Un cotizado tertuliano cubano de la telebasura española, vividor donde los haya y con un desajustado horario vital, hizo famoso el latiguillo de “la noche me confunde” para justificar su alocada existencia. El chascarrillo tuvo cierta acogida popular, llevando a que algunos usaran adaptaciones del mismo ante circunstancias personales socialmente reprobables y difíciles de explicar o entender.

Y a tenor de cómo se ha desenvuelto la vida pública desde el nacimiento de aquella expresión, también cabría decir que a los políticos españoles de hoy en día ‘el poder les confunde’. Aunque en realidad tengamos dudas sobre si lo que sucede es que, sin llegar ellos mismos a estar verdaderamente tan confundidos, sólo traten de confundir a los demás.

Si nos centramos en la definición esencial de ‘confusión’ en el Diccionario de la RAE, sin profundizar en las interpretaciones más propias del campo de la psicología o el derecho, e incluso en el de la economía y la estadística, el término, que proviene del latín confusio –onis, responde a la acción y efecto de confundir. Es decir, de mezclar o fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse y, por extensión, de despistar o de perturbar la realidad…

Así, frente a los antónimos de confusión (orden, acierto, serenidad…), existe una gran profusión de sinónimos del mismo concepto (desorden, enredo, lío, follón, embrollo, barullo, revoltijo, batiburrillo…) radicalmente presentes en la política cotidiana del momento. En su percepción pública faltan, desde luego, claridad, orden y concierto, debido a la mezcla de cosas y conceptos difíciles de distinguir entre sí, llevando por tanto a los ciudadanos al error de tomar unas cosas por otras y, en última instancia, a una situación de incertidumbre que condiciona su autoestima y frustra sus proyectos de vida.

Un fenómeno que sorprende profundamente habida cuenta de que vivimos en un sistema democrático y muy evolucionado en lo social y cultural, en relación con las oscuras épocas del pasado en las que España se encontraba dominada por el caciquismo y las oligarquías sociales y económicas.

Aunque tal ejercicio de desorden interesado ya fuera advertido de forma bien ilustrativa por Josseph Penso de la Vega (1650-1692) en su ‘Confusión de confusiones’, obra editada por primera vez en 1688 en la ciudad de Amsterdam y considerada el primer tratado del mundo sobre la Bolsa de Valores a pesar de estar escrita en tono de sátira. El autor, reconocido escritor y comerciante judeo-español, la presentó editorialmente como “diálogos curiosos entre un philosopho agudo, un mercader discreto, y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su ethimologia, su realidad, su juego, y su enredo”.

A través de sus irónicos diálogos, describió las operaciones más corrientes en el mundo de los negocios, la bolsa y la banca de la época, incidiendo justo en la confusión formal y conceptual que presidía los tratos con valores y acciones, las comparaciones raras, las complicaciones y los juegos de palabras que, lógicamente, dejarían perplejos a los no iniciados. Y aún hoy son tan vigentes que cuando la FESE (Federación Europea de Mercados de Valores) instituyó en el año 2000 un reconocimiento para los trabajos de investigación sobre mercados financieros, lo denominó justamente ‘Premio Josseph de la Vega’.

Aunque, retrotraídos a nuestra época y muy próximo a la vida cotidiana, también tenemos el ejemplo del mundialmente conocido ‘jamón ibérico’, que a fuerza de maquinadas confusiones sobre sus calidades soporta una auténtica estafa alimentaria. Los consumidores tienen difícil poder distinguir entre las cuatro fórmulas de calidad: cebo, cebo de campo, recebo y de bellota (eso sin contemplar sus múltiples denominaciones de origen y marcas comerciales engañosas y al margen de los jamones de cerdo blanco, también llamados ‘serranos’). En definitiva, un embrollo para confundir al consumidor y dejarle a merced de la especulación comercial…

LA CORONA Y LAS FAS INMERSAS EN LA CONFUSIÓN

En el ejercicio de la acción política, las prácticas de la confusión se iniciaron de forma inmediata a la proclamación de la Carta Magna en 1978. Entonces, su desarrollo normativo fue generando leyes que malinterpretaban el texto y el espíritu constitucional en base a técnicas de enredo y retorcimiento, que han terminado distanciando sensiblemente la realidad legal y política resultante en relación con la idea original que la ciudadanía había asumido sobre la Norma Suprema del ordenamiento jurídico.

Por poner algún ejemplo, es evidente que valores superiores recogidos en la Constitución, como la justicia y la igualdad, o incluso el pluralismo político y la separación de los poderes del Estado, quedan francamente desdibujados en su aplicación práctica. Pero es que la propia adopción del Estado de las Autonomías (que es un Estado Federal aunque no se le quisiera llamar así), reconvirtiendo para ello un Estado unitario previo, ya fue cosa confusa más que curiosa, al igual que denominarlo ‘Reino de España’ en lugar de ‘Reino de las Autonomías’ y, por supuesto, el formularlo políticamente en paralelo como una ‘Monarquía parlamentaria’.

Con este confusionismo original, poco ha de extrañar que la Jefatura del Estado, recaída constitucionalmente en la figura del Rey, sea como tal la más vaciada del mundo, sin competencias políticas fundamentales, y casi una simple institución ‘ornamental’. Y que, con objeto de enmascarar tan extraña situación, los constituyentes incluyeran entre ellas, también de forma poco clara, la de que ostentase el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas, que según conviene en cada momento queda en mero ‘símbolo’ protocolario (¿para qué?) o en ‘mando efectivo’, como sucedió durante la intentona golpista del 23-F.

Pero ni la Casa del Rey ni los poderes del Estado han mostrado jamás el menor interés por aclarar este confuso embrollo; hasta el punto de que desde 1978 el desarrollo legal del Título II de la Constitución (dedicado a la Corona) sigue inédito. Una situación de inconcebible desorden que, cuando el deterioro público de la institución monárquica lo ha hecho conveniente, también permite, por ejemplo, que la Familia Real haya pasado sin mayores razones a disociarse en ‘la familia del Rey’ por un lado y, por otro, en el llamado ‘núcleo central’ de esa misma familia…

Y estas prácticas de enredos interesados, que en democracia podríamos tildar de pura manipulación y hasta de oscurantismo político, han llegado a aplicarse sobre conceptos tan serios y trascendentes como los de ‘guerra’ y ‘paz’. La guerra, que es un hecho real, poco confuso y demasiado presente en el mundo, citado de forma obligada en la propia Constitución, ha llegado a desaparecer como por ensalmo nada más y nada menos que de la Ley de la Defensa Nacional (LO 5/2005), de forma que las operaciones de guerra ahora han pasado a denominarse para el “mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria”, que, como es natural, pueden conllevar algún tipo de “respuesta a la agresión”.

Lo que sucede es que, bajo ese absurdo supuesto de terminología nueva y confusa, los militares españoles han muerto por centenares, no en misiones de paz ni en otras cantinelas políticas, sino en las guerras crudas y duras de Irak, Afganistán, Líbano… Sabiendo que iban a ellas en un cumplimiento fiel de servicio a España, y no a otra extraña cosa desmerecedora de tan noble entrega.

En la Defensa Nacional ya no existe el término clásico de ‘dirección de la guerra’ atribuida al Presidente del Gobierno, sino una confundida “dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza” (artículo 6.1 de la LO 5/2005). Aunque, claro está, en su acepción original el término ‘estrategia’ se refiera al arte de concebir, preparar y dirigir acciones militares en gran escala (por analogía se entiende también como el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para alcanzar un objetivo).

Este significado original de ‘estrategia’ ordenado esencialmente a la realidad de la guerra, se identifica de forma extensiva, y por lo general aceptada, al arte de coordinar la acción de las fuerzas militares, políticas, diplomáticas, económicas y psicológicas, implicadas en la conducción de un conflicto bélico o en la programación de la defensa de una nación, de una coalición o de un bloque de naciones. Pero ello no impide distinguir que en la adopción y puesta en práctica de una estrategia de tal naturaleza y magnitud, intervienen de forma conjunta el poder político y el mando militar, con responsabilidades estratégicas subordinadas y situadas, como es lógico, en diferentes planos.

Por encima de la estrategia militar (el arte del empleo de las batallas con la finalidad de alcanzar el “objetivo de la guerra”, en el sentido sobrepasado que le otorgaba Clausewitz), el objetivo político perseguido por un Estado o por varios aliados mediante la guerra, se traduce en una estrategia para la reducción, material y moral, del adversario. Lo que quiere decir, en otras palabras, que las campañas y las batallas concretas deben ser ordenadas y dirigidas a través de la estrategia militar de acuerdo con una idea política elaborada e implementada por una ‘dirección de la guerra’ para alcanzar, precisamente, unos ‘objetivos de guerra’.

Porque una cosa es concebir y dirigir las operaciones militares (estrategia militar o estrategia operativa), y otra muy distinta la dirección de la guerra (la gran estrategia), que incorpora otros muchos factores no militares. En consecuencia, al Presidente del Gobierno le debe corresponder la función superior de la dirección o conducción general de la guerra, con todos los planteamientos estratégicos inherentes, mientras que la responsabilidad de elaborar y conducir la estrategia militar, o la estrategia específica de las operaciones militares, tendrá que recaer sin mayor distorsión ni invasiones competenciales, en el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), como se recoge en el artículo 12.3 de la LO 5/2005.

Es más, hoy el campo de la acción estratégica ya no se circunscribe a la guerra, o sólo a ella. En tiempo de paz, las naciones también disponen de planes estratégicos, en consonancia con la política de defensa y la política militar que hayan fijado sus gobiernos.

En España, el Plan Estratégico Conjunto (PEC), así denominado por afectar a todas las Fuerzas Armadas y recursos militares, es elaborado y puesto a disposición del Gobierno por el alto mando militar, que luego, y una vez autorizado, tiene la responsabilidad de ponerlo en práctica. En ese mismo nivel, es en el que los objetivos políticos decididos por el poder ejecutivo se transforman también en objetivos estratégicos, posteriormente trasladados a los mandos operacionales por medio de una directiva estratégica emitida por el JEMAD. Así se comprende mejor la relación convencional entre la política y la estrategia militar, sin más confusiones ni enredos semánticos o terminológicos.

Pero, más allá de sus indiscutibles responsabilidades políticas, y contándose por supuesto entre ellas la de dirigir o conducir la guerra, ¿es que acaso el Presidente del Gobierno va a dirigir también la estrategia militar, en sentido estricto, sin tener los conocimientos y los recursos necesarios para ello…? Esa invasión de competencias técnicas o profesionales no se da en ninguna otra faceta de la gobernación del Estado y, salvando la distancia de la analogía, equivaldría a que, por ejemplo, la estrategia quirúrgica sobre un paciente determinado fuera decidida por el director del centro asistencial en el que se le opera, o por el propio Ministro de Sanidad, en lugar de ser una responsabilidad del cirujano o, a lo sumo, del jefe de su departamento hospitalario.

No se olvide, pues, que una cosa es la ‘guerra’ en su conjunto y otra las ‘operaciones militares’, que como elementos esenciales de ella conforman un nivel técnico de actuación estrictamente profesional. Aunque también debe advertirse que las ‘operaciones militares’ existen como tales sin necesidad de adscribirlas al uso de la fuerza, desde el momento que las unidades asumen cualquier tipo de misión, incluidas las logísticas, las de observación e interposición y las que realmente sean de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.

CUANDO LA CONFUSIÓN ENCUBRE LA MANIPULACIÓN

Y estas precisiones, cuyo objeto es evidenciar cómo la confusión política ha llegado a invadir incluso instituciones tan señeras y tradicionales como la monárquica y la militar, alcanzan todo su significado cuando se relacionan con los usos y necesidades de la vida cotidiana, dejando entonces en mayor evidencia la acción manipuladora de los gobiernos. Una cuestión que hoy tiene su mejor referencia en el sector de la energía eléctrica.

En él, los consumidores jamás han llegado a comprender con suficiente claridad el sistema de contratación; el precio de la energía consumida; la afección del llamado ‘déficit tarifario’ y sus razones; el concepto de ‘peaje’ y, en realidad, todo lo referido al recibo de la luz y a su facturación. Algo muy similar a lo que sucede con el gas, la telefonía o los transportes públicos. Y no digamos con el consumo de la gasolina o del agua, cuyos precios suben en razón de una mayor demanda para no bajar cuando ésta se reduce o aumenta la oferta.

Y, siguiendo en esta madeja de enredos políticos, ¿alguien ha explicado con un mínimo de claridad la justificación del modelo policial ‘asimétrico’, gracias al cual en un mismo lugar coexisten la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Autonómica y la Policía Municipal, apoyadas además con el sistema de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias…? Porque ésta es otra situación más de grave confusión formal y conceptual que traspasa las comunidades llamadas ‘históricas’ de Cataluña, Navarra y el País Vasco, para, de momento, situarse ya en Aragón y Canarias, sin considerar el papel parapolicial asignado a los ‘seguratas’ de todo el territorio nacional en la nueva Ley de Seguridad Privada que promueve el gobierno de Rajoy…

Pero, ¿qué decir también del tan traído y llevado Concordato con la Santa Sede y de las filias y fobias religiosas que perviven en un Estado que se ha declarado aconfesional y que en su Carta Magna tiene establecidas con toda claridad la libertad religiosa y de culto…? ¿Y cómo entender entonces las injerencias de la Iglesia Católica en la política nacional (ahí está, sin ir más lejos, la polémica generada por la asignatura de religión en el sistema educativo público), aun teniendo presente su prevalencia en la tradición histórica…?

De otra parte, ¿es que la confusión que produce en la ciudadanía el referirse de forma optativa a la población activa, la ocupada o la parada, cuando entre sí conforman una realidad inseparable, no constituye un intento de manipulación al presentarse sólo la parte más conveniente en cada momento…? ¿Y es que acaso el sistema de medición del IPC no se modifica puntualmente sólo con la intención de maquillar su evolución…?

¿En qué queda el principio constitucional de igualdad ante la justicia con una ley sobre reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto vigente desde 1870 (modificada de forma somera en 1988), una Fiscalía General del Estado directamente dependiente del Ejecutivo, un órgano de gobierno del poder judicial asaltado por las cuotas partidistas y una ley de tasas a todas luces reputada de inconstitucional…?

Y, si el castellano es la lengua española oficial del Estado, estableciendo la Constitución que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, ¿a qué vienen, sino a confundir la realidad, la pasividad judicial y gubernamental frente al desacato que por parte de la Generalitat supone incumplir las sentencias firmes del Tribunal Supremo que prohíben la inmersión lingüística con el catalán como única lengua vehicular…?

¿A efectos de qué extraña confusión se viene a perseguir sañudamente los cigarros electrónicos, después de haber aceptado el Gobierno hacer un agujero a la Ley Antitabaco de 2011 sólo para satisfacer las exigencias del fallido proyecto ‘Eurovegas’…?

Podríamos seguir poniendo innumerables ejemplos de cómo los desarrollos legislativos han sido una perfecta muestra de confusión política, vinculada casi siempre a intereses ilegítimos o bastardos. Desde la manipulación del principio constitucional de proporcionalidad en la resolución de los procesos electorales, para convertirlo en otro ‘aproporcional’ sin más objeto que el de primar a los partidos mayoritarios a costa de los minoritarios, hasta poner en marcha reformas socialmente regresivas -como la del aborto- sin más razón que la de haberlas incluido en un programa electoral prácticamente incumplido al 99 por 100.

Pero para señalar con sutileza la maldad que supone el ejercicio de la confusión también en el ámbito de la política, baste reproducir las palabras con las que Josseph de la Vega iniciaba sus diálogos en ‘Confusión de confusiones’ (sic):

Filósofo: ¿Y qué negocio es éste que, aunque he oído hablar muchas veces de él, ni lo entiendo, ni me he aplicado a entenderlo, ni he hallado ningún libro que hable en él para que se entienda?

Accionista: Bien digo yo que no sabéis nada, oh Barbón [barbudo] amigo, pues no tenéis conocimiento de un negocio enigmático, que es el más real y el más falso que tiene la Europa, el más noble y el más infame que conoce el mundo, el más fino y el más grosero que ejercita el orbe: mapa de ciencias y epítome de enredos; piedra de toque de los atentos y piedra de túmulo de los atrevidos; tesoro de utilidades e incentivo de despeños; y, finalmente, un retrato de Sísifo que jamás descansa, y un símbolo de Ixión que siempre anda en un rueda viva.

Filósofo: ¿No os merecerá mi curiosidad un breve epílogo de este embuste, y una compendiosa declaración de este enigma?

Mercader: También yo os lo suplico, porque andan tan cansadas las comisiones, las cargazones y los giros, que quisiera aplicarme a este nuevo empleo, por ver si puedo aquistar una fotruna y salir, a costa de riesgo, de tantos afanes.

Accionista: Lo mejor y más gracioso de todo es que, sin riesgo, podéis ser rico, y sin exponer el caudal a tempestades, correspondientes [correspondencia], desembolsos, almacenes, portes, cajeros, quiebras y otros accidentes impensados, estáis a pique de alcanzar la opulencia, mudando sólo el nombre en los desaciertos: conque si los hebreos, en padeciendo enfermedades peligrosas, mudan el nombre para conseguir la mejoría, basta al accionista que reconoce que está mal, mudar el nombre para librarse de todos los peligros que lo amenazan, y de todos los sustos que los inquietan…

Y es que las confusiones, entendidas con la ironía de Josseph de la Vega, no dejan de ser verdades a medias o medias verdades, que, al igual que sucede con las verdades fuera de contexto, pueden tener efectos más poderosos que las mentiras, ya que pueden convencer más fácilmente al receptor del mensaje gracias a la pequeña parte de verdad aportada.

Como ha señalado David Welch, profesor de Historia Moderna y director del Centro para el Estudio de la Propaganda de la Universidad de Kent, Canterbury (UK), los nazis, y en especial el que fue ministro de propaganda de la Alemania nacionalsocialista y figura clave en el régimen hitleriano, Paul Joseph Goebbels, emplearon decisivamente en sus campañas políticas tanto la mentira directa como la media verdad y la verdad fuera de contexto (‘Nazi Propaganda: The Power and the Limitations’, Croom Helm Limited, 1983).

Pero algunas formas de verdades a medias, o declaraciones engañosas que incluyen algún elemento de verdad, también son una parte inseparable de la política en las democracias representativas. Todos sabemos que en un sistema verdaderamente democrático la reputación de un candidato político puede sufrir daños irreparables si se le imputa una mentira (en España parece que menos), por lo que el lenguaje político ha evolucionado hacia un estilo complejo con objeto de minimizar la posibilidad de que esto ocurra.

Si alguien no ha dicho algo, no puede ser acusado de la mentira nonata y, como consecuencia, en política los ciudadanos sólo esperan verdades a medias o medias verdades, con declaraciones que rara vez son aceptadas como ciertas en su totalidad. Pero claro está que también hay gobiernos democráticos o que parecen serlo, como el presidido por Mariano Rajoy, firmemente asentados en el terreno más ominoso de la política mentirosa.

EL GOBIERNO DE LA POLÍTICA MENTIROSA

En varias Newsletters anteriores hemos reflexionado sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno. Y en todas ellas hemos sostenido que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor político reconocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitirá actuar con razón y no contra ella; mientras que de otra forma caen en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Este es un razonamiento muy sencillo, aunque puede parecer difícil de sustanciar porque conocer y asumir la realidad objetiva no es tarea fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra distinta, o completamente distinta, y que, por consiguiente, la primera no es sino una ‘apariencia’.

No obstante, la política se sitúa básicamente en el plano de la praxis y no en el de la especulación teórica, por lo que el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igual de práctico, y no filosófico. Y es en ese ejercicio donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural, y ante ella, esgrimir el poder y la precisión de sus pensamientos para convertirlos en acción política.

Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte se cae en el error y, por tanto, en el mal gobierno. El gobierno de la razón, que es el gobierno justo, se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

El analista avezado podrá, entonces, ponderar hasta qué punto el ejercicio de la confusión y las medias verdades inspiran a la España de la política mentirosa y en particular al gobierno de Rajoy. Porque lo incuestionable es que, con pocas excepciones, las instituciones que representan al Estado se mueven generalmente en un ejercicio permanente de la mentira, más o menos sutil y por tanto visible a retazos.

Mariano Rajoy no tiene -ni mucho menos- el copyright ni la exclusiva de la mentira política, pero la practica plenamente y la lleva a niveles grotescos, como hemos dicho en otras ocasiones. No hablamos de sus interpretaciones sesgadas de la realidad, ni de sus versiones interesadas de los hechos más evidentes, y ni siquiera de los silencios mentirosos que quizás tengan por objeto procurar un bien antes que un mal, que también, sino que hablamos directamente de la pura y dura mentira: la expresión o la manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa.

Rajoy y su Gobierno en pleno, mienten plenamente, con la mentira falsaria que engendra otras innumerables mentiras y con la mentira diabólica que hizo proclamar al romántico Lord Byron: “La mentira es precisamente la forma del demonio. Satanás tiene dos nombres: se llama Satanás y se llama Mentira”. Pertenecen a la clase de mentirosos universales que, con sus embustes, siempre han dado lugar a todos los delitos que se comenten en el mundo: son la clase de políticos que, como decía Palmerston de Napoleón III, “mienten hasta cuando no dicen nada”…

Mienten cuando reinterpretan las demoledoras cifras del paro oficial, que sigue en alza sistémica descontando incluso los trabajadores que se han visto obligados a emigrar o a auto excluirse del mercado laboral. Mienten al alardear de un mínimo aumento de cotizantes a la Seguridad Social, sin explicar que se trata de trabajos temporales y sin reconocer la precariedad y hasta la inviabilidad general del sistema de prestaciones sociales. Mienten cuando afirman que las pensiones suben o mantienen su poder adquisitivo. Mienten cuando reestructuran la medición del IPC para exhibir una falsa contención del mismo…

Mienten cuando aseguran que el rescate del sistema bancario no computa como deuda pública y que no supone gasto alguno para los contribuyentes. Mienten cuando afirman que vuelve a fluir el crédito bancario, que sólo alcanza en realidad a financiar a los amigos del poder y a refinanciar las emisiones de la deuda del Estado con beneficios muy fáciles y jugosos para sus accionistas a costa de los contribuyentes. Mienten cuando presentan como un logro político que la prima de riesgo de la deuda pública se sitúe por debajo de los 250 puntos, porque aún sigue siendo un parámetro insostenible que la lleva de forma galopante a superar el 100% del PIB…

Mienten cuando dicen que su política económica favorece el crecimiento de las exportaciones y el equilibrio de la balanza comercial, porque eso sólo es posible gracias a la renuncia obligada de cualquier beneficio empresarial y a causas exógenas y de coyuntura o evolución de otros mercados exteriores; o cuando aseguran una mejora en la competitividad del sistema productivo español a nivel mundial (no a la simple cotización del euro). Mienten cuando niegan la existencia de una economía sumergida muy superior al 25% del PIB, y en consecuencia dejan que siga creciendo hasta niveles de imposible reconducción. Mienten cuando en cada nuevo ejercicio de previsión vuelven a posponer otra vez la recuperación económica asegurada previamente…

Mienten cuando venden a la opinión pública un programa de reformas profundas de la Administración, en realidad inexistente. Mienten cuando aseguran que no aprobaran más reformas antisociales. Mienten cuando enmascaran el negocio interesado de las privatizaciones de la gestión pública con una falsa mejora del sistema y con una bajada de los costos de explotación. Mienten cuando anuncian un mayor flujo de capital extranjero como un aumento de las inversiones, porque en esencia no son tales, sino adquisiciones especulativas en un mercado inmobiliario en rebajas que ha sido previamente arruinado para ello…

Mienten cuando quieren convencer a la ciudadanía de que sus apoyos a las grandes empresas constructoras y de servicios que operan en el exterior, por ejemplo, tienen incidencia en la creación de empleo nacional, porque no la tiene y porque solo sirve para hacer más ricos a sus accionistas y más pobres a los que esas mismas empresas han dejado sin trabajo en España. Mienten cuando dicen apoyar a las pequeñas empresas, a los trabajadores autónomos o a los jóvenes emprendedores para que puedan coadyuvar así a la creación de empleo, porque su ayuda es absolutamente nimia. Mienten gravemente cuando aseguran velar por una administración de justicia independiente, gratuita e igual para todos los ciudadanos, conforme a los principios de la Constitución. Mienten cuando sostienen sin sonrojo alguno la independencia de la Fiscalía General del Estado, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional...

Mienten cuando propugnan una España solidaria al tiempo que fomentan la España asimétrica y separatista, de los ciudadanos desiguales. Mienten al proclamarse demócratas absolutos mientras conservan el privilegio electoral de los partidos mayoritarios frente al justo derecho de las minorías. Mienten al ocultar la inconstitucionalidad de la vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, franquista, que ampara la sistemática conculcación de derechos fundamentales. Mienten cuando celebran la victoria política del Estado de Derecho sobre ETA, porque ha sucedido justamente todo lo contrario. Mienten cuando dicen solidarizarse con las víctimas del terrorismo etarra, porque las ofenden siempre que hay ocasión. Mienten cuando aseguran tener la obligación de cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que debería ser así), porque jamás han cumplido las que no les ha convenido cumplir… Mienten, mienten y mienten, agarrados a uno de los más innobles refranes de la España rufianesca: “Mentira bien inventada, vale mucho y cuesta nada”.

Y mienten, por supuesto, cuando hablan de brotes verdes inexistentes en la resolución de la crisis económica y de puntos de inflexión, que a lo sumo son estadios iniciales de estancamiento combinados con deflación o inflación (que no se sabe que puede ser peor); o cuando aseguran que 2014 será el “año de la recuperación económica” (quizás de los ricos), porque la pobreza seguirá creciendo al igual que el poder adquisitivo de las pensiones seguirá decreciendo. Mienten cuando prometen una inminente rebaja de impuestos, porque la presión fiscal general, incluyendo el grosero aumento de las tasas públicas, seguirá siendo el mismo o superior. Y vuelven a mentir, en fin, cuando van más allá de afirmar que las cosas ya no irán a peor y pregonan que “España va bien”, porque va a seguir yendo francamente mal. Todo ello alentado, de forma activa o pasiva, por unos medios de comunicación social subordinados en su supervivencia a los favores del Gobierno y sus aliados: la banca y los grandes grupos económicos…

Pero aun así, y después de tanta mentira gubernamental consentida y hasta aplaudida por algunos medios de comunicación, Ricardo Martínez Rico, un hombre muy próximo al ínclito ministro Montoro, no ha dudado en apoyar la cándida versión gubernamental sobre la buena marcha económica con un extenso y triunfal artículo, de corte imperial, titulado ‘Tras pasar el Rubicón, volvemos a crecer’ (El Mundo 27/12/2013). La afinidad gubernamental del autor queda de manifiesto en ¿Hay Derecho?, blog dirigido por Elisa de la Nuez (leer http://hayderecho.com/2012/09/16/el-negocio-del-conflicto-de-intereses-en-espana/)

En el artículo, escrito con un lenguaje condicional y plagado de expresiones ambiguas y datos cogidos por los pelos para tratar de encubrir la verdadera situación en la que continúa sumergida la economía, se incluyen párrafos tan banales y contradictorios como estos:

(…) España ha dejado de ser foco de las preocupaciones mundiales gracias a que ya existe un relato de éxito de salida de la recesión, cuyo elemento central es la relación causa-efecto entre las reformas llevadas a cabo y los positivos resultados que se van acumulando. Estas bases sólidas hacen que nadie apueste ahora por un escenario de evolución de nuestra economía en forma de triple uve.

De hecho, los datos macroeconómicos hablan por sí solos. La evolución trimestral del PIB indica que estamos de nuevo en tasas de crecimiento positivas, 0,1% en el tercer trimestre y en torno al 0,2% durante este último trimestre del año. Ello sucede en un contexto de estabilidad de precios. Se confirma también el superávit de la balanza por cuenta corriente, que ha pasado de un déficit del 10% del PIB en 2008 a un superávit cercano al 0,3% del PIB hasta septiembre.

(…) Si entre 2011 y 2012 salió de España inversión extranjera directa y de capital por más de 80.000 millones de euros, durante los primeros nueve meses del año se registró una llegada neta superior a 20.000 millones. Ahora, para reducir su endeudamiento, las empresas españolas no sólo son ya capaces de vender activos fuera, sino también dentro. Al mismo tiempo, el cambio del rating de la deuda, por lo pronto de negativo a neutral, tendrá efectos positivos adicionales en la inversión extranjera.

(…) También numerosos indicadores microeconómicos apuntan en esta misma dirección. Son de particular interés aquellos asociados al consumo que dejan entrever que algunas mejoras están llegando ya a parte de la sociedad. Así, tras 38 meses de descensos interanuales consecutivos, en septiembre aumentaron las ventas del comercio al por menor un 2,2% en términos interanuales. Lo hicieron asimismo las ventas de coches, que han crecido en los 11 primeros meses del año el 2,1%, tras tres años de descensos. Por otro lado, en el mercado de la vivienda comienzan a estabilizarse los precios en algunos segmentos y existe un cierto repunte de la demanda inmobiliaria en algunas ciudades y parte de la costa. Por último, en la evolución cualitativa, se advierte la recuperación de la confianza en el repunte de los indicadores del consumidor.

(…) La ganancia de credibilidad en la política económica deriva del éxito en la consolidación, y la confianza de los agentes económicos en el futuro estimulan fundamentalmente el ahorro, la inversión, la atracción de capital y unos tipos de interés más reducidos. Las distintas fases del plan de pago a proveedores han jugado un papel muy relevante. Primero, por el efecto que tiene el abono de facturas pendientes de pago por más de 41.800 millones de euros -de los cuales 13.500 millones en la tercera y última fase que se ha puesto recientemente en marcha-, y la mejora de los flujos financieros de CCAA y corporaciones locales. En segundo lugar, por la credibilidad que ha generado el no haber dejado caer a ninguna de las CCAA y garantizar a todas el acceso a la financiación, al mismo tiempo que se imponía un marco de estricto control de las cuentas y una fuerte condicionalidad.

(…) En 2014 esperamos que España alcance una tasa de crecimiento del PIB cercana al 1%, que podría situarse por encima de la unidad a finales de año, gracias a que no sólo el sector exterior será el que empuje, sino que a ello sumarán, o por lo menos no restarán como hasta ahora, el consumo y la inversión. Este crecimiento, mayor que el previsto por los principales organismos internacionales, estará muy relacionado con la capacidad de creación de empleo, que podrá producirse incluso con tasas muy bajas de crecimiento, aunque suficientes para que se retroalimenten positivamente con las de empleo.

(…) Cuanto más robusta sea la situación de la economía doméstica y más potente sea su base industrial, mayor será la competitividad internacional de las compañías españolas. Mientras tanto, el capital mundial vuelve a fijarse en la seguridad de la vieja Europa. España tiene que ser capaz de atraer esos capitales, como ha empezado ya a hacer. En todo ello, a diferencia de cuando Julio César cruzó el Rubicón, y aunque la situación de la economía española haya cambiado mucho en los últimos meses, la suerte no está todavía echada…

Un nuevo ejercicio de confusión, en el que las medias verdades sirven a la propaganda del Gobierno en el mejor estilo goebbeliano. Y que contradice de cabo a rabo lo previsto y manifestado públicamente el pasado 5 de noviembre por Olli Rehn, actual comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, poniendo el dedo en la llaga de la política mentirosa, además de inoperante, del Gobierno de Rajoy. Un aviso en toda regla que Claudi López, corresponsal de El País en Bruselas, desmenuzaba en una reveladora crónica de esa misma fecha titulada ‘Rehn: España necesita reformas con urgencia (Bruselas rebaja la previsión de crecimiento para 2014 al 0,5%)’ ya recogida en otra Newsletter:

Después de tres años en los que se han sucedido dos reformas financieras, una reforma de pensiones, dos reformas laborales y en medio de una dolorosa devaluación interna para purgar la década de excesos anteriores, “España e Italia son los dos países donde más urgentes son las reformas económicas”. Bruselas quiere seguir con los ajustes: el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha presentado este martes las previsiones de otoño con ese mensaje político, mucho menos complaciente de lo que esperaba el Gobierno, y con una nueva ronda de datos que vienen a enfriar el optimismo de Madrid.

El PIB caerá el 1,3% este año, algo mejor de lo que vaticinaba Bruselas hasta ahora, pero lo esencial es que la recuperación será aún más pálida de lo que parecía: la economía crecerá apenas un 0,5% en 2014.

Y lo más importante: la tasa de paro no bajará del 25% al menos hasta 2016.

Queda todavía un largo ajuste por delante. Recortes y reformas adicionales que funcionan, al menos a corto plazo, como una camisa de fuerza para la tan ansiada recuperación, que se adivina vidriosa, de trazo vacilante. Pese a que Rehn ha rehusado concretar si pedirá más ajustes en los países que han obtenido plazos más holgados para cumplir el déficit (España, pero también Francia y Holanda), en el caso español sí indicó por dónde van los tiros: “El intolerable y altísimo nivel del paro exige medidas muy contundentes, especialmente con los jóvenes”.

“Lo que se necesita es una combinación de un crecimiento más alto a medio plazo, que en el caso de España requiere reformas económicas de largo alcance para apoyar la evolución hacia un nuevo modelo más sostenible tras la burbuja inmobiliaria, y un mercado de trabajo que funcione bien”, ha afirmado. A juzgar por esas opiniones, la reforma laboral socialista y la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy no parecen suficientes, pese a los primeros indicios de estabilización del mercado laboral. “El paro ha sido menor del que hubiera existido sin las reformas”, ha dicho Rehn, “pero es importante que España mantenga el pulso de las reformas”.

El Gobierno está pendiente de la evaluación de la OCDE (el think tank de los países ricos) sobre la reforma laboral para acometer lo que fuentes del Ejecutivo califican como un “ajuste fino” del que aún se sabe poco. Pero las previsiones para España señalan una tendencia muy marcada: el empleo volverá a caer, por quinto año consecutivo, hasta el 0,7% en 2014; esa cifra prácticamente tumba los augurios del Gobierno, que esperaba creación neta de puestos de trabajo en los trimestres finales del año próximo. Además, los costes laborales caerán este año, el próximo y el siguiente: la devaluación interna sigue su curso, en busca de la competitividad perdida. “La flexibilidad salarial es excelente para la competitividad exterior, pero supone un freno a la demanda interna. Con la tendencia actual se hace difícil pensar que la economía española pueda dejar atrás tasas de paro socialmente insoportables al menos durante una década”, apuntan fuentes comunitarias.

Las condiciones financieras de la economía española han mejorado, pero el crédito sigue cayendo. El estado de salud de la banca, inmersa en un proceso de desendeudamiento y recapitalización, es algo más positivo, pero eso no va a revertir la tendencia del crédito en el corto plazo. Hay indicios más favorables: la demanda interna “se estabiliza lentamente”, según Bruselas; las exportaciones se mantienen fuertes; la inversión extranjera ha dado alguna sonora campanada y, en general, el clima económico mejora a ojos vista. Y aun así Bruselas muestra una cautela notable.

Esa prudencia obedece a dos razones fundamentales. Uno: pese a la moderación salarial y a la mejora de productividad, el paro va a seguir siendo elevado durante mucho tiempo, con los consiguientes efectos secundarios a lo largo y ancho de la economía. “El desempleo caerá gradualmente en el horizonte de estas previsiones”, dice el informe: tan gradualmente que para 2015 la tasa de paro será del 25,3%. El otro factor de preocupación es el déficit: la austeridad va a continuar, aunque sea a ritmos más moderados, pero para alcanzar los objetivos no va a ser posible olvidarse de la tijera. Bruselas prevé un déficit del 6,8% del PIB este año y del 5,9% en 2014, pero sin medidas adicionales el agujero volvería a ampliarse al 6,6% en 2015.

En otras palabras: harán falta medidas adicionales para el déficit, como harán falta más reformas para remozar la economía, según la tesis de Bruselas. Hay signos de esperanza aquí y allá; la austeridad se ha suavizado, y España va por el buen camino. Pero el mensaje político de Bruselas es inmutable: en Madrid, como en el resto de capitales europeas, “se necesitan esfuerzos políticos extra para acompañar las diversas dimensiones del ajuste”, resume Marco Buti, ‘número dos’ de Rehn.

Pero claro está que la contumacia propagandista del Gobierno, además de ser desbordada por la realidad, seguirá teniendo contestación desde los medios informados independientes. De hecho, el balance del 2013 que presentó el presidente Rajoy en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, rezumando confusión, medias verdades, verdades fuera de contexto y sobre todo mentiras ciertas por todas partes, ha sido demolido inmediatamente en su contenido económico con un análisis de urgencia realizado por José Carlos Díaz (El País 28/12/2013) en forma de ‘Carta de un economista a Rajoy’, que conviene leer en su totalidad:

Señor Presidente: He decidido hacer pública esta carta al escuchar los datos que usted ha usado en su rueda de prensa de balance de 2013. Los parados registrados en el INEM no disminuyen por haber encontrado un empleo. Han tirado la toalla y han dejado de confiar en usted y en la recuperación. Muchos han dejado de buscar empleo y otros muchos han huido de España ante la incapacidad de encontrar empleo en nuestro país y al no tener expectativas de encontrarlo en el futuro.

La Seguridad Social no va bien. A su ministro de Hacienda se le escapó que cerrará el año con un déficit de 1,8% del PIB o sea 18.000 millones. Es debido a que acabaremos el año con casi 300.000 personas que han perdido su empleo y han dejado de cotizar. Además, las empresas destruyen empleos estables de personas mayores de 45 años y los están sustituyendo por empleos a tiempo parcial y con salarios precarios de jóvenes. El resultado es menor recaudación.

El déficit público tampoco va bien. La destrucción de empleo y la bajada de salarios han reducido la recaudación del Impuesto sobre la Renta. El IVA ha subido por el aumento de los tipos el pasado año pero no por la mejora de actividad. Los ingresos fiscales están estancados en 2013 y eso supone 4.000 millones de euros menos de lo que usted estimó en los presupuestos y a eso hay que sumar otros 4.000 millones en la Seguridad Social.

En 2013 vamos a pagar más intereses por la deuda pública. La deuda aumenta unos 10.000 millones al mes que es lo mismo que costó el Plan E que usted tanto criticó. Entre enero y octubre el déficit reconocido por la Intervención General de la Administración Central es de 37.000 millones. Un 10% superior al de 2012 y un 15% superior al que usted heredó del Gobierno anterior. La deuda pública va a acabar el año próxima a un billón de euros, 100.000 millones por encima de 2012.

La prima de riesgo no ha bajado fruto de sus reformas. La bajada ha sido generalizada en los países periféricos europeos y el país donde más ha caído es en Grecia. La banca española ha financiado la mitad del aumento de la deuda pública, mientras los inversores extranjeros sólo el 15%. Pero estos mismos inversores extranjeros han vendido bonos, acciones y préstamos a empresas y bancos españoles por más de 30.000 millones.

Las exportaciones no van bien. Tuvieron dos meses excepcionalmente buenos la pasada primavera pero desde entonces se han frenado en seco. Nuestra competitividad no ha mejorado desde 2011. La bajada de salarios y el aumento de la productividad por la masiva destrucción de empleo se han compensado por la intensa apreciación del euro contra el dólar y contra las divisas de países emergentes.

La reforma bancaria no ha funcionado. Le recomiendo que vaya a cualquier bar y pregunte a pequeños empresarios y familias por la situación del crédito. Qué garantías les exigen y a qué tipo les prestan. Comprobará que las condiciones son peores que antes del rescate bancario de la Troika.

Retrasar el ajuste fiscal nos ha permitido salir de la recesión, pero no compensa los efectos devastadores sobre el empleo y la deuda pública de su ajuste de 2012. EE UU ha demostrado que hay vida después de una crisis de deuda. Pero hace falta un buen diagnóstico y una política adecuada. Tras su discurso es evidente que tiene un error de diagnóstico y eso complica significativamente la salida de la crisis.

Necesitamos crecer mucho más, depreciar el tipo de cambio, provocar inflación moderada, aumentar la inversión, incrementar la recaudación fiscal y reestructurar deudas de familias y empresas para estabilizar la restricción de crédito. A la vez habrá que resolver la tragedia griega, portuguesa, chipriota, eslovena, irlandesa, etcétera. Si su política económica y la europea no cambian radicalmente, despediremos 2014 con menos población, menos crédito, más deuda y más pobreza.

Quedo a su entera disposición y le deseo que la fuerza le acompañe.

Y tampoco nos resistimos, por más que se pueda extender esta Newsletter, a publicar el desastrosos balance que Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, hace de los logros de Rajoy en un reciente artículo titulado ‘Los dos años de Rajoy’ (El País Andalucía 22/12/2013):

Este fin de semana se cumplen dos años de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Comprendo que cada persona evalúe a su antojo esta etapa, sin más fundamento que sus simpatías políticas o ideológicas. Pero lo cierto es que hay datos reales que permiten enjuiciar con objetividad los efectos que han tenido sus decisiones sobre la economía en general, sobre las empresas y sobre el bienestar de la gente normal y corriente.

Permítanme que abuse un poco de los números pero es que, como me decía un viejo amigo, lo que se puede contar, medir o pesar no admite discusión. El PIB de España, es decir, el conjunto de la actividad económica que tiene expresión monetaria, ha disminuido desde que nos gobierna Rajoy. Su valor acumulado en los tres primeros trimestres de 2011 fue de 785.899 millones de euros frente a 767.616 en los de 2013.

Es verdad que la caída de los salarios ha mejorado las exportaciones de nuestras empresas (han subido unos 21.000 millones de euros entre esos dos periodos) pero ese incremento ha sido insuficiente para compensar el derrumbe en el consumo de los hogares (unos 155.000 millones de euros menos en los tres primeros trimestres de 2013 que en los de 2011) y en la inversión privada (unos 26.000 millones de euros menos en ese mismo periodo de 2013 que en el de 2011). La pública, por su parte, disminuyó 14.100 millones de euros en 2012 y la prevista por Rajoy para 2013-2014 hará que España tenga el nivel más bajo de la UE-28 en este concepto.

La renta nacional disponible, es decir, de la que disponemos los españoles para consumir o ahorrar también ha caído con el Gobierno de Rajoy: en los seis primeros meses de 2013 fue unos 11.000 millones más baja que la acumulada en el primer semestre de 2011. Esa caída en la renta ha perjudicado principalmente a los asalariados. La remuneración que habían acumulado en los nueve primeros meses de 2013 fue 35.000 millones menor que la correspondiente al mismo periodo de 2011, una caída que se debe tanto al menor empleo como a la bajada en el salario.

Efectivamente, según la contabilidad nacional, al finalizar septiembre de 2013 en España había 1,3 millones personas empleadas menos y un millón más de paradas que cuando Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno. Y el sueldo medio de los españoles descendió un 2,5% en 2012, su primer año de mandato.

A pesar de que han disminuido los gastos sociales, la deuda pública española ha aumentado en unos 217.500 millones de euros desde que nos gobierna Rajoy y la carga de los intereses que pagamos ha aumentado algo más del 15%.

En contra de lo que viene diciendo últimamente el presidente, sabemos que este deterioro de la economía y las rentas se ha repartido muy desigualmente, pues lo sufren en mayor medida las personas más desfavorecidas. Solo en un su primer año de gestión la tasa de riesgo de pobreza aumentó del 27,7% al 28,2% de la población total y la diferencia entre los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre de los españoles subió de 7,8 veces a 8,1. El porcentaje de quienes no pueden disfrutar ni de una semana de vacaciones aumentó 6 puntos, el de las familias que retrasan pagos 2, el de las que llegan con dificultad o mucha dificultad a fin de mes en casi 5, y lo mismo se podría decir de otros indicadores sociales. Sin embargo, el número de millonarios aumentó un 5,4% en 2012.

Rajoy ha subido impuestos más de 30 veces y 6 el recibo de la luz, y la destrucción de empresas bajo su mandato es espectacular: 53.047 menos en 2012, mientras que a mediados de 2013 el número de las que se habían declarado insolventes fue un 27% más elevado que en 2012. El crédito a empresas ha vuelto a caer (9,2% hasta septiembre) así como el destinado a familias (5,5%) y siguen bajando indicadores como los de ventas de grandes empresas o el comercio al por menor.

Juzguen ustedes si esto significa, como dicen Rajoy y sus ministros, que han acabado con la recesión y que nos sacan de la crisis.

RAJOY Y EL FANTASMA DE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS

Pero es que el difícil futuro inmediato de nuestra economía, con un errado análisis y diagnosis de la situación por parte del Gobierno, y por tanto con una previsión de objetivos a cumplir falsa, se encuentra especialmente oscurecido por el fantasma de las muchas promesas electorales y de acción gubernamental ya incumplidas por el presidente Rajoy. Todas ellas son bien conocidas, pero a efectos de saber cómo se las gasta el personaje en cuestión y lo que en realidad se puede esperar de sus nuevos compromisos públicos, también conviene recordar una vez más las ya incumplidas de forma bien llamativa:

A pesar de todas sus mentiras y omisiones de la verdad, y no digamos de la llamativa patada que ha dado a la ciudadanía -incluyendo a simpatizantes del PP- con su polémica reforma de la ‘ley del aborto’, que en Europa sólo ha aplaudido el extremista Frente Nacional liderado por Marine Le Pen, o de su connivencia con el PSOE para implementar una política de excarcelación de etarras antes calificada poco menos que de abominable (‘caso Bolinaga’), Rajoy no ha logrado enderezar el rumbo del país. Ni por asomo, y a pesar del ‘cheque en blanco’ que se otorgaron los votantes españoles con la mayoría parlamentaria absoluta.

Aún más, lo que sí está haciendo Rajoy, es entretener la crisis económica y realimentar algunos de los problemas más serios y preocupantes de la crisis institucional que están llevando la democracia a punto del estallido. Como, por ejemplo, reforzar la malsana dependencia político-partidista del Poder Judicial y de los altos organismos del Estado, empezando por el Tribunal Constitucional, o seguir consolidando de forma más o menos soterrada pero cierta la peligrosa España ‘asimétrica’, que bien puede terminar siendo la España ‘rota’.

Pero Rajoy ha mentido y miente (todo apunta a que lo seguirá haciendo) no solo como jefe de la oposición política y jefe del gobierno, sino también como jefe del PP. Porque lo de negar a ultranza la financiación ilegal de su partido o el reparto de sobres de dinero negro entre su cúpula directiva, de clarísima evidencia pública, es el colmo del cinismo y la desfachatez política. Y miente también cuando niega por activa o por pasiva la corrupción y el comportamiento delictivo de cientos de cargos públicos del PP relevantes ya condenados, y otros muchos más imputados en cientos de causas judiciales, asentados en esas prácticas desde hace tiempo…

Una situación que no deja de ser cierta por mucho que se quiera negar, y cuya reiteración es necesaria para combatir la abrumadora avalancha de propaganda gubernamental. Y una realidad que hoy por hoy identifica de forma bien precisa a Mariano Rajoy ante los electores, que en los sondeos demoscópicos le vienen asignando la peor valoración jamás alcanzada en el nuevo régimen democrático por ningún presidente del Ejecutivo (incluido ZP).

Es evidente que la explosión soberanista de Cataluña, a punto de arrastrar al País Vasco, ha puesto en cuestión la vigencia de la Constitución, sobre todo en su función vertebradora del Estado a través del modelo autonómico.

Aunque las demandas catalanas surgen en conjunción puntual con otras circunstancias envolventes -como la crisis económica e institucional y el descrédito de la clase política-, sin las que el problema emergido quizás no fuese tan grave, lo cierto es que se ha visto y se sigue viendo realimentado por el desastre económico que suponen las comunidades autónomas y por la mala organización administrativa del Estado. Y, quiérase o no, la realidad es que el desmadre territorial es muy difícil de reconducir sin considerar la reforma de la Constitución.

Ahora, y como se ha advertido en otras Newsletters, la cuestión es si hay que abrir el texto constitucional ‘en canal’ o si sería preferible aplicarle una cirugía menor o, digamos, ambulatoria. Lo ya demostrado, es que la Carta Magna, a nuestro entender más positiva que negativa en su conjunto, ha venido siendo malinterpretada y malversada sin solución de continuidad por los gobiernos y poderes competentes (respaldados por el PP y por el PSOE), razón esencial de su descrédito social y de que por parte de la ciudadanía ya se considere un ‘papel mojado’.

EMBRIDAR LOS DESMANES DE LAS AUTONOMÍAS

Pero si no somos capaces de reconocer cuáles son las causas del problema, es decir cómo se ha llegado a la actual situación de crisis institucional -distinta de la económica aunque conexa- y lo que, en esencia, comporta el lado oscuro de las autonomías, difícilmente vamos a ser capaces de enderezar el rumbo hacia el desastre por el que navega el Estado español.

En un artículo de opinión titulado con gran acierto ‘¡Ciudadanos, tenemos un problema!’ (El País 17/12/2013/), Miguel Ángel Aguilar advertía sobre la gravedad del desafío catalán y de que su solución -que esencialmente es política- no se puede confiar al muro constitucional:

En el caso del proyecto secesionista para Catalunya las luces de emergencia llevan encendidas al menos desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio de 2010, que invalidaba en parte el nuevo Estatuto de autonomía. Este pronunciamiento llegaba con cuatro años de retraso respecto a la aprobación del Estatuto en referéndum el 18 de junio de 2006. Entonces, sobre un censo de 5.309.767 de electores, hubo una participación del 49,4%. Y de los votantes un 74% dio el “sí”. En la ruptura de los consensos logrados en torno al Estatuto de 1979 (participación de un 60% del censo y 88% de votos emitidos a favor) la primera bravuconada es muy anterior, correspondió a José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el 30 de agosto de 2003 prometió a Pasqual Maragall más de lo que podía.

Porque nunca tuvo a su alcance ZP garantizar que la reforma del Estatuto fuera aceptada por el Congreso de los Diputados, ni evitar que se presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional, ni que el fallo se produjera en los términos en que se produjo. En cuanto al Partido Popular, se afanó recogiendo firmas contrarias, a la búsqueda de rentabilidades electorales. Fue Zapatero quien reflotó el Estatuto encallado mediante un acuerdo en La Moncloa con Convergencia i Unió, saltándose al PSC. Y ERC, integrada en la coalición gobernante en la Generalitat, la que se descolgaba pidiendo el voto en contra en el referéndum. Que después en las reformas de los Estatutos de otras comunidades figuraran disposiciones análogas a las eliminadas del de Cataluña fue irrelevante porque solo contaba la plaza de San Jaume.

Reconozcamos que la normalidad democrática había producido entre nosotros fatiga del interés y crecida del desencanto, que se oscurecieron los éxitos políticos vividos a la salida de la dictadura y que se difuminó la memoria de los empeños de la Transición. Ahora, por lo que respecta a Cataluña, estamos obligados a gritar “¡ciudadanos, tenemos un problema!”. Porque podrán discutirse los orígenes remotos o próximos; atribuirse las causas al Gobierno de la Generalitat, a las fuerzas políticas o a los movimientos sociales; considerarse la legitimidad o la falacia de los argumentos; advertirse los efectos derivados de las actitudes ponderadas o de las exaltadas; analizarse la incidencia de los medios de comunicación; señalarse las tergiversaciones interesadas o las falsificaciones históricas; anticiparse las posibilidades y los daños sobre la población inerme, obligada a una elección desgarradora; pero tenemos un problema que incide sobre todos los ciudadanos, también sobre los no catalanes, que afecta de manera radical a la definición y a los pactos originarios de los que derivan la ciudadanía y las libertades. Su solución es política, sin que pueda confiarse al muro constitucional. Veremos.

Pero lo que ahora advierte Aguilar, deja de ser significativo si se revisan las hemerotecas. Porque en ellas constan reiteradas advertencias mucho más tempranas y documentadas de infinidad de políticos vinculados a la propia Transición o críticos dentro de los actuales partidos, de reconocidos juristas e historiadores y, en fin, de una amplia relación de intelectuales tenidos  por rigurosos e independientes, sobre la urgente necesidad de poner coto al vaciamiento del Estado, de racionalizar el sistema de Administración Pública y de embridar el disparatado y disparado desarrollo de las Autonomías.

Ya ningún analista sensato deja de reconocer el error que supuso no haber establecido en la Constitución límites competenciales para los Estatutos de Autonomía y sin puertas traseras pseudo legales para debilitar la fortaleza del Estado; es decir no haber acotado mejor el propio concepto jurídico-político de la ‘autonomía’ y sus límites precisos de desarrollo, justo porque la autonomía sin límites lleva a la tentación soberanista y a la dilución formal de la Nación. Tal imprecisión es la causa fundamental del problema, apoyada además en el juego de las dos formaciones interesadas en la prevalencia del bipartidismo imperfecto (PP y PSOE) que optaron por convertir a los partidos nacionalistas en ‘bisagras’ de su alternancia en el poder, antes que convenir entre ellas pactos de investidura o de legislatura con un mínimo sentido de  Estado.

El mal ejemplo que suponen las exigencias de las ‘bisagras del poder’ -en esencia el PNV y CiU- y las prebendas políticas logradas en esa función, animó entonces al resto de las autonomías, en primer lugar las que aducen circunstancias ‘diferenciales’ y después las demás por un lógico sentido de la igualdad, a convertirse en taifas enloquecidas por su propia gobernación al margen del Estado (incluso en su contra), despertando así la adormilada ambición caciquil tan arraigada en la historia más reprobable de España.

UN MODELO EQUIVOCADO, FORZADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS

Sin duda alguna, habrá muchas y diferentes opiniones sobre el origen del ‘Estado de las Autonomías’, incluidas las que más interesan a sus mentores. En la nuestra, libre y emitida desde un conocimiento cercano de la historia, dicho engendro político, jurídico y administrativo, tan peculiar que carece de referentes exactos y que deshizo el Estado unitario (que es el Estado por antonomasia) para convertirlo en un Estado federal artificioso, no dejó de ser un invento político oportunista, generado por el temor a que el fin de la dictadura despertara los fantasmas del enfrentamiento civil y la ancestral violencia nacional, entonces con posibilidad de derivar en un nuevo régimen ‘autoritario’ y de continuada ascendencia militar.

Tras la muerte del general Franco, la instauración de una nueva Monarquía personalizada en la figura de Don Juan Carlos de Borbón, legítimo heredero de la Corona de España, que asumió las funciones de Jefe del Estado y de mando supremo de las Fuerzas Armadas, en un Estado social y democrático de Derecho en el que la soberanía popular quedaba encarnada en las Cortes Generales (Senado y Congreso de los Diputados), conformaba el paraguas ‘unitario’ que habría de cobijar y embridar la dispersión del poder político inherente al ‘hecho autonómico’. Un supuesto evidentemente incumplido y en el que, para evitar amenazas disgregadoras en momentos tan delicados, la nueva clase política convino la estrategia de ceder cuotas expresas de poder territorial, siguiendo pautas propias de cualquier organización tribal y caciquil.

Y el Estado de las Autonomías fue exactamente eso: un invento político aberrante, en sí mismo contradictorio, que no se quiso denominar ‘Estado federal’ (pero que en esencia lo era) por su contradicción conceptual con la Monarquía y para no propiciar alternativas militaristas latentes, y que jamás convenció a una ciudadanía que, por otra parte, al final de la dictadura se mostraba ansiosa de vivir una democracia plena y moderna en todos sus términos sin más peripecias. Un modelo que, debido al actual poder de los partidos políticos, invasivo en exceso, tampoco puede decirse que hoy represente ningún paradigma  de la democracia.

De hecho, fueron los propios promotores del Estado de las Autonomías quienes reconocieron rápidamente todas las inconveniencias políticas que conllevaba, hasta el punto de que, por diversas vías, el modelo se terminara llevando al límite del 23-F: una intentona golpista de la que se salió de forma vergonzante, como se pudo y sin rectificar para nada -y más bien acrecentándolo- el exceso autonómico que fue su principal motivación.

Cierto es que en la pugna histórica de nuestra convivencia, descrita con gran brillantez intelectual por Ortega y Gasset, entre “una España que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida” y “otra vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia”, nadie ganaba, perdiendo como siempre España. Y que en aquellos momentos de la Transición, muchos creyeron de buena fe, pero también ingenuamente, que mediante el consenso sobrevenido se podrían adentrar en la Tercera España, la que, en el pensamiento de Salvador de Madariaga, conllevaría la libertad, la integración y el progreso.

Pero aquel modelo del Estado de las Autonomías, que inició su bosquejo recurriendo a una fórmula artificiosa para concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978, no ha podido madurar ni consolidarse. Porque, además de haberse creado sin referentes sólidos, tampoco supo incorporar un punto final, una meta concreta de estabilidad política. Los constituyentes creyeron, de forma equivocada, que convenía postergar tal culminación para mejor ocasión, en una etapa posterior, cuando la base y el cimiento democrático del país ya se hubiesen asentado, alejando cualquier riesgo de derrumbe prematuro ante una tarea tan compleja.

De ello dejó constancia el propio Adolfo Suárez, quien afloró un complejo de culpabilidad claro al afirmar: “Algunos han criticado el texto de nuestra Carta Magna denunciando las lagunas y tachándola de ambigua. En nuestra larga historia constitucional son muchas las constituciones, técnicamente perfectas, que apenas han tenido vigencia. En ésta no quisimos dar por resueltos los problemas que, en realidad, no lo estaban. Pero se señaló el camino para su encauzamiento y la meta final…”. Y llegando a mostrar esta grave preocupación: “El proceso autonómico tampoco puede ser una vía para la destrucción del sentimiento de pertenencia de todos los españoles a una Patria Común. La autonomía no puede, por tanto, convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear nuevos nacionalismos particularistas”.

Un tipo de enfrentamiento sentimental y de controversia política que ya fue bien expuesto también por Ortega y Gasset durante la Segunda República, en un enardecido discurso que pronunció como diputado por León en la sesión de las Cortes del 13 de Mayo de 1932,: “¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos…”.

Los nacionalismos y regionalismos españoles se gestaron durante el último tercio del siglo XIX, arraigándose con mayor fuerza a partir del ‘Desastre del 98’, tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar. En aquellos años surgiría una profunda preocupación por los grandes males que aquejaban a España, con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60 por 100 y unos gobiernos incapaces de dar respuesta a los problemas del desequilibrio territorial.

En ese marco sobresalieron las corrientes catalana y vasca, impulsadas por una burguesía emergente, hasta lograr su reconocimiento durante la II República; una dinámica que volvería a enquistarse durante el franquismo, a causa de su fuerte centralización y por la represión de los movimientos periféricos de afirmación identitaria. Con la llegada de la Transición ese tipo de sentimiento nacionalista y regionalista renacería tanto en Cataluña como en el País Vasco, expandiéndose más tarde por un efecto mimético al resto de comunidades, aunque en cada caso las reivindicaciones tomaran formas muy diferenciadas…

LA ‘SOLUCIÓN FEDERAL’: MÁS DE LO MISMO Y CADA VEZ PEOR

Sin necesidad de hacer mayores comentarios sobre el vigente modelo de Estado, sobre los problemas políticos, económicos y sociales que comporta y sobre la imperiosa necesidad de reconducirlo precisamente en bien de la convivencia nacional, a través de una reforma constitucional más o menos profunda o radical, lo más preocupante del momento es ver cómo la misma clase política que ha llevado las autonomías a su límite vital apunta ahora de forma mayoritaria hacía una ‘solución federal’. Es decir, nada menos que a ‘más de lo mismo’, a una torpe y envenenada huida hacia adelante -y no hacia atrás- cuando políticamente ya estamos al borde del precipicio.

Ahora vemos a un Gobierno pusilánime que viene negando el problema de forma obstinada y, en consecuencia, cualquier trámite reparador. A pesar de que la obtención de su mayoría parlamentaria absoluta en los comicios del 20-N comportaba un claro mandato electoral para reconducir el Estado de las Autonomías y revisar el sistema institucional, con modificaciones en la Carta Magna más o menos profundas -esa sería una cuestión de debate-, justo para revitalizarla y salvarla de su agotamiento.

Un compromiso avalado además por la propuesta de reforma constitucional drástica presentada en 2006 por el propio Rajoy, entonces jefe de la oposición, con 14 modificaciones. Como resumía el periodista Fernando Garea en un artículo titulado ‘La reforma imposible’ (El País 02/12/2013), entre ellas se incluía el elevar la mayoría necesaria para modificar los Estatutos de Autonomía y aprobar la regulación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial; fijar un núcleo sólido de competencias del Estado exclusivas e intransferibles; clarificar las materias esenciales para garantizar en el ámbito nacional la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, y la cuestión fundamental de modificar el artículo 150.2 para eliminar el supuesto de transferencia competencial...

Pero es que, frente al actual desentendimiento gubernamental de la reforma constitucional -más o menos profunda-, esperada por la mayoría electoral del 20-N, la oposición socialista pretende superar su fracaso electoral justo modificando la Carta Magna en sentido contrario: con miras que apuntan al reforzamiento del Estado federal. Enmascarado con algunas reformas poco convincentes que ya fueron planteadas por Rodríguez Zapatero antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno y que jamás intentó sustanciar durante sus ocho años al frente del Ejecutivo…

Los socialistas trabajan sobre propuestas todavía poco explícitas, aunque algunos de sus esbozos no dejan de ser tremendamente inquietantes como desarrollos más avanzados del modelo federal, que es como las plantean. Entre otras, caben advertirse las siguientes: incorporar el mapa autonómico a la Constitución (pero ¿cuál?); clarificar la distribución de competencias del Estado y de las comunidades (lo que en modo alguno supone limitarlas o reconducirlas); reconocer los ‘hechos diferenciales’ de algunas comunidades (más privilegios y más desigualdades entre todas); reformar en profundidad el Senado (sin duda como Cámara territorial en pugna con el Congreso de los Diputados); una nueva regulación de la financiación autonómica (desde luego ‘diferenciada’); asegurar la igualdad de los españoles las prestaciones ‘básicas’ (no en todas las demás); constitucionalizar la participación de las comunidades en la gobernación del Estado (un pandemónium destructivo de la Nación); una nueva organización territorial de la Justicia (adaptada al ‘hecho diferencial’ y por tanto desigual); incluir la referencia a la UE y al tiempo regular la acción exterior de las comunidades (lo que supone ceder representación y política exterior); establecer instrumentos de ‘colaboración federal’ (rompiendo la unidad estatal de actuación); dar más eficacia a las administraciones (sin discutir su multiplicidad)…

Por su parte, UPyD, formación que se venía presentando más bien como garante del Estado unitario aún descentralizado, fija posición difusas para iniciar “un debate abierto que tenga como objetivo definir el modelo de país para los próximos treinta años”, pero orientando también las reformas hacia un Estado federal (en el que prácticamente ya estamos). Y ello no deja de alertar al electorado sobre la claridad y solidez de sus convicciones, con un punto de duda sobre la futura actitud del partido en una eventual posición de ‘bisagra del poder’. ¿Terminará cayendo UPyD en el consabido ‘más de lo mismo’ cuando crezca electoralmente…?

Ello mientras Izquierda Unida ya defiende la ‘República federal’ como forma de Estado y no la mera ‘República’ descentralizada. Los viejos postulados del unitarismo comunista (de mando, de acción, de caja…) saltan de forma igualmente sorprendente hacia al vaciamiento del Estado, que no comporta otra cosa que su debilitamiento, su dilución y, en última instancia, el caos y la revolución.

Y este escenario no deja ser el apropiado para generar mayores demandas autonómicas, que terminarán reforzando a los partidos nacionalistas y que empujarán sus formulaciones soberanistas previas al independentismo. Es decir, estableciendo una ruta de escaladas y despropósitos políticos a la que se han de terminar incorporando forzosamente quienes se sientan iguales a los demás y no sus desmerecidos; una fuga innecesaria y absurda hacia la desintegración nacional.

Estamos, pues, ante una reapertura clara de la desvertebración del Estado (si es que ha llegado a estar vertebrado). Y caminando exactamente en el sentido contrario al necesario, por no decir en sentido contrario a las agujas del reloj de la historia; en la dirección que nos retrotrae al oscuro periodo transcurrido desde los albores del constitucionalismo español hasta la Transición, al mal de la lucha fratricida de las ‘Dos Españas’ que ha venido aquejando cruelmente al país (de genial expresión en el cuadro ‘Duelo a garrotazos’ de Goya) y que algunos políticos irresponsables quieren revivir.

Y estos temores no son ni mucho menos infundados. Baste navegar por la Red, que mide cada vez mejor el pulso real de la ciudadanía, o leer algunas cartas de los lectores publicadas en los medios informativos, para contrastar el alcance y la gravedad del problema.

Veamos, como un mero ejemplo, la opinión vertida al respecto por Gaspar Rullán Buades en una reciente Carta al Director de El País (02/11/2013):

España federal

Leyendo el interesante artículo de Antonio Elorza, Decálogo federal, publicado en las páginas de su periódico el pasado día 28, me ha surgido la idea que siempre me asalta al pensar en una atractiva y deseada España Federal. Elorza escribe que las Comunidades pasarían a ser Estados miembros con sus propias Constituciones. ¡Estupendo!, pero ¿cuántos Estados se federarían? ¿Tantos como actuales Comunidades y Ciudades Autónomas? ¿Una federación de 19 Estados, con Ciudades autónomas, Comunidades Forales, Países, Principados y Regiones? Si esta amalgama de entes políticos se redujesen a tres: Comunidad Vasco-navarra, Cataluña, y el resto que se podría llamar “Castilla”, ¿estarían dispuestos los navarros a integrarse en Euskal Herria, o los vascos en Navarra?, ¿incluiría el Estado Catalán a Valencia y Baleares? Y, ¿dónde encajaría mejor Aragón, en Castilla o en Cataluña? ¿Y qué decir del resto, este cajón de sastre que sería “Castilla”? ¿Se sentirían a gusto los del Principado de Asturias con los gallegos o con los cántabros o con los murcianos o con los andaluces?, ¿los andaluces, se convertirían en “castellanos”?, ¿en qué Estado federado se incluirían las ciudades de Ceuta y Melilla, la Región de Murcia y las Comunidades de La Rioja y Extremadura?

Sería, por tanto, de desear que historiadores, políticos, juristas, sociólogos, y psicólogos sociales se juntasen y nos propusiesen un posible nuevo mapa de la deseada España Federal, y, al mismo tiempo, nos explicasen los pasos a dar para educar a la variopinta población de la Península Ibérica en estas nuevas lealtades estatales.

O esta otra Carta al Director, extraida entre las muchas disponibles, que Amparo Tos Boix ha remitido también recientemente al periódico digital Hispanidad.Com (09/12/2013):

¿Una España federal? No, gracias

Sr. Director:

En el final de los 70 se inundó España con el lema “Lo que se tramita en Madrid se puede hacer aquí”.

Con las carreteras y los transportes públicos de entonces, el canto de sirena resultaba demoledor, y muchos creímos que era positivo eso de las autonomías, al menos en términos económicos. También pesaba la realidad de una administración demasiado centralista, y se anhelaba el ser un poco conductores de “nuestro propio destino”.

A la vista del inasumible gasto autonómico, con los medios de transporte actuales y la comunicación informática, económicamente resultaría más rentable volver a una única administración, con matices, o cuando menos a una reducción importante de las competencias autonómicas.

Sobre lo de “conductores de nuestro propio destino”, pasados 35 años, pienso que cometimos un tremendo error al no caer en la cuenta del riesgo de ruptura de la nación, desempolvando los reinos de la baja edad media, porque -creo- la inmensa mayoría de españoles, amando nuestra patria chica, amamos igualmente a España.

Y encima, el PSOE se descuelga con el federalismo, que a mí me parece un paso más hacia el desmembramiento del reino de España.

Y este problema, expresado sobre todo como encuentro de incongruencias, ya viene de lejos, identificando la tarea de fondo más trascendente de la presente legislatura. El periodista Fernando Garea, especialmente atento a todo lo relacionado con la reforma de la Constitución, ya advertía hace más de un año, en un artículo titulado ‘La España federal como medicina’ (El País 29/09/2012), que el PSOE preparaba una propuesta de reforma profunda de la Carta Magna que exige disolución de las Cortes y referéndum, aunque en su texto se sostenga lo contrario:

La diferencia entre el veneno y la medicina está en la dosis. Para Alfredo Pérez Rubalcaba, la medicina para las tensiones territoriales es avanzar, con la dosis máxima de descentralización, hacia el federalismo, mientras que para otros la sola mención de la palabra envenena la vida política.

Rubalcaba ha agitado el debate al anunciar su propósito de promover un cambio constitucional hacia un Estado federal. Y el debate no es pacífico porque desde 1978 no han cesado las tensiones territoriales, la derecha encabezada entonces por Manuel Fraga cuestionó la Constitución por su rechazo al título VIII que hace el diseño territorial, cada Estado sigue un modelo diferente con características distintas, el Estado autonómico es una rareza en el mundo, cala la idea de que el Estado descentralizado es despilfarrador y el constitucional es la rama del derecho más creativa. Todo se complica porque se precisaría abrir en canal la Constitución, con una reforma agravada, que exige mayoría cualificada, disolución de las Cortes y referéndum.

Las autonomías tienen más competencias cedidas que los miembros de algunos Estados federales, pero no hay diferencias entre ellos, algunos tienen plena autonomía fiscal (por ejemplo, en Australia) y disponen de mecanismos de cooperación, como cámaras territoriales donde están representados los Estados. Por eso, el único denominador común de constitucionalistas y políticos es que el Senado, el gran agujero negro de la Constitución, necesita un cambio urgente. PSOE y PP han defendido en distintos momentos su reforma, con diferente grado, pero nunca se atrevieron.

Andrés de Blas, catedrático de Constitucional de la UNED, asegura que “en la práctica España es un Estado federal; presenta los rasgos externos de federalismo, que tiene muchos tipos y uno de ellos es el autonómico”. Como diferencias para convertir España en federal, menciona que el Senado no es la segunda cámara, no hay participación de las comunidades en la formación de la voluntad del Estado y no tienen constituciones como garantes de su autonomía. Pero no hay diferencia en competencias.

Ramón Jáuregui, que prepara la propuesta del PSOE, afirma que la Constitución tiene naturaleza federalizante, pero que es preciso ahora avanzar hacia la España federal. Para eso, propone reformas básicas como: que en el Senado estén representadas las autonomías (como en Alemania); que se clarifiquen las competencias, que se fije un modelo fiscal y que se establezcan mecanismos de cooperación. En su opinión, es sostenible que haya diferencias entre miembros de un Estado federal, por sus circunstancias, historia, lengua, insularidad, etcétera. Pero, abierto el melón por el líder del PSOE, ni siquiera hay acuerdo entre los dirigentes de este partido. Sostenía el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que el PSOE era el partido que más se parecía a España. Se refería a la diversidad en un partido que se dice federal en su organización, y es aplicable a que dirigentes como Txiki Benegas ven innecesario el cambio, mientras otros, como los del PSC, o Jáuregui y Francisco Caamaño, proponen ir a un Estado federal, con un cambio de la Constitución, que afectaría a más de 20 artículos.

Benegas sostiene que la diferencia entre Estado autonómico y federal “es solo nominativa”. En su opinión, el autonómico “ha ido más allá del federal en competencias y es más flexible porque permite hechos singulares” y que algunos tengan competencias sobre policía, prisiones o derecho civil, entre otras. En Alemania, en cambio, todos tienen las mismas. En España también es posible la cesión de competencias con el artículo 150.2 de la Constitución, utilizado una vez para que Cataluña asumiera el tráfico. En su opinión, la expresión federalismo asimétrico es un oxímoron y “el federalismo no es la panacea, aunque se plantee siempre que hay problemas”. Apoya cambiar el Senado para que haya circunscripción autonómica o para que sean designados por las comunidades.

Esteban González Pons, dirigente del PP y profesor de Constitucional, considera que la principal diferencia entre Estado autonómico y federal es que en el primero la soberanía es única y en el federal es de cada uno de los miembros. Eso supone, dice, que si fuera un Estado federal, Cataluña podría votar su secesión, pero en la España autonómica deber votar todo el país. “El autonómico es más descentralizado que el federal y no sería precisa una reforma constitucional sino una nueva Constitución”, asegura.

El propósito federal sí tiene apoyo, con muchos matices, en UPyD. Rosa Díez asegura que “el mejor modelo territorial para España es el modelo federal cooperativo, que contempla una alta descentralización política y exige cooperación entre los Estados (comunidades) y de estas con el Gobierno. El Gobierno tendrá competencias indelegables y exclusivas en todo aquello que sea considerado principio básico de interés general y garantice que los derechos fundamentales sean efectivos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Seguridad nacional, política exterior, medio ambiente, educación, sanidad, políticas sociales… serían algunos de los ejemplos”.

Su modelo sería el alemán, con “una reforma constitucional, que cierre con claridad el marco competencial, porque el Estado de las autonomías ha de ser revisado con urgencia, pues ha concluido en un Estado inviable en lo político e insostenible en lo económico”.

LAS OPCIONES DE MARIANO RAJOY

Leído lo leído, y sin recurrir a más análisis y testimonios de parte sobre las reformas afectas al Estado de las Autonomías, lo que está meridianamente claro es la confusión de los partidos políticos en relación con el origen del problema y, en consecuencia, con sus vías de solución. Y, conocido el paño de la política, es de prever que nadie realice un acto de contrición perfecta, con verdadero propósito de enmienda, sobre su parte de culpa en el ‘exceso autonómico’, sino en el mejor de los casos una leve atrición para salir del paso, considerando que es un pecado venial y que, en el fondo, se podría seguir con ‘más de lo mismo’, huyendo del problema hacia un federalismo destructivo y a la postre imposible.

Ese sería un grave error que, no obstante, se acabaría por rectificar en la dirección adecuada (pero cada vez en peores momentos y de forma quizás más violenta). Hoy, la reforma de la organización política y territorial, con las reformas constitucionales que fueren necesarias, es obligada para evitar la quiebra del Estado y no volver al ancestral ‘ejercicio de tinieblas’.

Mariano Rajoy tiene dos poderosas razones para afrontar y liderar esa tarea fundamental: una situación de crisis nacional letal, tanto económica como institucional, y también una mayoría parlamentaria de difícil repetición otorgada claramente por los españoles justo para acometer ese proceso trascendental. Él sabrá si quiere pasar a la historia como un líder político de altura (aunque fuera a costa de agotarse en acto de servicio), o como un presidente de gobierno cobarde y culpable -antes que salvador- del hundimiento nacional.

Mucho se ha dicho y escrito sobre el término ‘historia’ entendido como la narración o exposición verdadera de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. Pero, aún así, quizás convenga recordar esta consideración del político, escritor y brillante orador romano Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.): “El que no conoce la historia -o no sabe lo sucedido antes de que él naciese- toda su vida será un niño”.

Pocos años después, el historiador Tito Livio (59-17 a.C.), que fue amigo y protegido del emperador Augusto y educador del futuro emperador Claudio, añadió un cierto toque didáctico a lo dicho por Cicerón. En su impresionante versión de la historia de Roma, titulada ‘Ab urbe condita libri’ (también conocida como las ‘Décadas’), de la que sólo nos ha llegado una reducida parte de sus 142 libros, afirmó: “Lo principal y más saludable en el conocimiento de la historia es poner ante la vista enseñanzas que parecen decirnos ‘Esto debes hacer’ y ‘Esto evitar’, en provecho tuyo y de la república”…

Estas citas vienen a cuento de la controversia que sin la menor duda va a generar el tema político del momento: la reforma de la vigente Constitución Española de 1978, que cada vez se muestra como más polémica y, en razón de su progresivo descrédito, también como más conflictiva. De hecho, ya no se trataría de una actualización o de una reforma perfeccionista, como pueden creer algunos políticos despistados, sino de una necesidad impuesta por el desafío del soberanismo catalán, con el vasco también a punto de eclosión.

UNA VISIÓN MAGISTRAL DEL LABERINTO ESPAÑOL

Y, sin necesidad de convenir, ni mucho menos, que la historia es maestra de la vida, entre otras cosas porque difícilmente se llega a repetir y porque, en cualquier caso, el escarmiento parece estar reñido con la condición humana, también recurrimos en el contexto de la reforma constitucional a citar ‘El laberinto español’, la brillante y minuciosa obra de Gerald Brenan (1894-1987) tenida entre otras cosas como imprescindible para entender los antecedentes y los problemas que determinaron la trágica guerra civil española (1936-1939). Siquiera sea porque, a menudo, todos recurrimos a lo que hemos sido para disculpar lo que somos y encaminarnos a lo que pretendemos ser.

El libro de Brenan fue editado por ‘The syndics of the Cambridge University Press’ en 1943 y posteriormente, en 1962, en Francia por ‘Editions Ruedo Ibérico’ (una traducción al español de la versión inglesa de 1960), tras ser prohibido por el régimen franquista. En él se analizan con gran rigor los problemas de la España anterior a 1936, que en sus grandes líneas siguen siendo los de la España actual, presentándose editorialmente como una introducción perfecta a la lectura de ‘La guerra civil española’ de Hugh Thomas, obra que había iniciado la colección ‘España Contemporánea’ de la emblemática editorial antifranquista fundada en París por cinco refugiados políticos españoles y que funcionó desde 1961 hasta 1980.

‘El laberinto español’, publicado en plena II Guerra Mundial y apenas cuatro años después de terminada la guerra civil española, intentaba mostrar al público las razones profundas de aquella lucha fratricida recién concluida, pasando revista a los acontecimientos políticos y sociales más notables a partir de la Restauración de 1874 y hasta la conclusión de la contienda.

Y ya en el prólogo de la primera edición inglesa, es decir en su tiempo y en sus circunstancias, el propio Brenan advertía a los lectores:

(…) Lo primero que hay que observar es la fuerza del sentimiento regional y municipal. España es un país de la “patria chica”. Cada pueblo, cada ciudad, es el centro de una intensa vida social y política. Como en los tiempos clásicos, un hombre se caracteriza en primer lugar por su vinculación a su ciudad natal o, dentro de ella, a su familia o grupo social, y sólo en segundo lugar a su patria y al Estado. En lo que puede llamarse su situación normal, España es un conjunto de pequeñas repúblicas, hostiles o indiferentes entre sí, agrupadas en una federación de escasa cohesión. En algunos grandes periodos (el califato, la Reconquista, el Siglo de Oro) esos pequeños centros se han sentido animados por un sentimiento o una idea comunes y han actuado al unísono; más cuando declinaba el ímpetu originado por esa idea, se dividían y volvían a su existencia separada y egoísta. Esto es lo que ha dado su carácter espectacular a la historia de España. En lugar de unas fuerzas que se van formando lentamente, como es el caso de otras naciones europeas, se han sucedido alternativamente los minúsculos conflictos de una vida tribal y unas grandes explosiones de energía que, económicamente hablando, surgen de la nada.

Así pues, el principal problema político ha sido siempre el de alcanzar un equilibrio entre un gobierno central eficaz y los imperativos de la autonomía local. Si en el centro se ejerce una fuerza excesiva, las provincias se sublevan y proclaman su independencia; si esa fuerza es insuficiente, se retiran sobre sí mismas y practican una resistencia pasiva. En sus mejores épocas, España es un país difícil de gobernar. Y ocurre que esta dificultad se ha visto acentuada, o incluso causada, por el hecho de que Castilla, que por su posición geográfica y por su historia representa la tradición centralizadora, es una meseta desnuda, pobre en agricultura, en recursos minerales y en industria. Las provincias marítimas son mucho más ricas y más industriales. De esta manera, aunque sólo Castilla pueda mantener unida a España -pues es impensable una España gobernada desde Barcelona, Bilbao o Sevilla- los castellanos carecen de dinamismo industrial y comercial para dar al país una eficaz organización económica. Su actitud es militar y autoritaria, y las provincias más ricas e industriales han comprendido pronto que, mientras estén gobernadas por Castilla, no sólo se sacrificarán sus libertades locales sino también sus intereses económicos. Ciertamente pueden señalarse excepciones parciales a lo dicho -entre las que destacan el reinado de Carlos III (educado en Italia) y la dictadura del andaluz Primo de Rivera-; pero en general puede decirse que la causa principal del separatismo español ha sido la apatía industrial y comercial de los castellanos. ¿De qué otra manera cabe explicar el hecho de que, en una época en que los métodos modernos de producción y comunicación creaban estrechos vínculos entre las naciones europeas y mientras se unían los pequeños Estados de Alemania e Italia se agudizaran las tendencias separatistas en España? (…)

Es verdad que si bien algunas consideraciones de Brenan, suscritas como decimos en 1943, hoy tendrían que adecuarse a la evolución económica del país, las de carácter político y social tienen mucha mayor vigencia. España ha experimentado materialmente cambios radicales desde los años en los que Brenan forjó su lúcida imagen del ‘laberinto español’; pero, aun así, lo que cuenta y subyace en su libro (que todavía merece una lectura pausada y atenta) no nos resulta extraño. Algo queda en él que atrapa nuestra atención y esclarece la esencia de nuestra realidad histórica, a tener muy en cuenta en nuestros días para afrontar con éxito cualquier reforma institucional o vertebral de España y aún para sobrevivir como país.

Por rigurosa y veraz, la idea de Brenan sobre nuestro país, nacida en un tiempo concreto pero sólidamente fundamentada en su pasado más profundo, siempre prevalecerá. De cierta forma, su libro fue escrito para dar a conocer al público británico y europeo lo que España tiene de singular como pueblo y como nación, sin que el autor oculte su admiración  por nuestras virtudes y su comprensión con nuestros defectos.

