a la nueva realidad política, económica y social más inmediata.

Punto final: En política, la ocultación, la negación y hasta la mentira, están lamentablemente a la orden del día, pero, con ser repudiables, tampoco son irrevocables. Mucho más pernicioso que este conjunto de debilidades, es el error y la equivocación, porque conducen al fracaso de forma irremisible.

Por eso, a Mariano Rajoy, que en relación con la crisis también ha ocultado, negado y mentido sin cuento, lo que más hay que reprocharle es el haberse equivocado con el tratamiento de paños calientes y tardanzas adoptado para afrontarla, y que en apenas siete meses nos ha introducido de forma definitiva en un pozo mucho más oscuro y profundo de lo que puedan pensar la mayoría de los ciudadanos.

ANEXO: Borrador del Acuerdo para el Rescate Financiero (en inglés)

Mariano Rajoy estuvo nada menos que  dos legislaturas seguidas ejerciendo como líder de la oposición, lo que sin duda tuvo que darle de si para poder analizar la coyuntura de crisis, meditar, esbozar y definir un proyecto alternativo al desastre del “zapaterismo”. Es decir, para tener prevista una reorientación en la marcha política del país realista y eficaz, haciendo simplemente lo que, desde aquella oposición, decía que “debía hacerse” para acabar con el despilfarro económico, la demagogia, la insensatez gubernamental…

Una opción bastante razonable. Hasta el punto de afirmarse entonces desde las filas populares que, tan solo con cambiar al presidente del Gobierno (quitar a ZP y poner a Mariano Rajoy), se evitaría el descalabro nacional, recuperando España sus fueros de grandeza tras la consabida avocación a la ruina y al desprestigio institucional que siempre se producía con los gobiernos socialistas (ellos han vuelto a vaciar la caja --se decía en el PP-- y nosotros, como hizo Aznar, la volveremos a llenar).

Teniéndolo todo bien pensado y repensado, el presidente Rajoy, hombre con larga y brillante experiencia política, hoy cuenta, además, con una mayoría parlamentaria absoluta para hacer y deshacer a su antojo, otorgada el 20-N sin vacilaciones por un electorado ansioso de verle al frente del Ejecutivo. Pero he aquí que el “Rajoy opositor” era una cosa y el “Rajoy presidente” de ahora es otra muy distinta.

Aupado en el poder, Rajoy ha optado por ejercer de Maquiavelo (más que de político gallego), conviniendo consigo mismo que le interesaba ganar tiempo, pensando, como pensaba el afilado florentino autor de El Príncipe, que “el tiempo todo lo oculta y con él llegan lo mismo las prosperidades que los infortunios”, aunque no siempre sea así. Tal vez, si el presidente del Gobierno hubiese tenido más presente a Voltaire, habría podido calibrar también que “el tiempo hace justicia, y coloca a cada uno en su sitio”, en nuestros días puede decirse que a velocidad supersónica.

LA REFINADA SOBERBIA DE LA INACCIÓN POLÍTICA

Puestos a utilizar citas ajenas, la actitud política de Rajoy, parsimoniosa y secretista a más no poder, nos recuerda otra afirmación sobre la vida pública, en este caso de Miguel de Unamuno, no menos lúcida: “Soberbia, y refinada, es la de abstenerse de obrar por no exponerse a la crítica”.

Esta inacción elata, practicada por Rajoy durante su primer semestre presidencial (que en tiempos de crisis extrema computa como toda una eternidad), con salvedades que ni por asomo se aproximan a lo exigido por la situación, queda patente en las palabras que él mismo pronunció el pasado lunes 2 de julio en Sevilla: “Hemos hecho muchas cosas, pero ahora toca pisar el acelerador”. Porque, si se han hecho tantas cosas (que en realidad no se han hecho), ¿qué acelerador habría que pisar ahora? Y, si ahora hay que pisar el acelerador, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer hasta el momento? ¿Cuál es, en definitiva, la razón de no haber hecho en seis meses lo que ahora tenemos que hacer de forma tan acelerada…?

La realidad es que durante medio año el Gobierno ha estado tocando el violón con recortes y reformitas de andar por casa, vendiendo públicamente unas falsas soluciones y, en todo caso, tomando algunas decisiones que han realimentado la crisis en vez de atajarla, como facilitar los despidos sin mayores exigencias a la patronal o intervenir Bankia de la forma en la que se ha hecho, con poca finura financiera y escasa inteligencia política. Hoy estamos peor que antes del 20-N, dígase lo que se diga y por muchas que sean las responsabilidades y las chapuzas del anterior gobierno socialista, que ya no están en discusión.

Este es el balance de la situación a grosso modo: una reforma laboral que no ha servido para reactivar el empleo; varias reformas del sistema financiero que han concluido en un “rescate” duro y puro en efecto estigmatizador; una tardía renovación (no reforma) de las instituciones públicas que solo es un nuevo reparto de poltronas y pesebres partidistas; tijeretazos en los servicios sociales que podría hacer cualquiera (a costa de no tocar el grueso del despilfarro público)… y muy poco más. Es decir, que, verborrea política aparte, antes que haberse hecho “mucho”, “mucho” es lo que realmente queda por hacer.

Pero, teniendo en cuenta como se ha venido comportando el Gobierno, es de prever que seguirá habiendo discrepancias entre sus nuevas actuaciones “urgentes” (que sin duda se podían haber activado mucho antes) y las más necesarias que seguirán durmiendo el sueño de los justos. Entre las primeras estarán los nuevos ajustes fiscales que pretenderán enmendar errores anteriores, con nuevos apretones de tuerca para reequilibrar los objetivos incumplidos del déficit público, que probablemente volverán a mostrarse insuficientes. Y, entre las segundas, seguirá faltando con no menos seguridad el auténtico paquete de reformas institucionales y estructurales necesarias, para, entre otras cosas, adelgazar el aparato político del Estado, incluyendo las perniciosas autonomías, lo que realmente nos permitiría recuperar la credibilidad como país, la confianza de los mercados y, por supuesto, el crédito internacional.

