El dicho “verle las orejas al lobo” se usa coloquialmente para expresar que hemos visto un posible peligro y que, por eso, hemos cambiado o vamos a cambiar nuestra actitud o nuestra forma de actuar. También supone sufrir un escarmiento con algún daño o contrariedad que, en sí mismo, nos anima a prevenir otro mayor.

En sentido contrario, cuando no se quiere verle las orejas al lobo, se está despreciando la evidencia de hechos y circunstancias que nos avisan de peligros inminentes y ya casi insalvables. El grito “¡Que viene el lobo!”, ha quedado fijado así en la cultura popular precisamente como expresión y última advertencia de la desgracia que terminará convertida en realidad, con consecuencias que, en el caso de la política, podrían haberse evitado con un poco de tacto, prudencia y reacciones inteligentes...

Y eso es lo que significan tanto para Rajoy como para el PP las encuestas de valoración política y los sondeos de opiniones y actitudes pre electorales que, en sus continuas y periódicas ediciones (tanto de carácter público como privado) vienen enseñando las orejas del lobo que, en el fondo, supone el comportamiento ciudadano en las urnas, a veces con resultados ciertamente dramáticos.

EL PSOE YA SUPERA AL PP EN INTENCIÓN DE VOTO

Desde que Rajoy se desentendió de las promesas electorales que le llevaron a la Presidencia del Gobierno, optando por no tomar las drásticas medidas en materia de reformas económicas, políticas e institucionales esperadas por el conjunto de la sociedad, incluidos por supuesto sus propios votantes, la caída electoral del PP ha sido continua y sin punto de inflexión. Hasta situarse en un ‘empate técnico’ con el PSOE según el último Barómetro de Metroscopia (mes de Septiembre), que es el publicado habitualmente por El País, a pesar del desastre que supuso el segundo mandato presidencial de Rodríguez Zapatero, todavía fresco.

De hecho, por primera vez desde las elecciones generales de 2011, la ‘estimación del resultado electoral’ en el supuesto de celebrarse comicios legislativos de forma inminente (con una participación del 62 % frente a la del 71,7 % de hace dos años), sitúa por primera vez al PSOE por delante del PP en la estimación del resultado electoral. Así, al día de hoy, los socialistas -ver para creer- lograrían ganar dichas elecciones con el 30,5 % de los votos válidos frente al 30,1 % que obtendría el PP. Eso supone que el PP ha llegado a perder progresivamente el 14,5 % de los votos sobre el 44,6 % obtenido el 20-N, mientras que el PSOE -aún con su lamentable historia más reciente- ha crecido casi 2 puntos sobre el 28,7 % que obtuvo en aquella misma ocasión.

Pero es que este resultado estimativo, que de momento ya refleja un empate electoral, se balancea mucho más a favor del PSOE en la ‘intención directa de voto’, en la que la formación socialista alcanza un 12,3 % frente al 11,1 % del PP. Además, parece obvio que sus ‘desertores’ más radicales tiene una opción clara de trasvase hacia IU, que desde el 20-N ha crecido de forma continuada 4,7 puntos, pasando del 6,9 % de los votos reales al 11,6 % de los previsibles.

Por otra parte, UPyD, que es el otro partido minoritario de ámbito nacional, con capacidad para arrebatarle al PP muchos votos de sus ‘desencantados’, crece todavía con mayor velocidad relativa ya que ha dado un paso gigantesco pasando del 4,7 % de los votos reales a una estimación de voto del 9,0 %, de momento.

Además, IU y UPyD, que son las dos formaciones políticas capaces de romper el ‘bipartidismo imperfecto’, muñido de forma interesada en la Transición a través de la Ley Electoral y de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, consolidan su progreso electoral con cifras muy significativas de ‘voto decidido’: un 10,4 % para IU y un 7,3 % para UPyD.