Y si es verdad que sus opiniones personales refuerzan el tópico del ‘Spain is different’, su afán de objetividad remontan a Brenan hasta la Reconquista y el descubrimiento de América para buscar y explicar el origen de  nuestro carácter y los componentes esenciales de nuestra particular idiosincrasia; tales como el individualismo, nuestro apego localista, la mezcla que integra el orgullo y la ociosidad de los hidalgos pobres opuesta a la laboriosidad burguesa más propia del resto de los europeos… Descubriendo también nuestro amor por la libertad, el idealismo a la hora de defender grandes causas y, en el aspecto más negativo de la realidad, nuestro escaso sentido de Estado, lo caótico de nuestra militancia política o la tradicional corrupción de nuestros gobernantes…

LA PROBLEMÁTICA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Pero volviendo al tema capital de la reforma constitucional, que muchos intelectuales y profesores de prestigio, junto a no pocos políticos vinculados a la Transición, han venido aconsejando en los últimos tiempos por diversos motivos y poniendo el acento en aspectos muy distintos, el fenómeno soberanista estallado con gran vigor en Cataluña fuerza a considerarlo con la atención y preocupación necesarias. Sin olvidar que también está a punto de estallar en el País Vasco y quizás con mayor animosidad (con Canarias a la expectativa).

Una evidencia tardía en la que, además, convergen circunstancias añadidas poco convenientes: desde la acelerada destrucción de la independencia del Poder Judicial y el desproporcionado asalto de los partidos políticos a todas las instituciones del Estado, hasta la crisis de la Corona. Pasando por el desánimo ciudadano que produce un sistema electoral establecido sobre todo para salvaguardar la dictadura del bipartidismo, por una insoportable crecida de la corrupción política y por un enervamiento de las bases sociales abrasadas por el paro y la mala gestión de la crisis económica, que, a pesar de su contención, no dejan de ir cultivando un estallido social inevitable.

En este sentido, la caída electoral y el desprestigio del PP y del PSOE, así como la virulencia de la pasada huelga de recogida de basuras de Madrid (según fuentes policiales tuvo un balance de 18 personas detenidas, 249 identificadas y 27 denunciadas, con 12 coches particulares y 7 vehículos de empresa dañados y aproximadamente 125 contenedores deteriorados o quemados), junto a otras muchas protestas de corte laboral y político generadas de forma intermitente en todo el territorio nacional, confirman un malestar creciente y anticipador de mayores muestras de agresividad social. Aunque, con suerte, ésta sólo termine expresada en las urnas.

Ahora, desentenderse del cúmulo de razones que aconsejan una reforma de la Constitución tras 35 años de vigencia (sólo la de 1876 proclamada por Cánovas del Castillo prevaleció durante casi medio siglo hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923), o cuando menos una revaluación de sus principios programáticos, nos encauzaría hacía el ‘ejercicio de tinieblas’ de tiempos pretéritos, con todas sus consecuencias.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que dirige el catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo Benigno Pendás, acaba de editar un libro sobre la reforma constitucional en el que participan 15 especialistas, coordinados por Diego López Garrido, cuyos autores resaltan que España es el único Estado constitucional que no introduce retoques en su Ley de Leyes; lo que deriva, según ellos, en la poca estabilidad general de las Constituciones españolas. En dicho trabajo, Javier Pérez Royo afirma: “El no ejercicio de la reforma de la Constitución es una enfermedad que inexorablemente conduce a su destrucción”.

Pero, ¿quién se atreve en estos momentos de tribulaciones independistas a iniciar un proceso de reforma de la Constitución, y en qué dirección…? ¿Y cómo restaurar ante la sociedad española la imagen de una Carta Magna en la que nadie cree tras haber sido vapuleada a conciencia por la clase política prácticamente desde el inicio de su desarrollo legal…?

Rajoy y su pusilánime Gobierno se han venido negando de forma obstinada a iniciar ese trámite, aun cuando la obtención de su mayoría parlamentaria absoluta del 20-N comportaba un claro mandato ciudadano de reconducción del Estado de las Autonomías y de revisión del sistema institucional, con modificaciones en la Carta Magna más o menos profundas -esa sería una cuestión de debate-, justo para revitalizarla y salvarla de su agotamiento.

Y lo curioso del caso es que ya en 2006, el mismo Rajoy, entonces jefe de la oposición, propuso una reforma drástica de la Constitución nada menos que con 14 modificaciones. Entre otras -resume el periodista Fernando Garea en un artículo titulado ‘La reforma imposible’ (El País 02/12/2013)-, se incluía el elevar la mayoría necesaria para modificar los Estatutos de Autonomía y aprobar la regulación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial; fijar un núcleo sólido de competencias del Estado exclusivas e intransferibles; clarificar las materias esenciales para garantizar en el ámbito nacional la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, y, algo fundamental, modificar el artículo 150.2 para eliminar el supuesto de transferencia competencial...

Frente a la retraída posición ‘marianista’, que puede no ser la esperada o deseada de forma mayoritaria dentro del PP, la actual oposición socialista, con mayor visión política y no menos oportunismo para superar su fracaso electoral, ha anunciado su total disposición a la reforma constitucional, aunque con miras tentativas y en apariencia todavía poco convincentes. Y también es curioso que sus propuestas actuales sean, más o menos, las mismas que Rodríguez Zapatero planteó antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno y que jamás intentó sustanciar durante sus ocho años al frente del Ejecutivo…

Ahora, los socialistas -continúa pormenorizando Fernando Garea- agrupan su propuesta en 14 reformas todavía poco explícitas: incorporar el mapa autonómico a la Constitución; clarificar la distribución de competencias del Estado y de las comunidades; reconocer los hechos diferenciales de algunas comunidades -lo que rompería la uniformidad entre todas-; reformar en profundidad el Senado; una nueva regulación de la financiación autonómica -que muy probablemente no sería uniforme-; asegurar la igualdad de los españoles en sus prestaciones básicas; constitucionalizar la participación de las comunidades en la gobernación del Estado; una nueva organización territorial de la Justicia; incluir la referencia a la UE y regular la acción exterior de las comunidades; establecer instrumentos de colaboración federal; dar más eficacia a las administraciones; modificar la reforma de los estatutos y consagrar la transparencia informativa y la unidad de mercado, entre otras…

Por su parte, UPyD sostiene que debe “iniciarse un debate abierto que tenga como objetivo definir el modelo de país para los próximos treinta años”. Entre sus propuestas destacan la reforma hacia un Estado federal -en el que prácticamente ya estamos-; modificar el régimen electoral restaurando en la Constitución el principio de la igualdad del valor de cada voto ciudadano; enumerar, definir y ordenar todas las competencias que corresponderían exclusivamente al Estado, y las propias de comunidades autónomas y ayuntamientos y, también, garantizar la separación efectiva de poderes del Estado necesaria para disponer de una Administración de Justicia en verdad independiente.

Ello mientras Izquierda Unida defiende el reforzamiento general del derecho a la sanidad y la vivienda, la república federal como forma de Estado y la eliminación del artículo 135 (al que se opuso en 2011), pero sin concretar todavía una propuesta articulada.

Es decir, que estamos ante un conjunto de propuestas tentativas abiertas y hasta divergentes, sin que, de momento, los partidos nacionalistas fijen posición, manteniéndose agazapados a la espera de acontecimientos. Pero sí que es conveniente recordar al respecto que ya en la votación del Proyecto de Constitución en el Pleno del Congreso de los Diputados (31/10/1978) se contabilizó el votó en contra de un diputado de EE (Euskadiko Ezquerra) y que se abstuvieron 7 diputados del PNV y 2 de la Minoría Catalana.

La novedad es que, justo coincidiendo con la última celebración del Día de la Constitución (6 de diciembre), Rajoy y Rubalcaba han confesado haber hablado de la reforma de la Constitución en varias ocasiones y “a fondo”, bajo el supuesto compartido de no abrir el texto constitucional “en canal” y con la necesidad de contar con CiU y PNV (El Mundo 07/12/2013). Ambos adornaron sus respectivas posiciones con latiguillos como “no estar cerrado en banda”, establecer “objetivos claros” y que sea “para unir” (por parte de Rajoy), y hay que “sentarse  y hablar” y elaborar “un proyecto político compartido” (por parte de Rubalcaba).

Pero, entre otros problemas, esas divagaciones no resuelven las diferencias de entendimiento sobre el modelo de Estado ni la posición de Cataluña dentro del mismo, que arrastraría la del País Vasco y darían alas a mayores exigencias de Canarias y otras comunidades que no quieren ser menos que las demás en su consideración política.

Además, el punto de partida de incluir de forma tan prevalente en las negociaciones a CiU y PNV, supone un nuevo error, porque, obviamente, los nacionalistas no quieren fortalecer la Constitución sino derruirla (su posición en contra de la Carta Magna quedó bien patente durante la campaña del referéndum constitucional de 1978). Como también lo es despreciar a priori el consenso con IU y UPyD, que son los partidos de ámbito nacional que pueden acabar muy pronto con el actual sistema bipartidista y mostrar bastante mayor respaldo electoral que las formaciones autonómicas.

Y en ese mismo contexto no es menos significativo que en la celebración oficial del XXXV Aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados, sólo estuvieran presentes PP, PSOE, UPyD y CC, destacando la ausencia de los nacionalistas catalanes y vascos y, no menos, la de IU. Una evidencia más de la devaluación que soporta la Carta Magna y de la grave problemática que eso conlleva.

Algunos políticos muy vinculados al mismo nacimiento de la Constitución de 1978, han reconocido estos días de forma expresa la situación de crisis institucional. Por ejemplo, Fernando Álvarez de Miranda, que entre otras cosas fue presidente del Congreso de los Diputados entre 1977 y 1979, ha sido bien claro y tajante al respecto (El País 22/11/2013): “La Constitución necesita reformas. Dejen de quejarse: hablen y háganlas”.

Pero su recomendación no es fácil de sustanciar. Acto seguido, Miquel Roca, uno de los llamados ‘padres de la Constitución’, no ha dudado en dar una opinión bastante pesimista sobre dicha necesidad (El País 02/12/2013): “Siento frustración. El espíritu constitucional se ha roto”, añadiendo que “el modelo territorial está agotado por la cerrazón del Tribunal Constitucional”. Una visión del problema evidentemente interesada y coronada con esta deprimente conclusión: “Una Constitución de amplio consenso yo no la veo hoy posible”.

Por su parte, Alfonso Guerra también acaba de señalar en una entrevista publicada en El País (04/12/2013) que “para reformar la Constitución hay que tener textos y votos; no los hay”, recordando: “Los nacionalistas dijeron en 1978 que tenían suficiente. Fuimos ingenuos”. Y destacando que, frente a sus posteriores demandas, “CiU y PNV estaban entonces contra la autodeterminación. En esto no son leales”.

Además, Guerra, que junto a Fernando Abril fue quien hizo verdaderamente posible el consenso constitucional de 1978, pone ahora el dedo en la llaga de la reforma afirmando, no sin razón, que “si se toca el Título VIII, unos querrán ir en un sentido y otros en otro”. Aunque su realismo político quede cuestionado por su encendida defensa de la misma legalidad tantas veces incumplida a estas alturas de la vida democrática (“No existe un derecho a decidir más allá del acatamiento de la ley”) y añadiendo esta otra quimérica idea radical: “Si Cataluña hace una consulta ilegal, sería obligado aplicar el artículo 155 [de la Constitución]”…

Claro está que la idea primaria de que las demandas soberanistas y la convocatoria por parte de la Generalitat de un referéndum sobre la independencia de Cataluña no tienen cabida en el marco legal vigente, chocan con la evidente naturaleza ‘política’ del problema, situada en nuestra opinión por encima del aspecto ‘legal’. Cosa que terminará descolocando a quienes pretenden solucionarlo con una respuesta legal y no política.

EL INSOSTENIBLE DESCRÉDITO DE LA CARTA MAGNA

Y cierto es que Alfonso Guerra no es el único político que propone responder con contundencia al desafío independentista, insistiendo en la manida cantinela de que sería inconstitucional y, más a más, con la amenaza de aplicar el artículo 155 de la Constitución; lo que hoy por hoy, y a tenor de la continua conculcación de su espíritu y su letra por parte de los propios poderes del Estado, no deja de ser llanamente pueril (el portavoz del Grupo Catalán en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Durán i Lleida, dice, y está acertado, que, cuando le viene en gana, el Gobierno se pasa la Constitución “por el forro”). Como también es de una ingenuidad pasmosa la alternativa planteada por otros para que, en todo caso, dicha consulta sea de ámbito nacional, a fin de que el resto del Estado -piensan- pueda contrarrestar la idea de la secesión.

Porque la realidad conocida de la historia enseña que, cuando la mayoría abrumadora de un territorio llega a identificarse con su plena independencia política (que, conviene insistir, es cuestión política y no una demanda legal), que es el camino por el que día a día está andando Cataluña, poco queda por hacer. Por eso, una posible solución del problema sería la de convencer a quienes se vienen adhiriendo tan fácilmente al proyecto separatista, utilizando por supuesto buenas formas y buenos argumentos, para que se mantengan en el Estado común; algo que, ni por asomo, ha intentado hacer el Gobierno de Rajoy y que probablemente nunca hará: más bien lo que hace con su política torpe y confusa de silencios mezclados con concesiones encubiertas y desplantes imperiales, es meter en la olla soberanista (en el anti-centralismo y el anti-españolismo) a más cantidad de catalanes cada día, a gentes que nunca habían pensado llegar al extremo al que se está llegando.

Y desde luego, si la cosa va a más, que es por donde está yendo, el texto de reconducción forzosa a la disciplina constitucional, sería de muy difícil aplicación, por no decir imposible, salvo que alguien pretenda un remedio peor que la enfermedad. Véase lo que literalmente dice el artículo 155 de la Carta Magna:

Un texto que pudo tener justificación en el tiempo crucial de 1978, pero sobre el que hemos de advertir que, en las innumerables ocasiones que los sucesivos gobiernos y las altas instituciones del Estado han incumplido los mandatos constitucionales, o atentado gravemente contra el interés general de España (que lo han hecho a  menudo), no ha servido para nada: nada se ha dicho ni hecho al respecto y nada se dirá ni se hará en el futuro. Ahí está, sin ir más lejos, el continuo incumplimiento por parte de la Generalitat de las numerosas sentencias firmes del Tribunal Supremo que reconocen y exigen el bilingüismo en los centros de enseñanza de Cataluña, y que el Govern desacata de forma sistemática por considerar que van en contra del Estatut y de la Ley de Educación de Cataluña (LEC)…

Realidad práctica que también dejaría en clara evidencia a quienes piensan que las Fuerzas Armadas -las de ahora-, que no constituyen en modo alguno un poder autónomo sino subordinado al Ejecutivo, serían capaces de interpretar el texto del artículo 8.1 de la Carta Magna (“…garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”) como una invitación a ocupar Cataluña manu militari (es decir por la fuerza de las armas), sin más, y pídalo quien fuere.

Y es que hay muchas razones para dar la Constitución vigente por agotada o por vaciada de contenido, debido a su continuo desprecio tanto espiritual como textual, y convertida por tanto en puro ‘papel mojado’ que ya a nadie impresiona. Enrique García Calvo resumía en un artículo de opinión titulado ‘Constitución’ (El País 09/12/2013) las muchas razones del descrédito que acompaña a la Carta Magna al cumplir los 35 años de vigencia:

La conmemoración del 35 aniversario de la Constitución ha resultado esta vez más deslucida que nunca, como si su vigencia se diera por declinante o incluso periclitada. En esto ha podido influir el clima necrófilo mediáticamente impuesto por la muerte de Nelson Mandela. Pero creo que hay razones más significativas para explicar tan decepcionante celebración, que al margen de los pomposos discursos oficiales ha hecho retraerse a la propia ciudadanía, cada vez más renuente a visitar las Cortes. Y entre tales factores destaca la coincidencia en el tiempo de graves problemas políticos quizás irresolubles que no pueden ser abordados en el marco de la presente Constitución.

El primero de todos por su urgencia inmediata es la amenaza de secesión proclamada por aquellos sectores de la clase política y la sociedad civil catalanas que hoy llevan la iniciativa política y están obteniendo la hegemonía cultural por la vía de los hechos consumados. Unos hechos tan peregrinos como el histriónico congreso de historiadores antiespañoles organizado por Mikimoto para celebrarse esta misma semana por encargo de la Generalitat. O como el ultimátum que vence a fin de año para convocar un alegal referéndum de autodeterminación que viola explícitamente el marco constitucional. Ante semejante amenaza de ruptura política inminente, aunque de momento solo sea verbal, poco ha de extrañar que el clima político no sea precisamente el más apropiado para celebrar fútiles festejos constitucionales.

Y otro factor que favorece el descrédito constitucional es la reciente acumulación de escándalos de corrupción, que se añaden a un largo rosario de múltiples casos judiciales: nada menos que 1.600, de los que 300 están catalogados como de extraordinaria complejidad. Lo último ha sido el anuncio por la juez Alaya de la futura imputación por el caso ERE de los anteriores presidentes andaluces Chávez y Griñán, que son además altos cargos de la cúpula del partido socialista: uno de los dos pilares sobre los que descansa la estabilidad del sistema político español. Y en la misma órbita del PSOE acaba de estallar el escándalo de la UGT, que amenaza con derribar la fachada del poder sindical revelando la cara oculta de su fraudulenta trama clientelar. Pero en el otro pilar del sistema, sostenido por la patronal y el partido conservador, también se transparentan sus corruptas vergüenzas, con constantes incidentes judiciales derivados de la trama Gürtel y el caso Bárcenas.

La semana pasada han sonado dos nuevas alarmas: el último Barómetro del CIS, que hace de la corrupción el segundo gran problema nacional, y el último Informe de Transparencia Internacional, que ha degradado el indicador español diez puestos más abajo (del 30 al 40), situándolo a la cola de Europa, por detrás de Portugal (puesto 33). Una corrupción política contra la que de nada sirve la inane Constitución, incapaz de evitar su proliferación en ausencia de verdaderas autoridades reguladoras independientes, que en nuestro país están sometidas al dictado del Gobierno y los partidos, tal como revelan los últimos escándalos del pactado reparto de puestos en el Consejo del Poder Judicial y la reciente limpieza política de la Inspección Tributaria.

Y el tercer factor que citaré es la incapacidad de reformar la Constitución para adaptarla a los desafíos políticos que se han abierto en los últimos años. Porque si exceptuamos al Gobierno y sus portavoces oficiales u oficiosos, lo cierto es que hay un consenso creciente sobre la necesidad de reformar la Constitución. Y ello no tanto por lo que se refiere a la cuestión sucesoria como por todo cuanto respecta a la distribución territorial del poder. Aquí la clave reside en la injusticia que perciben los catalanes al advertir que se les niegan los privilegios forales que detentan vascos y navarros sin mejores derechos que ellos. Y relacionada con la cuestión territorial está la necesidad de reformar el sistema electoral, que distorsiona la representación proporcional privilegiando el bipartidismo mayoritario en las provincias menos pobladas.

Pero no hay posibilidad de alcanzar el consenso político necesario para reformar la Constitución. De ahí que haya surgido un creciente escepticismo anticonstitucional, que está erosionando y amenaza con hacer quebrar el anterior consenso ciudadano que había en torno a la Constitución como único factor de cohesión social en un país tan fracturado como España. Al final del siglo anterior se abrigó la ilusión de que podría generalizarse un cierto patriotismo constitucional, capaz de disolver las fracturas sociales y territoriales. Pero hoy ya no quedan esperanzas de que pueda ser así, pues la falta de consenso político está socavando el consenso ciudadano, lo que a su vez agudiza la creciente fractura política. ¿Cómo romper el círculo vicioso que nos ha atrapado?

Las constituciones, como bien saben todos los historiadores y especialistas en Derecho Político, llegan hasta donde llegan básicamente por su utilidad. Y lo cierto es que el agotamiento de la Constitución de 1978 es más que evidente, debido sobre todo a dos factores: el más salvable serían algunos errores de diseño, quizás comprensibles en las circunstancias de su origen, pero que el desarrollo normativo -el que se ha hecho y el que se ha dejado de hacer- ha ido agrandando de forma irresponsable, en lugar de haber procurado rectificarlos; y el más dañino sería, como ya hemos advertido, el incumplimiento sostenido de sus contenidos más esenciales y hasta límites de descrédito social irreversible.

La idea que tuvieron los constituyentes de alumbrar, en un momento crítico de nuestra historia, las nuevas taifas autonómicas de España para que la unidad y permanencia del Estado quedara simbolizada en la Corona (el ‘café para todos’), ha fracasado o, dicho con más benevolencia, ha extinguido. Se quiera o no se quiera reconocer.

Por eso, la actual coyuntura de crisis, con todos los graves problemas que arrastra, no deja de ser el momento procedente para que el Gobierno y la Oposición convengan la creación de una ‘Comisión de Sabios’ (con sentido de Estado y poco o ningún tinte partidista) encargada de estudiar, más pronto que tarde, una reforma constitucional adecuada a las necesidades del momento y al futuro político, económico y social más inmediato. Tarea en la que, insistimos, deberían participar con el peso específico necesario organizaciones independientes y con suficiente acreditación intelectual (que alguna sobrevive todavía a pesar de su depredación por parte de los partidos políticos), porque la articulación territorial del Estado es cosa que atañe y sirve al conjunto de la sociedad y demasiado importante como para dejarla en manos, únicamente, de quienes ya han llevado España a la situación en que se encuentra.

Apostar ahora por una reforma constitucional de mero retoque o por otra más profunda es, sin duda alguna, cuestión delicada y de no tomarse a la ligera, pero lo más imprudente de todo es dejar que la Constitución se siga degradando ante los ciudadanos, porque eso conlleva de forma indefectible la descomposición de la democracia.

Sin embargo, lo probable es que PP y PSOE sigan enrocados en la mezquina y miope defensa de sus intereses de partido, dejando que su manifiesta ineptitud política lleve los acontecimientos al punto del desbordamiento. O que, en todo caso, sigan dando otra vuelta de rosca contumaz al socorrido ‘más de lo mismo’ propio de los necios declarados, vía que, para empezar, les puede llevar a la marginalidad en el marco electoral de Cataluña.

Paréntesis: Tras haber concretado la Generalitat y las cuatro formaciones proclives a la independencia de Cataluña (ERC, CiU, ICV y la CUP) el texto y la fecha de su referéndum secesionista (algo que ZP y otros ‘alumbrados’ dijeron que no iba a suceder), ya veremos dónde queda dentro de poco la firme réplica del presidente Rajoy “garantizando” que “la consulta no se celebrará” porque “es inconstitucional” (sabemos lo que valen sus promesas electorales y hasta dónde llega su valentía política). Y si eso es todo lo que se le ocurre al Gobierno del PP, está afrontando una situación muy grave con una política definitiva y torpemente ramplona.

CULPABLES: ¿LA CONSTITUCIÓN O QUIENES LA MALVERSAN?

Pero, con todo, seguramente llevan razón quienes sostienen que la vigente  Constitución de 1978 es la mejor de toda nuestra historia democrática. Como también la llevan quienes afirman que necesita ciertas reformas, hoy inaplazables sobre todo para reconducir algunos despropósitos autonómicos y evitar que una España todavía invertebrada no termine devorando a sus propios hijos como el aterrador Saturno goyesco, sino devorada por ellos.

Lo indiscutible es que, si se confronta el texto literal de la Constitución, y no digamos su espíritu, con su desarrollo legal y con el sentido político que le han venido dando a golpes de conveniencia los sucesivos gobiernos y las mayorías legislativas, la desviación de su finalidad original y la conculcación de su esencialidad son tan evidentes como deplorables. Y los ataques que de forma explícita o implícita ha venido soportando a lo largo de sus 35 años de vigencia, demasiado frecuentes.

Es obvio que, ni ahora ni en su origen, la Carta Magna puede entenderse como el paradigma de la democracia universal, pero no por ello cabe reputarla, ni antes ni ahora, de inservible. Es, entre otras cosas, la Ley de Leyes que devolvió a todos los españoles la condición de ciudadanos, pero no cayendo graciosamente del cielo, de bóbilis bóbilis, sino como fruto de un esfuerzo político colectivo inteligente y en extremo meritorio.

Para comprobar su grandeza de miras, baste recordar su Preámbulo (que es una síntesis perfecta de su espíritu):

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada; y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente (Constitución)…

Y para verificar las razones del descrédito social de la Constitución, baste cotejar, como decimos, lo que en ella se ha establecido sobre las altas instituciones del Estado (y aun a pesar de su diseño imperfecto) con las leyes posteriores que las desarrollan y regulan y, peor todavía, con el modo en que éstas son aplicadas por los poderes públicos competentes. Y ahí, en esa degeneración formal del espíritu y la letra constitucionales, está la exclusiva y plena responsabilidad de los partidos políticos, porque ellos son los que bien desde el Poder Legislativo o desde el Ejecutivo designan y cesan a los titulares de las instituciones y organismos afectos.

Uno de los muchos ejemplos disponibles, que traemos a colación sólo por haberse repetido de forma bien reciente, es el de la última renovación del Tribunal Constitucional, que en estos momentos de deterioro institucional habría sido una ocasión ejemplar para que PP y PSOE rectificaran su avidez de poder y su inmunda interpretación del texto constitucional.

El artículo 159 de la Carta Magna establece, con no poca minuciosidad, que las personas a designar estén técnicamente preparadas para desempeñar su alta responsabilidad y sean imparciales e independientes, a cuyos efectos han de ser elegidas por mayorías parlamentarias cualificadas (tres quintas partes) entre “juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional” y con un mandato de nueve años, mientras el tribunal se renueva por terceras partes cada tres años… Es decir, que, bien entendida, la Constitución incorpora las cautelas necesarias para conseguir una composición equilibrada y neutral, tratando de distanciar a sus titulares de las mayorías parlamentarias simples y circunstanciales para asegurar su independencia.

Sin embargo, la aplicación práctica de estos criterios constitucionales se malinterpreta al supeditarla obscenamente al sistema de cuotas partidistas, premiando en exceso a juristas cuyo mayor o único mérito profesional es su inquebrantable fidelidad a las siglas que les propone. Una selección que, en ocasiones, también se ha visto acompañada de señas personales rayanas en el sectarismo político…

Otro ejemplo, que ponemos por ser poco conocido, es el del vigente sistema de representación electoral para el Parlamento de Canarias. A pesar de que la Constitución consagra en su artículo 68 el principio de asignar una mínima representación inicial a cada circunscripción y una elección ajustada a criterios de representación proporcional, el Estatuto de Canarias limita en su Disposición Transitorias Primera la adjudicación de escaños a las listas electorales que hayan obtenido nada menos que el 30% de los votos válidos emitidos en la circunscripción insular o, sumando los de todas en las que hubiera presentado candidatura, al menos el 6% de los votos válidos que se hubieran emitido en la totalidad de la Comunidad Autónoma.

Un sistema que provoca la paradoja de que dentro de la misma comunidad autónoma se encuentren varias de las circunscripciones electorales con mayor y menor índice de representatividad de España. Se denomina de ‘triple paridad’, pero en realidad enmascara una democracia a la exclusiva ‘medida’ de los partidos que ya alcanzan esos límites tan arbitrarios como inconstitucionales…

El problema del descrédito de la Constitución, no está, pues, tanto en su texto -y menos en su espíritu- como en muchas de las leyes que la han desarrollado y en los políticos que la secuestran, la malversan y la sepultan bajo la losa del lenguaje, el fraude de ley y las cuotas partidistas, haciendo que se vuelva contra el pueblo soberano que la ratificó y al que ha de servir.

Algunos observadores avezados de la política nacional sostienen que el PP no sabe ganar y que el PSOE no sabe perder (quizás ninguno de los dos sabe ganar ni perder). Pero lo que sí han sabido hacer de consuno, o un partido detrás del otro, es malinterpretar la Constitución en beneficio de su particular ideología; es decir, han tratado de apropiársela e ideologizarla a través del desarrollo normativo y su interpretación política, y, por tanto, de convertirla en la Constitución ‘de unos’ o ‘de otros’, para que dejara de ser la de todos los españoles.

La Constitución no es culpable, si se interpreta con lealtad y con honradez política, conforme a la finalidad con la que fue alumbrada por los constituyentes. Pero sí que es reformable (y sin duda debe reformarse). Y, mientras no se reforme, lo sensato y obligado es respetarla y aplicarla bien, con corrección y altura de miras, sin dejar que las necesidades pendientes excusen el impresentable funcionamiento político de las instituciones del Estado. Pero, ¿qué se puede esperar de una clase política que, ante una España tan afligida y de tan incierto futuro, sigue empecinada en no cumplir ni hacer cumplir la Ley de Leyes…?

En contra de quienes piensan que la reforma de la Constitución hoy es cosa imposible, o que los desmanes de la política pueden seguir amparando su descrédito, hemos de advertir que quizás lo que falte sean líderes de talla para asumir la tarea pendiente. La clave, entonces, estaría en las urnas y en la escoba de los electores para barrer políticas y políticos inservibles, franqueando abiertamente el paso a la regeneración nacional.

El proyecto de la ‘Marca España’, puesto en marcha en la época de José María Aznar y al que el presidente Rodríguez Zapatero prestó muy escasa atención, fue relanzado por el Gobierno de Rajoy a mediados de 2012 tras postergar su presentación solemne en el Teatro Real en tres ocasiones sucesivas -acto que en la práctica ya se dio por anulado-, con la previsión de que estuvieran presentes el Rey y el Consejo de Ministros en pleno. Desde entonces, los ciudadanos españoles han soportado una venta política de tan novedoso invento realmente machacona y sin comprender todavía con exactitud qué cosa es.

Quizás estemos ante un intento de reconvertir el ‘país’ que es España en la ‘Marca España’, sin otra justificación aparente que satisfacer de forma encubierta -como se viene haciendo en otros casos- las exigencias, difíciles de entender, de quienes en plena era de la globalización prefieren sentirse vascos, catalanes, gallegos, cartageneros o lo que les toque, antes que españoles, sin que además ambas cosas sean incompatibles entre sí. O tal vez porque algunos políticos avispados crean que, una vez transformada España como ‘país’ en una simple ‘marca’, podrán desvertebrar todavía más la nación haciendo proliferar las 17 ‘marcas’ de marchamo autonómico más convenientes para su gobierno caciquil y retraernos a estadios de desarrollo y convivencia pretéritos…

Pero también puede ser que, simplemente, estemos ante el hábil invento de algún asesor áulico del Gobierno para disponer de otro chiringuito en el que chupen de lo lindo amigos y compadres políticos, incapaces de vivir al margen de los presupuestos del Estado. Desde los adheridos al ‘Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España’ (rimbombante definición para una etérea función política de rango menor) hasta el ‘Observatorio de la Marca España’ administrado por el Real Instituto Elcano, que es otro invento de ocasión en busca de dónde agarrarse para seguir gastando subvenciones de la sopa boba.

LA ‘MARCA ESPAÑA’ Y LA REINVENCIÓN DE LA PÓLVORA

Porque, si de lo que se trata es de promocionar en el exterior las empresas españolas y algunas de sus actividades económicas referenciales (que no sabemos bien si ese es el objetivo del proyecto ‘Marca España’), la cosa ya estaba inventada y practicada con eficiencia desde el advenimiento de la publicidad moderna en el régimen franquista, sin ningún Alto Comisionado y con multitud de exitosas iniciativas publicitarias públicas y privadas. Basten recordarse al respecto el eslogan turístico del ‘Spain is different’, el de González Byass del ‘Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado’ -con su botella revestida de flamenco-, la simbología del toro de Osborne…).

Y si la cosa va de ‘exportar’ la cultura española (que tampoco lo sabemos), entonces habría que empezar por fomentarla dentro del país, porque nadie puede disponer de lo que carece. O, dicho de otra forma, no parece que la cultura ‘basura’ prototípica de los Torrente y las Belén Esteban, y ni siquiera la que hoy por hoy se cocina en las universidades españolas, sea exportable a países llamados del primer mundo.

Lo que pasa es que como lo de hacer publicidad y relaciones públicas (de producto o de marca, sectorial o genérica, corporativa o institucional) no es cosa exactamente fácil de acaparar por los políticos, porque es propio de una profesión liberal y técnico-creativa para la que tampoco vale cualquier ganapán enchufado de los partidos, sus funciones habituales se han derivado hacia lo rebautizado como ‘marca país’ y como campañas de ‘comunicación’ y de ‘imagen’, que parecen más manejables políticamente, aunque entendidas como se quieren entender sean por supuesto bastante menos eficaces. Mucho asesor, mucha encuesta ‘a medida’, mucho análisis, mucha apariencia, muchas ruedas de prensa, muchos viajes ‘gratis total’…, pero pocas ideas, poca creatividad, poca persuasión, poca eficiencia y, en definitiva, poca España…

Y lo primero que hay que advertir, es que las campañas de ‘comunicación’ entendidas como un instrumento o herramienta particular del marketing-mix, no existen per se. Por la simple razón de que todo proceso que cuenta con un agente emisor y otro receptor, con un ‘mensaje’ de por medio, es pura ‘comunicación humana’, que se puede entender y desarrollar bien como acción puntual o bien como campaña, en función de factores de planificación, intensidad, duración, etcétera. Lo segundo a tener en cuenta es que las campañas de ‘imagen’, como tales, no las de ‘manipulación informativa’, todavía son más irreales y engañosas: pura filfa terminológica basada en la colección de comprobantes de noticias o ‘recortes de prensa’, sin garantía de mayor trascendencia social positiva.

En el sentido proyectivo que se quiere dar a la ‘Marca España’, la ‘imagen’ no es otra cosa que un conjunto de rasgos y percepciones que caracterizan públicamente -es decir ante la sociedad- a una persona, un colectivo o una entidad, y que obviamente puede ser ‘buena’ o ‘mala’ de acuerdo con el sistema de valoración aplicable. Así, se debería hablar de la ‘imagen-país’ de forma más correcta que de la ‘marca-país’; pero como para nuestros políticos España es un concepto discutible  -y en consecuencia discutido-, y como hablar de la Nación Española no consta en su agenda, pues parece que les es más conveniente inventarse lo de la ‘Marca España’.  

LA IMAGEN DE LA ‘MARCA ESPAÑA’ Y SUS ATRIBUTOS

En el ámbito de interés económico que nos ocupa, la ‘marca’ es una señal hecha sobre una persona, animal o cosa (incluidos los entes jurídicos) para distinguirla de otra o denotar su calidad, sus características o atributos y su pertenencia, o también el sello o instrumento con el que se aplica. Por eso se habla de la ‘imagen de marca’, del ‘sello de marca’, de la ‘marca’ que identifica y acoge uno o varios bienes, productos o servicios y de otros conceptos propios de las ciencias comerciales -el marketing moderno- que no viene al caso pormenorizar.

Y sucede, por tanto, que la ‘imagen’ no se define ni se fabrica fácilmente a conveniencia ni a base de órdenes gubernamentales dadas sobre la marcha, sino que es el resultado de una agregación continuada de elementos y percepciones de naturaleza objetiva, que en un momento dado y mediante técnicas de comunicación precisas pueden hacerse más evidentes y presentarse ante el público de forma más atrayente, emocionante y sugestiva. Es, entonces, una especie de concepto ‘residual’ devenido de la propia realidad en el transcurso del tiempo, y que, de esa forma, puede conformar una imagen ‘buena’ o ‘mala’; reconducible en alguna medida pero no alterable porque sí, de forma inmediata y radical.

La ‘imagen’, buena o mala, es, tan sólo, el resultado de hacer las cosas bien o mal a lo largo del tiempo. Y, en definitiva, todos los expertos en la materia, vienen a concluir que lo primero y más necesario para que una corporación o cualquier otro tipo de ente tenga una buena imagen (algunos expertos prefieren hablar de una buena reputación), es que haga bien su trabajo desarrollando sus funciones y cubriendo sus objetivos con rigor y eficiencia.

Dicho de otra forma, la ‘imagen de marca’, o los atributos perceptibles de la marca, no se conforman sino a través de un proceso continuado de prueba y contraste por parte del agente receptor, que en sí mismo se puede alimentar, dinamizar y orientar, pero sólo hasta cierto punto si la ‘cosa’ envuelta por la marca no responde en su contenido objetivo al perfil de valores atribuido. Y por eso, yendo al fondo de la cuestión, si alguien piensa que en su momento fue fácil cambiar la imagen de la España de pandereta, o que ahora se puede eliminar de un plumazo político la imagen de la España corrupta y despilfarradora, se equivoca de medio a medio.

Así, no deja de llamar la atención que, según han establecido sus creadores, el proyecto ‘Marca España’ descanse también en lo que definen como “una tarea académica sostenida”, consistente en crear un ‘Observatorio de la Marca España’, “con una serie de indicadores que permitan conocer la imagen de España en el mundo de forma discriminada y según su evolución en el tiempo”. Tarea poco convincente encomendada además sin la menor justificación al Real Instituto Elcano, del que se afirma con total gratuidad que es toda una “institución destacada en la materia” (en realidad jamás ha hecho cosa similar).

Y si esa labor de hipotética investigación se plantea como ‘tarea académica’, que no lo es, ¿por qué no se encarga de realizarla una facultad prestigiosa de Ciencias Políticas y Sociología, aunque fuera extranjera…? ¿Y, en todo caso, cuál es la razón que impide al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente de la Presidencia del Gobierno, asumir directamente tal ‘observación’…? Este recurrente invento del ‘Observatorio’ (aplicado a un fenómeno evidente a simple vista del día a día informativo, suena raro, raro, raro…, a una suerte de contrato para la ‘peña’ política que en modo alguno va a mejorar los aspectos negativos de la ‘Marca España’.

Pero, además, y según han decidido también sus espabilados promotores, el lanzamiento de la ‘Marca España’, “debe ir acompañado de una campaña de comunicación”. A cuyos efectos -añaden- se han concertado también ciertos convenios de colaboración (raros, raros, raros) entre el ‘Alto Comisionado’, la Agencia EFE y la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE). Algo que apunta a cierta confusión práctica entre una ‘campaña de comunicación’  (ya hemos advertido que tal concepto es equívoco) con la propaganda política propia de los regímenes totalitarios.

Y es que, antes de meterse en fregados de este porte, lo previo y necesario, como muy bien saben los verdaderos profesionales del marketing y la politología, es desarrollar una acción seria de investigación para, en todo caso, señalar el punto de partida: qué se entiende por ‘Marca España’, cuáles son o deben ser sus atributos, qué valoración social registra ab initio y por qué motivos, etcétera… Y pasar, acto seguido, a fijar los necesarios objetivos cualitativos y cuantitativos de la pretendida ‘campaña’ (sin los que el fracaso de la idea está garantizado), diseñar acciones concretas para alcanzarlos, planificar su ejecución en tiempo y espacio determinados, medir los resultados, valorar la nueva situación y, si procede, implantar los nuevos procesos de continuidad…

Claro está que esa obligada labor inicial de diagnosis de la situación o de definición del problema, que en este caso es la presumible mala imagen de la ‘Marca España’ (porque si la imagen fuera buena la campaña en cuestión sería innecesaria o tendría que plantearse en términos distintos), habría puesto en clara evidencia la realidad que subyace en la pésima valoración social del país dentro y fuera de sus fronteras. Tanto en lo afecto al sistema político como a las prácticas de gobierno, lo que constituye el verdadero fondo de la cuestión.

De esa forma, los promotores del proyecto ‘Marca España’ habrían sabido a ciencia cierta que el problema real es el desprestigio de la clase dirigente y de las más altas instituciones del Estado, la ausencia de reformas vitales en numeroso campos, la falta de consensos y verdaderas políticas de Estado en cuestiones básicas para la convivencia y el desarrollo socioeconómico, la nefasta deriva del Estado de las Autonomías y la desvertebración nacional, la corrupción pública y el derroche presupuestario…

Todo un amplio y creciente conjunto de lamentables ‘realidades’ negativas, imposible de combatir con campañas de imagen y comunicación, y menos todavía con el propagandismo político y la manipulación informativa. ¿O acaso se trata de seguir moviéndonos en el mundo de las apariencias y justificar la mala imagen de nuestro país por no haber sabido vender lo bien que lo dirigen sus torpes gobernantes, como afirman rotatoriamente unos y otros…? ¿Es que la mala valoración social de la acción de gobierno y de oposición sólo es consecuencia de no saber ‘comunicarlas’ o de no estimular como es debido las loas y alabanzas que merecen…? ¿Es que tal vez vamos a restaurar la antigua Prensa del Movimiento para camuflar la España real con la España de las apariencias…?

Cierto es que en la España real siempre han existido y seguirán existiendo muchas cosas positivas, basadas sobre todo en la actividad y el esfuerzo ciudadano personal y colectivo -a veces directamente entorpecido por la política-, y que eso, es decir la particular iniciativa empresarial, cultural y profesional en todas las vertientes, conforma una esencialidad de país a potenciar y proyectar al exterior. Bien sea facilitando las iniciativas de los agentes individuales o bien mediante actuaciones de tipo genérico o sectorial.

Pero, al mismo tiempo, en el país existen también muchas cosas negativas, hoy vinculadas básicamente a lo público y a la mala gestión política, que son las que más inciden sobre su imagen internacional. Porque en términos de percepción y valoración social siempre pesa mucho más lo negativo que lo positivo.

AUMENTA LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

Y, además, esta triste realidad negativa es creciente, como ha demostrado la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por ‘Transparencia Internacional’ (TI), ONG fundada en 1993 con el objeto de observar y difundir delitos corporativos y corrupción política en el desarrollo internacional. La organización, que opera en más de 70 países, comenzó a trabajar en España en 2000, gestionada por la Fundación José Ortega y Gasset y bajo la dirección de Jesús Lizcano.

En el Informe de TI relativo al año 2013, presentado el 3 de diciembre en Berlín (donde se encuentra su sede central), se observa que España ha caído diez puestos en el ranking sobre la percepción de la corrupción oficial con relación al año anterior. Tras Siria, es el país en el que dicho fenómeno ha aumentado más en el último año.

En 2013, España ha cedido seis puntos con respecto al año anterior, pasando de los 65 puntos (sobre un máximo de 100 que supondrían  ‘corrupción cero’) a los 59, para descender de la posición trigésima hasta la cuadragésima (entre 175 países observados), lo que, por ejemplo, la sitúa muy por detrás de Chipre y Portugal, inmediatamente después de Polonia y justo delante de Cabo Verde. Dinamarca vuelve a ser en esta edición el país percibido como más transparente a nivel europeo y mundial (suma 91 puntos de los 100 posibles), mientras que Grecia repite como nación más corrupta del continente europeo en el puesto 80 (40 puntos), a la altura de China…

Según los responsables de TI-España, los escándalos de corrupción que se han destapado y juzgado en los últimos meses en el país (pero larvados en los últimos años), han dejado a la luz ciertas “debilidades estructurales” del sistema legal en ámbitos tan sensibles como el de la adjudicación de contratos públicos o la normativa sobre uso del suelo; hecho al que además hay que añadir la sensación de impunidad de los corruptos en España, debido principalmente a la lentitud del sistema judicial. A su juicio, la ‘Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno’, aprobada recientemente, es “débil”, carece de “claros castigos” para los infractores, deja mucho margen a la “discrecionalidad” de los funcionarios y, además, no reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir información…

Por su parte, Fernando Prado, responsable para España y América Latina del ‘Reputation Institute’, consultora dedicada a la investigación sobre la reputación corporativa, su medición y gestión proactiva, fundada en 1997, explica que para que una serie de noticias cambien la imagen de un país deben referirse a algo realmente extraordinario: “El año del rescate de los mineros chilenos subió mucho la imagen del país, y si México sufre una escalada de violencia del narco, baja. Pero tienen que ser noticias que estén todo el día en primera página. La huelga de limpieza de Madrid no ayuda, pero es preocupante sobre todo porque la prensa la usa como síntoma de que Madrid no tiene dinero para recoger la basura”.

Según el índice de ‘Reputation Institute’, actualizado anualmente, España ha perdido imagen con la crisis. Ha pasado de ser en 2009 el país número 12 del mundo en imagen a situarse en el 18, siendo superado en 2013 por Italia y Francia. Si en los primeros años de la crisis bajó la valoración económica de España, en el último año han caído también aspectos como la calidad institucional o el uso del dinero público, por lo que Fernando Prado sostiene: “Es difícil pensar que los casos de corrupción no tienen nada que ver con el deterioro de la calidad institucional que se percibe”.

Prado explica también una singularidad propia de España: “Lo normal es que la imagen de un país esté por encima en unos 10 puntos si se les pregunta a sus ciudadanos con respecto a lo que se percibe desde fuera. En España era así en 2008, nos veíamos mejor desde dentro que fuera. Desde entonces, la percepción que los españoles tienen de su país no ha hecho más que caer, y en 2013 está ya por debajo de la puntuación que dan los extranjeros”…

Paréntesis: Según el Barómetro del CIS correspondiente al paso mes de noviembre, la corrupción y el fraude han vuelto al segundo puesto de la lista de problemas de España, situándose por detrás del paro, que sigue en cabeza, mientras la preocupación que genera la clase política se incrementa un punto más sobre el mes anterior, siendo citada por el 29,7% de los encuestados.

Con todo, es obvio que en relación con este invento de la ‘Marca España’, la tarea sustancial se debe centrar en potenciar los aspectos positivos del país, diluyendo previamente los negativos mediante las reformas y decisiones políticas necesarias. Lo que no debe hacer el Gobierno es lanzarse a exhibir por el mundo una vacua ‘marca-país’ sin eliminar antes sus peores y más polémicos atributos, que son los más visibles y rechazables.

Porque, sirva la comparación, a nadie se le ocurre publicitar productos con taras de origen que no pasan un mínimo control de calidad o tratar de vender los que presentan defectos de fabricación bien evidentes. Todos los profesionales del marketing saben lo que debe contener una base-line como el histórico del “You can be sure… if it’s Westinghouse”, por ejemplo, o lo que para el gran público significan un ‘Made in Germany’ o un ‘Made in USA’ frente a un ‘Made in China’.

EL PERNICIOSO MUNDO DE LAS APARIENCIAS

Dicho de otra forma, nada hay más pernicioso a medio y largo plazo que fundamentar una acción política o comercial -elíjase lo que se quiera- en el mundo de las apariencias; nada peor que tratar de solucionar un grave problema como quien pretender mover el mundo apalancando con un churro, al dicho aragonés.

Las personas, como las cosas e incluso las ideas en germinación y no sustanciadas, son lo que son y no lo que puedan aparentar. Y si bien en la sociedad actual muchos se ocupan en ser o en mostrarse como lo que no son y, por tanto, en vivir de las apariencias, y que no deje de ser cierta la advertencia maquiavélica de que “todos ven lo que tú aparentas y pocos advierten lo que tú eres”, la realidad es que fuera del ámbito personal lo auténtico prevalece siempre sobre lo presumible o artificioso.

De hecho, Aristipo (435-350 a.C.), discípulo de Sócrates y fundador de la escuela cirenaica que identificaba el bien con el placer -el hedonismo-, ya distinguió: “En los mercados se examinan los objetos muy cuidadosamente, pero si se trata de personas, se las juzga sólo por las apariencias”. Poco después, el fabulista Esopo nos recordó de forma insistente que “es por el fondo, no por las apariencia, por donde hay que juzgar”.

Y más tarde, en la antesala de la era cristiana, el historiador romano Quinto Curcio Rufo afirmó con un cierto toque poético que “los ríos más profundos son siempre los más silenciosos”. Una sabia percepción de la realidad que llegaría a ser reinterpretada en un manuscrito francés del siglo XIV en estos términos: “No hay agua más peligrosa que el agua dormida”.

Dos grandes poetas latinos coetáneos de Curcio, también advirtieron sobre el respeto a la esencialidad de las cosas. Horacio señaló que a menudo “somos engañados por la apariencia de la verdad”, mientras que Virgilio precisó: “No te fíes demasiado del color de las cosas”…

Pero, a pesar de estas llamadas al realismo y a profundizar en lo esencial sin pararse en lo aparente, los actuales políticos españoles, y en concreto los inspiradores y ejecutores del proyecto ‘Marca España’, parecen mucho más interesados en seguir el dictado de Pío Baroja, maestro del pesimismo imperante en la llamada ‘Generación del 98’: “Tiene suma importancia salvar la apariencia. Todo está bien, si parece bien”.

Porque justo en esa línea ‘aparencial’, es en la que se está moviendo la ‘Marca España’, al igual que sucede prácticamente con toda la política desarrollada por José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y padrino del invento en cuestión. Es decir, haciendo más por aparentar qué querríamos ser que por mostrar la realidad de lo que somos (aun sin dejar de perfeccionarla y de potenciarla), cosa comprensible si consideramos algunos de sus actuales aspectos más vergonzosos.

Vivimos en una época llena de imágenes falsas y estereotipos engañosos que nos llevan al punto acomplejado de querer ser lo que seguramente no seamos y, peor aún, a llegar a creer que somos lo que realmente no somos; a creernos nuestras propias mentiras. Lo que a menudo nos lleva a fracasos absurdos y a devaluar nuestra esencialidad como país con los atributos positivos y diferenciales que otros países pueden incluso añorar como señas de identidad propias (ahí está sin ir más lejos el caso de las corridas de toros prohibidas en Cataluña y Canarias).

Y lo cierto es que lo que parece ser, frecuentemente acaba por no ser eso mismo; es más, en algunas ocasiones termina por ser justo lo opuesto. “Nada resulta tan bueno como parecía”, llegó a escribir George Eliot (seudónimo de la escritora británica Mary Anne Evans, 1819-1880, conocida por su amplia cultura y su defensa del realismo literario).

Así, hemos visto recientemente cómo de tener ‘cantada’ para Madrid la adjudicación de los Juegos Olímpicos de 2020, según los promotores de la candidatura madrileña con el príncipe Felipe a la cabeza, se pasó a la triste realidad de protagonizar un ridículo de descalificación mayúsculo, incluida la ‘gracieta’ de la alcaldesa madrileña, Ana Botella, con su “A relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”…

LAS METEDURAS DE PATA DE LA ‘MARCA ESPAÑA’

Pero eso no es todo. Puestos a apoyar oficialmente la imagen de España, poco antes del fiasco que supuso la candidatura del ‘Madrid 2020’, y a raíz de la pitada al himno nacional que se produjo durante la inauguración de los Mundiales de Natación celebrados en Barcelona el pasado mes de julio, al propio director adjunto de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la ‘Marca España’, Juan Carlos Gafo, no se le ocurrió otra cosa mejor que insultar a todos los catalanes minutos después de la ceremonia a través de su cuenta Twitter, con este alumbrado desplante: “Catalanes de mierda. No se merecen nada”.

Y eso que el caballerete en cuestión, además de pertenecer al Cuerpo Jurídico de la Armada, es diplomático de carrera con destinos previos tan significados como los de director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno (2004-2008) y el de embajador de España en el Líbano (2009-2012). ¿Y tipos tan zafios como este son los que pretenden velar por la imagen pública del país…? ¡Pues apaga y vámonos con la música de la ‘Marca España’ a otra parte!

En su sencilla sabiduría, Fray Luis de León (1527-1591), eminente teólogo, filólogo erudito y poeta extraordinario, y quizás por ello sañudamente acosado por la Santa Inquisición, sostenía la imposibilidad de que la formación y el estudio suplieran las carencias profundas de nuestro propio intelecto. A él se atribuye la frase que terminaría siendo emblema de la Universidad de Salamanca (“Quod natura non dat, Salmantica non praestat”) y que el vulgo de la época recreó sagazmente en el conocido dicho: “Donde no hay mata, no hay patata”.

Pues eso: donde no hay producto no puede haber imagen y donde se siembran cardos no se recogen rosas. Porque ¿cuál es la imagen de España que se quiere proyectar en el exterior si dentro de casa tenemos lo que tenemos…? ¿Y es que acaso no conviene barrer la casa antes de abrirla a las visitas…?

LA CRÍTICA SOLVENTE DE INTELECTUALES Y TÉCNICOS

A Javier Marías, como a otros muchos españoles personalmente esforzados en hacer sus cosas bien, es decir con imagen y reputación ganada por méritos propios, le invitó el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España (dime cuán grande es tu título y te diré quién eres) a prestar su imagen en un prematuro video promocional de la ‘Marca España’. Al escritor y miembro de número de la Real Academia Española le hizo poco gracia la forma y el fondo de la invitación y, para empezar, le anunció una respuesta inmediata y adecuada en un artículo que tituló ‘La Marca España y las ratas’ (El País Semanal 26/05/2013), que concluía con este duro párrafo:

(…) El domingo que viene contaré cuál fue mi respuesta, y también en qué consiste hoy la Marca España, en mi opinión propia de un piernas. Pero les adelantaré ahora una escena reveladora y reciente, que jamás había contemplado en mi ciudad, ni siquiera en los años cincuenta en que nací. La Marca España, entre otras cosas, son las RATAS que ya he visto varias noches correteando como conejos por entre las mesas de las terrazas de la Plaza Mayor de Madrid, una de las más turísticas y emblemáticas del país (como para sentarse a esas mesas). El Madrid deteriorado de la alcaldesa Botella de Aznar. El Madrid controlado por el PP desde hace más de veinte años. Peligrosas, insalubres, transmisoras de enfermedades, campando a sus anchas en pleno centro de la capital del Reino. Esa es una de las imágenes actuales que debería meter en su vídeo ese Alto Comisionado.

Y, efectivamente, tras este aperitivo, Javier Marías se despachó a gusto con la ‘Marca España’, como había anunciado, en otro artículo sobre el mismo tema apropiadamente titulado ‘Puras hipocresía o contradicción’ (El País Semanal 02/06/2013). Su segunda y también acertada reconvención al Gobierno de Rajoy merece ser reproducida literalmente:

La idea de la Marca España es la de una apropiación indebida. Con alguna excepción (quizá el deporte en los últimos veinte años), la política de este país ha sido poco propensa a ayudar a las personas de talento e iniciativa; más bien les ha puesto trabas y obstáculos, y en la actualidad -de nuevo- las insta u obliga a emigrar. Está reciente el caso de Diego Martínez Santos, elegido mejor físico joven del continente por la Sociedad Europea de Física casi al mismo tiempo que la Secretaría de Estado de Investigación le denegaba aquí una beca Ramón y Cajal alegando, precisamente, su falta de “liderazgo internacional”. Dios les conserve la perspicacia a sus miembros. También el de Nuria Martí, cuarta firmante del hito mundial del año en investigación biológica (la obtención de células madre humanas), huida a Oregón tras haber sido despedida del Centro Príncipe Felipe de Valencia por un ERE en 2011. Hay una larguísima tradición en España de expulsión, encarcelamiento o persecución de sus mejores intelectuales, artistas, científicos e investigadores. Desde Goya y Blanco White y Jovellanos y Moratín hasta Cernuda, Machado, Juan Ramón, Salinas, Carner, Guillén, Aub, Ayala, Zambrano, Alberti, Chacel, Corpus Barga, Chaves Nogales, Barea y tantos otros. Durante unos años pareció que el ambiente español se hacía respirable, e incluso regresaron los exiliados republicanos que quedaban vivos. Ahora, bajo este Gobierno declaradamente enemigo de la cultura y la ciencia, toca otra vez largarse o quedarse aquí resistiendo. Mi padre, recuerdo, explicó en sus memorias, Una vida presente, por qué no se marchó del país tras la victoria de Franco, estando como estaba en peligro y con negras perspectivas. Había razones de carácter personal, pero me interesa la siguiente: “Aunque no me hacía grandes ilusiones sobre mí mismo, pensaba que si los que tienen capacidad de expresión abandonan a su pueblo, es muy difícil que no decaiga, que pueda levantarse”. A veces permanecer, con privaciones y hostilidad, requiere más esfuerzo y valor que marcharse. Si todo el mundo de valía se va, ¿qué posibilidad de mejora le resta al territorio desértico? ¿O de “salvación”?

Todavía hoy, los españoles que destacan no lo hacen por serlo, como pretende fingir el concepto de Marca España, sino por casualidad, cada uno en su campo, y en muchas ocasiones pese a serlo. ¿A qué viene entonces apropiarse institucionalmente de los logros individuales y azarosos, debidos al talento y al denuedo de las personas, sino a una hipócrita tentativa de instrumentalización? Más aún cuando el Gobierno de Rajoy ha elegido como primeras víctimas de sus recortes a la cultura, a la educación, a la ciencia y a la investigación. ¿Qué diablos haría mi imagen, o la de cualquier otro escritor, “adornando” ese vídeo del que hablé hace una semana y que se presenta con pompa pasado mañana en Bruselas, mientras el presupuesto de este año para las bibliotecas públicas ha sido de cero euros, o se mantiene la más absoluta permisividad con la piratería de textos en Internet, que a la larga nos llevará a unos cuantos a dejar de escribir? ¿Qué la de cualquier cineasta o actor, cuando los teatros y cines han pasado de golpe de un 8% de IVA a un 21%, convirtiéndonos en el país europeo con el mayor gravamen impuesto a los aficionados a esas dos artes que el Gobierno rebaja a meros “espectáculos”, y en consecuencia se cierran salas sin parar? ¿Qué cualquier músico o cantante haciendo propaganda no de su país, sino de un Gobierno que raquitiza las escuelas de música clásica y -como los anteriores, en eso no hay diferencia con los socialistas- hunde la industria, de nuevo con su pusilanimidad ante los internautas más desaprensivos? ¿Qué la de cualquier médico notable, mientras la sanidad pública es desmantelada, privatizada, reducida y encarecida? ¿Qué la de cualquier científico o investigador de renombre, cuando a sus colegas se les ha cercenado o suprimido toda ayuda económica para realizar su labor y se los empuja a irse de España para sobrevivir?

El Gobierno no desea apoyar la ciencia ni la cultura (no hay medios para eso, aduce), pero su aversión a ellas es tal que ni siquiera está dispuesto a consentir que las financie la sociedad civil, como sucede desde siempre en los Estados Unidos. No otra explicación tiene que una posible Ley de Mecenazgo, que permitiera desgravarse las aportaciones a museos, publicaciones culturales, conciertos, representaciones teatrales y demás, esté congelada o cuente con la abierta oposición del Ministerio de Hacienda. ¿Qué sentido tiene, así pues, que la Marca España presuma de los rostros y nombres de personas destacadas en el terreno de las artes, mientras desdeña y combate esas artes?

No sé qué habrán contestado los demás individuos a los que la Marca España haya pedido autorización para utilizar su imagen, pero mi respuesta fue escueta: “Le agradezco su proposición y su interés, pero no voy a participar en algo auspiciado por un Gobierno, como el actual, que atenta incesantemente contra todas las actividades culturales españolas. Su política en ese campo y el proyecto de que me habla son pura contradicción”. Preferí este último vocablo al otro que barajaban mis dedos, “hipocresía”. Debo decir que recibí en seguida -justo es consignarlo- una contestación aún más escueta, pero sumamente educada y comprensiva. Al menos sabe guardar las formas ese Alto Comisionado.

Una percepción la del académico Marías en modo alguno inconsistente o aislada, situada en línea con la de otros muchos intelectuales y expertos en comunicación social. Por poner algún ejemplo más ‘popular’, pero no menos significativo, ahí están las declaraciones de los creadores españoles premiados recientemente con los premios Eisner, considerados los Oscar del Comic, renegando de la ‘Marca España’.

“Si alguien había pensado alguna vez que el cómic español no era de calidad, los premios Eisner han venido a desmentirlo. Tres dibujantes españoles -David Aja, Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales- han obtenido cuatro premios Eisner durante la celebración de la feria Comic-Con en Estados Unidos, la meca mundial del cómic”, se agasajaba el pasado 12 de agosto en la web oficial del organismo gubernamental ‘Marca España’ a los galardonados en San Diego (California, EEUU). Además, la nota de ‘Marca España’ añadía: “Todos los galardonados reconocen que estos premios son un paso más hacia el reconocimiento mundial del cómic español”.

Pero tanto Díaz Canales como Aja exigieron rápidamente a los responsables de ‘Marca España’ que dejaran de asociarles con dicho concepto publicitario, expresando a través de las redes sociales su indignación con tal invento.

En su airada respuesta en Facebook, Díaz Canales se avergonzaba de “un país que consiente y ampara estafas a gran escala y niega a sus ciudadanos derechos elementales como son una vivienda digna, sanidad y educación. Que ningunea la cultura y la ciencia y cuyas instituciones, de la primera a la última, están corruptas hasta la médula, como nos demuestran los medios de comunicación un día sí y otro también”. Y proseguía: “Vivimos en un país desesperanzado, en manos de una casta política y económica amoral, insensible, ciega y estúpida que nos ha arrastrado a la miseria caprichosa y cruelmente, mientras que ellos siguen enriqueciéndose a manos llenas".

También afirmaba que es español sólo porque “no puedes ser otra cosa desde el momento que naces en España” y que “esto no es suficiente para sentirme orgulloso de mi país. De hecho, hoy por hoy, los sentimientos que me provoca ser español son los de vergüenza, impotencia e infinita indignación”. Finalmente concluía: “Por todo ello, no quiero que mi nombre se asocie, y mucho menos sin mi consentimiento, con ese esperpento que han dado en llamar ‘Marca España’. Hagan el favor de llamarme de nuevo cuando hayan limpiado la casa, la gente pueda aspirar a un trabajo digno, las instituciones recobren su verdadera función y la ética vuelva a tener más valor que el dinero”.

Por su parte, David Aja escribió en su cuenta de Twitter, antes incluso de que ‘Marca España’ le ensalzara por su premio internacional, que lo que más le produce hoy en día España y la susodicha etiqueta publicitaria era “vergüenza”. Y después recordó a través de la red del pájaro azul que ninguno de los tres dibujantes españoles premiados en Estados Unidos trabaja para la industria española, sino para editoriales extranjeras.

Y desde una posición sin duda más transgresora, Juanma Bajo Ulloa, uno de los realizadores cinematográficos de moda, acaba de convocar un concurso en busca de la ‘Marca España’ gamberra para integrarla en su comedia ‘Rey Gitano’. En la web del proyecto (www.reygitanolapelicula.com), anima a los ciudadanos a que le cuenten cómo ven España, redefiniendo la 'Marca España' al margen del organismo impulsado por el Gobierno para vender la imagen del país en el extranjero: “Te pedimos que nos envíes una foto, dibujo o eslogan, que para ti simbolicen o sinteticen los verdaderos valores e idiosincrasia de España”.

Todo ello, claro está, de forma cuanto más provocadora, mejor. Porque, según el director de cine, su nueva película es un “homenaje a la chapuza española, a los políticos, a la monarquía... al cine, también”, que trata de captar la verdadera percepción que los españoles tienen de la crisis…

Pero en un plano mucho más moderado y técnico, y como otro ejemplo de las críticas solventes que vienen soportando la ‘Marca España’ y su Alto Comisionado, entre otros disponibles, también conviene reproducir el ilustrativo artículo de opinión de César García, doctor en Ciencias de la Información, consultor de comunicación y actual profesor ‘asociado’ en la Universidad de Washington, publicado en el diario digital El Huffington Post (03/09/2013) con el título ‘Pero ¿existe la marca España?’:

No voy a negar que la reputación es un factor importante en el desarrollo de los países. Tal y como dice Simon Anholt en su libro ‘Lugares: identidad, imagen y reputación’ (2009), uno de los gurús del concepto de la ‘marca país’, aquellos países con una reputación positiva “encuentran que todo aquello que ellos o sus ciudadanos desean hacer en la escena global resulta más fácil: su marca les antecede, abre puertas, crea confianza y respeto, e incrementa la expectativa de calidad, competencia e integridad”.

Sin embargo, lo de la Marca España es un bulo. No en vano, el propio Anholt, en el mismo libro, niega la existencia de algo digno de ser llamado marca país porque sobre todo requiere de buenas acciones y cambios: “Las imágenes nacionales no son creadas mediante la comunicación y no pueden ser alteradas mediante las comunicaciones”. Dicho en Román paladino, para tener una buena imagen, lo más importante es hacer las cosas bien y punto.

Los impulsores de la Marca España asumen que el país tiene una imagen peor de lo que se merece y que hay muchas cosas que fuera no se saben que merece la pena que sean contadas. Pretenden que España deje de proyectar únicamente la imagen de ser un país cálido, fuerte en el turismo y con gente simpática y apasionada, y presente alguno de los rasgos de los países denominados fríos como una cierta eficiencia producto de una buena educación y creatividad de sus gentes. La meta sería parecerse un poco más a Francia y a California, cunas del hedonismo moderno pero al mismo tiempo con una aureola de calidad técnica y científica.

Habría que preguntarse si la imagen del país no se corresponde con su situación real. Después de todo, la reputación de España en distintos estudios suele destacar por su buen clima y la calidad de vida probablemente superior a su nivel económico. En contra, España tiene una imagen de país relativamente ineficiente en comparación con los países centrales de Europa, con pocas empresas importantes y donde no resulta fácil hacer negocios.

¿Es esto mentira? Yo diría que no si tenemos en cuenta que España no tiene ninguna universidad entre las doscientas primeras en ninguno de los rankings que cuentan o que la mayor parte de nuestro producto interior bruto (una vez desmontado el bulo de la construcción) se debe al turismo y a la fabricación de automóviles de marcas extranjeras. Es verdad que hay algunas empresas españolas líderes en ciertos sectores como la banca, el textil, las energías alternativas o las telecomunicaciones, pero hay que decir que ni sus nombres ni sus imágenes corporativas transmiten ningún rasgo de españolidad.

Sirva como botón de muestra. En la misma zona del piso primero de uno de los centros comerciales más importantes y céntricos de San Francisco se concentran Zara, Mango, Tous y Camper, pero el que no sea un fan de la moda, hace poco hice un sondeo informal, sigue creyéndose que son firmas italianas, francesas o anglosajonas ya que la españolidad solo aparece en letra muy pequeña por la obligatoriedad de revelar el registro legal.

En realidad, con 28 empresas entre las 2.000 más grandes del mundo y 3 entre las 100 primeras según Forbes, España no está tan mal. Por compararnos con un país vecino con el que siempre tenemos cierto complejo de inferioridad en estas cuestiones, tenemos prácticamente las mismas empresas en la lista que Italia (que solo tiene una entre las cien primeras y de capital público) que es un país con mayor población. La diferencia en términos reputación es esa segunda y decisiva línea de pequeñas y medianas empresas que en Italia exportan cafeteras, maquinaria especializada y alimentos con la impronta “Made in Italy” mientras que en España nos encontramos con que relativamente pocas Pymes exportan de verdad. Y eso a pesar de las crisis políticas del país transalpino, para que luego se diga que la política es importante para los negocios.

Quien piense que la acción de un Gobierno puede crear marca es un iluso. La Marca España hoy es un gol de Messi o el papel de Guardiola en el Bayern de Munich. Hace más por la imagen de eficiencia de España ganar un mundial de fútbol o un triunfo de Nadal en Roland Garros que todos los Camper del mundo que nadie sabe de donde son. Marca España es una película como ‘El laberinto del fauno’ (aunque sea una coproducción con México) que gana 5 Óscar técnicos o el estudio de la Universidad de Barcelona, testado entre españoles y reproducido por todos los medios del mundo, acerca de las bondades de la dieta mediterránea. Marca España es el programa de cocina española de José Andrés en el canal público norteamericano.

Marca España es hacer las cosas muy bien.

EL MILAGRO IMPOSIBLE DE UNA IMAGEN SIN CIMIENTOS

La verdad es que llevamos años en los que los sucesivos gobiernos y el conjunto de las instituciones del Estado -desde la Corona hasta las Cortes Generales, pasando por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las propias Autonomías…-, acumulan de forma imparable las razones que están destruyendo la imagen y la reputación de España dentro y fuera de sus fronteras. O, dicho de otra forma, vivimos años en los que se están generando multitud de sinrazones políticas, en su más amplio sentido, que hacen imposible tomarse en serio ese invento de la ‘Marca España’, incluso en su versión más asumible.

Pero el problema, realmente grave, es que el proceso degradante de la imagen de España sigue su curso invariable sin que nadie haga nada al respecto, salvo intentar convertir a Carlos Espinosa de los Monteros, el Alto Comisionado, en una especie de sabio Merlín, el mago más poderoso de la epopeya artúrica que, tras haber sido creado en su origen para atraer a los humanos al lado oscuro que todos guardan en su interior, después -dice la leyenda- decidió hacer precisamente lo contrario: se convirtió en guía espiritual de su época y en consejero imprescindible de sus diferentes reyes, como el usurpador Vortigern, Aurelius Ambrosius, Uther Pendragon y el famoso Arturo de Camelot.

Según se narra en las obras literarias que lo tienen de protagonista, Merlín era capaz de hablar con los animales, cambiar de forma, hacerse invisible y también de controlar el clima y los elementos, aunque estas habilidades las empleaba con mucho cuidado para no enfurecer a la naturaleza, a quien consideraba como ‘diosa más poderosa’. Facultades todas ellas no muy distintas de la magia necesaria para reconvertir la podrida realidad política e institucional de España en la anhelada ‘Marca España’ del Gobierno de Rajoy.

Mientras el Merlín gubernamental intenta alcanzar su objetivo, cosa que está por ver, la basura nacional sigue en arrogante crecida. En todos los frentes y sin el menor ánimo de rectificación.

Así, mientras la Audiencia Nacional dicta órdenes de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros cuatro exdirigentes de ese país por la represión en el Tíbet (ahí es nada), la meritoria selección española de fútbol se va a jugar a Guinea Ecuatorial para bailarle el agua al dictador Obiang Ngema, quedando la faena bien retratada, por ejemplo, por The New York Times…

Y mientras el Frankfurter Allgemeine Zeitung había sentenciado que “la capital de España no tiene dinero para nada más, tampoco para la limpieza de las calles”, trasladando a la opinión pública internacional una imagen de país tercermundista, y que “los habitantes no solo sufren esta huelga, sino también tener a la persona equivocada en el Ayuntamiento”, Ana Botella se vanagloriaba de su bochornosa gestión de la huelga de los recogedores de basura afirmando ni corta ni perezosa: “Gracias a la reforma laboral [del PP], la que ha traído más progreso a la historia de la humanidad, no ha habido ni un despido”. Y eso sabiendo todo el mundo que el Ayuntamiento los canceló precisamente forzado por el éxito de la huelga… 

Pero sigue la vaina. Mientras el príncipe Felipe anuncia a bombo y platillo un viaje a Brasil para promocionar la ‘Marca España’, su avión oficial no puede despegar por una avería derivada de su mal mantenimiento… con el de repuesto en reparación. Y mientras en España toda la oposición rechaza la LOMCE y se conjura para derogarla en cuanto el PP deje de gobernar, Dennis Abbot, portavoz de la Comisión Europea, se ha visto obligado a calificar nada menos que como “basura” la información salida del Ministerio de Educación en el sentido de que España saldría perdiendo con el nuevo reparto de fondos de Bruselas para las becas Erasmus (“No sé cómo decir esto más diplomáticamente... Pero es basura").

Y ahí está también la polémica internacional suscitada por el escandaloso proyecto de ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el Gobierno de Rajoy. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha tardado muy poco en manifestar, con la correspondiente proyección de mala imagen internacional, su “seria preocupación” por el impacto negativo que podría tener la nueva normativa en los derechos fundamentales de los españoles.

“Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada” (después rebajada hasta 30.000 euros), declaró Muiznieks, asegurando no entender cuál es el propósito del Gobierno español al elevar tanto el importe de las sanciones. El comisario europeo también advirtió que esperaba no ver al Ministerio del Interior ir “más allá” en la limitación del derecho de manifestación, al tiempo que le requería para que “deje de culpar” a los ciudadanos de los problemas sociales que se derivan de la crisis económica.

Muiznieks avisó de que seguiría “muy de cerca” la evolución de la Ley  de Seguridad Ciudadana en su tramitación parlamentaria, porque la libertad fundamental de expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” debe ser respetada y protegida por la justicia.

Pero es que el Consejo de Europa ya había censurado otras veces las prácticas del Gobierno en cuanto a la represión de las manifestaciones. En octubre, el organismo europeo publicaba un informe sobre la situación de los derechos humanos en España, en el que alertaba sobre un uso de la fuerza “desmesurado” por parte del Gobierno a la hora de controlar las protestas contra la austeridad.

Además, acto seguido, el ministerio que dirige el ‘pisacharcos’ oficial del Gobierno, Jorge Fernández Díaz, recibió un nuevo tirón de orejas de las autoridades de la Comisión Europea criticando la colocación de concertinas (alambradas rematadas con cuchillas) en la valla que separa la frontera entre Melilla y Marruecos, recordando que se retiraron hace años de la valla porque sólo lograron que los emigrantes “llegaran más heridos”.

En este caso, la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, anunció que exigirá información a España sobre el uso de estas cuchillas, cuyo fin es el de evitar que los inmigrantes irregulares entren en la ciudad autónoma. “He leído sobre ello pero no he hablado con el Gobierno español del tema y lo voy a hacer. Voy a hablar con el ministro para averiguar todos los detalles”, advirtió la dirigente comunitaria, aunque reconoció que, dentro de ciertos límites, la decisión última sobre la colocación o no de las cuchillas pertenece a los estados miembros.

De cualquier forma, y al margen de la imagen de inhumanidad que la utilización de concertinas proyecta sobre España, Malmström no ocultó sus dudas sobre su eficacia, porque, justificó, ya fueron retiradas hace años al demostrarse que no disuadían a los inmigrantes de intentar superar la valla. “Si eso era verdad entonces, probablemente lo es también ahora”, añadió.

Y la lista de noticias de la prensa internacional que dejan a España en mal lugar sigue viva e imparable, vaciando de credibilidad todo lo que se quiera asociar oficialmente a la ‘marca-país’. Como, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha condenado a España por vulnerar los derechos humanos en la doctrina Parot, propiciada en gran medida por el Gobierno y, en todo caso, pésimamente presentada ante la opinión pública nacional e internacional. O el intento que hizo La Moncloa para evitar que la cadena Bloomberg TV emitiera la parte de la entrevista con Mariano Rajoy en la que la periodista Sara Eisen preguntaba por Luis Bárcenas (algo que el medio no hizo “por criterios de integridad periodística”)…

Pero, a pesar de la triste realidad que hoy conforma la imagen real de España en el mundo, este empeño gubernamental en querer reconstruirla a base de apariencias, sin cimientos sólidos, no impide que, el Real Instituto Elcano, agarrado a la teta del Ministerio de Asuntos Exteriores, afirme sin sonrojarse que la imagen de España no se resiente. Según Javier Noya, director del invento denominado ‘Observatorio de la Marca España’, 8.000 encuestas realizadas en ocho países le han dado pie para afirmar que España ha pasado, porque sí, del suspenso al aprobado en el plazo record de un año, que además no ha sido precisamente rico en decisiones del Gobierno que puedan mejorar la ‘imagen-país’…

Pero, más a más, veamos cómo recoge El País (01/12/2013) la posición que sobre el invento de marras tiene Carlos Espinosa de los Monteros, el mago que intenta mejorar la imagen de España en el exterior más o menos ‘por arte de birlibirloque’, en el reportaje titulado ‘Marca a pesar de España’:

(…) Ante la serie de noticias que dan una idea de España como un país arruinado, con una justicia lenta y débil, con una Monarquía en declive, con la corrupción instalada en la política, los empresarios y los sindicatos, Espinosa niega con la cabeza y responde que la imagen de un país no depende de este tipo de noticias. “Nápoles tuvo casi un año de huelga de basuras y apenas tuvo efecto en la imagen de Italia”. “Si vamos a Alemania y preguntamos por Urdangarin, el 90% no lo conoce”. “Se dice que la suspensión del viaje del Príncipe afecta a la imagen porque hubo una avería en el avión y el otro estaba en reparación. Eso le puede pasar a cualquiera. La seguridad es lo primero. A mí me ocurrió con Suárez en un viaje a Venezuela en 1978 o 1979. Llegamos un día tarde, pero en este caso no era posible porque el viaje del Príncipe era de solo 48 horas. No es grave”. “Francia tiene una acción penal contra el hijo de Obiang y a nadie le importa que Total esté buscando petróleo en Guinea. Aquí nos regodeamos con un partido amistoso que no compromete a nada y que se jugó porque desgraciadamente el fútbol ya es una empresa”. Espinosa refuerza sus argumentos con la creciente inversión extranjera en España y el aumento en el número de turistas.

Hay quien no lo ve así. “¿Cómo que no pasa nada? Lo del viaje del Príncipe da la idea de que España no puede reaccionar a un imprevisto aunque sea de la Monarquía. Si hace falta se le mete en la cabina junto al piloto en un vuelo regular”, responde Raúl Peralba, consultor de ‘Positioning System’ y autor del libro ‘El posicionamiento de la Marca España y su competitividad internacional’. Este insiste en que incluso si la noticia no tuvo gran eco, dio mala imagen ante la gente influyente, quienes toman decisiones y mueven el dinero.

(…) Espinosa opina que los escándalos son de consumo interno, y remite al tópico del español enfadado con su país: “Ortega y Gasset estaba en Heidelberg y le enseñaron un texto de una revista muy crítico con España. Ortega lo leyó y replicó: ‘No sé quién lo ha escrito, pero seguro que ha sido un español”.

Aunque, por si esto fuera poco, miren lo que ha dicho también el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, en otro acto propagandista de la ‘Marca España’ patrocinado por el diario ABC (14/11/2013): “La cultura española es el mayor soporte de la Marca España”. Y recalcando que “la cultura en español es la diplomacia más eficaz y lo que mayores oportunidades de futuro puede dar a nuestro país. Lo que nos coloca en el mapa global es nuestra cultura y no otra cosa"…

Pues que bien. Parece que estos chicos del PP no se enteran de nada. Que siga la corrupción pública campando por sus respetos y que nombren avanzados de la cultura española a las mafias del ‘caso Nóos’, de ‘Gürtel’ y de los ERE de Andalucía, con Juan Carlos Gafo (el espabilado de ‘catalanes de mierda’) oficiando de maestro de ceremonias. Y con su pan se lo coman.

El pasado mes de noviembre se presentaron los barómetros de opinión que distintos institutos de investigación demoscópica (CIS, Metroscopia, Sigma Dos…) vienen realizando periódicamente para medir la evolución de la temperatura política del país, que en estos momentos coinciden ya con la mitad de la legislatura y también con el inicio de la precampaña electoral para los comicios europeos del próximo mes de mayo, que se celebraran a menos de seis meses vista. Es decir, mediciones situadas en el ‘paso del ecuador’ del Gobierno de Rajoy y, por tanto, en un punto adecuado para hacer un balance más afinado de su gestión, progresivamente asentada en la percepción de los votantes.

Sin cuestionar para nada la labor de los institutos que se dedican a la investigación social y mercadológica, que hoy por hoy es un instrumento imprescindible para la planificación empresarial en todas sus aplicaciones, la particular historia de las encuestas políticas -cuya manipulación es bien conocida por los politólogos y expertos en marketing electoral- sí que obliga a relativizar sus resultados, y mucho más las interpretaciones derivadas. Y, sin duda, a recelar de sus aparentes patrocinadores (casi siempre medios informativos que actúan como caja de resonancia de intereses partidistas), porque a menudo sus verdaderos promotores suelen quedar encubiertos.

LA ‘COCINA DE CUARTEL’ ZANCOCHADA POR EL CIS

Aunque hay casos en los que no se puede ocultar quien paga la factura, como sucede con las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS), organismo público que depende del Ministerio de la Presidencia, y de cuya último sondeo el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que es un gran conocedor del organismo al haberlo supervisado como ministro en los gobiernos de Felipe González y de Rodríguez Zapatero, ha dicho de forma bien expresiva que es “cocina de cuartel”. Opinión no muy distinta de la que también ha manifestado la líder de UPyD, Rosa Díez.

Pero que determinadas encuestas políticas se falseen con la pretensión de crear estados de opinión puntuales, no quiere decir que un desarrollo sistemático de las mismas, es decir sondeos periódicos enfocados sobre un tema concreto, como es el caso que nos ocupa, sea igual de manipulable o que no arroje a la fuerza una visión en efecto reveladora como ‘tendencia’ de los valores en medición, como ‘película’ o secuencia de la realidad social investigada y no como una ‘fotografía’ aislada de un momento preciso. Y claro está que si ese mismo método de medición ‘barométrica’ continuo o permanente se desarrolla por tres gabinetes distintos que investigan en paralelo, los posibles resultados precocinados de cada encuesta quedan en mayor evidencia, mientras que los convergentes muestran el fondo de la cuestión con mayor claridad y credibilidad.

Así, la presentación coincidente en el mes de noviembre de las encuestas periódicas del CIS, Metroscopia y Sigma Dos (entre otras) sobre intención de voto y de valoración política, ha terminado poniendo de relieve algunos resultados inflados y algunas verdades irrefutables.

En el caso del Barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre de 2013 (Estudio nº 3.001), que es el cuestionado por Rubalcaba y Rosa Díez, sorprende efectivamente su ‘estimación de voto’ para el supuesto de una elecciones generales inmediatas, reflejada en porcentajes sobre voto válido. Porque mientras dicha estimación sitúa en primer lugar al PP con un 34% de los votos, seguido del PSOE (26,8%), IU (11,3%) y UPyD (7,7%), el ‘voto decidido’ para esas formaciones políticas al día de la fecha y en la misma encuesta, es muy distinto: en primer lugar aparece el PSOE con un 13% de votos, seguido del PP (11,4%), IU (8,5%) y (UPyD (4,8%).

¿Y es posible, entonces, que exista una diferencia tan notable entre la intención de voto estimada por el CIS y el voto ya decidido por los mismos encuestados…? Puede ser posible, pero es improbable; simplemente porque las actitudes políticas derivan de las opiniones políticas, que, por otra parte, no se improvisan ni se cambian de la noche a la mañana.