Paréntesis: Gaspar Llamazares, diputado nacional y ex coordinador general de IU, ya ha lanzado en TVE el “avisito” de que quienes quieren reducir los gastos de los políticos electos, que según él no hay tantos, lo que en realidad pretenden es cargarse la democracia.

Rajoy ha anunciado también que las nuevas reformas, las que ahora va a imponer pisando el acelerador, representarán “un hito en la modernización del país”. Lo dudamos, porque ya sabemos que carece del arrojo político necesario para tal aventura: ahí queda sino, con su firma bien patente, la chafarrinada política del último reparto partidista de la “tarta institucional” (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Junta Electoral Central, RTVE y lo que venga…).

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acabe de anunciar como parte de ese mismo espectacular “plan revulsivo”, la desaparición de 80 empresas o fundaciones públicas, el 2 por 100 de las 4.000 existentes, instando al mismo tiempo (sólo “instando” y no exigiendo) a que las 17 comunidades autónomas hagan lo propio en sus respectivos virreinatos. Una forma verdaderamente graciosa de entender la situación: si eso es “pisar el acelerador” y “modernizar el país”, que venga Dios y lo vea…

LOS CORIFEOS DEL PODER

Claro está que, a pesar de la que está cayendo, “la vida sigue igual”, como cantaba Julio Iglesias en la España franquista, al menos en el estilo de gobernar y de hacer política. Porque, con tantas cosas que criticar, los corifeos del poder siguen de moda y batiendo palmas pase lo que pase.

Apenas terminada la última cumbre del Eurogrupo (28 y 29 de Junio),antes de conocerse de forma fehaciente la letra pequeña del rescate y de que se pueda disponer de una financiación asumible, cosa que de momento está por ver, algunos comentaristas demasiado inquietos no dudaron en lanzar las campanas al vuelo, por muy poquita cosa. Para empezar, jaleando la retracción inicial de la prima de riesgo cuando a principios de la semana se situó por debajo de los 500 puntos básicos, que no era para tanto, aunque nada dijeran cuando el viernes cerró por encima de los 560, nivel muy superior al que, por ejemplo, marcó la intervención de Irlanda, y con la rentabilidad de los bonos del Estado a diez años rayando el 7 por 100…

Esos mismos periodistas pro gubernamentales (el PSOE también los ha tenido), aplaudieron igualmente la bajada de la tasa de paro en el mes de junio, que contabilizó 98.853 desempleados menos que en el mes anterior. Pero despreciando el factor de la estacionalidad, la reducción en la demanda personal de puestos de trabajo (por infructuosa) y las altas netas de empleados del hogar (más de 20.000) debidas a los movimientos registrales derivados de la Ley 27/2011, aprobada por el anterior gobierno socialista. La realidad es que hoy hay medio millón de parados más que hace un año (muchísimos sin cobrar prestación de desempleo), y punto.

Hay quienes no quieren enterarse de que las cosas van mal, francamente mal, o no quieren contarlo por su dependencia directa o indirecta del poder político. Pero es que esa debacle ya la está reconociendo el propio Rajoy, aunque sea “a la gallega”. Y no digamos el ministro Luis de Guindos, quien, menos impuesto en silencios “maquiavélicos”, acaba de ser bastante más claro: “El rescate de la banca reducirá los préstamos al sector privado; el crédito no volverá a crecer hasta el 2015”.

Nosotros no nos cansaremos de recordar a nuestros lectores lo que, negado o enmascarado por el Gobierno de forma sistemática, hemos venido afirmando desde hace tiempo: hoy por hoy, que es cuando se necesita, el “rescate financiero” computará como deuda pública, y con todas sus consecuencias. Por si alguien todavía cree en los Reyes Magos, léanse algunas contundentes afirmaciones de Wolfgang Schäuble, el “zorro” responsable del Ministerio de Finanzas de Alemania, publicadas en “El País”, 08/07/2012:

En el fondo, las cosas están bien claras, al menos para quienes realmente quieran saber de que van…

LA HORA DE LA VERDAD

Nadie, con dos dedos de frente, puede negar ya que la crisis está ahogando incluso a las clases medias. Por eso, el Gobierno (que administra el Estado) debe exigirse mucho más a sí mismo, a las instituciones públicas, a los propios partidos políticos… Y medir con acierto definitivo las nuevas reformas en ciernes (subidas del IVA, reducciones salariales en el funcionariado, compresión de las plantillas de los organismos públicos, privatizaciones…), sin confundir nuevos “recortes selectivos” con “hachazos indiscriminados” que pongan en pie de guerra al macizo social.

En relación con esas reformas sustanciales e inteligentes, hasta ahora en verdad inéditas, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, un hombre esencialmente tranquilo y ponderado, también ha advertido que el traspaso de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas fue un error, mostrándose partidario de que vuelvan al Estado. Un criterio ya expuesto públicamente por Esperanza Aguirre, por Rosa Díez y por muchos analistas políticos independientes, pero desoído por el Gobierno de forma rayana en la estulticia.

Más allá todavía de esa advertencia, y respondiendo a la pregunta que le formuló uno de los asistentes al curso sobre Justicia y Economía organizado por la Universidad de Verano Rey Juan Carlos en Aranjuez (02/07/2012), Torres Dulce afirmó: “Si somos un Estado federal, somos un Estado federal, pero tenemos los inconvenientes de un Estado federal y ninguna de las ventajas, como sucede en el actual desarrollo del Estado de las Autonomías”. Y, con el dedo puesto en la llaga del actual modelo político, puntualizó: “Un Estado en el que no haya un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar”.

La necesidad de refundar el Estado, particularmente en lo relativo a su actual organización territorial, a la independencia de los tres poderes básicos que caracterizan la democracia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y al sistema electoral y de partidos políticos, es tan evidente como urgente. Claro está que para acometer esta tarea histórica, se necesita una clase política más patriótica e inteligente que la que tenemos.

Otro paréntesis: Mientras la Generalidad de Cataluña se aprieta el cinturón suprimiendo la merienda de los reclusos ingresados en sus prisiones, su presidente, el Muy Honorable Señor Artur Mas, insiste todavía en que no dará “ni un paso atrás” en la inmersión lingüística, diga lo que diga la Justicia y pasándose por la entrepierna los últimos fallos del Tribunal Supremo en contra del modelo catalanista. Rajoy advirtió hace poco que “España no es Uganda”, pero a ese jefecillo de etnia tribal no se atreve ni a toserle, con los magistrados del Supremo tragando más que las alcantarillas de San Francisco (California, USA).