Claro está que la suma en voto decidido de lo que se podría definir como ‘mayoría de progreso’ (PSOE + IU), es muy superior a la suma de los que corresponderían al ‘centro-derecha’ (PP + UPyD): el 22,7 % frente al 18,4 %. Reparto ideológico apriorístico que en la realidad post-electoral se puede desequilibrar todavía más, porque si bien parece que buena parte del respaldo electoral al PP puede estar derivando a UPyD, pocos analistas políticos ven a su líder, Rosa Díez, acomodada cerca del partido de Rajoy, sino más bien enfrente (las próximas elecciones municipales marcarán con claridad la tendencia de los nuevos pactos políticos de gobierno).

Ello con independencia del bocado electoral que Ciutadans (C’s), el partido liderado por el joven Albert Rivera, también ‘emergente’, le dio al PP en las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre (19 escaños para el PP y 9 para C’s): otro ejemplo ‘termométrico’ que debería poner los pelos de punta a Mariano Rajoy y su barba en remojo.

Porque si esto no es verle las orejas al lobo, que el presidente del Gobierno y del PP vaya a graduarse la vista y el olfato político por vía de urgencia, ya que es bastante obvio que está encaminando a su partido hacía un desastre electoral de proporciones descomunales. Tres son las tendencias reflejadas con suma claridad en todas las series de encuestas políticas: el evidente declive del PP, el alza del PSOE -muy moderada pero alza sin ambages- y la consolidación de dos partidos nacionales hasta ahora minoritarios (es decir, hasta ahora castigados por la Ley D’Hont en el reparto de escaños), IU y UPyD, con lo que eso comporta en cuanto a la ruptura del bipartidismo y a un posible nuevo modelo de pactos o coaliciones post-electorales al margen de los partidos de ámbito autonómico.

Una situación -insistimos- ya marcada como ‘tendencia’, con pocas jugadas disponibles para que el PP pueda ‘salvar los muebles’, y con alguna todavía a favor de la recuperación del PSOE (quizás sirviera para ello una simple e inteligente renovación interna del partido), aunque este desigual reparto de problemas y oportunidades sea debido al demérito del PP más que al mérito del PSOE. Y sin olvidar la amenaza para ambos que supone la consolidación de posiciones de los dos partidos ‘intermedios’ (IU y UPyD).

Bien que mal, y a pesar del lastre que supone para el PSOE tener a Pérez Rubalcaba liderando el partido in artículo mortis -un histórico contaminado al cien por cien en el desastre ‘zapateril’-, las maniobras renovadoras del PSOE en Galicia y Andalucía han dado pie a un aparente ‘tocado de fondo’ al menos en dos comunidades en las que la corrupción política, integrada de forma natural en su paisaje y en su paisanaje, parece no conmover las urnas en exceso. De cualquier forma, todo indica que, una vez más, se dará el fenómeno de que las próximas elecciones legislativas no las gane la oposición, sino que las pierda el Gobierno, como sucedió en el 2004 y en el 2011 (lo que quedaría por ver son los márgenes del batacazo).

RAZONES Y SINRAZONES DE LA CAIDA ELECTORAL DEL PP

Pero ¿cuáles son las razones y sinrazones que juegan de forma tan clara en contra del PP…? Unas ya hemos dicho que tienen su lógico origen en el incumplimiento radical -no circunstancial- de su programa electoral, y otras, más graves, devienen de decisiones y actuaciones políticas diametralmente opuestas a lo esperado y no cumplido. Sirva ilustrar este segundo paquete de ‘sinrazones’ el hecho no de haber olvidado la prometida despolitización del Poder Judicial, claramente demandada por el conjunto de la ciudadanía, sino el haber politizado la institución todavía más de lo que estaba, por ejemplo; cosa igualmente visible en la última renovación del Tribunal Constitucional, en la que se ha llegado al desvergonzado límite de colocar en su presidencia a un militante radical del PP de ‘carnet y cuota’…

Es decir, antes de utilizar la mayoría absoluta otorgada por los electores como instrumento para reformar el país en todo lo que hace falta, que es mucho y muy necesario, el PP la está utilizado en buena medida para hacer exactamente todo lo contrario de lo que haría cualquiera persona con dos dedos de frente, considerando sobre todo cómo se produjo la estrepitosa derrota del PSOE. Pero, desentendiéndose del claro mandato electoral recibido, y yendo más allá de los consabidos incumplimientos al uso, que no piensen el señor Rajoy, su Gobierno ni su partido, que van a torear al personal como intentó torearlo con otros registros el PSOE de Rodríguez Zapatero.