Pero es que esa estimación de voto tan favorable al PP (volvería a ganar las elecciones legislativas con una ventaja nada menos que de 7,2 puntos sobre el segundo partido más votado), no se compadece en absoluto con la mala valoración que hacen también los mismos encuestados de quienes lideran los cuatro partidos nacionales en liza: Rosa Díez se sitúa con la mejor nota de 4,28 sobre 10 (en realidad es la ‘menos peor valorada’ puesto que nadie alcanza el aprobado, quizás debido al desprestigio generalizado de la clase política); seguida de Cayo Lara con un 3,81; de Rubalcaba con 3,13 y, por último, de Rajoy con tan solo 2,42 puntos. Además, Rajoy se sitúa en la misma ínfima valoración media de los trece ministros que le acompañan en su Gobierno, un 2,4 sobre 10; algo sin precedentes en la medición histórica del mismo ítem demoscópico.

Y por si esto fuera poco, resulta que los mismos encuestados que según el CIS asegurarían la victoria electoral de Rajoy (con una notable diferencia de más de 7 puntos sobre el segundo partido más votado), también evidencian su total falta de confianza en el actual presidente del Gobierno (casi la peor posible). Sólo un 10,7% por ciento de ellos afirma tener ‘mucha o bastante’ confianza en el presidente Rajoy (1,8+8,9), mientras que un 87,8 declaran que les inspira ‘poca o ninguna’ confianza (26,6+61,2).

¿Y acaso se puede entender que alguien esté dispuesto a volver a votar a un candidato al que imputa su peor valoración y sobre el que se tiene declarada ‘poca o ninguna’ confianza…? Es obvio que no y, por ello, algo chirría en el Barómetro del CIS, que si no huele a podrido sí que huele a “cocina de cuartel” como dice Rubalcaba.

LAS ELECCIONES EUROPEAS COMPROMETEN AL CIS Y AL PP

Pero, dejando al margen los esfuerzos que hace el Gobierno para presentar un balance político de media legislatura que frene la caída electoral del PP, maquillando datos para dar soporte a la campaña propagandista instada por el gurú de Moncloa, Pedro Arriola, existen otras encuestas políticas muy asimilables a las del CIS que, en la consideración global de los resultados acumulados, permiten algunos análisis y reflexiones sin duda interesantes.

Para empezar, a mediados del pasado mes de noviembre, Metroscopia daba a conocer una encuesta-tracking con 3.600 entrevistas telefónicas realizada para medir la intención de voto en las próximas elecciones europeas (mayo de 2014), que en definitiva, y dígase lo que se diga, deberían mostrar un reflejo claro del clima político nacional. Sus resultados asignaban un 29,0% de los votos al PP y un 27,9% al PSOE, es decir mostraban un empate técnico con una diferencia mínima de 1,1 puntos que se traducía en la obtención respectiva de 18 y 17 escaños, mientras que en las anteriores elecciones europeas el PP obtuvo 24 escaños con el 42,3% de los votos y el PSOE 23 escaños con el 38,6% de los votos (su significada caída conjunta les hace pasar del 80,9% de los votos al 56,9% y de 47 escaños a 35).

Por otra parte, según el estudio de Metroscopia, IU pasaría a obtener ahora

9 escaños con el 14,3% de los votos, frente a los 2 escaños obtenidos en 2009 con el 3,7% de los votos. Al tiempo que la formación de Rosa Díez, UPyD, pasaría a obtener 5 escaños con el 8,25 de los votos, frente al único escaño obtenido antes con el 2,9% de los votos.

Quiere ello decir que el mercado electoral se está agitando y que, mientras al PP se le anuncia un batacazo considerable perdiendo 6 escaños y el 13,35 de los votos (parecido al del PSOE que pierde otros 6 escaños y un 10,7% de los votos), IU y UPyD podrían llegar a quintuplicar su presencia en la Eurocámara. Y que si este trasvase de votos se puede asimilar de alguna forma al ámbito electoral nacional (y es lógico que así sea), ¿qué queda entonces de la gran ventaja de 7,2 puntos que el CIS atribuye al PP sobre su inmediato seguidor, el PSOE…? ¿Y cómo se puede entender que el CIS limite también el crecimiento de IU al 11,3% de los votos y el de UPyD al 7,7%...?

Es evidente, pues, que existe una clara contradicción entre las expectativas de voto asignadas al PP por el CIS y por Metroscopia, aunque se refieran a distinto ámbito electoral. Y, en menor grado, pero no menos significativas políticamente, entre las que también se asignan en una y otra encuesta a IU y a UPyD. ¿Es que el Gobierno piensa confundir al electorado sobre su nefasta gestión política sólo a base de maquillar las encuestas del CIS…?

Cierto es que las elecciones europeas sirven para anticipar un efecto de castigo a los gobiernos correspondientes, sobre todo porque al no incidir sus resultados de forma inmediata en el Ejecutivo, facilitan patentizar esa constancia del malestar nacional, sin que tampoco quepa apelar al voto útil para evitar la victoria del contrario. Y que, por otra parte, las elecciones europeas se celebran con circunscripciones estatales, lo que favorece a las opciones minoritarias perjudicadas por la Ley Electoral en los comicios nacionales y a las coaliciones formadas al efecto.

Pero, a falta de conocer quienes encabezarán las candidaturas al Parlamento Europeo y sus ideas-fuerza de campaña, esas mismas razones llevan justamente a no despreciar la imagen positiva que los resultados correspondientes pueden comportar tanto para IU y UPyD como para las opciones de corte soberanista o independista, con efecto opuesto para los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE; es decir, marcando o encauzando en buena medida la dinámica de las siguientes consultas electorales. Así, las elecciones europeas de 2009 abrieron el ciclo de victorias del PP que luego se proyectaría primero en las municipales y autonómicas de 2011 y después en las generales del 20-N, aparejando el hundimiento electoral del PSOE de Rodríguez Zapatero.

Al comentar los resultados de la encuesta de marras, José Pablo Ferrándiz, uno de los técnicos responsables de Metroscopia, advierte que, en efecto, los comicios europeos tienen una lectura que anticipa lo previsible a nivel nacional, y que, al día de hoy, amenaza con claridad la estabilidad electoral del PP (al igual que la del PSOE). Y recuerda literalmente en ElPais.Com (19/11/2013):

(…) En los comicios al Parlamento Europeo de 2009 se produjo la primera derrota electoral del PSOE en nueve años: hasta ese momento, desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido secretario general de los socialistas en el año 2000, el PSOE había superado al PP en todas las grandes citas electorales. Como posteriormente se pudo comprobar, aquellas elecciones supusieron para los socialistas la primera señal de alarma del tsunami que les venía encima: primero en las municipales y autonómicos de mayo de 2011 -en las que los socialistas perdieron casi todo el poder territorial en juego- y, posteriormente, en las generales de noviembre de ese mismo año -en las que obtuvieron su peor resultado histórico-. Aquellos comicios europeos significaron, en cambio, el primer paso del PP en su camino hacia la cumbre que culminó el 20-N cuando logró una abrumadora victoria por mayoría absoluta y el mejor resultado electoral de toda su historia.

Cinco años después y al igual que ocurrió entonces, el desenlace de las próximas elecciones europeas que se celebrarán en mayo de 2014 podría ser el botón de muestra de lo que podría suceder en la política española en los próximos dos años. Al fin y al cabo los españoles suelen enfocar las elecciones al Parlamento Europeo más en clave española que europea y las del año próximo no parecen ser una excepción: la amplia mayoría (72%) dice que decidirá su voto -o su abstención- pensando más en la situación y los problemas de España que en los del conjunto de la Unión Europea. Así, si llegara a confirmase la estimación electoral de Metroscopia que hoy se publica en este diario, las próximas citas electorales de ámbito nacional -las municipales y autonómicas de mayo de 2015 y, previsiblemente, las generales a finales de ese mismo año- se caracterizarían por un desgaste de los dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE) y un sustancial crecimiento de las otras dos formaciones de ámbito nacional: IU y UPyD. Pero también -en lo que puede considerarse un aviso a navegantes para algunos partidos de ámbito autonómico- por el aumento del caudal electoral de los partidos nacionalistas y regionalistas ideológicamente más tendentes hacia la izquierda frente al retroceso de los más conservadores. En todo caso, la estimación de resultado electoral se ha llevado a cabo sobre una participación electoral similar a la de 2009 y, dado que no se conocen aún los candidatos de cada formación política, en el (dudoso) supuesto de que los partidos y coaliciones que van a concurrir en 2014 sean los mismos que en 2009…

Pero es que la reciente estimación de Metroscopia para el supuesto de elecciones generales inmediatas, elaborada sobre la base de una serie de encuestas-tracking llevadas a cabo entre junio y finales de noviembre (El País 01/12/2013), confirma también una diferencia mínima de 2,4 puntos entre el PP y el PSOE, asignando al primero el 33,9% de los votos y 146 escaños y al segundo el 31,5% de los votos y 131 escaños. Ello supone que el PP ya pierde nada menos que 40 escaños respecto a los 186 obtenidos en 2011, mientras que el PSOE gana 21 sobre los 110 que ese mismo año le llevaron a la oposición.

Y Metroscopia confirma igualmente que, por el momento, IU pasaría de sus actuales 11 escaños a 25, al tiempo que UPyD obtendría 11 frente a los 5 que logró en 2011. Una evolución que confirma el injusto castigo que la ley D’Hont inflige a los partidos minoritarios, dado que IU, por ejemplo, sin llegar a doblar sus votos (ahora obtiene el 12,0% frente al anterior 6,9%) convierte esa diferencia en 14 escaños, doblando con mucho los actuales.

LOS SONDEOS DE SIGMA DOS DESTROZAN AL GOBIERNO DEL PP

Y, aún con lo dicho, otra encuesta barométrica, la de Sigma Dos realizada para El Mundo, ha venido a machacar también en su último sondeo del mes de noviembre las estimaciones electorales del CIS y, de paso, a enterrar de momento las aspiraciones del PP para frenar la caída de su valoración ciudadana y poder renovar su mandato de gobierno. Según las mediciones en la estimación de voto realizadas por esta consultora especializada en la investigación aplicada a los mercados y la opinión pública, la caída del PP desde una obtención real del 44,6% de los votos en las elecciones generales de noviembre de 2011, ha llegado progresivamente a una estimación del 30,0% en el supuesto de una elecciones inmediatas, lo que supone una pérdida muy abultada del 31% del apoyo electoral con el que consiguió la mayoría parlamentaria absoluta y quedar noqueado políticamente a mitad de la legislatura.

Ello tampoco comporta ninguna recuperación electoral del PSOE que, atado al gastado liderazgo de Rubalcaba, sigue fuera de la carrera política a 3,6 puntos del PP (según Sigma Dos cae del 28,8% de los votos obtenidos el 20-N a un 27% estimado en el supuesto de nuevas elecciones inmediatas).

Sigma Dos ha incluido en su sondeo del mes de noviembre algunas otras mediciones interesantes. Destaca entre ellas el hecho de que el 88% de los encuestados no han notado ningún síntoma de mejora en la situación económica del país, en contra de lo que proclama el Gobierno; que otro 85,7% considera que Rajoy debería hacer ya una remodelación seria del Gobierno, salvando exclusivamente de la quema a la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría, y que los encuestados califican el cumplimiento del programa electoral del PP con una nota deprimente y de verdadera vergüenza ajena (un 2,71 sobre 10)…

Pero, en su conocido afán por dirigir la política nacional, El Mundo ha incluido también en la encuesta que patrocina un ítem que quizás pueda responder más a intereses editoriales que a exigencias sociales reales. Se trata del que señala que un 47,4% de los encuestados afines a UPyD se muestran a favor de que dicha formación política concurra a las elecciones europeas en una lista única con Ciutadans, el partido liderado por Albert Rivera. Una propuesta quizás bien intencionada pero ciertamente artificiosa (no es fácil que el fiel a un partido manifieste simpatías hacia otro) y fuera de la lógica competitividad política, agravada por la iniciativa de querer enfrentar en estos momentos el Movimiento Ciudadano auspiciado por Rivera a UPyD.

Otra cosa tácticamente más razonable y rentable para Ciutadans, que es la marca triunfadora en Cataluña, sería pasar la prueba de fuego de presentar su candidatura como Ciudadanos en el resto del país; y, antes que en otro sitio, en Madrid, que además de ser la capital del Estado también lo es de la irradiación mediática. Además, al observador perspicaz de por dónde van realmente las estrategias políticas de ambos partidos, no se le escapa que el joven Rivera se siente muy próximo a la actual derecha española (que, aún despechándole, muy bien le podría terminar dando el ‘abrazo del oso’), mientras que Rosa Díez defiende a ultranza la ‘empresa propia’, encantada de leerle la cartilla al PP en cuanto tiene la menor ocasión.

Por otra parte, la encuesta de Sigma Dos coincide con la de Metroscopia en reafirmar la progresión electoral de IU, que la primera sitúa ya en un 13,4% para elecciones generales y la segunda en un 14,3% para las elecciones europeas. Caso muy parecido al de UPyD, que conseguiría un 10,1% de los votos en elecciones generales y un 8,2% en las europeas.

Y también recoge, de forma muy parecida a como lo hace la encuesta de Metroscopia, una pésima valoración social sobre el presidente del Gobierno: ‘mala o muy mala’ para el 58,0% de los encuestados, ‘buena o muy buena’ para el 13,0% y ‘regular’ para el 27,6%. Aunque todavía es peor la que obtiene el conjunto de su Gobierno: ‘mala o muy mala’ para el 65,7% de los encuestados, ‘buena o muy buena’ para el 8,6% y ‘regular’ para el 24,7%.

Estas coincidencias llevan a cuestionar de nuevo la ventaja electoral que aún mantendría el PP según el Barómetro del CIS, confirmando su maquillaje de la realidad. Y corroboran igualmente la ruptura del actual bipartidismo imperfecto con la aparente consolidación de dos formaciones políticas nacionales (IU y UPyD) con fuerza suficiente para condicionar los gobiernos alternativos del PP y del PSOE, sustituyendo en esa función a los partidos ‘bisagra’ de ámbito autonómico; fenómeno que en principio podría dar lugar a otra forma de gobernar muy distinta y más razonable que la establecida en el origen de la Transición. Un escenario nuevo en el que el PSOE, con mejor posición y más cintura que el PP para generar pactos políticos fronterizos, podría reflotar con mayor facilidad.

LOS GURÚS DEL PP SE PONEN LA VENDA ANTES DE LA HERIDA

Claro está que toda esta previsible dinámica electoral se ve forzosamente sometida a reconducción por parte del PP. Así, dentro de la campaña del Gobierno que trata de positivar el balance de la media legislatura, a la que no serían ajenas las encuestas del CIS ni algunas meritorias ‘colaboraciones’ de determinados medios informativos, no sorprende que aparezcan otras encuestas e institutos de investigación ‘fantasmas’ tratando de taponar con inútiles artificios demoscópicos las vías de agua por las que el PP se está vaciando electoralmente.

En ese escenario, ha surgido, por ejemplo, una encuesta de NC Report, publicada por La Razón (18/11/2013) con el título “El PP ganaría de nuevo en 9 de 13 autonomías”, que además de extemporánea, porque estamos a casi dos años vista de las elecciones autonómicas, no deja de reflejar el temor a su pérdida de poder territorial. De entrada, la encuesta no se acompaña de la debida ficha técnica ni de descripción metodológica alguna, lo que en términos deontológicos deja a la empresa encuestadora y al medio que patrocina su chafarrina a la altura del betún (la página web de NC Report es todo un ejemplo de vaciedad e insolvencia empresarial).

El inefable director de La Razón, Francisco Marhuenda, ‘marianista’ hasta la médula y especialista en quitarle votos centristas al PP mucho más que en facilitárselos, no ha tenido el menor reparo en soportar tan generoso y gratuito reportaje con este absurdo intento de desinformación política:

Pasadas las elecciones al Parlamento Europeo del 2014, los comicios autonómicos de 2015 serán el principal termómetro para ver cómo llegan los dos grandes partidos a la cita electoral de las generales. La inquietud popular no radica tanto en las europeas, en las que ya se sabe que la abstención termina por monopolizar cualquier debate, como por las autonómicas de dentro de dos años. Pero a juzgar por los resultados de la última encuesta de NC Report para La Razón, en Génova pueden darse por satisfechos, puesto que lograría ser el partido más votado en 9 de las 13 comunidades autónomas que se pondrían en juego -12 autonomías comparten calendario electoral en la actualidad-, a las que se sumaría el Principado de Asturias, cuya inestabilidad política no descarta en absoluto un adelanto de los comicios.

Bien es cierto que el PP sufre el lógico desgaste de gobernar, no sólo el Ejecutivo central -del que ahora se van a cumplir dos años-, sino también gran parte del mapa autonómico. En mayo de 2011, los populares salieron victoriosos con mayoría absoluta en 8 comunidades (Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja y Murcia) y acabó gobernando en coalición en Aragón (con el PAR) y en Extremadura (con IU). Un resultado arrollador que no se repetiría de celebrarse hoy las elecciones, pero que dejaría con opciones de gobierno en el mismo número de autonomías.

Así las cosas, María Dolores de Cospedal revalidaría la mayoría absoluta con 27 diputados frente a los 23-24 del PSOE; Pedro Sanz haría lo propio en La Rioja al lograr 17-18 diputados –la mayoría absoluta se sitúa en 17 escaños-; en Murcia, los populares obtendrían entre uno y dos diputados más que los 23 necesarios para gobernar en solitario pese a la renuncia de José Ramón Valcárcel; y en Castilla y León, donde todo indica que Juan Vicente Herrera dejará paso a las nuevas generaciones, el PP también conseguiría una ajustada mayoría absoluta de 43-44 diputados. Pero en otras seis autonomías los populares seguirían siendo el partido más votado, aunque tendrían que apoyarse en otras formaciones para poder formar gobierno. En esta tesitura se encontrarían en Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, donde los populares no repetirían su mayoría absoluta y tendrían que buscar pactos de gobierno. También sucede lo mismo en Aragón y Extremadura, donde volverían a tener la posibilidad de reeditar los pactos con el PAR e IU, respectivamente. Eso sí, en Extremadura sería el PSOE quien ganara las elecciones, por apenas ocho décimas de diferencia.

La pérdida de votos en las filas populares es notable. La media obtenida en mayo de 2011 alcanzó el 42 por ciento de los sufragios, frente al 27,9 por ciento que logró un PSOE que ya anticipaba sus horas bajas. En suma, 14,1 puntos de diferencia entre los dos grandes partidos en 2011 que, según el sondeo de NC Report realizado entre el 15 de octubre el 12 de noviembre, se recortarían hasta los 9,4 puntos en intención de voto, puesto que el PP obtendría el 35,8 por ciento y los socialistas el 26,4 por ciento. Nada indica que el PSOE, como anunció a bombo y platillo su secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba en la pasada conferencia política, haya vuelto. Y mucho menos que sea “imparable”, como así lo calificó. Todo lo contrario. Porque si los populares pierden un 6,2 por ciento de sufragios, el PSOE se deja por el camino otro 1,5 por ciento. No en vano, la formación de Pablo Iglesias sólo mejora sus resultados de 2011 en tres comunidades: Cantabria, Navarra y Murcia. Y lo hace en porcentajes prácticamente imperceptibles, el 0,4 por ciento en las dos primeras, y el 0,6 en la tercera…

Claro está que, tras continuar La Razón afirmando gratuitamente que María Dolores de Cospedal aumentaría su distancia con el PSOE en Castilla-La Mancha, asegurando futuras mayorías absolutas del PP en Castilla y León, Murcia y La Rioja (que aun produciéndose no salvarían al partido de la quema electoral), vaticinando su victoria en Baleares, Madrid y Extremadura y anticipando eventuales pactos de gobierno de los populares con UPyD, entre otras ensoñaciones, algunos medios informativos no dudaron un instante en arremeter contra tanta osadía profesional. Así, ElPlural.Com (18/11/2013) le contestó de forma automática con un artículo titulado “Marhuenda ‘fabrica’ una encuesta para justificar en Madrid el pucherazo electoral de Cospedal”.

Acto seguido, el mismo medio digital, de inspiración socialista, completó su información del día repasando las alegrías informativas de Marhuenda en otro artículo titulado “La Razón ‘llora’ ya la posible pérdida de Valencia y Madrid” (subtítulo: En ABC dicen que “el PP está en alerta amarilla” y Ana Botella “sentenciada”), y poniendo las expectativas electorales en su justa situación. Su reconducción informativa se iniciaba con este párrafo:

Cómo estarán las cosas en intención de voto para el Partido Popular que ni Francisco Marhuenda puede hacer ‘milagros’ con su encuesta de este lunes. La Razón da ya por perdidas las mayorías absolutas en los dos grandes ‘feudos populares’: la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. También en Baleares y Cantabria, mientras en Extremadura, el PSOE vuelve a adelantar en votos a Monago. Especialmente, Valencia hace aguas y se habla ya de “fin de ciclo”. En ABC, Ignacio Camacho dice que el PP está “en alerta amarilla” y que las ‘barbas’ de dirigentes como Fabra o Botella han sido puestas a remojar…

Parece, pues, que el PP y sus gurús más destacados no solo se están poniendo la venda antes de la herida -tratando de ganar absurdamente la batalla de las encuestas fuera de la realidad electoral-, sino que algunos de ellos están poniendo además las tinajas antes que el vino. Lo que, más que una prevención, es un grave error de estrategia política y electoral (ya cometieron otros bien llamativos llevando al partido a la derrota electoral en 2004 y 2008).

LA TORPEZA DE CREER EN LA MANIPULACIÓN DEMOSCÓPICA

Pero, dejando a un lado lo favorables o desfavorables que puedan ser para cada partido las cuestionadas encuestas políticas (que en cualquier caso todos ellos prefieren que les sean favorables), a los politólogos de ocasión y aprendices de brujo de la demoscopia electoral conviene aclararles que cuando hablen de comunidades autónomas (o de provincias y municipios) es obligado considerar su ‘valor político’, su peso electoral específico. Y las diferencias en ese aspecto son tan notables que no vale alardear, como hace el irreductible pregonero Marhuenda, de que “el PP ganaría de nuevo en 9 de 13 autonomías”.

Considerando las 17 autonomías (más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), cuatro de ellas ya tienen asignada una mayoría absoluta de 176 escaños en el Congreso de los Diputados: Andalucía (60), Cataluña (47), Madrid (36) y la Comunidad Valenciana (33). Y si analizamos de forma desapasionada las perspectivas electorales prevalentes en cada uno de esos cuatro territorios, veremos que lo de ganar las elecciones “en 9 de 13 autonomías” no deja de ser un brindis al sol propio de corifeos de partido rayano en la payasada; con independencia de que de nada vale ganar las elecciones en ningún sitio si después no se llega a gobernar, que es lo decisivo y lo que apalanca una mejor posición de salida para los comicios legislativos.

En Andalucía, la habilidad del PSOE para reaccionar ante el agotamiento del partido con un relevo generacional rápido y muy enraizado con la realidad social del territorio, permite aventurar su reanimación electoral y, en todo caso, una consolidación de la izquierda política (PSOE+IU). Frente a esta muestra de reflejos, la torpeza mangonera del PP para imponer desde Madrid criterios y candidatos electorales que en modo alguno satisfacen al mercado local -nefastas políticas ‘marianistas’ aparte-, sólo puede conducir a un nuevo desánimo y abandono de sus electores potenciales, que de esta forma en 2011 habrían marcado el techo del PP en las urnas andaluzas. Y ello sin olvidar la capacidad de la Comunidad para adelantar a conveniencia los comicios autonómicos, haciéndolos coincidir con los generales para inducir, como se ha hecho en otras ocasiones, un efecto de ‘arrastre’ de votos.

En Cataluña, es obvio que el pulso soberanista y la falta de una estrategia política convincente del PP, han llevado a este partido a una posición de marginalidad. Según los datos recogidos también en el mes de noviembre por el Barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el PP ya ha caído al quinto puesto como fuerza del Parlament, con C’s y el PSC en tercer y cuarto puesto respectivamente, situándose a una distancia abismal de ERC y CiU (en el supuesto de unas elecciones generales inmediatas, el PPC sólo lograría entre 7 y 8 diputados de los 47 posibles).

Y si hablamos de Madrid y de la Comunidad Valenciana, todos los análisis apuntan a un ‘cambio de ciclo’ que desalojaría al PP del poder en ambos territorios, con pactos ya latentes entre los actuales partidos de oposición.

Por tanto, con una desafección de votantes aparentemente notable en las cuatro autonomías que tienen asignados nada menos que el 50% de los escaños del Congreso de los Diputados, el esfuerzo del PP en el resto de las circunscripciones electorales necesario para ganar los próximos comicios legislativos, tendría que ser titánico. Algo que parece difícil a tenor de cómo se viene comportando el Gobierno del PP, alejado de la economía real, de las demandas sociales y de las necesidades internas del partido, sin pulso ni decisión para plantear las reformas esperadas por su propio electorado y con un líder falto de carisma, frío, distante y refugiado en una política mentirosa con el apoyo de un equipo de ministros que, en general, no está a la altura de las circunstancias.

Por otra parte, es razonable pensar que si en otras comunidades autónomas (como Aragón, Extremadura y Asturias) el PP no pudo alcanzar la mayoría absoluta en el mejor momento electoral de su historia (2011), menos lo hará tras unos mandatos de gobierno ciertamente frustrantes tanto a nivel autonómico como nacional, siendo lo más probable que su apoyo en las urnas descienda de forma apreciable. En otros territorios, como Canarias o Cantabria, cada vez es más evidente que sus partidos ‘bisagra’ facilitarían antes un gobierno de progreso que conservador…

Y todo ello prácticamente sin esperanza de que el Gobierno del PP, con un presidente al frente incapaz de rectificar sus errores, que los ha tenido y notables, ni de acometer todas las reformas que verdaderamente necesita el país (incluidas las políticas), más allá de las que le puedan imponer la Comisión Europea o los grandes poderes fácticos. Promesas incumplidas al margen.

Aventar, pues, la mies de la acción del Gobierno con el juego falsario de las encuestas, acarrea poco grano y mucha paja. Y airear mediáticamente las faenas políticas de aliño que no tienen ni medio pase lucido, no llevará al PP a salir de la legislatura por la puerta grande.

Que se sepa, la manipulación de la demoscopia política nunca ha llevado al éxito electoral, porque afortunadamente las urnas nada saben de encuestas ni de maquillajes: solo reciben y cuenta votos. Por tanto, el PP haría bien en esforzarse en otros menesteres más acuciantes para el partido y para el país.

El refranero español, siempre acertado como otros tantos dichos peculiares de distintas regiones de la geografía nacional, recuerda que “nunca es tarde si la dicha es buena”. Así se indica que la buenaventura es siempre bien recibida, que nunca es tarde para llevar a cabo algo útil y beneficioso y que cualquier momento siempre es bueno para emprender aquello que haya de reportar algún placer o mejora.

Pero esta expresión popular alusiva al bien que se ha hecho esperar largo tiempo, no ha dejado de contenerse de forma implícita en infinidad de citas de personajes célebres de todos los tiempos. Por ejemplo, Alexander Pope (1688-1744), uno de los más ilustres poetas ingleses, ya advirtió: “Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”. Y también convino en afirmar que “el hombre nunca debe avergonzarse de reconocer que se ha equivocado, puesto que hacerlo corresponde a decir que hoy sabe más que lo que sabía ayer”.

LOS ‘SECRETOS OFICIALES’, ANCLADOS EN EL FRANQUISMO

Por ello, y por las malas prácticas políticas que últimamente vienen siendo proverbiales en España, es de destacar que la democracia acaba de tener una pequeña satisfacción en la Conferencia Política Socialista 2013, recién celebrada los pasados 8 al 10 de noviembre. Apenas visible entre toda la farfolla que acumulan las 1.798 propuestas de la ponencia marco, el texto de la número 1.786 dice literalmente:

“También se considera necesaria una nueva Ley de Secretos Oficiales que nos equipare a los países democráticos de nuestro entorno, estableciendo plazos de desclasificación legal, atribución de competencia exclusiva para clasificar al Consejo de Ministros o a los Ministerios concernidos no a órganos militares y estableciendo un cauce formal de control de las decisiones sobre clasificación”.

Pero, de hecho, esta propuesta, significativa en sí misma y que reitera una intención ya anunciada en agosto de 2012 por Diego López Garrido en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la que ejerce como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha pasado inadvertida para todos los informadores y analistas que siguieron aquel evento. Sin obtener, por tanto, la menor relevancia pública.

Y esta falta de reflejo en los medios informativos, junto a la importancia política y jurídica del caso, es la que nos lleva a recordar el cenit alcanzado en 1995 por la escandalosa controversia pública sobre la vulneración del Estado de Derecho desde el propio entorno de la Seguridad Nacional. Un pandemónium verdaderamente infernal en el que se incluyeron la utilización ilegítima de los fondos reservados disponibles en el Ministerio del Interior, las escuchas ilegales realizadas por el CESID, el ‘caso Lasa-Zabala’, el secuestro de Segundo Marey y un extensísimo etcétera de actuaciones protagonizadas directamente por el aparato de la Seguridad Nacional que quedaban o se querían dejar al margen de la acción judicial, amparándolas precisamente bajo el oscuro manto del ‘secreto oficial’.

Por ello, la institución del Defensor del Pueblo, representada en aquellos momentos por Fernando Álvarez de Miranda, incluyó en su informe referido al citado año un tratamiento monográfico de los problemas que suscita el actual marco regulador de los secretos oficiales, preconstitucional ya que se conforma nada menos que con la Ley 9/1968, de 5 de abril. Dicho documento, incluía un significativo llamamiento final a las Cortes Generales marcado por su contenido inconstitucional:

(…) Por todo cuanto se ha expuesto, el Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, que tiene encomendado, conforme el artículo 54 de la Constitución, la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de nuestra Carta Magna, se encuentra en condiciones de concluir afirmando que una aplicación estricta y literal de una norma preconstitucional como es la Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por Ley 48/1978, de 7 de octubre, puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Constitución, al tiempo que no respeta ni el deber de colaboración con la Administración de justicia, ni permite el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los tribunales. Por ello, al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de la institución, se propone, a través del presente informe anual a las Cortes Generales -como órgano de representación de la soberanía popular en el que se deposita la potestad legislativa- que por estas se estudie, valore y, en su caso, se apruebe una nueva regulación legal de los secretos oficiales, en la que se tengan en cuenta los derechos y principios proclamados en la Constitución de 1978.

Más tarde, y archivada en el baúl de los recuerdos la razonable y razonada propuesta del Defensor del Pueblo, el propio Parlamento Europeo volvería a dejar en evidencia la legislación española en materia de Seguridad Nacional en su Informe titulado ‘Control parlamentario de las agencias de Seguridad e Inteligencia de la Unión Europea’, fechado en junio de 2011 y hasta ahora olímpicamente despreciado por el Gobierno, los partidos de la oposición y el propio CNI. En él se analizan de forma precisa y muy documentada los Servicios de Inteligencia de ocho países europeos y de tres externos (Australia, Canadá y Estados Unidos), incluyendo un trabajo específico sobre el caso español elaborado por Susana Sánchez Ferro, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora contratada en su Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica.

Este documento oficial de la Eurocámara, cuya publicación el pasado verano también pasó desapercibida para los medios informativos, centrados en las tensas circunstancias de nuestra política interna, critica muy duramente la legislación española denunciando importantes “fallas en los mecanismos de supervisión” del CNI, a pesar de reconocer las mejoras introducidas en su regulación del 2002. Y destaca las trabas impuestas a los parlamentarios españoles para acceder a toda la información relacionada con el CNI, la capacidad de sus responsables para ocultar datos a las Cortes Generales y la falta de normativa para determinar qué materias son o no son ‘secretas’.

Al Parlamento Europeo le preocupa de forma especial que el concepto de las materias clasificables como ‘secretas’ sea demasiado amplio, sin que pueda ser supervisado por el Congreso de los Diputados y que el Gobierno clasifique cualquier objeto, información o documento, alegando sin más que su publicidad conllevaría un riego para la Seguridad Nacional. También advierte que no hay un sistema adecuado de desclasificación, siquiera en términos temporales, ni legislación sobre cómo levantar esa clasificación ‘secreta’, resaltando que esa carencia normativa provoca que haya demasiada información clasificada, lo que, a su vez, aumenta notablemente las dificultades del control parlamentario.

La decena de páginas dedicadas al CNI concluyen que el “sistema español de supervisión de los servicios de inteligencia ha mejorado en los últimos años” debido a los “escándalos revelados por la prensa”, y que, entre otras cosas, “todavía queda un largo camino por recorrer” para que los Servicios de Inteligencia españoles cumplan con los estándares fijados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…

Poco hay que añadir, pues, sobre la inaplazable necesidad de contar con una ley constitucional de secretos oficiales, sustancial en el Estado de Derecho e imprescindible para que los Servicios de Inteligencia cumplan con su deber de protegerlo en plena concordancia con la legalidad vigente. Una cuestión que políticamente debería prevalecer sobre cualquier otra iniciativa de reforma relacionada con el CNI, incluyendo la de su Estatuto del Personal que también consideramos imprescindible, aunque realizada por supuesto mediante norma de rango legal sometida al debido debate parlamentario y no por Real Decreto (el 240/2013, de 5 de abril) como se ha hecho.

EL PSOE REPUDIA LA LEY DE SECRETOS OFICIALES

Con este agitado mar de fondo, cuando López Garrido anunció que el PSOE preparaba una iniciativa parlamentaria para adaptar la vigente Ley de Secretos Oficiales a la norma constitucional (¡por fin!), señaló que en ésta ya no cabían retoques y que había que ir a un texto legal nuevo que respetara plenamente el contenido esencial de los derechos humanos fundamentales. En su opinión, dicha reforma es hoy todavía más necesaria porque la Ley de Transparencia elaborada por el Gobierno de Rajoy deja al margen la información relacionada con la política exterior y de defensa.

Entre otras novedades, la nueva ordenación de los secretos oficiales ahora pretendida por los socialistas, debería atribuir en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar y desclasificar documentos y acabar con la absurda situación vigente, según la cual, por ejemplo, un órgano que ya no existe, la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), puede declarar secreta una materia. Y ello con independencia de la mayor paradoja que remite el control de los secretos oficiales a las también inexistentes Cortes Españolas (no a las actuales y democráticas) y nada menos que al Consejo Nacional del Movimiento.

Además -sostenía el portavoz socialista-, parece obligado establecer una fórmula de relación entre el poder ejecutivo y el judicial que compagine el derecho a la tutela judicial efectiva con la necesidad de preservar la Seguridad Nacional cuando en un trámite jurisdiccional sea necesaria la incorporación de un documento clasificado. Se trataría -añadía- de evitar la generación de conflictos como los que se produjeron a propósito de los llamados ‘papeles del CESID’ sobre la guerra sucia contra ETA.

Y abogaba también López Garrido por reforzar el control parlamentario del Servicio de Inteligencia, atribuyendo competencias claras a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados (en realidad denominada Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados). Un control hoy inexistente en la práctica, como precisaremos más adelante,  por la forma en la que el ‘secreto oficial’ franquista blinda totalmente las actividades del CNI.

Otra novedad importante de la nueva reforma legal anunciada el verano pasado por el diputado socialista, y que ahora se ve confirmada en la propuesta 1.786 de la ponencia marco aprobada en la Conferencia Política Socialista 2013, sería la desclasificación automática de documentos una vez transcurrido cierto periodo de tiempo -que podría rondar entre los 25 y 30 años-, salvo en casos excepcionales y justificados, como ocurre en los demás países del entorno democrático occidental. En la actualidad, todos los documentos clasificados pueden permanecer secretos para siempre, ya que nadie está obligado a desclasificarlos; hasta el punto de que el Ministerio de Defensa tiene pendientes de desclasificar infinidad de informes anteriores a 1968 que tratan de las guerras de Marruecos o de la Guerra Civil.

EL FRUSTRANTE REFORMISMO DEL PP

Al margen de que este paso dado por el PSOE para ‘constitucionalizar’ la vigente Ley de Secretos Oficiales (de 1968) podía haber tenido lugar durante las dos legislaturas presididas por Rodríguez Zapatero (el propio López Garrido fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del 2006 al 2008), lo cierto es que aún llega a tiempo para dejar en evidencia al Gobierno de Rajoy. Y parece ser (pero sólo lo parece) que sus pasadas connivencias para blindar a sangre y fuego un sistema de Inteligencia todavía en esencia franquista y apoyado en instrumentos inconstitucionales, comienzan a ser divergentes.

Esta nueva diferencia de posiciones políticas, y sobre todo las ocasiones perdidas por el PP para afianzar su débil imagen de partido democrático, se entiende mejor recurriendo a la reveladora narración que hace Fernando J. Muniesa en su libro ‘El Archivo Amarillo - La cara oculta de los Servicios de Inteligencia’ (Multimedia Militar 2011) al describir de forma minuciosa, dentro del capítulo titulado ‘Del CESID al CNI: Corporativismo y connivencia política’, lo que él mismo define como “la reforma maquilladora del PP”, que se reproduce a continuación:

El desembarco del PP en el Gobierno tras ganar las elecciones generales celebradas en marzo de 1996, comenzó con un desatino en materia de Seguridad Nacional de tamaño colosal: recuperar a Javier Calderón, ya teniente general que consumía sus últimos momentos en la segunda reserva con la canonjía de representar al Ministerio de Defensa ante la Cruz Roja Española, nada menos que para dirigir los conmovidos Servicios de Inteligencia. Él, más que nadie, los había puesto en la picota de la deslealtad institucional durante los sucesos del 23-F.

Para sustanciar las promesas regeneradoras del CESID, reiteradas de forma insistente por José María Aznar durante sus años de oposición política, no pudo tener idea más desafortunada que la de recurrir para ello al mini clan militar de ‘Forja’ liderado por el incombustible Calderón, acompañado entre bambalinas por su personal ‘guardia de corps’. Dicho llanamente, puso a la zorra a cuidar del gallinero, quizás presionado por la carcunda de su propio partido superviviente de los tiempos de GODSA, con Fraga a la cabeza. Y así iría la cosa.

Al mismo tiempo, José Luís Cortina, el militar-espía especializado como veremos más adelante en burlar el Estado de Derecho, se reconvertía en uno de los pocos expertos en Seguridad e Inteligencia que despachaba de forma habitual con el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos.

Esta camarilla, interesada en el continuismo funcional del CESID, es la que, a tenor de las (para ella) amenazantes promesas regeneracionistas de Aznar, conduciría una primera estrategia disolvente para que las cosas quedaran, más o menos, como estaban. No en vano, uno de los autores más admirado por Javier Calderón es Tomasi di Lampedusa, cuya obra ‘El Gatopardo’ ha tenido como libro de cabecera, según dejó oír en más de una ocasión a colaboradores muy cercanos.

En aquellos momentos, es obvio que Aznar olvidó, o quizás no quiso recordar, quiénes eran realmente los militares del ‘Alto’ [el Alto Estado Mayor] vinculados a GODSA. Jorge Verstrynge, ex secretario general de Alianza Popular (predecesora del PP), les retrató de forma acertada en su libro ‘Memorias de un maldito’ (Editorial Grijalbo 1999), entre otras cosas como militares visionarios capaces de poner con su mano derecha una vela a Dios y con la izquierda otra al Diablo. De hecho, en el primer programa electoral de Reforma Democrática (partido político que fue antecesor de Alianza Popular y éste del actual Partido Popular), con Manuel Fraga Iribarne a la cabeza, se incluía nada menos que “la cesión progresiva de la soberanía de Ceuta y Melilla a Marruecos”.

Como es lógico, la propuesta, aportada por los militares del ‘Alto’ desembarcados en GODSA, causó gran revuelo. Se incluyó en un documento elaborado a mediados de los años 70 con el título ‘Libro Blanco para la Reforma Democrática’, que fue coordinado por el propio Verstrynge. Éste relata en su libro: “El borrador del Libro Blanco fue entregado a Fraga en agosto de 1976 para que lo leyese durante sus vacaciones en Perbes: En septiembre dio el visto bueno, incluyendo el apartado que aseguraba que tarde o temprano habría que devolver Ceuta y Melilla a Marruecos. Se imprimieron unos 5.000 ejemplares del mismo, y se enviaron a políticos, periodistas y otros grupos de presión”.

A continuación, el ex secretario general de Alianza Popular recuerda que cuando el documento llegó a Ceuta y Melilla, se originó un rechazo muy violento al grito de “Fraga, Fraga, Melilla (o Ceuta) no te traga”. De inmediato, Fraga ordenó que se hiciese lo antes posible un folleto para aplacar los ánimos, redactado y llevado a la imprenta aquella misma noche. Se tituló ‘Una Política Exterior para España’ y en él se reivindicaba de forma grandilocuente la españolidad de Ceuta y Melilla, tratando de restaurar a duras penas la brecha electoral abierta en aquellas plazas norteafricanas por los ‘inteligentes’ militares de GODSA que lideraba Javier Calderón…

Volviendo a la VI Legislatura, tras el último chapoteo normativo de la ‘era González’ (el Real Decreto 266/1996, de 16 de febrero, que modificaba la estructura orgánica básica del CESID), Aznar inició, en efecto, su prometida reforma de los Servicios de Inteligencia, anunciando que, para empezar, el Gobierno aprobaría por fin un proyecto de ley de secretos oficiales garantista del Estado de Derecho. Algo que, con el objeto más elemental de adaptar nuestra normativa a los criterios de la OTAN, ya había intentado de forma infructuosa Virgilio Zapatero en 1986, siendo ministro socialista de Relaciones con las Cortes.

Aquel paso, que habría de conllevar lógicamente la derogación inmediata de la ley inconstitucional vigente, era del todo imprescindible para evitar los excesos de impunidad del CESID, regenerar su más que deteriorada imagen pública y acabar con un esperpento normativo sin parangón. De hecho, la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales (modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre), todavía remite en su introducción nada más y nada menos que al control político de las Cortes Españolas (no las Cortes Generales) y del Consejo Nacional del Movimiento, lo que no deja de ser deplorable.

Pero, una vez elaborado el borrador correspondiente, que en todo caso seguía restringiendo en demasía las libertades públicas, los propios asesores áulicos de La Moncloa en materia de Inteligencia y Seguridad Nacional lo filtraron de inmediato a los medios de comunicación social, antes incluso de que fuera conocido por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. La maniobra, ciertamente maquiavélica, tenía por objeto provocar la crítica mediática al documento en cuestión, que fue de aluvión, exigiendo su retirada en una defensa cerrada de los intereses informativos. No en vano, el citado borrador establecía, entre otras cosas, una multa de 100 millones de pesetas para quienes cometieran el desliz de publicar información ‘clasificada’.

De aquella forma, los mismos periodistas que deberían haber reclamado la reforma del CESID propugnada por el Aznar opositor, olvidaron de inmediato cualquier demanda de una nueva normativa constitucional reguladora de los secretos oficiales. Su equivocada defensa de la libertad de información, prefiriendo cohabitar con una ley inconstitucional antes que compaginar su ejercicio profesional con una nueva normativa adaptada al Estado de Derecho, es la que terminaría disolviendo la reforma prometida de Aznar en materia tan sustancial.

Cierto es que hoy en día nadie discute la institución del “secreto oficial”, cuya legitimidad se encuentra establecida formalmente en el artículo 105, apartado b, de la Constitución Española, siendo además su declaración una prerrogativa gubernamental generalizada en los países democráticos y en las organizaciones supranacionales. Sin embargo, unos y otros, el gobierno y su contrapunto mediático, olvidaron en aquel devaneo tramposo las sencillas reglas equilibradoras del juego democrático.

Howard Simons ya las había interpretado clarísimamente a propósito del ‘escándalo Watergate’, que vivió en primera persona al principio de los años 70 como redactor-jefe del Washington Post. En su opinión, sin duda acertada, detrás de los secretos oficiales no siempre se esconden intereses de Estado: “En muchos documentos se pone la etiqueta de secreto no para proteger un secreto auténtico, sino para evitar ciertas revelaciones auténticamente embarazosas, o para ocultar una extralimitación en los gastos, o un abuso de poder, o para impedir las críticas, o para evitar la inspección pública, o simplemente por costumbre”.

Según Simons, si se quiere saber algo en verdad relevante de un gobierno, no hay más remedio que conocer sus secretos: los periodistas no se inventan los secretos, más bien los reciben del otro lado de la mesa. Y, en relación con la actitud que deberían adoptar los medios de comunicación ante la petición de guardar silencio sobre materias clasificadas, razonaba: “Es tarea del Gobierno guardar los secretos. Y, tal como yo lo entiendo, es tarea de periodistas y directores averiguar esos secretos y decidir si deben revelarse al público o si deben mantenerse ocultos en los oscuros armarios del secreto”.

Después de reconocer que ningún periódico es totalmente bueno o totalmente malo, justo o injusto, y que todos tienen sus defectos y sus tendencias, al igual que sus lectores, Simons no dejaría de advertir: “Pero, si los periódicos no sacan a la luz las noticias y las publican, si no llevan a cabo las investigaciones y no hacen los comentarios, si no examinan los problemas y los denuncian, entonces ¿quién lo hará?”. Defendiendo esa función irrenunciable, añadiría: “Lo que hace falta son ojos independientes, no únicamente para asegurar que los gobiernos sean honrados, sino para dar a los ciudadanos un punto de vista que no sea el oficial”.

Pero antes del ‘escándalo Watergate’, durante el mismo mandato presidencial de Nixon ya se había producido en 1971 una comprometedora publicación de documentos clasificados, que en el fondo terminaría siendo causa de aquel caso posterior. Se trataba de los informes secretos sobre la guerra de Vietnam, conocidos como ‘Papeles del Pentágono’, que, tras la première publicada en el diario The New York Times, terminarían alimentando las redacciones de toda la prensa estadounidense.

Cuando el juez federal Murray Gurfein se pronunció sobre su publicación, exculpando a los dos principales diarios norteamericanos, dejó bien claro, al menos en Estados Unidos, el fondo legal de la cuestión: “También hay seguridad en los valores de nuestras instituciones libres: una prensa crítica, una prensa obstinada, una prensa omnipresente, es la que tienen que soportar quienes estén en el poder, con el fin de preservar los valores aún mayores de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a estar informados”.

En España, a lo más que se ha llegado es a montar pantomimas como la protagonizada por la fiscalía de la Audiencia Nacional, cuando en un escrito fechado el 29 de diciembre de 2006 propuso desclasificar información sobre los vuelos de la CIA que trasladaron a presuntos terroristas a Guantánamo haciendo escala en Mallorca. El fiscal Vicente González Mota, encargado de la causa, argumentaba razonablemente a tales efectos, pero en realidad como quien pide peras al olmo, que “el carácter reservado o secreto de la información que hipotéticamente tuviera el Centro Nacional de Inteligencia, antes CESID, no debe constituirse en obstáculo a cooperar con la Justicia en la investigación de hechos delictivos”.

Su iniciativa no dejaría de sorprender dentro de un sistema judicial en el que, dígase lo que se diga, la Institución Fiscal depende directamente del Gobierno, razón por la que aquella proposición desclasificatoria se podía gestionar, sin más vericuetos, por un conducto político ‘lineal’, aunque, claro está, presuponiéndola infructuosa.

Por su parte, los gurús de la Inteligencia rescatados de las cavernas franquistas por José María Aznar, tenían una opinión poco dudosa sobre la conveniente impunidad de su actividad. La patente de corso para blindar con el oscuro manto del ‘secreto’ todo lo que se quisiera, aún sin justificación por verdadero interés del Estado, debía supeditarse a los intereses del CESID… Sólo de esta forma se cubrirían sus desmanes y tropelías pasadas y futuras. Imponer y levantar a discreción la naturaleza clasificada en la acción del Gobierno, sin discernir si se actúa al servicio del Estado, del partido gubernamental o de intereses grupales o personales, es parte sustancial del sistema de Inteligencia que arrastramos desde 1968.

Sin ir más lejos, ese mismo grupo de Inteligencia sería el que más tarde, en enero de 2004, obtendría y filtraría, entonces a su conveniencia, la información clasificada del CESID desvelando las conversaciones mantenidas por Carod-Rovira, secretario general de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Conseller in Cap de la Generalitat, para que ETA no atentara en territorio catalán. Una vulneración del secreto oficial diseñada y explotada en beneficio partidista para desprestigiar al político en cuestión y dinamitar el pacto del gobierno catalán tripartito del que formaba parte. Al parecer, el fin perseguido justificaba los medios utilizados.

En cualquier caso, el borrador de aquel proyecto de ley de secretos oficiales ciertamente ‘reformista’, aunque impusiera un plazo de 50 años para desclasificarlos y multas millonarias a los medios informativos que los revelaran, saltó por los aires de forma interesada. Antes que perfeccionar el texto y modificar sus posibles excesos, siendo como era una propuesta y no un proyecto de ley aprobado formalmente por el Gobierno, se decidió retirarlo de la circulación para, y así se dijo públicamente, elaborar otro con menos oposición mediática: una promesa que jamás se cumpliría.

El Gobierno de Aznar, sometido a la nefasta influencia de Javier Calderón y sus acólitos, que iría reconociendo penosamente durante la VI Legislatura y hasta despachar sus servicios en junio de 2001, no llegó a comprender algo elemental en un Estado democrático. Aun estando legitimado y legalizado, el ‘secreto oficial’ no constituye un fin en sí mismo, razón por la que no quedó recogido en la parte dogmática del texto constitucional (Título I) dedicada a los derechos y libertades fundamentales: sólo es un instrumento para la consecución de un fin, aunque éste pueda identificarse con un derecho formal (por ejemplo, el derecho a la seguridad del Estado). Pero esta capacidad instrumental es justo la que puede ser desviada, y de hecho a menudo lo ha sido, para encubrir ilegalidades manifiestas so capa de una falsa razón de Estado, a su vez difuminada con más o menos desvergüenza al amparo del propio ‘secreto oficial’.

Es decir, cuando la ligereza normativa, intencionada o no, entrega el marchamo del ‘secreto’ al albur de la discrecionalidad política, la realidad es que éste se convierte de inmediato en ‘secreteo’ gubernamental. Una práctica deplorable que alcanzó su cenit cuando, por ejemplo, se pretendió encubrir con ella el terrorismo de Estado practicado contra ETA desde instancias de la propia Seguridad Nacional, o cuando de hecho encubrió las verdades más profundas del 23-F.

Lo malo de esta desnaturalización abusiva en el ejercicio del poder es que, una vez normalizada, o simplemente tolerada por quienes participan en el juego de la política, tiene muy difícil retorno. Llega un momento, como el que ha llegado, en el que, discursos electoralistas y oportunismos aparte, ni el partido gubernamental ni la oposición, que tarde o temprano rotarán sus funciones, tienen el menor interés por alterar sus ‘derechos de pernada’ política. Esta complicidad en salvaguardar los atributos del establishment, es una de las servidumbres del bipartidismo imperfecto con el que, en 1978, los constituyentes arbitraron la convivencia democrática del país, marcados más por el interés coyuntural de los grandes partidos que por su propia grandeza política.

Pero, sobrepasando incluso este grave problema, también sería necesario correlacionar de forma congruente toda la normativa relativa a la tutela del secreto oficial con vigencia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Código Penal (Civil y Militar), y hasta en los Reglamentos de las Cortes Generales. Ello con independencia del cumplimiento que debería darse al mandato establecido en el artículo 24, apartado 2, de la Constitución: “La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

Esta endeble y dispersa normativa, quedó en entredicho cuando, con motivo del escabroso ‘caso GAL’, algunos diputados, funcionarios civiles y militares y altos cargos o ex cargos del gobierno socialista, estuvieron a punto de tener que comparecer en sede parlamentaria o de declarar ante la autoridad judicial, en relación con materias directamente afectas a la Seguridad Nacional y clasificadas como ‘secreto oficial’. Tras el amparo parlamentario que iban a solicitar unos y las amenazas proferidas por otros justo para rescindir sus compromisos personales y profesionales con la manida razón de Estado, la comisión de investigación impuesta entonces en el Senado por la mayoría del PP se diluyó como un azucarillo en un vaso de agua. Igual camino tomaría la combativa actitud inicial mostrada al respecto por la Fiscalía General del Estado y por otros medios del poder judicial no menos obedientes a las consignas gubernamentales.

La tesis de manipulación omitiva, es decir la idea de que regular el secreto oficial con la debida seguridad técnico-jurídica y democrática podría limitar la eventual impunidad de determinadas actuaciones irregulares del propio aparato del Estado, quedaría acreditada con aquella retirada del tentativo proyecto de ley de secretos oficiales que el Gobierno de Aznar se planteó al inicio de la VI Legislatura. Por tanto, y sensu contrario, es fácil de entender que, sin una normativa de secretos oficiales ‘conveniente’, que asegurara el blindaje a cal y canto de las posibles actividades ilícitas o delictivas de los Servicios de Inteligencia, su poderoso aparato directivo, experimentado en aquellos menesteres, difícilmente iba a permitir modificaciones o controles sustanciales en el modus operandi del CESID. Ya se encargaría el general Calderón de dejarlo bien claro.

Otro personaje empeñado en disolver el proyecto de reforma de los Servicios de Inteligencia asumido por Aznar en su época opositora, fue el primero de sus ministros de Defensa, el independiente Eduardo Serra. Sus padrinos políticos le propusieron como el mejor cancerbero posible para custodiar, no la puerta del inframundo mitológico de la antigua Grecia gobernado por Hades, asegurando que los muertos no salieran de él y que los vivos no pudieran entrar, sino los secretos más vergonzosos y comprometedores del Estado guardados en la memoria histórica del CESID, que los humanos votantes y sostenedores del sistema como humildes cotizantes de Hacienda jamás deberían conocer. Eran momentos de máxima tensión política, en los que la estabilidad del Estado estaba pendiente del hilo tejido por la telaraña de la ‘guerra sucia contra ETA’ durante el ‘felipismo’.

La actitud inequívoca del general Félix Miranda, último director del CESID bajo la presidencia de Felipe González, para no complicar a la Inteligencia del Estado en los tejemanejes delictivos impulsados desde medios gubernamentales, sería verdaderamente alarmante. De hecho, exigió al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, que le ordenara por escrito no atender la petición del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que le había requerido una copia de los ‘papeles del GAL’, documentos internos clasificados, advirtiendo de por dónde, en el interés del Gobierno y su partido, no debería ir jamás el CESID.

La firmeza de aquel militar honorable, obligó al ministerio afectado a interponer, con todas las alarmas encendidas, un conflicto de jurisdicción con el magistrado de la Audiencia Nacional, que finalmente sería resuelto por el Tribunal de Conflictos a favor del titular de Defensa y de su negativa a entregar los documentos clasificados como ‘secretos’. Al parecer, que éstos pudieran encubrir los delitos más despreciables, no vendría al caso… o tal vez sí.

El nombramiento en mayo de 1996 de Eduardo Serra como ministro de Defensa del Gobierno Aznar, difícil de entender y muy trabajado en los cenáculos del poder aunque pareciera sobrevenido, quedó recogido en el libro ‘La España Otorgada’ (Anroart Ediciones 2005) en los siguientes términos:

… Sin olvidar que en el genuino caso español el Ministerio de Defensa ha asumido y reasumido toda la potestad jerárquica y funcional sobre los Servicios de Inteligencia (tanto con el CESID como con el CNI), justamente en la vorágine de su época más escandalosa (el entorno electoral de 1996 que propició el acceso de José María Aznar a la presidencia del Gobierno) llamó la atención el hecho de que éste pusiera al frente de tan relevante y estratégico ministerio a Eduardo Serra. El nombramiento fue cuando menos sorprendente, por cuanto tan discutido personaje no militaba, ni de lejos, en el PP y porque nadie ignoraba sus comprometidas relaciones previas con el PSOE. Se consumaba así todo un espectacular ‘borrón y cuenta nueva’, desde luego bien llamativo después de haberse vivido una virulenta campaña electoral en la que los líderes populares esgrimieron descalificaciones sin precedentes contra el histórico partido fundado por Pablo Iglesias.

Por otra parte, la cartera de Eduardo Serra sobrevenida en mayo de 1996, no sólo frustraba otras muchas y fundadas expectativas de políticos bien significados dentro del PP, sino que obligaba a recomponer el Gobierno que, vulnerando el sigilo propio del caso, había trascendido ya a los medios de opinión informada. En ese filtrado equipo inicial, el Ministerio de Defensa lo ocupaba Rafael Arias-Salgado, y el de Fomento, donde este disciplinado profesional de la política terminó acoplándose sobre la marcha, se adjudicaba en teoría a Jesús Posada. El antiguo centrista Arias-Salgado había llegado, incluso, a comentar con personas de toda confianza que ya tenía “medio uniforme” para ponerse al frente del Ministerio de Defensa, mientras que su fiel colaborador, Joaquín Abril Martorell, deslizaba en los pasillos del Congreso de los Diputados que él mismo le acompañaría como nuevo secretario de Estado en ese Departamento.

Las razones efectivas de aquel sorprendente nombramiento de Eduardo Serra como ministro de Defensa, de quien dependía el proceloso mundo de un CESID convulsionado y a punto de estallar (ya se había engullido a su propio director general, a un vicepresidente del Gobierno y a un ministro de Defensa, que se vieron obligados a dimitir precisamente por las irregularidades que protagonizó), nunca fueron desveladas. No obstante, por las redacciones de los medios informativos se aventuraron hipótesis sobre tan enigmática decisión, entonces no publicadas, que aludían a la sugerente mediación del propio monarca en el momento que el presidente del Gobierno, José María Aznar, le presentaba de forma preceptiva la relación de los candidatos que habrían de integrar su primer Consejo de Ministros.

De ser cierto, dicho padrinazgo quizás hubiera tenido un hipotético origen en el interés del gobierno saliente por blindar a cal y canto la condición ‘clasificada’ de los documentos del CESID más comprometedores en la denominada ‘guerra sucia contra ETA’, dejándolos bajo el férreo control de un ministro independiente de la mayor confianza, experto como pocos en subvertir los auténticos intereses del Estado. Puede que esa eventualidad, bien sopesada en su momento por los analistas más perspicaces, no pasara de ser una pura especulación, aunque la realidad posterior de los hechos tampoco haya demostrado lo contrario.

La labor de zapa de Eduardo Serra para evitar la más mínima democratización de los Servicios de Inteligencia, quedó patente cuando, todavía con la prometida reforma del CESID pendiente, quiso imponer su plena militarización mediante una enmienda introducida de matute por la propia ponencia en la tramitación senatorial de la nueva Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas (17/1999), que despreciaba la revisión del modelo de Servicios de Inteligencia teóricamente en curso. Entonces, la inmediata reacción del diputado canario Luís Mardones logró que, en la votación de la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 29 de abril de 1999, aquella iniciativa manipulada en el Senado por el Ministerio de Defensa fuera rechazada por todas las señorías presentes.

Lo que sí consiguió Eduardo Serra, es que durante su mandato ministerial no prosperase la prometida e imperiosa reforma del CESID. Su cerrazón se apoyó justo en el hecho de que mientras no se dispusiera del instrumento previo ‘necesario’ para salvaguardar la ‘razón de Estado’ ante los tribunales de justicia, aquella debería quedar igualmente aparcada, cuestión en la que entonces convinieron gustosamente PP y PSOE. El titular de la cartera de Defensa, ni corto ni perezoso, llegaría a zanjar públicamente la cuestión afirmando nada menos que “el pueblo español no estaba preparado para afrontar la reforma prometida”.

Compartiendo, pues, el gobierno y su oposición la relación de causa-efecto que vinculaba la cobertura del secreto oficial con la reforma del CESID, los dirigentes del PP se vieron políticamente legitimados para posponer sine die ambas iniciativas, que tanto juego le habían dado poco antes como ariete electoral contra el PSOE. Una razón desde luego poco tranquilizadora en el teórico marco de convivencia democrática que creemos habernos dado los ciudadanos españoles.

Al aceptar aquella vinculación como determinante, no se dejaba de reconocer de forma implícita que el CESID seguía anclado conceptualmente en 1968, cuando se promulgó la vigente ley de secretos oficiales para dar cobertura a las operaciones encubiertas de la OCN. El fondo, pues, de la cuestión, es que, en su esencia funcional, los Servicios de Inteligencia continúan bajo formulaciones del antiguo régimen dictatorial, más allá de una simple circunstancia o fundamento legal, razón por la que en el epílogo de ‘El Archivo Amarillo’ se propone una nueva refundación del CNI.

Prueba palpable de aquella connivencia política entre PP y PSOE, fue el silencio sepulcral con el que enterraron la prudente y elemental enmienda de adición presentada también por el diputado Luís Mardones al proyecto de ley reguladora del CNI, que transcribimos literalmente: “Regulación de los Secretos Oficiales. El Gobierno desarrollará y aprobará, antes del 31 de diciembre del año 2002, una nueva Ley reguladora de los Secretos Oficiales que ampare la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105, apartado b), de la Constitución Española, proporcionando la necesaria coherencia técnico-jurídico a toda la normativa legal afecta en la materia”. El silencio político que obtuvo esta razonable propuesta confirmó de forma bien expresiva que en materia de Seguridad Nacional todo seguiría ‘atado y bien atado’, como en los mejores tiempos del franquismo.

Solo los acontecimientos terroristas sobrevenidos el 11 de septiembre de 2001, con Eduardo Serra fuera del gobierno y Javier Calderón fuera del CESID, y también con una holgada mayoría parlamentaria absoluta, animaron a José María Aznar a sustanciar la prometida reforma de los Servicios de Inteligencia. Pero con una intencionalidad muy distinta a la que durante la V Legislatura inspiraba sus denuncias de oposición contra el escandaloso modelo imperante en los estertores del ‘felipismo’.

Instalado en el confort del poder, que prevería duradero a tenor de los estudios demoscópicos del momento, el PP y su gobierno olvidaron el regeneracionismo predicado antaño para tomar un atajo rapidísimo que convirtiera el modelo ‘alegal’ en el que se movía la operatividad del CESID en otro, el nuevo CNI, plenamente amparado, por fin, con una norma de rango legal. Y cubriendo su misma impunidad con el acompañamiento de una ley de control judicial, más semántica que garantista, que seguiría condicionada por el mismo ‘secreto oficial’ de siempre, sin plantearse la mínima estética política y democrática de ‘constitucionalizar’ la última ley vigente del franquismo. Un maquillaje oportunista pactado de urgencia con el PSOE, aprovechando los excesos reaccionarios que siguieron al 11-S en todo el mundo.

Aquel suceso aterrador, que desde luego a todos conmocionó, permitió, en efecto, matar dos pájaros de un solo tiro: sustanciar a la vista del electorado la reforma prometida y dejar el sistema en el mismo fondo de impunidad que tanto se había criticado.

La evidencia de que la recreación del CESID en el CNI fue amañada entre el PP y el PSOE con nocturnidad y alevosía parlamentaria, sería inmediata. Ambas formaciones políticas mayoritarias son las únicas que, hoy por hoy, detentan la posibilidad alternativa de manejar los Servicios de Inteligencia. Esa sería razón por la que en la tramitación de la que terminaría siendo Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, complementada con la Ley Orgánica 2/2002, de la misma fecha, que regula su control judicial previo, aplicaron de consuno el rodillo parlamentario, despreciando todo lo que adujeron al respecto las demás partidos presentes en el Congreso de los Diputados. Y ello a pesar de que la normativa en cuestión conformara auténtica ‘política de Estado’.

La maniobra fue tan advertida, que, nada más conocerse los proyectos de ley correspondientes, prácticamente todos los grupos minoritarios de la Cámara suscribieron enmiendas de totalidad a los textos propuestos, pidiendo la retirada de su tramitación parlamentaria. Algo repudiable se vislumbraría en aquel repentino entendimiento entre opositores tan conspicuos, para que el resto de representantes del poder legislativo se enfrentaran a su repentina connivencia de forma tan radical.

Así, en todas las enmiendas parlamentarias de totalidad presentadas contra una o contra otra de las propuestas gubernamentales, se recogerían críticas rotundas e incontestables.

El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (IU) hacía, entre otras, las siguientes afirmaciones:

n  “El Gobierno de la Nación ha optado claramente por primar la seguridad (la inteligencia como instrumento al servicio de la misma) en detrimento de las garantías jurídicas, parlamentarias y judiciales de los derechos y libertades constitucionales de las y los ciudadanos españoles”.

n  “En relación al nominalmente llamado control judicial previo de la actividad del CNI, cabe decir que éste está plagado de lagunas y peligros para el Estado de Derecho”.

n  “En definitiva, entendemos que no se crea un procedimiento de control judicial del CNI, sino más bien una vestimenta semánticamente jurídica con una apariencia judicial que en el fondo no es más que una santificación casi incondicional de las actuaciones de la inteligencia española”.

Por su parte, los nacionalistas vascos (PNV), advirtiendo claramente que el control judicial previo de las actividades del CNI propuesto podía incidir en cuestiones de inconstitucionalidad, señalaban de forma literal:

n  “La caracterización del Centro Nacional de Inteligencia que se hace en este Proyecto de Ley se mantiene apartada de las tendencias de Derecho comparado occidental, que han llegado a distinguir tres ámbitos distintos de actuación, a saber, ámbito de seguridad interior, ámbito de seguridad exterior y, en algunos casos, ámbito relacionado con la inteligencia estricta de las Fuerzas Armadas”.

n  “No se ha superado la tradición pre-democrática que confundía y aglutinaba en un mismo saco el concepto de seguridad con el de defensa del aparato del Estado, lo que implica el resultado de englobar en la misma estructura ámbitos funcionales que en la mayor parte del entorno europeo se encuentran claramente diferenciados. Este defecto provoca la continuidad de una adscripción o dependencia para con el ámbito de defensa, que conduce de este modo a una visión deformada del ejercicio de sus funciones, anacrónica desde la perspectiva de profesionalización y modernización, y peligrosa para la perdurabilidad del sistema democrático desde la perspectiva de los posibles controles, la transparencia y el ejercicio de libertades y derechos fundamentales”.

Joan Saura, portavoz de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), advertía en primer lugar que diversos conceptos recogidos en el texto regulador del CNI servían, en su opinión, para introducir elementos discrecionales sobre sus objetivos y actividades. A continuación, recurría al informe del propio Consejo General del Poder Judicial adjuntado por el Gobierno a su proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del CNI, para recordar que éste “no prevé cómo se configuraría el derecho del titular de las libertades sacrificadas a conocer la actuación judicial y a reaccionar contra ella”. El texto gubernamental (volvía a transcribirse de la misma fuente) “no precisa tampoco el particular alcance del régimen de control al que quedaría sujeta la actividad del centro, cuando pudiera colisionar con otros derechos fundamentales distintos de los recogidos en el artículo 18.2 y 18.3 de la Constitución, singularmente en lo ateniente al uso de la informática previsto en el artículo 18.4 de la Constitución”.

Concluyendo su argumentación, el representante de IC-V, de nuevo en línea de opinión con aquella misma alta institución, señalaba que el Gobierno no concretaba la definición del modelo de control judicial elegido, no especificaba la existencia de mecanismos para la revisión jurisdiccional de las medidas afectas, ni establecía límites temporales a su prevista prórroga...

Pero, junto a Joan Saura, otros portavoces integrados también en el Grupo Mixto (los del Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya, Eusko Alkartasuna...) evidenciaron con sus enmiendas de totalidad a los proyectos de ley que conformaban la reforma del CESID, necesaria y trascendente pero finalmente frustrante, que se trataba tan sólo de un cambio nominal. Y que, con una denominación más actual y utilizando desde luego una terminología legal suficientemente equívoca, el CNI volvía a encubrir los mismos intereses espurios que han caracterizado a los organismos homólogos precedentes…

¿Dónde quedaba entonces la exigente remoralización de la vida y las instituciones públicas antes propuesta por el presidenciable José María Aznar…? ¿Y para qué mejor ocasión guardó su opositor Rodríguez Zapatero la vara de marcar distancias de sensibilidad democrática con la que tanto ha agredido más tarde al PP desde el poder, y por tanto sin eficacia legislativa práctica...?

Con las Cortes Generales acomplejadas por el bochornoso pactismo de los partidos mayoritarios en una cuestión tan capital como la reforma de los Servicios de Inteligencia y su reconducción hacia el interés general en el Estado de Derecho, fue especialmente significativa, otra vez, la posición crítica del diputado Luís Mardones, portavoz de Coalición Canaria (CC). Su partido, al igual que Convergencia i Unió (CiU), mantenía un acuerdo de apoyo legislativo al Gobierno, aunque a éste, con mayoría absoluta, aritméticamente le fuera innecesario. Por ello, antes que rechazar en su totalidad ambos proyectos de ley, lo que hubiera podido tildarse de desleal, salvó su dignidad democrática y coherencia personal presentando un bloque de enmiendas al articulado que, tanto por su cantidad como por su contenido constructivo, y admitiendo incluso el repudiable unitarismo del CNI, evidenciaba su plena discrepancia y las vías de ineficacia e impunidad que presentaba el nuevo Servicio de Inteligencia.

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, quedaron efectivamente registradas sus veintidós enmiendas al articulado del proyecto de ley reguladora del CNI (que sólo consta de doce artículos) y sus cinco enmiendas al proyecto de ley orgánica reguladora de su control judicial previo (de artículo único), junto con su defensa política y técnico-jurídica. Todas ellas serían rechazadas por la mayoría parlamentaria del PP, sin que nadie se atreviera a rebatir sus impecables contenidos, ni de forma oficiosa en el habitual comadreo de la Cámara, ni mucho menos oficialmente, con luz y taquígrafos de por medio.

Pero el portavoz de Defensa del PSOE, Jordi Marsal, aun tendría una actuación políticamente menos gallarda. Ejerciendo como alguacil del PP, mostró su total connivencia con el Gobierno con un discurso crítico, vago y generalista, pero no contra los proyectos de ley en debate, que hubiera sido lo suyo, sino contra las enmiendas presentadas por los nacionalistas canarios. Toda una vergonzosa evidencia del pasteleo consumado entre los partidos mayoritarios para falsear la necesaria democratización de los Servicios de Inteligencia, torpemente escenificada: quedó muy claro cuando el diputado Felipe Alcaraz (IU) recordó al ‘despistado’ portavoz socialista de marras que se estaba atribuyendo gratuitamente funciones del portavoz del Gobierno…

La realidad es que las Cortes Generales, invidentes ante la nebulosa opacidad del secreto oficial con la que se envolvió otra vez la actividad de los Servicios de Inteligencia, inoperantes para controlarlos en su legítima función parlamentario y maniatadas por el dócil colaboracionismo del poder judicial, terminaron por otorgarles un auténtico cheque en blanco para salvaguardar cualquier responsabilidad en sus eventuales conculcaciones del Estado de Derecho. Si lo que PP y PSOE pretendieron con la conversión del CESID en el CNI fue consolidar los Servicios de Inteligencia como policía encubierta del bipartidismo, no fueron por mal camino. Pero veamos entonces, entre otras cosas, a lo que conduce ese irreductible sistema.

[Continúa…].

LA LEY DE SECRETOS OFICIALES Y LA POLÍTICA BASTARDA

Lo que se desprende de la narración extraída de ‘El Archivo Amarillo’, es que la vigente Ley de Secretos Oficiales se mantiene efectivamente en una especie de frangollo o enredo impresentable, en el que convergen intereses corporativos (y hasta grupales o personales porque a ellos llega también el blindaje del ‘secreto oficial’), prácticas de corte franquista impropias de un régimen democrático y no pocas deslealtades políticas, ilícitas e inmorales, que resguardan, como ha sucedido con demasiada frecuencia, actuaciones de los Servicios de Inteligencia incompatibles con el Estado de Derecho. Y ahí está, sin ir más lejos, su conocida colaboración con el ciberespionaje masivo de la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos).

Porque, para empezar, el artículo 5, apartado 1, de la vigente Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, establece la siguiente barrera de protección: “Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos”.

Y si todo lo concerniente a las actividades del CNI es, per se, de ‘máximo secreto’, ¿de qué más se puede seguir hablando…? El fondo de la cuestión, en orden a garantizar sobre todo al comportamiento lícito del CNI, no es otro, pues, que eliminar el blindaje que le proporciona la actual Ley de Secretos Oficiales para obviar su control democrático y actuar cuando mejor convenga en discrepancia con los valores y principios que inspiran nuestra Carta Magna.

Bienvenida sea, por tanto, la iniciativa socialista para reformar, de una vez por todas, la vigente e impresentable ley franquista de secretos oficiales, soporte de la política bastarda. Ahora veremos si el Gobierno de Rajoy, con su mayoría parlamentaria absoluta, es capaz de reaccionar o no y quienes se ponen de nuevo a favor o en contra de la Constitución.  

El domingo 10 de noviembre de 2013, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, clausuraba con un encendido discurso la Conferencia Política Socialista puesta en escena ese fin de semana en Madrid, tras casi nueve meses de arduo trabajo en busca de un reencuentro con el futuro electoral y político perdido desde la debacle del ‘zapaterismo’. Conferencia ‘de ideas’ con la que sus promotores pretendían nada menos que ‘Ganarse el Futuro’, según el título de la ponencia marco aprobada al respecto con 1.798 propuestas.

Pero ese mismo discurso conclusivo de Rubalcaba, a la postre puro fuego de artificios, también lo podría haber pronunciado sin mayor problema un redivivo príncipe de Lampedusa (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1896-1957), autor de la novela histórica Il Gattopardo (publicada en 1958). Porque la fuente inspiradora del cónclave socialista de falsa ideación no ha sido otra que la teoría y praxis política finamente descrita en esa celebrada obra, conocida como ‘gatopardismo’, o adjetivada como lo ‘lampedusiano’, que ha pasado a definir el cinismo con el que los partidarios del Antiguo Régimen se amoldaron al inevitable triunfo de la revolución, para usarlo en su propio beneficio.

Esta forma de entender la acción política, ha quedado acuñada en una frase lapidaria: “Que todo cambie para que todo siga igual”. Y, a pesar de que se identifica plenamente con la descripción del escritor y aristócrata siciliano (el príncipe de Lampedusa también fue duque de Palma di Montechiaro), tienen un origen más remoto en la cita de Alphonse Karr (1808-1890) “Plus ça change, plus c’est la même chose” (Cuanto más cambie, es más de lo mismo), publicada en el número de enero de 1849 de su revista satírica ‘Les Guêpes’ (Las Avispas).

En Il Gattopardo, el personaje Tancredi Falconeri declara a su tío Fabrizio Corbera (príncipe de Salina) la reveladora contradicción: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”(Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie). Una frase que, en su contexto, simbolizaba la capacidad de los sicilianos para adaptarse a lo largo de la historia a los distintos gobernantes de la isla; pero también la intención de la aristocracia de aceptar la revolución unificadora para poder conservar su influencia y su poder.

Y así, desde la publicación de Il Gattopardo se suele llamar ‘gatopardista’ o ‘lampedusiano’ al político que pretende -como ahora ha hecho Rubalcaba- una transformación “revolucionaria” pero que, en realidad, tan sólo altera la parte superficial de las estructuras de poder, conservando sus elementos más esenciales. De hecho, la novela, llevada al cine de forma memorable por Luchino Visconti, muestra cómo la aristocracia absolutista del Reino de las Dos Sicilias es expulsada del poder político para instaurar la monarquía parlamentaria y liberal del Reino de Italia, pero sin que tal cosa implique transformar las estructuras ni el statu quo de poder existente: la burguesía leal a la Casa de Saboya, simplemente sustituye a los aristócratas como nueva élite que acapara para sí todo el poder político, recurriendo incluso al fraude electoral camuflado, claro está, con cierta apariencia democrática…

DEL ‘GATOPARDISMO’ AL ‘QUIEN RESISTE GANA’

Y, al parecer, bajo la sabia inspiración del príncipe de Lampedusa, lo que el actual y gastado ‘príncipe del PSOE’ -nadie hay en la política activa del país más démodé que Rubalcaba- ha buscado con la Conferencia Política Socialista, es agitar el partido pero para dejarlo más o menos como ya estaba justo en su peor momento. Algún escultor metafórico de conceptos políticos ‘lampedusianos’ un tanto iconoclasta, como el fallecido catedrático de Derecho Político Jesús Fueyo, que al inicio de la Transición percibió como nadie la perfecta continuidad del régimen franquista, podría haber definido también esta nueva burundanga del PSOE con un lapidario y acertado “fin del paganismo y principio de lo mismo”.

Porque, si analizamos la poca enjundia que subyace en el entretenido fin de semana conferenciante de los socialistas, lo que encontramos es agua de borrajas. Eso sí, vendida a la opinión pública como agua bendita envasada con aromas populistas, poco menos que como una versión socio-quijotesca del Concilio de Trento, destinada a conjurar las disidencias protestantes y reivindicar al PSOE como promotor exclusivo de la igualdad, la paridad, la laicidad, la radicalidad… y como máximo apoderado de la izquierda social, que es por donde se le han ido y se le siguen yendo los electores.

Pero es que, frente a ese empeño de reconversión y recuperación del poder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien no se le puede negar capacidad de trabajo, inteligencia y brillantez para la política más oscura, está limitado no sólo por carecer del carisma personal necesario, sino por identificarse con los peores momentos del ‘felipismo’. Después de nombrarle ministro de Educación y Ciencia en 1992, Felipe González le arrastró a comerse el marrón de los escándalos socialistas como ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno (1993-1996), con intervenciones muy penosas, por ejemplo, negando de forma reiterada cualquier relación del Ejecutivo con los GAL o bregando con la corrupción desatada en el Ministerio del Interior y con la eclosión de los casos Filesa, Malesa, Time-Export, AVE, etc…

Y, tras aquel duro crematorio socialista, Rubalcaba tampoco puede ocultar que su revival político, que le ha llevado a alcanzar altas cotas de poder después de haber sido ministro quemado con el presidente Gonzalez, se ha producido directamente de la mano del ínclito ZP. En 2004 fue nombrado portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y entre 2006 y 2010 ejerció como ministro del Interior, cargo que compatibilizó con el de vicepresidente primero y portavoz del Gobierno a partir del 2010, para terminar siendo el candidato socialista en las elecciones generales del 20-N y secretario general del PSOE en febrero de 2012.

Todavía más. Al ser el más activo y apreciado peón de confianza del entonces presidente Rodríguez Zapatero (más que María Teresa Fernández de la Vega o Pepiño Blanco), tampoco puede negar su total responsabilidad, directa y sustancial, en el desastre político y de partido del socialismo ‘zapateril’.

Está visto, pues, que a tenor de su historia personal, las cualidades de Rubalcaba -que tenerlas las tiene- son buenas sobre todo para mantener a raya o destruir al enemigo y para tareas de alta fontanería política próximas a las alcantarillas del poder (ahí quedan, por ejemplo, su manejo de la crisis de los atentados terroristas del 15-N, sus acuerdos secretos de ‘paz’ con las organizaciones etarras o el proceloso ‘caso Faisán’). Pero totalmente inútiles para perfeccionar o consolidar el proyecto socialista, y desde luego mucho menos para reanimar a personas o instituciones moribundas, salvo que se trate de él mismo.

Y, por tanto, si alguien esperaba que este afilado personaje, que con un leve suspiro es capaz de cortar un pelo en el aire, o de segarle la hierba bajo los pies al mismísimo coloso de Rodas, aclarara en esa suerte de cónclave tridentino su sucesión en el papado socialista, o que se fijaran unas primarias inmediatas al respecto, se ha equivocado de cabo a rabo. Y más aún si esperaba que simplemente se aprobara -como correspondía- una verdadera hoja de ruta ideológica, de pensamiento y de acción política, renovadora y realmente adecuada para afrontar la tremenda crisis interna del PSOE.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho lo que mejor sabe hacer. O sea, entretener al personal como un perfecto malabarista de la política, como un auténtico ‘tahúr del Mississippi’ que diría Alfonso Guerra, y ganar tiempo hasta consumar el próximo trile congresual en beneficio del actual aparato de poder socialista… con él al mando. Porque tiene conchas más que suficientes para dominar el faldicorto banquillo socialista y marcar los tiempos políticos del partido a su estricta conveniencia.

Rubalcaba es mucho Rubalcaba y por eso no ha tenido empacho en pasarse por la faja las encuestas que muestran la laminación electoral del PSOE (en su opinión el último sondeo del CIS es “cocina de cuartel”) y proclamar sin el menor sonrojo que está “fuerte” para presentarse a las primarias como candidato a la presidencia del Gobierno (TVE, 07/11/2013). Aunque siga en la astucia de no dar a conocer hasta el último instante su decisión final.

En la antesala de la Conferencia Política Socialista, Rubalcaba se plantó ante las cámaras de televisión y espetó a María Casado, la presentadora del programa ‘Los Desayunos de TVE’, cuando ésta le preguntó si se veía con fuerza para concurrir a las primarias: “¿Me ve flojito esta mañana?”. La contra-respuesta fue que no y el líder socialista zanjó la cuestión con un rotundo “Pues ya está: estoy fuerte”.

También explicó que el PSOE no sólo iba a hablar de sus primarias abiertas en la Conferencia Política, sino que lleva meses haciéndolo a través de la ponencia marco, pero subrayando que de lo que no hablaría es de fechas, aunque “algunos quieran” hacerlo. Rubalcaba señaló, no obstante, que el sistema “abierto” de las próximas primarias socialistas, finalmente aprobado en la conferencia, será “revolucionario” en España, ya que los ciudadanos que no militan en el PSOE van a poder votar para elegir al candidato del PSOE a la Moncloa, incluso con 16 años de edad y, por tanto, sin mayoría de edad legal (“Anda jaleo, jaleo…”, que diría García Lorca).