Una declaración perfectamente coherente con el desprestigio, por no decir desprecio, con el que los ciudadanos identifican a los políticos. De hecho, la tercera oleada del Barómetro de Confianza Institucional, revelador estudio iniciado hace un año por Metroscopia, refleja una desaprobación del funcionamiento de los partidos políticos masiva (el 88 por 100 de los encuestados), frente a una aprobación mínima (el 9 por 100).

Pero es que esa desaprobación social, aun en porcentajes decrecientes hasta llegar al límite del aprobado “ramplón”, alcanza a la mayoría de las instituciones y figuras públicas que cimentan el Estado de Derecho y el modelo de convivencia nacional. Detrás de los partidos políticos, se desaprueban también la banca, el Parlamento, la patronal, el Gobierno de la Nación, los sindicatos, los ayuntamientos, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia…

Cada vez hay menos dudas, incluso fuera de España, de que nuestra clase política sigue enrocada en unas prácticas (de gobierno y de oposición) absolutamente impresentables, que están destruyendo el país y que, sin quererse reconocer, nos avocan trágicamente a la desestabilización total: económica, política y social. ¿Cómo puede extrañarnos entonces que un país como Finlandia, con apenas cinco millones de habitantes, se niegue a pagar los platos rotos de la orgía político-económica montada por casi cincuenta millones de españoles y les deje a su propia deriva…?

A Rajoy le faltan algunos atributos (y sin duda muchas decisiones) para poder “liar” a un país como el finés, que aborrece la corrupción política y que, aun siendo uno de los más ricos del mundo, sustituye el jamón de pata negra y la ternera gallega por la carne de reno, los mariscos por el bacalao y la “movida” por clases de matemáticas… Y no digamos lo que todavía tendría que trajinar el presidente Rajoy, precoz y solvente “registrador de la propiedad”, para poder embaucar a la Merkel y a los malévolos “mercados” en la salvación de una “España cañí” verdaderamente irredimible.

Eso sin olvidar que Holanda, otro país poco aficionado a la gitanería política y a tragar con “cuentas del Gran Capitán”, también nos tienen sometidos  a “observación”.

Todo ello, mientras el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, advierte en el Parlamento británico que no renuncia a restringir la entrada de emigrantes al país si se rompe la Eurozona, señalando a países como Grecia, pero sin desechar a otros que entren en una dinámica de crisis similar. Presionado, además, dentro y fuera de su partido para someter a referéndum la pertenencia del país a la Unión Europea (UE).

Pero, cómo se verá por ahí fuera la verbena española, cuando esa misma UE, cuestionada por los británicos, tampoco se fía ni un pelo del Estado de las Autonomías, con toda la razón del mundo. Hasta el punto de que, mientras el Gobierno no garantice el control del despilfarro autonómico, Bruselas tampoco va a flexibilizar ninguna de las condiciones impuestas a España para la reducción del déficit presupuestario.

Con todo, la vicepresidenta del Gobierno, alter ego de Rajoy y aventajada “abogada del Estado” que también se pasa algunas cosas por donde quiere, sostiene risueña que “los mercados suben y bajan…”, sin encontrar mejor forma de pedir serenidad al personal. Un desparpajo ciertamente temerario ante una ruina económica en la que, además, la banca consta como “desaparecida en combate”, sin estar ni que se la espere.

Dicho de otra forma, el Gobierno está jugando al “tiki-taka”, pintando la mona por el espacio sideral y perfectamente agarrado a la brocha, pero sin escalera. Algo que el presidente Rajoy no pudo disimular el viernes 6 de julio durante la inauguración del nuevo emplazamiento europeo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fijado en Madrid.

Balbuceante y con la mirada más perdida que nunca, Mariano Rajoy relanzó su discurso habitual, también más vacío que nunca, al ser interpelado por la situación ante los medios informativos: “Tenga usted y todos los presentes la total y absoluta seguridad de que España… hará… todo lo posible y además superará la crisis económica por la que estamos pasando en estos momentos; y que, además, su Gobierno hará todo lo posible para que también Europa haga todo lo posible para, entre todos, superar esta grave crisis económica”. Bla, bla, bla…

EL “CASO BANKIA”, ¿HITO PARA REGENERAR LA POLÍTICA?

Tras soportar desde hace años una insufrible nómina de políticos y banqueros/bancarios marcados genéticamente con el cromosoma de la delincuencia de “cuello blanco”, no queremos dejar de criticar la cerrazón del PP para que el “caso Bankia” fuera sometido a una investigación política (y ni siquiera a un debate) en el Parlamento. Pero criticando mucho más, por supuesto, a los portavoces oficiales u oficiosos del mismo partido que han venido en rasgarse las vestiduras por su acertada judicialización.

Tampoco dejamos de aplaudir el estimable servicio prestado por UPyD a la democracia, precisamente con la querella que hainterpuesto contra todos los miembros del Consejo de Administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), ejercientes en el cargo cuando dichas entidades fueron intervenidas por el Estado. Una vez admitida la querella, el juez competente de la Audiencia Nacional ha imputado a todos los querellados, con la loable anuencia del Ministerio Fiscal.

Ahora, solo queda esclarecer los hechos, con una amplitud investigadora que se anuncia ciertamente reveladora, determinar su posible naturaleza delictiva y, en los casos que pudieran proceder, esperar la sentencia correspondiente y que sea ejemplarizante.

En otra Newsletter, titulada “Cuando te pilla el toro…” (14/05/2012), en la que se comentaba la conveniencia de sustanciar las responsabilidades de los “reventadores” del sistema financiero que se han venido enriqueciendo personalmente mientras empobrecían a los demás, ya sostuvimos: “Si la Fiscalía Anticorrupción hubiera tratado a estos ‘salteadores de cuello blanco’, como ha tratado a otros ciudadanos bastante más presentables (desde Mariano Rubio a Isabel Pantoja), detenidos con gran aparato policial y mediático y encerrados en prisión de forma abusiva, quizás el problema no hubiera llegado a producirse o se habría zanjado de raíz”.