Otra razón que descuenta y seguirá descontando votos al PP es, sin duda alguna, la crisis económica, pero no tanto en sí misma (ya se sabe que es un tema de culpas compartidas) sino por la evidente incapacidad mostrada por el Ejecutivo para comprenderla y atajarla, sin que se vislumbre además la menor intención rectificadora, ni con reformas verdaderamente eficaces, ni con decisiones prácticas urgentes, ni con reajustes ministeriales más que obligados (o sea sin actuaciones creíbles ante los ojos de la ciudadanía, que es en lo que está el lánguido Rajoy). Una gobernación política incompetente y partidariamente suicida en la que ni siquiera se ha tenido el reflejo de poner en la picota de la justicia a los saqueadores de las cajas de ahorro más visibles, por ejemplo.

Y desde luego hace falta estar ciego para no darse cuenta que la agenda política del Gobierno, centrada en la economía, sigue sin satisfacer a la opinión pública. De hecho, analizando el último Barómetro de Metroscopia, se observa que la percepción de los españoles sobre el contexto económico apenas ha variado con respecto a meses anteriores: la práctica totalidad (el 94 %) sigue pensando que la situación de la economía española es mala; un 76 % considera que esta situación no va a mejorar en los próximos meses y un 70 % cree que el paro no va a descender, por lo menos a medio plazo.

Aún más, la mayoría de los españoles (el 52 %) cree que en los próximos meses no se va a producir ningún cambio económico positivo y que la crisis seguirá discurriendo como hasta ahora; mientras las familias españolas como unidad de consumo también siguen sin apreciar ningún atisbo de mejora: el porcentaje de hogares que califican positivamente la economía doméstica sigue instalado -desde hace más de tres años- por debajo del 50 %. El único dato que cabe interpretar como esperanzador es que el 67 % de los españoles cree que la mala situación económica ya ha tocado fondo: un optimismo relativo, acaso inducido por el machaqueo propagandista del Gobierno con los inexistentes ‘brotes verdes’, y en todo caso muy moderado porque la clara mayoría (el 59 %) considera que la recuperación va a ser lenta…

Claro está que, como hemos mantenido en varias Newsletters, en el grave descrédito del PP juega un papel muy importante el ‘caso Bárcenas’ (que en realidad es el ‘caso Gürtel-Bárcenas’) y su pésima gestión política. Ese es el sumidero por el que están desaguando de forma lastimosa los apoyos electorales cosechados por el PP el 20-N, hasta el punto de que en este momento el partido tan sólo cuenta con la fidelidad del 38 % de quienes le votaron en las pasadas elecciones generales.

El tratamiento político del caso, todavía con un largo recorrido judicial y mediático pendiente, ha servido para apuntalar, e incluso acrecentar, las críticas generadas dentro del propio electorado que ya se habían recogido en anteriores oleadas del Barómetro de Metroscopia: dos de cada tres votantes del PP (un 64 %) piensan que los dirigentes populares no están colaborando debidamente con la Justicia y una proporción aún mayor, nada menos que tres de cada cuatro votantes propios (el 73 %), cree que la intención del Gobierno y de su partido de no hablar más del tema y darlo por cerrado, manifestada por Rajoy, es una decisión desacertada.

Paréntesis: Al iniciarse la rentreé política, en el programa televisivo ‘El Objetivo’ que dirige la periodista Ana Pastor (La Sexta 08/09/2013), la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, insistió en que no se explica “los silencios de Rajoy” y en que el jefe del Ejecutivo se ha equivocado en la gestión del ‘caso Bárcenas’. Poniendo por delante que le considera una persona “honrada”, afirmó: “Yo no le compro todo a Mariano Rajoy”, añadiendo que “llaman mucho la atención sus silencios y esa forma de actuar”. El pasado junio, Quiroga ya calificó este asunto de “vomitivo”, mostrándose convencida de que los militantes del PP estarían “asqueados” por las informaciones desveladas al respecto.