Mientras tanto, Rubalcaba deja que los enanitos del partido (Carme Chacón, Emiliano García Page, Patxi López, Eduardo Madina y el espectro viviente de Tomás Gómez), previsibles perdedores sin fuste ni vara, se vayan poniendo de perfil nada menos que como candidatos socialistas a la Presidencia del Gobierno y quemándose a fuego lento (¡pobrecitos!). Y alienta que se sigan presentando al frangollo de las primarias cuantos más candidatos mejor, rebajando del 10 al 5% los avales necesarios para ello: barra libre, pues, y que los perejilillos de ocasión surjan en abundancia, como las setas en primavera…

Claro está que, al mismo tiempo, el astutísimo Rubalcaba pacta discreta y razonablemente con quienes dentro del partido conservan algo más de fuste y vara: Susana Díaz (Andalucía), Javier Fernández (Asturias), Chimo Puig (Valencia), Pere Navarro (PSC)… Y, por supuesto, con la vieja guardia y con los inevitables referentes del partido: Felipe González, Zapatero, Rodríguez Ibarra, Bono (de quien se dice que podría encabezar el cartel electoral del  PSOE al emblemático Ayuntamiento de Madrid).

Y conviene recordar que la Ejecutiva Federal del PSOE, en la que Rubalcaba ejerce de secretario general, fue elegida de forma reglamentaria en su XXXVIII Congreso Federal (órgano soberano del partido), celebrado en febrero de 2012, tras la apabullante derrota electoral del 20-N. Y también que el Congreso se reúne ordinariamente entre el tercer y el cuarto año siguientes a la celebración del ordinario anterior, y en edición extraordinaria cuando así lo convoquen el Comité Federal, la Comisión Ejecutiva Federal o lo soliciten la mitad más uno de los militantes, en atención a circunstancias especiales... Quiere ello decir que, de forma razonable, la actual directiva del partido continuará en sus funciones hasta las elecciones generales de 2015, controlando también en lo posible la elección del candidato socialista en principio prevista para julio de 2014…

De cualquier forma, el lema del actual secretario general de los socialistas no es otro que “Quien resiste, gana”: exactamente el mismo que Camilo José Cela proclamaba a menudo, identificándolo con la esencialidad de la vida española y, de forma retrospectiva, con el ‘gatopardismo’ y la vigencia de la política ‘lampedusiana’. De hecho, lo que suele suceder en España no es tanto que alguien gane verdaderamente el Gobierno en las urnas, sino que en un momento dado las pierda quien lo preside (así, más o menos, consiguieron encabezar el Consejo de Ministros por primera vez Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, el propio Mariano Rajoy).

“A carrera larga, galgo de fuerza”, como dice el refranero español. Porque para presidir el Consejo de Ministros de España está demostrado que no sirven de mucho ni las ideas ni la credibilidad de los candidatos. Sólo parece ser necesario aguantar en primera línea de la oposición hasta que decaiga el contrario.

Y eso es lo que en definitiva, hizo Rubalcaba. Entrar en la Conferencia Política del PSOE a punto del descabello y salir vitoreado por la puerta del desolladero, más que por la puerta grande, proclamando más chulo que un ocho: “Hemos vuelto. El PSOE ha vuelto”, aunque quienes se habían ido y sin vuelta previsible eran sus votantes. En esencia, eso, que realmente es lo suyo, fue todo, como consta en la vaciedad del discurso con el que clausuró la parranda socialista, pieza que en sus párrafos conclusivos debería haber resumido normalmente la esencialidad del nuevo mensaje socialista y que se quedó en un puro ‘chau-chau’, manido y ramplón, al uso en la política del momento:

(…) Y termino ya.

Todo lo que hemos hecho en estos dos días de debate, se resume en dos palabras: Igualdad y Futuro. Precisamente, las dos cosas que se está cargando la derecha.

Pero quiero recordaros algo más. Compañeros, somos el Partido Socialista Obrero Español. El más importante de la izquierda, el único partido de izquierdas capaz de parar a esta derecha desalmada, que está trayendo mucha desgracia y mucho sufrimiento a nuestros ciudadanos.

Este es el PSOE. Somos el Partido Socialista Obrero Español. El partido que más ha hecho por el progreso de los ciudadanos, el que más ha hecho por la convivencia entre nuestros pueblos y nuestros ciudadanos.

Somos el Partido Socialista Obrero Español, el partido de la mayoría, porque representamos a los trabajadores que son la mayoría de este país.

Salimos de esta conferencia fuertes, unidos, con las ideas claras.

Somos el Partido Socialista. Que ha vuelto. Tenemos un proyecto para España. Un proyecto para Europa. Tenemos un proyecto para salir de la crisis con solidaridad, con justicia. Tenemos un proyecto para cambiar la política, la democracia, para hacerla más fuerte. Tenemos un proyecto para convertirnos en el instrumento de los progresistas. Tenemos un proyecto.

Somos el único partido capaz de llevar a la práctica sus ideas. El único que lo ha hecho. Sabemos lo que queremos hacer. Sabemos lo que la gente espera de  nosotros. Salid fuera y hagámoslo. Compañeros. Hagámoslo.

Total, un final muy aproximado al del estrambote que remata el soneto de Miguel de Cervantes ‘Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla’:

… Y luego, incontinente,

caló el chapeo, requirió la espada, 

miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.

Raúl del Pozo, avezado observador de la vida política española, resume en el párrafo inicial de su columna habitual ‘El ruido de la calle’, dedicada en esta ocasión a ‘La felipona’ (Susana Díaz), la apretada peripecia política de Rubalcaba, que, en efecto, quedose en nada, o a lo sumo en un espejismo del oasis que no existe en el desierto socialista (El Mundo 12/11/2013):

El 23 de enero de 1988 Mitterrand descendía la gran escalera del Elysée cuando se cruzó con el autor de su biografía. Se paró y dejó caer: “No entiendo por qué está usted escribiendo un libro sobre mí”. “Porque -contestó el autor- va usted a presentarse para la presidencia”. “No tiene ni idea -contestó con tristeza-, no soy más que un buen viejecito. No tengo porvenir. Estoy acabado”. Esa misma frase podría haberla dicho Alfredo Pérez Rubalcaba horas antes de la conferencia política; unas horas después, el político que siempre sobrevive, logró desactivar el intento de anticipar las primarias con una serie de delicados y discretos consensos de aparato. Al final los voraces levantiscos tragaron, Rubalcaba resucitó y se hizo con el mando. Él mismo, exhausto y ronco, lo reconoce: “He sudado la camiseta como Camacho”…

LA ‘BURRA CIEGA’ DE RUBALCABA

Pero lo que todavía no sabemos es qué diantres quiere y debe hacer el PSOE, con quien sea al frente, para solucionar los problemas reales y esenciales del país (que son bien evidentes), y no los accesorios o inexistentes que se pretenden resolver con el rollo de las 1.798 propuestas (¡ahí es nada el papelón!) aprobadas en el enredo verbenero de Rubalcaba. Una letanía inacabable, rebosante de chuminadas, simplezas, infantiles peticiones a los Reyes Magos de Oriente y de no pocos desvaríos sin pies ni cabeza, impropios de una Política adulta y escrita con mayúscula, que producen no poca vergüenza ajena fuera y dentro del partido (¿casi nueve meses de intenso trabajo para reunir tanta pajilla intelectual…?).

Y desde luego seguimos sin saber, más allá de que el PSOE pretenda remendar el roto que tiene por su izquierda, cuales son las ideas-fuerza más eficaces para asegurar política y electoralmente la nave del partido en calamitosa zozobra, y no la sarta de pijadas progresistas y de ocurrencias astrosas que sigue rezumando por los cuatro costados (¿más ‘zapaterismo’ frente a la normalidad, el sentido común y la inteligencia…?. Por su parte, Cayo Lara ya ha advertido a Rubalcaba -y lleva razón- que la verdadera izquierda está en IU y que la política socialista que ahora se propone debió hacerse desde el Gobierno, en vez de querer hacerla en la Oposición.

Otro comentarista no menos avezado que Raúl del Pozo en el análisis crítico de la política, Miguel Ángel Aguilar, poco sospechoso de arremeter de forma infundada contra la vieja guardia del PSOE (a la que Rubalcaba pertenece),  resumía su versión de lo acontecido en la Conferencia Política Socialista advirtiendo que, el invocar los errores y abusos de los rivales, como si sirvieran de excusa o prestaran indulgencia a los cometidos en las filas propias, es realmente inaceptable. En su artículo de opinión titulado ‘En busca de la credibilidad’ (El País 11/11/2013), incluía estos dos jugosos párrafos:

(…) Alfredo Pérez Rubalcaba llegó al atril. Se desprendió de la chaqueta, ajustó los micrófonos a su altura, hizo los agradecimientos de ritual y dijo a las compañeras y compañeros que el PSOE está de vuelta con más ofertas, mirando a la izquierda. Ahí han quedado las propuestas a la búsqueda del tiempo perdido. Pero para conectar y ganarse el voto de los electores, falta todavía recuperar la credibilidad, sacar a los corruptos de las filas socialistas sin condescendencia alguna, cada vez que intenten, y lo intentarán, acampar en ellas, comportarse de modo intachable en el servicio público, evitar la convalidación del “y tú más”, e inaugurar la ejemplaridad debida. Porque la honradez personal de los líderes es condición necesaria pero no suficiente. Son juzgados con mayor severidad y han de responder del comportamiento de sus entornos. Pero a quienes metan la mano en beneficio propio, de sus socios, amigos o parientes, apropiándose de dineros del erario público, no cabe mostrarles condescendencia alguna, ni ofrecerles tregua indefinida hasta que llegue el improbable día del juicio. Se impone proceder a la alemana, descartándolos de modo fulminante.

Esa es la diferencia que el público anhela. Invocar los errores y abusos de los rivales como si sirvieran de excusa o prestaran indulgencia a los cometidos en las filas propias es inaceptable. El tiempo de mirar para otro lado ha caducado. La primera exigencia tiene que ser hacia dentro. Que sigan los demás con sus festines, que no dejen a nadie atrás, que salven a Bárcenas, con sus 50 millones de euros ganados en buena lid, y de paso a toda la saga de tesoreros admirables al cargo de unas cuentas de las que nadie en la cúpula partidaria se responsabiliza, que destruyan las pruebas, que prescriban los delitos fiscales, que llegue el sobreseimiento esperado en diciembre. El circuito de reconocer in extremis el error sin reparar sus consecuencias, de manifestarse decepcionado y de proponer nuevas leyes se ha agotado. Más que leyes, ahora hacen falta conductas.

Y también lleva razón Aguilar, porque, desbrozada la ponencia marco de marras, queda en ella mucha paja y poco o ningún grano, a pesar de que ‘la clac’ (claque) asistente haya aprobado y jaleado sus 1.798 propuestas, que por muchas que sean no valen prácticamente para nada (“Ni chicha ni limoná”, al decir castizo). Quizás por esa evidente simpleza (más ruido que nueces), dice Rubalcaba que el PSOE no ha hecho “un programa electoral”, sino que más bien ha diseñado un “cambio de proyecto político”, unas “líneas maestras para continuar, para avanzar, las líneas por las que España tiene que transcurrir”.

Esas líneas, ha insistido el ajado líder socialista, muestran que existe “otro camino” distinto al que ha elegido el PP para salir de la crisis, que pasa por “acabar” con las desigualdades y avanzar hacia una sociedad “justa” y en la que predomine la “cohesión social”. Y añade que, ese, “es el modelo que hemos diseñado en esta Conferencia Política” para que el PSOE se dedique a “reconstruir” todo lo que “el Gobierno de la derecha está destrozando”.

Pero, ¿cómo y de qué ignota manera Rubalcaba pretende hacer tal cosa, si ni siquiera ha sabido distinguir un simple ‘camino’ de una ‘línea maestra’, de un ‘modelo’ o de un ‘programa’, entremezclado todo ello con el bodrio de las 1.798 propuestas lanzadas sin mayor argumentación y sin medir sus consecuencias…? ¿Es que se ha hablado en algún momento de medios y objetivos…? Y, en todo caso, ¿dónde está el invisible ‘modelo’ que según Rubalcaba se ha diseñado en la Conferencia Política Socialista…? ¿Es quizás el descrito en dos palabras, Igualdad y Futuro, que no llegan a concepto por su penosa inconcreción y que, confrontadas con la realidad, no dejan de sonrojar a los simpatizantes socialistas más prudentes y realistas…?

¿De qué Igualdad y de qué Futuro habla Rubalcaba…? ¿Cuáles  son y dónde se han descrito técnicamente las reformas necesarias para el etéreo ‘cambio de proyecto político’ que ha anunciado y que se aplaude de forma tan gratuita y autocomplaciente…?

Para entender bien el fracaso de la Conferencia Política Socialista -el éxito personal de Rubalcaba ya se ha descrito con claridad-, baste comprobar, por ejemplo, que después de demandar en su ponencia marco la reforma constitucional para una notable cantidad de chorradas, nada se dice sobre la recuperación de las competencias exclusivas del Estado cedidas de forma irresponsable a las Comunidades Autónomas. Y mucho menos de reforzar aquellas en materia de Justicia, Sanidad, Educación o Policía, donde residen los excesos más significados y desastrosos del Estado de las Autonomías.

Nada, absolutamente nada, se dice de despolitizar las altas instituciones del Estado (el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo…), cuya sistema electivo se mantiene de forma escandalosa bajo la abominable influencia partidista. O de independizar de verdad otros organismos que por su propia naturaleza deben ser del todo independientes (como la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, los entes reguladores…).

Y nada se dice tampoco de acabar con los privilegios introducidos a favor de los partidos mayoritarios en la Ley Electoral o en los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, a pesar de plantear otras reformas absurdas e incluso extemporáneas en el sistema general de representación política. Como la de imponer elecciones primarias en todos los partidos políticos para elegir sus candidatos a la Presidencia del Gobierno (algo que con toda probabilidad será mala para el cosa para el PSOE), aunque de forma paradójica el propio coordinador de la conferencia socialista, Ramón Jáuregui, admita que “a la gente no le preocupan las primarias” (El Mundo 10/11/2013). O como establecer en las listas electorales nuevas cuotas de candidatos no sólo en razón de su género, sino también para las minorías étnicas y sexuales o para personas con discapacidad (quizás segmentada además por tipologías), con un discutible concepto de lo que debe ser una auténtica integración social...

Pero hay muchas más preguntas todavía sin respuesta creíble. ¿Qué pueden decir los socialistas de su interés, reflejado en la ponencia marco de la conferencia, por ‘atemperar’ los indultos ad personam (la Constitución prohíbe los indultos generales) en vez de suprimirlos o limitarlos de forma exclusiva a casos de inequívoca humanidad…? ¿Y qué decir también de su desinterés por reponer con claridad el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas en la Presidencia del Gobierno, que sería lo suyo, en vez de seguir manteniéndolo en manos del Rey, como un anacronismo sin vigencia en el resto del mundo democrático (incluido el Reino Unido), arcaico y además heredado del franquismo…?

A la hora de defender el Estado del bienestar, Rubalcaba no tuvo el menor empacho en proclamar: “Hay que estar ahí porque los ciudadanos que salen a defender la sanidad pública, están defendiendo el modelo que pusimos en marcha los socialistas”. Y subrayó que no es igual quien instauró la sanidad y la educación pública que quien se las están “cargando”. Pero, ¿cómo no sonrojarse ante la desmedida petulancia de arrogarse la creación de un sistema médico-asistencial y una enseñanza pública que tienen sus orígenes en el régimen franquista y que recibieron un claro reimpulso por parte de la extinta UCD…?

Claro está que lo más jocoso de la Conferencia Política Socialista fue la atronadora ovación dedicada a la propuesta de denunciar el Concordato con la Santa Sede, declaración de intenciones que puso en pie al auditorio con ZP aplaudiendo como jamás se le ha visto aplaudir en ningún sitio. Porque, como diría también Cayo Lara, ¿qué impidió no revocarlo durante las seis legislaturas que gobernó el PSOE, la última con el propio Rubalcaba en la pomada…?

Rubalcaba ha garantizado que cuando los socialistas recuperen el Gobierno derogarán todas las leyes sustanciales aprobadas por el PP (la reforma laboral, la Ley Orgánica para la Mejora Educativa o ‘Ley Wert’, la pendiente reforma popular de la denominada ‘Ley del Aborto’…) y que, en efecto, denunciaran los acuerdos con el Vaticano para que no haya “más castas” ni “más élites” dirigiendo a los ciudadanos, porque -subrayó- “queremos unos españoles que gobiernen sus vidas libremente”. Pero, no se opuso a que esos mismos ciudadanos sean dirigidos por la ‘casta política’, por el aparato de los partidos o por las organizaciones empresariales y sindicales falsarias.

Y, tras anunciar que la futura Ley de Partidos del PSOE ilegalizará las formaciones ‘ultra’ (sin definirlas ni por la derecha ni por la izquierda), nada se dice tampoco de ilegalizar a los partidos-pantalla de organizaciones terroristas no disueltas, o a los que repudian pública y formalmente el orden constitucional…?

Aunque lo más sorprendente de esta chafarrina socialista sea la escasísima atención prestada a uno de los problemas más importantes del momento, con derivadas especialmente preocupantes para el PSOE: su elucubración mental sobre la organización ‘federal’ del Estado, su relación posicional con el PSC y su ambigüedad sobre el pulso soberanista, apenas se despachan con cuatro líneas dentro de una magra ponencia marco de casi 400 páginas. Y desde luego sin aclarar al respecto nada de nada, aunque, eso sí, volviendo a proclamar gratuitamente que su partido también es el que más ha hecho por la convivencia, el progreso y la cohesión de España (dime de qué presumes y te diré cuáles son tus complejos)…

EL PSOE EN LA ALMONEDA BARATA

En definitiva, en la Conferencia Política Socialista (otro hito más en el desesperante desprestigio del PSOE), Rubalcaba ha brillado como el incomparable vendedor de la ‘burra ciega’ que es. Adornada en esta ocasión con falsos atributos de Igualdad y Futuro y -en sus propias palabras- “con valentía y con responsabilidad” para poder “reconquistar la confianza de los ciudadanos”; cuando en el fondo su torpe propuesta de ‘más izquierda y menos centro’, demagógica y electoralmente poco inteligente porque después de perder votos por su izquierda va a perderlos también por su derecha, encubre una cobardía política y una dirección irresponsable del partido, con las que en modo alguno se va a recuperar la confianza de nadie, sino que seguirán alejando a la ciudadanía del meritorio socialismo histórico, cada vez más olvidado.

Rubalcaba no ha recuperado la credibilidad perdida del PSOE, porque no ha elaborado ningún “cambio de proyecto político” convincente y ni siquiera constructivo. Sólo ha intentado presentarse públicamente como un quijote fantasmal de la izquierda más radical y de los movimientos sociales emergentes, sin conseguirlo y alejando del PSOE al espectro centrista: ya se lo aclarará IU, mientras los agobiados mulillas y pichicomas y del PP, con Rajoy al frente, toman algo de oxígeno y los avispados de UPyD bailan por alegrías.

El trile político de Rubalcaba (“Que todo cambie para que todo siga igual”) ha quedado en evidencia. Porque, en contra de lo que él asegura, el PSOE no puede volver porque sigue donde estaba, medio perdido en tierra de nadie por su constante negación de las verdaderas exigencias reformistas, a costa de su permanencia personal. Y ello al margen, además, de que nada de lo aprobado en la Conferencia Política Socialista -pirotecnia y atrezzo de calidad para una puesta de escena embaucadora- tenga validez formal, que sólo puede emanar de un Congreso Federal.

En su papel ‘lampedusiano’ y en su corta visión ‘gatopardista’ de la política, Rubalcaba se ha limitado a seguir devaluando la nueva firma del partido (‘Socialistas’) rodeado de sus agitados ganapanes y a tratar de vender lo que ya hemos dicho por activa y por pasiva: otro cambio por el cambio y sin recambio. Un producto de almoneda barata fuera de la realidad, propio de la España arrasada por el ‘zapaterismo’, que nadie le va a comprar.

En varias Newsletters anteriores hemos reflexionado sobre la conveniencia de conocer la realidad objetiva a efectos del buen gobierno. Y en todas ellas hemos sostenido que, en esencia, la razón depende de la verdad y que sólo cuando el gobernante o el opositor político conocen y asumen las cosas como son en sí, alcanzan esa verdad, lo que les permitirá actuar con razón y no contra ella; mientras que de otra forma caen en el error y, por tanto, en la acción política inútil, cuando no perniciosa.

Este es un razonamiento muy sencillo, aunque puede parecer difícil de sustanciar porque conocer la realidad objetiva no es tarea fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra distinta, o completamente distinta, y que, por consiguiente, la primera no es sino una ‘apariencia’.

No obstante, la política se sitúa básicamente en el plano de la praxis y no en el de la especulación teórica, por lo que el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser igual de práctico, y no filosófico. Y es en ese ejercicio donde el gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad natural, y ante ella, esgrimir el poder y la precisión de sus pensamientos.

Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte se cae en el error y, por tanto, en el mal gobierno. El gobierno de la razón, que es el gobierno justo, se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

EN LA SENDA DEL ‘MINISTERIO DE LA VERDAD’

En España -no en otros países de mayor y más auténtica tradición democrática-, la lucha partidista por acceder al poder, o mantenerse en él, es cosa bien distinta. En ella, es decir en la política actual, de aquí y de ahora, el abuso del exceso propagandista, de las promesas falsarias y de todo tipo de manipulaciones informativas y en todos los ámbitos, es constante: es una lamentable consagración del ‘Mundo de la Gran Mentira’, una exaltación de lo que se podría definir como el ‘real-imaginario orwelliano’.

En su novela política titulada 1984 (resultado de intercambiar la posición de los dos últimos dígitos del año en el que se escribió el libro, 1948), George Orwell describe una sociedad asentada en un Londres futuro, que es parte de una región llamada ‘Franja Aérea 1’ (“alguna vez fue llamada Inglaterra o Britania”), integrada, a su vez, en ‘Oceanía’, que es un inmenso Estado colectivista correlacionado con el mundo anglosajón, enfrentado a otras dos superpotencias, ‘Eurasia’ y ‘Estasia’. En él, la sociedad está dividida en tres grupos: los miembros ‘externos’ del Partido Único; los miembros del Consejo dirigente, o círculo ‘interno’ del partido, y una masa de gente marginada que vive atemorizada y aislada de la política, los ‘proles’.

Los miembros ‘externos’ constituyen la burocracia del aparato estatal (de ahí la necesidad de su estricta vigilancia) y viven sometidos a un control asfixiante, alienados por una propaganda constante que les impide pensar críticamente. El Estado suprime todos los derechos civiles, condenando a los ‘externos’ a una existencia poco más que miserable, con riesgo de perder la vida o sufrir vejámenes espantosos, si no muestran una constante adhesión a la causa nacional.

Y para que se pueda contrastar esa fidelidad absoluta, se ven obligados a participar activamente en numerosas manifestaciones, gritando consignas favorables al Partido Único, vociferando contra unos supuestos traidores y dando rienda suelta al fanatismo más desaforado. Solo así, sumergidos en esa fervorosa exaltación, pueden escapar a la omnipresente vigilancia de la policía del pensamiento.

En su narración, obra maestra de la ciencia ficción distópica (contraria a la utópica), Orwell hace una descripción analítica de los regímenes políticos totalitarios, con especial referencia al stalinismo imperante en su época, como sugiere incluso el título que da al dictador: ‘Gran Hermano’. Y, en ella, el personaje central -el hilo conductor- es ‘Winston Smith’, un funcionario del Ministerio de la Verdad dedicado a manipular o destruir todos los documentos históricos para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado -la historia reescrita a conveniencia-, ironizando así sobre el ideal declarado en el nombre del Ministerio.

Los otros tres ministerios del sistema son: el del Amor, que administra los castigos y la tortura y reeduca a los miembros del Partido inculcándoles una reverencia férrea por su ideología y por el ‘Gran Hermano’; el de la Paz, que se esfuerza en que la guerra sea permanente, y el de la Abundancia, cuyo objetivo es conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento.

Al mismo tiempo, el Partido maneja tres lemas básicos:

Pero la novela de Orwell no pierde vigencia en la sociedad actual, en la que el control a los ciudadanos, coercitivo o no, se halla más perfeccionado que en ningún otro momento de la historia de la Humanidad. Sin profundizar en su interpretación del mundo legado por la Segunda Guerra Mundial, ni en otros de los sugerentes aspectos de su crítica social, sí que conviene recordar cómo Orwell describe el combate del poder político contra la verdad, porque en gran medida es el mismo que hoy en día corroe nuestro modelo de convivencia democrática.

La guerra contra la verdad que nos describe en 1984, orquestada, como sucede ahora a través de los medios de comunicación social, consiste en un constante e intenso lavado de cerebro de las masas para conformar la realidad que el Partido quiere imponer; lo que, a falta de pruebas en contrario, termina por ser La Verdad. De esta forma, se entrama un nivel profundo y muy sólido de cohesión del sistema político, que puede anular las últimas manifestaciones espontáneas de contestación en el supuesto de que la apelación al enemigo externo, o a la desviación ideológica, no fueran suficientes. Orwell muestra un sistema en el que no solo hay que amar al ‘Gran Hermano’ (podemos decir a la Falsa Democracia o en otros modelos al Jefe del Estado vitalicio), sino que también hay que agradecerle el bienestar y los adelantos logrados, que sean los que sean se le deben exclusivamente a él.

Así, la única manera de perpetuar el régimen dictatorial -viene a explicar Orwell- es falsear la realidad con una mentira permanente. Para que el sistema funcione, hay que acabar con la disidencia. El ‘crimental’ (crimen mental) es el mayor delito posible y, para evitarlo, hay que terminar con las causas que conducen al mismo. Hay que manipular el pasado y, si no fuera suficiente, hay que hacerlo inexistente: “Quien controla el presente controla el futuro. Quien controla el pasado controla el presente”.

Este axioma tiene una interpretación evidente: el futuro será de quienes han manipulado el pasado hasta el punto de modelarlo y presentarlo a su antojo, a su imagen y semejanza, como quizás ha podido suceder con la Transición Española. Anulando cualquier tiempo que no sea el presente del propio sistema se podrá evitar la contestación al régimen, puesto que la disidencia suele recurrir a factores históricos, a un pasado en el que las cosas no eran como son ahora, y ese recurso al pasado conduce a rectificar el presente y mejorar el futuro. Y, por tanto, estas posibilidades se atajan de raíz anulando la línea temporal.

Esa realidad falseada configura, pues, un futuro perfecto. El pasado, en perpetuo movimiento, dará lugar a un futuro inmóvil, en el que no quepa la disidencia porque ya no existirá palabra para la disidencia. La ‘neolengua’ se encargará de ello. El lenguaje modelará la mentalidad de los hombres y mujeres futuros, en la misma medida que la manipulación de la Historia…

En la sociedad descrita por Orwell, llegará un momento en que el tiempo se estanque, por tanto, como todo cuerpo perfecto, un culmen en el que la entropía, el desorden del sistema, habrá desaparecido y se encontrará en estado de reposo absoluto. Sólo en ese momento darán igual el pasado y el futuro, puesto que sólo se vivirá en el presente. En 1984 ese momento no está lejano. Los expertos prevén que hacia 2050 -prosigue la narración- se publicará la edición definitiva del ‘Diccionario de neolengua’. Esa es la fecha que el ‘Ingsoc’ (las directivas del Partido) se ha marcado para controlar la realidad. Una fecha tal vez irreal, puesto que ‘Winston Smith’, el gran retocador de la historia, no tiene la certeza de la fecha en que vive y elige 1984 sólo como fecha aproximativa para comenzar su diario, no por tener conciencia propia del tiempo real. Es probable que la acción de 1984 ni siquiera transcurra en el año 1984. El tiempo está dejando de existir.

Pero este ideal puede no alcanzarse, porque el riesgo del libre pensamiento seguirá existiendo mientras no se hayan borrado todos los registros del pasado que puedan comprometer el presente y no se haya perfeccionado la estructura mental de los habitantes de la ‘Oceanía’ futura. Y sólo con la violencia se puede erradicar el germen del individualismo…

MENTIRA BIEN INVENTADA, VALE MUCHO Y CUESTA NADA

El analista avezado podrá encontrar o no similitudes entre la sociedad del futuro que Orwell anunció en el año 1948 y algunos elementos y factores que configuran la actual sociedad globalizada. Pero, en todo caso, podrá ponderar hasta qué punto inspira a la España de la política mentirosa y en particular al gobierno de Rajoy.

Lo evidente e incuestionable es que la política española se mueve en un permanente ejercicio de la mentira, más o menos sutil, que, además de ser propio de gobernantes de muy escasa convicción democrática y menor capacidad personal, como la mayoría de los actuales, también es el refugio de los más mezquinos y de los más tontos; quienes, si uno se detiene en tal observación, no dejan de ser los que más mienten. Y en el que, como clamaban los socráticos, el peor engaño es el de los que, careciendo de méritos para ello, se hacen pasar sin pudor alguno ante sus conciudadanos por hombres capaces de gobernar el país.

El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene -ni mucho menos- el copyright ni la exclusiva de la mentira política, pero la practica plenamente y la lleva, en efecto, a niveles grotescos. No hablamos de sus interpretaciones sesgadas de la realidad, ni de sus versiones interesadas de los hechos más evidentes, y ni siquiera de los silencios mentirosos que tienen por objeto procurar un bien antes que un mal, que también, sino que hablamos directamente de la pura y dura mentira: la expresión o la manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa.

Rajoy y su gobierno en pleno, mienten plenamente, con la mentira falsaria que engendra otras innumerables mentiras y con la mentira diabólica que hizo proclamar a Lord Byron: “La mentira es precisamente la forma del demonio. Satanás tiene dos nombres: se llama Satanás y se llama Mentira”. Pertenecen a la clase de mentirosos universales que, con sus embustes, siempre han dado lugar a todos los delitos que se comenten en el mundo: son la clase de políticos que, como decía Lord Palmerston de Napoleón III, “mienten hasta cuando no dicen nada”…

Mienten cuando reinterpretan las demoledoras cifras del desempleo oficial, que sigue en alza sistémica descontando incluso los parados que se han visto obligados a emigrar o a auto excluirse del mercado laboral. Mienten al alardear de un mínimo aumento de cotizantes a la Seguridad Social, sin explicar que se trata de trabajos temporales y sin reconocer la precariedad y hasta la inviabilidad general del sistema de prestaciones sociales. Mienten cuando afirman que las pensiones suben o mantienen su poder adquisitivo. Mienten cuando reestructuran la medición del IPC para exhibir una falsa contención del mismo…

Mienten cuando aseguran que el rescate del sistema bancario no computa como deuda pública y que no supone gasto alguno para los contribuyentes. Mienten cuando afirman que vuelve a fluir el crédito bancario, que sólo alcanza en realidad a financiar a los amigos del poder y a refinanciar las emisiones de la deuda del Estado con beneficios muy fáciles y jugosos para sus accionistas a costa de los contribuyentes. Mienten cuando presentan como un logro político que la prima de riesgo de la deuda pública se sitúe por debajo de los 250 puntos, porque ese sigue siendo un parámetro insostenible que la lleva de forma galopante a superar el 100% del PIB…

Mienten cuando dicen que su política económica favorece el crecimiento de las exportaciones, porque eso sólo es posible gracias a la renuncia obligada de cualquier beneficio empresarial y a causas exógenas y de coyuntura o evolución de otros mercados exteriores; o cuando aseguran una mejora en la competitividad del sistema productivo español a nivel mundial (no a la simple cotización del euro). Mienten cuando niegan la existencia de una economía sumergida muy superior al 25% del PIB, y en consecuencia dejan que siga creciendo hasta niveles de imposible reconducción. Mienten cuando en cada nuevo ejercicio presupuestario vuelven a posponer otra vez la previsión de recuperación económica asegurada previamente…

Mienten cuando venden a la opinión pública un programa de reformas profundas de la Administración, en realidad inexistente. Mienten cuando aseguran que no aprobaran más reformas antisociales. Mienten cuando enmascaran el negocio interesado de las privatizaciones de la gestión pública con una falsa mejora del sistema y con una bajada de los costos de explotación. Mienten cuando anuncian un mayor flujo de capital extranjero como un aumento de las inversiones, porque en esencia no son tales, sino adquisiciones especulativas en un mercado inmobiliario en rebajas que ha sido previamente arruinado para ello…

Mienten cuando quieren convencer a la ciudadanía de que sus apoyos a las grandes empresas constructoras y de servicios que operan en el exterior, por ejemplo, tienen incidencia en la creación de empleo nacional, porque no la tiene y porque solo sirve para hacer más ricos a sus accionistas y más pobres a los que esas mismas empresas han dejado sin trabajo en España. Mienten cuando dicen apoyar a las pequeñas empresas, a los trabajadores autónomos o a los jóvenes emprendedores para que puedan coadyuvar así a la creación de empleo, porque su ayuda es absolutamente nimia. Mienten gravemente cuando aseguran velar por una Administración de justicia independiente, gratuita e igual para todos los ciudadanos, conforme a los principios de la Constitución. Mienten cuando sostienen sin sonrojo alguno la independencia de la Fiscalía General del Estado, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional...

Mienten cuando propugnan una España solidaria al tiempo que fomentan la España asimétrica y separatista, de los ciudadanos desiguales. Mienten al proclamarse demócratas absolutos mientras conservan el privilegio electoral de los partidos mayoritarios frente al justo derecho de las minorías. Mienten al ocultar la inconstitucionalidad de la vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, franquista, que ampara la sistemática conculcación de derechos fundamentales. Mienten cuando celebran la victoria política del Estado de Derecho sobre ETA, porque ha sucedido justamente todo lo contrario. Mienten cuando dicen solidarizarse con las víctimas del terrorismo etarra, porque las ofenden siempre que hay ocasión. Mienten cuando aseguran tener la obligación de cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que debería ser así), porque jamás han cumplido las que no les ha convenido cumplir… Mienten, mienten y mienten, agarrados a uno de los más innobles refranes de la España rufianesca: “Mentira bien inventada, vale mucho y cuesta nada”.

Y mienten, por supuesto, cuando hablan de brotes verdes inexistentes en la resolución de la crisis económica y de puntos de inflexión, que a lo sumo son estadios iniciales de estancamiento combinados con deflación o inflación (que no se sabe que puede ser peor); o cuando aseguran que 2014 será el “año de la recuperación”. Mienten cuando prometen una inminente rebaja de impuestos, porque la presión fiscal general, incluyendo el aumento de las tasas públicas, seguirá siendo el  mismo o superior.  Y vuelven a mentir, en fin, cuando van más allá de afirmar que las cosas ya no irán a peor y pregonan que “España va bien”, porque va a seguir yendo muy mal. Todo ello alentado, activa o pasivamente, por unos medios de comunicación social subordinados en su supervivencia a los favores del Gobierno, nacional o autonómicos, y sus aliados: la banca y los grandes grupos económicos…

Pero aun así, y después de tanta mentira gubernamental consentida y hasta aplaudida, Claudi Pérez, corresponsal de El País en Bruselas, colaba hace muy poco otra de sus reveladoras crónicas (05/11/2013) sobre la verdadera situación en la que continúa sumergida la economía española, ahora al amparo de lo declarado ese mismo día por Olli Rehn, actual comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, poniendo el dedo en la llaga de la política mentirosa, además de inoperante, del Gobierno de Rajoy. Con el título Rehn: España necesita reformas con urgencia (Bruselas rebaja la previsión de crecimiento para 2014 al 0,5%), escribía:

Después de tres años en los que se han sucedido dos reformas financieras, una reforma de pensiones, dos reformas laborales y en medio de una dolorosa devaluación interna para purgar la década de excesos anteriores, “España e Italia son los dos países donde más urgentes son las reformas económicas”. Bruselas quiere seguir con los ajustes: el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha presentado este martes las previsiones de otoño con ese mensaje político, mucho menos complaciente de lo que esperaba el Gobierno, y con una nueva ronda de datos que vienen a enfriar el optimismo de Madrid.

El PIB caerá el 1,3% este año, algo mejor de lo que vaticinaba Bruselas hasta ahora, pero lo esencial es que la recuperación será aún más pálida de lo que parecía: la economía crecerá apenas un 0,5% en 2014.

Y lo más importante: la tasa de paro no bajará del 25% al menos hasta 2016.

Queda todavía un largo ajuste por delante. Recortes y reformas adicionales que funcionan, al menos a corto plazo, como una camisa de fuerza para la tan ansiada recuperación, que se adivina vidriosa, de trazo vacilante. Pese a que Rehn ha rehusado concretar si pedirá más ajustes en los países que han obtenido plazos más holgados para cumplir el déficit (España, pero también Francia y Holanda), en el caso español sí indicó por dónde van los tiros: “El intolerable y altísimo nivel del paro exige medidas muy contundentes, especialmente con los jóvenes”.

“Lo que se necesita es una combinación de un crecimiento más alto a medio plazo, que en el caso de España requiere reformas económicas de largo alcance para apoyar la evolución hacia un nuevo modelo más sostenible tras la burbuja inmobiliaria, y un mercado de trabajo que funcione bien”, ha afirmado. A juzgar por esas opiniones, la reforma laboral socialista y la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy no parecen suficientes, pese a los primeros indicios de estabilización del mercado laboral. “El paro ha sido menor del que hubiera existido sin las reformas”, ha dicho Rehn, “pero es importante que España mantenga el pulso de las reformas”.

El Gobierno está pendiente de la evaluación de la OCDE (el think tank de los países ricos) sobre la reforma laboral para acometer lo que fuentes del Ejecutivo califican como un “ajuste fino” del que aún se sabe poco. Pero las previsiones para España señalan una tendencia muy marcada: el empleo volverá a caer, por quinto año consecutivo, hasta el 0,7% en 2014; esa cifra prácticamente tumba los augurios del Gobierno, que esperaba creación neta de puestos de trabajo en los trimestres finales del año próximo. Además, los costes laborales caerán este año, el próximo y el siguiente: la devaluación interna sigue su curso, en busca de la competitividad perdida. “La flexibilidad salarial es excelente para la competitividad exterior, pero supone un freno a la demanda interna. Con la tendencia actual se hace difícil pensar que la economía española pueda dejar atrás tasas de paro socialmente insoportables al menos durante una década”, apuntan fuentes comunitarias.

Las condiciones financieras de la economía española han mejorado, pero el crédito sigue cayendo. El estado de salud de la banca, inmersa en un proceso de desendeudamiento y recapitalización, es algo más positivo, pero eso no va a revertir la tendencia del crédito en el corto plazo. Hay indicios más favorables: la demanda interna “se estabiliza lentamente”, según Bruselas; las exportaciones se mantienen fuertes; la inversión extranjera ha dado alguna sonora campanada y, en general, el clima económico mejora a ojos vista. Y aun así Bruselas muestra una cautela notable.

Esa prudencia obedece a dos razones fundamentales. Uno: pese a la moderación salarial y a la mejora de productividad, el paro va a seguir siendo elevado durante mucho tiempo, con los consiguientes efectos secundarios a lo largo y ancho de la economía. “El desempleo caerá gradualmente en el horizonte de estas previsiones”, dice el informe: tan gradualmente que para 2015 la tasa de paro será del 25,3%. El otro factor de preocupación es el déficit: la austeridad va a continuar, aunque sea a ritmos más moderados, pero para alcanzar los objetivos no va a ser posible olvidarse de la tijera. Bruselas prevé un déficit del 6,8% del PIB este año y del 5,9% en 2014, pero sin medidas adicionales el agujero volvería a ampliarse al 6,6% en 2015.

En otras palabras: harán falta medidas adicionales para el déficit, como harán falta más reformas para remozar la economía, según la tesis de Bruselas. Hay signos de esperanza aquí y allá; la austeridad se ha suavizado, y España va por el buen camino. Pero el mensaje político de Bruselas es inmutable: en Madrid, como en el resto de capitales europeas, “se necesitan esfuerzos políticos extra para acompañar las diversas dimensiones del ajuste”, resume Marco Buti, número dos de Rehn.

RAJOY Y EL FANTASMA DE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS

Pero es que ese difícil futuro inmediato, errado en el análisis y la diagnosis de la situación, y en consecuencia con una previsión de objetivos a cumplir falsa, se encuentra especialmente oscurecido por el fantasma de las muchas promesas electorales y de política gubernamental ya incumplidas por el presidente Rajoy. Todas ellas son bien conocidas, pero a efectos de saber cómo se las gasta el personaje en cuestión y lo que en realidad se puede esperar de sus nuevos compromisos públicos, conviene recordar las que han conllevado sus incumplimientos más llamativos:

A pesar de todas sus mentiras y omisiones de la verdad, y no digamos de las llamativas patadas que ha dado a sus más fervientes seguidores al no derogar la llamada ‘ley del aborto’, como les prometió de forma insistente durante su época de oposición, o al convenir con el PSOE una política de excarcelación de etarras antes calificada poco menos que de abominable (‘caso Bolinaga’), Rajoy no ha logrado enderezar el rumbo del país. Ni por asomo, y a pesar del ‘cheque en blanco’ que se otorgaron los votantes españoles con la mayoría parlamentaria absoluta.

Aún más, lo que sí está haciendo Rajoy, es entretener la crisis económica y realimentar algunos de los problemas más serios y preocupantes de la crisis institucional que están llevando la democracia a punto del estallido. Como, por ejemplo, reforzar la malsana dependencia político-partidista del Poder Judicial y de los altos organismos del Estado, empezando por el Tribunal Constitucional, o seguir consolidando de forma más o menos soterrada pero cierta la peligrosa España ‘asimétrica’, que bien puede terminar siendo la España ‘rota’.

Pero Rajoy ha mentido y miente (todo apunta a que lo seguirá haciendo) no solo como jefe de la oposición política y jefe del gobierno, sino también como jefe del PP. Porque lo de negar a ultranza la financiación ilegal de su partido o el reparto de sobres de dinero negro entre su cúpula directiva, de clarísima evidencia pública, es el colmo del cinismo y la desfachatez política. Y miente también cuando niega por activa o por pasiva la corrupción y el comportamiento delictivo de cientos de cargos públicos del PP relevantes ya condenados, y otros muchos más imputados en cientos de causas judiciales, asentados en esas prácticas desde hace tiempo.

‘PROMESAS QUE NO VALEN NADA’

Con todo, Rajoy no deja de aventurar, siempre aventurar, situaciones  que luego no se cumplen y de tratar de embaucar a la ciudadanía con nuevas promesas electoralistas. Ahora, en la antesala de unos comicios europeos que comenzarán a encauzar el voto de las sucesivas elecciones municipales y autonómicas, y a continuación el de las generales de 2015, Rajoy vuelve a sus típicas andadas y promete nada menos que una bajada de impuestos (o tasas), sobre la que cabe preguntarse si puede ser verdadera después de tantas otras promesas fallidas y tantas ‘promesas que no valen nada’, como dice la canción del conjunto rockero Los Piratas, desaparecido en 2004.

Porque no hay nada mejor para arrancar un curso político con cita electoral incluida, que prometer algo a los ciudadanos. Por eso, a finales del pasado mes de agosto Rajoy prometió en Soutomaior (Pontevedra) que el año que viene anunciará en esa misma localidad una bajada de impuestos -prevista con tanta antelación hay que entenderla importante-, por supuesto después de que sus seguidores más crédulos avalen con su voto al PP en la previa renovación del Parlamento Europeo.

Además, al inaugurar de esa forma el curso político y cual preclaro vidente de la economía nacional, Rajoy afirmó que España está “a las puertas de crecer”, lanzando al mismo tiempo el mensaje de que superará la crisis económica aunque los socialistas “se empeñen” en lo contrario. De paso, y en alusión al caso Bárcenas, dejó claro que “nada ni nadie” le va a distraer de ese objetivo.

De forma quizás igual de ilusoria, y no menos discutible, también sostuvo que “ya hay resultados” de recuperación “tangibles”, señalando el hecho de que mientras hace un año se hablaba del posible rescate a España o de la escalada de la prima de riesgo, doce meses después hoy nadie se refiere a estas cuestiones. Y precisó jactanciosamente: “En sólo doce meses España ha levantado cabeza y está dispuesta a conquistar su futuro. No podemos cantar victoria, pero estamos orgullosos de haber sido capaces de hacerlo en un tiempo récord”.

En su descubierta político-electoral de Soutomaior, un reducto del PP, Rajoy sostuvo finalmente que ha cumplido con su “deber” al frente de la nave de Moncloa, reclamando tener muchos apoyos en las próximas elecciones europeas de mayo de 2014 para poder así “defender los intereses españoles en la UE”. Pero, ¿pueden creerle y apoyarle los ciudadanos después de haber incumplido como ha incumplido su programa electoral, y de cargar básicamente el coste de la crisis sobre las bases sociales más débiles y desfavorecidas del país…?

Podría ser que sí, porque el orwelliano Ministerio de la Verdad lo puede casi todo. Porque, al final, también mienten a mansalva los partidos políticos en general y el PSOE en particular, los sindicatos en su conjunto, las más altas representaciones institucionales y los propios medios de comunicación social. Y porque, ante esa realidad social, la gente pasa de la mentira y la corrupción, que también carecen de castigo social. 1984 casi es ahora.

La utilización del espionaje sin control democrático y sin sujeción a la legalidad nacional e internacional en cualquiera de sus prácticas, es decir la aplicación de los Servicios de Inteligencia a tareas ilícitas y por encima de la ética y la moral dominantes, no deja de ser otro ejemplo demostrativo de que “el fin justifica los medios”, principio enmarcado en la doctrina o teoría del ‘Bien Superior’. Ésta mantiene que los recursos materiales, las personas y hasta los valores de la convivencia democrática, pueden sacrificarse en aras de lograr un bien mayor.

El silogismo que hemos entrecomillado se opone a la doctrina cristiana que declara exactamente lo contrario: “El fin no justifica los medios”. Con el paso del tiempo, ambas formulaciones contrapuestas se han ido integrando en la cultura universal más popular.

El origen de la primera de ellas no está claro, aunque se suele atribuir a Nicolás Maquiavelo (1469-1527). Sin embargo, Sófocles (496-406 a. C.) ya señalaba en su obra ‘Electra’ que el fin justifica cualquier mal necesario. Y así consta también de forma fehaciente en el manual de ética posterior a los postulados maquiavélicos Medulla theologiae moralis, del jesuita y teólogo alemán Hermann Busenbaum (1600-1668), en el que puede leerse: “Cum finis est licitus, etiam media sunt licita” (Cuando el fin es lícito, también lo son los medios).

Lo cierto es que, sea cual sea su origen, la aplicación práctica del principio en cuestión ha sido muy recurrente a lo largo de la historia. Así, durante la Revolución rusa, y a la vista de las enormes pérdidas que acarreaban las acciones del Ejército Rojo, el hambre, los traslados forzados de población y otras acciones de su gobierno, Lenin escribió: “Que mueran los que tengan que morir, pero la patria debe vivir”.

La doctrina del Bien Superior ha sido invocada de una u otra manera por distintos dictadores como Stalin, Hitler o el líder de los ‘jemeres rojos’ camboyanos Pol Pot (en realidad se llamaba Saloth Sar). Pero en modo alguno es patrimonio exclusivo de regímenes políticos execrables, como se demostró durante la batalla de Verdún (1916) en la I Guerra Mundial, cuando los mandos militares franceses apelaron a ella para justificar la enorme sangría humana que provocaba, o como en la época actual vienen mostrando las ‘guerras preventivas’ alentadas por los últimos gobiernos de Estados Unidos.

En su obra capital, El Príncipe (escrita en 1513 y publicada post-mortem en 1531), Maquiavelo sostiene que los fines son inseparables del ‘bien común’, que la moral radica en los fines y que la ley constituye el núcleo organizador de la vida social. De esta forma, todo lo que atente contra ese bien común debe ser rechazado, y por ello el maestro del realismo político renacentista categoriza: “La astucia, la hábil ocultación de los designios, el uso de la fuerza, el engaño adquieren categoría de medios lícitos si los fines están guiados por la idea del bien común, noción que encierra la idea de patriotismo, por una parte, pero también, las anticipaciones de la moderna razón de Estado”.

EL SECRETO DESVELADO Y LA CAZA AL MENSAJERO

Esta urdimbre política encubierta, apoyada en la filosofía inmoral del ‘todo vale’, fue llevada al primer plano de la actualidad, o mejor dicho agitada de forma convulsiva ante la opinión pública, por el periodista de origen australiano Julian Assange. Para ello, utilizó su web WikiLeaks (WikiFiltraciones o WikiFugas), diseñada para recibir y difundir informaciones clasificadas y ‘sensibles’ de todo el mundo que desvelen comportamientos no éticos de gobiernos y de otras entidades públicas, preservando el anonimato de sus fuentes.

Nacida en diciembre de 2006 y operativa desde julio de 2007, WikiLeaks eclosionó en 2010 al anunciar que iba a divulgar más de un millón de documentos clasificados, lo que provocó un auténtico terremoto en la Comunidad de Inteligencia, aunque sus filtraciones se centraran sobre todo  en la política exterior de Estados Unidos y en lo concerniente a las guerras de Irak y Afganistán.

WikiLeaks se presentó como un medio de comunicación electrónico avalado por una organización internacional non-profit denominada The Sunshine Press, creada por un equipo profesional de tipo multidisciplinar con miles de colaboradores encubiertos. El dominio se alojó legalmente en Suecia, país cuya legislación impedía rastrear el origen y trazabilidad de las fuentes informativas.

El fenómeno WikiLeaks confirmó, sobre todo, lo ya advertido a raíz del ‘escándalo Watergate’ por Howard Simons, entonces editor del periódico The Washington Post: que muchísimos documentos se clasifican no para proteger un secreto auténtico, sino para evitar revelaciones políticamente embarazosas, abusos de poder, críticas ciudadanas… o sólo por costumbre. En definitiva, el secreto oficial, salvo en muy escasas y justas aplicaciones que nadie cuestionaría, ha pasado a ser, por lo general, una herramienta de burócratas mediocres y prepotentes, incapaces de asumir su obligación profesional con un mínimo de dignidad personal. Y eso en los regímenes democráticos, porque en los más viciados es evidente que también sirve, dicho llanamente, para encubrir la delincuencia.

Pero la mejor corroboración del inframundo en el que se mueve el espionaje oficial, amparado por el secretismo, la ‘clasificación’ a ultranza de materias en modo alguno ‘sensibles’, y en definitiva por el sectarismo, son las órdenes mundialistas de ‘caza al mensajero’ dictadas de forma rabiosa por quienes, viéndose comprometidos por su actuación personal inmoral o ilícita (protagonistas del mensaje), se sienten además dueños del mundo. Algo que, a la postre, no deja de ser una versión occidental de los repudiados edictos islamistas, o fatwas, como el lanzado, por ejemplo, contra el escritor británico Salman Rushdie, autor de la novela Los versos satánicos (1988), por el ayatolá Ruhollah Jomeini, líder religioso de Irán, acusándole de blasfemar contra el Islam y de apostasía o abandono de la fe islámica; pecados que según la ahadiz (tradición del profeta), debe castigarse con la muerte, extendida no sólo a la ejecución del autor sino también a la de aquellos editores que publicaran el libro (la muerte de Rushdie se recompensaba con tres millones de dólares).

En los meses siguientes al dictado de aquella fatwa del ayatolá Jomeini, se produjeron multitud de ataques violentos contra Rushdie, incluyendo el incendio de librerías donde se vendía su novela y protestas frente a diversas embajadas británicas. En 1991, el traductor de la obra al japonés, Hitoshi Igarashi, fue asesinado en Tokio, mientras el traductor italiano era golpeado y apuñalado en Milán. En 1993, el editor noruego de Rushdie, William Nygaard, fue tiroteado frente a su casa en Oslo, resultando herido de gravedad. También en 1993, concretamente el 2 de julio, se produjo la masacre de un hotel de Sivas, localidad turca, en la que 37 personas que asistían en él a una conferencia cultural murieron en el incendio provocado por los manifestantes islamistas que protestaban contra el traductor de Rushdie al turco, Aziz Nesin…

Y con un sentido persecutorio muy similar, la caza del periodista Assange fue seguida por la del soldado norteamericano Bradley Manning, quien en agosto de 2013 ha terminado siendo condenado a 35 años de cárcel por un tribunal militar de Estados Unidos, tras haber realizado la mayor filtración de documentos diplomáticos y militares secretos en la historia de Estados Unidos, precisamente a WikiLeaks.

Además, el desarrollo del juicio a Bradley Manning coincidió con otro escándalo de filtraciones provocado por Edward Snowden, consultor tecnológico y ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la todopoderosa NSA (Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos). En junio de 2013, Snowden hizo públicos, a través de los periódicos The Washington Post y The Guardian, documentos clasificados como ‘alto secreto’ sobre varios programas de ciberespionaje de la NSA (directamente controlada por la Casa Blanca aunque esté administrada por el Departamento de Defensa), incluyendo el de vigilancia electrónica denominado PRISM.

En concreto, el programa PRISM  tiene como objetivo general la vigilancia continuada desde 2007 (cuando fue operativo) de las comunicaciones de ciudadanos residentes fuera de Estados Unidos, aunque también se incluye la de norteamericanos que mantienen, desde dentro del país, contactos con personas que habitan fuera del mismo. Las comunicaciones interceptadas por la NSA (actualmente dirigida por Keith B. Alexander, general de cuatro estrellas del US Army) a través de PRISM incluyen, entre otros ítems, correos electrónicos, vídeos, chats de voz, fotos, notificaciones de inicio de sesión, direcciones IP, transferencia de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales.

Por su parte, The Washington Post señaló que las revelaciones de Snowden sitúan a PRISM como “la fuente número uno para elaborar los informes analíticos y de inteligencia de la NSA”. Empresas establecidas en Internet, como Microsoft, Google, Apple, Facebook…, se han visto implicadas en el escándalo, pues según Snowden eran conscientes de que el Gobierno de Estados Unidos accedía a sus servidores, aunque éstas lo nieguen. Snowden también ha desvelado las presiones gubernamentales sobre la empresa de telecomunicaciones Verizon para que entregara a la NSA todos los registros de llamadas telefónicas de sus clientes…

Lo incuestionable es que las documentadas aportaciones sobre las prácticas de ciberespionaje masivo del Gobierno de Obama -aplicadas incluso a sus propios aliados- y su posterior huida y concesión de asilo por parte de Rusia, han puesto en jaque a la Administración estadounidense. Por eso, y al igual que sucedió con el soldado Manning, Edward Snowden también ha sido oficialmente acusado de espionaje, siendo ya la séptima persona imputada por filtrar información secreta a los medios de comunicación desde que el actual presidente llegó a la Casa Blanca.

En una entrevista concedida al periódico The Guardian, Edward Snowden afirmó: “Ustedes no pueden ni imaginarse de lo que es posible hacer. Es espantoso hasta dónde llega su capacidad de actuar [de la NSA y la CIA]. Podemos intervenir ordenadores y, en cuanto alguien entra en la red, identificar desde qué ordenador entra”. Sin embargo, nada de lo revelado por él, por Assange o por Manning, resulta realmente llamativo o novedoso para los Servicios de Inteligencia de los países que han sido objeto del ciberespionaje estadounidense; ni tampoco, claro está, para los gobiernos de los que dependen, cuyas reclamaciones ante una situación convertida ahora en gran escándalo político por su proyección mediática pretenden tan solo aparentar una defensa pública de la dignidad nacional, o simplemente de la democracia, falsa e hipócrita.

‘ECHELON’: LA GRAN OREJA DEL TÍO SAM

El precedente más significativo de toda esta última maraña de nuevos programas y aplicaciones en el ámbito SIGINT (la SIGnals INTelligence, en sus orígenes definida como ‘espionaje de las señales electromagnéticas’), se remonta a los años 70 del siglo pasado cuando se alcanzó el cenit operativo de la red espía ‘Echelon’, en su momento conocida dentro de la Comunidad de Inteligencia como ‘la gran oreja del Tío Sam’ (y también como ‘la oreja de Dios’. Y por mucho que ahora algunos se sorprendan de sus derivadas y aplicaciones más actuales, el periodista y físico escocés Duncan Campbell ya dio a conocer en 1988 la existencia de la red ‘Echelon’ a través de un primer reportaje publicado en el Reino Unido (ver una versión actualizada en la revista Telepolis: http://www.heise.de/tp/artikel/6/6929/1.html).

En España, quien posiblemente ha explicado mejor la historia, naturaleza y capacidad de adquisición informativa de la red ‘Echelon’, ha sido Nacho García Mostazo en su libro titulado Libertad vigilada. El espionaje de las comunicaciones (Ediciones B, 2003). Coincidiendo con la presentación de aquel documentado trabajo, su autor publicó un resumen del mismo en Libertad Digital (13/08/2003/), que reproducimos para ilustrar un tema no siempre tratado con suficiente claridad:

‘Echelon’: la red espía global

El día 5 de septiembre de 2001 el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución histórica donde denunciaba la existencia de una red de espionaje de las comunicaciones operada por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Su denuncia cayó en saco roto apenas seis días después. El 11 de septiembre, Al Qaeda atentó contra los Estados Unidos. Todos los países de la UE se unieron a la guerra contra el terrorismo promovida por George W. Bush y, para luchar contra el terror, ‘Echelon’ es un arma esencial.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, EEUU y el Reino Unido firmaron un tratado altamente secreto conocido como pacto UKUSA (United Kingdom-United States of America). A este acuerdo, rubricado en 1948 y oculto hasta 1999, se unieron Canadá, Australia y Nueva Zelanda como países ‘terceros’. Los Estados Unidos y el Reino Unido ya contaban con una larga trayectoria de cooperación en materia militar y de espionaje que durante la Segunda Guerra Mundial se afianzó hasta el punto de compartir ambos países los éxitos criptográficos logrados al desenmascarar, entre otras, la clave de los nazis en la máquina ‘Enigma’ o la japonesa ‘Púrpura’. Con la firma de aquel pacto de posguerra lo único que hicieron EEUU y el Reino Unido fue perpetuar su acuerdo total de colaboración ante la nueva era que se iniciaba: la Guerra Fría.

Durante los años 50 y 60, los países firmantes del pacto UKUSA aprovecharon el potencial militar de espionaje de señales puesto en marcha antes de la Segunda Guerra Mundial y lo siguieron explotando para vigilar al enemigo soviético y sus aliados del Pacto de Varsovia. Grandes antenas de Alta Frecuencia para escuchar comunicaciones por radio, junto a diversos artilugios tecnológicos para interceptar los cables submarinos, sirvieron a estas naciones para escuchar a la URSS, así como para vigilar el potencial armamentístico nuclear ruso y de sus países satélites.

‘Echelon’ nace en los años 70

Sin embargo, las comunicaciones avanzaron y en la década de los setenta se lanzaron los primeros satélites comerciales destinados a las comunicaciones civiles. Fue entonces cuando nació la llamada red espía ‘Echelon’. Varias naciones habían coordinado sus esfuerzos para lanzar los primeros satélites Intelsat, a los que seguirían otras redes como Inmarsat, Eutelsat, Arabsat, etcétera. Diversos autores que han investigado este caso durante los últimos años ya han demostrado que, cada vez que se lanzaba un nuevo satélite Intelsat, los países del tratado UKUSA respondían instalando una nueva antena parabólica gigante en una de sus bases de espionaje para interceptar sus emisiones.

El sistema ‘Echelon’ se equipó con ordenadores a los que se dotó de un programa denominado ‘Diccionario’, que servía para seleccionar los mensajes interceptados en función de diversas palabras clave, algo bastante similar al funcionamiento de los buscadores de Internet. Para los países del tratado UKUSA era necesario poner en marcha un sistema automatizado que agilizara el trabajo a sus empleados y aminorase los costes del programa de espionaje global. Hasta ese momento, criptólogos militares, traductores y analistas trabajaban en decenas de bases por toda la Tierra para interceptar, criptoanalizar, traducir y producir informes de inteligencia para las autoridades de los países anglosajones. Pero la burocracia, junto al aumento de las comunicaciones, hacía imposible mantener un sistema manual por más tiempo y se decidió implantar uno automatizado que desbrozara la ingente cantidad de mensajes interceptados y seleccionara sólo aquellos que pudieran ser interesantes para los analistas.

Con el avance de la tecnología también se fueron implantando mejoras en el programa ‘Echelon’, que actualmente permite a los países del tratado UKUSA operar sus bases de espionaje vía satélite prácticamente por control remoto. Es el caso, por ejemplo, de la base neozelandesa de Waihopai, como desveló el escritor Nicky Hager en su libro ‘Secret Power’, de reciente publicación en Nueva Zelanda [la primera edición data de 1996]. Así pues, sólo desde unas cuantas bases espía se puede controlar el flujo de información interceptada y clasificada por programas de Inteligencia Artificial. Actualmente, analistas y técnicos dominan desde muy pocas bases un trabajo altamente automatizado que antes tenían que desarrollar centenares de especialistas en cada puesto de interceptación. Las bases principales del sistema ‘Echelon’ se encuentran en la sede de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) en Fort George Meade (Maryland, EEUU) y en la base británica de Menwith Hill (al norte del condado de Yorkshire, Inglaterra).

‘Echelon-USSS’, la parte y el todo

En realidad, el nombre ‘Echelon’ sólo designaría a la sección del espionaje de señales (Sigint, Signals Intelligence) dedicada a interceptar las comunicaciones vía satélite. Sin embargo, la literatura actual y los documentos del Parlamento Europeo identifican la parte con el todo, y así denominan ‘Echelon’ a toda la red de espionaje, que en realidad se llama Sistema de Espionaje de Señales de los Estados Unidos (United States Sigint System; USSS). Bajo las siglas USSS se engloban la poderosa Agencia Nacional de Seguridad (NSA) norteamericana, varios departamentos de la CIA y áreas de la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. A la misma operativa se unen los países integrantes del acuerdo UKUSA. El Reino Unido, como contraparte de los Estados Unidos, vinculó al GCHQ (Government Communications Headquarters), su agencia Sigint, en esta red. Asimismo, las agencias de inteligencia de Canadá, Australia y Nueva Zelanda también están integradas en el mismo sistema, usan los mismos protocolos y colaboran diariamente en las actividades de interceptación, procesado y análisis de la información.

Se ha dicho de ‘Echelon’ (entendiendo que los autores se están refiriendo a la red del USSS y sus aliados) que sería capaz de interceptar todas las comunicaciones mundiales, aunque no hay pruebas veraces que así lo demuestren. Sí se ha demostrado que los Estados Unidos, junto a sus países aliados, pueden interceptar todas las comunicaciones por satélite, buena parte de las que se realizan por cables submarinos y una importante cantidad del tráfico de Internet. Se insinúa también que son capaces de interceptar los cables submarinos de fibra óptica, aunque esto sólo es posible si se tiene acceso a los puntos donde salen a la superficie o en aquellos lugares en los que se instalan amplificadores para potenciar la señal antes de volver a introducirla en el cable para que siga su camino. Así pues, cualquier fax o llamada telefónica internacional, videoconferencia o correo electrónico que pase por un nodo de comunicaciones ‘pinchado’ por una de estas agencias de inteligencia de señales, es susceptible de ser interceptado.

Los Estados Unidos han desclasificado recientemente varios documentos en los que reconocen la existencia de ‘Echelon’. Otros países integrantes de la red de espionaje global han reconocido públicamente su vinculación al tratado UKUSA. El Parlamento Europeo, en su histórica resolución del pasado 5 de septiembre de 2001, dijo que ya no puede caberle duda a nadie sobre la existencia de ‘Echelon’, o como quiera que se llame esta red. La Eurocámara recomendó a los ciudadanos encriptar sus comunicaciones para evitar este espionaje. Asimismo, pidió a los Estados miembros de la UE que promovieran acciones para impedirlo. Desde el 26 de marzo de 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología español recomienda oficialmente a los ciudadanos que encripten sus correos electrónicos. La Constitución Española reconoce la inviolabilidad de las comunicaciones como un derecho fundamental.

DE LA GUERRA AL ESPIONAJE GLOBAL

Pero, con lo ya conocido desde hace tiempo sobre la intensa dedicación de Estados Unidos al ciberespionaje masivo, aplicado incluso a sus propios amigos y aliados (no sólo europeos, porque países como Méjico o Brasil también han sido objeto del mismo tratamiento), lo realmente llamativo es la sorpresa que ha producido ahora en los líderes políticos de los países afectados, rayana en la vergüenza ajena.

Porque todos los Servicios de Inteligencia de los países que han sido objeto de este espionaje, erróneamente denominado ‘indiscriminado’ (en realidad llega a discriminar de forma absoluta), conocen con gran detalle este tipo de actividades sin el menor soporte ético y legal, que, además, cada uno de ellos intenta replicar como mejor puede, pero limitados en su alcance e intensidad por los medios técnicos disponibles (simplemente su capacidad es mucho menor que la de Estados Unidos). Y buena prueba de ello es que ningún jefe de Inteligencia de los países afectados ha sido cesado, como hubiera correspondido, por no haber previsto la vulnerabilidad de sus comunicaciones oficiales y no protegerlas debidamente con sistemas de encriptación avanzados, al menos en teoría porque lo más probable es que la responsabilidad de esos ‘agujeros negros’ de seguridad no tenga otro origen que el presupuestario o el de la incredulidad de los correspondientes dirigentes políticos.

De hecho, la parodia de las protestas oficiales es tan burda que sólo se centran en el Gobierno de Estados Unidos, cuando el Reino Unido es la otra parte sustancial del pacto UKUSA, al que se adhirieron originalmente otros tres países de la Commonwealth (Canadá, Australia y Nueva Zelanda) para poder cerrar con ellos la red técnica inicial del sistema ‘Echelon’, que llegó a disponer de más de 140 dispositivos de apoyo (satelitales, terrestres y marítimos) para interceptar las comunicaciones operativas sobre todo el globo terráqueo. La colaboración entre esos países dio lugar a que en los círculos informados de la Inteligencia se les conociera inicialmente como el ‘Grupo de los Cinco Ojos’ (después colaboraron otros países, entre ellos España, que permitían instalaciones ‘camufladas’ y apoyos técnicos para interceptar las comunicaciones en orden a la organización y perfección de la red que evolucionaba de acuerdo con los avances tecnológicos).

Y precisamente aquel pacto angloamericano inicial a ‘sangre y fuego’ (su connivencia y coparticipación ab initio en la red ‘Echelon’, que poco a poco fue controlada técnica y políticamente por la NSA) es el que motiva que Estados Unidos haya excluido al Reino Unido de su ciberespionaje global, y de forma muy especial las comunicaciones del primer ministro británico, David Cameron.

Aún más, la connivencia entre Estados Unidos y el Reino Unido en el campo del ciberespionaje alcanzó su colmo en 1994, cuando se supo públicamente que la red ‘Echelon’ (en esencia angloamericana) había sido utilizada para interceptar las ofertas económicas confidenciales que Airbus Industrie había hecho a Arabia Saudí para la venta de una importante flota de aviones a su línea de bandera, que la NSA filtró inmediatamente a McDonnell Douglas para que fueran mejoradas y se hiciese con el apetecible contrato de 1.400 millones de dólares, como sucedió. Pero lo más tremendo es que entonces el Reino Unido ya participaba en el consorcio europeo de Airbus a través de British Aerospace (BAe), hoy integrada en BEA Systems; es decir que el desleal espionaje industrial norteamericano perjudicaba además de forma colateral a la industria aeronáutica del Reino Unido, sin que jamás se hayan conocido las eventuales contraprestaciones recibidas por BAe, compañía en aquellos momentos con grandes agobios económicos.

Otro caso similar, también desvelado en 1994, fue el del ciberespionaje de la NSA a la multinacional francesa Thomson-CSF (hoy Grupo Thales), que perdió un gran contrato con Brasil (30.000 millones de francos), centrado en la venta de radares que finalmente fue adjudicado a la estadounidense Raytheon. Y se podrían poner otros muchos ejemplos.

Lo cierto es que, si bien en sus inicios la red ‘Echelon’ se dedicó al espionaje de la antigua Unión Soviética y los países satélite integrados en el Pacto de Varsovia, tras la caída del ‘Telón de Acero’ y el fin de la ‘Guerra Fría’ toda su capacidad, perfeccionada tecnológicamente a lo largo de décadas, fue en su mayor parte redirigida hacia campos nuevos (el terrorismo, la proliferación nuclear, la involución política, los movimientos subversivos, la trata de blancas, el tráfico de drogas…), pero derivando inmediatamente a prácticas ilegales de espionaje global, sobre todo industrial y financiero.

Este tipo de actividades, que ya conculcaban los derechos civiles de medio mundo, fueron ampliadas por Bill Clinton y a continuación por George Bush II, de forma que a partir de los años 90 Estados Unidos las tenía claramente puestas al servicio de sus intereses económicos internacionales. Y ello conllevó modificar de forma sucesiva su concepto de ‘seguridad nacional’  hasta elevarlo al del puro y duro ‘neoimperialismo’, entendido como el dominio sobre otras naciones (o sobre todas las naciones), y más tarde el erigirse en Gendarme Universal al rebufo de los ataques terroristas del 11-S (2001). Este hito terminó generando, además, una especie de ‘cheque en blanco’ para poder perseguir el denominado ‘terrorismo global’ en cualquier parte del mundo y con todos los medios disponibles: es decir, llevando a sus últimas consecuencias la doctrina del ‘Bien Superior’.

El tremendo impacto social que produjeron los atentados terroristas del 11-S y la globalización de la lucha antiterrorista decretada por Estados Unidos, tuvieron como consecuencia la inmediata paralización de las investigaciones de la Eurocámara sobre la red espía ‘Echelon’, que entonces se consideró un arma esencial para garantizar la seguridad mundial, entre otras derivadas más lamentables como justificar las guerras preventivas, esgrimir para ello la falsa existencia de arsenales de armas de destrucción masiva donde más conviniera, denunciar fuentes inexistentes de financiación del terrorismo…, hasta llegar a enmascarar por esa vía objetivos mucho más ciertos de alto interés estratégico para el ‘Tío Sam’, tanto en el ámbito petrolífero como en el financiero, el industrial o el tecnológico: en otras palabras para el control de la economía mundial.

LA PATA ESPAÑOLA DEL CIBERESPIONAJE USA

Y uno de los dirigentes políticos que más se adaptó a esa nueva actitud del amigo americano fue José María Aznar, a la sazón presidente del Gobierno de España, apoyado en un todopoderoso Mariano Rajoy, que en aquellos precisos momentos compatibilizaba tres cargos del máximo relieve: vicepresidente primero, ministro de la Presidencia y ministro de Interior.

Justo con ese relevante estatus político, Rajoy viajó a Estados Unidos el 15 de octubre de 2001, con el 11-S todavía caliente, para entrevistarse con Dick Cheney, número dos del presidente Bush y máximo partidario de la ‘guerra sucia’ absoluta, y con otros responsables de la Seguridad Nacional estadounidense, como el director del FBI, Robert Muller, con objeto de abrir una intensa línea de contactos y colaboración entre los niveles técnicos y operativos de los organismos de ambos países implicados en actividades de Inteligencia.

Acto seguido, a principios de noviembre, Jorge Dezcallar, que dirigía el todavía denominado CESID (después CNI), acudió a las sedes de la CIA, en Langley (Virginia), y de la NSA, en Fort G. Meade (Maryland), para impulsar con sus respectivos directores, George J. Tenet y el teniente general de la Fuerza Aérea Michael V. Hayden, la cooperación bilateral en el ámbito del ciberespionaje, solicitando el acceso a las últimas tecnologías de control de las comunicaciones y a los programas avanzados de cifrado y descifrado, que era una vieja aspiración del Servicio de Inteligencia español. De hecho, aquel requerimiento del Gobierno de Aznar tuvo una respuesta favorable entre otras cosas porque, como reveló el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, el CESID fue uno de los primeros servicios secretos del mundo que se puso a disposición incondicional de Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11-S.

El colofón de todo aquel nuevo entendimiento, lo puso el propio presidente Aznar en el aeropuerto internacional de Washington-Dulles, prácticamente a pie del avión que le traería de regreso a España tras entrevistarse con George Bush II en la Casa Blanca el 28 de noviembre de 2001, al declarar: “Todos los mecanismos de cooperación en operaciones de inteligencia están puestos en marcha”.

Aunque entonces Aznar no quiso ser más explícito, fuentes próximas a la lucha contra ETA admiten que la ayuda de ciberespionaje prestada al efecto por Estados Unidos, fue decisiva para derrotar policialmente a la banda terrorista. Un logro dilapidado con posterioridad por el pacto consensuado entre PSOE y PP para que los partidos-pantalla de las organizaciones etarras terminaran accediendo a las instituciones políticas vascas y al propio Congreso de los Diputados…

Pero lógicamente, el relanzamiento de la colaboración USA-España en busca de una mayor eficacia en las operaciones contra terroristas -conseguida de forma bien palpable-, conllevó en paralelo las contraprestaciones exigidas por el Gendarme Universal. La más llamativa -hay muchas más- sería la participación de Aznar en el ‘contubernio de las Azores’ del domingo 16 de marzo de 2003, en la que hizo causa común con George Bush II y Tony Blair (curiosamente líderes de los mismos países que suscribieron el antiguo pacto UKUSA) para iniciar la segunda y más lamentable Guerra del Golfo, o Guerra de Irak (también conocida como ‘Operación Libertad’), iniciada de forma inmediato el jueves 20 de marzo de 2003.

Claro está que antes de ese momento histórico, en el que el presidente del Gobierno español hizo resonar los ‘tambores de guerra’ contra el régimen iraquí de Sadam Hussein, abrazado a sus homólogos de Estados Unidos y el Reino Unido, por supuesto con menos peso específico que ellos pero al fin y al cabo ya en el plano del do ut des (doy para que me des), también había existido un apoyo político más servil, con cesión territorial y de soberanía, a partir de 1953 y bajo el paraguas del acuerdo de amistad y cooperación hispano-norteamericana. En favor, entre otras cosas, del espionaje del ‘Tío Sam’ a la antigua URSS y a los países miembros del Pacto de Varsovia, recibiendo España a cambio en aquella época poco más que una mínima tolerancia interesada del franquismo.

Y ahí estuvieron desde las instalaciones ‘secretas’ de Gibraltar dedicadas a actividades SigInt, posibles sólo gracias a la pasividad española, hasta las de la Estación Apolo de Fresnedillas (de la Manned Space Flight Network controlada por la NASA), pasando por las de Estaca de Bares (La Coruña), las propias de las Bases Aéreas de Estados Unidos emplazadas en Torrejón de Ardoz, Rota, Morón y Zaragoza, las de Paracuellos del Jarama, de Montjuich… Y también las más enigmáticas del CEPRA (Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica), nombre falso con el que se encubrían las interceptaciones de comunicaciones realizadas en el centro de la finca ‘El Doctor’ de Manzanares (Ciudad Real), operado en sus orígenes de forma conjunta por los servicios secretos de Alemania y España.

En definitiva, una actividad SigInt de alcance global que evoluciona de forma rápida en paralelo con los fulgurantes avances tecnológicos propios del mundo de las comunicaciones, apoyándose también, por ejemplo, en los llamados NAP (Neutral Access Point o Punto de Acceso Neutral a la Red, que ya se comienzan a conocer por la sigla IXP, Internet Exchange Point o Punto de Intercambio de Internet), como los de Granadilla de Abona (Tenerife) y de Conil de la Frontera (Cádiz). Sin olvidar, las instalaciones de control de señales electromagnéticas de Canarias, en La Laguna (Tenerife) o en Puerto del Rosario (Fuerteventura)...

Y que también constituye una práctica extremadamente sofisticada; una ‘oreja’ electrónica de increíble alcance y capacidad que deja en pañales al modesto Gabinete de Escuchas del antiguo CESID, cuya actividad ilegal concluyó en el verano de 1995 nada menos que con el cese sucesivo de un vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, de un ministro de Defensa, Julián García Vargas, y del propio director del CESID, el teniente general Emilio Alonso Manglano. Pero, ¿qué ceses generará ahora el apoyo del CNI español al ciberespionaje ilegal de la NSA…?

Con todo, y metida España de hoz y coz -por activa y por pasiva-, en el ojo del huracán que supone esa escandalosa práctica, el Gobierno de Rajoy midió mal su alcance político y sólo se le ocurrió escabullir el bulto, negando la posibilidad de que hubiera afectado a políticos españoles.

Así, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, declaró inicialmente que el Gobierno “no tiene constancia” de que el espionaje de la NSA hubiera alcanzado a ciudadanos españoles, cursando una reclamación diplomática bastante atemperada para que el Gobierno de Estados Unidos aclarase la situación, tras publicar el semanario alemán Der Spiegel las evidencias de que España era un país objetivo de la agencia estadounidense dedicada a la interceptación de las comunicaciones, aportadas precisamente por Edward Snowden. Y sin querer “aventurar” si la NSA había rastreado o no millones de comunicaciones telefónicas, SMS o correos electrónicos, vulnerando la legislación española, aunque advirtiendo con gran dignidad pública -sin duda falsa- que “en el momento en que tuviéramos constancia llamaríamos al embajador de Estados Unidos para hacerle constar nuestra posición en el tema”.

A continuación, el presidente Rajoy admitió la existencia de algunos actos que “de ser ciertos resultarían inapropiados e inaceptables entre socios y amigos”, mientras la Fiscalía General del Estado, directamente dependiente del Gobierno, iniciaba investigaciones al respecto (que no llegarán a nada). Claro está que todo ello de forma muy forzada, porque la NSA ya había reconocido, primero de forma implícita y después de forma explícita, sus deplorables prácticas de ciberespionaje sobre países amigos y aliados…, pero nada más y nada menos que con la directa colaboración del Gobierno de Rajoy (al igual que con la de otros anteriores); es decir, actuando éste como un cooperador necesario para que la agencia de seguridad estadounidense pudiera espiar de forma ilegal dentro y fuera de España…

EL BLINDAJE DEL ‘SECRETO OFICIAL’ INCONSTITUCIONAL

Todo un ‘rocambole’, pues, de deslealtades políticas, ilícitas e inmorales, resguardadas en el blindaje extremo del ‘secreto oficial’ con el que en España se han venido protegiendo desde el régimen franquista todo este tipo de prácticas espurias de los Servicios de Inteligencia.

Porque, centrados en la cuestión básica, lo primero que debemos admitir, por la evidencia de las pruebas y por el reconocimiento expreso del ‘Tío Sam’, es una praxis continuada de espionaje ilegal realizado por la NSA de forma masiva, aunque en realidad éste sea cosa inherente a cualquier Servicio de Inteligencia, sólo limitado en la práctica por su propia capacidad técnica (que en el caso de Estados Unidos es ciertamente enorme). Y, en segundo término, admitir también la colaboración activa y pasiva de España en dicha práctica, a pesar de que oficialmente se sostenga lo contrario.

Pero, dejando al margen los aspectos éticos de la cuestión, lo sustancial entonces sería analizar el marco político y legal en el que a tales efectos se mueve el CNI. Y aquí es donde el Gobierno español tiene una gran ventaja sobre otros gobiernos más democráticos, sin duda bastarda a pesar de que teóricamente se encuentra asentado en el Estado de Derecho

De entrada, el artículo 5, apartado 1, de la vigente Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, establece con toda rotundidad: “Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos”.

Ello comporta, evidentemente, que la propia ‘Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados’ del Congreso de los Diputados (conocida como ‘Comisión de Secretos Oficiales’), también se encuentre condicionada por el ‘secretismo’ oficial, de forma que todo lo conocido en ella, siempre ‘a puerta cerrada’, no sirve a ningún efecto posible, siquiera fuera el de que sus miembros puedan transmitirlo a sus propios partidos políticos o, en el caso eventual de desvelarse en ella actuaciones delictivas, ponerlas en conocimiento de la autoridad judicial competente. Por tanto, ¿de qué extraño ‘control parlamentario’ de los Servicios de Inteligencia se puede hablar…?

Además, la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial del CNI, que acompaña de forma inseparable a la Ley 11/2002, ya garantiza la legalidad previa de todo el espionaje de las comunicaciones realizado por el Servicio de Inteligencia, a tenor de lo establecido en el apartado 1 de su artículo único, que establece: “El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”.

Proceso de autorización sometido a su vez, y en todos sus extremos, al ‘secreto oficial’ (la ley aplicable establece que, en su ejercicio, el magistrado competente adscrito al CNI “dispondrá lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de secreto”). Con independencia de que algunos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y no pocos juristas de prestigio, ya señalaran en su momento que la norma legal sobre el control judicial previo del CNI también conculca llanamente los derechos fundamentales establecidos en el artículo 18 de la Carta Magna…

Es decir, que el CNI dispone de un cuestionable magistrado del Tribunal Supremo con dedicación plena y exclusiva, y sometido en todo al ‘secreto oficial’, que es quien autoriza en su caso la violación -siempre ‘secreta’- de los derechos ciudadanos fundamentales, dando lugar a un hábil fraude de ley diseñado por el propio Servicio de Inteligencia y dócilmente asumido por el Poder Legislativo. Para entender todo este acomodaticio procedimiento de legalizar actividades ilegales (el mal llamado ‘control judicial del CNI’), baste recordar que el primer magistrado ‘competente’ al respecto, Ramón Trillo Torres, consiguió tras su nombramiento que su hija fuera seleccionada ‘a dedo’ para incorporarse inmediatamente a la plantilla del CNI por la puerta falsa, por orden directa de su Director, Alberto Saiz (Trillo también obtuvo el honor de recibir la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco sin otra razón que la de su inquebrantable lealtad al CNI).