Pero, al margen de su deriva judicial, el “caso Bankia” permite otro análisis quizás más trascendente dentro del juego sucio político y partidista. Porque ¿cuál fue la razón de que Rajoy machacara en su momento la candidatura de Ignacio González para presidir Caja Madrid, propuesta por Esperanza Aguirre y respaldada por todos los partidos y sindicatos acreditados en la CAM, imponiendo en el cargo a Rodrigo Rato…?

Meditando un poco la respuesta, hay quien podría pensar que, además de recortar con ello el vuelo político del tándem Aguirre/González, Rajoy podría haber sentado a Rato en la poltrona de Caja Madrid, un auténtico volcán a punto de erupción, para vengarse de la competencia que le hizo como posible líder del PP, forzándole luego a tomar decisiones comprometidas. Claro está que si Rato hubiera triunfado en su difícil cometido, Rajoy, como buen discípulo de Maquiavelo, siempre habría podido reivindicar el haberle designado para el puesto…

Si esa hipótesis fuera verosímil, despejaría en buena medida la incógnita de hasta donde pueden comprometerse los intereses nacionales para satisfacer vanidades y resolver rencillas políticas personales. Aunque, puestos a padecer estrategias maquiavélicas, habrá que estar atentos a los nuevos “viernes negros” que se avecinan, salpicados sobre la soporífera laxitud veraniega...

Sea como fuere, Rajoy tiene el pie en el acelerador, cara de velocidad y un circuito por delante con más curvas peligrosas que el de Mónaco, sin ser, precisamente, una as del volante como Fernando Alonso. Esperemos que no se estrelle (ni nos estrelle) antes de terminar la primera vuelta, que, por dejadez, es en la que todavía estamos. En todo caso, hay que advertirle que, cuando acelere, levante el otro pie del embrague, porque, de no hacerlo, sólo conseguirá recalentar el motor, es decir la crisis.

El título de esta Newsletter coincide con el de la versión española de una magnífica película dirigida por Sydney Pollack que en 1969 fue objeto de nueve nominaciones para los Oscars de la Academy Awards estadounidense (Gig Youngob tuvo el de mejor actor de reparto), consiguiendo también el premio del National Board of Review al mejor drama cinematográfico. Su título original era “They shoot horses, don’t they?” (¿Acaso no matan a los caballos?), el mismo de la novela de Horace McCoy que la inspiró.

La historia se desarrolla en Estados Unidos, en plena época de la Gran Depresión (años 30). En medio de un ambiente de terrible miseria, se montan espectáculos para que parejas de toda condición social bailen de forma continuada, día y noche, con pausas mínimas sólo para reponer fuerzas, bebiendo y comiendo gratis. Ganaba la pareja que resistía más tiempo bailando en la pista, que era premiada con 1.500 dólares de plata.

Gloria (Jane Fonda) y Robert (Michael Sarrazin) se conocen en una de esas maratón del baile y, estando ambos sin recursos siquiera para alimentarse, deciden concursar formando pareja. Durante el tiempo que aguanten, al menos podrán comer y, si ganan, sobrevivirán con el dinero del premio. Mientras los concursantes fuerzan los límites de su resistencia física y psíquica, danzando y danzando sin parar,  una multitud morbosa se divierte contemplando su sufrimiento ininterrumpido durante días…

LA MÚSICA Y EL BAILE SE REPITEN

La relación asociativa de “Danzad, danzad, malditos” con lo que ahora está sucediendo en Europa, y particularmente en España, no es gratuita. El crack de 1929 fue el detonante de una crisis económica que tuvo alcance mundial, al igual que lo está teniendo la crisis actual, básicamente crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados (no es necesario considerar otros antecedentes más remotos), que eclosionó entre 2007 y 2008, también en Estados Unidos.

A una inflación global ha sucedido el fenómeno opuesto: una deflación también global, es decir una caída generalizada y prolongada del nivel de precios de bienes y servicios. Ello derivó en una primera guerra de divisas y, de inmediato, en una consecuente guerra comercial extensiva, fenómeno idéntico al iniciado entre Estados Unidos y Gran Bretaña a raíz de la quiebra financiera de 1929, que también acentuaría y retrasaría la recuperación económica general.

Como consecuencia directa de esa descomposición de los mercados, en 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que se había alcanzado un máximo histórico de 205 millones de desempleados en todo el mundo.

Pero, a pesar de lo sucedido en Estados Unidos desde el comienzo de la crisis, agravada en septiembre de 2008 con la bancarrota de diversas entidades financieras vinculadas al mercado de las hipotecas inmobiliarias, lo que obligó a inyectar en el sistema financiero cientos de miles de millones de dólares del tesoro público hasta alcanzar el techo de la deuda soberana en el verano de 2011, Europa jugó al pasotismo funcionarial del “aquí me las den todas”.

Ni el Banco Central Europeo (BCE) ni la propia Comisión Europea (CE) se mostraron interesados en atajar la situación, tomando las primeras medidas con retraso y básicamente en el terreno de la austeridad presupuestaria, conteniendo el gasto público y limitando la capacidad crediticia y, por tanto, limitando el acceso de consumidores y productores a la financiación. El consumo, que es el único motor de la producción, y el binomio conjunto de consumo/producción que es el motor de la economía, se gripaban, con todas sus consecuencias.

Dada la naturaleza global del actual sistema económico, su contracción se expandió rápidamente por diversos países europeos, provocando daños realmente graves. En el primer trimestre de 2008, Dinamarca entraba en recesión (seis meses consecutivos de decrecimiento económico) y, a continuación, en el segundo trimestre, el conjunto de la economía de la eurozona se contraía en un -0,2 por 100, con Alemania (-0,5 por 100) y Francia (-0,3 por 100) a la cabeza. España evitaba momentáneamente esa misma contracción, pero incrementaba el desempleo de forma implosiva.