Es decir, el intento de Mariano Rajoy de desviar la atención del escandaloso ‘caso Bárcenas’ para hablar de otras cuestiones más importantes para los españoles -según él-, ni siquiera concita el acuerdo de sus correligionarios ni, por supuesto, el de sus propios votantes. De hecho, la percepción de que el Gobierno ‘improvisa sobre la marcha’ es atribuible tanto a la gestión de la economía como a la del ‘caso Bárcenas’, y no sólo para la mayoría de los ciudadanos (un 70 %), sino también para los que declaran expresamente haber votado al PP en las últimas elecciones generales (un 50 %).

Y lo mismo podría aplicarse a la poca confianza que logra transmitir Rajoy: un 87 % de los españoles y un 64 % de los votantes del PP no confían en el Presidente. El Gobierno y el PP, ambos bajo la dirección del mismo anodino personaje, siguen atorados en los dos temas que marcaron la agenda del pasado curso político y que sin la menor duda les están desgastando de forma brutal, con visos de seguir haciéndolo y de forma irreversible.

DE LO YA DESCONTADO A LO QUE QUEDA POR DESCONTAR

Pero si tenemos en cuenta que el trabajo de campo del último Barómetro de Metroscopia se realizó los días 4 y 5 de septiembre, sobre lo ya descontado electoralmente al PP en relación con las razones y sinrazones comentadas, que mantendrán una dinámica propia siempre negativa para los populares, habría que tener en cuenta otras cuestiones ex novo y aún otras más que, siendo ya conocidas, en cualquier momento pueden adquirir gravísima entidad. Con independencia, claro está, de otros problemas que puedan sobrevenir, algo que no suele faltar en ninguna legislatura.

Dentro de este nuevo paquete de posibles daños electorales, que se irán confirmando mes a mes en los nuevos sondeos demoscópicos, está, sin ir más lejos, el fiasco del ‘Madrid 2020’. Porque, gracias a la campaña de  propaganda gubernamental, ‘sobrada’ por los cuatro costados, las personas encuestadas por Metroscopia estarían seguramente convencidas de que la sede de las Olimpiadas del 2020 sería Madrid, y que a su sombra y cobijo se restauraría la imagen internacional de España y se abriría una salida a la actual crisis económica; ilusión que, una vez perdida, no dejará de generar decepción, malestar social y hasta una sensación de ridículo y vergüenza ajena que no se puede traducir de ninguna forma en votos para el PP.

El fracaso del ‘Madrid 2020’ ha sido un palo muy fuerte para Ana Botella y un nuevo hito importante en su desprestigio político tras el trágico suceso del ‘Madrid-Arena’, con consecuencias electorales negativas para el PP tanto en el ámbito capitalino como en el regional, pero que también tendrá su efecto a nivel general dado el gran número de escaños que la circunscripción tiene asignados en el Congreso de los Diputados (36 sobre un total de 350). Y todo ello al margen de que ya antes del verano los sondeos de opinión política anunciaran la perdida de la mayoría absoluta del PP en su gran feudo de Madrid, de forma que los pactos entre PSOE, IU y UPyD para desalojarle del poder también son bien conocidos en los círculos políticos de la Villa y Corte (de momento, en la CAM el PP conseguiría 54 escaños, 30 el PSOE, 29 IU y 16 UPyD).

En todo caso, y pendientes aún de incorporar la incidencia del descalabro olímpico dentro del declive electoral del PP, lo que no ofrece la menor duda es que el impacto público de la celebración de la Diada (Día Nacional de Cataluña) del pasado 11 de septiembre, culminada con una demostración del músculo separatista muy importante, acrecentará aún más la mala imagen del Gobierno y la desconfianza ciudadana en su capacidad para gestionar el ‘problema catalán’, y que, precisamente por esa falta de conducción política, cada vez se muestra en términos de fondo y forma más graves.  