Y todo ello con una Fiscalía General del Estado coartada por su directa dependencia gubernamental y dentro de un sistema bastardo, basado en la vigencia interesada de una Ley de Secretos Oficiales franquista (sancionada en 1968) y, desde luego, inconstitucional.

De hecho, y aunque pueda parecer increíble, la norma de marras (Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales), todavía remite en su introducción nada menos que al control político de las Cortes Españolas (no las actuales Cortes Generales democráticas) y del Consejo Nacional del Movimiento, lo que no deja de ser deplorable tanto en términos políticos como técnico-jurídicos. 

Cierto es que hoy en día nadie discute la institución del ‘secreto oficial’, cuya legitimidad se encuentra establecida formalmente en el artículo 105, apartado b, de la Constitución Española, siendo además su declaración una prerrogativa gubernamental generalizada en los países democráticos y en las organizaciones supranacionales. Sin embargo, lo realmente vergonzoso, por no decir impresentable, es que transcurridos casi cuarenta años desde la aprobación de la Carta Magna todavía se siga utilizando una ley del régimen franquista para amparar la conculcación de los principios y valores democráticos por parte del CNI, así convertido en un superviviente nato del franquismo.

Con respecto al actual escándalo del ciberespionaje masivo de la NSA, en el que se encuentra directamente implicado el CNI, se debe recordar también el no menos llamativo de la vulneración del Estado de Derecho desde el mismo entorno de la Seguridad Nacional, que llegó a su cenit en el año 1995. En aquel gravísimo caso de degeneración política, se incluyeron la utilización ilegítima de los fondos reservados disponibles en el Ministerio del Interior, las escuchas ilegales realizadas por el CESID, el ‘caso Lasa-Zabala’, el secuestro y tortura de Segundo Marey y un largo etcétera de actuaciones punibles protagonizadas directamente por los Servicios de Inteligencia que se querían dejar al margen de la acción judicial, también amparándolas bajo el oscuro manto del ‘secreto oficial’.

Por ello, la institución del Defensor del Pueblo, personificada en aquellos momentos por Fernando Álvarez de Miranda, incluyó en su informe referido al citado año un tratamiento monográfico de los problemas que suscita el actual marco regulador de los secretos oficiales, preconstitucional y también claramente inconstitucional como quedaba patente en el mismo. El informe incorporaba el siguiente párrafo conclusivo:

(…) Por todo cuanto se ha expuesto, el Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, que tiene encomendado, conforme el artículo 54 de la Constitución, la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de nuestra Carta Magna, se encuentra en condiciones de concluir afirmando que una aplicación estricta y literal de una norma preconstitucional como es la Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por Ley 48/1978, de 7 de octubre, puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Constitución, al tiempo que no respeta ni el deber de colaboración con la Administración de justicia, ni permite el sometimiento de la actuación de la Administración al control de los tribunales. Por ello, al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de la institución, se propone, a través del presente informe anual a las Cortes Generales –como órgano de representación de la soberanía popular en el que se deposita la potestad legislativa– que por estas se estudie, valore y, en su caso, se apruebe una nueva regulación legal de los secretos oficiales, en la que se tengan en cuenta los derechos y principios proclamados en la Constitución de 1978.

El fondo de la cuestión, en orden a garantizar sobre todo al comportamiento legal, más que ético, del CNI, no es otro que eliminar el blindaje que a tal efecto le proporciona la actual Ley de Secretos Oficiales, en flagrante discrepancia con los principios y valores democráticos que inspiran la Constitución Española y con su propia letra. Es decir, desarrollando una nueva ley de secretos oficiales constitucional, en términos similares a los que propuso el diputado Luís Mardones durante la tramitación parlamentaria de la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, mediante una enmienda de adición al texto del proyecto normativo presentado por el Gobierno del PP, entonces infructuosa, para elaborar: “Una nueva Ley reguladora de los Secretos Oficiales que ampare la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105, apartado b), de la Constitución Española, proporcionando la necesaria coherencia técnico-jurídica a toda la normativa legal afecta en la materia”.

De no implementarse ese cambio, seguiremos viviendo periódicos episodios de descrédito político y democrático muy similares el que ahora, tras una larga y triste historia de escándalos protagonizados por el Servicio de Inteligencia, vuelve a mostrar su colaboración, y la del propio Gobierno, en las prácticas ilegales del ciberespionaje masivo de la NSA. Pero está meridianamente claro que no será el Gobierno de Rajoy quien promueva la rectificación necesaria.

El modelo de representación ciudadana está en proceso de fuerte agitación, debido básicamente a la eclosión del independentismo catalán (con el vasco en ciernes), a la inútil respuesta del Gobierno (y de la Oposición) frente a la crisis global (económica e institucional), a la corrupción manifiesta en la vida política y, en definitiva, a la tremenda insatisfacción social que produce el actual modelo de organización y convivencia nacional.

En los últimos años, algunas de las formaciones políticas hasta hace poco minoritarias en sus ámbitos territoriales, y otras de nuevo cuño, se han afianzado electoralmente a pesar de la poca ayuda que les presta la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que impone el sistema D’Hont, no proporcional, en la adjudicación de escaños. Esa novedad, con éxitos ya contrastados en las urnas, anuncia el decaimiento del actual ‘bipartidismo imperfecto’, hasta ahora apoyado circunstancialmente en las organizaciones ‘bisagra’ de ámbito autonómico, y encauza el futuro hacia nuevas políticas de gobierno más abiertas, representativas y democráticas.

Pero, por las mismas causas, también han proliferado multitud de redes y movimientos sociales, que, aún incipientes y desorganizados, no han dejado de comenzar a tambalear el actual entramado de la participación política ciudadana. Ya se verá muy pronto cuál es su evolución y si podrán o no podrán continuar por esa senda ‘transgresora’…

Lo cierto es que los mentores de todo este conglomerado emergente, no siempre tienen claras las señas diferenciales entre partidos políticos, redes sociales, movimientos ciudadanos, grupos de representación intermedia, etcétera. Y, a tenor de sus declaraciones programáticas, tampoco parecen tener muy claros sus propios objetivos, ni distinguir la distinta naturaleza y función de los fines y los medios instrumentales, de las estrategias y tácticas, del pensamiento y la acción, y, en última instancia, entre el ‘ser’ y el ‘estar’ en política.

Aun así, obviamos las siglas y nombres de cada supuesto porque esta Newsletter, un tanto especial, carece desde luego de la menor intención crítica al respecto. De hecho, incorpora un manifiesto abierto de orientación regeneracionista, más que reformista o centrista, para quienes identifiquen su acción política y social con estos términos, cosa habitual incluso en aquellos que, tildándose de tales, no dejan de ser en el fondo esencialmente reaccionarios o revolucionarios.

El reformismo es un tipo de movimiento social o político que, en general, apunta a realizar cambios graduales a fin de mejorar un sistema, un proyecto o la propia sociedad; mientras que el centrismo persigue la búsqueda y promoción de políticas consensuada, equidistantes de los ‘extremos’ planteados, como un fin en sí mismo y una manera de avanzar, de forma paulatina pero segura, hacia un objetivo final que -se entiende- es también de interés general.

Más profundo y radical, el regeneracionismo nace entre los siglos XIX y XX como movimiento intelectual para meditar, de forma documentada, objetiva y científica, sobre las causas de la decadencia de España como Nación; mientras la llamada ‘Generación del 98’ (encabezada por Miguel de Unamuno y Ángel Ganivet, y seguida por los Valle-Inclán, Benavente, Blasco Ibáñez, Gabriel y Galán, Maeztu, Baroja, Azorín, los hermanos Machado…), con la que se suele confundir dado que ambos movimientos suscribían al mismo tiempo el mismo juicio pesimista sobre España, expresaba sus ideas de forma más literaria y artística y, por tanto, más subjetiva.

El principal ideólogo y representante del regeneracionismo fue el aragonés Joaquín Costa (1846-1911), con su lema “Escuela, despensa y doble llave al sepulcro del Cid”, en el que pretendía condensar algunas de las soluciones a los problemas endémicos de la España de la Restauración. Con una cita de Costa se encabeza precisamente nuestra particular aportación a la causa regeneracionista.

MANIFIESTO REGENERACIONISTA

Una nueva política de los ciudadanos y para los ciudadanos

“En una cosa estamos de acuerdo los españoles: en que España ha de mudar de piel”.

La frase es de Joaquín Costa y la pronunció en 1900. Hoy, transcurridos casi cuarenta años desde que el régimen franquista diera paso a un sistema de convivencia democrática, generando tanta ilusión inicial como posterior frustración, muchos ciudadanos se preguntan si no será necesario retomar las ideas del Regeneracionismo y proponer de nuevo una muda radical de la piel que envuelve nuestro carcomido sistema político.

Si tuviéramos que resumir el estado de ánimo que hoy impera en la sociedad española, podría hacerse con muy pocas palabras, pero bastante expresivas: confusión, temor, angustia, desesperanza, impotencia… Todas ellas cobijadas bajo el manto de una creciente desconfianza en los partidos políticos y en sus dirigentes -incluidos los emergentes, nacidos de la misma levadura-, cada vez más identificados socialmente por su carencia de ética y de capacidad personal.

Poco a poco, el reiterado dicho exculpatorio de que “no todos los políticos son iguales” va perdiendo vigencia ciudadana, porque la mala praxis política ha permitido que la corrupción y las prácticas dolosas enraícen en el tejido institucional español de forma escandalosa. El mal evidente, convertido en un dramático cáncer social, proviene de la naturaleza partitocrática del modelo político, desde donde invade los tres poderes del Estado, cuya actual connivencia lo realimenta de forma perversa.

Los discursos de la España oficial, cuajados de retórica institucional y de apelaciones a la razón de Estado, enmascaran la democracia real en una dictadura de los partidos -en particular de los dos mayoritarios favorecidos por la ley D’Hont-, que manipula la representación parlamentaria de los ciudadanos, identificando sus intereses propios y exclusivos con los del conjunto de la Nación y sometiendo el funcionamiento de la justicia al control del gobierno. De esta forma, la actuación partidista se identifica plenamente con una acertada observación de Arturo Graf: “Con suma frecuencia la política consiste en el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y crear otros imaginarios e injustos”.

Pero la mezquindad y los intereses partidistas que de forma invariable han venido presidiendo continuamente la política española desde la misma Transición, no sólo crearon las condiciones propiciatorias de la grave crisis institucional, política y económica, que hoy castiga al conjunto de nuestra sociedad, ignorando sus auténticos problemas y haciendo oídos sordos de sus necesidades más obvias y sus verdaderas exigencias. También han consolidado un despilfarro institucional de corte caciquil que ha llevado el sistema de convivencia a límites extremos de irrealidad, inviabilidad e insolvencia.

Por ejemplo: la construcción irracional y multimillonaria de aeropuertos sin tráfico suficiente, choca necesariamente con el déficit económico afecto al sistema sanitario asistencial; las aventuras militares de proyección exterior, no hacen más que evidenciar la precariedad humana, retributiva y social, de la Fuerzas Armadas, mientras que la adquisición de costosos sistemas de combate para la Armada y la Fuerza Aérea se muestran desproporcionados con la capacidad operativa real de la defensa nacional; la proliferación de las policías autonómicas debilita la necesaria modernización y eficacia de los Cuerpos de Seguridad del Estado; la extensión de la red de transportes de alta velocidad hasta trayectos técnicamente absurdos impide la obligada dotación presupuestaria de la justicia… Y, en fin, la complacencia con ciertos revisionismos del pasado desplaza de la acción política real problemas tan sustanciales como los del desempleo, la asistencia social, el fracaso escolar, el descrédito de nuestras universidades, la falta de competitividad general, la dependencia tecnológica… Siempre la España de los políticos, enfrentada a la España de los ciudadanos.

Mientras estos ciudadanos reclaman angustiados a los políticos que les representan soluciones para sus problemas más elementales (la vivienda, la educación, la sanidad, el trabajo…), ¿qué les ofrecen éstos? La respuesta es muy clara: nada de lo que realmente necesitan. Sólo que confíen de forma ciega en unos partidos convertidos en maquinarias al servicio exclusivo de sus propios intereses, de unos sindicatos sin más objetivo que perpetuarse en su acomodo político y de unas organizaciones empresariales dedicadas básicamente al cultivo de la banca y al fomento del monetarismo, con el desprecio permanente a los pequeños empresarios. En definitiva, lo único que llega a la ciudadanía es una continua apuesta pública en favor de las oligarquías, combinada con el populismo y la demagogia electoral.

La sociedad española lleva años pidiendo soluciones, sin que nadie se las de. El divorcio entre la España oficial y la España real ha llegado a límites ciertamente insostenibles, a costa de una política social ‘extractiva’, basada en la explotación fiscal, directa e indirecta, de las bases ciudadanas menos favorecidas y de los trabajadores de a pie, atados de forma injusta a un sistema político ineficaz en el que no creen y que nunca ha respondido a sus necesidades ciertas. Las instituciones representativas de la sociedad española y sus órganos de gobierno ya no están interesadas en defender otra cosa que sus intereses de ‘casta’. Por eso, el malestar social se ha convertido en una frustración impotente, llevando a muchos españoles a una conclusión fatal: la del sometimiento, la de aceptar la imposibilidad de poder actuar frente a la omnipotencia inoperante de los partidos y la de verse arrastrados a su esclavitud de forma irremisible.

Pero esta conclusión no es inevitable. El Manifiesto Regeneracionista que el lector tiene entre sus manos, responde a ese desafío: la necesaria acción ciudadana es posible, aunque no desde esa política partidista ramplona y acomodada sobre sus propias prebendas, sino desde la España real y desde la política de base cívico-social, motivada por las aspiraciones esenciales y los objetivos solidarios de los ciudadanos. Esa y no otra es la razón última que sustenta a la Nación Española, convenida por la Carta Magna en el establecimiento ordenado de la justicia, la libertad, la solidaridad y la seguridad, como bienes irrenunciable de cuantos la integran.

Nuestra crisis, en su doble lectura coyuntural e histórica, no procede de ninguna maldición ancestral, contra la que nada podamos hacer. Obedece a causas e intereses muy concretos, que es preciso reconocer para poder dar una respuesta acertada y eficaz a los desafíos actuales.

En realidad, la crisis que vivimos tiene su origen en el mismo marco histórico del sistema en el que nos estamos moviendo, influido por dos factores: uno de naturaleza exterior y otro de carácter interior. El primero consiste en la implantación del capitalismo a escala universal y en su sueño de imponer un orden político globalizado con un mercado planetario. El segundo es la radical incapacidad del Estado de la Autonomías nacido con la Constitución de 1978 para poder afrontar con éxito esa misma dinámica mundialista.

La realidad exterior

La globalización del mundo económico, es decir la extensión del capitalismo a nivel planetario, responde a lo que se ha denominado un “Nuevo Orden Mundial”. La caída del ‘Muro de Berlín’ (noviembre de 1989) y de los regímenes totalitarios marxistas ha quebrado la bipolaridad de la ‘guerra fría’, dejando un sólo protagonista hegemónico en el juego de la geo estrategia mundial: Estados Unidos y sus aliados. De hecho, otros países emergentes en el plano de la economía mundial, como China y la India, siguen la estela de ese mismo capitalismo universal.

Pero este nuevo poder avasallador, carente de precedentes históricos, no proviene de ninguna voluntad de expresión o representación nacional, sino de un complejo entramado de intereses económicos y financieros ajeno al protagonismo de los Estados. Es la nueva ‘geopolítica del dinero’, puesta al servicio de los grandes grupos económicos y sus juegos de capital, en la que los bancos centrales actúan incluso al margen del poder político y los Estados carecen, entre otras cosas, de capacidad para fijar el precio del dinero.

El nuevo orden mundial, de sustrato netamente económico, aspira a pacificar y unificar a la humanidad en una mera suerte mercantil, sujeta a un gran mercado en el que los capitales puedan circular libremente sin las interferencias de los Estados. En el fondo, es una vieja idea ya defendida por los teóricos de la modernidad en el siglo XVIII que, reinterpretada en análisis y propuestas más actuales, se ha definido como el “Fin de la Historia”. Iniciativas como los ‘Acuerdos GATT’ en materia arancelaria (Conferencia de La Habana de 1947), las denominadas ‘Cumbres de la Tierra’ en materia medioambiental (iniciadas en 1972 en Estocolmo) o el propio ‘Tratado de Maastricht’ a escala europea, son algunas muestras de ese nuevo orden supranacional en el que los Estados van diluyendo de forma sutil su soberanía y su capacidad de conformar el futuro.

La cuestión de fondo es que los verdaderos beneficiarios de esta nueva geopolítica no son “los pueblos de la Tierra”, ni “los ciudadanos del Mundo”, sino los grupos económicos y empresariales más ricos y con más capacidad para movilizar capitales, convertidos en árbitros de ese gran mercado en el que se ha convertido la política mundial. Y si bien sus portavoces oficiales y el poder mediático que les acompaña no dejan de presentar este proceso como ‘inevitable’, es decir como una evolución natural imparable a la que nada se puede oponer, la realidad es que muchas naciones, como Francia, Alemania o Dinamarca, y otras potencias emergentes en Asia y América, tratan de salvaguardar sus intereses nacionales con fuerza y con logros  nada desdeñables.

Es cierto que el mundo se hace cada vez más pequeño; pero nada permite asegurar que la humanidad vaya a someterse a esa organización planetaria nueva. De hecho, sociólogos y antropólogos ven cada vez más próxima otra geopolítica diferente, basada en diferentes espacios de civilización (europea, china, hindú, islámica…) conformados por criterios culturales, hábitos de vida y condiciones territoriales. Sin embargo, los dos partidos políticos de mayor peso y relevancia en España (PP y PSOE) se han entregado de forma entusiasta al ‘Nuevo Orden Mundial’, el mismo que ha generado la crisis actual y cuya factura multimillonaria han endosado a los ciudadanos que les sostienen sin la menor contemplación, aunque éstos nada hayan tenido que ver con las causas y decisiones que la propiciaron.

El factor interno

Así, las bases de la sociedad española se encuentran en una situación de auténtica incapacidad para afrontar la nueva crisis que todos califican de “global”. Pero la realidad es que España ha llegado a esta situación de forma precisa y penosa: con su economía maltrecha y caracterizada por una lamentable falta de competitividad; su cuerpo social enajenado y dividido por falsos problemas ‘identitarios’, realimentados de forma artificiosa e interesada; su cultura común más auténtica -el acervo nacional- aniquilada y su voluntad política anulada, cuando no supeditada a las actuaciones más bastardas. Entonces, la pregunta es: ¿Por qué razón se ha podido llegar a esta situación…?

La respuesta hay que buscarla en los agitados años de la Transición, en los que se optó por solucionar prioritariamente el problema interno de la democratización y por asentar un sistema básicamente interesado por los partidos políticos y las organizaciones sindicales, olvidando cualquier otra circunstancia. Más que vacías, las arcas del Estado hoy se encuentran irremisiblemente hipotecadas, entre otros motivos por el déficit derivado de una organización administrativa del territorio que es del todo irracional, con transferencias sin límite a las Comunidades Autónomas y unos presupuestos muy por encima de lo que permiten las posibilidades reales del país y las normas más elementales de la buena administración pública. El hecho incuestionable es que, disfunciones aparte, la deuda autonómica y los excesos que conlleva el ‘autogobierno’ no dejan de constituir el más dramático de los agujeros del Estado.

A ello hay que añadir los perjuicios de practicar una política económica de ‘ajuste permanente’, que ha venido prestando atención desmedida a la economía financiera en detrimento de la economía productiva y de sus necesidades más obvias de expansión: los tejidos industrial y agrario -y su competitividad-, han sido desplazados por la economía de los capitales, con la consecuencia añadida de empobrecer al país y enriquecer a los bancos y a los especuladores inmobiliarios. Consumido el periodo de la ‘ganancia fácil’, los inversores han realizado beneficios para implantarse en otros mercados emergentes en el exterior, arruinando cada vez más la ya débil estructura industrial española. De esta forma, llegamos al final de un ciclo en el que el Estado se encuentra al mismo tiempo sin dinero, sin industria y con escasa capacidad de competir en otros sectores productivos que le son naturalmente propicios (los servicios, la agroalimentación, el turismo…). Si a esto añadimos un formidable derroche en el gasto administrativo y político de los últimos años, con actuaciones de pura imagen que han sido realmente innecesarias y absurdas, cuando no flagrante soporte de la corrupción, tendremos un dibujo del caos económico español muy cercano a la realidad.

Pero es necesario subrayar que, desde 1978, esta descabellada política económica siempre ha estado acompañada del desinterés por desarrollar un modelo político y económico propiamente español. Desde entonces, el proyecto de España ha sido el proyecto europeo, sin otra alternativa de salvaguarda nacional. De esta forma se pretendía conjurar de forma momentánea el fantasma de las querellas intestinas, excitadas por el propio Estado de las Autonomías, aplazando sine die la política real.

Los partidos políticos, agarrados a esa exclusiva y falsa idea de modernidad, fueron incapaces de dotar al país de las estructuras necesarias que, más allá del milagro turístico, permitieran afrontar la convergencia con Europa en condiciones de competitividad real. La ‘imagen europea’ de la política española, pesó más que el interés nacional por consolidar el futuro del país.

Por ello, el gobierno socialista del momento impidió por todos los medios que el pueblo español se pronunciara por sí mismo sobre el Tratado de Maastricht (1992), que en una lectura detenida amenazaba con la ruina futura del país. El resultado es que, hoy, España está mucho más lejos de la convergencia económica con la Europa de los quince, previa a la Unión Europea, que hace veinte años.

Pero, siendo éste un error evidente, ninguno de los partidos mayoritarios lo ha denunciado ni lo ha reconducido, conformes con esa puesta en almoneda general del país. Bien al contrario, su plena coincidencia en el interés por mantener la situación y su estatus político, es igual de cierta. La situación no deja de ser otra consecuencia perversa de la organización política muñida en 1978, mediante la correlación del texto constitucional con las sucesivas adaptaciones de la normativa electoral y con los reglamentos de las Cortes Generales, que ahogan las voces independientes o discordantes.

En 1978, y con objeto de asegurar la estabilidad política del país en unos momentos de agitada improvisación, los ‘padres de la Constitución’ optaron tácitamente por un sistema de bipartidismo imperfecto. En él, dos fuerzas mayoritarias, el centro-derecha y la izquierda socialista, se agruparon en dos partidos cerrados capaces de vertebrar políticamente una sociedad que había perdido su memoria democrática y la vivencia de unos partidos políticos vivos y plurales. Lo demás sería un adorno del sistema, y su consecuencia el hecho de que esas dos formaciones capitales (hoy PP y PSOE) terminarían convertidas en aparatos burocráticos, preocupados sobre todo en blindar su supervivencia y en la defensa de sus propios y exclusivos intereses.

Desde esa preponderancia partidista, los episodios de corrupción política no tardarían en aparecer, contaminando todos los niveles de la vida pública de forma escandalosa, siempre amparados por un sistema que es en sí mismo diluyente de las investigaciones parlamentarias y condicionante de la propia administración de justicia. Esa práctica bastarda de la política, unida a un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que son elaboradas por el aparato de los partidos, ha terminado asentando una casta política auto-electiva y que poco a poco se ha ido alejando de la sociedad a la que en teoría representaba.

De esta forma, la derecha y la izquierda políticas han llegado a compartir también en su gran representación el mismo proyecto de anulación de la voluntad política de España respecto a Europa. Hoy, los comicios electorales sólo suponen la entrega de un cheque en blanco ciudadano a los partidos en liza, que malversan a su propia y exclusiva conveniencia: un sistema de gobierno de las burocracias partidistas que es preciso remover desde sus cimientos.

La respuesta ciudadana

En estas condiciones, es urgente que la sociedad española se alce con un proyecto de acción política ciudadana nuevo, que ni la izquierda ni la derecha podrán concitar jamás desde el acomodo en el que ambas se encuentran instaladas: esto es, la inaplazable regeneración de la vida pública nacional. Pero esta reacción ciudadana ha de estar precedida de un examen del entorno político minucioso, con objeto de no agotarla en reclamaciones concretas banales y sin mayor trascendencia. Por tanto, más allá de esas demandas específicas, hay que proponer un marco general de rectificación, incluyendo por supuesto el propio statu quo político.

Éste contexto político viene definido por dos hechos fundamentales. El primero es la desaparición de las fronteras formales entre la derecha y la izquierda y la reducción del debate político europeo a la controversia de la soberanía nacional. El segundo es la transformación de la democracia en tecnocracia, acentuando la escisión entre la sociedad oficial y la sociedad real y provocando una reacción popular a través de nuevos movimientos sociales reivindicativos.

La diferencia entre la derecha y la izquierda se diluye porque, en efecto, ni una ni otra son capaces de proponer nuevas vías, comprometidas como ambas están con el sistema inoperante que han creado de forma conjunta. La ciudadanía aprecia claramente el fenómeno, que no es sólo español. Pero es que, además, la propia historia se ha encargado de evidenciar lo ficticio de esta diferenciación política.

Derecha e izquierda políticas son conceptos que corresponden a una época y a una sociedad del pasado, la nacida de la revolución industrial, cuando la vida de las naciones desarrolladas se polarizó en torno a dos grupos de intereses: propietarios y proletarios. Una división socioeconómica que ha marcado la vida política de las naciones europeas hasta fecha reciente y a la que en España hubo de sumarse otra división ideológica, la del catolicismo y el socialismo.

Hoy, no obstante, tanto la derecha como la izquierda coinciden en un mismo proyecto político, pudiendo coincidir, también de forma paradójica, en su contrario. La única diferencia existente entre ambas formaciones políticas procede de algunos rasgos heredados de la vieja división europea entre católicos y socialistas. Pero en Francia, por ejemplo, la derecha ha llegado a aprobar una ley de aborto mientras que la izquierda acometía un plan nacional de protección a la familia, confirmando la permeabilidad de esa vieja frontera.

De hecho, la única apuesta política que hoy suscita todavía división en la sociedad es la relativa al ‘Nuevo Orden Mundial’: hay quienes quieren entregarse sin reservas al sueño del mercado único mundial y quienes, por el contrario, prefieren mantener la única estructura material capaz de garantizar la libertad política de los pueblos, que es la soberanía nacional. Pero éste no deja de ser un debate transversal de las viejas divisiones, con posturas que, además, pueden ser compartidas de forma indistinta por personas situadas tanto en la derecha como en la izquierda políticas, aunque quizás con ventaja a favor de quienes prefieren la desaparición de las soberanías nacionales.

En definitiva, podemos afirmar que la derecha y la izquierda ya no existen en su esencia primitiva, aunque ambas hayan acordado sobrevivir de forma nominal para seguir repartiéndose la representación y el poder social. Y frente a esa realidad política actual, ¿qué puede hacer la sociedad civil…? La respuesta es sencilla: reclamar el derecho de su propia representación sin más limitaciones ni concesiones. Por eso el Manifiesto Regeneracionista no puede considerarse ni de derechas ni de izquierdas -ni tampoco neutro-. Ante esa falsa disyuntiva, sólo cabe promover una nueva política de los ciudadanos y para los ciudadanos.

Los nuevos movimientos sociales

Esta nueva dinámica política, se percibe cada vez con más claridad en las sociedades europeas con el resurgimiento de lo que en los años setenta empezó a conocerse como “movimientos sociales”, aunque éstos sean de naturaleza muy heterogénea: desde el ecologismo hasta las asociaciones cívicas contra la droga, desde grupos municipales independientes hasta asociaciones de trabajadores autónomos… Su objeto puede ser de hecho muy extenso, pero lo que les une y define es su voluntad de plantear públicamente los problemas reales de la sociedad al margen de las vías habituales de representación política o sindical, caracterizadas por el desprecio de esa problemática real.

Los nuevos movimientos sociales responden al fenómeno que venimos  señalando desde diferentes perspectivas: el divorcio entre la sociedad real y la sociedad oficial. Un distanciamiento que en España resulta especialmente acusado, pero que no deja de ser una consecuencia típica de la esclerosis que afecta a todas las democracias contemporáneas de forma generalizada. El ejemplo más ruidoso es, probablemente, el italiano, donde la sociedad real ha dado al traste con el mundo político oficial, por ejemplo apoyando al cuerpo de jueces y magistrados en su administración de la justicia.

Esta esclerosis política tiene uno de sus referentes más evidentes justo en la inexistencia de fronteras significativas entre la derecha y la izquierda. Muchos ensayistas y politólogos coinciden en afirmar que estamos viviendo el “fin de las ideologías”: y es que, en realidad, todas las fuerzas políticas con opciones de gobierno respaldan prácticamente el mismo modelo de sociedad en toda Europa. Un fenómeno que, a su vez, ha convertido la democracia en burocracia, mientras que la escasez de ofertas políticas diferenciadas ha remitido la vida pública a prácticas de gestión, es decir a la pura tecnocracia.

La conversión del sistema democrático en mera tecnocracia, se legitima invocando la eficacia: se presume que un aparato estatal firme y cerrado, con los poderes repartidos entre agentes ‘especializados’ (parlamento, gobierno, oposición, sindicatos, banca…) que ocupan su espacio de forma exclusiva, será más eficaz y gestionará mejor el bienestar que un sistema transversal o sometido a cambios bruscos. Sin embargo, este ordenamiento de la praxis política presenta el inconveniente de que la participación real de los ciudadanos, limitada puntualmente al hecho electoral, así como la propia sociedad, quedan muy mermadas. De hecho, la voluntad popular ha sido usurpada por un cúmulo de órganos y centros oficiales de corte ‘neofeudal’, convertidos en centros autónomos de decisión que, aun jugando un papel institucional, en realidad no representan el interés general de la Nación y ni siquiera los intereses de alguna de sus partes: sólo se representan a sí mismos y sólo defienden sus propios intereses.

Este nuevo juego político, enfrenta a unas ‘feudalidades’ contra otras, pero sin cuestionar la representatividad del rival ni el juego en sí mismo. Los conflictos permanentes entre gobierno y oposición y entre patronales y sindicatos, responden claramente a esta lógica. Todas ellas, y hasta las propias Comunidades Autónomas son nuevos feudos donde sus dirigentes vienen a reeditar el papel del viejo caciquismo de indeseables tiempos pasados.

El neo caciquismo político, investido como una democracia burocratizada, funciona mientras el sistema permite, a costa de lo que sea, unas cotas aceptables de bienestar social. Pero cuando estas cotas no se garantizan, la sociedad real, que ha sido preterida en el proceso, reclama sus derechos y pide entrar en el juego político. Esta es la situación a la que se ha llegado en muchos países europeos y especialmente en España, donde la sociedad real ha quedado completamente al margen del juego neofeudal establecido en 1978.

Y así, vemos que la respuesta ciudadana se estructura en dos frentes. Por un lado, la sociedad real (o sociedad civil), reclama, recogiendo el espíritu de los movimientos sociales, sus derechos frente al neo caciquismo del mundo oficial. Y, por otro, la sociedad toma la palabra en la única disputa política que permanece viva en el contexto actual, que es la de la soberanía nacional. Cualquier propuesta regeneracionista que se formule hoy en día ha de tener en cuenta ese marco para no limitarse a un mero ‘poujadismo’, a una simple lista de agravios económicos, a una exhibición de irritaciones civiles.

La propuesta de regeneración política

En este Manifiesto Regeneracionista, se ha expuesto de forma somera cuál es la situación de España en el mundo, cuál es el origen de nuestra crisis y cuál es el entorno político y social en el que nos movemos. Y, en esa tesitura real, constatamos también que España está condenada a repetir sus errores históricos si no emerge una fuerza social capaz de cambiar la deriva disolvente del país.

Ese cambio es el que hace un siglo propusieron y persiguieron las mentes españolas más lúcidas, especialmente los regeneracionistas aragoneses con Joaquín Costa al frente (Lucas Mallada, Mariano Lacambra, Santiago Vidiella, Manuel Bescós, Basilio Paraíso, Santiago Ramón y Cajal…), por supuesto acompañados de una extensa representación nacional en la que destacaron personalidades tan significativas como Ricardo Macías Picavea, José Lázaro Galdiano, Emilia Pardo Bazán, José Del Perojo y los prohombres de la Institución Libre de Enseñanza que dirigía Francisco Giner de los Ríos... Y, siguiendo la estela de ese cambio, hoy es necesario reivindicar la herencia del mismo regeneracionismo político, que ha sido la propuesta más rica y profunda de la España moderna.

Con esa intención, se proponen las vías necesarias para sustanciar un nuevo rumbo regeneracionista de la política española. Vías que conforman otras tantas reivindicaciones políticas:

Estos poderes, cuya utilidad para consumar la transición del régimen franquista a la democracia, ya cerrada, no se discute, se deben someter ahora a una segunda reforma política impulsada desde la sociedad civil como dueña de su propio destino. Cuando la vida pública española se desenvuelva libremente, sin la opresión del actual feudalismo y caciquismo políticos, España y sus instituciones públicas podrán regenerarse de forma efectiva para prestar el servicio que deben a los ciudadanos.

España debe ser libre para elegir su política económica interna, al tiempo que capaz de desarrollarla sin ceder a las presiones de las grandes organizaciones multinacionales, ni ante los intereses de los grandes grupos económicos. El proyecto europeo debe ser compatible con la seguridad de que no va a empobrecernos. La realidad es que Europa ha existido siempre y que los Acuerdos de Maastricht sólo son un papel.

Para ello es necesario plantear y consumar una reforma realmente democrática de la vigente Ley Electoral, suprimiendo la imposición de listas de candidatos cerradas y bloqueadas, abriendo urgentemente la representación política al modelo proporcional (es decir, sin cercenar el derecho de las minorías), modificando el sistema de financiación de los partidos políticos y dando un nuevo sentido a la representatividad del Senado, institución hoy por hoy vacía de contenidos.

Es imprescindible plantear un nuevo marco de solidaridad nacional de doble vertiente: vertical, entre los distintos sectores sociales, y también horizontal, entre los distintos territorios de la Nación. Los Ayuntamientos, en tanto que unidades políticas primarias del país y entorno real del asentamiento ciudadano, tienen que desempeñar un nuevo papel a ese respecto, porque sólo a través de las corporaciones locales podrá lograrse una descentralización efectiva en lo esencial, impidiendo que el centralismo de la capital del Estado no se vea sustituido por el centralismo todavía menos necesario y plausible de las capitales autonómicas, fomentando al mismo tiempo el egoísmo mezquino de sus propios oligarcas.

Para reconducir esa situación hacia una descentralización real de la política española, es necesario devolver al municipio su protagonismo histórico como gestor público más cercano a las necesidades de los ciudadanos. Eso implica dotar consecuentemente a las corporaciones municipales con los recursos económicos -derivados de una fiscalidad solidaria- y con la autonomía política suficientes para convertirlos en entes realmente descentralizadores, en lo esencial, de la política nacional. Dicha potenciación política del Estado desde la base municipal, apoyada por las diputaciones provinciales o comarcales, permitirá satisfacer con toda autenticidad las aspiraciones sociales y el propio contenido del Estado de las Autonomías.

Europeísmo, sí. Pero sin renunciar, como hacen Francia y Alemania, y por supuesto Gran Bretaña, a una política exterior propia y genuina, a una proyección universal ya vivida, como modelo compatible y alternativo a nuestra condición europea, haciendo ésta mucho más valorable.

La razón del reformismo

España está viviendo momentos de evidente intranquilidad, en los que la irritación social se mezcla con la desesperanza, paralizando la conciencia y la voluntad ciudadanas. Frente a esa lamentable situación, el Manifiesto Regeneracionista pretende ofrecer al conjunto de la sociedad española un programa de reivindicaciones y propuestas políticas básicas, acordes con una interpretación atenta y ajustada del contexto nacional e internacional condicionante, sin más finalidad que la de responder a sus necesidades reales y a sus exigencias más justas.

Todos los grandes proyectos políticos planteados en España en los últimos años, han fracasado por tener su origen en la ingeniería burocrática de los actuales partidos políticos mayoritarios, alejados de la sociedad real. Pero si queremos que España “mude de piel”, como proponía Joaquín Costa, ha de ser la ciudadanía la que tome la palabra. Ese es, precisamente, el objeto del Manifiesto Regeneracionista.

Su contenido supone un llamamiento de integración a las asociaciones ciudadanas sin estructura de partido y a los propios partidos políticos del ámbito que fueren (local, regional o nacional), con objeto de servir a la participación ciudadana -al esencial ser humano- en su legítimo afán por conformar la vida política nacional, perfeccionar el sistema democrático y modernizar la sociedad para hacerla más justa, libre, solidaria y segura.

El regeneracionismo, entendido sustancialmente, nunca ha de verse como una ideología determinada, ni como una denominación apropiable por un grupo concreto. Es, ante todo, una actitud, un talante, una manera de afrontar el sistema de convivencia, a donde se puede llegar desde distintas procedencias.

Alertado por las consecuencias de las revoluciones traumáticas, tanto como de las que conlleva el inmovilismo mental, el regeneracionismo postula una dinámica de superación y de cambio social, personal y colectivo. Y convierte el descontento social en motor de la crítica y del perfeccionamiento de la política, sin pretender ser un medio para alcanzar el poder ni el instrumento capaz para su conquista. En ello estriba su grandeza.

Y por ello, con renuncia expresa de su paternidad intelectual, el Manifiesto Regeneracionista se ofrece para estímulo y guía de todos quienes busquen, seria y enérgicamente, los cambios y transformaciones necesarias para perfeccionar la vida pública española y el sistema de convivencia ciudadana. Sabiendo que no hay regeneración política posible sin altura de miras y sin claridad de intención, sin exigencia y sin honestidad personal, y sólo con la pretensión de alcanzar consecuencias justas.

España, 12 de Octubre de 2013

El pasado 12 de Octubre, día en el que se celebraba la Fiesta Nacional de forma en extremo pacata -por no decir casi vergonzante-, Enric González, escritor y periodista que ha sido galardonado con premios como el  ‘Cirilo Rodríguez’, el ‘Ciudad de Barcelona de Periodismo’ o el ‘Francisco Cerecedo’, publicaba un elocuente y excelente reportaje en El Mundo titulado ‘España en la hora del desencanto’.

LA ESPAÑA DESENCANTADA

En él, se recogía con gran ponderación la visión de tres historiadores de muy distinto origen y talante personal (Fernando García de Cortázar, Josep Fontana y Juan Pablo Fusi) sobre la actual situación de la Nación Española, que mostraba una amplia coincidencia entre ellos, tan reveladora como preocupante, dejando claro que, efectivamente, el ‘sentimiento nacional’ está en crisis. Una situación provocada por una suma de factores -recogía el autor-, en la que han venido incidiendo y sumándose la fallida construcción de la Nación-Estado en los siglos XIX y XX, el discutido desarrollo del nuevo Estado de las Autonomías y los actuales problemas económicos.

Y en él se advertía, de entrada, que la conjunción del cataclismo económico (y en nuestra opinión sobre todo la evidente incapacidad del Gobierno para afrontarlo, asociada al fenómeno de la corrupción política), de la tensión independentista desatada en Cataluña (a la que muy pronto podrá seguir la más arrolladora del País Vasco), del fracaso que ha supuesto el desarrollo irresponsable de las Autonomías, del desvanecido entusiasmo europeísta y de una sensación de insolidaridad generalizada, hace que el proyecto español de convivencia democrática -el proyecto de España- pase por momentos difíciles y para algunos realmente críticos.

No vamos a reproducir aquí el extenso y recomendable trabajo de Enric González, salpicado de citas informadas, inteligentes y memorables. Pero sí que queremos recalcar cuatro resúmenes del mismo que enmarcan la grave realidad del momento:

Síntomas: “El impulso colectivo de la Transición y la integración en Europa parece haberse agotado”.

Orígenes: “La identidad española existía desde antiguo, pero los atributos nacionales no se solidificaban”.

Causas: “El despliegue del Estado de las Autonomías es un elemento clave en el desencanto español”.

Efectos: “Como a finales del siglo XIX, la crisis general no es ajena al auge de los nacionalismos”.

Y, por supuesto, reafirmar al mismo tiempo nuestra propia convicción patriótica, identificada en el párrafo con el que el autor concluye su clara percepción de la ‘España desencantada’:

(…) No es fácil definir qué significa hoy ser español, o querer no serlo, al margen de factores puramente emotivos. Según García de Cortázar, España “es una herencia recibida y un proyecto a preservar para generaciones futuras”, “es una entidad que nos permite existir como individuos libres y protegidos por principios que sólo son norma legal porque son valores compartidos”, “es nuestra oportunidad de proyectar una nación convincente y convencida a un mundo que nunca nos aceptará si no empezamos por creer en nosotros mismos”. “Por esa idea de España”, dice, “hay que ponerse ya manos a la obra. Hemos de responder a quienes tal vez han tomado nuestra tolerancia como falta de principios y nuestra prudencia como invalidez”. 

ESPAÑA Y SU FUTURO

Desde nuestra posición analítica y nuestro insistente esfuerzo para ayudar a reescribir los renglones torcidos de nuestra peor historia, recién iniciada la andadura informativa de ElEspiaDigital.Com, exactamente el 9 de abril de 2012, publicamos un informe del profesor Roberto Mangabeira Unger, de la Harvard Law School, titulado ‘España y su Futuro’, en extremo revelador porque contenía una diagnosis perfecta de la triste situación por la que estamos pasando.

En su sorprendente y acertado trabajo, despreciado por la ‘sobrada’ pero inculta actual clase política española, realizado en noviembre de 2009, es decir tras concluir su trabajo pactado de dos años como Ministro de Asuntos Estratégicos del Gobierno de Lula da Silva y antes de volver a su dedicación docente en Harvard (Massachusetts), el filósofo brasileño, muy respetado en su actividad política y gran amante de España, abría un horizonte de esperanza ante nuestra crisis global -en aquellos momentos todavía negada por Rodríguez Zapatero- con la siguiente introducción:

España es hoy un país sin un proyecto capaz de aprovechar su potencial. Existe un proyecto dominante en España, articulado por las elites y por los partidos. Pero es un proyecto que no sirve, porque no guarda relación íntima con las características más importantes y fecundas de la sociedad española. España, un país relativamente pequeño, se está convirtiendo, por culpa de la falta de imaginación de los que ocupan el poder, en un pequeño país. En un país que, al dejar de hablar con una voz diferente dentro de Europa, está perdiendo contacto con las fuentes de su propia originalidad.

España podría, y puede, ser un gran país. Existe un proyecto alternativo que aprovecharía, tanto desde el punto de vista práctico como moral, aquello que distingue a su sociedad y a su cultura. Lejos de contradecir su compromiso con Europa, esa alternativa proporcionaría una alternativa para todos los europeos. Permitiría además a los españoles transformar en fuerza contemporánea la personalidad histórica de la nación.

Esa alternativa no tiene nada de radical en sus métodos. Ninguno de los elementos que la componen es desconocido. Su implementación, eso sí, cambiaría el país para siempre. La corriente política que la incorpore a su programa obtendrá el triunfo más importante para gobernar el país.

Pero existe un problema. Ese proyecto exige, más que ideas, un espíritu de ambición y de inconformidad al que el país parece que ha renunciado. ¿Cómo se puede conseguir sin tener que pagar el precio de las calamidades que marcaron en el siglo pasado la historia de España y Europa? (…).

Y, una vez desbrozada con precisión esa atractiva tarea, marcando también claramente a continuación la ruta a seguir, concluía su magistral lección con este párrafo esperanzador: “España será grande, o no será España. Grande no por ser poderosa, sino por saber, sentir y, sobre todo, querer -más de lo que es razonable. España puede, de nuevo, ser grande, pero sólo si aprende, de nuevo, a inquietarse. La humanidad no precisa de una España desilusionada. La humanidad necesita una España que haya pasado por la desilusión de la desilusión. Una España que, interrogando a los sufrimientos de ayer y descartando la complacencia de hoy, construya una nueva forma -más pacífica, práctica, fecunda y humana- de engrandecerse”.

Pero, asumido el sonrojo que nos produce el hecho de que más allá de nuestras fronteras se marque con mejor tino que desde dentro la dirección por donde debería discurrir la gran política española en momentos tan dramáticos como los que vivimos, el lúcido trabajo del profesor Mangabeira hace que nos preguntemos si la actual clase dirigente del país es de verdad consciente, o no, de que vivimos con una Nación en crisis, a punto de descomposición y, por tanto, en una Nación de dudoso y hasta imposible futuro. Y, todavía más, también nos preguntamos si esos mismos dirigentes saben siquiera ‘a qué llamamos España’ o a qué queremos llamar España en el futuro; gravísimo problema ante el que cada vez se desdibujan más los principios y valores, las instituciones y factores políticos, que podrían ser instrumentos de unión, de separación o de conciliación.

CADA CUAL CON SU RESPONSABILIDAD A CUESTAS

Éste es un mal histórico muchas veces andado y desandado, con un hito de aparente y meritoria solución en la denominada Transición Española, pero que, a la postre, se ha mostrado como un espejismo más, sin que la nueva generación política, hija de los constituyentes de 1978, haya sabido valorar y preservar el germen del realismo conciliador que contenía. De forma que ese es el horizonte que, de nuevo, todos debemos proponernos alcanzar, y en especial aquellos que en razón de su experiencia, con el rey Juan Carlos a la cabeza, saben perfectamente de qué tragedia nacional venimos y, por ello, han de ser los más obligados a evitar que se repita, en sí misma y en todo cuanto pueda evocarla.

Su Majestad reconoció expresamente en la entrevista que con ocasión de su 75 cumpleaños concedió al periodista Jesús Hermida, emitida por TVE el pasado 4 de enero, que transcurridos casi 40 años de su reinado, todavía “falta la vertebración del Estado”. ¿Cabe, entonces, que nuestros políticos y la propia Corona sigan ignorando esa realidad, haciendo oídos sordos de cuanto se invoca de forma razonable y cada vez más angustiada al respecto…?

Lo más necesario y hasta perentorio -lo hemos dicho en otras ocasiones-, es plantear la supervivencia del Estado-Nación, y no los debates accesorios sobre la Monarquía, que es cosa distinta y, en ese orden de prioridades, una institución más secundaria y desde luego subsiguiente. Y es que, de hecho, el sistema político establecido en la Constitución residencia en la figura del Rey el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asignándole la alta y exclusiva responsabilidad de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Sin olvidar que la propia Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, reconocida como patria común de todos los españoles.

La salvaguarda de ese principio fundamental de la Constitución es, pues, el gran esfuerzo prioritario que en estos momentos debe realizar el rey Juan Carlos como Jefe del Estado y titular de la Corona, cueste lo que le cueste y antes por supuesto que fajarse, como se  está fajando, para asegurar la continuación dinástica en la figura del Príncipe Heredero, es decir entretenido bien que mal en intereses de familia más que en los de la Nación Española (que no es lo mismo). Simplemente porque, de proseguir ésta en su crisis creciente, esa esperada herencia de Don Felipe será un imposible categórico.

Y es que ya no se trata de plantear balances (positivos ni negativos) del reinado de Don Juan Carlos, sino de cumplir obligaciones sagradas muy concretas y trascendentales. Como la de asegurar el futuro de la herencia recibida con el nombre de España, antes que de dilapidarla; una misión suprema ante la que no se puede tolerar la teoría del ‘quien venga detrás que arree’, ni que quede en manos de personas sin la debida fortaleza, sabiduría y peso específico para acometerla.

Nadie pretende, ni por asomo, menospreciar la capacidad de Don Felipe (perfectamente acompañado si se quiere de la princesa consorte). Pero ni su formación y experiencia son las del rey Juan Carlos, ni Doña Letizia es Doña Sofía, ni el actual entorno de la Corona tiene nada que ver con los extraordinarios apoyos concitados tras la muerte de Franco para instaurar la nueva Monarquía Parlamentaria, incluidos los del propio franquismo.

Eso sin considerar la gravedad del problema renacido, sin parangón desde los sucesos del 23-F. ¿O acaso podría el hipotético nuevo Regente o Rey, Don Felipe de Borbón, bregar con aquel intento de golpe de Estado como lo hizo Don Juan Carlos…?

Lo cierto es que el reto de superar satisfactoriamente el ‘problema catalán’ y el ‘problema vasco’, sin añadir otras amenazas latentes afectas al futuro de la Corona, requiere en efecto espaldas mucho más anchas y sólidas que las de Don Felipe, que no son trasmisibles porque sí de padres a hijos (gran problema de las monarquías hereditarias). Qué duda cabe que el Príncipe Heredero (sólo o junto a Doña Letizia) tiene talla más que sobrada para asumir con toda dignidad multitud de funciones representativas y presidir actos protocolarios de todo tipo, pero no para “liderar España frente al separatismo”, que es lo que, por ejemplo, José María Aznar le acaba de pedir angustiosamente al presidente Rajoy (que es ‘pedir por pedir’ o algo como ‘pedirle peras al olmo’).

Durante el acto celebrado en San Sebastián para presentar el libro ‘Cuando la maldad golpea’ (14/10/2013), una recopilación de doce textos escritos por personas directamente afectadas por el terrorismo, evento en el que se produjo la contundente llamada a Mariano Rajoy para atajar las aventuras secesionistas (“Hay que poner fin al desfalco de soberanía nacional que se está llevando a cabo por parte del nacionalismo”), el ex presidente Aznar no dudó en lanzar esta acertada denuncia ante la pasividad gubernamental frente a los desplantes independentistas:

(…) No hay moderación en aceptar la ilegalidad; no hay prudencia en consentir que un poder se ejerza por quien no debe y para lo que no debe; o en que no se ejerza por quien debe y para lo que debe. No hay tolerancia en admitir la ausencia o el vacío del Estado de Derecho. No es una virtud del Estado dejarse desafiar cuando se funda en el derecho y sirve a la libertad. Porque eso solo produce el desamparo de los demócratas y el júbilo de los que no lo son…

Y, prácticamente en paralelo, aprovechando la presentación de un libro de autoría propia (‘Cambio de era’, Editorial Deusto), Josep Piqué, ex ministro de Aznar y ahora brillante hombre de empresa, corroboraba la idea de que “El problema catalán no lo resuelve el tiempo”, afirmando que “Rajoy tiene una gestión de los tiempos que muchos no entendemos”.

Un varapalo sin paliativos a la dejación mostrada por Rajoy en lo que se refiere a la defensa de la Nación Española, seguido inmediatamente de un contrapunto no menos preocupante enhebrado por Josep Antoni Duran i Lleida, actual presidente de UDC y portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados. Durante la última sesión de control al Ejecutivo celebrada en la Cámara baja (16/10/2013), este peso pesado de la política catalana advirtió sobre una posible “declaración unilateral de independencia” lanzada desde el Parlament, si el presidente Rajoy no actúa para dar una “respuesta política” a las pretensiones soberanistas de Cataluña (“Si no es capaz de encabezar una respuesta de Estado a la situación política de Cataluña, se va a encontrar con una declaración unilateral de independencia”), trasladando una grave amenaza por cuenta de terceros o, dicho de otra forma, tirando la piedra y escondiendo la mano.

RECONDUCIR LAS AUTONOMÍAS: ‘DE LA LEY A LA LEY’

Todos sabemos que, tal y como se ha desarrollado, el actual Estado de las Autonomías ha fracasado y que, de no reconducirse, arruinará el proyecto llamado España, entendido como una gran conciliación nacional, como “una nación convincente y convencida” en palabras de García de Cortázar. Y, no como un territorio ni como un agregado de hombres y mujeres, sino como “una unidad de destino” en el ideario político de José Antonio (“Una entidad, verdadera en sí misma, que supo cumplir -y aún tendrá que cumplir- misiones universales”), porque, como también ha entendido el profesor Mangabeira, “España será grande, o no será España”.

Por su parte, puesto ante la realidad de su pueblo, Ortega y Gasset ya se hacía en 1914 esta pregunta esencial: “Dios mío, ¿qué es España? En la anchura del orbe, en medio de las razas innumerables, perdida entre el ayer ilimitado y el mañana sin fin, bajo la frialdad inmensa y cósmica del parpadeo astral, ¿qué es esta España, este promontorio espiritual de Europa, ésta como proa del alma continental?”.

Y nos dejaba prendida en el alma una razón inconclusa, con lamento incluido, que todavía hoy sigue batiéndose en los vientos de la historia y pendiente de ser culminada afanosamente entre todos: “¡Desdichada la raza que no hace un alto en la encrucijada antes de proseguir su ruta, que no se hace un problema de su propia intimidad; que no siente la heroica necesidad de justificar su destino, de volcar claridades sobre su misión en la historia! El individuo no puede orientarse en el universo sino al través de su raza, porque va sumido en ella como la gota en la nube viajera”.

También sabemos que esa tarea de reconducción nacional no será fácil, como tampoco lo fue la Transición que nos llevó desde la dictadura del general Franco al régimen democrático. Saltando además formalmente “de la ley a la ley”, en afortunada expresión del entonces presidente de las Cortes Españolas, Torcuato Fernández-Miranda, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que entre otras cosas supuso el generoso ‘harakiri’ del todopoderoso Movimiento Nacional.

José Torné-Dombidau, que fue Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada hasta su jubilación en 2007 y a continuación fundador del ‘Club de la Constitución’, que ahora preside, recordó de forma sencilla y precisa aquel ejemplar esfuerzo de sensatez política en un artículo justamente titulado ‘De la ley a la ley’, publicado en su blog personal (18/11/2011). Dada la escasa intelectualidad y conocimientos históricos de la actual clase dirigente, parece conviene hacérselo patente:

Ahora que circula en la sociedad española la expresión ‘memoria histórica’ -merced a la consigna repetitiva de políticos y gurús alicortos- sería justo recordar (verbo adecuado) el importantísimo acontecimiento político-constitucional sucedido en España hace exactamente treinta y cinco años, el 18 de Noviembre de 1976.

Recordemos que en ese día se aprobó por las Cortes -todavía designadas por Franco, fallecido el 20.11.75-  la Ley para la Reforma Política. Tuvo esta norma la crucial misión de posibilitar el tránsito a una democracia plural y parlamentaria, propició la aprobación de la Constitución de 1978 y la instauración del “Estado social y democrático de Derecho”, que hoy gozamos en plenitud.

Si bien lo pensamos, se trató de algo insólito en el panorama del Derecho constitucional comparado: que los parlamentarios de una dictadura se hagan el ‘harakiri’ y voluntaria y civilizadamente den entrada a un régimen democrático, en el que el pueblo es el soberano. Actores de aquel tenso drama, que salió bien, fueron el Rey, motor del cambio político, Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes, y Adolfo Suárez, valeroso presidente del Gobierno.

El Rey tenía claro que debían recuperarse las libertades secuestradas por el franquismo, pero le preocupaba cómo lograrlo sin quebrantar el ordenamiento jurídico del momento. Su preceptor en Derecho constitucional, el profesor Fernández-Miranda, le ofreció la fórmula magistral: “De la ley a la ley”.

Y así ocurrió. Fueron los propios procuradores franquistas quienes, al aprobar la Ley para la Reforma Política, firmaron su inevitable desaparición. Fueron gobernantes y actores políticos del propio franquismo, quienes estuvieron a la enorme altura de su responsabilidad histórica, y propiciaron la construcción de un puente legal hacia la orilla de la democracia y la libertad. De ahí el acierto de la frase del constitucionalista inesperadamente desaparecido.

La votación arrojó un espléndido resultado: 425 votos a favor; 59 en contra; 13 abstenciones, y 34 ausentes. La democracia inició así su singladura y se afianzó con la Carta constitucional de la reconciliación, aprobada poco más tarde.

No obstante, de aquellos hombres que votaron favorablemente el proyecto y con él permitieron que se recuperara la democracia en España desde el propio régimen dictatorial, unos se fueron a su casa sin pena ni gloria  -desconocidos y olvidados- mientras otros se integraron en los partidos que articularon el juego político de la Transición.

El artículo primero de la Ley reconoció lo que las Leyes Fundamentales de Franco negaron a los españoles durante décadas: “1. La democracia, en la organización política del Estado español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad del pueblo. 2. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes…”. Con esta sencillez, gracias al borrador facilitado a Suárez por Fernández-Miranda, se pudo poner en marcha la magna obra de ingeniería constitucional de pasar de una dictadura a una democracia sin ruptura ni confrontación: “de la ley a la ley”, en afortunada expresión. Y eso ocurrió en la fecha citada.

Hay un interesantísimo dato (en “La Transición. Síntesis y claves”, S. Sánchez-Terán, 2008, p. 136) que da cabal idea del coraje político con el que se condujo aquel Gobierno presidido por un singular Adolfo Suárez. Es la información que el propio Gobierno dio a través del télex que la Dirección General de Política Interior envió a los gobernadores civiles, que decía: “Se ha aprobado […] el texto del proyecto de reforma constitucional. Las directrices que […] presiden el documento pueden resumirse así: a) El pueblo español decidirá su destino político. b) […] La reforma responde al sentir mayoritario del pueblo…”.

Menester es situarse en aquel tiempo para medir el alcance de estas afirmaciones que hoy nos parecen habituales pero que en 1976, con el cuerpo del ‘Caudillo’ todavía caliente y con todos los cargos políticos franquistas en sus puestos, ponen los pelos de punta. Y, sin embargo, ¿quién se acuerda de estos hechos, cimiento imprescindible de nuestra actual convivencia en libertad?

La norma fue luego sometida a refrendo del pueblo español  -como prometió el presidente Suárez- el 15 de diciembre de 1976. Participó el 77,4 %. Votos afirmativos, 94,2 % y 2,6 %, negativos. La Ley apareció en el BOE del 5 de enero de 1977.

Los españoles de hoy -confiados en que las libertades políticas son imperecederas y nacen espontáneamente- hemos olvidado estos decisivos acontecimientos. Los jóvenes, simplemente los desconocen.

Sin embargo constituyen una ejemplar página de nuestra reciente historia constitucional y un contundente testimonio de generosidad, sensatez y virtud política.

Aquellos protagonistas antepusieron el interés general al suyo propio, gesto del que no andamos sobrados en nuestra ya larga trayectoria como nación. Justo es reconocerlo.

¿SIGUE SIENDO EL REY ‘MOTOR’ DE LA ESPAÑA NECESARIA?

Además de ejemplar, aquel hecho histórico es hoy especialmente relevante porque muestra una senda bien clara para reconducir el Estado de las Autonomías, saltando también ‘de la ley a la ley’, y pudiendo incluir, sin mayores obstáculos que los superados entonces, la propia reforma constitucional. Faltan el coraje, la lealtad, la honradez y la inteligencia política de los que entonces asumieron la representación partidaria de los españoles; pero el motor de aquel cambio -el rey Juan Carlos- sigue ahí, con capacidad más que suficiente para asumir, si así lo quisiera, otra responsabilidad histórica de necesidad y grandeza muy similares.

Sabido es que tras abortar la conjura desestabilizadora del 23-F, Don Juan Carlos convocó urgentemente, para el mismo martes 24 de febrero por la tarde, dos reuniones sucesivas en el Palacio de la Zarzuela de excepcional importancia. A la primera, que en definitiva se constituyó como una reunión improvisada de la Junta de Defensa Nacional, asistieron los cuatro altos mandos militares miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM): los tenientes generales del Ejército del Aire Ignacio y Emiliano Alfaro Arregui, el teniente general del Ejército de Tierra José Gabeiras Montero y el almirante de la Armada Luis Arévalo Pelluz. En la segunda estuvieron presentes, junto al presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez, los principales líderes políticos con proyección nacional: Felipe González, Agustín Rodríguez Sahagún, Santiago Carrillo y Manuel Fraga.

Y ambas tuvieron por objeto efectivo señalar el camino de la inmediata reconducción institucional, tanto en el ámbito militar como en el civil; alentar la estrategia política necesaria para restañar las heridas sociales abiertas con aquella lamentable intentona golpista y, por último, reimpulsar el anhelo común de una convivencia democrática, cosa entonces felizmente lograda. Y uno se puede preguntar ¿por qué razón no se debería reeditar ahora ese tipo de convocatoria o llamada regia ante la necesidad evidente de salvaguardar España de la ruptura independentista…? ¿Por qué no fuerza la Corona, como entonces forzó, una acción política común para reponer en su justo valor, ético e histórico, a la Nación Española…? ¿Qué temor hay a reconducir los excesos autonómicos ‘de la ley a la ley’, incluso reformando la Constitución si fuera menester…?

Quizás, la cuestión estribe en que, a las actuales ‘élites dirigentes’, el papel de la Corona, el desbarajuste autonómico, el sistema de corrupción política, la debilidad de la Nación y del Estado y la propia democracia convertida en partitocracia, les va como guante de seda para campar a sus anchas… No saben, ni quieren saber, ‘a qué llamamos España’ o a qué queremos llamar España en el futuro: lo suyo es arramplar con todo lo que se pueda y ‘quien venga detrás que arree’.

Atentos, pues, a la castuza política, porque puesta a tener que asumir reformas institucionales ‘de verdad’ si llegara el caso, no dejará de afanarse en hacerlas a favor de aguas, en reformar ‘a mejor’ para ella y ‘a peor’ para España. El ‘síndrome del último pelotazo’ está ahí, bien latente en el genoma de la actual clase dirigente, solidaria sobre todo consigo misma…

Decíamos que Aznar reclama angustiado al presidente Rajoy que ‘lidere’ a España frente al separatismo. Pero, con independencia de la sordina que el establishment pone a todo lo que dice el actual presidente de honor del PP, estimamos que alcanzar tal objetivo es, por la persona invocada al efecto, metafísicamente imposible, y que el único Alejandro Magno de andar por casa capaz de cortar el tremendo ‘nudo gordiano’ de la debacle nacional que se nos viene encima, es, todavía hoy, el rey Juan Carlos.

Paréntesis. El término ‘nudo gordiano’ procede de la leyenda griega y ha permanecido en el lenguaje universal para dar nombre a un problema difícil o casi imposible de resolver, un obstáculo difícil de salvar o una situación de difícil desenlace, en especial cuando ésta sólo admite soluciones creativas o propias del pensamiento colateral. “Cortar o desatar el nudo gordiano” significa resolver de forma tajante y sin contemplaciones un problema o, dicho de otro modo, es descubrir la esencia de un problema para poder revelar todas sus implicaciones y superarlo.

ESPAÑOLES SIN TRAMPA NI DISFRAZ

Dedicar nuestra Newsletter a procurar una mayor grandeza de la Nación Española, y más aún a su civilizada defensa ante amenazas ‘hermanas’, es una honrosa obligación patriótica y moral. Pero, queriendo ser más eficaces en ese atractivo empeño, también corremos el riesgo de convertir una simple ‘carta’, no en un libro, sino en una enciclopedia, cosa a la que ya se han dedicado muchos y muy notables filósofos, historiadores, políticos y ensayistas en general, con mayor capacidad que la nuestra.

Sin embargo, y tratando de que algunos de los políticos en activo se desprendan de la careta con la que disimulan sus intereses más mezquinos y encubren su pérfida deslealtad a España, y de que otros no caigan en esa misma falta innoble, no queremos concluir esta edición sin reproducir los párrafos finales de un ensayo memorable de Pedro Laín Entralgo, titulado precisamente ‘A qué llamamos España’:

(…) A mí dadme, os lo ruego, españoles sin trampa ni disfraz. No, no me deis esos hombres que para afirmarse a sí mismos necesitan enarcar el pecho, engolar la voz y convertir en gesto de hidalgo amenazador o de hidalgo derrotado -en definitiva, de hidalgo fingido- su oficio o su puesto en la vida pública; y tampoco los que astuta o despectivamente muestran estar de vuelta de todo, cuando  nunca estuvieron de ida, verdaderamente de ida, ya me entendéis, hacía nada de aquello que de que simulan volver; y mucho menos los que corean y aplauden, como si fuese esto lo más propio de todos nosotros, la jactanciosa crispación de falsa emperatriz destronada con que la danzadera de turno quiere mostrarse “diferente”; y todavía menos los que descocada o untuosamente llaman ascética y apostólica a su acuciosa búsqueda o a su gustosa posesión del lucro y el poder.

A mí dadme, os lo ruego, españoles sin trampa ni disfraz. Los que sin mesianismo y sin aparato trabajan lo mejor que pueden en la biblioteca, el laboratorio, el taller o el pegujal. Los que saben conversar, reír o llorar con sencillez, y a través de sus palabras, sus risas o sus lágrimas, os dejan ver, allá en lo hondo, esa impagable realidad que solemos llamar “una persona”. Los que saben moverse por la anchura del mundo sin abrir pasmadamente la boca y sin pensar provincianamente, recordando las truchas, las novenas o los entierros de su pueblo, que “Como aquello, nada”, o que Dios reina en su tierra “más que en todo el resto del mundo”. Los que por hombría de bien, cristiana o no cristiana, saben ver y tratar como personas, como verdaderas personas, a quienes con ellos conviven. Los que frente a la jactancia ajena, dicen “No será tanto” y ante la desgracia propia saben decir “No importa”. Tantos y tantos así, entre los que todavía andan y esperan por las avenidas estruendosas o por las silenciosas callejuelas de España.

Para que el vivir en mi tierra me sea de cuando en cuando consuelo o regalo, a mí dadme, os lo ruego, españoles sin trampa ni disfraz.

Lo dicho. La Nación Española vuelve a mostrarnos los síntomas de su crisis soterrada, su más inhóspita, cruel y absurda realidad, como con imperecedera constancia también reaparece el Guadiana tras su curso subterráneo por los viejos y siempre quijotescos campos de España. Pero sin que los salva-patrias que hoy quieren gobernarla, con Corona o si ella, sepan ‘a qué’ llamamos tal cosa, ni a qué queremos llamar España en el futuro.

El vitalismo y el espíritu deportivo del Monarca son ciertamente admirables. Habituado ya a entrar y salir de los quirófanos como Pedro por su casa, con el esqueleto quebrado en demasiadas ocasiones y aquejado también de algunas dolencias no traumáticas bastante serias, siempre nos sorprende con sus rápidas recuperaciones, de vuelta inmediata a sus obligaciones de Estado y aguantando el tipo de forma meritoria. Da gusto verle regresar a las trincheras del tajo cada dos por tres, sin perder nunca su buen humor y apañándoselas como puede para quedar lo mejor posible con el protocolo que le impone su alta dignidad.

No se equivocan quienes, por esa y otras muchas razones bien conocidas, afirman cariñosamente que Su Majestad es un crack. Aunque a veces la artificialidad de tanto sacrificio, de tanta sonrisa y campechanía, y de tanto “todo va estupendamente” en boca de sus más allegados -cuando la realidad afirma todo lo contrario-, no dejan de identificar cierta hipocresía regia, por demás en plena sintonía con la misma práctica diplomática de la actual clase dirigente.

UN DEBATE DESTRUCTIVO PARA LA CORONA, GANADO A PULSO

Pero, con todo, hay quienes, razonablemente preocupados con la salud de Don Juan Carlos y con la salud de la Monarquía -que pueden ser la misma cosa-, han venido montando la marimorena con el tema sucesorio, con el todavía inédito desarrollo legal del Título II de la Constitución (dedicado a la Corona) y con una de sus necesidades más perentorias: el Estatuto del Príncipe Heredero. Y el lío es tan fenomenal que algunos de estos inquietos y leales amigos de la institución monárquica van dejando a través de sus comentarios públicos una estela de opiniones zigzagueantes, de forma que a veces son partidarios de la abdicación del Rey en el Príncipe Heredero, otras la combaten afirmando la conveniencia de que Don Juan Carlos permanezca vitaliciamente como Rey de España y, otras, hasta han llegado a pedir la abolición de la preferencia sucesoria del varón sobre la mujer que, como moderna Ley Sálica, la Constitución establece en su artículo 57.1.

Lo cierto y evidente, y allá quienes no quieran verlo así, es que, en gran medida, a la Corona le sobra debate porque, en efecto, le falta el sustrato de su adecuado desarrollo jurídico, de la norma legal que regule los muchos hilos que la Constitución de 1978 dejó sueltos al consagrar la Monarquía Parlamentaria, y porque, le duela a quien le duela, el Rey, que es el Jefe del Estado, nunca se ha comprometido con su unidad y permanencia ni con el funcionamiento regular de las instituciones, como quedó obligado por los constituyentes (artículo 56.1 CE). Y es que la Corona, que no es absolutista sino democrática, no debió dejar jamás al albur de las circunstancias ni al albedrío propio, o peor aún al del Gobierno de turno, la resolución de los problemas que afectan a su propio futuro.

En relación con ese tipo de criterios variables y dispersivos, no deja de ser elocuente la forma en la que Pedro J. Ramírez inició su artículo de opinión titulado ‘Fantasía de la jura del Príncipe Regente’ (El Mundo 29/09/2013):

Los mismos que hace unos meses, cuando hubo que operarle de la espalda, propugnaban la abdicación del Rey, ahora que ha habido que volver a operarle de la cadera, han propugnado la Regencia. Se trata de la misma intriga sólo que disfrazada de forma menos agresiva: el Príncipe asumiría las funciones del Jefe del Estado sólo de forma provisional, pero esa interinidad se prolongaría indefinidamente con las coartadas de la larga convalecencia, la mala salud general y la avanzada edad del Rey. Eso supondría que cuando se produjera el fallecimiento de Don Juan Carlos, el heredero subiría al trono con la experiencia de haber ejercido durante años como Príncipe Regente.

El debate ha sido impulsado por personajes ambiciosos con mucha prisa por asegurarse posiciones de influencia en un imaginario nuevo régimen felipista y ha contado otra vez con activos topos en el entorno de la propia Casa Real. Pero también ha sido alentado por políticos y comentaristas que han encontrado eco en una opinión pública sensible a los argumentos del relevo generacional, los crecientes achaques de un «anciano que lucha por su salud» o la gran preparación del Príncipe.

La última trinchera de estos impulsores de la jubilación de facto de Don Juan Carlos es la demanda de una regulación de las funciones del heredero de la Corona que en la práctica permita a Don Felipe ejercer como Jefe del Estado antes de serlo. Desde El Mundo siempre hemos defendido la necesidad de desarrollar el Título Segundo de la Constitución mediante una Ley del Rey que establezca los derechos, deberes e incompatibilidades de los miembros de su familia o sus propias obligaciones a la hora de informar al Gobierno sobre actividades privadas o viajes al extranjero. Pero una cosa es que en ese contexto quepa precisar supuestos relacionados con la abdicación, la Regencia o la delegación de funciones en el Príncipe y otra que haya que legislar a uña de caballo para encontrar la manera de quitar de en medio a Don Juan Carlos cuanto antes.

La mayor utilidad de haber sacado a colación el artículo 59.2 de la Constitución ha sido recordarnos el terrible castellano en que está redactada nuestra Carta Magna. Dice literalmente: «Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero». ¿Cómo que «si el Rey se inhabilitare»? ¿A qué viene ese reflexivo? ¿Significa que sólo habría lugar a la Regencia si el daño físico o mental que le impidiera desempeñar sus funciones se lo hubiera causado el Rey a sí mismo? Es verdad que Don Juan Carlos venía dando muestras desde su juventud de una inaudita capacidad de estamparse contra puertas, tropezarse en escalones y meterse en charcos. Cualquiera diría, sin embargo, que los constituyentes lo interiorizaron hasta el extremo de no contemplar las demás hipótesis de avería grave en la real persona, fruto de los imponderables de la salud o la acción de terceros. (…)

Claro está, que para reafirmar nuestra tesis de las opiniones cambiantes y del permanente y pernicioso oportunismo en el que se envuelve el debate sobre la Corona, también conviene leer el párrafo final del mismo y extenso artículo de Pedro J., otrora destacado azote de Don Juan Carlos, que es todo un poema en línea con el original ‘Cosas tenedes’ del ‘Romancero del Cid’ (después convertido en el popular ‘Cosas veredes’):

(…) Como, a diferencia de tantos otros, nunca le hice la pelota a Don Juan Carlos, puedo repetir aquí lo mismo que acabo de declarar en la edición norteamericana de Vanity Fair: siempre habrá sombras «embarazosas» que planearán sobre su figura, pero «en el fondo» ha sido y sigue siendo «un gran Rey». Además la edad no está en el esqueleto sino en el corazón y cualquiera que se fije, en esa foto que ocupó la portada de El Mundo, en la mirada pícara y chispeante que, clavado sobre sus muletas, dirigió horas antes de volver a pasar por el «taller» a la cámara de Alberto Cuéllar, se dará cuenta de que Don Juan Carlos se siente a veces como el travieso Tom Sawyer, a punto de presentarse en la iglesia en la que se celebra su propio funeral o de colarse en el taller en el que se pinta el cuadro de la jura de su heredero. Que los impacientes sepan que cuando a Sorolla le encargaron en 1890 que concluyera el histórico óleo de Jover sobre la proclamación de la Regente que hoy remeda Ricardo Martínez con el talento que siempre honra a esta sección, tardó ocho años más en entregarlo.

Por fin, y aunque con gran displicencia y sosteniendo que “siempre habrá sombras ‘embarazosas’ que planearán sobre su figura”, Pedro J. reconoce que “en el fondo”, Don Juan Carlos “ha sido y sigue siendo un gran Rey”. Todo un gesto -a algo se deberá- por parte de uno de los periodistas que más sañudamente ha atacado a la Familia Real desde la instauración de la actual Monarquía Parlamentaria.

Paréntesis. Secondat (seudónimo de Manuel Jiménez de Parga, catedrático emérito de Derecho Constitucional, ex ministro de Trabajo, ex consejero de Estado y ex presidente del Tribunal Constitucional) acaba de firmar un Brevete en el mismo diario El Mundo (08/10/2013), titulado ‘Una reina’, también curioso y sin duda justo con la persona de Doña Sofía, pero que “en el fondo” -como diría el director del periódico- no deja de ser, por pura contraposición, otro de sus duros y reiterados varapalos al comportamiento de su consorte, el rey Juan Carlos, e incluso al del resto de la Familia Real:

Considero que fue un acierto el suplemento del periódico, de este fin de semana, dedicado a la Reina Sofía. Ciertamente me parece la figura más destacada de la actual cúpula de la Monarquía española. Al conocerse, a mediados del siglo XX, su posible matrimonio con el príncipe Juan Carlos, en la opinión española abundaron las posiciones críticas a tal enlace. Se trataba de una princesa griega de origen alemán y este perfil no parecía encajar en la imagen de la futura reina española. Sin embargo, pronto se demostraría el error de tales apreciaciones y la Reina Sofía ha resultado la mejor de su entorno. Su discreción es muy valiosa y su resignación ante el comportamiento del Rey resulta digna de elogio. Mientras la institución monárquica va perdiendo adeptos, En España podemos afirmar que contamos con una gran reina.

Pero que, ahora, cuando el rey Juan Carlos se ha convertido por desgracia en amigo inseparable de los quirófanos -algo que no se hace precisamente por entretenimiento- y su decaimiento físico va siendo cada vez más evidente, natural e inevitable, Pedro J. pida calma a los “impacientes” que propugnan su abdicación o una regencia del príncipe Felipe anticipadas, suena sin duda alguna raro, raro, raro. No obstante, nosotros no vamos a entrar en el debate de la sucesión regia, cosa que para muchos españoles ya carece de importancia, porque hoy por hoy los temas sustanciales son otros y, entre ellos, el de la validez misma del modelo político actual y el de si la Monarquía sobrevivirá o no al ‘juancarlismo’.

EL FUTURO DEL ESTADO, ANTES QUE EL FUTURO DE LA CORONA

El tiempo perdido desde 1978 con el devaneo sobre el desarrollo legal de la institución monárquica ha pasado, y lo que cada vez se muestra como más problemático es la supervivencia del Estado, no ya la de la Monarquía, que es cosa distinta y, en esa comparación, bastante más secundaria. En estos momentos, el debate sobre el futuro de la Corona puede ser accesorio, mientras que lo prioritario, sustancial y urgente, es garantizar el futuro de España, todavía invertebrada como ha reconocido el propio rey Juan Carlos tras sus casi 40 años de reinado; grave problema (el de ‘a qué llamamos España’ o a qué queremos llamar España en el futuro) ante el que cada vez se desdibujan más los factores e instituciones que podrían ser instrumentos de unión, de separación o de conciliación.

Ahora, y con la que está cayendo -que algunos antipatriotas y desleales no quieren ver ni por asomo-, el PSOE propugna torpemente nada menos que el Estado Federal; el PSC reclama eso mismo, que ya es decir, pero con un plus de bilateralidad entre España y Cataluña; los independistas catalanes y vascos, exigen lógica y llanamente el Estado propio; Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) -antes liderada por el mismo Jordi Pujol que como President de la Generalitat de Catalunya colaboró modélicamente durante 23 años con la gobernabilidad del Estado español- clama cuando menos por el ‘soberanismo’, palabro con reflejos absolutistas y ribetes jacobinos que no se sabe bien qué mala cosa es, mientras su coaligada en CiU, la hasta ahora modosa Unió Democràtica de Catalunya (UDC), lanza un órdago a la grande demandando el Estado Confederal.

Otro paréntesis. ¿El antes comedido Josep Antoni Durán i Lleida pretende, a estas alturas de su vida y de la propia historia, urdir una unión de ‘Estados’ confederados que conserven su soberanía y acepten algunas leyes comunes…? ¿Con reyes o reyezuelos propios…? ¿Integrados en un Reino común…?.

Una dinámica en escalada de auténtico ‘patio de Monipodio’, difícilmente reversible, que ha arrastrado al mismísimo PPC a convertirse al catalanismo y a propugnar una ‘limitación de la solidaridad’, o sea una ‘solidaridad asimétrica’ en beneficio de Cataluña, enmarcada en una “nueva transición” como solución al órdago soberanista que tiene lanzado el Govern de la Generalitat (¿acaso liderada por el timorato Rajoy?). Y llevado también al ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz, ‘pisacharcos’ oficial del Gobierno del PP, a asegurar en una entrevista concedida a Antena 3 (07/10/2013), sin que el tema le competa directamente, que él es partidario de aplicar el ‘principio de ordinalidad’ (otro palabro estúpido), es decir una especie de ‘cuadratura del círculo’ mediante la cual la solidaridad interterritorial de Cataluña, que es -sin más- un principio constitucional, no significaría perder posiciones en el ranking de financiación...

Dicho de otra forma, estamos ante un descalabro discursivo total, bien visible para el observador menos idiotizado, en el que el ‘macizo de la raza’ comienza, entre otras cosas, a dejar en claro fuera de juego a la institución monárquica. Y no digamos en donde la está dejando la izquierda más ortodoxa -en fuerte crecimiento-, la misma que en la Transición, con Santiago Carrillo de jefe de filas, tuvo el gesto de enterrar la hoz, el martillo y la propia bandera republicana.

Todo ello realimentado continuamente con una avalancha de declaraciones institucionales pre-independentistas, pulsos inconstitucionales al Estado y a la Corona y festejos sociales de gran proyección internacional despreciando la unidad de España y todo lo que significa un proyecto histórico común. Aunque los oráculos del poder auguren que “todo va estupendamente”, los heraldos negros que anuncian la debacle nacional cabalgan de nuevo, con la España ‘unitaria’ cada vez más olvidada y hasta proscrita (no se olvide a los militares empurados por los gobiernos de turno sólo por haber invocado el artículo 2 de la Constitución en el que se consagra “la indisoluble unidad de la Nación española”).

Un continuo ‘desandar’ histórico en el que lo más razonable que no se quiso hacer ayer, hoy ya sería aceptado casi como una solución milagrosa; lo que no se quiere hacer hoy, mañana será añorado como una solución imposible, y lo que no se haga mañana nos llevará al desastre de pasado mañana…

Nada más tomar posesión de su cargo como presidente del Consejo de Estado en mayo de 2012, y cuando ya algunos comentaristas monárquicos inquietos pedían que el rey Juan Carlos abdicara en favor del Heredero de la Corona tras el ‘tropezón’ que supuso su cacería de elefantes en Botswana, José Manuel Romay Beccaría decretó en una entrevista concedida al diario ABC (21/05/2012): “No hace falta hacer ninguna ley sobre la familia real. La Corona está muy bien”. Pero aquella encomiable sentencia política, fue, evidentemente, más un deseo personal del declarante que una expresión de la realidad histórica.

Aunque hoy, y visto cómo han evolucionado las cosas en poco más de un año, el ya octogenario oráculo de Rajoy -y al parecer también de la Corona- quizás no piense lo mismo. De hecho, el pasado 1 de octubre, al hacer un elogio de la figura de Su Majestad durante su intervención en el acto de entrega de la XII edición de los premios ‘Montero Ríos’ y ‘Iurisgama’, otorgados por la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid, Romay dijo que los españoles “sabemos que al Rey le duele España”, lo que quiere decir que alguna razón habrá para ello.

Tras afirmar también que “los españoles sabemos quién es el Rey y lo que ha hecho”, Romay recordó a continuación la intervención de Su Majestad ante el golpe de Estado del 23-F, “una noche de invierno” en la que “España encallaba en el corazón de las tinieblas”. Y agregó: “Don Juan Carlos interrumpió ese enloquecido viaje al fin de la noche. Esa noche oscura, el Rey convirtió Waterloo en Austerlitz; el resto, como en Hamlet, el resto es silencio”…

Para el presidente del Consejo de Estado, y como especial cuenta de ‘haber’ en el balance “todavía lejano” del reinado de Don Juan Carlos, habrá “una noche que los españoles ni podemos ni debemos olvidar”: la del 23-F. Lo que pasa es que, sin querer minusvalorar los méritos de la Corona, muchos de esos españoles ya tiene olvidado el 23-F, como se olvidaron del 14 de abril de 1931 (proclamación de la II República), del 18 de julio de 1936 (Alzamiento Nacional) y del 1 de abril de 1939 (fin de la Guerra Civil), y otros tal vez no vean el papel del Rey en aquella triste noche golpista de febrero de 1981 exactamente igual que lo ve Romay Beccaría.