LOS DESAFINADOS ACENTOS ESPAÑOLES

De hecho, de los 205 millones de desempleados contabilizados por la OIT en 2011 (máximo histórico), al final de ese año nada más y nada menos que 5.639.500 eran españoles, es decir el 2,75 por 100 del total, aunque la población de España no llegue a representar el 0,7 de la mundial.

Claro está que, en nuestro país, la crisis tiene acentos propios bien distintivos, al margen del “ladrillazo” y del artero manejo político-financiero de las cajas de ahorros.

Sin ir más lejos, el primero de esos acentos peculiares fue el del esperpéntico “tancredismo” del gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero, que hasta junio de 2009, cuando se creó el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), con una exigua dotación de 9.000 millones de euros, negó la crisis por activa y por pasiva. Una medida absolutamente tardía, posterior ya al escándalo de CCM (Caja Castilla La Mancha), intervenida por el Banco de España en marzo de 2009, y claramente insuficiente, que sólo en febrero de 2011 se continuó con un Real Decreto levemente endurecedor de los requisitos de recapitalización exigidos a las entidades bancarias.

El segundo acento, también de auténtica “pandereta nacional”, ha sido el de la desbordante vaguería del presidente Rajoy para imponer a galope tendido y sable en ristre, como debería haber impuesto, todos los recortes y reformas estructurales exigidas por la dramática situación de la economía española. Sobre todo disponiendo del clarísimo mandato de mayoría parlamentaria absoluta que le otorgaron los electores el 20 de noviembre de 2011, de inequívoco significado político.

Quizás, las presidencias del gobierno español estén en efecto predestinadas cada vez más a políticos incapaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, como Mariano Rajoy; o capaces de fumarse unos cuantos puros al día sin apenas inmutarse ante los desastres más desastrosos, como Mariano Rajoy; o a indecisos prácticos que, afirmando con insistencia saber lo que tienen que hacer, ni lo explican ni lo hacen, como Mariano Rajoy...

Se ha hecho muy poco, muy tarde y, en consecuencia, muy mal; con un rumbo en la gobernación de la crisis que sigue en la misma deriva. Por eso, mientras otros países europeos andan bastante más relajados de lo que pueda parecer frente a la eventualidad del “pánico total” (unos porque hicieron bien sus deberes ante la crisis, otros porque disponen de un plan B de supervivencia, dentro o fuera de la Eurozona o de la Unión Europea, y otros porque tienen asumida su condición de “perroflautas” europeos), en España nos toca de lleno eso del “danzad, danzad, malditos”. Un baile realmente exculpatorio, sin posibilidad de descanso hasta purgar todos nuestros pecados, que ciertamente son graves y cometidos en muchos frentes.

El pecado original, es decir el causal de todos los demás, es el del mal entendimiento de la política y del servicio público, en clara confusión con el “servirse de lo público”. Una actitud deplorable, hoy por hoy acreditada y palpable en las más altas instituciones del Estado (la Corona, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…) y en la vida ciudadana cotidiana: por ejemplo, en la concesión y recepción de subvenciones públicas bastardas, en el ejercicio de la economía sumergida, en los ERE fraudulentos, en la prevaricación y el cohecho administrativo, en la falsedad de la representación sindical... Y el otro gran pecado, que no deja de ser consecuencia directa del uso espurio de la política, es la gran mentira del Estado de las Autonomías.

EL PROBLEMÁTICO LASTRE DEL JUEGO AUTONÓMICO

Comentando en la anterior Newsletter los componentes de irreversibilidad que alimentan la crisis actual (la danza maldita que vamos a tener que bailar hasta la extenuación), todavía encubiertos en el debate político, advertíamos:

La cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, educados en el franquismo por activa o por pasiva, dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, ámbito en el que fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios y se gestó el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”…

El pasado 10 de abril, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ya expuso al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, la urgente conveniencia de reconducir a la Administración Central del Estado al menos las competencias transferidas en materia de Educación, Sanidad y Justicia. Con ello, le marcaba un verdadero cambio de rumbo, desgraciadamente desoído, para atajar el desmadre económico de “carta a los Reyes Magos” al que tan alegremente se ha llegado con la irresponsabilidad política de unos y otros, en orden por supuesto a la normalización del Estado en términos organizativos y  presupuestarios.

A continuación, dos reconocidos medios informativos extranjeros The Guardian (16/04/2012) y The Wall Street Journal (17/04/2012), advertían que alguna Comunidad Autónoma, podría ser intervenida por el Gobierno central a muy corto plazo. Una posibilidad que finalmente fue abortada de forma artificiosa mediante anticipos contables, aunque sin duda tendrá nuevas ediciones…

Pero, con todo tipo de resistencias, esa exigencia reformadora cuenta cada vez con más adeptos. Día a día, aumentan las voces documentadas que advierten sobre la nefasta deriva por la que discurre el Estado de las Autonomías.

Una que no deja de reiterarse periódicamente en lo dicho, es la del catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban, quien en un expresivo artículo de opinión titulado “¿Qué hacemos con las autonomías?” (El Mundo 19/04/2012) sostenía que, más allá de lo demandado por Esperanza Aguirre al presidente Rajoy, “hay que reformar ya la Constitución para fijar con exactitud las competencias del Estado y de las regiones”…

Otra voz autorizada, la del catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid Roberto Centeno, sostiene la misma tesis, pero apoyada por la incidencia de las autonomías en el gasto superfluo y el déficit público. Su acertada “Carta a la Sra. Merkel: exija el fin de las autonomías”, publicada en esta misma web, ha tenido una extraordinaria difusión en la Red, conectando con los sentimientos más profundos de una ciudadanía que se muestra cada vez más encrespada por los desmanes y la falta de lealtad de la clase política, justo en contra de las mismas bases sociales a las que pretende representar.

El profesor Centeno se lo ha contado con pelos y señales a Ángela Merkel y nosotros se lo recordamos a nuestros lectores:

(…) A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados”…

(…) Para ellos [los políticos] son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina…

(…) Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizan dos millones de empleados públicos nombrados a dedo --causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado-- y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado…

(…) Es por ello Sra. Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su lugar la supresión de la locura económica que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta. 

Esta es una desagradable cuestión que tendrá un recorrido inevitable, duro y con consecuencias impredecibles, porque no parece que los actuales dirigentes políticos quieran apearse de la agotada burra autonómica, ni suprimir los incontables pesebres donde alimentan a la canalla partidista, salvo contadas excepciones que tampoco se plantan como tendrían que plantarse. Incluso los hay que quieren más y más de lo mismo.

Otros, situados todavía algo más abajo en la escala de la racionalidad política y social, como los ultra nacionalistas vascos y catalanes, sin duda provincianos y acomplejados, incluso presumen de incumplir la legalidad constitucional, rechazan sólo porque sí cualquier tipo de política nacional, imponen inmersiones lingüísticas extemporáneas, amenazan con celebrar referéndums independentistas y practican la patochada política allí donde tienen la menor ocasión… Por supuesto, sin pensar que tarde o temprano terminarán encontrando la verdadera horma de su zapato.

De momento, la lucha contra la actual crisis político-financiera se está encauzando, por si alguien no lo sabe, en términos de “más euro” y “más Europa”, es decir “menos España” y “menos autonomías”. Y, a pesar del respiro que pueda dar a nuestra crisis particular el “rescate financiero” concedido al Gobierno español por sus socios del Eurogrupo, quienes seguirán marcando los pasos, los tiempos y la letra de esa “danza maldita” en la que todos estamos inmersos, serán los mercados, pese a quien pese.

No conviene dudarlo: los mercados (no los políticos) pagan la orquesta y, en consecuencia, eligen la partitura. Por eso, como sigamos tonteando con el derroche presupuestario, condicionado por el lastre de las autonomías, volverán a golpear con fuerza y de forma inmediata sobre nuestra deuda soberana.

El domingo 17 de junio se desactivó la bomba de relojería en la que se habían convertido las elecciones legislativas de Grecia. La amenaza de una victoria electoral de la Coalición de Izquierda Radical (Syriza), enfrentada abiertamente con las autoridades europeas por las condiciones derivadas de la intervención del país, había encendido las alarmas de Bruselas, que temía una reacción violenta de dicho partido contra su política de estabilidad presupuestaria y de protección del euro.

Cubiertos los trámites políticos y protocolarios con gran diligencia, Andonis Samarás, líder del partido conservador Nueva Democracia, fue investido el miércoles 20 de junio como nuevo primer ministro griego, tras llegar a un acuerdo con el socialista Pasok y con Izquierda Democrática (Dimar):un “pacto de legislatura” más que una “coalición de gobierno” o post-electoral. De hecho, ningún miembro de las dos formaciones de centro-izquierda que apoyan a Samarás participa formalmente en su Gobierno, que ha quedado integrado sólo por militantes de su propio partido, acompañados por algunos tecnócratas, profesores universitarios y representantes de la sociedad civil, pactados con sus socios parlamentarios.

Entre estos ministros “independientes”, destaca como responsable de Finanzas un prestigioso economista que ya había colaborado con anteriores gobiernos socialistas, Vasili Rapanos, hasta ahora presidente no ejecutivo del Banco Nacional de Grecia, la mayor entidad privada helena. Según narra John Müller en un artículo alusivo al personaje, titulado “Un reformador tranquilo” (“El Mundo” 21/06/2012), el pasado mes de marzo Rapanos manifestaba ante un grupo de periodistas europeos: “Vamos a seguir en el euro, pero no vamos a vivir como europeos… A los griegos nos conviene estar vigilados, con la troika al lado”.

LAS OREJAS Y LOS COLMILLOS DEL LOBO

Eso mismo (el vigilante control de la troika) es lo que, humillaciones aparte, también conviene a España, habida cuenta de la evidente incapacidad de sus políticos para reconducir la crisis económica-financiera, al margen del espectáculo que esa misma clase dirigente viene dando desde hace tiempo en el ámbito institucional, en continuo deterioro. Ésta, la crisis política particular de España, es una segunda variable de la crisis general del país, especialmente lamentable, porque, además de haberse podido atajar con un poco menos de desidia y un poco más de patriotismo y lealtad al Estado, constituye la razón originaria de la primera…

Pero, conjurada la explosión del euro en el campo de batalla heleno, la situación española, lejos de atemperarse, se perjudicó hasta el punto de que, el mismo lunes 18 de junio, la prima de riesgo de la deuda española llegó a rozar los 590 puntos básicos, mientras que el interés de los bonos a diez años alcanzaba el 7,27 por 100. Unos niveles de deterioro financiero y presupuestario absolutamente insostenibles.

Los mercados castigaban con cierta lógica una triple evidencia: la pereza gubernamental para implementar las recomendaciones europeas y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el temor de que el “rescate financiero” de hasta 100.000 millones de euros ofrecido por Bruselas fuera insuficiente (dudas justificadas por las habituales patrañas contables de la entidades españolas) y la sospecha de que la eventual ejecución de dicha deuda tuviera prioridad sobre las posiciones de otros prestatarios de crédito. Todo ello, claro está, mientras el Gobierno, agotado de forma prematura ante unas adversidades cantadas y lamentablemente despreciadas en el tiempo oportuno, sigue tocando el violón en materias de extrema urgencia, como las reformas y liberalizaciones estructurales, la supresión de las oligarquías no competitivas, el adelgazamiento del Estado y la reducción de los gastos públicos, la racionalización fiscal, las privatizaciones…

Pero eso no es todo. Mírese a donde se mire, las cosas siguen yendo cuesta abajo y con una dinámica de aceleración imparable. Sin ir más lejos, mientras la agencia de calificación Moody’s amenazaba con rebajar de nuevo las notas de calificación de los bancos españoles más solventes, el índice de morosidad de la economía privada saltaba del 8,35 al 8,72: otra clara consecuencia del empobrecimiento del país.

Con esta agobiante realidad por delante, Mariano Rajoy, cuya capacidad política para reconvertir el sistema económico-financiero y solventar el déficit público comienza a cuestionarse seriamente, declaraba esa misma semana en el marco del G20 (Los Cabos, México): “No tenemos otra prioridad que crecer y crear empleo”. Algo ciertamente sorprendente porque la realidad de su acción de gobierno camina por otra dirección, bastante más indefinida.