Pero, para atizar más el debate, en ese mismo acto, el galardonado con el premio ‘Iurisgama’, el catedrático emérito de Derecho Administrativo José Luis Meilán Gil, quien como el propio Romay Beccaría fue antiguo alto cargo político del franquismo, dejó bien claro que el Estado de las Autonomías, tal y como hoy está configurado, no responde -en su opinión- al espíritu constitucional, “que no incita a la uniformidad” entre comunidades. Y recordó al respecto que, en principio, no se pretendía la creación de 17 parlamentos legislativos, sino sólo en aquellas autonomías que antes de 1978 ya tenían estatutos aprobados por referéndum (es decir, Galicia, País Vasco y Cataluña), correspondiendo al resto simples asambleas normativas.

Es más, a su juicio, se ha hecho un “uso indebido” del artículo 150.2 de la Constitución, el que permite el traspaso de competencias a las comunidades y cuya eliminación de la Carta Magna ha defendido en varias ocasiones precisamente Romay Beccaría. La “uniformidad” del hecho autonómico, concluyó Meilán, es “espuria”. Ahí la tenemos a la más fea de la reunión y el que quiera que la baile…

EL GOBIERNO Y LA MONARQUÍA, SIN POLÍTICA

En un artículo reciente y acertadamente titulado ‘Este Gobierno, sin política’ (El País, 01/10/2013), Miguel Ángel Aguilar sostenía: “Este Gobierno, como gusta decir la vicepresidenta para todo Soraya Sáenz de Santamaría, desiste de hacer política. Prefiere manos libres y entregarse al automatismo de las instituciones. Mariano Rajoy, cuya agenda le ha impedido complacer al presidente norteamericano, Barack Obama, empeñado en recibirle en el despacho oval de la Casa Blanca, es un declarado partidario de la putrefacción de los asuntos”.

Y, tras argumentar su tesis con ejemplos bien palpables, como los del ‘problema catalán’ y el ‘caso Bárcenas’, y otros igual de evidentes en el plano de la política económica del Gobierno, concluía insistente: “(…) Se ha optado por la putrefacción de los asuntos, anclados en el recurso de confiarlo todo al automatismo de las instituciones, que se condensa en el mantra de que este Gobierno está entregado al cumplimiento de la Constitución y las leyes. La cuestión es que precisamente a partir de ahí empieza la política y de eso no hay. En la interpretación de esa actitud mariana hay dos escuelas de pensamiento. Para la primera todo resulta de la gandulería del presidente. Para la segunda, enseguida veremos que todo se fía a la utilidad que pueden brindar las ‘causas fracturantes’ que mencionaba Soledad Gallego Díaz en su columna del domingo. El consejero áulico, Pedro Arriola, se reunió el miércoles 25 en Génova con los secretarios regionales del PP y les dio las claves. Atentos”.

Pero es que, la opción manifiesta de Rajoy “por la putrefacción de los asuntos, anclados en el recurso de confiarlo todo al automatismo de las instituciones”, es decir su síndrome de inacción política, no solo incide nefastamente en todos los organismos instrumentales del Estado (ya invadidos por la politización partidista). Además, también alcanza al Rey (o a la Corona), cuyos actos, a tenor de lo establecido en el artículo 56.3 de la Constitución, “estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 [por el Gobierno y en lo señalado en el artículo 99 por el Presidente del Congreso], salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 [nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa]”.

Dicho de otra forma, Miguel Ángel Aguilar, que es poco o nada sospechoso de acosar o criticar a la Corona, también podría escribir, no obstante, otro artículo de opinión titulado ‘Esta Monarquía, sin política’. Y con argumentos tan visibles como los que utiliza para retratar la inacción ‘mariana’…

Que el Gobierno tampoco está porque la Monarquía mueva un solo dedo ni siquiera en defensa propia, es más que evidente (el PP siempre vio con recelo el especial entendimiento de la Corona con el PSOE). Así que todos a cocerse en la misma olla podrida del poder partitocrático, hoy convertido en un contrapunto del Saturno goyesco: o sea, no el que devora a sus hijos, sino el que está siendo devorado por éstos.

FIESTA NACIONAL: LA CORONA TIENE UN PROBLEMA

En ese trance forzado y casi grotesco, podríamos registrar también la imagen del príncipe Felipe presidiendo por primera vez, junto a Doña Letizia, el desfile del 12 de Octubre, que es el Día de la Fiesta Nacional de España, cumpliendo a la luz de la opinión pública una ‘representación’ del Jefe del Estado (y/o en su caso del “mando supremo” de las Fuerzas Armadas), cuando menos confusa, porque constitucionalmente las funciones del Rey son indelegables. Y, por supuesto, después de dejar aparcada en la Zarzuela a la Reina Sofía (“la figura más destacada de la actual cúpula de la Monarquía española”, según el atinado Brevete de Secondat), como si fuera ‘la perfecta casada’ del Siglo de Oro que describiera el agustino Fray Luis de León, desplazada protocolariamente y arrinconada por Doña Letizia, ahora promovida a ‘perfecta mujer’ aunque todavía sea simplemente ‘consorte del Heredero’ (y está por ver si pasará o no pasará de ahí).

Una extraña situación, fuera de reglamento y de protocolo generada nada menos que por decisión de Su Majestad el Rey, según anticipó El Mundo (11/10/2013) en la víspera de autos, y en base a una supuesta potenciación del llamado ‘núcleo central de la Familia Real’ (¿acaso la Reina es esposa, madre y suegra ‘adoptada’…?). ¿Pero es que, en ausencia del Rey, el presidente del Gobierno no podía haber presidido el desfile de la Fiesta Nacional…? ¿Por qué tanto interés en convertir a los príncipes de Asturias en la salsa irremediable de todos los guisos, a veces todavía fuera de punto…? Raro, raro, raro.

Y lo cierto es que, además, el príncipe Felipe presidió el desfile militar más importante y protocolario del año vistiendo uniforme militar correspondiente al simple empleo -con perdón- de teniente coronel del Ejército, virtual en todo su sentido, como los otros dos que viste de la Armada y del Ejército del Aire -colección una en esencia y trina en persona- porque jamás ha ocupado plaza de destino que los justifiquen. De esa curiosa forma, recibió saludos y novedades militares de generales y almirantes situados muy por encima de él en la jerarquía castrense, pasando de hecho revista a las tropas que rendían honores ‘escoltado’, tres pasos atrás, nada menos que por todo un almirante General y, más atrás aún, por un teniente general (claro está que, aunque pueda parecer otra cosa, el Gobierno y la Corona se pasan por la faja el escalafón militar y a las propias Fuerzas Armadas). Torpe, torpe, torpe.

Según las fuentes consultadas por El Mundo (que no se sabe cuáles son), la chafarrina de vetar la presencia de la Reina de España nada menos que en el desfile de la Fiesta Nacional se debe a la razón gratuita de que éste es un “acto militar” (siempre estuvo en todos los precedentes) y “porque de haber asistido su estatus protocolario hubiera sido superior al del Príncipe y porque el Heredero tiene presencia suficiente como para evitar la figura de la Reina Madre” (y por supuesto que ésta la tiene para evitar la de él). Sin embargo, ese estatus superior de la Reina tampoco impidió que, de forma todavía más inconcebible Doña Sofía ocupara su degradado espacio en la recepción del Palacio Real que sigue al desfile militar un pasito por detrás de su hijo y de su querida nuera (véase la reveladora foto que ilustra esta Newsletter). Lioso barullo, que suena sobre todo a maniobras palaciegas y a tejemanejes  -trepa que trepa- de Doña Letizia…

Pero si lo dicho fuera poco vergonzoso y vergonzante, El Mundo anticipaba también -y así sucedió realmente- que, a pesar de la trascendencia de la celebración, en el desfile se interpretaría la “versión corta” del himno de España (de 26 segundos frente a la de 52 que se habría interpretado en presencia del Rey), y que los militares saludarían al Príncipe a su paso por la tribuna presidencial, siéndoles devuelto el saludo, pero sin poder que lanzar el grito ritual de “¡Viva España!”, “porque no corresponde” en opinión de los sabios consejeros de la Corona (que la llevan por donde la están llevando), y que el ciudadano de a pie asistente si proclamaba por su cuenta y riesgo, ni que por supuesto la bandera nacional se inclinara ante quien no era Jefe del Estado. Y, entonces, uno se puede preguntar qué pintaba en realidad el Príncipe, vestido de teniente coronel poco menos que de prestado y con la Reina recluida en la trastienda, presidiendo un desfile que en vez simbolizar el orgullo nacional a todo trapo cada vez se manipula más y más, llevándose al límite de la opereta. Lo dicho: la Corona tiene un problema con la Fiesta Nacional de España. Curioso, curioso, curioso, y grave, grave, grave.

Aunque, hablando de problemas, éste es un buen momento para recordar el esperpento que ya supuso la precedente celebración del 12 de Octubre de 2012, con silbidos a la Familia Real y al Gobierno bien contrapuestos a los habituales aplausos de homenaje popular a las Fuerzas Armadas. Si bien para evitar tal desaire ya se limite y desplace cada vez más la presencia popular en el desfile de la Fiesta Nacional (que el régimen posiblemente termine por disolver), restándole el esencial calor social de otras épocas.

En aquella ocasión, la fuerte polémica surgida en torno a la necesidad de “españolizar” educativamente a los niños catalanes, expuesta durante un debate parlamentario por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, motivó que el rey Juan Carlos, agriamente contrariado, comentara el caso con el presidente Rajoy, justo al finalizar el desfile, siendo captada tan tensa situación por las cámaras de televisión. Y, a continuación, durante la recepción celebrada en el Palacio de Oriente una vez concluida la parada militar, el príncipe Felipe, heredero de la Corona, afirmó con rotundidad que “Cataluña no es un problema”, repitiendo algo que ya había dicho en alguna otra ocasión y evidenciando, a la luz de los hechos, su escaso ‘ojo clínico’ (el papelón que jugó en el fiasco del ‘Madrid 2020’ también tuvo su trago).

La Exposición de Motivos de la Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de Octubre, sostiene: “La conmemoración de la Fiesta Nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos…”. Y, añade: “Sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más relevantes para la convivencia política, el acervo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal y la singularidad nacional de ese pueblo”.

Pero lo que ha conseguido la clase política española, sin duda con la Corona a la cabeza, es que la Fiesta Nacional contradiga su propia razón de ser, convertida en un acto frío, desmotivado, que incomoda evidentemente a las autoridades presentes (el propio presidente Rajoy dejó muy claro que para él los desfiles son “un coñazo”) y que cada vez se desarraigue más de las bases sociales. Hasta el punto de que los patriotas que acuden a ellos -cada vez de forma más acotada e incómoda a plena conciencia política-, no dejan de constituir ya por su menguante presencia una especie de ‘rara avis in terris’. ¿A quién va a terminar importando entonces la independencia de Cataluña y del País Vasco…?

Una situación verdaderamente lamentable, alimentada además por el visible desprecio que vienen haciendo de la Fiesta Nacional todos los presidentes nacionalistas de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno Vasco (Íñigo Urkullu y Artur Mas no se dignaron excusar su asistencia como invitados oficiales). Pero, si este desprecio institucional es tan evidente, y persistente, ¿por qué incomprensible razón no comporta ninguna respuesta adecuado por parte de las autoridades del Estado, sobre todo de su Jefatura (o de la Casa del Rey) y de la Presidencia del Gobierno, que son las políticamente ofendidas…?

¿Se imaginan nuestros lectores lo que sucedería ante un desprecio similar a la Monarquía británica o a la Presidencia de cualquier República democrática medianamente digna…? ¿Qué tipo de Monarquía Parlamentaria es la nuestra que permite, sino alienta, este tipo de deslealtades institucionales y formas políticas tan impropias del Estado constitucional…? ¿Por qué extraño motivo la Jefatura del Estado (la Corona) aguanta lo que aguanta y no exige el respeto debido a su alta magistratura…? ¿Acaso porque no se siente con fuerza moral para ello…?

Pero lo más curioso y gravemente contradictorio de toda esta descolocación de la Corona -y también del Gobierno- a cuenta de la Fiesta Nacional, es que, inmediatamente antes de su celebración, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, afirmara ante las cámaras de Televisión Española, no sabemos si porque es tonto o porque se lo hace, que estaba percibiendo una “bajada en la intensidad del sentimiento nacional”. Y achacó esta reacción ciudadana nada menos que al hecho -absolutamente falso- de que los españoles en general “ya tienen garantizado su bienestar, una seguridad y una nación”, de modo que este gran memo, negador de la evidencia más absoluta, considera lógico que, por ello, “el sentido patriótico” disminuya.

La verdad es que con el tipo de personal al mando, suelto por el Gobierno y por Zarzuela, antes de que termine la Legislatura todos juntos se pueden despeñar solitos, sin que nadie les empuje. El trile regio, bien captado por Pedro J. Ramírez, de que a partir de ahora la imagen de la Monarquía será la de Don Felipe (con Doña Letizia al lado y en incansable ‘camino de perfección’), sustituyendo, todavía sin Estatuto propio, a su egregio padre (cosa no precisamente fácil), o ‘representándolo’ -como prefiere hacernos decir la Casa del Rey- en funciones que constitucionalmente son del todo in-de-le-ga-bles, está servido. Pocas cosas hay en política peores que quemarse antes de tiempo. Y sino, al tiempo.

Esta Newsletter también podría titularse ‘Presupuestos de pacotilla’, ‘Un Gobierno cuchufleta’, ‘Los delirios del profesor Chiflado’ (en alusión directa al ministro que acaba de apadrinar y presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2914) o ‘Abundio, Panete y Pichote’ (el contumaz trio de la benzina empeñado en apuntillar la economía del Estado, es decir Rajoy, De Guindos y el propio Montoro).

Pero vamos a dejarlo como está, porque la gravedad del caso no admite chascarrillos como los que suele usar el graciosillo responsable de Hacienda y Administraciones Públicas para presentar sus argumentaciones técnicas, a veces tan falsas y ramplonas que merecerían apearle de la cátedra de Economía Aplicada (Hacienda Pública y Derecho Tributario) que en 1989 alguien le debió medio regalar en la Universidad de Cantabria, de la que tampoco podemos decir que en materia de Economía, Empresa y Negocios compita exactamente con Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, con el MIT o con la London School of Economics.

En términos muy elementales, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tienen la consideración -discutible- de ser la ley más importante que el Gobierno promulga anualmente, dado que debería determinar su política en la mayor parte de los ámbitos de actuación pública y ‘mover’ la economía estatal en el ejercicio anual correspondiente. Sin embargo, no es menos cierto que, como tales ‘presupuestos’ (‘pre’ = ‘antes de’ y ‘supuesto’ = ‘hecho formado’), sólo son una formulación aproximada ‘antes de lo hecho’: un plan de acción que pretende alcanzar una meta, expresada en valores y términos financieros, en el plazo determinado y bajo ciertas condiciones previstas, aplicado desde cada centro de responsabilidad del Estado, como serían los ministerios y otros organismos públicos.

Porque, claro está que, en la praxis, esta aproximación a los PGE tiene su ‘cocina’ y sus triquiñuelas maquilladoras. Pueden ser modificados sobre la marcha por el Ejecutivo, mediante Decreto Ley (con posterior convalidación parlamentaria) o por Decreto Legislativo, procedimiento excepcional pero ya convertido en habitual; prorrogarse automáticamente sin mayor debate hasta la aprobación de unos nuevos o pasar por trasvases artificiosos entre partidas y departamentos…, sin que en la práctica su cumplimiento original tenga un control o seguimiento puntual, excluyendo lo referido a la totalidad de ingresos y gastos del sector público estatal.

Y ello con independencia de la complicación que supone el hecho de que cada Comunidad Autónoma disponga de su particular Presupuesto General en función de las transferencias competenciales que haya asumido, con autonomía financiera para su desarrollo y ejecución, aunque teóricamente sujetos tanto al principio de coordinación con la Hacienda estatal como al de solidaridad entre todos los españoles. Y de que, además, a los Presupuestos Públicos en sus versiones estatal y autonómicas se les añada un oscuro y adaptativo cajón de sastre como el invento comúnmente denominado ley ‘de acompañamiento’…

Aunque a priori no lo parezca, los PGE tienen una primera lectura y otra última, la de su inicio y la de su final, que suelen ser muy distintas. En los últimos cinco años, la conclusión de las cuentas públicas ha sido desoladora, un auténtico fiasco, razón por la que en los momentos actuales su mero enunciado produce verdadero escalofrío.

En los dos PGE anteriores, ambos elaborados por el Gobierno de Rajoy, el exceso de recortes y de impuestos asfixió la actividad económica y elevó la Deuda Pública en un crecimiento irresponsable, sin apenas lograr reducir el déficit; es decir, sin eficacia alguna, sin aumentar los ingresos ni disminuir los gastos públicos de forma equilibrada. Y en esta nueva versión del mismo proceso, todo indica -sobre todo por la debilidad de los ingresos y el grave deterioro del consumo- otro descuadre de las cuentas, que en esta tercera ocasión sería definitivamente mortal para el país.

Expresado de otra forma, en materia presupuestaria debe saberse, pues, que, como refiere la sentencia popular, de lo dicho a lo hecho va mucho trecho. Una realidad que, por ejemplo, se ha venido corroborando desde hace tiempo con falsas partidas de I+D para las empresas públicas que en realidad se han aplicado a sanear sus déficits financieros, con adquisiciones de sistemas de armas para las Fuerzas Armadas pagados de forma sin duda paradójica mediante créditos del Ministerio de Industria o con la aplicación de fondos reservados a fines que no son los legalmente previstos… Y, ya en los PGE para 2014, con la más que dudosa asignación de 506,15 millones de euros para la I+D militar (un 39,5% más que el año anterior): otro ejemplo bien revelador del mamoneo presupuestario mientras que los créditos a la I+D+i civil crecerán sólo un 1,3% (el CSIC verá congelado su presupuesto con 602 millones para el 2014).

Pero, al margen de este tipo de trapicheos y manipulaciones, lo cierto es que los PGE marcan un techo de gasto público que en la actualidad se aplica a parchear malamente las numerosas vías de agua que están hundiendo la economía pública, cada vez con mayor caudal de entrada, sin la menor aplicación práctica a la promoción de la economía productiva y a la creación de empleo, que es la única estrategia capaz de rescatar la nave del Estado de la procelosa tormenta en la que se hunde, para llevarla a un puerto más abrigado en el que se puedan ir reparando quilla y maquinaria en un proceso de rehabilitación por supuesto largo, delicado y costoso. Algo para lo que en su puente de mando hacen falta, obviamente, otros capitanes más avezados que los marineritos de aguas dulces que ahora la están mal gobernando, sin criterio ni rumbo adecuado.

Paréntesis: Respecto al desarrollo de la economía productiva, a Rajoy no parece interesarle el fenómeno de que, gracias a ella, en el País Vasco -que afortunadamente no se dedicó a malversar su capacidad inversora en chorradas políticas ni con burbujas inmobiliarias- hoy exista sólo un paro del 2% frente al 70% de Cádiz, por ejemplo. Pero, ¿tan difícil le parece al Gobierno leer con corrección la realidad de la economía nacional…?

EL JUEGO DE LA FICCIÓN PRESUPUESTARIA GUBERNAMENTAL

Nada más avistar el contenido de los PGE 2014, José Carlos Díez, uno de los economistas que no deja de contestar las torpezas gubernamentales, ya los definió como ‘Presupuestos de ficción’ en un artículo de opinión publicado en El País (27/09/2013) que no requiere más comentario, recordando que para incumplir el año pasado un objetivo del déficit público que fue cambiado tres veces en ocho meses, ya hubo que tomar, además, muchas medidas adicionales en el mes de julio.

Acto seguido, con los números en cuestión ya bien visibles en negro sobre blanco, y mientras los medios afines al Gobierno los definían meramente como austeros y duros para los empleados públicos, todas las fuerzas de la oposición los sometían a una crítica durísima, tildando los presupuestos para el 2014 de “tramposos”, “suicidas”,  “indiscriminados”, “injustos” y afirmando, desde luego con razón, que “aumentan la pobreza”.

Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, definió los PGE 2014 como la consolidación “del recorte en las políticas públicas” y de “la bajada del poder adquisitivo de los pensionistas y los trabajadores”, y también como un “ajuste duro e indiscriminado del Gobierno que ha empobrecido a los españoles y ha acabado con el sistema del bienestar”. 

Además, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, declaró: “El Gobierno ha presentado los presupuestos que culminan su recorte total y su mentira absoluta”, preguntándose por qué extraña razón si anuncia que habrá una recuperación económica recorta las pensiones.

En una línea similar, el coordinador de IU, Cayo Lara, advirtió que los presupuestos para 2014 “seguirán agudizando y trayendo más pobreza, menos salarios, menos prestaciones sociales y más precariedad en el empleo”. Durante su intervención en el último Consejo Político Federal de su partido señaló que “no hay luces verdes” y afirmó que el hecho de que se hayan incrementado las exportaciones, reducido la prima de riesgo o aumentado el turismo en España este verano “no significa que en lo concreto estemos con signos claros de recuperación económica”.

Para Cayo Lara las cuentas públicas del Gobierno “destruyen empleo tanto público como privado” y “aumentan la pobreza”, porque en vez de ser “unas cuentas para la recuperación”, como sostiene el Ejecutivo, alejan a España de la salida de la crisis. Lara ha advertido a Rajoy que sus presupuestos supondrán una caída aún mayor del consumo por la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones -cosa más que obvia-, denunciando que “congelan por cuarto año consecutivo el sueldo de los trabajadores del sector público” y que ello supone “un nuevo ataque del Gobierno” a dicho colectivo, afirmando que “la intención del Ejecutivo es deteriorar el sector público para justificar futuras privatizaciones”.

Por otra parte, Cayo Lara sostiene también que los ingresos previstos por el Ejecutivo son “raquíticos” e “injustos”, dado que el 82% de los mismos proceden de los ingresos vía IRPF, IVA e impuestos especiales, que es “lo que pagamos todos los que tenemos una nómina y todos los españoles al consumir", mientras que a través del Impuesto de Sociedades o de los beneficios del capital, sólo se conseguirá un 12,5% de los ingresos totales del Estado. Un análisis que se puede perfeccionar técnicamente pero que define la política económica gubernamental de forma palmaria, cargando sobre los más débiles los beneficios y las culpas de los más poderosos.

El portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Economía Aplicada, ha avanzado que su formación presentará una enmienda de la totalidad a los Presupuestos de 2014 por “tramposos” y porque “se resignan al estancamiento”. Y ha censurado que el Gobierno sostenga que en su proyecto presupuestario no hay recortes de gasto cuando el amplio colectivo de empleados públicos y pensionistas sí los va a sufrir. Los primeros porque de nuevo verán congelados sus  salarios y los segundos porque verán reducido su poder adquisitivo ante el incremento real del costo de la vida, pese al aumento del 0,25% que experimentarán sus ya reducidas pensiones: “Si eso no es un recorte importante, que afecta a 12 millones de personas, que venga Dios y lo vea”, resumió.

El parlamentario de UPyD también se ha quejado de que el Gobierno asegure que no habrá subidas de impuestos en el próximo ejercicio, cuando algunas de éstas ya se habían anticipado a la presentación de los PGE 2014 y ahora pura y llanamente se consolidan.  Del mismo modo ha criticado que el Ejecutivo haya incluido en su propuesta presupuestaria algunas subidas “cosméticas”, como sucede en la partida de I+D+i, que ahora amplía en 70 millones de euros un gasto cuando previamente se había recortado en 2.000 millones de euros…

EL MENSAJE FALAZ DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Pero la ficción presupuestaria del Gobierno llega al límite del escándalo y la vergüenza ajena cuando, además de elaborar unos presupuestos generales inútiles y aún dañinos para la reconducción de la crisis, los presenta con inusitado descaro como panacea de la ‘recuperación’. Sin ir más lejos, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido los presupuestos del Gobierno justamente como lo que no son, al considerarlos “realistas” y porque, insistiendo en el mensaje falaz del Ejecutivo de que suponen un punto de inflexión en la crisis, en su opinión personal “anticipan la recuperación del país”.

Con la verdad de los PGE 2014 encima de la mesa, Xavier Vidal-Folch publicaba en El País (03/10/2013), diario del que es veterano subdirector adjunto, un primer análisis sobre el tema que, como otros muchos de muy diversa procedencia, desbarataba la fantasmal imagen de unas cuentas del Estado ‘recuperadoras’ de las finanzas públicas, dejando en evidencia, una vez más, las mentiras del Ejecutivo (cuantitativa y cualitativamente sin precedentes en nuestra historia política más reciente):

Un ratón no es un elefante

Un gran truco de la magia es la “misdirection”: procurar que el público fije su mirada en un punto ciego, desviando su atención del lugar donde el artista produce la manipulación. En eso estamos.

Todo el verano, acaso para contrarrestar enojosos reveses político-judiciales, el Gobierno y sus heraldos han propagado si no el fin de la crisis, sí el de la recesión -cercano, pero aún no verificado-, y la “recuperación”. Se han dirigido a una ciudadanía que ni por asomo lo vive así.

El último en apuntarse a la campaña fue el ministro de Economía, Luis de Guindos. “Hemos tocado suelo” en cuanto a la destrucción de empleo, aseguraba hoy hace un mes, para enaltecer una escuálida mejora en agosto, 31 parados menos. Y ahora, ¿acaso es que el suelo se hundió más?

El problema del énfasis excesivo es que desvirtúa el carácter claramente positivo de muchos datos micro, e incrementa así la desconfianza del respetable. Pues no es igual un menor empeoramiento que una mejora sustantiva; una inferior celeridad de la crisis que su fin; una cercanía al crecimiento cero, que el relanzamiento; acercarse a tocar fondo, que rebotar hacia arriba. Si un ratón es un ratón, conviene no venderlo como si fuera un elefante.

Mariano Rajoy proclama desde Tokio que de lo que hoy se habla es de “cuán grande va a ser la recuperación”. Esto es aún más chocante que lo de los brotes verdes. Porque nadie habla de eso, se discute solo del probable retorno al crecimiento, siempre en dosis frágiles y escasas, un 0,7% para 2014, según el Gobierno. Ya es algo, pero no es la recuperación.

La recuperación implica restablecer las constantes vitales previas al desastre: entre el primer semestre de 2007 y el de 2013, España ha perdido un 5,3% acumulado de su PIB, cuatro veces peor que la eurozona. Las inversiones cayeron un 38%, justo el doble que la media de los socios. Y el paro, que en 2007 era del 8,6% en España y del 7,6% en la eurozona, alcanza ahora aquí el 26,2% y el 12,1% entre los Dieciocho, incluida España.

Sólo a partir de que igualemos los niveles de 2007, que implican reducir el paro a menos de un tercio del actual, podrá afirmarse que estaremos en la recuperación. Y a partir de entonces podrá otearse el relanzamiento. Pero no antes.

El problema no es ya que se venda como elefante un ratón. Es que el presupuesto (eso sí es sagrado) de 2014 se acaba de presentar como “el presupuesto de la recuperación”. Y si bien no contiene dislates como el de 2013 (la reducción prevista del PIB con que se elaboró fue del 0,5 y llegará casi a triplicarla), para afianzar la consigna recuperatoria se introducen tres efectos distorsionadores.

Primero, el “efecto fantasía”, al insistir Cristóbal Montoro en que “no habrá subidas de impuestos”, cuando las hay porque se mantienen los aumentos en IRPF, Sociedades, IBI y otros que se habían implantado solo para dos ejercicios, 2012 y 2013, y sin embargo se prorrogan para 2014. Y será fantástico que los ingresos aumenten un 2,1% (sobre recaudación prevista) o el 2,6% (sobre presupuesto 2013) con un crecimiento de la economía de sólo el 0,7%.

Segundo, el efecto “falso alivio”. El Gobierno confía cuadrar la cuenta gracias al cambio de ciclo, ese crecimiento del 0,7%: inferior a las previsiones de otros organismos, que profetizan un 1% largo. Si estos acaban teniendo razón, la sensación de mejora aumentará. Si no, el Gobierno habrá acertado. Siempre gana.

Tercero, el “efecto escaparate”: se aparenta que las pensiones suben (¿un 0,25%?) cuando de hecho bajará la capacidad adquisitiva de los pensionistas, porque la inflación será, al menos, del 1%. Parece que suben las becas, pero en parte a costa de la caída de las ayudas a libros, y en realidad ahí tampoco hay recuperación, pues descienden un 30% respecto de 2010. Se afirma que sube la partida para I+D, pero si se destripa, eso sucede porque sube la militar y baja -justo el doble- la civil. O sea. El ratón es un ratón. 

UNA DEUDA PÚBLICA SALVAJE E INSALVABLE

La verdad es que hacer un seguimiento crítico de la política económica del Gobierno ya es un tema, además de fácil y manido, bochornoso y agotador, cada vez con menos cabida en nuestras habituales Newsletters; y sobre todo realmente frustrante por el contumaz asentamiento de Rajoy en el error, inamovible gracias a una mayoría parlamentaria absoluta, que él malversa despóticamente como un cheque en blanco para hacer y no hacer lo que le venga en gana. Una última experiencia electoral a la postre lamentable que quizás sirva para hacer saltar por los aires el bipartidismo imperfecto y la casta política que lo representa, responsables, con nuestra acomodaticia Corona por delante, del actual hundimiento del Estado.

Por eso, sólo vamos a destacar el aspecto más preocupante de la situación. Una evidencia que ya fue anunciada hace tiempo por otros economistas críticos independientes, no pesebristas, como Santiago Niño-Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad ‘Ramón Llull’, o el más mediático profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona, José María Gay de Liébana. Ambos, como otros muchos expertos quizás menos extrovertidos pero igual de realistas, sostienen la imposibilidad material de que España pueda saldar sin más su Deuda Pública, que Rajoy se encontró situada en el 45 % del PIB (dentro de la media europea) y que en 2014 dejará elevada hasta el 100% del PIB y situada en el segundo puesto del ranking mundial, sólo detrás de la de Estados Unidos, que ya estamos viendo lo que supone.

El profesor Niño-Becerra, que acaba de publicar una nueva y argumentada obra sobre el trasfondo de la crisis, titulada ‘Diario del crash’ (Libros del Lince, 2013), sostiene con acierto que el problema de España es que su economía tiene una dimensión mucho mayor que la griega, la portuguesa o la irlandesa, y que, dada la creciente inyección de fondos necesaria para ser rescatada al estilo tradicional (como han sido rescatadas Grecia e Irlanda), no menos de 750.000 millones de euros, obviamente inexistentes, ya es ‘irrescatable’. En consecuencia, tarde o temprano, España será intervenida y regulada.

En su nuevo libro, este ácido pero solvente economista desmenuza el día a día de la terrible crisis económica que nos ha tocado vivir, analizando con gran acierto por qué  España dejó de ‘ir bien’; por qué tiene tantísimo paro; por qué es el país más duramente golpeado por la crisis; por qué fracasan las políticas de recortes, las reformas laborales, las políticas de estímulo y las de recortes... Y responde a las preguntas más elementales que todos nos hacemos y que el Gobierno de Rajoy ni se plantea contestar: ¿Cuándo va a terminar la crisis…? ¿Cómo será el mundo cuando termine esta época trágica…? ¿Qué quedará de la sanidad pública y de la seguridad social…?

Por su parte, el pragmático Gay de Liébana, igualmente aterrado con el crecimiento galopante de la Deuda Pública, que es un rápido e indiscutido logro del sabio Rajoy y sus aventajados economistas acólitos, reafirma a la vista de los PGE para 2014 que, introducidos en esa dinámica contumaz, seremos intervenidos de forma inevitable, simplemente porque es imposible pagarla (y cada vez lo será más), basándose para ello casi en sumas y restas propias de ‘la cuenta de la vieja’. Con un total de deuda pública de 978.000 millones de euros, de la que 685.438 corresponden a la Administración Central y 201.822 a las Comunidades Autónomas, y un PIB de 1.055.000 millones de euros, la imposibilidad de subsistencia económico-financiera es absoluta, razón por la que no se debería perder un solo día para renegociar la deuda a corto y medio plazo con los acreedores, sean éstos quienes fueren y con las quitas necesarias, algo inalcanzable para los pacatos gobernantes ‘merkelianos’ del momento.

LA IMPRESENTABLE POLÍTICA MARIANISTA DEL ‘VERLAS VENIR’

En realidad, lo que verdaderamente oculta el fervoroso seguidismo de Rajoy por la política que dicta Angela Merkel, que como no se le puede escapar ni al más tonto de la clase sobre todo va ‘a lo suyo’, es un cuadro sintomático inter-conectivo de vaguería física y mental, devoción por lo establecido, miopía prospectiva, aversión al cambio, egoísmo personal, servilismo de entorno y, en definitiva, de ‘verlas venir’ políticamente. Es decir, de que otros le hagan la tarea, que le arreglen lo suyo y le resuelvan los problemas de su propia responsabilidad: así ha sido su comportamiento desde que a los 24 añitos obtuvo su plaza concursal de Registrador de la Propiedad y así seguirá siendo, dado el recorrido de su cómoda vida personal, hasta su jubilación política y funcionarial.

Incluso la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que tampoco se caracteriza por enterarse bien de cómo va la cosa, ya se ha dado cuenta de que Rajoy es “el número uno en no darle importancia a nada”. A raíz de hacerse públicos los PGE 2014, publicó un post en su cuenta de Facebook (05/10/2013) de trasnochado corte rockero -muy suyo- pero bien elocuente al respecto:

¡A quién le importa! (Que decía Alaska...)

Si en algo ha demostrado Rajoy ser un número UNO, es en el arte de no darle importancia a NADA.

Desde los hilillos de plastilina, pasando por el cártel Gürtel-Bárcenas, o el grave desafío soberanista de Artur Mas, hasta -y esto es lo peor- el sufrimiento que la gestión de esta crisis está provocando en la inmensa mayoría de su pueblo. Rajoy le quita importancia a todo.

Es una forma de sacudirse de encima la enorme responsabilidad y la obligación de buscar otras salidas.

Su máxima consiste en hacerlo todo pequeño, en convertir todo en trivial y pasajero para mantener los problemas escondidos debajo de las alfombras. ¡Cómo si cupieran!

Ahora, además, acompaña su desdén por todo lo que es grave de una campaña de falso optimismo sobre nuestra economía.

Mientras él y su gobierno hablan, urbi et orbi, del milagro económico español, aquí la gente no puede con tanta necesidad y tanta injusticia.

Pero como decía Alaska: ¡a quién le importa!

Por eso, Rajoy sólo espera, en efecto, que causas extrañas o ajenas a su capacidad y decisión política (fenómenos exógenos a la propia realidad de la crisis) le presten su milagrosa ayuda para superar la crisis.

Incapaz de crear empleo neto y sano, el gobierno se apunta el falso tanto de la aminoración del paro nacional causada por el abandono de la demanda social de trabajo -cada vez más inútil-, por la pura y dura emigración (ahí está el aumento de las remesas que envían los españoles desde el exterior) o -en última instancia- por la contratación precaria (mientras la contratación indefinida retrocede, ganan notable peso los contratos a tiempo parcial y de formación y aprendizaje). Incapaz de consolidar un sector turístico estable y de calidad como motor efectivo de nuestra economía, y perjudicando su competitividad con inoportunas e injustificadas subidas de impuestos, se apunta el tanto fácil del oportunismo sectorial y la mala coyuntura por la que atraviesan otros mercados turísticos mediterráneos, que muy pronto volverán a recuperar sus más competitivas cuotas de mercado. Incapaz de ayudar de verdad a las empresas españolas con productos exportables, financiando sus fabricaciones y su desarrollo tecnológico, se apunta a una mejora relativa de la balanza comercial (que sigue en déficit) también ‘milagrosa’, generada en parte por un aumento de las exportaciones de rentabilidad precaria y por la disminución de las importaciones propias…

Todo ello mientras el sector de la construcción (y en especial el de la obra pública), que es un gran inductor del desarrollo económico, emigra en desbandada hasta situar el 90% de su contratación en el exterior, con la consiguiente creación de empleo y beneficios también fuera de nuestras fronteras. Y mientras el capital extranjero más rapaz entra a saco en la compra de una España puesta en segundas y terceras rebajas por la propia política gubernamental (sólo hay que ver cómo se están enajenando los activos inmobiliarios públicos).

Pero jugando al ‘tancredismo político’ y al ‘verlas venir’, Rajoy no deja de estar gastando su última bala presupuestaria, que, dada la crítica situación por la que atraviesa el país, también es la última bala de toda la gente de a pie para hacer frente a su asesinato colectivo, propiciado retroactivamente por la corrupción e ineptitud de la clase política y, en definitiva, por la perversión intrínseca del actual sistema de convivencia (partidos políticos, Autonomías, politización de la Justicia, pasotismo de la Corona, etc.). Aunque a otra gente más afortunada y a muchos redomados ladrones de este país tan mala suerte les traiga al pairo por tener sus reservas en los paraísos fiscales tolerados por el Gobierno.

Poco más hay que añadir al tema de los PGE 2014 que no se haya leído ya o se vaya a leer en la prensa convencional. Pero, ante su desfachatez, sí que cabe insistir en nuestra constante llamada a la inteligencia ciudadana para que se enfrente con mayor interés y fuerza a una pandilla de políticos ineptos y pretenciosos que, más a más, consideran a sus electores como una gran manada de borregos capaces de tragarse mentiras como ruedas de molino y de tributar como silentes siervos medievales para pagar los desmanes ajenos. Pues lo dicho: a enterarse bien de lo que pasa y a protestar alto y claro. ¿O es que acaso ‘la casta’ va a tener razón…?

Hace poco más de cuatro meses, el 19 de mayo de 2013, publicamos una Newsletter, titulada Monarquía sí, Monarquía no, con especial acogida tanto por el número de lectores que tuvo como por los comentarios que sobre su contenido nos hicieron llegar diversas personas de notoria relevancia social y profesional, incluidos políticos de variada ideología y algunos monárquicos más y menos próximos a la Casa Real. Es obvio que no procede desvelar el alcance ni el tono de las opiniones recibidas al respecto, pero sí que estamos en condiciones de confirmar que el tema de la Corona preocupa hondamente en círculos sociales, políticos e institucionales no precisamente revolucionarios y en no pocos aspectos (sucesión, estabilidad institucional, imagen pública…); situación enfrentada a otros posicionamientos políticos más despreocupados o empeñados de forma irresponsable en posponer y hasta negar cualquier debate sobre el mismo.

LA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA EN CAÍDA LIBRE

En aquella Newsletter alertábamos sobre la fuerte caída en la valoración social de la actual Monarquía Parlamentaria registrada por el Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de Abril de 2013 (Estudio 2.984), con una nota de 3,68 puntos sobre 10. Un estado de opinión que, además de ser el peor de todos los tiempos, mostraba una evolución de crecimiento negativo mayor que la de cualquier otra alta institución pública, casi todas calificadas pésimamente.

Algo lamentable, entre otras cosas porque al Rey, que constitucionalmente ostenta la Jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, compete velar por el buen funcionamiento del entramado institucional, que como es notorio presenta no pocos fallos deplorables. Y, de hecho, si desde los tristes acontecimientos del 23-F -que para el lector informado a estas alturas de la historia ya no necesitan más comentario- esa función arbitral se ha mantenido inédita o en pura hibernación, ahora el creciente deterioro de la política (reconversión de la democracia en partitocracia, Justicia politizada, corrupción desbordante, eclosión del independentismo, crisis generalizada, malestar social…) exige que el Jefe del Estado ejerza con total decisión y plenitud toda su alta responsabilidad nacional.

Pero es que, tras conocerse aquella preocupante encuesta del CIS, una nueva investigación demoscópica -la oleada del sondeo periódico que realiza Sigma Dos para El Mundo publicada el pasado 13 de mayo-, no hizo sino reafirmar esa tendencia de forma ya verdaderamente alarmante. El nuevo jarro de agua fría lanzado sobre la Corona por la propia conciencia ciudadana, cada vez más angustiada por el deterioro general de la política y sin un horizonte con perspectivas de futuro, reafirmaba la regresión que desde enero de 2012 se ha venido observando en la valoración social del reinado de Don Juan Carlos de Borbón.

Mientras que a principios de 2012 una gran mayoría de españoles opinaba que el balance de la Monarquía era ‘bueno’ (el 52,5%) y hasta ‘muy bueno’ (el 23,9%), lo que totalizaba un 76,4% de personas satisfechos, en mayo de 2013 ese porcentaje había caído sensiblemente hasta situarse en un 46,3% (el 36,6% estimaba el balance ‘bueno’ y el 9,7% ‘muy bueno’). Ello comporta que la insatisfacción, distribuida en un balance ‘muy malo’ (el 9,7%), ‘malo’ (el 11,8%) y ‘regular’ (el 31,3%), alcance ahora al 52,8% de la ciudadanía, es decir a la mayoría absoluta de los encuestados.

Es evidente que en los últimos meses la Corona se ha visto obligada a poner en marcha una intensa campaña para intentar recomponer su deteriorada imagen pública, pero obviamente de forma tardía y cuesta arriba. Es decir, ya con pocas posibilidades de éxito.

Con independencia de las ‘cosas pasadas’ (las inocultables desavenencias entre Don Juan Carlos y Doña Sofía -con muchas Corinnas de por medio-, el fracasado matrimonio de la Infanta Elena con Jaime de Marichalar, la propia boda del Príncipe Felipe con Doña Letizia -consorte fallida como ‘princesa del pueblo’-, el deterioro del equipo asesor de la Casa Real a raíz del cese de Sabino Fernández Campo…), la dinámica de los últimos acontecimientos afectos a la Casa Real no van a favorecer precisamente la recuperación de la confianza ciudadana en la Institución Monárquica.

Ahí está el problema del escandaloso ‘caso Nóos’, de muy mal recorrido, junto a otras inconveniencias sobrevenidas cada dos por tres. Como el torpe abrasamiento del Príncipe Heredero con el fiasco del ‘Madrid 2020’; el propio aceleramiento del deterioro físico-funcional del Rey, precedido de numerosos y serios accidentes traumáticos -alguno de ellos sin llegar a tener trascendencia pública- y de la diagnosis de varias enfermedades graves, sin olvidar las de naturaleza oncológica; las muestras de rechazo a la Familia Real en los actos públicos que presiden sus miembros o en manifestaciones callejeras, cada vez más frecuentes y sonoras…

Y añadiendo a todo ello el efecto demoledor que sobre la misma imagen de la Monarquía vienen provocando también determinados fenómenos que se muestran peligrosamente insuperables, como los de la corrupción política, la manipulación gubernamental de la Justicia o el más trascendente del separatismo catalán (el separatismo vasco se reivindicará en 2015 según ha anunciado ya el lehendakari Urkullu), ante los que el Rey ha permanecido inhibido, a pesar de que como Jefe del Estado sea el símbolo de su unidad y permanencia y a él competa arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones que lo conforman.

Paréntesis: Sin querer añadir más desazón a nuestra atribulada situación de deterioro político e institucional, y estimando que hoy por hoy Su Majestad no parece tener clara la conveniencia de abdicar en la persona del Príncipe Heredero -cosa posiblemente no desacertada-, también hay que considerar la presión psicológica que con toda seguridad le provoca el cúmulo de circunstancia adversas que viene soportando desde hace tiempo, no exenta de la correspondiente carga depresiva. Sin ir más lejos, el pasado 16 de septiembre ha llamado la atención el hecho de que en la apertura del Año Judicial, el Rey, que presidía el acto, cediera la palabra por segunda vez al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras haber terminado éste de pronunciar su discurso…

Parece, pues, difícil que Su Majestad pueda volver a disfrutar del estado de salud perdido (como por ley de vida le sucede a cualquier ser mortal) y superar el fenómeno del descrédito social de la Corona, y mucho menos si se sigue apoyando para ello en un inepto entorno de asesores, incluido el alumbrado presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuyo torpe sentido del tiempo político sólo parece superado por su acomodada vaguería personal. De hecho, el 55,5 % de los encuestados por Sigma Dos cree inútil cualquier intento de recuperar el prestigio perdido por la Monarquía (datos publicados por El Mundo el pasado 13 de mayo); posibilidad en todo caso ya abortada prácticamente por la acentuada  mala salud del Rey, evidencia que consuma una dinámica de agotamiento personal irreversible (baste recordar sus reiteradas caídas en actos oficiales, al margen de la dureza con la que está afrontando su vida privada bien alejada de las cámaras fotográficas).

Y lo que revelan las investigaciones del CIS (que es un organismo oficial) al conectar el suspenso radical en la valoración social de la Monarquía (un 3,68 sobre 10) con el porcentaje de personas que considera dicha institución como uno de los problemas que hoy preocupan en España (un exiguo 0,9 % frente a la identificación masiva de otros que preocupan mucho más), es una percepción ciudadana muy clara de su ‘inutilidad’. Dicho de otra forma, además de que la Corona está claramente reprobada por los españoles, a éstos esa realidad les importa muy poco, algo por supuesto contradictorio con el papel ‘mediador’ que otros estudios de opinión (por ejemplo los de Sigma Dos) buscan asignarle para salvar los muebles del Estado en el desastre institucional latente…

PRISIONEROS DE LA MANIPULACIÓN Y DEL TIEMPO PERDIDO

Pero, como ya hemos advertido en otras ocasiones, el cul de sac en el que se encuentran las necesarias reformas institucionales, genera además una  presión mediática que no se conforma con el embrollo de la abdicación del Rey (que en realidad tendría poca justificación institucional), ni con procurar un consenso sobre la reforma de la Constitución (mucho más justificado). Mediáticamente se sigue insistiendo -porque de algo tienen que vivir los medios informativos y sus columnistas- en un sinfín de ‘recomendaciones’ de amplio espectro incidentes, por ejemplo, en la gestión del ‘caso Nóos’, en las relaciones familiares del Rey, en sus controvertidas amistades, en el nivel de transparencia que debe o no debe asumir la Casa Real, en su política de comunicación…, realimentando de esta forma la controversia pública desatada sobre la propia Monarquía, lo que a su vez introduce en el Parlamento cargas de tensión y temores inconvenientes en la eventual tramitación de cualquier iniciativa legislativa que afecte a la Corona.

Si repasamos los últimos acontecimientos históricos, parece irrefutable que la Monarquía ha venido perdiendo demasiado pie para promover en tiempo y forma convenientes las reformas y el aggiornamento institucional más indispensables, por no hablar de la desatención prestada a su propio desarrollo legal mandado constitucionalmente. Una cuestión lamentable que ya se trató con cierta profundidad y algunas revelaciones exclusivas en la Newsletter titulada Las oportunidades perdidas de la Corona.

En ella señalábamos que quizás por esa desidia regia -sin profundizar en otros errores-, la Institución Monárquica anda ahora maltratada en boca de todo el mundo y a remolque de los acontecimientos, sorteando malamente las minas sembradas por sus detractores (y a veces también por los más torpes y conspicuos defensores de la Corona): en suma, prisionera del tiempo perdido en épocas de vino y rosas y de prácticas manipuladores sin mayor horizonte que el de su egoísmo e hipocresía política.

Ahora, al rey Juan Carlos, que es el pilar en el que, bien o mal, se sustenta la actual Monarquía Parlamentaria, sólo le queda -si su salud se lo permite- hacer de la necesidad virtud y convertir su pérdida de popularidad en un punto de arranque para recuperar las oportunidades desperdiciadas en lo que debería haber sido un servicio a España y a los españoles con mayor visión de futuro. Y dedicado antes que nada a salvaguardar la verdadera democracia, a perfeccionar el sistema de convivencia y el funcionamiento de las instituciones del Estado, incluyendo el sistema de justicia, los partidos políticos, las autonomías…, y anteponiendo incluso estas necesidades vitales a los intereses sucesorios de la propia Corona, porque de forma contraria su supervivencia será imposible, por inutilidad manifiesta.

Referencia: Otto von Bismarck, el político prusiano artífice de la unidad alemana y acreditado exponente del realismo político del siglo XIX, más partidario de los hechos que de las palabras y del trabajo que de los festejos, dejó escrita una idea de proyección histórica y personal que le honra: “El político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación”. Pero, ¿dónde está el monarca ilustrado y estadista empeñado en asegurar la España del futuro…? 

Sea como fuere, con tanta torpeza institucional por medio (no sólo analítica y estratégica sino también en el día a día operativo), lo realmente triste del caso es tener que volver a recordar ahora que, como siempre ha sucedido en relación con las grandes cuestiones nacionales, la hora de la política también llega tarde para la Corona, prácticamente cuando ha comenzado su embalsamamiento social, previo, en la cultura cristiana, a la sepultura o la cremación de la persona ya muerta.

A este respecto, nos parece especialmente acertado el artículo de opinión de Josep Ramoneda publicado en El País (26/09/2013), precisamente con el título ‘La política llega tarde’:

Los Gobiernos tienden a ser conservadores. Las inercias del ejercicio del poder generan alergia a los cambios. Estos solo llegan bajo presión, es decir, en el peor momento. En política, el principio más vale prevenir que curar tiene pocos adeptos. Por eso en tiempos inciertos como el nuestro cunde la sensación de que la política siempre llega tarde. Y a remolque del poder del dinero. ¿Es esta “la evolución natural del mundo” a la que se refiere Mariano Rajoy? Mientras el sistema político se cae a trozos, las únicas reformas que Rajoy emprende son aquellas destinadas a recortar las condiciones de vida de los que tienen menos (salarios, pensiones, subsidios) y aumentar los privilegios de los que tienen más, con la transferencia masiva de dinero de todos a los bancos y la privatización de servicios públicos básicos.

El régimen surgido de la Transición -treinta y cinco años ya- hace tiempo que da muestras de desgaste. La propagación de la corrupción, la evolución del sistema autonómico hacia formas de caciquismo posmoderno, la crisis de l’Estatut, que culminó con la decisión del Constitucional de enmendar el voto de los ciudadanos de Cataluña, la ceguera (o complicidad) de la política ante los disparates financieros que llevaron a la crisis, y el escándalo Bankia, icono de la promiscuidad entre política y dinero, son algunas de las señales que desde hace tiempo nos iban recordando que este régimen no funciona. Nadie hizo nada. El resultado es que el deterioro institucional se ha hecho imparable. Estos días, son noticia la cúspide del régimen y el soporte físico-histórico del Estado: la Corona y la estructura territorial. Rubalcaba, por fin, habla de reforma de una Constitución que la mayoría de españoles no tuvieron ocasión de votar porque no tenían 18 años. Rajoy, como siempre, no ve “razón alguna” para los cambios. Siempre me han fascinado estos miedos inefables que algunos parecen sentir: temor de Dios, temor de la Monarquía, temor de la nación, temor del dinero, temor de la Constitución. Demasiados intocables para una sociedad democrática.

La Monarquía, un anacronismo evidente, se funda en la legitimidad de sangre y no en la de los votos. Sus bazas son el carisma del Rey, como portador de lo atávico, de lo permanente, del cuerpo de la nación, y la familia, que es la vía de transmisión del poder. El Rey está enfermo, atrapado además en una cadena de errores reconocidos, en parte, por él mismo; la familia está en crisis, con asuntos de dominio público; y el agrio aroma de la corrupción ha alcanzado a la Casa del Rey. La única certeza que tenemos es que el Rey no tiene la menor intención de abdicar, según se proclamó en la primera conferencia de prensa de la historia de la Zarzuela, con escenografía propia del politburó de la URSS. Y el Gobierno dice que no hay nada que reformar. En treinta y cinco años, nuestros representantes han sido incapaces siquiera de regular la abdicación del Rey. “Reflexión pausada y prudencia”, pide de Cospedal. ¿Treinta y cinco años más? Siempre hay una excusa para que nada cambie. Unos dicen que cualquier movimiento sería precipitado antes del desenlace del caso Nóos. Otros, que la situación de Catalunya desaconseja cualquier mudanza. ¿Alguien cree realmente que, en las circunstancias actuales, el Rey puede ejercer alguna función arbitral? La norma de nuestros políticos aconseja no afrontar nunca las situaciones hasta que se hacen insostenibles. Y cuando eso ocurre, por lo general, ya es tarde.

Es lo que está pasando en relación con Cataluña. Al PP y al PSOE les cuesta enormemente construir una respuesta alternativa a la secesión. Primero, perdieron mucho tiempo negando la realidad, en parte porque para ellos el problema entraba en el ámbito de lo impensable. Después se han enrocado en la legalidad, convirtiendo un problema político en jurídico, forzando de esta manera enormemente las costuras de las instituciones. El Tribunal Constitucional es una víctima evidente de esta dejación de responsabilidades de la política. Y finalmente, cuando algunos, como Rubalcaba, asumen que algo hay que cambiar (Rajoy sigue en lo suyo: vivimos en el mejor de los regímenes posibles), hay quien sospecha que el momento adecuado ya pasó. El eterno pánico al cambio lastra el atrevimiento necesario para las soluciones audaces que requieren los problemas estructurales. Ante esta parálisis selectiva del régimen, no es extraño que cunda la idea de que la política llega tarde a todo menos a defender los intereses del dinero. Si la política fuera capaz de prevenir, nos ahorraríamos muchos tratamientos dolorosos a la hora de curar. El buen político es aquel que es capaz de anticipar. Y obrar en consecuencia.

Claro está que toda esta cuestión de la ‘oportunidad de acción’ con la que nuestra ralea política más atrófica encubre su incompetencia y su deslealtad con los votantes, cuando no sus intereses personales más espurios, no deja de ser materia recurrente de los comentaristas libres e independientes. Por eso, Federico Jiménez Losantos también se ha pronunciado sobre el debate en cuestión en otro artículo de opinión, titulado sintomáticamente ‘Nunca es el momento’, escrito con su habitual desenvoltura y publicado en El Mundo (27/09/2013):

La penúltima estadía en el quirófano del Rey ha demostrado, según fuentes del Gobierno, el “vacío legal” en que, por no querer desarrollar el Título II de la Constitución, están las figuras del Príncipe, la regencia y las funciones de la Jefatura del Estado cuando este Monarca al que a veces parece que le molesta la Corona, este Rey de Oros con demasiada Sota de Copas que algunos creyeron As de Bastos está por sopitas y buen vino, con permiso del doctor Cabanela. Tiene por delante el Rey un barbecho interminable: dos meses de gotero, otra operación, meses de recuperación casi desde cero y una perspectiva, en el mejor de los casos, crepuscular. En el peor, de ocaso.

Y, claro, si desde el propio Gobierno se reconoce que hay un “vacío legal” que deja al Príncipe de Asturias en tierra de nadie y las funciones del Jefe del Estado al albur de las ocurrencias o conveniencias del gobierno, cualquiera podría concluir que es el momento de llenar ese vacío y prever cualquier contingencia. Eso, al menos, diría cualquier ciudadano común, pensaría un caletre vulgar y corriente. Pero Mariano no es un ciudadano común, ni su caletre pertenece al orden vulgarísimo del ‘homo sapiens sapiens’. Ni antes ni después de él se ha usado el molde en que ‘Alguien vació el bulto de Mariano Pantocrátor’. Así que desde Moncloa, a la vista del vacío legal, han emitido una frase que resume a la perfección su pensamiento político: “no es el momento”. La ventanilla del Ministerio de Dar Largas es la única que funciona en el Gobierno. ¿Qué algo hace falta? Pues que siga faltando. ¿Qué el momento apremia? Pues que deje de apremiar. A ver qué se ha creído el momento. A eso llama la Brigada del Aplauso el “manejo magistral de los tiempos”.

Artur Mas, del que la Cofradía de la Sagrada Ovación Monclovita decía que estaba arrepentido y se acercaba mimoso a Rajoy, ha abofeteado a los españoles y a todas sus instituciones. Mantiene el referéndum y, en plan chuleta de la Barceloneta, llama a España “perdonavidas”. ¿Qué hará Rajoy? Nada. Hace un año dijo que no entraría con Mas “en dimes y diretes”. ¿Soberanía? ¿Legalidad? Vulgaridades. A ver si porque haya un incendio vamos a llamar a los bomberos. El mejor momento de actuar es nunca. Siempre.

LAS TRISTES CONSECUENCIAS DE LA MEZQUINDAD POLÍTICA

Estamos, pues, es un deprimente escenario político en el que las cuestiones de Estado más sustanciales (las garantías constitucionales, la división de poderes, la justicia social, la educación, la unidad nacional, la política exterior, la lucha contra la corrupción…) se reconducen de inmediato al interés más villano y circunstancial del Gobierno, de la Oposición y de la propia Corona, sin grandeza alguna. En él, cualquier asomo de propuesta para perfeccionar el modelo de convivencia y asegurar el futuro de la Nación, incluido el debate sobre la Monarquía, es tachado de ‘transgresor’ y calificado como ‘políticamente incorrecto’, siendo condenado de inmediato a la censura más implacable: es, en efecto, el triste momento de la ‘política tardía’, del ‘dar largas’ y de los políticos mediocres dedicados sobre todo a ver ‘cómo va lo mío’.

En este nuevo contexto de inacción y conformismo político, sostenido sobre todo por el adocenamiento y la sumisión informativa, instalada a su vez en la subvención y el favor económico generalizado, la sociedad civil soporta una peligrosa degradación más allá de la pérdida de sus principios éticos y referentes de convivencia democrática. Una oscura senda que lleva de forma acelerada al progresivo ocaso ciudadano, alienado por la inmoralidad política, la corrupción a gran escala y el ahogamiento de las voces críticas, cuya reconducción sólo será posible mediante una revisión y reversión global del sistema de interacción social, muy apoyada en Internet y en las redes sociales.

Ya hemos sostenido también que si la ciudadanía aceptase la dinámica sumisa y diese por bueno el pancismo institucional que caracteriza la política del momento, sometiéndose definitivamente a la ya insoportable ‘dictadura partitocrática’ que lo realimenta de forma vergonzosa y a los mecanismos de manipulación social que pretenden amordazarla, quizás no merecería la pena plantear siquiera las razones de la crítica, el valor de la intelectualidad o la esencia de nuestra propia libertad. Pero sucede que, como también hemos advertido, hay grupos de personas, prevalentes sin duda en la sociedad española, que no se acomodan, ni tienen por qué hacerlo, al dominio de las oligarquías políticas y de los ‘poderes fácticos’, incluido el de la Corona…

Y este tipo de alientos y actitudes sociales, es el que, de hecho, ya está decidiendo sobre el futuro de la actual Monarquía Parlamentaria (quiérase o no heredada del franquismo), junto con el cuestionamiento del bipartidismo político. Por eso, lo que toca esencialmente en estos momentos, en los que se ha levantado el tabú de reprobar a la Corona, es que el Gobierno decida las reformas institucionales que necesita el país, incluidas las que afectan al propio sistema político, y las ponga en negro sobre blanco antes de que sea demasiado tarde y con peores consecuencias.

Porque viniendo la actual Monarquía de donde viene (de la renuncia de Alfonso XIII, de la imposición de Franco y de la voluntad del pueblo español al aprobar la Constitución de 1978), lo menos que se le puede exigir es una mínima actitud inteligente de estabilidad y supervivencia. A estas alturas de la historia, ya nadie pretende reavivar el enfrentamiento entre Monarquía y República, generacionalmente superado, sino símplemente algo bien facil de entender e instrumentar: poder optar por un régimen presidencialista -el más extendido en el mundo democrático- en el que la Jefatura del Estado asuma las competencias debidas y pueda ser renovada cuando proceda por decisión electoral.

Hoy, en España sobran demasiados anacronismos, debilidades de Estado, dejaciones institucionales, jardines políticos privativos y corrupción pública, espectáculo lamentable ante el que la Monarquía se ha venido mostrando indiferente e inoperante, cuando no pasivamente interesada. Y el colmo sería llevar el actual régimen político al mismo agotamiento al que llegó el franquismo, con una última imagen del Rey tan patética como la que llegó a ofrecer su predecesor en la Jefatura del Estado, propiciada por el mismo tipo de políticos interesados, traidores hasta las cachas y desleales con el pueblo, que alentó aquel peligroso despropósito histórico.

Antes que descalificar la institución republicana de forma generalizada y absurda, lo que a todos debería preocuparnos en estos momentos, incluidos los palanganeros regios, es revisar la herencia política que se impuso a generaciones pretéritas (en muchos aspectos cuestionable y cuestionada), en inapelable concordancia con la ortodoxia constitucional, la dinámica del desarrollo social y los principios esenciales del entendimiento democrático.

Atendiendo todas las posibles críticas políticas y sociales y eliminando todas las vías de manipulación que subyacen en el texto constitucional, sin dejar de alcanzar en los aspectos que sean necesarios a la propia Institución Monárquica y a la actual organización territorial y administrativa del Estado.

El reto de la clase política de cara al futuro más inmediato, no es otro que afrontar una reforma constitucional profunda, desarrollando el Título II de la Carta Magna con la necesaria ‘Ley de la Corona’, refundando de forma razonada y razonable el Estado de las Autonomías, reconduciendo los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en el sentido de independencia y contrapeso que les dieron los padres de la Ilustración y reformando el sistema electoral y de partidos políticos para devolver a la ciudadanía la auténtica impronta de la democracia. Pero ahora, no ‘mañana’ con Don Juan Carlos ausente -que es a lo que esperan los políticos más torpes- y con un Estado debilitado y unos partidos de gobierno totalmente desacreditados.

Claro está -no dejaremos de repetirlo- que eso significa subordinar la mezquindad política a la grandeza de miras y que quienes titulan la Corona, el Gobierno y la Oposición se muestren como auténticos estadistas. El Rey no gobierna, pero reina, y eso tiene un recorrido que, como todo en la vida, se puede seguir hacia el infierno o hacia la gloria, que es en lo que estamos.

NADIE ES INMORTAL Y NADA ES INMUTABLE

Los falsos latiguillos políticos del “No es el momento”, “Cada cosa a su tiempo” y “No conviene legislar en caliente”, chocan con citas políticamente mucho más sensatas y próximas a la realidad de la vida política española. Sin ir más lejos, Adolfo Suárez, a quien tanto debe la Corona y a quien ésta pagó tan mal, sostuvo, por ejemplo, la necesidad de “Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal” y, más allá de las vanas aspiraciones de quienes se creen dueños de la historia y de la voluntad popular, también hizo suya la verdad de que “El futuro no está escrito, porque sólo el pueblo puede escribirlo”.

Nunca los tratamientos paliativos han servido para atajar la sintomatología de las enfermedades, y mucho menos en sus estadios terminales, que en no pocas ocasione exigen dolorosos tratamientos quirúrgicos. De hecho, cierta ha sido la mala praxis médica de enviar enfermos a los balnearios no para curarlos, sino para quitárselos de encima…

Por eso, entre otras cosas mucho más prosaicas, yerran quienes proclaman artificiosamente la buena salud del Rey y la de la propia Corona, engañados con la inmutabilidad de la Institución Monárquica. El benedictino Padre Feijoo (1676-1764), figura señera de la primera Ilustración Española vivida entre 1720 y 1750, ya señaló que “En el reino intelectual, sólo a lo infalible está vinculado lo inmutable”. Algo después, Schopenhauer (1700-1800), estudioso del concepto de la ‘voluntad’ y gran conocedor del mundo de los ‘fenómenos’ -que él entendía como la misma voluntad ‘objetivada’-, sería aún más realista afirmando: “El cambio es la única cosa inmutable”.

Torpezas pasadas e hipocresías actuales aparte, lo evidente es que la salud del Rey ya condiciona de forma lamentable e irremisible la salud de la Corona y –se quiera o no se quiera asumir- va marcando con paso cada vez más decidido la senda de su enterramiento. En ella, y una vez consumada, sólo cabrá concluir: Requiescat In Pace (Descanse En Paz).

El dicho “verle las orejas al lobo” se usa coloquialmente para expresar que hemos visto un posible peligro y que, por eso, hemos cambiado o vamos a cambiar nuestra actitud o nuestra forma de actuar. También supone sufrir un escarmiento con algún daño o contrariedad que, en sí mismo, nos anima a prevenir otro mayor.

En sentido contrario, cuando no se quiere verle las orejas al lobo, se está despreciando la evidencia de hechos y circunstancias que nos avisan de peligros inminentes y ya casi insalvables. El grito “¡Que viene el lobo!”, ha quedado fijado así en la cultura popular precisamente como expresión y última advertencia de la desgracia que terminará convertida en realidad, con consecuencias que, en el caso de la política, podrían haberse evitado con un poco de tacto, prudencia y reacciones inteligentes...

Y eso es lo que significan tanto para Rajoy como para el PP las encuestas de valoración política y los sondeos de opiniones y actitudes pre electorales que, en sus continuas y periódicas ediciones (tanto de carácter público como privado) vienen enseñando las orejas del lobo que, en el fondo, supone el comportamiento ciudadano en las urnas, a veces con resultados ciertamente dramáticos.

EL PSOE YA SUPERA AL PP EN INTENCIÓN DE VOTO

Desde que Rajoy se desentendió de las promesas electorales que le llevaron a la Presidencia del Gobierno, optando por no tomar las drásticas medidas en materia de reformas económicas, políticas e institucionales esperadas por el conjunto de la sociedad, incluidos por supuesto sus propios votantes, la caída electoral del PP ha sido continua y sin punto de inflexión. Hasta situarse en un ‘empate técnico’ con el PSOE según el último Barómetro de Metroscopia (mes de Septiembre), que es el publicado habitualmente por El País, a pesar del desastre que supuso el segundo mandato presidencial de Rodríguez Zapatero, todavía fresco.

De hecho, por primera vez desde las elecciones generales de 2011, la ‘estimación del resultado electoral’ en el supuesto de celebrarse comicios legislativos de forma inminente (con una participación del 62 % frente a la del 71,7 % de hace dos años), sitúa por primera vez al PSOE por delante del PP en la estimación del resultado electoral. Así, al día de hoy, los socialistas -ver para creer- lograrían ganar dichas elecciones con el 30,5 % de los votos válidos frente al 30,1 % que obtendría el PP. Eso supone que el PP ha llegado a perder progresivamente el 14,5 % de los votos sobre el 44,6 % obtenido el 20-N, mientras que el PSOE -aún con su lamentable historia más reciente- ha crecido casi 2 puntos sobre el 28,7 % que obtuvo en aquella misma ocasión.

Pero es que este resultado estimativo, que de momento ya refleja un empate electoral, se balancea mucho más a favor del PSOE en la ‘intención directa de voto’, en la que la formación socialista alcanza un 12,3 % frente al 11,1 % del PP. Además, parece obvio que sus ‘desertores’ más radicales tiene una opción clara de trasvase hacia IU, que desde el 20-N ha crecido de forma continuada 4,7 puntos, pasando del 6,9 % de los votos reales al 11,6 % de los previsibles.

Por otra parte, UPyD, que es el otro partido minoritario de ámbito nacional, con capacidad para arrebatarle al PP muchos votos de sus ‘desencantados’, crece todavía con mayor velocidad relativa ya que ha dado un paso gigantesco pasando del 4,7 % de los votos reales a una estimación de voto del 9,0 %, de momento.

Además, IU y UPyD, que son las dos formaciones políticas capaces de romper el ‘bipartidismo imperfecto’, muñido de forma interesada en la Transición a través de la Ley Electoral y de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, consolidan su progreso electoral con cifras muy significativas de ‘voto decidido’: un 10,4 % para IU y un 7,3 % para UPyD.

Claro está que la suma en voto decidido de lo que se podría definir como ‘mayoría de progreso’ (PSOE + IU), es muy superior a la suma de los que corresponderían al ‘centro-derecha’ (PP + UPyD): el 22,7 % frente al 18,4 %. Reparto ideológico apriorístico que en la realidad post-electoral se puede desequilibrar todavía más, porque si bien parece que buena parte del respaldo electoral al PP puede estar derivando a UPyD, pocos analistas políticos ven a su líder, Rosa Díez, acomodada cerca del partido de Rajoy, sino más bien enfrente (las próximas elecciones municipales marcarán con claridad la tendencia de los nuevos pactos políticos de gobierno).

Ello con independencia del bocado electoral que Ciutadans (C’s), el partido liderado por el joven Albert Rivera, también ‘emergente’, le dio al PP en las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre (19 escaños para el PP y 9 para C’s): otro ejemplo ‘termométrico’ que debería poner los pelos de punta a Mariano Rajoy y su barba en remojo.

Porque si esto no es verle las orejas al lobo, que el presidente del Gobierno y del PP vaya a graduarse la vista y el olfato político por vía de urgencia, ya que es bastante obvio que está encaminando a su partido hacía un desastre electoral de proporciones descomunales. Tres son las tendencias reflejadas con suma claridad en todas las series de encuestas políticas: el evidente declive del PP, el alza del PSOE -muy moderada pero alza sin ambages- y la consolidación de dos partidos nacionales hasta ahora minoritarios (es decir, hasta ahora castigados por la Ley D’Hont en el reparto de escaños), IU y UPyD, con lo que eso comporta en cuanto a la ruptura del bipartidismo y a un posible nuevo modelo de pactos o coaliciones post-electorales al margen de los partidos de ámbito autonómico.

Una situación -insistimos- ya marcada como ‘tendencia’, con pocas jugadas disponibles para que el PP pueda ‘salvar los muebles’, y con alguna todavía a favor de la recuperación del PSOE (quizás sirviera para ello una simple e inteligente renovación interna del partido), aunque este desigual reparto de problemas y oportunidades sea debido al demérito del PP más que al mérito del PSOE. Y sin olvidar la amenaza para ambos que supone la consolidación de posiciones de los dos partidos ‘intermedios’ (IU y UPyD).

Bien que mal, y a pesar del lastre que supone para el PSOE tener a Pérez Rubalcaba liderando el partido in artículo mortis -un histórico contaminado al cien por cien en el desastre ‘zapateril’-, las maniobras renovadoras del PSOE en Galicia y Andalucía han dado pie a un aparente ‘tocado de fondo’ al menos en dos comunidades en las que la corrupción política, integrada de forma natural en su paisaje y en su paisanaje, parece no conmover las urnas en exceso. De cualquier forma, todo indica que, una vez más, se dará el fenómeno de que las próximas elecciones legislativas no las gane la oposición, sino que las pierda el Gobierno, como sucedió en el 2004 y en el 2011 (lo que quedaría por ver son los márgenes del batacazo).

RAZONES Y SINRAZONES DE LA CAIDA ELECTORAL DEL PP

Pero ¿cuáles son las razones y sinrazones que juegan de forma tan clara en contra del PP…? Unas ya hemos dicho que tienen su lógico origen en el incumplimiento radical -no circunstancial- de su programa electoral, y otras, más graves, devienen de decisiones y actuaciones políticas diametralmente opuestas a lo esperado y no cumplido. Sirva ilustrar este segundo paquete de ‘sinrazones’ el hecho no de haber olvidado la prometida despolitización del Poder Judicial, claramente demandada por el conjunto de la ciudadanía, sino el haber politizado la institución todavía más de lo que estaba, por ejemplo; cosa igualmente visible en la última renovación del Tribunal Constitucional, en la que se ha llegado al desvergonzado límite de colocar en su presidencia a un militante radical del PP de ‘carnet y cuota’…

Es decir, antes de utilizar la mayoría absoluta otorgada por los electores como instrumento para reformar el país en todo lo que hace falta, que es mucho y muy necesario, el PP la está utilizado en buena medida para hacer exactamente todo lo contrario de lo que haría cualquiera persona con dos dedos de frente, considerando sobre todo cómo se produjo la estrepitosa derrota del PSOE. Pero, desentendiéndose del claro mandato electoral recibido, y yendo más allá de los consabidos incumplimientos al uso, que no piensen el señor Rajoy, su Gobierno ni su partido, que van a torear al personal como intentó torearlo con otros registros el PSOE de Rodríguez Zapatero.

Otra razón que descuenta y seguirá descontando votos al PP es, sin duda alguna, la crisis económica, pero no tanto en sí misma (ya se sabe que es un tema de culpas compartidas) sino por la evidente incapacidad mostrada por el Ejecutivo para comprenderla y atajarla, sin que se vislumbre además la menor intención rectificadora, ni con reformas verdaderamente eficaces, ni con decisiones prácticas urgentes, ni con reajustes ministeriales más que obligados (o sea sin actuaciones creíbles ante los ojos de la ciudadanía, que es en lo que está el lánguido Rajoy). Una gobernación política incompetente y partidariamente suicida en la que ni siquiera se ha tenido el reflejo de poner en la picota de la justicia a los saqueadores de las cajas de ahorro más visibles, por ejemplo.

Y desde luego hace falta estar ciego para no darse cuenta que la agenda política del Gobierno, centrada en la economía, sigue sin satisfacer a la opinión pública. De hecho, analizando el último Barómetro de Metroscopia, se observa que la percepción de los españoles sobre el contexto económico apenas ha variado con respecto a meses anteriores: la práctica totalidad (el 94 %) sigue pensando que la situación de la economía española es mala; un 76 % considera que esta situación no va a mejorar en los próximos meses y un 70 % cree que el paro no va a descender, por lo menos a medio plazo.

Aún más, la mayoría de los españoles (el 52 %) cree que en los próximos meses no se va a producir ningún cambio económico positivo y que la crisis seguirá discurriendo como hasta ahora; mientras las familias españolas como unidad de consumo también siguen sin apreciar ningún atisbo de mejora: el porcentaje de hogares que califican positivamente la economía doméstica sigue instalado -desde hace más de tres años- por debajo del 50 %. El único dato que cabe interpretar como esperanzador es que el 67 % de los españoles cree que la mala situación económica ya ha tocado fondo: un optimismo relativo, acaso inducido por el machaqueo propagandista del Gobierno con los inexistentes ‘brotes verdes’, y en todo caso muy moderado porque la clara mayoría (el 59 %) considera que la recuperación va a ser lenta…

Claro está que, como hemos mantenido en varias Newsletters, en el grave descrédito del PP juega un papel muy importante el ‘caso Bárcenas’ (que en realidad es el ‘caso Gürtel-Bárcenas’) y su pésima gestión política. Ese es el sumidero por el que están desaguando de forma lastimosa los apoyos electorales cosechados por el PP el 20-N, hasta el punto de que en este momento el partido tan sólo cuenta con la fidelidad del 38 % de quienes le votaron en las pasadas elecciones generales.

El tratamiento político del caso, todavía con un largo recorrido judicial y mediático pendiente, ha servido para apuntalar, e incluso acrecentar, las críticas generadas dentro del propio electorado que ya se habían recogido en anteriores oleadas del Barómetro de Metroscopia: dos de cada tres votantes del PP (un 64 %) piensan que los dirigentes populares no están colaborando debidamente con la Justicia y una proporción aún mayor, nada menos que tres de cada cuatro votantes propios (el 73 %), cree que la intención del Gobierno y de su partido de no hablar más del tema y darlo por cerrado, manifestada por Rajoy, es una decisión desacertada.

Paréntesis: Al iniciarse la rentreé política, en el programa televisivo ‘El Objetivo’ que dirige la periodista Ana Pastor (La Sexta 08/09/2013), la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, insistió en que no se explica “los silencios de Rajoy” y en que el jefe del Ejecutivo se ha equivocado en la gestión del ‘caso Bárcenas’. Poniendo por delante que le considera una persona “honrada”, afirmó: “Yo no le compro todo a Mariano Rajoy”, añadiendo que “llaman mucho la atención sus silencios y esa forma de actuar”. El pasado junio, Quiroga ya calificó este asunto de “vomitivo”, mostrándose convencida de que los militantes del PP estarían “asqueados” por las informaciones desveladas al respecto.

Es decir, el intento de Mariano Rajoy de desviar la atención del escandaloso ‘caso Bárcenas’ para hablar de otras cuestiones más importantes para los españoles -según él-, ni siquiera concita el acuerdo de sus correligionarios ni, por supuesto, el de sus propios votantes. De hecho, la percepción de que el Gobierno ‘improvisa sobre la marcha’ es atribuible tanto a la gestión de la economía como a la del ‘caso Bárcenas’, y no sólo para la mayoría de los ciudadanos (un 70 %), sino también para los que declaran expresamente haber votado al PP en las últimas elecciones generales (un 50 %).

Y lo mismo podría aplicarse a la poca confianza que logra transmitir Rajoy: un 87 % de los españoles y un 64 % de los votantes del PP no confían en el Presidente. El Gobierno y el PP, ambos bajo la dirección del mismo anodino personaje, siguen atorados en los dos temas que marcaron la agenda del pasado curso político y que sin la menor duda les están desgastando de forma brutal, con visos de seguir haciéndolo y de forma irreversible.

DE LO YA DESCONTADO A LO QUE QUEDA POR DESCONTAR

Pero si tenemos en cuenta que el trabajo de campo del último Barómetro de Metroscopia se realizó los días 4 y 5 de septiembre, sobre lo ya descontado electoralmente al PP en relación con las razones y sinrazones comentadas, que mantendrán una dinámica propia siempre negativa para los populares, habría que tener en cuenta otras cuestiones ex novo y aún otras más que, siendo ya conocidas, en cualquier momento pueden adquirir gravísima entidad. Con independencia, claro está, de otros problemas que puedan sobrevenir, algo que no suele faltar en ninguna legislatura.

Dentro de este nuevo paquete de posibles daños electorales, que se irán confirmando mes a mes en los nuevos sondeos demoscópicos, está, sin ir más lejos, el fiasco del ‘Madrid 2020’. Porque, gracias a la campaña de  propaganda gubernamental, ‘sobrada’ por los cuatro costados, las personas encuestadas por Metroscopia estarían seguramente convencidas de que la sede de las Olimpiadas del 2020 sería Madrid, y que a su sombra y cobijo se restauraría la imagen internacional de España y se abriría una salida a la actual crisis económica; ilusión que, una vez perdida, no dejará de generar decepción, malestar social y hasta una sensación de ridículo y vergüenza ajena que no se puede traducir de ninguna forma en votos para el PP.

El fracaso del ‘Madrid 2020’ ha sido un palo muy fuerte para Ana Botella y un nuevo hito importante en su desprestigio político tras el trágico suceso del ‘Madrid-Arena’, con consecuencias electorales negativas para el PP tanto en el ámbito capitalino como en el regional, pero que también tendrá su efecto a nivel general dado el gran número de escaños que la circunscripción tiene asignados en el Congreso de los Diputados (36 sobre un total de 350). Y todo ello al margen de que ya antes del verano los sondeos de opinión política anunciaran la perdida de la mayoría absoluta del PP en su gran feudo de Madrid, de forma que los pactos entre PSOE, IU y UPyD para desalojarle del poder también son bien conocidos en los círculos políticos de la Villa y Corte (de momento, en la CAM el PP conseguiría 54 escaños, 30 el PSOE, 29 IU y 16 UPyD).

En todo caso, y pendientes aún de incorporar la incidencia del descalabro olímpico dentro del declive electoral del PP, lo que no ofrece la menor duda es que el impacto público de la celebración de la Diada (Día Nacional de Cataluña) del pasado 11 de septiembre, culminada con una demostración del músculo separatista muy importante, acrecentará aún más la mala imagen del Gobierno y la desconfianza ciudadana en su capacidad para gestionar el ‘problema catalán’, y que, precisamente por esa falta de conducción política, cada vez se muestra en términos de fondo y forma más graves.  

En nuestra Newsletter del 7 de julio de 2013 (ver Rajoy se fuma un puro con el ‘Concert per la Llibertat’ ) ya reclamábamos (por supuesto de forma infructuosa) una mayor atención y decisión del Gobierno y de la propia Corona al auge del independentismo catalán, precisamente porque ese crecimiento se debe en gran medida al pasotismo político e institucional con el que se está contemplando, sin decisiones ni acciones que lo embriden, lo reconduzcan, lo diluyan o lo aborten. Porque lo peor de todo es dejar que el cáncer del separatismo y del enfrentamiento civil llegue a la metástasis en una España que muchos políticos han preferido desde siempre dividida e invertebrada: ahí está, sin ir más lejos, la concepción del propio Estado de las Autonomías, absurdamente nacido con vocación inconclusa y que en el fondo responde al conocido lema político del ‘divide y vencerás’.

Las imágenes y la puesta en escena del ‘Concierto por la Libertad’ celebrado el pasado 29 de junio en el Camp Nou, incluido el espectacular mosaico que se formó en las gradas con el slogan Freedom Catalonia 2014 (reproducido en inglés para que el mensaje llegara mediáticamente con mayor facilidad a todo el mundo), fueron arrolladoras, se quiera o no se quiera reconocer, y por ello en efecto muy preocupantes. Más de 90.000 personas abarrotaron el emblemático estadio azulgrana con una sola voz y con una sola bandera (las del independentismo), convocadas por diversas organizaciones civiles catalanas para reivindicar el derecho a decidir sobre su propio futuro.

Y la realidad, ya contrastada con el Concert per la Llibertat y apenas dos meses después con la espectacular celebración de la Diada, es que el movimiento independentista catalán se está organizando y consolidando y que ya no puede decirse que sea minoritario. De hecho, ha entrado en una dinámica inédita en la historia del catalanismo nacido en el siglo XIX, impulsada por la experiencia negativa de los últimos años con la reforma estatutaria y del sistema de financiación, que ha llevado a buena parte de los catalanes a concluir que su futuro colectivo pasa por la desvinculación del Estado español.

No vamos a insistir en el grave riesgo de ruptura política que hoy late en España, amenaza también viva en el País Vasco, para no repetir análisis y argumentos ya reiterados en otras muchas Newsletters. Pero cada vez es más evidente que Rajoy, investido para ello de mayoría parlamentaria absoluta, debería afrontar, con las consecuencias derivadas, una reforma constitucional que recondujera el actual desvarío competencial del Estado de las Autonomías. Por supuesto, sin dejar de reconocer las especificidades y singularidades históricas y culturales de Cataluña y el País Vasco, junto con otras igual de razonables como las forales de Navarra o las ultra-periféricas de Canarias…

El ‘café para todos’ descubierto en la Transición como fórmula magistral para la organización del Estado y la convivencia nacional, se ha mostrado perfecta y crecientemente inservible en el transcurso del tiempo, sobre todo por sus incontenidos desbordamientos competenciales. Y a Rajoy compete, aquí, ahora y con mayoría parlamentaria absoluta, solucionar el problema, ponerle el cascabel al gato y dar la talla de estadista que no está dando, entre otras cosas para evitar que el lobo electoral que le está enseñando las orejas de forma bien patente en las encuestas políticas, se lo termine comiendo en las urnas.

Al inicio de nuestra andadura editorial, en la Newsletter 20, editada el 29 de julio de 2012, ya nos pronunciamos sobre el origen, las debilidades y la “España sin futuro” a la que nos ha conducido el frangollo político del Estado Autonómico (leer El insostenible descalabro de las Autonomías). Un modelo devenido en arrasador, pero protegido a cal y canto por la actual clase política -y ahora de forma particular por el PP- como instrumento para realimentar la corrupción general del sistema y amparar el pesebrismo partidista.

RAJOY Y EL CUENTO DE CAPERUCITA ROJA

Esta actitud política de los partidos mayoritarios (la torpe pasividad de Rajoy y la torpe actividad de Pérez Rubalcaba), reconvertidos de consuno en una dictadura encubierta que, más allá de su identificación como ‘casta política’, ya podríamos definir como los nuevos ‘Hermanos Musulmanes de Occidente’, señalan cada vez con mayor claridad -y téngase esto bien en cuenta- al derrumbe definitivo del sistema político vigente… Claro está que, en su caso, con la Corona saltando por los aires y muchos lobos comiéndose a las Caperucita Roja del momento allí donde las pillen.

Añadamos también a la cesta electoral esta percepción ciudadana sobre la mala gestión de la cuestión catalana por parte de Rajoy, con la estimación pertinente con la proximidad y el descomunal tamaño real de las orejas del lobo que se empeña en no querer ver. Y ello sin considerar los problemas que puedan sobrevenir de aquí a que se inicien las próximas elecciones generales, precedidas de las europeas y las autonómicas y locales; entre otros posibles, las nuevas reivindicaciones y exigencias de los abertzales vascos y los vinculados a la salud del rey Juan Carlos y de la propia Corona.

Fumándose, pues, puro tras puro tumbado en su cheslong de La Moncloa, el lánguido Rajoy no solo confunde los componentes y soluciones de la crisis general (en su triple vertiente económica, política e institucional), sino que también confunde los problemas, las prioridades y las estrategias evidentes en cada plano, en la misma o peor línea seguida por el alumbrado ZP. Y entretenido, además, canturreando y cogiendo florecillas por el bosque, como hacía Caperucita Roja mientras el lobo feroz se tomaba el aperitivo a costa de su abuelita, con la boca hecha agua esperando devorar a su tierna nietecita.

Lo dicho: Rajoy no quiere verle las orejas al lobo… hasta que éste se lo coma con patatas fritas.

Llegó el día de autos, el decisivo 7 de septiembre de 2013 en el que casi toda España esperaba que en su gran show argentino el Comité Olímpico Internacional (COI) seleccionara a Madrid como la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de 2020, los de “a la tercera va la vencida”, y con él la gran decepción: su eliminación en el primer tramo de la votación, y con el resultado más penoso de las tres ocasiones sucesivas en las que se optaba a ser sede del evento (en Singapur para los JJ OO de 2012, en Copenhague para los de 2016 y en Buenos Aires para los de 2020).

Una derrota sentida como es lógico de forma generalizada, pero sobre todo por el llamado ‘mundo del deporte’. Aunque quizás no tanto como la han podido sentir los políticos del PP directamente afectados, porque ellos son los que más se habrían beneficiado de una decisión favorable a Madrid, presentando ‘su’ victoria como un triple éxito del Gobierno del PP, de un Ayuntamiento del PP y de una Comunidad Autónoma del PP (por supuesto exhibiendo en su caso con ella el recurrente “esto con Zapatero no pasaba”), y como punto de inflexión decisivo en la recuperación económica del país.

Con los JJ OO de 2020 en el bolsillo, está claro que los inexistentes “brotes verdes” de Mariano Rajoy habrían dado paso franco a una esplendorosa rosaleda no menos ficticia, a un indescriptible jardín botánico en plena eclosión primaveral, a una recreación de los legendarios Jardines Colgantes de Babilonia, y que, con una buena capitalización de la elección de Madrid ante la opinión ciudadana (al tradicional estilo del ‘pan y toros’), tal vez se habría podido cortar de raíz el penoso castigo social del ‘caso Gürtel-Bárcenas’. Así, de repente ‘pelillos a la mar’, a insuflar dinero a mansalva en las calderas del deporte, a especular con el record de las medallas que ganarían nuestros heroicos deportistas, a justificar y empujar el cutre proyecto especulativo de Eurovegas y a despachar todos los problemas pendientes (la crisis económica, la corrupción política y las reformas institucionales) con el consabido “si te he visto no me acuerdo” y “el que venga detrás que arree”…

EL CNI VUELVE A EQUIVOCAR AL GOBIERNO

Tan es así, que, según desveló el periodista Pablo García en VozPópuli.Com (12/08/2013), incluso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), muy en su papel de meterse más que nunca donde no le llaman, incluso a instancias de la propia Soraya Sáenz de Santamaría, la ‘Superwoman’ y vicepresidenta ‘para todo’, aseguró al Gobierno de Rajoy de forma temprana que la capital madrileña se haría con la organización de los JJ OO 2020 en la decisiva reunión porteña. En dicha información, apoyada en fuentes policiales del máximo nivel, incluso se afirmaba que algunos miembros del Ejecutivo ya presumían de ello en privado.

En la práctica, es sabido que la mayoría de los votos de los delegados del COI están ‘trabajados’ y decididos con bastante antelación. Por ello, Pablo García decía en su noticia: “Algo que no escapa al CNI, que ha reforzado su convicción de que Madrid ganará ‘con las informaciones que llegan a través de servicios de inteligencia extranjeros fiables, presumiblemente anglosajones’, según las mismas fuentes [del medio informativo], que hablan de la CIA y del servicio de espionaje británico, el célebre MI6”. Aunque al mismo tiempo advertía que “sí el 7 de septiembre fallan las informaciones de altos vuelos del CNI, el ridículo será de los que hacen época y nadie querrá hacerse responsable de ese fracaso”.

Pero cualquier analista de Inteligencia no sólo pondría en cuestión la actitud del CNI asegurando a su Gobierno comportamientos no contrastados, sin duda fuera de lugar, sino que también se plantearía si “la fiabilidad de los informantes extranjeros del CNI” alegadas por las fuentes de VozPópuli.Com respondían o no a una campaña de desinformación o, simplemente, a una tomadura de pelo. Lo cierto es que -proseguía la noticia- portavoces de la candidatura madrileña no dejaron de expresar su “extrañeza” por el hecho de que el CNI poseyera informaciones tan exactas al respecto: “No tenemos ni idea de si los servicios secretos saben de este tipo de cosas. En cualquier caso, celebramos su afirmación”.

“Se trata de una información que corre desde hace semanas", se podía leer en la noticia de referencia. En ella se añadía, además, que algunos miembros del Gobierno no habían perdido ocasión de comentar en público y en privado las brillantes indagaciones del CNI, y que “según otras personas consultadas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, es uno de los que transmiten esa seguridad a quien le pregunta”. Y se precisaba que éste “no es el único miembro del Ejecutivo que expresa idéntica convicción”, concluyendo: “Cabe destacar que la victoria de Madrid el próximo 7 de septiembre supondría un balón de oxígeno seguro para el Gobierno del PP, agotado por el caso Bárcenas”…  

‘MADRID 2020’: UN FRACASO ABRASADOR

Pero la verdad es que en Buenos Aires (precisamente uno de los templos del tango arrabalero), las previsiones o adivinanzas del CNI devinieron en un estrepitoso fracaso. Como se recogía en un pasaje de El Quijote (“No hay amigo para amigo: las cañas se vuelven lanzas”), lo que se esperaba como positivo y beneficioso, y de alguna forma también milagroso, se tornó bruscamente en perjudicial; lo que comenzó siendo un alegre juego político, alentado de forma irresponsable por el CNI, acabó en una situación de frustración y ridículo de tamaño colosal.

Paréntesis: Parece ser que antes de publicarse El Quijote, el romance del siglo XVI titulado Las guerras civiles de Granada, escrito por Ginés Pérez de Hita, ya recogía el sentido de lo que ha terminado siendo un dicho popular: “Cuando se produce un  desengaño amoroso las cañas se vuelven lanzas y todo lo que era bello y maravilloso se transforma en cruel y horrible”. En el texto original se cuenta que Garzul, enamorado de Lindaraja, se marcha de Granada para “jugar a las cañas”, un torneo incruento en el que, entre hábiles escaramuzas, los contendientes se arrojaban recíprocamente sus cañas en vez de sus lanzas, y que Lindaraja, despechada y celosa de que pudiera encontrase con Zayda, que perseguía el amor de Garzul, soltó esta especie de conjuro: “Y plegue Alá que en las cañas / los enemigos que tienes / te tiren secretas lanzas / porque mueras como mientes”.

Pablo García, el avezado periodista ya citado que vio venir justo lo que ha terminado viniendo, publicó de inmediato (VozPópuli.Com 08/09/2013) su particular y afilada ‘crónica de una muerte anunciada’, en términos tan ajustados e irrefutables que no podemos dejar de reproducirla literalmente:

TERRIBLE RESACA DEL TERCER INTENTO OLÍMPICO

La derrota de Madrid 2020, duro golpe para la España oficial con el Gobierno Rajoy y la alcaldesa Botella a la cabeza

El fracaso estrepitoso de la candidatura finiquita la carrera de Ana Botella y desgasta un poco más al Ejecutivo 'popular'. Todos los actores institucionales, medios incluido, naufragaron en su certeza de que a la tercera iba la vencida. El Ayuntamiento de Madrid, sin Juegos Olímpicos que justifiquen su rescate, se asoma al abismo.

“Y aquí está la lluvia”, apuntó desde la Puerta de Alcalá la periodista de Televisión Española cerca de las 20.45, minutos antes de la gran decepción. Fue un batacazo imponente, más sonoro aún que el de Copenhague y Singapur, porque Madrid 2020 besó la lona porteña en un gravísimo momento para el Ayuntamiento y el Gobierno y porque la España oficial, la de los políticos, los servicios secretos y los principales medios de comunicación, había proclamado sin retraimiento su certeza de que la capital acogería unos Juegos Olímpicos por fin dentro de seis años y once meses.

Pero fue empezar a mojar la lluvia al público repartido por la Plaza de la Independencia y saberse que la capital no solo no tenía la mayoría absoluta que sugerían los rótulos de TVE (48 votos), sino que se pasaba al terrible desempate con Estambul, a vida o muerte. Fue muerte. Con todo el mundo de los nervios, en efecto, salió cruz: 45 Madrid, 49 Estambul. Trompazo morrocotudo, ya que la eliminación se produjo en los descartes, no en la final como en 2005 y 2009. Quienes estuvieron en la Puerta de Alcalá cuentan que el gentío se vació pronto, que la esquina noroccidental del Retiro volvió a la normalidad en un tris, reflejo probable de la sospechosa popularidad de la que gozaba la candidatura, ridiculizada esta semana en las redes sociales.

Entre tantos olimpicólogos, resultó que el mensaje del COI no acabó siendo el de la recuperación económica de Occidente (Madrid), ni la apertura al mundo musulmán (Estambul). La crisis sistémica y el recrudecimiento de Oriente Medio avanzan sin fecha de caducidad y ayudaron a la sorprendente Tokio (comentaba el viernes un corresponsal japonés su convicción de que la capital nipona no tenía nada que hacer en Buenos Aires). La concesión de los Juegos, lobbyng y desastre de Fukushima aparte, puede interpretarse como un guiño a la fiabilidad de la tercera economía del mundo, cuyo motor ahora parece arrancar esperanzadoramente tras la gripada década perdida.

Los que quedan en evidencia

La derrota dejó en evidencia, entre tantos culpables, a los portaestandartes de la candidatura española, en la que ya meses antes se aseguraba, inclusive en conversaciones informales de tasca, que Madrid 2020 sería una realidad. Idea que se coló hasta por los despachos ministeriales, y a varios de cuyos titulares, ministros de alto copete y secretarios de Estado, se les contagió la seguridad, de modo que comenzaron a airear alegremente el subidón que para España supondrían los Juegos Olímpicos en pleno estreno del curso político. Hasta el CNI, siempre tan “infalible”, daba por hecha la victoria.

Abanderada por el presidente del COE, ese gañán con pretensiones de prima ballerina llamado Alejandro Blanco, y por un equipo de casi 30 personas, la candidatura 2020 alardeó de una organización barata con el 80% de la inversión olímpica hecha, perseveró en que sería una imbecilidad no presentarse con una ciudad así y anestesió a la gleba prometiendo miles de puestos de trabajo por aquí y el acabose de las veleidades financieras por allá. Hacia las seis de la tarde, Blanco y España entera descubrieron que la sentencia de la Operación Puerto era una bomba de relojería, que la nueva Ley contra el dopaje llegó tarde y que Estambul a lo mejor no iba tan desencaminada sancionando a última hora a decenas de deportistas de élite (¿alguien recuerda una acción similar por parte de las federaciones nacionales?).

Pero aquellos a los que la realidad ha estallado en la cara no pueden ser únicamente los técnicos de la candidatura (realmente la más austera de los tres intentos) o el forofo Alejandro Blanco, henchido de insoportable pasión irracional cada vez que se le mentaba el horizonte 2020. El descalabro se vuelve contra la clase política en el poder, en particular para el Partido Popular, que goza del poder absoluto en Moncloa y en Cibeles. Un revés en toda regla, mortal para Ana Botella, fatal para Mariano Rajoy.

La boya de Rajoy

Rajoy no se agarró hasta el final a una candidatura que echó a rodar casi a la vez que el Gobierno (finales de 2011), impulsada una vez más por alguien al que habrá que volver, el taimado Alberto Ruiz-Gallardón, el Fouché de Españistán que se encaprichó de las Olimpiadas y hormigonó Madrid de infraestructuras al uso, liquidando a posteriori las arcas de una capital que debe a la banca más de las tres cuartas partes de las obras erigidas. Rápidamente Gallardón huyó a Justicia y se parapetó tras el Ejecutivo, dejando vivo su tercer invento. Así que en silencio, Rajoy y su séquito han abrazado Madrid 2020 en los viajes, ahora inútiles, a Quebec, Abiyán, San Petersburgo o Lausana. Y al final, cuando hasta los periódicos que fustigan al PP vendían la piel del oso antes de cazarla, se subió al carro sin miramientos. No, no hay español cabal que viera a Rajoy presidente en 2020, pero los Juegos eran la boya ideal para sujetarse. Las turbulencias económicas y barcenianas continúan flotando.

La siguiente institución golpeada es el Ayuntamiento, al frente del cual se encuentra una alcaldesa que recordará el 7 de septiembre como su Hindenburg político, el día en que su carrera terminó. Heredera de los desmanes del tuno Gallardón, Ana Botella y su impericia verbal recibieron un aviso en una de las instalaciones llamadas a ser olímpicas, el Madrid Arena. La muerte por asfixia de cinco jóvenes durante un festival de música electrónica barrió medio Consistorio. El increíble desengaño de Buenos Aires y su baja popularidad certifican la sentencia de Botella y tocan incluso al expresidente Aznar, muñidor de las aspiraciones de la esposa hace ya diez años.

La labor del Príncipe, en entredicho

Pierde Madrid. La ciudad. Sus servicios. Sus empresas. Esta capital es ingeniosa, acogedora, quizás sin el lustre de urbes como París, Londres o Barcelona, pero capital al fin y al cabo; canalla y caótica con Tierno Galván, continuista con Álvarez del Manzano, tuvo una visión revelada por su heredero, Gallardón: alcanzar a Barcelona en esplendor empezando la casa por donde lo hizo Pasqual Maragall, la organización de un evento de primera magnitud. Hubo, en consecuencia, que echar mano de los Florentinos castizos; y conectar la autopista M-30 propiedad de la ciudad; y cavar un agujero para un enorme centro de convenciones bajo los cuatro rascacielos de la Castellana, y levantar pabellones de última generación sin uso deportivo alguno justificable (Caja Mágica, Madrid Arena); y generalizar la práctica del coche oficial, todo pagado a golpe de desarrollo urbanístico. Tampoco el Ayuntamiento seguiría en la recóndita Plaza de la Villa: había que moverlo al precioso edificio de Cibeles dejándose en ello 500 millones, a sumar a un monto total de 8.000 kilos, el pasivo que adeuda Madrid y que trae de cabeza a proveedores y ciudadanos. Porque el Consistorio no tenía un Plan B para su particular crisis, y ese Plan B ahora se va a improvisar.

La España Oficial culmina en su propia forma de Estado, la monarquía, implicada en el feo asunto ese del lobby, a la vez tan típico de la Corona Española. Ausente su mejor postor, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, preparando, quién sabe, el mejor escenario para la abdicación, el Príncipe de Asturias, cuya labor era tan apreciada por la candidatura, fue el lógico agente de la Realeza para conquistar al COI. El Príncipe naufragó, negando la razón al periodista japonés que indicó esta semana que Madrid 2020 jugaba con ventaja “porque, a diferencia de la familia del Emperador Akihito, que tiene prohibida por la Constitución cualquier acto diplomático, España goza de una Monarquía que juega en favor de sus intereses en el extranjero”.

ENTRE CORRUPTOS Y LADRONES ANDA EL JUEGO

Pero, tras esta lúcida versión de los hechos, que hacemos nuestra porque nos ahorra mayores escarnios personales y la incomodidad de hurgar más en la herida abierta de los sentimientos y esperanzas de los españoles de buena fe que dieron por ganada una partida imposible, que en realidad se jugaba en otro campo y en otra liga, no renunciamos a un análisis propio. Aunque, vista la jugarreta final, el equipo político -propio de una segunda división- y la burda campaña con la que se ha querido vender a la opinión pública la piel de un oso que todavía estaba vivito y coleando, convenga aderezarlo con cierto toque de ironía.

El caso es que, según parece, los cerebros pensantes del PP responsables del Madrid 2020, no se molestaron en recurrir a las hemerotecas aunque sólo fuera para comprobar la tremenda corrupción con la que el COI reviste sus decisiones sobre las sedes de los JJ OO. Una realidad bien visible desde que el 12 de diciembre de 1998 el suizo Marc Holder, hasta entonces presidente de la Federación Internacional de Sky, hiciera públicas en la propia sede del COI en Lausana que unos cuantos de sus miembros (señaló como sospechosos nada menos que a 25) podían “ser comprados”, dejando en total entredicho la selección de Salt Lake City como sede de los XIX Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

A partir de entonces, las revelaciones de corrupción y compra de votos no cesaron, alcanzando a los precedentes XVIII Juegos de Invierno de Nagano (1998), los Juegos de Verano de Atlanta (1996), Sidney (2000), Atenas (2004), Pekín (2008), Londres (2012)… Y, por supuesto, a los de Rio de Janeiro previstos para 2016.

En este último caso, sería la propia delegación española de Madrid 2016 la que acusó directamente al presidente del COI, Jacques Rogge, de haber manipulado la votación en favor de la sede brasileña, que gano a la de Madrid doblándola en votos. Entonces, la airada reacción del COI ante las acusaciones filtradas por los responsables de la candidatura española, dieron lugar a una reveladora crónica de ElConfidencial.Com (06/10/2009), sobre todo a la vista del fiasco de Buenos Aires, titulada “Indignación en el COI por el ‘mal perder’ de Madrid tras la elección de Río”:

Las manifestaciones realizadas contra el funcionamiento del COI por parte de algunos miembros de la delegación española que el pasado fin de semana apoyaron en Copenhague las opciones de Madrid como sede olímpica para 2016, han causado un profundo malestar en el citado Comité Olímpico Internacional (COI) y en especial en su presidente, Jacques Rogge, que ha acusado en privado a la candidatura madrileña de “arrogancia” y de desconocer algunas normas básicas del funcionamiento de la institución.

Los medios de comunicación españoles se han hecho eco de los ataques que, todos acogidos al anonimato, se han deslizado desde la candidatura Madrid16 contra el COI, después de que Madrid perdiera el pasado viernes la votación final frente a Río de Janeiro por 66 votos frente a 32. Algunos de los comentarios al respecto han llegado a sugerir que la votación fue “amañada” por el propio presidente del COI para favorecer a Río en perjuicio de Madrid.

“Entre los miembros del COI han causado profunda indignación las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación españoles por parte de la candidatura de Madrid, los miembros de la delegación y algunas de sus autoridades”, ha asegurado a este diario un miembro del COI muy cercano a Jacques Rogge, que ha pedido el anonimato, “una actitud que contrasta con las conciliadoras palabras expresadas por el alcalde de Madrid al asumir la derrota”.

“De manera absolutamente inexplicable e inédita hasta la fecha se ha llegado hasta el punto de insultar gravemente al presidente de la institución”, prosigue la fuente del COI, “al que se ha llamado reiteradamente ‘traidor’, y al que se ha difamado al acusarle de haber `dirigido las votaciones´, es decir, de imponer su criterio a los más de sesenta miembros que optaron por la candidatura de Río con toda la libertad que brinda un sistema de votaciones individual y secreto”.

“No sabemos qué tipo de derechos adquiridos creía tener la candidatura española, pero organizar unos JJOO es una cosa muy seria. Esto no es el festival de Eurovisión, y si pensaban que por poner unos videos muy bien hechos y leer unos discursos muy emotivos es suficiente, están completamente equivocados. Y si no que se lo pregunten a Chicago y al presidente Obama, quienes por cierto no se han atrevido ni siquiera a hacer la menor insinuación tras ser eliminados en primera ronda, algo que bien hubieran podido interpretar como una auténtica humillación”.

En opinión del miembro del COI, “el comportamiento prepotente y antideportivo de los representantes de Madrid, además de empañar los aspectos más positivos de la candidatura, daña gravemente sus opciones de cara a los JJOO de 2020, y me atrevo a decir más: creo que la capital de España debería olvidarse de nuevos intentos de presentarse en favor de otras ciudades españolas que quieran recoger el testigo, porque lo ocurrido va a tardar tiempo en olvidarse”.

El fair play de Chicago

Los titulares e informaciones aparecidos en algunos de los más importantes medios escritos españoles, obviamente partidarios de la organización de los JJ OO de 2016 en Madrid, no dejan lugar a dudas: “El COI dirigió la votación según Madrid”, aseguraba el  diario El Mundo, que añadía que “Un destacado político vinculado con Madrid16 dice que el sistema está viciado”. El remate lo ponía David Lucas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital: “La decisión ha sido injusta”. ABC, en portada y página interior completaba el cuadro: “La traición de Jacques Rogge”.

En claro contraste, la prensa americana ha aceptado con verdadero fair play la eliminación de Chicago por la vía rápida. Las críticas en este caso se han dirigido contra el presidente Obama, y de diarios como el The New York Times no precisamente de derechas: “No sólo fracasó en llevar el oro a casa, sino también la plata y el bronce”. Por su parte, el conservador The Wall Street Journal asegura que “la derrota olímpica muestra que en los asuntos mundiales los intereses son más fuertes que el encanto o la popularidad. Es mejor aprender esta lección por un evento deportivo que por las armas atómicas".

LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA: ALIARSE CON LA MAFIA

Pero, con este antecedente tan descarnado ¿acaso es comprensible, no ya el agarrarse a la tontuna del “a la tercera va la vencida”, sino plantearse una campaña de la candidatura de forma tan ingenua y poco profesional…? ¿Quién ha podido convencer a los responsables de Madrid 2020 que tenían asegurada la mayoría absoluta de los votos más o menos ‘por el morro’, según ha manifestado el avispado presidente del COE, Alejandro Blanco? ¿Tal vez el CNI…? ¿Y, en su caso, por qué extraña razón se iban a conocer de antemano los votos secretos de los miembros del COI…?

La realidad es que, con tantos sabios y aprendices de brujos pendientes del ‘milagro olímpico’, en vez de repartirse tantos globitos y piruletas como se han repartido por las calles de Madrid, organizar tantas carreritas de propaganda absurda, engatusar a la buena gente de a pie como se la ha engatusado (pensando quizás que ellos eran los votantes) y pedirse el voto a quienes realmente lo daban con las chorradas argumentales con las que se ha pedido, no se haya diseñado una auténtica operación mafiosilla ad hoc, profesional y eficiente (tómese como un sarcasmo). El ocurrente e infalible augur Félix Sanz, hubiera sido el estratega y director ideal de un plan de este tipo, trajinándose a los miembros más receptivos del COI con su generoso ‘fondo de reptiles’ (en vez de gastarlo en sobresueldos, pipas y caramelos), sobrándole comandos bien experimentados para su ejecución sobre el terreno: Bárcenas y los chicos de Correa.

Se podría haber denominado en clave Operación ‘Lucky Strike’ (Golpe de Fortuna), pero no por alusión a la conocida marca de cigarrillos de la British American Tobacco Company, sino por estar inspirada en los afortunados servicios prestados por el gánster Lucky Luciano (en realidad se llamaba Salvatore Lucania) a su patria adoptiva en los más duros momentos de la II Guerra Mundial. Porque, ya se sabe que en medio de una batalla, y lo de Madrid con los JJ OO lo era, todo aliado es un amigo sin necesidad de que exhiba un buen pedigrí.

Claro está que Operación ‘Bajo Mundo’ también sería aceptable, por razones obvias. Además, así se conoció en Estados Unidos la impagable colaboración prestada al Tío Sam por la mafia siciliana a partir de que en febrero de 1942 se detectaran posibles actos de sabotaje en el puerto de Nueva York, como el incendio del trasatlántico Normandie dedicado al transporte de tropas y pertrechos de guerra, propiciado al parecer por los propios estibadores que consideraban el territorio portuario como “cosa nostra”, lo que desató una gran inquietud ciudadana ante el riesgo latente de la llegada a las costas estadounidenses de submarinos alemanes.

Entonces, el Gobierno norteamericano se dio cuenta de que tenía que negociar con la Mafia, que ya se había declarado antifascista y que sin duda era su mejor aliada para controlar la seguridad de las instalaciones y las actividades portuarias. Una situación que sirvió para que Lucky Luciano (que era ‘il Capo di tutti capi’), encarcelado en el Clinton Correccional de Dannemora de Nueva York (una prisión más o menos como la de Soto del Real que acoge al ‘delincuente Bárcenas’), pudiera recuperar la libertad y fuera deportado a Sicilia, donde jugó un papel decisivo coadyuvando en el desembarco de las tropas aliadas.

En el caso particular de Sicilia, la ‘Cosa Nostra’ había sido arrinconada y perseguida por el fascismo de Mussolini, aunque mantenía oculta toda su estructura y su red de contactos esperando a las fuerzas aliadas. Por eso, Estados Unidos no tuvo el menor reparo en utilizar a la mafia local para contactar con sus ‘primos sicilianos’, de forma que cuando el 10 de julio de 1943 las primeras tropas angloamericanas pusieron pie en aquellos lares su ayuda informativa y de apoyo operativo fue realmente valiosa.

De hecho, tras la invasión aliada, Charles Poletti, vicegobernador del Estado de Nueva York y conocido por sus relaciones mafiosas (Lucky Luciano lo describía como “uno de nuestros buenos amigos”), fue nombrado nada menos que gobernador militar de Sicilia con el grado de coronel, facilitando que los propios capos mafiosos se hicieran con el control del poder local a cara descubierta, ocupando las alcaldías de sus respectivas poblaciones (por ejemplo, Calogero Vizzini, fue alcalde y jefe de la Mafia de Villalba, en la provincia de Caltanissetta, y Serafino de Peri en Bolognetta, provincia de Palermo…). Incluso se cuenta que el primer carro de combate aliado que llegó a un pueblo siciliano exhibía la bandera blanca con una “L” en el medio, símbolo convenido de simpatía por los capos, mientras los vecinos lanzaban gritos de “¡Vivan los Aliados!” y “¡Viva la Mafia!”…

LOS CHICOS DE LA ‘GÜRTEL’ Y EL ‘DELINCUENTE BÁRCENAS’

Y, con ese antecedente tan ilustrativo, jugándose Madrid los cuartos con quien se los estaba jugando -al parecer auténticos delincuentes de cuello blanco-, y contando el PP entre sus filas con la banda de artistas ‘sobreros’ con la que cuenta -de extensa y probada experiencia-, no se entiende bien porque el omnímodo poder político popular no dio entonces rienda suelta a los mafiosillos del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ para que, talonario en ristre, condujeran el voto de los caninos miembros del COI por la senda debida para satisfacer las ansiadas aspiraciones madrileñas del 2020.

Seguro que Francisco Correa (‘Gürtel’ en persona, autobautizado como ‘Don Vito’), Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, Arturo González Panero ‘El Albondiguilla’ (ex alcalde de Boadilla del Monte), el ex senador y avezado ex tesorero del PP Luis Bárcenas (conocido en el PP como ‘El Delincuente’), el ex diputado, ex consejero de Fomento y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Jesús Merino (a quien los empresarios de la construcción llamaban ‘Mister 5%’) y un largo listado de hábiles ‘conseguidores’ del PP, habrían liquidado en un periquete la colecta de votos favorables a la organización de los JJ OO 2020 en la antaño capital de la ‘Movida’. Y seguro que hubieran dejado en mantillas la famosa llamada festiva del viejo profesor Tierno Galván cuando gobernaba el ayuntamiento capitalino con inusitado desparpajo (“¡Rockeros: el que no esté colocado, que se coloque… y al loro!”).

Porque, si Ana Botella y Alejandro Blanco hubieran estado de verdad ‘al loro’ (algo ciertamente impensable), en vez de pasearse como ‘la muñeca Repollo’ y ‘Don Nicanor tocando el tambor’ por las alfombras del COI, sin imaginar siquiera las alcantarillas que ocultaban, otro gallo les habría cantado con melodía menos desafinada y estrepitosa. Quizás, con menos jeribeques y tics propios de la élite popular madrileña (Puerta de Hierro, el Barrio de Salamanca y poco más), y resguardada por ‘los chicos de la Gürtel’, expertos en bajos fondos como la banda siciliana de Lucky Luciano, la torpe aventura de Madrid 2020 no hubiera abrasado como ha abrasado al Príncipe Felipe, al Ayuntamiento de Madrid y al COE, dejando la imagen del Gobierno de Rajoy y de la ‘Marca España’ arrastrada por los suelos.

El riesgo hubiera sido, claro está, que los expertos ‘conseguidores’ del PP, que también son excelentes ‘sobrecogedores’, se hubieran quedado con la pasta y, a la postre, siguiéramos en las mismas. Cosa probable.

Con el reconocido estilo ‘pactista’ de nuestra política doméstica (por no decir ‘golfista’), sorprende la tremenda torpeza con la que el Gobierno del PP, que tanto ansiaba Madrid como sede de los JJ OO 2020, ha gestionado la campaña de su candidatura. La verdad incuestionable es que con nuestra clase dirigente vamos lamentablemente a menos: ni el Príncipe es el Rey, ni Samaranch hijo es como su padre, ni Rajoy es Felipe González (que en 1992 se puso las botas). Y, por supuesto, Ana Botella ni siquiera es como Tierno Galván. Eso sí, por poner ejemplos menos ácidos, Ángel Carromero, Carlos Floriano y Esteban González Pons, sin contar a Pérez Rubalcaba en el negociado socialista, son una gran esperanza.

Todo, pura ironía.

Cuando Anthony Lake fue nombrado consejero de Seguridad de Bill Clinton en 1993, cargo todopoderoso que desempeñó hasta 1997, declaró sin ambages ni ambigüedades: “Un factor prioritario debe determinar cuando Estados Unidos actuará multilateralmente o unilateralmente, y ese factor es el interés de Estados Unidos”. La rotundidad de su afirmación devenía de la inflexión y reconducción estratégica de la política exterior de Estados Unidos generadas con la caída del ‘Muro de Berlín’, acaecida el 9 de noviembre de 1989, es decir por la conclusión de la Guerra Fría.

Es difícil formular con menos palabras un mensaje político tan claro y, además, convertido en la directriz de la acción exterior de la que entonces era la superpotencia prevalente en el mundo, aunque fuese un principio enraizado en el origen mismo de su relativamente corta existencia como nación independiente del Reino Unido (proclamada el 4 de julio de 1776). Y para entender bien la esencialidad inequívoca de ese ‘interés nacional’, baste recordar, sin ir más lejos, lo explicitado por Fletcher Pratt (1897-1956), reconocido escritor norteamericano de ciencia ficción y especialista en historia naval y en la Guerra de Secesión: “El expediente de su propia historia, incluso de la más reciente, muestra a los Estados Unidos como la potencia más pendenciera y más insensatamente violenta del mundo”. Es decir, la toma de lo ajeno por las armas.

El fondo de la cuestión parece claro, pero si alguien tiene dudas sobre la cabal afirmación de Pratt, léase entonces el capítulo titulado Opiniones del libro de Carlos María Ydígoras “Los Libertadores USAS” (Editorial Arrayan, 1966). En él se describen casi un centenar y medio de intervenciones armadas de Estados Unidos en el extranjero, sólo desde que inició su primera guerra contra Argelia en 1785 y hasta la ocupación de Islandia en 1941 (sin contar por tanto lo mucho, a veces verdaderamente apocalíptico, que ha venido después).

Por lo que respecta a enfrentamientos de Estados Unidos con España, hay que recordar entre medias de esas fechas las luchas en el río Sabine, hoy Texas (1803-1806); la conquista de la entonces Florida Occidental española (1812-1814) y la guerra por la que se ocuparon Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico (1898-1899), desatada con la misterioso explosión y el consiguiente hundimiento del acorazado USS ‘Maine’ en la bahía de La Habana el 15 de febrero de 1898. Todo ello al margen de la peccata minuta que supuso la prohibición de usar en la guerra de Ifni (1957-1958) los reactores F-86 ‘Sabre’ y Lockheed T-33, trasferidos a España a raíz de los convenios hispano-norteamericanos de 1953 (considerando aquel conflicto una “guerra colonial”), el apoyo encubierto prestado a Marruecos en su ‘Marcha Verde’ de 1975 sobre el Sahara español, la ‘tutela’ ejercida durante la Transición Española (incluidos los sucesos del 23-F), la connivencia de tolerancia con la ‘colonia otanista’ de Gibraltar…

DE LA ‘DOCTRINA MONROE’ AL ‘COROLARIO ROOSEVELT’

Pero nada de ello tendría que sorprender a quienes recuerden el conocido manifiesto nacionalista de Frank Bohn (1878-1975), historiador, político de adscripción socialista y sobre todo sindicalista hiperactivo, publicada en la prestigiosa American Journal of Sociology:

Somos el pueblo más grande del mundo. Nuestro Gobierno es el mejor de todos los conocidos. En materia de fe y moral, nosotros somos exactamente lo que debe ser el hombre. Somos también los mejores combatientes que hay en la tierra. Como pueblo, somos el más hábil y, socialmente, el más desarrollado. Otras naciones podrán errar en su camino, pero nosotros estamos a salvo de toda equivocación y caminamos por el sendero seguro. Nuestra historia es el triunfo de la justicia, y así vemos manifestarse esta fuerza en cada generación de nuestro glorioso pasado. Nuestro desarrollo y nuestro éxito, cara al futuro, son tan seguros como ciertas leyes matemáticas. La Providencia siempre nos acompañó. La única guerra que los Estados Unidos ha perdido, es aquella en la que un tercio de ellos fue vencido por las otras dos terceras partes. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para salvar y purificar al mundo con nuestro ejemplo.

Un ‘Destino Manifiesto’ (Manifest Destinity) que ya había sido formulado con anterioridad por el periodista John L. O’Sullivan (1813-1895), director de la Democratic Review, cuando en un artículo titulado “Diego”, publicado en el número de Julio-Agosto de 1845, justificaba la anexión territorial de zonas colindantes (Texas y Oregón) como nuevos Estados de la Unión de esta forma: “El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino”.

Apenas cuatro meses después, O’Sullivan volvió a manejar aquel mismo concepto y aspiración ‘continentalista’ en una columna publicada el 27 de diciembre de 1845 en el New York Morning News, afirmando en relación a la disputa con Gran Bretaña por Oregón: “Y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno”.

Pero, aún antes, si se analiza la denominada ‘Doctrina Monroe’, que fue elaborada por John Q. Adams, sexto presidente de Estados Unidos, en base a una formulación original de su predecesor, el presidente James Monroe, realizada en 1823, ya se percibe en ella la traza ‘imperial’ del peculiar genoma USA. Dicha doctrina, que fue presentada inicialmente por Monroe durante su séptimo discurso al Congreso sobre el ‘Estado de la Unión’, establecía que cualquier intervención de los Estados europeos en América (es decir, en todo el Continente Americano) sería interpretada como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos.

Tomada inicialmente con dudas y posteriormente con gran entusiasmo, la ‘Doctrina Monroe’ fue la definitoria de toda la posterior política exterior de Estados Unidos, en sucesivas claves y reinterpretaciones ‘adaptables’ (por ejemplo, el propio presidente Adams la entendió inicialmente como una mera proclamación de oposición al colonialismo). Su síntesis es el conocido lema de “América para los americanos”, propuesto por el propio Monroe, pero entendiendo como ‘americanos’ sólo a los estadounidenses…

De hecho, asumida la ‘Doctrina Monroe’, el político chileno Diego Portales Palazuelos (1793-1837, que a partir de 1830 y hasta ser asesinado el 6 de junio de 1837 ocupó en su país la Gobernación Militar de Valparaíso y diversas carteras ministeriales (Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina) escribió acertadamente a uno de sus correligionarios: “(…) Si, pero hay que tener mucho cuidado: para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos”.

Y ya en el siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt reafirmó el ‘Destino Manifiesto’ de Estados Unidos, emitiendo una enmienda (conocida como ‘Corolario Roosevelt’) a la propia ‘Doctrina Monroe’, de forma que ésta consideraría toda la América Latina y todo el Caribe como territorios para expandir los intereses comerciales norteamericanos en la región, ampliando muy sustancialmente su propósito original -al menos en la interpretación del presidente Adams- de mantener la hegemonía europea fuera del hemisferio nord-occidental.

Este corolario fue formulado por Th. Roosevelt ante el Congreso en el discurso del ‘Estado de la Unión’ del 6 de diciembre de 1904, tras el bloqueo naval realizado por las potencias europeas (Alemania, Inglaterra e Italia) a Venezuela en 1902-1903 para cobrar por la fuerza el pago de una deuda contraída en las últimas décadas del siglo XIX. Y en él se concluía que, si en un país latinoamericano o del Caribe situado bajo la influencia de Estados Unidos se amenazaban o ponían en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el propio gobierno norteamericano se consideraba obligado a intervenir en los asuntos internos del país “desquiciado” para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas.

Su primera aplicación, consistió en la toma por parte de Estados Unidos de las aduanas de la República Dominicana en 1905, para pagar a los acreedores extranjeros de aquella nación caribeña. Sus consecuencias no fueron otras que comenzar a crear un sentimiento anti estadounidense en la mayor parte de los países de habla hispana, todavía apreciado hoy en día.

En realidad, el ‘Corolario Roosvelt’ se aprobó como un ‘cheque en blanco’ del Congreso de Estados Unidos para que sus gobiernos pudieran intervenir libremente en América Latina y el Caribe, estableciendo derechos cuasi coloniales, o neocoloniales, sobre todos los países del Continente Americano (con la particular exclusión de Canadá). Y cierto es que muy similares a los que se habían acabado de otorgar el Reino Unido y Francia sobre los países de sus áreas de influencia en los acuerdos de no agresión y regulación de la expansión colonial de la ‘Entente Cordiale’ (el entendimiento cordial) del 8 de abril de 1904.

Paréntesis: Los acuerdos de la ‘Entente Cordiale’ entre Reino Unido y Francia fueron la base para la formación de un sistema de alianzas entre esos dos países (a los que se sumarían Rusia y Estados Unidos) durante la I Guerra Mundial: la ‘Triple Entente’, derivada de la alianza franco-rusa de 1893, de la propia ‘Entente Cordiale’ franco-británica de 1903 y del acuerdo anglo-ruso de 1907, frente a la ‘Triple Alianza’ del Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia.

EL ‘DESTINO MANIFIESTO’ Y EL IMPERIALISMO ECONÓMICO

Pero, ¿alguien puede pensar que el ‘Destino Manifiesto’ de Estados Unidos, la ‘Doctrina Monroe’ y el ‘Corolario Roosevelt’ tienen algo que ver realmente con el civismo, el desarrollo de la civilización, la solidaridad mundial, la paz…? ¿Y es que, a estas alturas de la historia, es creíble la imagen de ‘combatiente responsable’ con la que el presidente Barack Obama –irresponsable Premio Nobel de la Paz- quiere enaltecer ahora su arrogada condición de ‘Gendarme Universal’, lanzando todo su poderío militar contra Siria sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, como hizo George Bush II con Irak en 2003…?

Scott Nearing (1883-1983), profesor en la Escuela Rand de Nueva York en sus momentos de mayor prestigio y comprometido con la economía social, la ética, la paz, la igualdad y la ecología, lo percibió con claridad hace ya casi un siglo: “Ninguna nación iguala a los Estados Unidos en la búsqueda de posesiones materiales. El perseguimiento de la riqueza en los Estados Unidos se ha llevado a cabo de manera atroz y brutal. ‘Cualquier cosa con tal de ganar’, ha sido el lema. El hombre contra el hombre, el grupo contra el grupo, han luchado por las ganancias, primero; por ir adelante, después; por acumular riquezas y lujos y, por último, por poseer el inmenso poder que acompaña al control de la riqueza moderna. El amontonamiento de las riquezas, el afán rapaz y desmedido de ¡más! ¡más!, la deserción de los más caros principios y las primeras promesas y el trascribir otra historia del determinismo económico”.

En su lúcida aproximación al ‘sentido imperial de los negocios’ consustancial a Estados Unidos, Nearing advirtió: “Los gobiernos de los Estados Unidos son víctimas de una necesidad económica que los compele a buscar y a encontrar materias primas, mercados y oportunidades para la inversión. También son los poseedores del suficiente poder económico, financiero, militar y naval para satisfacer estas necesidades a discreción. Los fondos de capital de los Estados Unidos en América Latina y el caribe exigirán cada vez mayor protección. No hay sino un medio para que los Estados Unidos den esa protección y es cuidar que estos países conserven la ley y el orden, respeten la propiedad y accedan a los deseos de la diplomacia americana. Donde quiera que un gobierno falle a  este respecto, será necesario que el Departamento de Estado, en cooperación con la Armada, atienda a que se establezca un gobierno que se porte bien”.

A continuación, y según recogía también Ydígoras en su obra citada, Scott Nearing conectaba esa visión del imperialismo económico norteamericano con el ‘Destino Manifiesto’ que había elaborado John Q. Adams en base a la formulación propuesta por James Monroe en 1823: “Según la Doctrina de Monroe, a ningún gobierno latinoamericano se le permitirá concertar alianzas con países de Europa o Asia. Según la Doctrina de Monroe, tal y como ahora se interpreta, a ningún gobierno latinoamericano se le permitirá organizar un gobierno revolucionario que suprima el derecho de los intereses privados a poseer el suelo, carbón, madera y otros recursos. La simple amenaza del gobierno de Carranza [se refería a José Venustiano Carranza, presidente de México entre 1917 y 1920] de realizar un acto semejante, fue lo bastante para mostrar lo que tiene que ser la política americana en casos análogos. Los Estados Unidos no necesitan dominar políticamente a sus hermanas, las Repúblicas más débiles. No necesitan meterse con su independencia. Mientras sus recursos puedan ser explotados por capitalistas americanos, mientras sus inversiones gocen de razonable seguridad, mientras los mercados estén abiertos y mientras se satisfagan todas las otras necesidades del capitalismo de los Estados Unidos, los estados más pequeños del Hemisferio Occidental están libres para seguir su camino de paz y prosperidad”.

Claro está que para llegar a sus conclusiones, el profesor Nearing tendría que bucear en la historia de su país manejando datos, documentos y referencias políticas. Y entre ellas seguro que no faltarían las explicaciones del historiador Albert J. Beveridge (1862-1927), quien además de ser autor de una extensa y documentada biografía de Abraham Lincoln -inacabada porque sólo llegó a publicar dos volúmenes de los cuatro previstos- también fue durante 12 años senador republicano por Indiana (entre 1899 y 1911), sintetizadas en este impresentable alegato imperialista:

“Las fábricas norteamericanas producen más de lo que el pueblo norteamericano puede utilizar. El suelo norteamericano produce más de lo que el pueblo norteamericano puede consumir. El destino nos ha trazado nuestra política. El comercio del mundo debe ser nuestro y lo será. Y lo conseguiremos de la manera que nos enseñó nuestra madre Inglaterra. Estableceremos puestos comerciales en todo el mundo. Con puntos de distribución de productos norteamericanos. Cubriremos los océanos con nuestra marina mercante. Construiremos una Armada a medida de nuestra grandeza. Grandes colonias, gobernadas por sí mismas, pero enarbolando nuestra bandera y comerciando con nosotros, crecerán en torno a nuestros puestos comerciales. Nuestras instituciones seguirán a nuestros comerciantes en alas de nuestro comercio. Y la ley norteamericana, el orden norteamericano y la bandera norteamericana, se implantarán en playas hasta ahora sangrientas e ignorantes, embellecidas e iluminadas en adelante por aquellos instrumentos de Dios”.

Pero Scott Nearing debió contrastar al mismo tiempo el pensamiento de otros economistas que le precedieron en la crítica del imperialismo, como el del británico John Atkinson Hobson (1858-1940), conocido académica y periodísticamente como J. A. Hobson, quien en 1902 había escrito: “Esta repentina exigencia de mercados extranjeros para las manufacturas y las inversiones, es la responsable de la adopción del imperialismo como norma y práctica política del partido Republicano, al cual pertenecían los más grandes jefes industriales y financieros, y que les pertenecía a ellos. El entusiasmo aventurero de Th. Roosevelt y su partido del ‘destino manifiesto’ y de ‘misión civilizadora’ no deben engañarnos. Los señores Rockefeller, Morgan y sus socios eran quienes necesitaban el imperialismo, y lo colocaron sobre los hombros de la gran República de Occidente. Necesitaban el imperialismo porque necesitaban utilizar los recursos públicos de su país para encontrar empleo provechoso a sus capitales, que de otra manera habrían resultado superfluos…”.

Una idea que el propio Nearing matizaría de esta forma descarnada: “Lo que los gobernantes americanos quieren poseer, lo quitan por la fuerza a los que lo poseen… Los pueblos del mundo saben estas cosas. Los habitantes de la América Latina las conocen por amarga experiencia. Los habitantes de Europa y Asia las conocen de oídas. Tanto en Occidente como en Oriente, los Estados Unidos son conocidos como la Nueva Alemania. Esto significa que los habitantes de estos países miran a los Estados Unidos exactamente del mismo modo que aprendieran a considerar Alemania. Para ellos, los Estados Unidos es un imperio grande, rico y brutal que asienta su planta y pone el puño donde lo necesita…”.

LA NECESIDAD DEL ‘ESTADO GUERRERISTA’…

Pero, dando por evidentes tanto la traza ‘agresiva’ como la traza ‘imperial’ de lo que ya hemos definido como el ‘genoma USA’, no parece difícil que ambas terminen conciliadas precisamente en la industria militar de Estados Unidos, la más poderosa políticamente, punta de lanza de la investigación y el desarrollo tecnológico mundial y también la que industrialmente genera mayor valor añadido, aunque de forma paradójica en sí misma sea una industria improductiva, por no decir destructiva.

El filósofo, matemático, lógico y escritor galés Bertrand Russel (1872-1970), que fue un gran activista social y Premio Nobel de Literatura en 1950, escribió estos significativos párrafos de análisis y denuncia en los últimos años de su vida:

“Los dirigentes del capitalismo norteamericano tienen una necesidad imperiosa de realizar gastos militares. Todas las crisis económicas en los Estados Unidos se han resuelto mediante el complejo militar-industrial a través de la provocación armada, permitiendo el más amplio acrecentamiento de lo que se ha llamado justamente ‘Estado guerrerista’. Este ‘Estado guerrerista’, aparte de requerir una perpetua producción de armas para su propia supervivencia, oprime a la gran mayoría de los pueblos del mundo a fin de proteger su influencia avasalladora sobre sus recursos naturales y la riqueza nacional…”.

“Cuando declaramos enfáticamente que el poder industrial de los Estaos Unidos ha sido usurpado por grupos de gobernantes rapaces y crueles, y aplicado esta política al mundo de manera brutal, se hace tan claro como el cristal que la lucha por la liberación nacional es el único camino seguro hacia la paz mundial. Un sistema tal como el capitalismo norteamericano, que necesita de la guerra para su continuidad y 3.600 bases militares para mantener su control sobre la riqueza del mundo, no puede ser disuadido de su actividad. En la presente etapa de la historia mundial, el imperialismo norteamericano es la principal fuente de explotación y opresión de la tierra. Estados Unidos posee o controla casi el 60 por 100 de os recursos naturales del planeta, aunque sólo alberga al 6 por 100 de la población. Tal es el motivo básico del nivel de hambre en que viven los dos tercios de la población del mundo. Los llamamientos a los gobernantes de los Estados Unidos no producen efecto sobre los mismos. Los intentos para ganarse su favor no sólo habrán de fracasar, sino que alentarán a los aventureros guerreristas del Pentágono. Los Estados Unidos han desplegado en el Vietnam todas las medidas de salvajismo de sus gobernantes…”.

“En el transcurso de la historia ha habido muchos imperialismos crueles y predatorios, pero pocos han sido tan poderoso como el imperialismo estadounidense. Tan pronto como un pueblo se alza contra la opresión, el poderío militar norteamericano entra inmediatamente en acción. El problema, por lo tanto, que afrontan los pueblos del mundo, es cómo reemplazar a los gobernantes de los Estados Unidos que crearon una máquina bélica brutal para proteger su imperio económico… Pero el problema no es sólo el de la agresión militar. Los gobernantes norteamericanos controlan también los mercados mundiales y a través de ellos extraen las riquezas de los pueblos, haciéndolos aún más dependientes de los Estados Unidos… Si nos unimos en un programa de resistencia revolucionaria a la opresión y a la injusticia, podremos liberar a la humanidad. Si no lo hacemos, será la humanidad la que sufrirá…”.

… DE VUELTA CON LA AMENAZA DE LAS ARMAS QUÍMICAS

Todas estas referencias más o menos lejanas, no dejan de ser útiles para entender con exactitud la política exterior de Estados Unidos y el potente componente bélico (‘guerrerista’ como lo definió Bertrand Russel) con el que la ha venido impulsando también a partir de la caída del ‘Muro de Berlín’, y bien evidente en las últimas incursiones bélicas estadounidenses en Oriente Próximo y Asia Occidental. Una idea de correlación estratégica entre la economía y el poder militar esencial en el ‘genoma USA’, pero, al parecer poco percibida en Europa (y desde luego invisible para el ex presidente Aznar y probablemente también para Rajoy) a tenor del apoyo sicario que algunos países del Viejo Mundo prestan complacidos al ‘Tío Sam’ para que su ‘Destino Manifiesto’ llegue por fin a los confines más remotos; es decir para que alcance un nivel cosmogónico, mucho más allá de las originales aspiraciones fascistas de los Bohn, los Beveridge o los O’Sullivan ya citados, para que USA se convierta en el Gendarme Universal.

En nuestra sección de Libros Recomendados, y clasificada en el apartado temático Referentes Sociopolíticos, se puede encontrar una recesión de “El gran tablero mundial”, una de las obras más reveladoras de Zbiegnew Brzezinski, que el autor subtitula como ‘La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos’, y en la que, además de reflexionar sobre lo que ya a finales del siglo pasado (que es cuando la escribió) significaban los recursos de Asia Central en el contexto de las relaciones internacionales, también realiza una inteligente aproximación prospectiva sobre los años venideros. Por supuesto, esforzándose en demostrar que, en ese futuro, no caben alianzas posibles en contra de Estados Unidos y evidenciando cierta nostalgia de la preponderancia que alcanzó tras la II Guerra Mundial.

Aunque, a los efectos críticos que evidentemente estamos planteando, quizás sea más ilustrativo acceder al análisis de dicha obra realizado por Moussa Garduño, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), en el que pormenoriza de forma rigurosa las percepciones y propuestas geoestratégicas del politólogo Brzezinski para salvaguardar la supremacía estadounidense a nivel mundial. Ver: Análisis de la obra de Zbiegnew Brzezinski "El gran tablero mundial".

De cualquier forma, y dado que esta Newsletter no pretende ser un ensayo ni una tesina sobre la política exterior de Estados Unidos y su componente belicista, sino sólo una advertencia sobre el objeto real que encubre su obsesivo intervencionismo armado, y en particular sobre sus objetivos más próximos, es decir, ahora sobre la ‘operación de castigo’ (que oficialmente no será de ‘derrocamiento’) contra el régimen sirio de Bashar al-Assad, que es como empezó la inútil y diabólica última guerra de Irak, recordemos la parodia montada por Estados Unidos tras los atentados del 11-S con la ‘amenaza’ de unas ‘armas químicas de destrucción masiva’, realmente inexistentes en el arsenal bélico de Saddam Hussein. Un cuento chino que, apoyado por informes falsos de la CIA y el MI-6 (similares a los que, si conviene, ahora aparecerán a no dudar sobre Siria), obnubiló a José María Aznar hasta integrarle en el ‘Contubernio de Las Azores’ como el sicario más gratuito del Tío Sam (por cierto, aunado mano a mano con los colonialistas de Gibraltar).

Aunque lo realmente abracadabrante fue el lamentable espectáculo ofrecido entonces por la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, defendiendo sin ton ni son las mentiras y procelosas maniobras diseñadas en las alcantarillas de la CIA, el Pentágono y la propia Casa Blanca sobre la amenaza mundial de las armas químicas iraquíes. Durante una rueda de prensa compartida el 15 de agosto de 2003 en Madrid con Ayad Alaui, un títere de la CPA (la Autoridad Provisional de la Coalición establecida en 2003-2004 como ‘gobierno transitorio’ por los países que invadieron Irak para deponer el gobierno de Saddam Hussein), insistía de forma rabiosa en que la existencia de armas de destrucción masiva en Irak estaba “probada” desde antes de iniciarse la guerra. Y, aún más, casi al borde del cretinismo afirmaba que en aquellos mismos días ya se habían encontrado algunas enterradas en los jardines de casas particulares bagdadís y, si cabía todavía mayor absurdo, “en pozos cavados en medio del desierto”…

Infinita es la información publicada sobre aquel vil engaño de la amenaza que representaba el inexistente arsenal de armas químicas y bacteriológicas de Irak, nacido en las podridas mentes de quienes, ejerciendo a menudo como despiadados depredadores humanos (prácticamente de cromosoma partido), no dudan en llamarse a sí mismos ‘combatientes responsables’, a la postre dejada en total evidencia mundial. Pero, a pesar de ello, ejercicio de intoxicación y desinformación siempre vivo y recurrente del ‘Gendarme Universal’ para justificar sus atrocidades bélicas en la conquista del poder económico.

Como es lógico, no parece necesario traer a colación todas aquellas noticias demoledoras, pero sí que conviene recordar el meritorio papel que jugó al respecto Hans Blix, entonces presidente de la Comisión enviada en 2003 por la ONU para inspeccionar in situ los arsenales iraquíes, desde luego sin encontrar en ellos el menor rastro del amenazante pero falso arsenal denunciado por Estados Unidos, restaurando la verdad de los hechos. Y, sobre todo, observar cómo Blix percibe ahora la estrategia norteamericana en relación con Siria.

A este efecto, reproducimos la entrevista concedida por el diplomático sueco al director del Global Viewpoint Network de Los Ángeles, Nathan Gardels, recién publicada por El País (29/08/2013) y que circula profusamente por la Red. En ella, el hombre que por cuenta de la ONU dirigió las inspecciones de armamento en Irak opina que, en el caso de Siria, hay que esperar al informe de los expertos antes de tomar medidas y que, como se refleja en su título, Estados Unidos no es el ‘Gendarme Universal’ que pretende ser:

HANS BLIX – Ex inspector jefe de armamento de la ONU para Irak

“EE UU, sea con Obama o con Bush, no es la policía del mundo”

Fue inspector jefe de armamento de Naciones Unidas para Irak de 2000 a 2003, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de 1981 a 1997 y ministro de Asuntos Exteriores de Suecia en 1978 y 1979. Hans Blix (Upsala, 1928) advierte ahora que “tanto si se trata de Obama en Siria como de Bush en Irak, EE UU no es el policía del mundo”.

Pregunta. Basándose en su experiencia, ¿cree que el veredicto de los servicios secretos occidentales de que El Asad empleó armas químicas es creíble y fiable?

Respuesta. Sin duda alguna, los indicios apuntan a que se han empleado armas químicas. Además, las pruebas circunstanciales indican que el régimen de El Asad ha empleado dichas armas. Sin embargo, como las potencias occidentales han solicitado que Naciones Unidas realice inspecciones -y Siria las ha aceptado y se ha enviado sobre el terreno a un equipo de inspectores- deberíamos esperar al informe de los inspectores antes de tomar medidas. Como hemos visto antes, la dinámica política va por delante del debido proceso.

P. ¿Es una situación parecida a la de Irak con el presidente Bush hijo?

R. En cierta manera, sí. Por aquel entonces, los estadounidenses y sus aliados también pidieron inspecciones para buscar armas de destrucción masiva. Por aquel entonces también dijeron: “Olvídenlo, tenemos suficientes pruebas en nuestro poder para intervenir. Somos la policía del mundo. ¡Nuestros ciudadanos exigen que intervengamos inmediatamente!”. No comparto la declaración de EE UU de que “es demasiado tarde” para que Siria coopere ahora. Es una excusa pobre para intervenir militarmente. Hace solo unos meses, en marzo, Occidente estaba satisfecho con las inspecciones relacionadas con el uso de armas químicas. ¿Por qué no puede esperar otra vez ahora? Dentro de un mes, cuando tengamos muestras de tejidos precisas, sabremos con exactitud qué clase de armas químicas se han empleado y quién posee dichas armas.

P. ¿Pero ahora es el presidente Barack Obama, y no George W. Bush, quien está asumiendo el papel de policía del mundo?

R. Sí. Hace poco tiempo, era el único que hablaba de la legalidad internacional. Eso me dio ánimos. Pero ahora, me temo que la política del momento le está empujando en una dirección que ya hemos visto antes en EE UU. Al primer ministro británico, David Cameron, tampoco parece preocuparle mucho la legalidad internacional. Y esta vez, tampoco a los franceses. En lo que a ellos respecta, se ha cometido un acto criminal, por lo que ahora tienen que tomar lo que ellos llaman “represalias”. No veo contra qué van a tomar represalias. Las armas no se usaron contra ellos. Tendrían que ser los rebeldes los que quieren tomar represalias. Si el objetivo es poner fin al incumplimiento de la legislación internacional e impedir que otros usen armas químicas, la acción militar sin esperar a ver el informe del inspector de la ONU no es la forma de proceder. Se trata de la policía del mundo, no de la legislación mundial.

P. ¿Saben los servicios secretos occidentales dónde están las armas químicas? ¿Puede ser eficaz un ataque aéreo?

R. Bueno, los israelíes saben dónde están. Pero en mi opinión, un ataque a los arsenales con misiles de crucero tiene la desventaja de que las armas químicas podrían propagarse por los alrededores.

P. ¿Cuáles serán las consecuencias de que EE UU y sus aliados actúen una vez más sin Naciones Unidas? Primero fue Kosovo y luego Irak. Ahora, según parece, Siria se unirá a la lista.

R. En Kosovo, la intervención se basó en el visto bueno de la OTAN. No fue suficiente. No creo que la aprobación de la OTAN sea satisfactoria en lo referente al derecho internacional. Es necesario tener la aprobación del Consejo de Seguridad. En el caso de Irak, al Gobierno de Bush no le preocupaba lo más mínimo la ONU. Simplemente siguió adelante con los británicos y unos cuantos países más. Fue una muestra de desprecio absoluto hacia la ONU. Recuerdo que John Kerry, el actual secretario de Estado, que por aquel entonces era senador, fue ridiculizado por decir que EE UU debería esperar a las inspecciones de la ONU y su aprobación para tomar medidas. Tras la guerra de Irak, Obama, en su discurso del premio Nobel, también sostuvo que no se deberían tomar medidas militares contra otros Estados sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso era antes, supongo, y ahora es ahora. En Libia, hubo una resolución del Consejo de Seguridad, pero se interpretó libremente después de los hechos, llevando su intención inicial de proteger a los civiles de un ataque inminente hasta el derrocamiento de [Muamar el] Gadafi.

P. Pero los rusos y los chinos nunca darán su visto bueno a que se adopten medidas militares contra Siria, así que, ¿por qué intentar siquiera seguir la senda de la ONU?

R. Los rusos y los chinos han dicho que quieren “unas inspecciones justas y profesionales” en Siria. Los iraníes también están de acuerdo. En este tema tienen intereses importantes; los iraníes son los que más han sufrido en el mundo por el uso de armas químicas en su guerra contra Irak durante la época de Sadam. No toleran el uso de armas químicas por parte de sus amigos de Damasco. En mi opinión, es muy posible que se pueda lograr la condena mundial de Siria en el Consejo de Seguridad -incluida la de Rusia, China e Irán- si las inspecciones demuestran las sospechas.

P. ¿Pero nunca estarán de acuerdo con la intervención militar?

R. China y Rusia no aceptarán la intervención militar, eso es cierto. Pero preguntémonos: ¿qué tipo de intervención militar es verdaderamente posible, y qué efecto tendrá realmente? Un ataque con misiles de crucero a los depósitos de armas sospechosas en Siria tendrá pocas consecuencias, y quizás ninguna. Acuérdese de los ataques punitivos con misiles de crucero del presidente Clinton en 1998 a los supuestos campos de entrenamiento de terroristas en Afganistán y a una supuesta fábrica de gas nervioso en Jartum, Sudán. Los ataques en Afganistán no hicieron nada para detener a Al Qaeda. Jartum resultó ser un completo error. Era una planta farmacéutica. Si el único objetivo de la intervención militar es “castigar” a El Asad para complacer a la opinión pública y a los medios de comunicación sin siquiera oír los informes de los inspectores de la ONU, será un día triste para la legalidad internacional.

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Es más, quien tenga interés en recordar lo sucedido en el caso de Irak y la firme posición que entonces mantuvo Hans Blix, puede leer la ilustrativa entrevista que, cuando ya había dejado el cargo presidente de la Comisión enviada en 2003 por la ONU para inspeccionar in situ los arsenales iraquíes, concedió a Ernesto Ekaizer, publicada por El País (29/02/2004) con el título “EE UU minó la credibilidad de los inspectores de la ONU” (acceso en: http://elpais.com/diario/2004/02/29/domingo/1078030355_850215.html).

En aquella ocasión, las ideas-fuerza lanzadas por Blix, se concretaron en resúmenes como estos:

Ahora, la historia anuncia con repetirse y la reaparición mediática de Blix, ya con 85 años cumplidos, nos recuerda también lo que el 9 de marzo de 2004 aseguró en Barcelona, cuando acudió para recibir el Premio por la Paz de la Asociación para Naciones Unidas en España (ANUE), por su defensa de la solución pacífica de los conflictos: que los Servicios de Inteligencia de “muchos” países “exageraron y malinterpretaron” erróneamente los indicios sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, y que los líderes políticos que apoyaron la guerra “se equivocaron”.

Blix estimó entonces que los atentados del 11-S “fueron el punto clave que hizo surgir todas las teorías sobre el terror” y que aquel ataque propició una tendencia a “ver todas las suposiciones bajo una luz aterradora, y lo mismo hicieron los servicios de inteligencia, fiarse demasiado de los indicios”. Claro está, afirmó, que “eso no es una excusa para los líderes políticos: ellos deberían haber planteado preguntas más cruciales”, aunque también afirmó que, en su opinión, “no lo hicieron de mala fe”… De hecho, admitió que, en diciembre de 2002, él mismo llegó a sospechar que Irak poseía armas de destrucción masiva, aunque a medida que avanzaba en las investigaciones se fue volviendo “más escéptico” y que, si le hubieran permitido continuar con las inspecciones, “es posible que hubiera podido demostrar que no existían esas armas”. Cuando él y sus inspectores abandonaron Irak, “no se podía garantizar que no había armas, pero sí que había suficientes dudas para prolongar el tiempo de las inspecciones”, afirmó.

En la opinión del prestigioso diplomático sueco, expuesta en la reunión de Barcelona de 2004, los gobiernos que promovieron la guerra de Irak, entre ellos el español presidido por José María Aznar, “intentaron minar el trabajo de los inspectores, porque pensaban que efectivamente había armas de destrucción masiva en Irak”. Como consecuencia de aquella actitud, Blix sostuvo que “la gente tiene ahora menos confianza en esos gobernantes”.

Blix también explicó que Estados Unidos y Reino Unido no sometieron a votación del Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que permitiera el inicio de la guerra porque sabían que no obtendrían mayoría, “con lo que demostraron que pensaban que lo podían hacer solos, sin tener en cuenta a la comunidad internacional”. Pero obviamente “con lo que no contaron es con las consecuencias que ello tendría sobre el resto del mundo, respecto a la legitimidad de su acción”, concluyó  Blix, considerando que la guerra de Irak supuso “una lección para el mundo”, poniendo de relieve que “contar con el apoyo del Consejo de Seguridad no es un detalle sin importancia”…

ESPAÑA, SICARIO GRATUITO DEL GENDARME UNIVERSAL

Cierto es que el hombre es el verdadero creador de su destino y que cuando no está convencido de esa potencialidad, no es nada en la vida. Nosotros no vamos a negar de ninguna forma esa capacidad individual o colectiva de los seres humanos para forjar su propio destino, ni siquiera a Estados Unidos; entre otras cosas porque, hoy por hoy, lamentamos que España carezca del suyo como pueblo y como nación.

Pero John Milton (1608-1674), poeta y ensayista inglés cuyo pensamiento político inspiró en gran medida la redacción de la propia Constitución de los Estados Unidos de América, también afirmaba no creer en la casualidad ni en la necesidad, y sostenía: “Mi voluntad es el Destino”. Algo que François Mauriac (1885-1970), Premio Nobel de Literatura en 1952, dijo de forma distinta al reconocer que “las huellas del hombre sobre el hombre son eternas”, lo que le llevó a la inteligente conclusión de que “ningún destino ha atravesado impunemente el nuestro”.

Por ello, no queremos concluir sin precisar que quienes pueden cambiar sus pensamientos, pueden cambiar igualmente su destino. Estados Unidos tiene el suyo, habiendo elegido el omnímodo del imperialismo económico y el de comandar a su imagen y semejanza la gendarmería planetaria, el ordeno y mando a nivel cosmogónico, incluso por encima de su creador. Mientras España se conforma con otro de tono menor: el de sicario gratuito de ese mismo Príncipe de las Tinieblas, a quien los alienados yihadistas de Al Qaeda llaman, quizás sin razón, ‘Satán’.

Y es justo recordar que ese aventajado aspirante a Gran Señor del Universo, hoy dueño de medio mundo y odiado casi por el otro medio, fue el que infligió a las Fuerzas Armada españolas la mayor humillación militar de toda su historia (primero en la bahía de Manila -batalla de Cavite- y a continuación en la de Santiago de Cuba…). Y que también fue el que, cuando España ingresó en la OTAN, se opuso a cubrir con su manto protector los territorios de Ceuta y Melilla como sin embargo cubría los territorios argelinos de Francia, por ejemplo. Sin tener que comentar lo poco que el mismo ‘amigo americano’ que ha puesto Rota en el punto de mira de los misiles estratégicos rusos, hace por solucionar el contencioso de Gibraltar (una ‘colonia OTAN’) o por sustanciar el derecho proclamado por la ONU a la libre autodeterminación del pueblo saharaui…

Claro está que al Gendarme Universal únicamente le interesan sus propios intereses, como advirtió con gran sinceridad Anthony Lake tras la caída del ‘Muro de Berlín’ y la conclusión de la Guerra Fría, al margen por supuesto de los intereses generales de la Humanidad. Por eso no acepta más armas nucleares, químicas, bacteriológicas, o de cualquier otro efecto devastador masivo e indiscriminado, que las suyas; por eso se pasa el Protocolo de Kioto por la entrepierna; por eso renueva sus arsenales bélicos de forma constante, desprendiéndose de los stocks obsoletos en las guerras que le son más oportunas, porque es más práctico que desmilitarizarlos -aunque menos ecológico- y porque así reactiva su ingente y dominadora industria ‘guerrerista’ en continuo desarrollo tecnológico…

Y por eso, el ‘genoma USA’, la carga belicista de Estados Unidos, se hereda de presidente a presidente sin solución de continuidad, aunque alguno, como Obama, sea paradójicamente Premio Nobel de la Paz (¡qué sarcasmo, qué inmenso sarcasmo!). Una transferencia con su exponente más claro en la familia Bush, a partir de que en febrero de 1991, a punto de concluir la guerra del Golfo que conllevó la primera invasión de Irak, ni corto ni perezoso el presidente George Bush I afirmara en su discurso sobre el Estado de la Nación: “Como estadounidenses sabemos que hay veces en que debemos dar un paso al frente y aceptar nuestra responsabilidad de dirigir al mundo, lejos del caos oscuro de los dictadores. Somos la única nación en este planeta capaz de aglutinar a las fuerzas de la paz”...

Nada, pues, de esperar para iniciar una nueva escalada bélica (con derivas previsibles graves) a que los inspectores de la ONU concluyan sus informes sobre el uso de armas químicas en la guerra civil siria, y nada de averiguar quienes, en su caso, las usan verdaderamente: si las tropas leales de El Asad o algunas de las muchas facciones rebeldes que se le enfrentan, entre ellas los Hermanos Musulmanes y bandas organizadas de Al-Qaeda a las que el Gendarme Universal persigue y masacra cuando le interesa o protege de forma encubierta a su pura conveniencia. Un engaño de bajeza sin límite que sus sicarios más gratuitos, por ejemplo los gobernantes del PP, aceptan sumisos en contra de la voluntad de sus gobernados.

Rajoy ya se ha medio bajado los pantalones en cuanto se lo ha pedido Obama para respaldar sus aventuras de poder, gratis et amore Dei, como se los bajó Aznar con George Bush II, malversando sin cuento la dignidad y el honor nacionales. Pero, ¿será capaz de embarcarnos definitivamente en otra injustificada guerra del ‘amigo americano’…? No sería digno ni tampoco honorable, pero todos los indicios apuntan a que, cuando llegue el momento, así será. Por ello le advertimos modestamente que Estado Unidos no es, ni mucho menos, el Gendarme Universal.

El programa del submarino español S-80, acometido por el Ministerio de Defensa y el astillero público Navantia para renovar los sistemas de armas de la Armada y planteado como la operación estrella de la industria naval militar, ha devenido en un estruendoso fiasco en todos los órdenes (político, económico, tecnológico, de imagen…), con gravísimas consecuencias para la defensa nacional. A pesar de ello, sigue impune desde que se detectó hace casi un año (públicamente se conoció en la pasada primavera), sin que se vislumbre intención gubernamental alguna de tomárselo realmente en serio y depurar las responsabilidades correspondientes.

El pasado 12 de mayo dábamos noticia puntual del caso en esta misma web (El desastre de los S-80 de Navantia: les sobran al menos 75 toneladas por errores de cálculo), confirmando que al primer submarino de la nueva serie S-80 encargada por la Armada Española al astillero Navantia, el ‘Isaac Peral’ (S-81) le sobran entre 75 y 100 toneladas, estando construido ya al 68% y con problemas de concepto y de diseño de difícil y costosa superación. Una situación intolerable, porque el control de pesos responde a los principios básicos de la construcción naval y en este caso ha comprometido la llamada ‘reserva de flotabilidad’, que permite a los submarinos sumergirse, emerger y navegar, mediante el llenado y vaciado de tanques, a pesar de su notable desplazamiento (2.200 toneladas en superficie y 2.430 en inmersión).

En otras palabras, el primer submarino de diseño español, lanzado a bombo y platillo mundial como el ‘no va más’ de nuestra industria naval, como el submarino convencional más avanzado del planeta, un ingenio que llevaría al astillero de Cartagena a alcanzar cifras de exportación jamás pensadas, hace aguas por los cuatro costados. Baja pero no sube, recordando así uno de los geniales monólogos de Gila sobre la guerra: “El submarino que nos mandaron el martes, de color, divino, pero no flota…”.

LAS GRAVES CONSECUENCIAS DE LA INCOMPETENCIA PÚBLICA

Ocultando el problema de forma ciertamente desleal desde el verano de 2012, y tirando en consecuencia por la borda toda la construcción inservible continuada desde entonces, en la primavera de 2013 Navantia ya no podía ocultar más la existencia de “desviaciones relacionadas con el balance de pesos”, que terminaron siendo filtradas por el diario La Verdad, estimando que la evaluación del problema y su corrección supondrán un retraso adicional de hasta 24 meses en la fecha de entrega del buque (y puede ser mayor, si es que el programa no termina durmiendo el sueño de los justos). Es decir, que el ‘Isaac Peral’ (S-81) no estará en ningún caso operativo en la Armada en marzo de 2015, que era la última fecha prevista, sino a partir de 2017, y ello sin contar con la fuerte desviación presupuestaria que va a comportar, aunque el Ministerio de Defensa sostenga el imposible de que no se va a comprometer la previsión de gasto del programa…

El ministerio de Defensa afirmó entonces que “se está estudiando el alcance del problema para determinar su impacto en términos de tiempo y dinero”, y alega con una simpleza intolerable que “se barajan distintas alternativas”. Si se mantiene la utopía de construir un submarino español convencional con visos de poder competir en el mercado internacional (por ejemplo, con los franceses y los alemanes), la solución pasa teóricamente por alargar el casco, prolongar sus 71 metros de eslora y revisar en cadena todo el desarrollo del buque. Es decir, no se trata de adelgazar el submarino (lo que supondría volver a la versión desechada del ‘Scorpène’), sino de crecer para reequilibrar el peso, lo que en definitiva supone cambiar el proyecto sustancialmente, sin garantías de acierto ni de mantener los requisitos exigidos por la Armada y, por supuesto, disparando su coste.

El problema del exceso de tonelaje -consecuencia de errores de cálculo elemental en los trabajos de ingeniería- supondrá no solo un retraso en la construcción, sino también un sobreprecio, que de momento nadie se atreve a evaluar pero que fácilmente rondará los 1.000 millones de euros adicionales. El programa S-80, que para cuatro sumergibles tenía asignado un presupuesto inicial de unos 2.200 millones de euros, y que ya es uno de los más costosos de las Fuerzas Armadas y el más importante de todos los encargados a la industria nacional, se convertiría de esta forma en un estruendoso desastre económico, sin precedentes en la vergonzosa historia de nuestros equipamientos militares, caracterizada por no comprar lo necesario y comprar lo innecesario.

Pero el submarino español que no flota, algo inconcebible y que en sí mismo ya supone un escándalo de marca mayor, conlleva problemas aún más graves que el de evidenciar la incompetencia de Navantia y el despilfarro propiciado por el Ministerio de Defensa. Con responsabilidades compartidas tanto por los gobiernos del PP como del PSOE, razón por la que el tema no ha tenido todavía el tratamiento adecuado en el Parlamento.

LA FLOTA DE LA ARMADA, SIN PROTECCIÓN SUBMARINA

El primero de ellos es la indefensión de la Armada Española, cuyos buques a flote (de proyección oceánica y por tanto con necesidades de protección integral muy notables) se verán afectados por una precaria escolta submarina y por la imposibilidad real de abordar determinadas operaciones y estrategias de guerra naval, ofensiva o defensiva. La serie de submarinos S-70, clase ‘Agosta’, formada por cuatro unidades (‘Galerna’, ‘Siroco’, ‘Mistral’ y ‘Tramontana’), con entrada al servicio de la Armada entre 1983 y 1986, tiene agotada su utilidad operativa desde hace tiempo, estimada en no más de 25 años para el actual nivel tecnológico del combate (Francia, sin ir más lejos, retiró el ‘Ouessant’ S623, que fue su último submarino de la clase ‘Agosta’, en 2001).

De hecho, el ‘Siroco’ S-72 ya fue dado de baja en la Lista Oficial de Buques Armada (LOBA) en junio de 2012, mientras el más antiguo ‘Galerna’ S-71, entregado en enero de 1983, se intentaba mantener como una pieza de museo hasta recibir el ‘Isaac Peral’ S-81. Además, el ‘Tramontana’ S-74 ha quedado indisponible este mismo verano a la espera de que se le pueda realizar una ‘gran carena’, extraordinaria, para alargar su cuestionable vida operativa hasta el 2016 (nada menos que 30 años), cuyo coste se estima en unos 30 millones de euros y que hasta ahora no se han contemplado en presupuesto alguno de Defensa.

Con todo, tras la baja del 'Siroco', en poco más de una década la Armada ha pasado de tener ocho submarinos, con al menos seis operativos, a disponer sólo de tres (la serie ‘Daphné’ precedente de cuatro submarinos S-60 fue dada de baja entre  2003 y 2006). Y de esos tres S-70, solo hay disponibles dos para misiones nacionales y compromisos internacionales: el ‘Mistral’ (S-73) y el ‘Tramontana’ (S-74) inmovilizado y con una gran carena pendiente (el 'Galerna' se botó en 1981 y es más antiguo que el ‘Siroco’, ya dado de baja, con lo que su operación práctica no deja de ser temeraria, además de que en ningún caso podrá esperar ya a ser relevado por el ‘Isaac Peral’ S-81).

En estas condiciones, los planes de la Armada centrados en la renovación in extremis de su flota con cuatro nuevos submarinos de la clase S-80 entre los años 2013 y 2019, se han evaporado. Y la situación es tan dramática que, en el caso de no poderse acometer la gran carena del ‘Tramontana’, en 2016 la Armada española contará con un único submarino, el ‘Mistral’ S-73, tercero de la clase ‘Agosta’, entregado a la Armada en 1985 y parcheado con piezas canibalizadas del ‘Siroco’ S-73.

Si con dos unidades la flotilla de submarinos ya sería exigua (además de funcionalmente obsoleta y sobre todo de tecnología muy desfasada), pensar en uno solo resulta inimaginable, ridículo y hasta una broma de mal gusto. De hecho, eso supondría tener que arriesgar la flota (sobre todo el buque insignia ‘Juan Carlos I’ L-61) en una situación de guerra naval estándar, dado que sería tremendamente vulnerable ante el ataque de submarinos convencionales de países con mucho menor peso militar que España: un escenario realmente catastrófico que Defensa y la Armada ocultan de forma vergonzosa a la opinión pública y al propio Parlamento.

Paréntesis: Para tener una idea clara de la obsolescencia de la actual flotilla de submarinos, todos entregados a la Armada entre 1983 y 1986, baste recordar que el Portaaviones ‘Príncipe de Asturias’ R-11, asignado años después (en mayo de 1988), ya fue dado de baja en febrero de 2013 y enviado a desguace tras 25 años escasos de servicio.

NAVANTIA LLEVA LA INDUSTRIA NAVAL MILITAR A PIQUE

El segundo problema sustancial, es el del desprestigio mundial que acarrea el fracaso del submarino español S-80 para la ya quemada industria naval militar (léase Navantia), que de paso arrastra al conjunto de los astilleros privados ‘contaminados’ en su propia acción comercial por la mala imagen de la empresa española de referencia. Una situación apuntillada por la creciente competitividad de otras industrias navales emergentes (China, Corea del Sur…), por la brecha tecnológica (gap) que nos separa de las constructoras y empresas de ingeniería naval occidentales más avanzadas y por la incapacidad política de España para afrontar con inteligencia la reconversión del sector mediante asociaciones estables y consorcios de codesarrollo y coproducción similares a los ya acometidos con notable éxito en el sector aeroespacial, cuyo paradigma sería EADS.

Alcanzado el cenit de la mala reputación internacional de Navantia, ganada a pulso y encubierta con una propaganda grandilocuente y con los pedidos obligados de la Armada Española, que por otra parte ha venido supeditando la racionalidad de sus adquisiciones y la satisfacción de las necesidades reales de la defensa nacional en tiempos y medios adecuados a los intereses laborales y comerciales de la empresa constructora, a la industria naval militar española sólo le queda huir hacia la integración en una suerte de consorcio internacional. Aunque sólo sea para poder seguir construyendo plataformas, dado que su tecnología y capacidad de diseño y de integración de sistemas de combate es nula y cada vez más y más distanciada de la actual realidad del mercado.

Claro está que soluciones de ese tipo tendrían que pasar primero por el saneamiento total de la incompetente dirección de Navantia, la política y la técnica, y por ponerla en manos de auténticos empresarios y profesionales privados (no paniaguados afines a los partidos políticos), si es que todavía se estuviera a tiempo. De momento, esa es la triste realidad de Navantia, digan lo que digan las partes interesadas.