Al mismo tiempo, el ministro Montoro, experto en chascarrillos más o menos extemporáneos (apenas unos días antes soltó lo de “le hemos visto las orejas al lobo pero no los colmillos”), ya aceptaba que la situación era “crítica”. Pero, aun así, el Gobierno del que forma parte no deja de mostrarse remiso para asumir plenamente las insistentes recomendaciones de sus socios europeos afectas al plan comunitario de estabilidad presupuestaria y protección del euro, sin terminar de aplicar tampoco a los desajustes españoles otras soluciones propias más eficaces o convincentes.

Esta situación, realmente dramática y que Rajoy parece querer negar hasta que el lobo del ministro Montoro nos coma las entrañas (“No estamos en el precipicio”), tiene, además, algunos componentes de irreversibilidad que permanecen encubiertos en el debate político. La cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, educados en el franquismo por activa o por pasiva, dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, ámbito en el que fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios y se gestó el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”.

Pero, ahora, resulta que las reformas necesarias para la nueva convergencia europea se pueden estrellar contra el diseño constitucional del Estado de las Autonomías, contra su blindaje competencial y contra la naturaleza de ley orgánica que tienen sus regulaciones estatutarias, atadas de esta forma a la connivencia de una mayoría parlamentaria absoluta (en votación final sobre el conjunto del texto legal correspondiente).Una vez desbocado, como se ha desbocado, este desastre de las Autonomías, verdaderamente caciquil y pesebrista, no deja de ser de difícil reconducción, sobre todo por parte de un presidente de Gobierno tan reservón como Mariano Rajoy.

La consolidación de la Unión Europea (UE), con todo lo que ello implica, se dificulta precisamente porque Europa no es un país, sino un conjunto de países con muy distintas culturas, niveles de desarrollo, filosofías y sistemas de vida, organización política y administrativa… Y, del mismo modo, la integración armónica de España en la UE tiene su mayor enemigo justo en su concepción como Estado de las Autonomías, en su desarticulación como país natural y unitario.

La gestión del rescate español en una eventual segunda fase de “rescate total”, más allá del estricto ámbito financiero, posibilidad hoy por hoy más que latente, sería el momento en el que el artificio de las Comunidades Autónomas tendría que saltar por los aires. Atentos al caso, porque esa vía podría exigir una reforma radical de la organización política y administrativa de España, con la obligada modificación de la Carta Magna…

LAS CIFRAS CANTAN EL PRIMER RESCATE

Mientras el Gobierno se movía a golpes de sustos y pánico disimulado, las consultoras independientes encargadas de evaluarla resistencia del sistema financiero ante un posible agravamiento de la crisis (Oliver Wyman y Roland Berger), concluían su trabajo. El pasado jueves, 21 de junio, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España presentaban de forma conjunta las conclusiones de la primera etapa de este “test de estrés” bancario (aplicado sobre toda la cartera de las entidades), enmarcando el crédito necesario para salvaguardar el conjunto del sistema financiero español en una horquilla con un margen de fluctuación del 20 por 100, fijada entre 51.000 y 62.000 millones de euros para el escenario posible más desfavorable.

En esta primera fase de su valoración, de naturaleza “genérica”, las consultoras no facilitaban nombres de las entidades afectadas, ni tampoco las cifras que pudieran corresponder a cada una de ellas. Sin embargo, quedaba claro que las tres mayores entidades (Santander, BBVA y Caixa Bank) quedaban al margen del rescate, centrándose éste en las antiguas cajas participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, en mucha menor medida no precisada, en las demás entidades intermedias.

Tras “cantarse” las cifras del rescate, las autoridades europeas comenzaban a concretar sus condicionantes (incluida la cuestión sustancial de si se desvinculará o no del déficit público), trasladando al Gobierno español la necesidad de que su petición formal de rescate llegase a Bruselas con la fecha tope del lunes 25 de junio. Ese ultimátum conllevaría iniciar los trabajos de verificación técnica en esa misma fecha (comienza a trabajar la famosa troika), para poder aprobar la operación de rescate en la reunión del Eurogrupo prevista para el próximo 9 de julio.

Et voilà! El rescate ha llegado. El lobo del ministro Montoro, ese que, según él, nos enseñaba las orejas pero no los colmillos, ha mordido nada menos que en la nervadura del sistema financiero, es decir en la base funcional del país. Ya veremos donde y cuando vuelve a hincarnos el diente.

La pose altiva del presidente del Gobierno al principio de la semana, presumiendo de no recibir la menor presión para solicitar el rescate en cuestión, ahora vale lo mismo que las bromitas lobunas del ministro Montoro: nada de nada, como las acciones de Bankia. A partir de este primer rescate, negado o enmascarado por el Gobierno de forma contumaz, los ciudadanos sensatos tendrán que calibrar si pueden seguir creyendo o no a Mariano Rajoy y a su equipo de ministros; eso sí, sin dejar de pagar de pagar puntualmente los estropicios de nuestra impresentable clase política.

MÁS BASURA: DEL “CASO DÍVAR” AL “CASO SORTU”

Según están las cosas, es decir con la moral política e institucional por los suelos, reconforta leer el artículo de opinión titulado “Reivindicación de la quimera” (“El País” 20/06/2012). Su autor, Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo en excedencia y fiel servidor del Estado de Derecho, se pronuncia sobre el “caso Dívar” con meridiana claridad, evidenciando su más profunda significación.

En esta Newsletter no podríamos sintetizar mejor la esencia del escándalo que en estos últimos días ha terminado de desprestigiar el modelo judicial español, ni su última razón. Por ello, y aun recomendando su lectura íntegra en el periódico de referencia, no nos resistimos a reproducir los tres párrafos con los que Castresana inicia su artículo y los tres con los que lo concluye:

A Carlos Dívar no se le conoce una sentencia memorable; nunca ha publicado una tesis relevante. Después de 20 años como juez en la Audiencia Nacional, nadie podría señalar una operación antiterrorista o antidroga a la que asociar su nombre. Nunca, que se sepa, se comprometió en la lucha contra la corrupción, a pesar de ser el juez decano de los jueces centrales de Instrucción. ¿Cómo pudo llegar a convertirse en el máximo representante de los jueces españoles?

No fue por error, accidente o casualidad, sino como consecuencia de la deliberación y acuerdo de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Luego de probarle siete años como presidente de la Audiencia Nacional, eligieron como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial al juez más discreto que pudieron encontrar. Ya en ese entonces eran proverbiales sus alocuciones barrocas y más bien abstractas, tan llenas de plurales mayestáticos y arrebatos místicos como carentes de crítica o compromiso de clase alguna. No hubo sorpresa, pues. ¿Por qué --cabe preguntarse entonces-- pondrían nuestros gobernantes a velar por la independencia de los jueces al más conformista de todos ellos? La respuesta parece obvia: porque no quieren un poder judicial independiente.

Una democracia no lo es solo por el sufragio, sino principalmente por la legalidad: porque la misma ley es aplicable a todos por igual. Y lo es también por su sistema de contrapesos: cuando alguno de los poderes se excede en sus atribuciones, hay otro que le limita. En un Estado de Derecho, el poder judicial es el órgano de control por excelencia.

(…) De todas las asignaturas pendientes de nuestra transición democrática, quizás la más trascendental sea la de la independencia judicial. En vez de promover siempre a los más capaces para que llegasen como vocales al Consejo General del Poder Judicial y velasen desde allí por la independencia de los jueces, nuestros gobiernos y partidos han elegido demasiadas veces a juristas de prestigio discutible, que se han limitado después a servir los intereses de quienes les habían promovido. Las consecuencias están a la vista.

Carlos Dívar tiene que irse, por supuesto, por esos gastos de viaje que no quiere ni puede justificar. Deben irse también todos los vocales que como él disfrutaron de gastos y ‘semanas caribeñas’, los que han amparado ese proceder incalificable. Que les acompañen igualmente los que hicieron posible la elección de Dívar como presidente del Consejo solo para después utilizarle y gobernar la institución desde detrás. Tienen que irse precisamente por las razones legales, políticas y morales que Dívar dice que no concurren: porque han demostrado su incapacidad para defender los valores constitucionales fundamentales cuya protección tenían confiada.

La igualdad ante la ley y la independencia judicial son posiblemente las grandes quimeras de la democracia, pero son nuestras; y en estos tiempos de zozobra necesitamos más que nunca certidumbres morales.

Y, por si el “caso Dívar” no fuera suficientemente frustrante, el mismo día en el que Castresana advertía sobre la manipulación política del poder judicial, el Tribunal Constitucional dictaba sentencia legalizando a Sortu. Una organización con aspiración de partido político a la que el Tribunal Supremo situó fuera de la ley por considerarla un artificio instrumental de ETA diseñado para remplazar a la ilegalizada Batasuna, la marca política de la banda terrorista.

Al margen del escándalo que supone rectificar una sentencia del Tribunal Supremo, perfectamente motivada y relacionada con el terrorismo más cruel y estúpido que se pueda dar en un Estado democrático, sobre todo en los términos técnico-jurídicos en los que se ha rectificado, el fallo del Tribunal Constitucional se muestra no sólo cuestionable, sino también oportunista e incluso poco ético por la interinidad de sus titulares. De hecho, después de tener el caso congelado sine die, la sentencia se ha producido apenas una semana antes de que concluya el plazo que se dieron Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba para la renovación formal de la institución, que concluye el próximo 29 de junio.

La renovación del Tribunal Constitucional conllevará una mayor proporción de magistrados conservadores que progresistas y, dada su dependencia partidista, es evidente que las sentencias de mayor contenido político variarán perfectamente el sentido de sus fallos de acuerdo con esa mayoría. La cuestión de fondo es si ha habido o no acuerdo secreto entre los altos mandatarios del PP y del PSOE para que esa sentencia sobre Sortu se dictase en el tiempo y en la forma del caso.

En realidad, y por más que quiera disimular el partido conservador que lidera Mariano Rajoy, actualmente en el poder, PP y PSOE caminan juntos en la hoja de ruta marcada por ETA para cumplir sus objetivos políticos de mayor alcance estratégico. Esta connivencia absurda de los dos partidos mayoritarios, que ha convertido la derrota policial de ETA en su victoria política definitiva, se produce por su confusión política y electoral en el escenario vasco, derivada por los socialistas hacia el liderazgo posibilista de la oposición y por los conservadores solo a superar el estigma de su histórico y exacerbado anti-vasquismo.

Al final gana ETA, que, con la ayuda pasiva o activa de unos y otros, consigue dos objetivos básicos: asentarse fuertemente en todas las instituciones políticas vascas, con todas sus consecuencias, y mantener una presencia suficiente en las Cortes Generales (Senado y Congreso de los Diputados) como caja de resonancia de su objetivo independista y para desprestigiar la política española y su sistema institucional, más de lo que están.

Eso es lo que hay. Y por ello, sorprende sobremanera, aunque quizás no tanto a los observadores más perspicaces, que personalidades relevantes del PP conocedoras de la “pomada” gubernamental, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hayan mostrado su hipócrita indignación con la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque si ésta ha llegado a buen término ha sido, sobre todo, gracias a la medida pasividad de Mariano Rajoy para no renovar la institución, cuyos servicios a quienes en su momento impusieron la actual mayoría ideológica son obligados.

La legalización de Sortu constituye un nuevo capítulo oscuro en la controvertida historia del Tribunal Constitucional, verdaderamente ignominioso para las víctimas del terrorismo, que, además, suma y sigue en el desprestigio público de la institución. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, bien representativa de un significado sector de la sociedad española, ha menospreciado públicamente el comportamiento del Tribunal Constitucional, pidiendo su desaparición y que sus funciones sean desempeñadas por una Sala específica del Tribunal Supremo.

La propuesta de Aguirre, criticada como debe ser por los beneficiarios de la sentencia en cuestión, sus acólitos y algún analista acomodado en lo “políticamente correcto”, da verdadera medida del hartazgo y la desafección ciudadana sobre los mangoneos político-institucionales. El presidente Rajoy advertía hace unos días a su ministro de Economía y Competitividad que “España no es Uganda”, pero la sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu se parece mucho a la justicia tribal y caciquil africana. Así no va y así nos irá.