Pruebas de la incapacidad y de los experimentos fracasados de Navantia se tienen todos los días, porque el problema del sobrepeso no es el primer escollo con el que tropieza el submarino español S-80, ni tampoco el más complejo. Su característica más novedosa es que iría equipado con un sistema de Propulsión Independiente del Aire (AIP), lo que le permitiría permanecer sumergido a profundidad táctica más de tres semanas (plazo ya alcanzado por los ‘Scorpène’) en vez de tener que emerger cada cuatro o cinco días, como les sucede a los sumergibles convencionales de la generación anterior, lo que supone una gran ventaja operacional y estratégica, notable y más próxima en ese sentido a la de los submarinos de propulsión nuclear.

Hay varios sistemas AIP operativos y de eficacia contrastada una vez superadas las dificultades de su desarrollo, como los suecos y alemanes, o el propio sistema anaeróbico francés MESMA (Módulo de Energía Submarina Autónoma) AM-2000, opcional al CM-2000 en los submarinos de la clase ‘Scorpène’. Pero los sabios ineptos de Navantia optaron de nuevo por una inexistente ‘solución española’, un ‘invento’ que, además de innecesario porque ya está inventado, hoy en día es inviable para España (es decir, un desarrollo nacional o autárquico tan absurdo como inalcanzable).

Por indicación de otros sabios de la Armada metidos en camisas de once varas, Navantia contrató con la empresa Hynergreen Technologies S.A. (una filial del Grupo Abengoa) la fabricación del procesador de bioetanol, que produce nitrógeno a partir de dicho combustible, basado en un pila (fuel cell) similar a la del sistema AIP que equipa los submarinos alemanes Tipo 212 y 214. La empresa diseñó un procesador a gran escala, pero falló en su miniaturizado y el prototipo se autodestruyó, llevando a Navantia a negociar con Técnicas Reunidas la fabricación urgente del procesador de bioetanol de los primeros submarinos, aunque no se sabe si operando o no una pila de combustible de 300 kW de salida fabricada por la empresa estadounidense UTC Power…

Ahora, el retraso provocado por el exceso de peso de los submarinos S-80 dará más tiempo para resolver el problema del AIP, aunque considerando la precariedad submarina de la Armada no se descarta una nueva chapuza consistente en que el primero de ellos, el ‘Isaac Peral’ S-81, se construya sin incorporar todavía el nuevo sistema de propulsión. Menudo negocio y menuda imagen: un submarino súper indiscreto (emergiendo cada dos por tres) con sobrepeso, sobrecoste y sobre-incapaces al mando del proyecto.

Aún más, a estas alturas de su lamentable aventura submarina, Navantia no tiene más remedio que recurrir al “asesoramiento técnico de un socio tecnológico” extranjero para resolver el problema sustancial del sobrepeso. Lo más probable es que ya lo esté haciendo la General Electric Boat, una filial de la estadounidense General Dynamics que evaluó el proyecto original -desde luego erróneamente- y que ahora cobraría otros 14 millones de euros complementarios por intentar sacar la pata del orinal donde la han metido de consuno los avispados del Ministerio de Defensa, de Navantia y también de la Armada.

Total, que Navantia se ha terminado de cargar la ya bochornosa imagen de la industria naval militar de España en todo el mundo, desde Australia hasta Chile, pasando por Venezuela, que ya es decir, a pesar del tono siempre triunfalista de sus notas de prensa. Su inexistente cartera de pedidos, al margen de la chapucera relación que desde siempre mantiene con la Armada Española, encantada en pasear almirantes al mando de buques que no sirven para lo que tienen que servir, sólo porque representan carga de trabajo para Navantia, es buena prueba de ello.

Paréntesis: Un pedido bien expresivo de la mala situación de Navantia, es la decisión tomada por Chile para dotarse con dos buques LSD de Asalto y Portahelicópteros franceses de la clase ‘Foudre’, el propio ‘Foudre’ L9011 comisionado en 1990 y que sustituirá al LST ‘Valdivia’ (clase ‘Newport’) y, a continuación, el ‘Siroco’ L9012 comisionado en 1998. Un acuerdo a favor de la relación franco-chilena que se suscribe tras la experiencia de la Armada de Chile con la adquisición de sus dos submarinos de la clase ‘Scorpène’, el ‘General O’Higgins’ SS-23 y el ‘General Carrera’ SS-22, cofabricados por la española Navantia y la francesa DCNS.

Lo curioso del caso es que el desvergonzado secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, se haya atrevido a soltar otra chuscada propia de Gila sobre el tema en declaraciones al diario El Economista, considerando que a pesar de lo sucedido todavía se está “a tiempo para capturar una parte del mercado de submarinos de la próxima generación y el S-80 sigue situado en las primeras plazas”. Y ello advirtiendo al mismo tiempo de forma contradictoria que “primero hay que acreditar que tenemos capacidad en Navantia para hacer un submarino que cumpla con las especificaciones de la Armada”. Pero, entonces ¿de qué ‘primeras plazas’ y de qué exportaciones habla, a dónde, cuándo…? ¿Es que el SEDEF se hace el idiota o es que acaso piensa que los idiotas son quienes le escuchan…?

Porque, más a más, en las mismas declaraciones, Argüelles se inventó sobre la marcha que el gran escándalo del submarino español que no flota “es un problema común para Navantia y otros países de alto grado de sofisticación tecnológica, como EEUU, Reino Unido o Australia, con programas de submarinos que necesitan una rampa de aprendizaje muy prolongada y no tiene nada que ver con saber hacer fragatas o buques de patrullas marítimas”, afirmando que “todo el mercado sigue con atención que sea capaz de lograr un submarino competitivo” (todo un colmo de estupidez). Y con la importante salvedad de que, según concluyó invocando a Santa Rita de Casia -Patrona de los Imposibles-, “el techo de gasto del submarino no sufrirá variación, 2.135 millones de euros, tal y como estaba previsto en el año 2009”.

Todo ello rectificado de hecho poco después por el ministro Morenés de forma lapidaria: “El error cometido con los submarinos S-80 le va a costar mucho tiempo a España” (lo que evidentemente le importa tres pitos y el que venga detrás que arree). Pero, por si acaso, descargando culpas al mismo tiempo con un cinismo desbordante, porque la construcción del prototipo conlleva, según él, “unos fallos que no son algo absolutamente anormal, aunque sí sean un disgusto”. ¡Dios mío, pero en manos de que gente están las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional!

Uno de los mejores resúmenes sobre el escándalo del programa S-80, fue el publicado por El País (10/05/2011) en una opinión editorial llamando al Ministerio de Defensa y a Navantia a explicar públicamente la naturaleza del problema afecto, cómo se va a solucionar y quienes son los responsables del esperpento, titulada “Submarino disfuncional”. Éste es su contenido, todavía sin respuesta política:

Mal hay que diseñar un submarino para equivocarse en el peso en 75 toneladas (quizá el error sea de 100 toneladas, todavía no está claro); muy mal hay que desarrollar un proyecto para que ese exceso de peso condicione la flotabilidad de la nave, cuya gracia, como su propio nombre indica, está en que pueda sumergirse y emerger a voluntad y con rapidez. El S-80 diseñado por Navantia, llamado (ahora sabemos que con sorna) ‘Isaac Peral’, se parece mucho a aquel submarino disfuncional de Gila, que los marineros tuvieron que hundir para descubrir después que era un barco. La historia parece un episodio chusco de la polémica sobre la ciencia española que tanto preocupó a Menéndez Pelayo. Tras romper contratos con el grupo tecnológico francés DCN, Navantia, crecida en pundonor y trapío, se atrevió a construir su propio submarino, el citado S-80. A lo peor el Señor no nos ha llamado por el camino de la tecnología, a pesar de todas las invocaciones al I+D+i; el caso es que el S-80 es una nave obesa y con graves problemas en su propulsión hipermoderna.

Pepe Gotera y Otilio han rechazado hacer las chapuzas necesarias para rectificar el desaguisado. En estos momentos, el dilema es o se construye el submarino ‘made in Spain’ con 75 toneladas de sobrepeso y un sistema de propulsión del montón, de esos que obligan a emerger cada pocas horas, o se corrigen los diseños, se aplaza la entrega a la Marina y se pagan los costes del arreglo que encarecerán el presupuesto. Cabe una tercera solución, en el espíritu de Gila: que cuando haya de sumergirse se hunda a pedradas y que cuando toque emerger lo haga con flotadores de patito.

Los asuntos de dinero son muy serios. Algún alto cargo de Defensa y algún directivo de Navantia deberían estar explicando públicamente la naturaleza del problema, cómo se solucionará y quiénes son los responsables del esperpento submarino. Es clamar en el desierto, porque los Gobiernos -el proyecto S-80 tiene una larga vida- son reacios a explicar las cosas; pero hay que recordar que los éxitos y los fracasos tienen responsables. Dijo ufano el presidente Rajoy que “ya nadie duda de España”. Nadie, excepto los españoles y los que tengan que navegar en el S-80.

EL TREMENDO COSTE DE LA TORPE INFIDELIDAD ESPAÑOLA

La primera gran mentira sobre el escándalo del S-80, el submarino de Gila, es que el programa ‘Scorpène’, en el que está basado, sea un codesarrollo o desarrollo tecnológico conjunto hispano-francés. El submarino clase ‘Scorpène’ fue un diseño exclusivo de la DCN (División de Construcción Naval) de la Armada francesa, hoy convertida en DCNS (tras la fusión del astillero público DCN con la división naval del grupo privado Thales), como submarino tipo SSK de quinta generación (pre-nuclear) con una evolución tecnológica enorme sobre la clase ‘Agosta’, que a su vez había sustituido a la clase ‘Daphné’, ambas operadas también por la Armada Española (los S-70 y S-60). 

La cuestión es que, una vez diseñado, Francia decidió no construir el SSK ‘Scorpène’ y pasar directamente al submarino SSN de propulsión nuclear, quedando aquel proyecto en standby, en reserva eventual para posibles exportaciones. Éstas se inician precisamente cuando España decide renovar su flota submarina de tradición francesa (los ‘Agosta’ S-70 que siguieron a los ‘Daphné’ S-60, que habían sido cofabricados -no codesarrollados- entre España y Francia), a cuyos efectos y en línea con el mismo sistema de participación industrial -no tecnológica- se concierta una producción inicial de 6 unidades necesaria para poner en marcha el programa: 2 unidades para la Armada de Chile y 4 para la Armada de España, siempre hablando, claro está, de submarinos ‘Scorpène’.

Este acuerdo hispano-francés abre entonces un prometedor mercado de exportación en el que las cargas de trabajo se repartirían entre la DCNS y Navantia con acciones comerciales simultáneas de ambos astilleros, es decir bajo etiqueta exportadora hispano-francesa. Y así se consiguen pedidos de Malasia (2 unidades), India (6 unidades) y Brasil (4 unidades), además de las 6 unidades de lanzamiento previstas para Chile y España: un éxito que supera rápidamente las 13 unidades que se alcanzaron con la clase ‘Agosta’ (4 Francia, 4 España y 5 Paquistán).

Pero en esta situación de brillante futuro, España decide volar por su cuenta transformando sus 4 ‘Scorpène’, que en sí mismo es un modelo con notable capacidad para adaptaciones y mejoras, en un submarino ‘inexistente’ que considera ‘propio’ y bautiza como S-80, dando por suya la base del proyecto y alterándolo como cree conveniente para que sea ‘mejor’ que el original ‘Scorpène’: con mejor sistema de combate (de la estadounidense Lockheed Martin en vez de europeo), con teórica mejor propulsión, con teórica mejor electrónica, más habitabilidad y confort… y toda la funcionalidad añadida e innecesaria que los almirantes de la Armada, más o menos apapachados con la industria norteamericana, van pidiendo sobre la marcha como quien escribe una carta a los generosos Reyes Magos de Oriente…

Para no alargar la historia, diremos que, tras la denuncia que interpuso el astillero francés DCNS contra Navantia en octubre de 2008 ante el Tribunal de Arbitraje de París por plagio, al considerar que para desarrollar el S-80 copió elementos del submarino ‘Scorpène’, cosa evidente, dos años más tarde, en noviembre de 2010, ambas compañías rompieron el consorcio que mantenían para la cofabricación del ‘Scorpène’, submarino que además podían comercializar en paralelo. La nota hecha pública al efecto señalaba que “se va a poner fin al proceso de arbitraje abierto y desde ahora en adelante los submarinos ‘Scorpène’ serán fabricados y comercializados por DCNS y de igual manera, los submarinos S-80 serán fabricados y comercializados por Navantia”.

Dicho de otra forma, cada uno a lo suyo; concluyendo torpemente y en el peor momento una colaboración hispano-francesa en el arma submarina de larga trayectoria (casi medio siglo), iniciada el 17 de noviembre de 1964, cuando en pleno franquismo y con una industria militar mundial reticente a relacionarse con España (sólo Francia accedió a la venta y cofabricación de armamento) la Junta de Defensa Nacional aprobó el programa de los submarinos S-60. Y así, concluida también su experiencia como cofabricante de los ‘Scorpène’ vendidos a Chile y Malasia (los de India y Brasil ni los olería), Navantia se quedaba colgada en su aventura submarina; con un know-how muy elemental, básicamente relativo a la estructura del buque, que es en lo que ha fallado el S-80, derivado de su participación inicial en dicho programa y sin poder participar en su halagüeño futuro.

La historia posterior, con un submarino S-80 netamente ‘español’ que no flota y desprestigiado a nivel mundial antes de nacer, demuestra que los listos de Navantia, queriendo quedarse con el magro del jamón, sólo se han quedado con el hueso y el tocino…

En el revelador reportaje de Gonzalo Suárez “El submarino con michelines. ¿Culpable?” (El Mundo, suplemento Crónica, 23/07/2013), fuentes internas de Navantia desvelaban las razones del desastre del S-80, confirmando que “se inventó sobre la marcha”:

(…) Lo cierto es que los ingenieros nunca supieron cuánto pesaría exactamente el submarino. La razón es simple: cuando arrancó la construcción, la mayoría de las piezas que se instalarían en su interior aún no existían. Los equipos se diseñaban sobre la marcha: sólo se manejaba una estimación de pesos que, se ha sabido ahora, pecó de optimista.

--¿Es habitual este método?

--Desgraciadamente, sí. Inventar lo que va dentro a la vez que lo construyes es suicida. Bastante prototipo es un submarino para meterle prototipos dentro -admite un ex director de astillero de Navantia-.

--¿Por qué se hizo así?

--Porque los submarinos que tenía la Armada se caían de viejos. Al Gobierno le entró prisa y puso dinero sobre la mesa. Los políticos trabajan a cuatro años. No ven más allá.

Tras años de titubeo, Federico Trillo, titular de Defensa, había autorizado el ansiado submarino. Sobre la mesa de su despacho aterrizaron dos alternativas. La primera construirlo a medias con Francia. La otra independizarse de los vecinos del norte para potenciar la I+D patria. “Se optó por la segunda opción, que yo defendía”, recuerda [el almirante] Tafalla.

Ya puestos, no se proyectó un submarino cualquiera. El S-80 sería el submarino más sofisticado del mundo. Eran tiempos de optimismo y Filgueira [entonces director del astillero] se comprometía públicamente a que se cumplieran todos los plazos previstos: “El futuro de Navantia en Cartagena es sólo hacer submarinos”, proclamaba orgulloso.

Pero los contratiempos no tardaron en aparecer. Sobre todo, en la pieza más innovadora: el sistema de propulsión independiente del aire (AIP). La empresa diseño un procesador a gran escala, pero falló al miniaturizarlo y el prototipo se quemó. Los errores fueron retrasando la fecha de entrega de la primera nave. De 2012 se pasó a 2013; luego, a 2015; y ahora, con el sobrepeso, hasta 2017… en el mejor de los casos.

Ha sido un golpe letal para Navantia. De aquí a 2020 se calcula que los ejércitos de todo el mundo encargarán unos 140 submarinos. La empresa española estimaba que se quedaría con el 10% del negocio. Había interesados en Australia, Noruega, India… Ahora, con la farsa del sobrepeso, empiezan a recular.

La internalización de la empresa fue la excusa de Navantia para silenciar su error. “Nos decían: No lo contéis, pensad en la empresa, ¿qué van a decir los australianos?”, explica Briones [presidente del comité de empresa]. “El astillero es como un ejército sin uniformes. Todos obedecen sin rechistar”…

‘YANKILANDIA’ Y LOS ALMIRANTES PALMEROS

Claro está que, junto a sus detractores, el programa del submarino S-80 ha tenido también sus defensores, la mayoría de ellos por sus connivencias con la industria de defensa estadounidense, que tiene especialmente obnubilada a la Armada Española, sin que, ahora, ninguno de ellos quiera afrontar las consecuencias del desastre. En esta web no negamos nunca opiniones que difieren de las nuestras o análisis que contradigan los propios, razón por la que no dudamos en rescatar un artículo del almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y responsable, según él, de definir los requisitos operativos del S-80 (cosa extraña porque jamás mandó un submarino), en el que aplaudía entusiasmado el fondo y la forma de dicho programa, titulado nada más y nada menos que “La emancipación de Navantia” (AteneaDigital.Es 15/11/2010):

El pasado viernes se ha hecho público el acuerdo entre la empresa francesa DCNS y Navantia por el que se pone fin al litigio que venían manteniendo acerca de la construcción de submarinos. Creo que este acuerdo es muy importante pudiéndose llegar a calificarse como de emancipación de la empresa española de un cierto tutelaje francés. Queda así Navantia liberada de ataduras en el campo de los submarinos, último aspecto que le quedaba para abarcar íntegramente todo el espectro de la construcción naval militar. Permanecerán, y así debe ser, otros importantes vínculos internacionales, muy significativamente con la norteamericana Lockheed Martin, pero esta relación aunque asimétrica, lo es en beneficio mutuo y no entraña ningún vasallaje. 

La emancipación no ha sido fácil ni rápida. Hace 42 años -en 1968- comenzó la entonces EN Bazán a construir su primer submarino de diseño francés, el S-61 Delfín. Y así continuó intermitentemente durante nada menos que 18 años, entregándose hasta ocho submarinos a la Armada. A estos 18 años siguieron otros 18 de reflexiones y estudios -en el fondo dudas- en que la Armada no encargó ningún buque de este tipo, si bien es verdad que durante los últimos 6 años de este periodo, la empresa española fue socio de la francesa en el diseño y construcción de dos Scorpène para Chile y otros dos para Malasia. Este desierto de 18 años sin encargos de la Armada se acabó en Marzo del 2004 en que se dio la Orden de Ejecución de los cuatro S-80. ¿Qué había pasado para este plazo tan prolongado? 

Pues muchas cosas, entre las que destacaría dos. A partir de la caída del Muro de Berlín, en 1990 los submarinos soviéticos dejaron de operar súbitamente y surgieron grandes dudas en todas las marinas europeas acerca del futuro de los submarinos convencionales propios, claramente especializados en lo antisubmarino. El segundo factor que nos influyó -ciertamente lo hizo en el seno de la Armada- tiene que ver con la comunidad de submarinistas. Quien no haya tratado con ellos no se puede imaginar lo entusiastas y profesionales que son, pero desgraciadamente también son inflexibles. Se aferraban a una concepción clásica de sus buques y de sus misiones que a muchos nos parecía superada. Y claro, el proyecto no prosperaba pese a tanto esfuerzo y dedicación: se habían quedado "antiguos". 

Pero a finales del 2001 se dio un fuerte cambio a los Requisitos Operativos (NSR) del S-80, añadiendo a las misiones tradicionales del submarino, las de interacción con tierra en los campos de vigilancia, inteligencia y proyección de armamento y fuerzas especiales. Y encima se añadió el requisito de una propulsión anaerobia (AIP). Ninguno de los aspectos anteriores era especialmente apreciado por la comunidad submarinista del 2001, aunque comprendieron y aceptaron que solo así tendrían submarinos, lo que pudieron comprobar a partir del 2004 en el que se abrió un periodo -en el que estamos actualmente- de al menos 13 años diseñando y construyendo submarinos.

Volvamos ahora al origen, al litigio franco-español. Resumiéndolo al máximo podríamos decir que la DCNS acusaba a Navantia de deslealtad, de ser el S-80 un plagio del Scorpène, habiendo presentado una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje de París a la vez que usaba sus muy superiores medios de manipulación de la prensa especializada difundiendo esta versión. 

Por su parte, Navantia -socio al 50% en el diseño y construcción del Scorpène- se quejaba de la política de marketing francesa que ignoraba esto completamente, tanto en imagen como en la negociación de los contratos. En una palabra, acusaba a la DCNS de arrogancia. 

No quisiera yo tener que emitir veredicto, pues es evidente que la Bazán, luego Izar y Navantia, algo había aprendido de los franceses en los avatares y prolongados plazos que he descrito anteriormente. Pero lo que más dolió a los franceses, hasta llegar a hacer inviable la sociedad, fue la selección, como socio tecnológico para el sistema de combate, de la norteamericana Lockheed Martin debido al mencionado cambio de requisitos del S-80. Todo esto desembocó en no poder utilizar prácticamente a proveedores franceses. El padrino arrogante y un discípulo ambicioso habían hecho inevitable la emancipación que ahora se confirma, permitiendo a cada empresa perseguir a sus clientes independientemente, Navantia con el S-80 y la DCNS con el Scorpène. 

A falta de conocer los detalles del acuerdo, secretos comerciales para ambos, creo que puede ser un buen acuerdo especialmente para Navantia, pues el Scorpène es un buen barco, uno de los mejores y quizá el último de los submarinos tradicionales, pero el S-80 es el primer -y brillante- ejemplo de una nueva generación. El Scorpène y el S-80 son magníficos buques del pasado y el futuro -respectivamente- de lo que representa el arma submarina. 

La DCNS tiene una debilidad estructural pues construye submarinos convencionales que su Marina no opera. En esto, que tiene especial repercusión negativa en el adiestramiento de sus futuros clientes, es única en el mundo. 

Sé que habrá que esforzarse mucho y que hará falta suerte, pero si todo va bien, a Navantia solo le pueden inquietar los alemanes, el HDW. Pero con toda su calidad y prestigio, sus submarinos también están orientados excesivamente hacia atrás, hacia lo antisubmarino defensivo. 

Todo este futuro potencialmente brillante para Navantia -lo cual es siempre una buena noticia para la Armada- podría ser muy ayudado por una decisión gubernamental: que se capacitase a los S-80 para operar con misiles UGM-109 Tomahawk. Si esto sucediera, hasta los más escépticos comprenderían que el S-80 es el primero de una nueva era de submarinos convencionales. O quizá no tan convencionales.

Ahí quedó eso. Pero, aunque el almirante Tafalla se lo merezca, nosotros no vamos a aclarar los errores de bulto que contiene su artículo (el autor no tiene ni idea de lo que es el arma submarina), a confrontar las capacidades industriales y tecnológicas de Navantia con las de la DCNS, ni a discutir las ventajas y desventajas de los S-80 y los ‘Scorpène’, porque sería cosa de risa. Ni tampoco vamos a desvelar las razones empresariales y el objeto propagandista de tanta subjetividad informativa, porque siendo público y notorio que su autor estuvo destinado más de siete años en Estados Unidos, al igual que su experiencia como almirante de la División de Logística del Mando Supremo OTAN del Atlántico Norte (en Norfolk) y su vinculación con el Grupo Atenea (pura ‘Yankilandia’), la cosa va de ‘blanco y en botella’.

El Ministerio de Defensa y Navantia, junto con palmeros de ocasión como el almirante Tafalla, se pueden enredar todo lo que quieran con el submarino español S-80, pero sin dejar en precario la defensa nacional ni dilapidar sin ton ni son el dinero de los contribuyentes, que es lo que han hecho. Escándalo estrepitoso por el que, además de tenerse que depurar responsabilidades políticas (esperemos que algún partido político insista en ello y que al menos se solicite una comisión de investigación parlamentaria al respecto), la ciudadanía debería interponer acciones legales ante los tribunales de justicia. Ese es el reto y la única vía para combatir el derroche público y la corrupción política.

Nota Bene: Conociendo la soberbia de la clase política española, es evidente que no se hará, pero el Gobierno acertaría al abandonar el utópico ‘submarino propio’, restaurar la relación entre Navantia y la DCNS y recuperar el ‘Scorpène’, un gran SSK de última generación pre-nuclear, en la versión más avanzada pero práctica que convenga a los almirantes, como dotación de la Armada Española y elemento reactivador de la industria naval militar.

En nuestra anterior Newsletter (18/08/2013), en la que discurríamos sobre las consecuencias del ‘caso Bárcenas’ tanto para Rajoy como para el PP, considerando sus posibles secuelas y la retrospectiva del ‘caso Naseiro’, se recordaba el mecanismo funcional de la historia con sus recreaciones más o menos cíclicas. Es decir, asumíamos el dicho de que “la historia tiende a repetirse”.

Y, para ilustrar esa máxima, reproducíamos el inicio del ensayo de Karl Marx titulado “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte” (publicado en 1852): “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío…”.

Justo en ese tipo de reediciones sucesivas de lo ya acontecido, que Marx identificó como réplicas farsantes, es donde, de entrada, hay que situar el último fogonazo de nuestra política exterior sobre el contencioso con Gibraltar. Pero ahora llevada ya lamentablemente al extremo de auténtico ‘esperpento’ en las dos principales acepciones del término que establece el diccionario de la RAE, la primera como un “hecho grotesco y desatinado” y la segunda como el “género literario creado por Ramón del Valle-Inclán, escritor español de la generación del 98, en el que se deforma la realidad, recargando sus rasgos grotescos, sometiendo a una elaboración muy personal el lenguaje coloquial y desgarrado”.

LA CHAFARRINERA POLÍTICA ESPAÑOLA SOBRE GIBRALTAR

Claro está que la ‘farsa’ y el ‘esperpento’ se identifican de antiguo con la política de España sobre Gibraltar. Al menos desde que siete años después de la muerte de Franco y bajo la presidencia de Felipe González, el 14 de diciembre de 1982, el paso fronterizo (la famosa ‘Verja’) se reabrió para peatones; hecho que algunos señalaron como gesto aperturista de España en la antesala de su entrada en la CEE, pero que en el fondo fue una concesión “gratis et amore Dei” (más tarde, a partir de febrero de 1985, se permitió la circulación de vehículos).

Así concluyeron los 13 años de aislamiento total al Peñón iniciados el 8 de junio de 1969 por el régimen franquista, cumpliendo la parte española por primera vez, de forma escrupulosa, el Tratado firmado en Utrecht 256 años antes. Una situación de diplomacia coherente y legítima que los sucesivos gobiernos de la extinta UCD mantuvieron con firmeza y que los poderosos hijos del antiguo Imperio británico tuvieron que soportar bien que mal…

Porque se debe recordar que aquel gesto de autoridad del Gobierno del general Franco frente a ‘la pérfida Albión’, se originó tras una propuesta formal española de devolución del Peñón enmarcada en las resoluciones de Naciones Unidas que instaban a Reino Unido a negociar su descolonización, que fue rechazada. Y, además, tras convocar el Gobierno de Londres el referéndum de 1967 por el que los gibraltareños se pronunciaron a favor de continuar su relación con el Reino Unido, invalidado por la ONU.

El 30 de mayo de 1969 otra consulta popular ilegítima aprobó la denominada “Constitución Lansdowne” que equivalía a un estatuto de gobierno autónomo para Gibraltar, territorio convertido entonces en un ‘dominio’ con un ministro Principal como representante de la Corona Británica. Una política de ‘hechos consumados’, como la que en 1908 ya llevó a su ejército a levantar una cerca o ‘verja’ de siete pies de altura que consagró unilateralmente la ocupación de más de 800 metros del istmo situado en territorio neutral. O a construir en 1938 (justo durante nuestra guerra civil) un aeropuerto militar en el territorio situado entre la Verja y el Peñón, cuya pista de aterrizaje invadía en más de 800 metros la bahía de Algeciras…

Paréntesis: Tampoco conviene olvidar que el 14 de diciembre de 1960, antes de que entre 1965 y 1968 la Asamblea General de ONU aprobara cuatro resoluciones sucesivas sobre la ‘Cuestión de Gibraltar’ (2070, 2231, 2253 y 2429), instando a Reino Unido a negociar su descolonización, dicho organismo aprobó una “Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales" (Resolución 1514), en la que tras proclamar el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, establecía en su apartado: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”.

No vamos a detallar la historia del Peñón de Gibraltar ni a tratar de hacer sangre con los continuos errores activos y pasivos cometidos al respecto por casi todos nuestros gobiernos democráticos, sin una estrategia identificada con la defensa estable de los intereses españoles, con la política de Estado y con la dignidad nacional, sólida en todos sus términos. Entre otras cosas porque la política exterior de España siempre ha sido desastrosa y poco más que un ‘juguete roto’ rehabilitado a remolque de acontecimientos que, aun siendo positivos en algunas ocasiones, siempre nos han venido impuestos por circunstancias externas (como los convenios hispano-norteamericanos de 1953, la descolonización de Guinea Ecuatorial y del Sahara Occidental, nuestra entrada en la OTAN, la integración europea, el dictado alemán…), sin iniciativas propias ni planes alternativos.

Pero, más a más, hemos de convenir que el contencioso con Gibraltar se lleva la palma de todos los ‘despropósitos’ de la política exterior española, poco visible más allá del impulso que haya podido darle el rey Juan Carlos en momentos y ámbitos puntuales, quien desde luego nada tiene que ver con los partidos en el Gobierno ni con los ministros del ramo. Mientras lo que podrían llamarse ‘propósitos activos’ de nuestra diplomacia se muestran realmente inexistentes.

Lo cierto es que el PSOE y el PP, uno por otro y otro por uno, no sólo han sido incapaces de convenir una política definida a medio y largo plazo sobre Gibraltar, sino que ese delicado terreno les ha servido para enzarzarse entre ellos, a veces con uñas y dientes, sin más interés que el electoralista y con demasiada frecuencia. Y ello al margen de que ambas formaciones políticas también hayan tomado el Peñón cuando les ha convenido como bandera para arriar determinadas señas de identidad partidista (humanitarias, de fraternidad, solidarias, patrióticas, populistas…), ajenas sin la menor duda al problema de fondo, y como generador puntual de cortinas de humo con las que distraer la atención de otros problemas y amenazas de mayor importancia: pura tinta de calamar para enmascarar la realidad política ante la opinión pública en momentos ‘delicados’… Y después ¡pelillos a la mar y vámonos de copas!

Desde la reapertura de la Verja en diciembre de1982 (que desde luego fue un generoso regalo de Navidad), la incompetente diplomacia española no ha dejado de sembrar chafarrinadas en el contencioso gibraltareño. En 1985, el ministro socialista Fernando Morán hizo alarde de una ingenuidad política extrema proponiendo una soberanía conjunta para la colonia y su posterior restitución a España con el compromiso de preservar el modo de vida de los gibraltareños y de mantener su nacionalidad británica, todos sus derechos políticos y laborales ya existentes, el autogobierno y las instituciones (el acuerdo se dejaría abierto para establecer un condominio o propiedad compartida en el plazo de 15/20 años)…

En 1997, el ministro Abel Matutes (PP) hizo una nueva propuesta en la que se preveía un período de cien años de soberanía conjunta antes de que se transfiriera definitivamente a España. El enfoque, esquemáticamente similar al anterior pero llevando la soberanía conjunta prácticamente ad infinitum, llegó a contar en la primavera de 2002 con el acuerdo provisional de José María Aznar y Tony Blair, quienes dieron por buenas las conversaciones que habían celebrado sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Josep Piqué y Jack Straw: otro entretenimiento diplomático que fue abandonado por el duro rechazo que provocó en los gibraltareños, que ese mismo año llegaron incluso a convocar un referéndum sobre la soberanía de Gibraltar…

Un perfecto juego de ‘correveidiles’ tras el que el socialista Miguel Ángel Moratinos no dudó en pasar a la risible historia de la diplomacia española como el primer titular de Exteriores que cruzó la Verja. Y lo hizo el 21 de julio de 2009, nada menos que para reunirse con el ministro Principal de Gibraltar, Peter Caruana, y con el ministro británico de Exteriores, David Miliband, al amparo de un invento ‘zapateril’ del año 2004, el ‘Foro de Diálogo’, que llevó a negociar vergonzosamente el contencioso de marras a tres bandas con el mismo nivel de representación (España, Reino Unido y Gibraltar).

Aquel encuentro -todo un paradigma del esperpento- tuvo como objetivo “concertar nuevas medidas de cooperación en beneficio de la población de la zona”, pero sin entrar en la discusión de la soberanía de la colonia, cedida a los británicos por el Tratado de Utrecht (1713), ni en la de las aguas que la rodean. Una vez obviada esta cuestión fundamental, las tres partes (y aceptando España a Gibraltar como ‘parte legítima’) anunciaron acuerdos en materia de cooperación marítima y medioambiental, de lucha contra el crimen organizado y de visados, que se unieron a otros ya alcanzados desde la creación del ‘Foro de Diálogo’ en 2004, como el “uso compartido del aeropuerto”.

Inmediatamente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró que aquella visita histórica era un “terrible error” porque sentaba el “peligroso” precedente de tratar a Gibraltar como un país soberano. Lo llamativo del caso es que en las calles por donde pasaba Moratinos, los gibraltareños no dejaban de exhibir banderas de Gibraltar y del Reino Unido como forma de reivindicación ante el ministro español y, por supuesto, de humillarle, mientras al otro lado de la Verja algunos compatriotas españoles le esperaba de regreso con una pancarta en la que se leía: “Por la dignidad de España. No tiremos por la borda 300 años de firmeza”… 

LA ‘BOTA MALAYA’ DEL MINISTRO CASTIELLA

Claro está que, siendo los políticos británicos y gibraltareños más astutos y prácticos que los españoles, todas esas conversaciones (que son un puro entretenimiento diplomático) no han servido para nada. O, todavía peor, sólo han servido para mejorar la posición de los propietarios del Peñón en todos los órdenes.

Para comprobarlo, baste comparar la evolución política, territorial y socio-económica, de la colonia de Gibraltar desde la firma del Tratado de Utrecht hasta nuestros días, incluso en lo relativo a su asentamiento positivo dentro de la Unión Europea y del Derecho Internacional y, en particular, la que se inicia con la reapertura de la Verja en 1982. Hoy en día, el Peñón y la singular especie ciudadana que lo habita están mejor que nunca, gracias sobre todo al errático tratamiento de la cuestión por parte española, asentada en la farsa y el esperpento, cuando no en el inconfesado masoquismo con el que se caracteriza su praxis diplomática.

Y todo ello muy lejos, desde luego, de la política de ‘bota malaya’ sobre Gibraltar que le hubiera gustado desarrollar a Fernando María Castiella, el diplomático, catedrático de Derecho Internacional Privado y ministro de Asuntos Exteriores franquista que cerró la ‘Verja’ en 1969. Luis María Anson describe de forma acertada en un artículo de opinión titulado “Castiella, Gibraltar, Garel-Jones, Margallo” (El Mundo, 22/08/2013) el inamovible pilar en el que descansa la posición británica sobre el contencioso gibraltareño, para resumir a continuación la política lamentablemente inconclusa de aquel ministro franquista, contraponiéndola a la del desatinado ministro socialista Miguel Ángel Moratinos: 

(…) El ministro Castiella tuvo conciencia clara de esa realidad y estableció una política consistente en hacer la vida lo más ingrata posible a los gibraltareños. Era y es el único camino. Si los gibraltareños disfrutan de todos los beneficios no se cuarteará nunca su voluntad de ser lo que son. Si España convierte el Peñón en un lugar inhóspito las cosas podrían cambiar. Castiella no llevó adelante todo lo que pensaba, pero sabía muy bien lo que se debía hacer y me lo explicó detenidamente en una larga conversación que mantuve con él. Era un hombre muy inteligente. Decidió cerrar la verja y proyectó cortar el suministro de agua española, de líneas telefónicas y de electricidad. Tenía pensado trasladar al entorno de Gibraltar las industrias menos salubres de España y absorber la mano de obra marroquí. Su propósito consistía en incomodar hasta el límite la vida de los gibraltareños. El ministro Moratinos cometió el desatino de hacer todo lo contrario. Convirtió al Gobierno del Peñón en interlocutor tripartito y benefició a los gibraltareños con toda clase de prebendas, cerrando los ojos ante el blanqueo de capitales, los delitos fiscales, el contrabando desaforado, los negocios ‘on-line’… 

Paréntesis: La ‘bota malaya’ es un artilugio de tortura fabricado en madera con un mecanismo de ‘prensado’ que, al girar una palanca en forma de tornillo, la va encogiendo por dentro, aplastando así el pie de la víctima y rompiendo sus huesos con terribles dolores.

EN LA SENDA DE LA TORPEZA Y LA INDIGNIDAD NACIONAL

Y así, más o menos, se ha venido orquestando una especie de ‘Bolero’ político similar a la celebrada obra musical de igual título compuesta por Maurice Ravel en 1928. Un movimiento orquestal cadencioso, inspirado en la danza española y con un tempo invariable, con una melodía obsesiva -un ostinato- en do mayor, que se repite una y otra vez sin más modificación que la de los efectos sinfónicos, en un crescendo que culmina con una modulación a mi mayor y una coda o movimiento final estruendosa; un ejemplo magnífico de lo que musical y políticamente se llama ‘estudio de orquestación’.

Porque España, que va de monaguillo -ni siquiera de misacantano- en todos los fregados internacionales, incluyendo un montón de guerras y campañas de solidaridad mundial (que le vienen anchas y algunas ni le van ni le vienen), no ha avanzado ni medio metro en lo que debería haber sido un claro e irrenunciable compromiso de reclamar la soberanía del Peñón de Gibraltar de forma permanente a partir de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, ya citadas, instando a la Potencia administradora a negociar su descolonización. Todas ellas incumplidas.

Una responsabilidad que, de entrada, debería mantener unidos a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, de forma indisoluble. Porque si algo distingue a los países serios de los que no lo son, es el hecho de que, cuando cambian sus gobiernos, siendo incluso de signo ideológico contrario, la política exterior permanece inalterable en sus objetivos y principios esenciales; algo que los británicos tienen perfectamente asumido y con éxito contrastado.

Sin embargo, nuestra política sobre Gibraltar se caracteriza, sobre todo, por la controversia partidista, por el afán de cada formación política de deshacer lo hecho por otra, o por la toma de decisiones gubernamentales previstas como contrarias a las que tomaría la oposición, en un ejemplo perfecto del inacabado e inacabable manto de Penélope, tejido durante el día y destejido por la noche. Si un gobierno cierra la Verja, que fue una decisión coherente y acertada en todos sus términos (aunque la tomara el general Franco), y que como hemos dicho fue mantenida con firmeza por los presidentes de la extinta UCD (Suárez y Calvo-Sotelo), otro la abre de forma gratuita, sin obtener ninguna contraprestación política efectiva, y otro eleva más tarde a Gibraltar al rango de ‘Estado soberano’ sólo ‘porque sí’, sin cruzar palabra con la oposición que más tarde tendrá ocasión de hacer todo lo contrario…

Paréntesis: Antonio Cánovas del Castillo, la figura más relevante de la política española en la segunda mitad del siglo XIX, nos legó una frase bien elocuente al respecto: “Con la patria se está con razón o sin razón; como se está con el padre y con la madre”. Lo que pasa es que la actual clase política carece de ‘patriotismo’ (algunos en la derecha recalcitrante lo confunden con el ‘patrioterismo’ y otros, en la izquierda vergonzante, repudian directamente el término). 

Hoy, España y el Reino Unido comparten los mismos principios comunes de las democracias occidentales, inmersas en la realidad ‘global’ del mundo; son Estados-miembro de la Unión Europea y de la OTAN y mantienen unas buenas relaciones bilaterales. Pero, a pesar de eso, Gibraltar pervive como la única y anacrónica colonia instalada en Europa, engrandeciéndose cada vez más el problema gracias a la aberrante política exterior española, que precisamente en ese marco de relaciones internacionales tiene todo a su favor para cortar de raíz la gangrena gibraltareña.

España ha perdido oportunidades históricas para zanjar de forma razonada y honorable el contencioso sobre Gibraltar, sobre todo por culpa del PP y del PSOE y por la falta de dignidad nacional con la que unos y otros negociaron nuestra entrada en la OTAN y nuestras sucesivas adhesiones a los Tratados Europeos ‘sin arreglar lo nuestro’. Es decir, ‘con los pantalones bajados y el espinazo doblado’, indigna postura política ensayada cada tres por cuatro en los contenciosos con Marruecos, Bolivia, Argentina, Venezuela… como icono de nuestra estrategia diplomática, sólo aliviada con algún que otro discutido “¿por qué no te callas?” regio, o peor todavía por los trapicheos propios de  ‘la España Corinnata’ (ver Newsletter 53, 17/03/2013).

LA SOLUCIÓN: PUÑO DE HIERRO CON GUANTE DE SEDA…

La actitud política de Gibraltar, enrocada en un juego creciente de hechos consumados y constantes desafíos a España, amparados en la arrogancia chulesca de quien se siente protegido por ‘el primo de Zumosol’ (la Gran Bretaña), merece una reflexión y una respuesta estable que vaya mucho más allá de la advertencia lanzada por el ministro García-Margallo (“Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos”), que no vamos a criticar pero que tiene toda la apariencia de ser una fumarola diplomática más que se volverá a saldar sin ventaja para España. Respuesta que, desde luego, debería estar respaldada al cien por cien por el PSOE, anteponiendo la dignidad y el interés del Estado a la mezquindad de algunos particulares (que utilizan de forma sistemática la falsedad de una ‘hambruna’ en la zona, realmente inexistente, con objeto de justificar sus prácticas delictivas) y relanzando en cualquier caso como haya que relanzar la vida económica del Campo de Gibraltar.

El incidente de la arbitraria construcción de un muro submarino de cemento por parte de Gibraltar en aguas contiguas al Peñón, innecesario salvo para perjudicarlas como caladero de la flota de bajura linense y de mucha menor importancia que otras muchas iniciativas y actividades gibraltareñas ilícitas en el ámbito económico, financiero, fiscal, urbanístico y medioambiental, y que altera una vez más el statu quo del momento, no deja de ofrecer una magnífica excusa para cortar de raíz la escalada de abusos gibraltareños y volver a la política de “tolerancia cero”. Sobre todo si lo hace un Gobierno apoyado por una mayoría parlamentaria absoluta y cuyos votantes sienten inédito el ejercicio efectivo de tal poder en asuntos de Estado.

Lamentablemente, la pusilánime y contradictoria política de España sobre Gibraltar, asentada en imprecisas piruetas diplomáticas y enfrentamientos partidistas que seguramente reaparecerán a corto plazo y que suponen un trabajo perfecto en favor del oponente, ha generado una doble corriente de opinión. Al margen de la que ‘pasa’ del problema por desánimo político y total desconfianza en la clase dirigente, empezando por los partidos y terminando por los sindicatos; sin ignorar que, integrados en la UE el tema de las soberanías cada vez es más nimio y se diluye más.

En las dos posiciones esenciales, se sitúan, por un lado, quienes arrían con toda legitimidad la bandera de la dignidad nacional, exigiendo las decisiones más duras en todos los órdenes y con todas sus consecuencias y, por otro, quienes estiman conveniente reconducir las relaciones con el Reino Unido, fomentando y mejorando un entendimiento bilateral más práctico en una línea ‘persuasiva’ antes que ‘reivindicativa’.

Pero es que ese planteamiento ‘optativo’ es un tremendo error, porque las cuestiones de Estado (y el contencioso con Gibraltar sin duda lo es) no admiten la división de opiniones, el ser partidarios a conveniencia -valga el ejemplo- del equipo de fútbol preferido, como sucede en las ligas nacionales, porque quien juega es la selección española. Y en este caso sólo se pueden discutir, las diferentes estrategias, tácticas o alineaciones, pero no la selección en sí que es la que es y no puede ser otra.

Esto quiere decir que ‘las corrientes de opinión’ sobre la política relativa al caso, deben desaparecer y quedar subsumidas en una sola: la del Estado. Cosa relativamente fácil porque la línea reivindicativa y la línea persuasiva pueden y deben complementarse y caminar juntas, de la mano, sin causar el menor problema; ‘puño de hierro con guante de seda’ (y no el hierro o la seda), lema efectivo e irrenunciable de los países con verdadera política exterior.

Eso supone un exigente seguimiento de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU instando de forma reiterada a resolver la “Cuestión de Gibraltar”; la persecución permanente de cualquier actividad delictiva con origen en Gibraltar que atente contra los legítimos intereses españoles de todo tipo (político, económico, medioambiental, sanitario…), incluyendo la de los cómplices y cooperadores necesarios de nacionalidad española, sean personas físicas o jurídicas (millonarios, bancos, compañías de telecomunicación…); el control exhaustivo de la frontera, dado que no está incluida en el espacio y la cooperación del Tratado de Schengen; la declaración y vigilancia  de las necesarias zonas estratégicas de exclusión aérea y marítima por razones de seguridad nacional, etc… Y, por supuesto, la cancelación de todos los acuerdos bilaterales ‘permisivos’ suscritos por cualquier gobierno anterior, junto con la rediscusión de todo lo gestionado por Gibraltar en la UE con visos de ilegitimidad o ilegalidad: por ejemplo la admisión en la FIFA del equipo de fútbol de Gibraltar…

… Y A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

Todo ello compatible y en total armonía con la natural perfección de las relaciones anglo-españolas en cualquier ámbito razonable, empezando por el humanitario y hasta promoviendo, si fuera necesario, un Día Nacional de Confraternización con los turistas y residentes británicos en España o un monumento a la gaita escocesa en la Plaza Mayor de Madrid… Pero “a Dios rogando y con el mazo dando”, que es lo que han hecho nuestros amigos ingleses toda su vida y en todas partes, exactamente como hacen en el tema de Gibraltar.

Porque mantener la frontera abierta y respetar los derechos legítimos de los gibraltareños, no impide, por ejemplo, recrecer en paralelo la Verja de siete pies de altura instalada por los británicos en 1908 con otra de siete metros para impedir el trapicheo constante de tabaco; ni prohibir la salida de España de los áridos y materias primas utilizados en Gibraltar para ganarle terreno al mar, que nuestros sucesivos gobiernos han venido permitiendo hasta ahora de forma complaciente; ni perseguir con mucha mayor dureza sancionadora las prácticas contrabandistas y el blanqueo de dinero; ni gravar con mayores tasas los servicios públicos del entorno sobre-utilizados por la influencia de Gibraltar (accesos, transportes, servicios sanitarios…); ni plantear un plan especial de desarrollo comarcal que compita laboral y comercialmente con Gibraltar de una vez por todas…

Es decir, conjugando el ‘saber nadar’ con ‘guardar la ropa’, obligando a los gibraltareños y sus padrinos/protectores a cumplir con todas las leyes que deban cumplir, cosa incómoda pero de eficacia demostrada, y competir de forma más inteligente y ‘simétrica’ con su propio modelo de desarrollo. Porque si España ha sido tan decidida en la construcción de aeropuertos fantasmas, en el desarrollo de grandes equipamientos comerciales y de ocio, en la promoción de parques tecnológicos y empresariales, en la captación de eventos culturales y deportivos o en construir ‘Eurovegas’ allí donde realmente no hacen falta, ¿qué cosa mínimamente seria han hecho todos los gobiernos centrales y autonómicos para desarrollar el campo de Gibraltar…?

Y si la Royal Navy gusta del juego-amenaza de sacar pecho con maniobras y adiestramientos militares en el entorno gibraltareño, pretendiendo con ello humillar a las Fuerzas Armadas de un país amigo, ¿por qué no se le da la debida respuesta dentro de la OTAN y de la UE…?

¿Y por qué razón España no tiene entonces ninguna instalación militar de nivel táctico en la zona más inmediata y no realiza en ella ningún ejercicio de adiestramiento con visos de respuesta…? ¿Por qué las unidades de la Legión acuarteladas en Ronda o en Viator no asoman de vez en cuando sus atributos militares por el Estrecho, encaradas a Gibraltar…? ¿Y qué hace un Regimiento de Artillería pintando la mona en Astorga en vez de pintarla en Algeciras o en La Línea de la Concepción…?

Frente a la frustrante historia de la ‘Cuestión de Gibraltar’ y a la estulticia conjunta de su actual ministro Principal, Fabián Picardo, y de su Gobierno de opereta (que al cambio representa la mitad de la mitad del Ayuntamiento de Móstoles, por ejemplo), sólo cabe ya dar la batalla reivindicativa de la soberanía española de forma total e irreversible, tomando medidas legales inflexibles y con argumentos y estrategias adecuadas en todos los frentes (jurídicos, económicos, diplomáticos…). Pero -mucha atención al detalle- siempre y cuando exista un acuerdo al respecto de amplia base política y declarado inquebrantable, a cuyos efectos sería obligado suscribir un Pacto Nacional con la correspondiente fijación de principios y directrices que habrían de mantener los sucesivos gobiernos de la Nación.

Ya no caben más debates, fijación de posiciones políticas, pedradas en ojo ajeno ni monsergas partidistas. Sólo un acuerdo serio entre el PP y el PSOE -cosa difícil porque hoy por hoy no se les reconoce tal condición-, sin excluir por supuesto a los demás partidos con representación parlamentaria, como ya se ha hecho en otras cuestiones de Estado, bien que en tiempos políticos mejores. Porque Gibraltar y el Reino Unido se vienen pasando a España por el arco del triunfo 300 años y es de temer que, con políticos tan bacinillas como los actuales, se la seguirán pasando de por vida; de hecho, es lo mismo que ha sucedido con la implantación de los grupos etarras en las instituciones políticas del País Vasco, propiciada de consuno por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez-Rubalcaba.

El teniente general Pedro Pitarch concluía un antiguo artículo sobre Gibraltar publicado en ABC (10/12/2009) de esta forma: “Cuando se regalan ciertas cosas, no sólo se podría estar haciendo dejación de una responsabilidad histórica, sino que se fomenta que el contrario se crezca. En última instancia el innegable placer de regalar se hace con el patrimonio de uno, no con el de todos”.

Aplaudimos esta apreciación de Pitarch (siempre es un placer citarle cuando lleva razón), pero no compartimos el entusiasmo que en el artículo de su blog titulado “Recreo gibraltareño” (06/08/2013) muestra con la ya citada sentencia del ministro García-Margallo sobre el caso: “Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos”. Bien dicho, pero no será así. Sabiendo con quien nos la estamos jugando y escrito lo que hemos escrito, es muy de temer que pronto vuelva el recreo gibraltareño y con ‘chuches’ de regalo.

El Diccionario de la RAE define el término ‘secuela’ como una “consecuencia o resulta de algo”, indicando su carácter generalmente negativo con una acepción complementaria en el ámbito médico como “trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad o un traumatismo, y que es consecuencia de ellos”.

En el terreno concreto de la creación literaria, sea del género que fuere, una secuela es cualquier novela, película u obra de ficción nacida después de otra obra completa inicial y que se desarrolla en un mismo ‘universo’, pero en un tiempo posterior. Normalmente, la secuela contiene elementos de la obra original, como escenarios, situaciones y personajes, aunque estos pueden ser sustituidos (por ejemplo, si un personaje muere en la primera obra, otro -un  hijo u otro tipo de ‘heredero’- puede tomar su lugar).

Y también existe la ‘precuela’ (que algunos prefieren denominar ‘presecuela’ o ‘protosecuela’, e incluso ‘continuación retrospectiva’ en contraposición a la ‘secuela’ o ‘continuación prospectiva’), aunque sin mucho soporte filológico y sólo como parte de la jerga utilizada en el mundo de la cinematografía. El término se utiliza para describir obras cuya acción sucede antes de la obra original (Star Wars es la película más conocida con varias precuelas o continuaciones retrospectivas, que siempre han de superar el problema de tener que mantener el interés de un público que más o menos sabe cómo va a terminar la historia)…

Por otra parte, es igualmente conocido el dicho de que “la historia tiende a repetirse”; es decir, la forma de cómo funciona el engranaje del desarrollo histórico con recreaciones más o menos cíclicas. De hecho, Karl Marx iniciaba su ensayo “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte” (escrito en 1852) con este comentario al respecto: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío…”.

Pues bien, tras estas consideraciones, no deja de ser oportuno realizar un análisis del ‘caso Bárcenas’, hasta ahora tratado de forma exhaustiva en términos de pura actualidad política y judicial, precisamente enfocado a sus secuelas más inmediatas, conectadas también con alguna curiosa precuela; es decir, un análisis en términos de continuidad prospectiva y retrospectiva. De esta forma, se podría predecir mejor su efecto final sobre el Gobierno de Rajoy y sobre el propio futuro del PP.

ANTES SE COGE A UN MENTIROSO QUE A UN COJO

Cierto es que algunas, o muchas, de las irregularidades manifestadas en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ (no olvidemos que ‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’ son aspectos de una misma trama de financiación ilegal y corrupción política), pueden no ser constitutivas de delito penal o que, siéndolo, hayan podido prescribir para determinados ejercicios contables dado su remoto origen temporal. Sin embargo, la cantidad de imputados e imputables -todos ellos relacionados con el aparato del PP- por la presunta comisión de hechos tipificados en el Código Penal así como la notable cantidad de testimonios y documentos probatorios, anuncian un proceso con bastantes condenas probables, al margen de las responsabilidades que puedan derivarse en el ámbito fiscal.

Nadie desea negar la presunción de inocencia de los imputados. Pero de lo mucho que ha trascendido a partir de la instrucción sumarial, la opinión pública deduce una verdadera ‘trama delictiva’ -más que delitos aislados de afección personal- y, por supuesto, graves responsabilidades de naturaleza política.

La cuestión es que, habiéndose gestionado el caso por parte del PP tan mal como se ha gestionado, con una dirección desenfocada y una actitud altiva y enrocada desbordada por los acontecimientos, pretendiendo negar la mayor de forma infructuosa (la existencia de la contabilidad B y el origen y destino de sus fondos) y tratando de endosar todas las culpas a los ‘chivos expiatorios’ de la causa que han sido cogidos con las manos en la masa, el efecto letal generado tiene muy mala reconducción en sus últimas consecuencias ante la opinión pública.

Pensar que, tras la insatisfactoria comparecencia de Mariano Rajoy del pasado 1 de agosto en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones del ‘caso Bárcenas’ (que, insistimos, en realidad se debe identificar como el mucho más complejo ‘caso Gürtel-Bárcenas’), todo pueda quedar en agua de borrajas -o en la condena de unos pocos ‘pringados’ ajenos a la alta dirección del partido-, es cosa ciertamente ilusoria, por mucho que algunos crean que la justicia se encuentre condicionada en extremo por el poder político. Antes al contrario, esa creencia bien podría tener ahora, justo en este escandaloso asunto y en estos momentos de grave crisis económica e institucional, la respuesta adecuada en el ámbito jurisdiccional, ejemplar y ejemplarizante, dado el insoportable nivel al que han llegado la corrupción política y la propia manipulación del Poder Judicial.

Durante la citada comparecencia, todos los grupos parlamentarios de la oposición advirtieron a Rajoy por activa y por pasiva que su afirmación del “yo no soy culpable” (a pesar de ser el líder del PP), tendría consecuencias letales para él y para su partido en cuanto se revelase como mentira formal por sentencia judicial e incluso si se dieran a conocer nuevas pruebas de culpabilidad irrefutables. Y es que, dada la dinámica de las revelaciones del caso y la evidencia de los múltiples comportamientos delictivos que han venido protagonizado relevantes miembros de su aparato, al menos a nivel de creencia o intuición social (pendientes de confirmación en los tribunales de justicia), todo indica que el PP se ha financiado desde hace muchos años de forma ilegal, recibiendo comisiones encubiertas contra la adjudicación de contratos públicos y repartiendo ‘dinero negro’ a mansalva entre sus altos cargos y la banda de recaudadores mafiosos operadora de la trama.

La auto-exculpación de Rajoy, su declarado desconocimiento de lo que hacía y deshacía el gerente del partido que él mismo presidía (lo que en todo caso es una dejación de responsabilidad inaudita), a quien él ascendió mediante decisión personal al relevante cargo de tesorero, con sillón en la Ejecutiva Nacional, y a quien también avaló para que obtuviera un escaño de senador ‘cunero’ por Cantabria en dos legislaturas seguidas (VIII y IX), y su afán por que otros se coman el marrón del caso (Bárcenas, Correa y todos los que vayan cayendo en la refriega de imputados), no tiene buen color ni para él ni para el PP, partido que sustenta al Gobierno.

Y esto es tan evidente que, como han recogido todas las encuestas realizadas al efecto, la inmensa mayoría de los españoles dan por ciertas y exactas las acusaciones de Bárcenas y de otros implicados en la ‘trama Gürtel-Bárcenas’ y por mentirosos los argumentos de defensa expuestos por Rajoy y demás portavoces oficiales del PP. Nada más torpe y políticamente peligroso que creer en la estupidez de los administrados y que son incapaces de distinguir la verdad de la mentira.

Paréntesis: La creencia de que, a tenor, por ejemplo, de los resultados obtenidos respectivamente por el PP y el PSOE en las pasadas elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, la corrupción no descuenta votos, es un tremendo error. Y el análisis detenido de esa mera apariencia, incluyendo la particular situación de todas las fuerzas políticas en liza, así lo corrobora.

Pero… “alea jacta est” (la suerte está echada), como en su caso hubiera dicho Julio César. Y sabido es que, en efecto, antes se coge a un mentiroso que a un cojo y que las mentiras, aunque lo sean por simple ocultamiento de la verdad y no por falsearla directamente, siempre se descubren y siempre se pagan.

EL PROBLEMA DE MENTIR SIN OFICIO SUFICIENTE

El filósofo y moralista griego Epicteto, maestro de la escuela estoica, nos legó la máxima de que “los embusteros son la causa de todos los delitos que se cometen en el mundo”. Rajoy la puede desconocer o no, pero la actitud que viene manteniendo en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ dice muy poco en favor de su sentido de la ética política, que, dada su alta responsabilidad como presidente del Gobierno, debería llevarle mucho más allá de la mera defensa de los intereses espurios de su partido y de su mala praxis en el plano administrativo y financiero.

A tenor de cómo está la cosa, y de la politización y el desprestigio social de los organismos encargados de controlar al sector público, como el Tribunal de Cuentas, Rajoy debería repensar su cita exculpatoria y recurrente a la aprobación de la contabilidad oficial del PP por parte del mismo, porque es tan infantil como absurda (lo que está en cuestión no es la contabilidad A del partido sino la B). Con esa ridícula insistencia, y muy al contrario de lo que pretende, el presidente del Gobierno engrandece su perfil de mentiroso público, ya arraigado en la sociedad española por el incumplimiento de sus promesas electorales.

Además, alguno de los asesores áulicos de Rajoy, por ejemplo Pedro Arriola, debería advertirle que el éxito de la mentira política, siempre momentáneo, requiere del mentiroso que la sustenta un cierto carisma, una mínima carga de empatía con los sujetos a engañar, que ni acompaña ni acompañará nunca su triste y grisácea personalidad de opositor meritorio al Cuerpo de Registradores de la Propiedad. Es, quiérase o no, y aunque guarde dentro de si otros valores personales que no vamos a discutirle, un hombre frío, distante, de humanidad desconocida, sin credibilidad contrastada a pesar de su larga dedicación a la política, un político sin el menor carisma ni atractivo personal alguno y, por tanto, sin capacidad para convencer o ser creído en situaciones de controversia pública.

Así, bajo esa capa socialmente nada atractiva ni convincente (en política la apariencia no deja de ser parte de la realidad misma), es muy difícil ‘mentir correctamente’, es decir con la esperanza de ser creído. Porque la imagen falsaria puede más que la posible verdad en juego, hasta el punto de que el castigo del embustero, siendo éste real o aparente, es precisamente no ser creído aun cuando diga la verdad…

Otro paréntesis: ¿Qué sería de Rajoy si, en vez de enfrentarse a un Pérez Rubalcaba (otro que tal baila) se las tuviera que ver con un Felipe González, o incluso con un Adolfo Suárez…? La realidad es que un peso bien ligero de la política como Rodríguez Zapatero, le mojó la oreja a placer en dos elecciones generales sucesivas, que ya es decir; que sus correligionarios nunca le reconocieron méritos ni capacidad alguna para el liderazgo y que la designación digital de Aznar para que fuera su sucesor ha sido lamentada incluso por su propio mentor…

LA LETAL SECUELA DE LA MENTIRA POLÍTICA

Claro está que en este balance sobre la credibilidad o incredibilidad de Rajoy, hay hechos poco conocidos de tiempos pasados, bien reveladores de su oportunismo personal, que también juegan en su contra. Por ejemplo, los que se refieren a la vulneración de la Ley de Incompatibilidades de los Funcionarios Públicos, la Ley Hipotecaria y la Ley Electoral para controlar el destino de los recursos de los distintos registros de la propiedad de los que fue titular entre 1980 y 1990, siendo cargo público en Galicia y en el Congreso de los Diputados (ver detalles en “Mariano Rajoy vulneró la Ley para ganar los concursos de los Registros de la Propiedad de Padrón, Berga, Elche 3 y Santa Pola”).

Otros, los más conocidos, vienen surgiendo de forma continua desde que asumió la presidencia del Gobierno, bien relacionados con su torpe gestión de la crisis económica o bien en relación con el amasijo de mentiras con las que envuelve, cada vez con peor estilo político y personal, el deplorable contencioso que mantiene con su antes amiguísimo Bárcenas, y que por esa vía contumaz de negar la evidencia se ha convertido ya en el ‘caso Rajoy’. Entre estos últimos, destaca el desmontaje de su falsa declaración en la comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado 1 de agosto, cuando afirmó: “Señorías, ya se lo he dicho antes, me he equivocado; pero cuando yo fui elegido presidente del Gobierno, el señor Bárcenas no estaba en el partido, no era el tesorero, ni tenía representación política”.

Porque, a los pocos días, El Mundo (11/08/2013) dinamitaba su alharaca de político franco y transparente reproduciendo en portada la nómina oficial de Bárcenas de mayo de 2012 en el PP (tres meses después de haber sido reimputado y pasados cinco desde que Rajoy fuera nombrado presidente del Gobierno): nada más y nada menos que de 18.257 euros sobre 14 pagas/año. Es decir, dejándole en evidencia como un político mentiroso, ‘colgado de la brocha’ como aquél a quien, estando pintando el techo, de repente se le quita la escalera’…

Otro tanto sucedió apenas dos días después (13/08/2013) con la declaración prestada ante el juez instructor del caso por Cristóbal Páez, ex gerente del PP y su tesorero oficioso entre julio de 2008 y abril de 2010, persona bien informada al respecto, confirmando sin duda alguna la existencia de una contabilidad B dentro del partido.

De hecho, Páez reconoció que entre los años 1986 y 1989 elaboró varios informes como asesor laboral del partido que le fueron abonados siempre sin factura y en metálico (nunca declarados a Hacienda) y que, incluso, él mismo recibió dos ‘sobres’ en dinero negro de 6.000 euros cada uno en los años 2006 y 2007, registrados perfectamente en los ‘papeles de Bárcenas’. Una confesión con la que el juez instructor ya tiene acreditada la veracidad de 55 pagos y donativos anotados en los mismos.

Páez declaró que tuvo personalmente en sus manos diversos recibís de pagos de empresas al PP y, también, que llegó a guardar en su propio domicilio los apuntes contables de Bárcenas por miedo a que la autoridad judicial ordenase un registro de la sede central del PP, documentos que más tarde devolvió al partido porque “le quemaban en las manos”…

Pero es que en esa escalada demostrativa de la práctica mentirosa de Rajoy (“siempre se ha pagado en blanco”), hemos conocido acto seguido (14/08/2013), y por la declaración en sede judicial de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que el propio presidente del partido (junto con Javier Arenas) fue quien en marzo de 2010 pactó con Luis Bárcenas (ahora el ‘delincuente’ Bárcenas) su nueva y generosa nómina cuando se reincorporó a su función laboral tras concluir su excedencia laboral forzosa derivada de su cargo de senador. Y que, entonces, ella misma fue informada por Rajoy de las condiciones laborales de Bárcenas, de que se le pagaría su defensa jurídica y de que dispondría de un despacho/sala, una secretaria y un coche oficial del partido con chófer, situación que se prolongó hasta enero de 2013…

De forma que volvemos a lo que de forma razonable y necesaria se está preguntando todo el mundo: ¿Cómo ha podido decir Mariano Rajoy, salvo mentira premeditada y manifiesta, que cuando llegó a la Presidencia del Gobierno, nada tenían que ver él y su partido con Bárcenas…?

Pero, en este patético intento de desentenderse política y judicialmente del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, se está llegando a mucho más. Con independencia de la actitud de la actual secretaria general del PP, tanto Francisco Álvarez-Cascos como Javier Arenas, predecesores en el cargo (el primero en el periodo 1989-1999 y el segundo en 1999-2003), descargaron en Álvaro Lapuerta, que fue el tesorero del PP bajo la dirección de ambos, toda la responsabilidad en el control de la legalidad de las donaciones al partido, buscando otro ‘pagano’ de culpas propias o corporativas sin pensar que, por su privilegiada información, podría lanzar en cualquier momento y por muchos caminos, directos o indirectos, voluntarios o involuntarios, algún que otro demoledor torpedo contra quienes con tanta alegría le quieren endosar el ‘marrón’ del caso.

Porque, a pesar de lo declarado por los ex secretarios generales del PP está claro que, a tenor del artículo 42 de los Estatutos del partido, ellos son quienes ostentan la dirección de todos sus servicios. O, dicho de otro modo,

está claro que el otorgamiento de poderes o la delegación de funciones a favor del tesorero, cosa que al parecer era habitual por razones operativas, no elimina automáticamente las responsabilidades de las personas que las titulan.

Por otra parte, tampoco es fácil de entender que habiéndose llamados ya a declarar como testigos a dos ex secretarios generales del PP (Álvarez-Cascos y Arenas), junto con quien desempeña el cargo actualmente (María Dolores de Cospedal) no se haya citado también y a los mismos efectos a Mariano Rajoy, que fue secretario general del partido a partir de 2033 y hasta su nombramiento como presidente en octubre de 2004, ni a Ángel Acebes que lo fue desde 2004 hasta 2008…

LA SIGNIFICADA PRECUELA DEL ‘CASO NASEIRO’…

Y por si lo dicho fuera poco, en contra de Rajoy también juega la precuela del ‘caso Naseiro’: un escándalo previo de corrupción política sustentado en una trama muy similar a la del ‘caso Gürtel-Bárcenas’. Ya perdido en la memoria pública tuvo su origen el 28 de noviembre de 1988, cuando la Brigada de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia procedió a investigar por orden judicial un supuesto tráfico de drogas, ‘pinchando’ con ese objeto la línea telefónica de Salvador Palop, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y cuyo hermano, Rafael Palop, aparecía vinculado al origen de la operación.

Pero el contenido de las cintas grabadas descubrió asuntos muy distintos a los esperados, puesto que recogieron conversaciones mantenidas entre miembros relevantes del PP en las que se planteaban negocios fraudulentos de carácter inmobiliario, parte de cuyos beneficios, según se pudo conocer más tarde, irían destinados a financiar al partido. Como consecuencia de aquella investigación, el 9 de abril de 1990, el entonces titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Valencia, el magistrado Luis Manglano, ordenó la detención, entre otros, de Salvador Palop y de Rosendo Naseiro, tesorero del PP, por su presunta implicación en la concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones que sirvieron para la financiación del PP, según las acusaciones.

No obstante, tras tres días de declaraciones, en los que todos los detenidos estuvieron incomunicados, el juez se vio obligado a la  inhibición en favor del Tribunal Supremo al descubrir que podía estar implicada una persona aforada, que resultó ser el diputado por Valencia y ex tesorero del PP Angel Sanchís. Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo consideró entonces que los hechos constituían un delito de cohecho en grado de conspiración, por los que pidió para los tres políticos populares un total de nueve meses de prisión y 31,5 millones de pesetas de multa. 

La cuestión es que las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial. Por esta razón, el Supremo estimó la petición de los abogados defensores de que se anularan como prueba de cargo las conversaciones telefónicas que habían mantenido los finalmente encausados (Naseiro, Sanchís, Palop y el empresario José Balaguer), al considerar que en su grabación se había vulnerado el derecho a la intimidad de los mismos, ordenando la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las llamativas conversaciones de los implicados (el texto de las conversaciones grabadas se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, pero jurídicamente carecen de valor probatorio).

En consecuencia, tanto el fiscal como los querellantes retiraron todas las acusaciones, ya que una vez anulada la principal prueba de cargo les era imposible mantener su posición en la causa…

Una precuela (o ‘continuación retrospectiva’) de la historia de marras sin duda reveladora en estos momentos, que los clásicos del periodismo político conocen bien. Uno de ellos, Enric Sopena, la recordaba en un artículo que precisamente se titulaba Paralelismos entre el ‘caso Bárcenas’ y el ‘caso Naseiro’ (ElPlural.Com 20/01/2013) publicado tras descubrirse la primera cuenta millonaria de Bárcenas en Suiza y los sobresueldos de la cúpula del PP opacos a la Hacienda Pública:

El diario de Pedro J. Ramírez no dice la verdad en su editorial de ayer sobre lo que debe hacer Rajoy ante el gravísimo caso Bárcenas. Pone como ejemplo a seguir por Rajoy la investigación interna -impulsada por José María Aznar acerca del ‘caso Naseiro’- que estalló en abril de 1990. Y hoy vuelve a insistir en lo mismo.

Saltó el ‘caso Naseiro’ pocos días después de cuando Aznar fuera aupado por Fraga –“¡ni tutelas ni tutías!”-, a presidir el PP. Afirma ‘El Mundo’ que “Aznar encargó a Gallardón una investigación que éste llevó a cabo con el celo de un fiscal [Gallardón no ejerce de fiscal desde hace más de 30 años], estableciendo responsabilidades políticas que después se depuraron”.

‘El Vuelo del Halcón’ 

Veamos la versión de lo que en realidad sucedió, según el libro ‘El Vuelo del Halcón’, escrito por Graciano Palomo, colaborador semanal de ‘ElPlural.Com’. Se publicó ese libro con éxito, en septiembre de 1990, en la época que Aznar se convirtió en el número 1 del PP y seis años antes de ascender, aunque por los pelos, a la Jefatura del Gobierno.

“Como animales heridos” 

“Aznar (…) se muestra partidario de llegar al fondo de la cuestión, ‘caiga quien caiga’ (…) Del Burgo es el más duro. Afirma que la sociedad está esperando una respuesta que no se ve por ninguna parte (…) Pero el secretario general, Álvarez Cascos, advierte: “Los señores Naseiro, que es amigo personal mío, y Sanchís [otro tesorero en aquel tiempo] tienen las llaves de la santabárbara de esta casa, y como animales heridos pueden hacer mucho daño si quieren; pueden hacer saltar todo esto en pedazos”.

“Tengo archivos y memoria” 

“Unos días antes, cuando Ángel Sanchís regresa de su finca [en Argentina], se encuentra con unas declaraciones de Alberto Ruíz Gallardón que no le gustan nada. Llama a Federico Trillo (…): “Oye, Federico, Alberto ha sido muy generoso con otros, pero no conmigo. Advierto que tengo archivos y memoria. Vosotros sabréis lo que os traéis entre manos”.

Palabras muy duras 

“Rosendo Naseiro también está dolido, y es azuzado por su hija Mari Paz para que salga a defenderse (…) Lo hará ella misma involucrando a los dos máximos dirigentes del PP con palabras muy duras hacia su actitud política y humana”.

Barriobajero y soez 

Cuando los jefes más relevantes del PP leen los folios instruidos por el juez Manglano, que citan las conversaciones telefónicas de los dirigentes y militantes del partido, en el libro de Graciano Palomo pudo leerse tiempo después: “Es el más duro golpe asestado desde la sucesión. Hay dos sorpresas: la primera, el tono general de las conversaciones, que es barriobajero y soez, un lenguaje propio de delincuentes”. La segunda, el descubrimiento de un complot urdido por el llamado ‘clan de Valladolid’ para hacerse con las áreas más importantes del PP (…).

Ataque en todos los frentes 

“La dirección popular -relata el periodista mencionado- decide atacar en todos los frentes externos. La campaña contra el juez Manglano, muy afectado, no cesa, y a ella contribuyen los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura y el propio decano del Colegio de Abogados de España, Antonio Pedrol Rius”.

Suficiente dinamita 

“Entre las llamadas que recibe el autor del informe, Gallardón, está la de Ángel Sanchís, que amenaza por enésima vez con “tirar de la manta”. Naseiro tampoco está para bromas. Ambos disponen de la suficiente dinamita en sus polvorines como para liquidar a los más importantes personajes de la derecha”. Alberto fue desautorizado. Declara a sus colaboradores: “Hay que modificar a toda marcha las principales conclusiones y, por tanto, las recomendaciones finales. Se suprime la petición de expulsiones”.

Comparecencia ante el Supremo, no 

Los dos tesoreros insisten: “No vamos a tolerar que nos decapiten gratuitamente. Así lo expresan al secretario general y al vicesecretario general”. Federico Trillo proclama ante la Junta Directiva Nacional: “El informe de Alberto es una lección de auto experiencia. No se puede exigir responsabilidades a unos compañeros sin exigir muchas más; hay que esperar que fallen los Tribunales, no sea que vayamos a condenar a alguna personas y la Justicia las absuelva (…)”. Eso sí: “El PP se moviliza en todos los frentes para la que la comparecencia ante el Supremo no se produzca”.

Frenazo en seco 

O sea, que el informe sobre el ‘caso Naseiro’, que ahora propone El Mundo a Rajoy sobre el caso Bárcenas, no es, ni mucho menos, lo bonito que pinta el editorial aludido en otro gesto más de Ramírez a favor de Aznar. El informe de Gallardón, que le encargó Aznar, fue en buena parte censurado a raíz de las amenazas de los dos tesoreros. El temor de Cascos, Trillo y, desde luego, Aznar de que ‘cantaran’ peligrosamente Naseiro y Sanchís ante la Justicia frenó en seco la investigación interna.

La APM 

Lo que sí salvó al PP de la corrupción de numerosos militantes y dirigentes no fue el informe recortado a gusto de los tesoreros. Fue el Tribunal Supremo. La clave radica en uno de los instrumentos que utiliza ‘pro domo sua’ el Partido Popular y que narra Palomo cuando señala la ayuda prestada al PP por los jueces de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Cargaron, mediante una campaña de descrédito, contra el magistrado instructor del asunto, el juez Manglano.

Evidencia significativa 

El paralelismo judicial entre el ‘caso Naseiro’ y el ‘caso Bárcenas’ es una evidencia significativa. Cayó Manglano primero, aunque siguió en la carrera judicial. Después cayó, unos veinte años después, y con más estrépito y saña, Baltasar Garzón. No olvidemos que el ‘caso Bárcenas’ es consecuencia del ‘caso Gürtel’, enemigo público número 1 del PP por razones obvias.

… Y MÁS AMENAZAS LATENTES CONTRA RAJOY

Pero, volviendo a las secuelas del caso, que en realidad se ha convertido en una guerra entre Bárcenas y Rajoy y sus respectivos aliados de coyuntura, lo procedente es analizar otros ‘flecos’ o ‘amenazas’ más soterradas. Como tal, en ella no faltarán bajas mortales, heridos, prisioneros y algún que otro desaparecido en combate, aunque algunos permanezcan semicultos todavía en una prudente desenfilada, observando cómo se desarrolla la instrucción judicial del caso.

Uno de esos ‘peligros latentes’ es la posición que vayan tomando quienes se sientan imputables o también políticamente beneficiados por la causa. Es decir, los amigos y enemigos de unos y otros, los sectarios incondicionales, los traidores de oficio, los arrepentidos de ocasión, y, por supuesto, el gran bloque de honrados dirigentes y afiliados del partido que se encuentran justamente dolidos con una situación tan vergonzosa, cosa que no es de menor cuantía.

La unidad del PP se romperá cuando fracasen la estrategia de la negación contumaz y la resistencia a ultranza, cosa que comienza a vislumbrarse. De hecho, ya son palpables las ‘chispas’ que día a día ya saltan dentro del PP en función de las declaraciones judiciales, las implicaciones personales afloradas, la presión mediática y sus secuelas políticas y electorales…

Todo ello sin olvidar las consecuencias que este escándalo de la financiación ilegal del PP conlleva para las empresas ‘donantes’, pilladas in fraganti en la obtención de obras y concesiones públicas contra el pago de comisiones. Y sobre todo para el prestigio y la tranquilidad personal de sus más altos responsables, a los que hacer el paseíllo por los juzgados pone literalmente de los nervios.

No es necesario reiterar los notorios nombres ya citados al respecto en la instrucción del caso y en los medios informativos, pero parece obvio que ninguno de ellos querrá seguir atado al mismo tipo de prácticas ilegales y que va a ser difícil encontrarles sustitutos. Así, a partir de ahora, los gastos del aparato del partido, el chuponeo de sus dirigentes y el derroche en las campañas electorales se verán seriamente disminuidos.

También es obvio que algunos actores principales y secundarios de este drama del PP ya han jugado sus cartas y que otros las tienen escondidas para jugarlas astutamente a lo largo de la partida. Y que entre ellas no faltarán auténticos ‘ases’ en forma de testimonios personales solventes, documentos probatorios, pruebas periciales, grabaciones… Materiales que puestos encima de la mesa en el momento preciso pueden tener un efecto definitivo, capaz de convertir las cañas en lanzas y las olitas del Mar Muerto en el tsunami de Fukushima.

RECTIFICAR ES COSA DE SABIOS… Y DE SENTIDO COMÚN

Cada vez van apareciendo más confesiones sobre recepción de pagos y repartos en dinero negro dentro del PP, más prebendas y canonjías en el aparato del partido y más voces internas que se distancian de lo que ya todo el mundo entiende, cuando menos, como una mala praxis financiera y administrativa, y de sus desvergonzados beneficiarios. Y todo ello tasado en el tiempo, a un tiro de piedra de los comicios europeos (que marcarán el futuro electoral del PP y el político de Rajoy), seguidos a corto plazo de las elecciones municipales y autonómicas (la prueba definitiva) y teniendo que soportar al mismo tiempo el agobio de un nivel de malestar social y de rechazo a la clase política sin precedentes desde la Transición.

La insatisfacción con las explicaciones de Rajoy sobre el ‘caso Bárcenas’ en su comparecencia del pasado 1 de agosto en el Congreso de los Diputados, es tan evidente como la merma que conlleva en el prestigio exterior de España y en la credibilidad social del presidente del Gobierno. Al mismo tiempo, la dinámica del proceso abierto judicialmente y la nueva estrategia de defensa de Bárcenas anuncian revelaciones aún más comprometedoras para el PP tras las vacaciones veraniegas, acompañadas por supuesto de las iniciativas de la oposición para abrasar políticamente al líder del PP, lo que también acrecentará la indignación ciudadana y su rechazo al partido.

Algo parecido piensa la prensa internacional. En relación con la explicación dada por el presidente del Gobierno sobre el ‘caso Bárcenas’, el prestigioso semanario británico The Economist afirmó: “Rajoy se aferra a su puesto de trabajo”. Y el análisis de la BBC subrayaba que la mayoría de españoles ya dudaban de Rajoy antes de su comparecencia parlamentaria y que ésta resultaba insuficiente para ganar la partida de la confianza.

Por su parte, la agencia Reuters señalaba en una crónica durísima, que “sus explicaciones de una hora de duración en una esperadísima comparecencia en sede parlamentaria no convencieron” a la mayoría, recordando al mismo tiempo que “la desconfianza creciente ante la clase política y los casos de corrupción que han sacudido la vida pública española han llevado al PP a caer vertiginosamente en los sondeos de intención de voto”…

Todo ello al margen de los demás frentes que tiene abiertos el Gobierno de Rajoy, económicos, políticos e institucionales. Por tanto, no es de extrañar el interés gubernamental en reconducir esa dinámica con una campaña de propaganda agarrada a ‘clavos ardiendo’, como, por ejemplo, la inflexión de nuestra decreciente economía (falsa), la reactivación del mercado laboral (falsa) o la política exterior de ‘dignidad nacional’ en relación con Gibraltar (falsa); es decir, jugando otra vez con las cortinas de humo y la tinta de calamar.

En este contexto, el Gobierno, en evidente desgaste, se enfrenta a un nuevo curso político ciertamente difícil, con amenazas y retos muy complicados. En relación con el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, ahora ‘caso Rajoy’, ya advertimos que si los populares hubieran seguido el consejo evangélico de acogerse a la verdad para poder ser libres (San Juan, 8.32), poniendo encima de la mesa las hechos ciertos, rectificando de forma visible los errores cometidos (incluso con ceses fulminantes), atajando de raíz la gangrena de la corrupción y asumiendo un coste político ‘acotado’ en el tiempo (al estallar el problema), la imagen de su partido y del propio Gobierno no serían peores de lo que van a terminar siendo, ni tan tremendo el daño que van a sufrir en la hoguera pública. 

Porque, como ya concluimos también en una Newsletter anterior, y según sostienen los teóricos del pensamiento positivo, aquello en lo que se centran las personas -la mentira y la corrupción, frente a la verdad y la ética, en el caso de marras- es lo que se expande ante la sociedad. Alexander Pope, nos legó la máxima impecable de que “errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”; pero rectificar es sobre todo cosa de sentido común, sin el que -honradez y votos aparte- nadie, incluido Rajoy, está capacitado ni legitimado de ninguna forma para gobernar.