En nuestra Newsletter del 7 de julio de 2013 (ver Rajoy se fuma un puro con el ‘Concert per la Llibertat’ ) ya reclamábamos (por supuesto de forma infructuosa) una mayor atención y decisión del Gobierno y de la propia Corona al auge del independentismo catalán, precisamente porque ese crecimiento se debe en gran medida al pasotismo político e institucional con el que se está contemplando, sin decisiones ni acciones que lo embriden, lo reconduzcan, lo diluyan o lo aborten. Porque lo peor de todo es dejar que el cáncer del separatismo y del enfrentamiento civil llegue a la metástasis en una España que muchos políticos han preferido desde siempre dividida e invertebrada: ahí está, sin ir más lejos, la concepción del propio Estado de las Autonomías, absurdamente nacido con vocación inconclusa y que en el fondo responde al conocido lema político del ‘divide y vencerás’.

Las imágenes y la puesta en escena del ‘Concierto por la Libertad’ celebrado el pasado 29 de junio en el Camp Nou, incluido el espectacular mosaico que se formó en las gradas con el slogan Freedom Catalonia 2014 (reproducido en inglés para que el mensaje llegara mediáticamente con mayor facilidad a todo el mundo), fueron arrolladoras, se quiera o no se quiera reconocer, y por ello en efecto muy preocupantes. Más de 90.000 personas abarrotaron el emblemático estadio azulgrana con una sola voz y con una sola bandera (las del independentismo), convocadas por diversas organizaciones civiles catalanas para reivindicar el derecho a decidir sobre su propio futuro.

Y la realidad, ya contrastada con el Concert per la Llibertat y apenas dos meses después con la espectacular celebración de la Diada, es que el movimiento independentista catalán se está organizando y consolidando y que ya no puede decirse que sea minoritario. De hecho, ha entrado en una dinámica inédita en la historia del catalanismo nacido en el siglo XIX, impulsada por la experiencia negativa de los últimos años con la reforma estatutaria y del sistema de financiación, que ha llevado a buena parte de los catalanes a concluir que su futuro colectivo pasa por la desvinculación del Estado español.

No vamos a insistir en el grave riesgo de ruptura política que hoy late en España, amenaza también viva en el País Vasco, para no repetir análisis y argumentos ya reiterados en otras muchas Newsletters. Pero cada vez es más evidente que Rajoy, investido para ello de mayoría parlamentaria absoluta, debería afrontar, con las consecuencias derivadas, una reforma constitucional que recondujera el actual desvarío competencial del Estado de las Autonomías. Por supuesto, sin dejar de reconocer las especificidades y singularidades históricas y culturales de Cataluña y el País Vasco, junto con otras igual de razonables como las forales de Navarra o las ultra-periféricas de Canarias…

El ‘café para todos’ descubierto en la Transición como fórmula magistral para la organización del Estado y la convivencia nacional, se ha mostrado perfecta y crecientemente inservible en el transcurso del tiempo, sobre todo por sus incontenidos desbordamientos competenciales. Y a Rajoy compete, aquí, ahora y con mayoría parlamentaria absoluta, solucionar el problema, ponerle el cascabel al gato y dar la talla de estadista que no está dando, entre otras cosas para evitar que el lobo electoral que le está enseñando las orejas de forma bien patente en las encuestas políticas, se lo termine comiendo en las urnas.

Al inicio de nuestra andadura editorial, en la Newsletter 20, editada el 29 de julio de 2012, ya nos pronunciamos sobre el origen, las debilidades y la “España sin futuro” a la que nos ha conducido el frangollo político del Estado Autonómico (leer El insostenible descalabro de las Autonomías). Un modelo devenido en arrasador, pero protegido a cal y canto por la actual clase política -y ahora de forma particular por el PP- como instrumento para realimentar la corrupción general del sistema y amparar el pesebrismo partidista.

RAJOY Y EL CUENTO DE CAPERUCITA ROJA

Esta actitud política de los partidos mayoritarios (la torpe pasividad de Rajoy y la torpe actividad de Pérez Rubalcaba), reconvertidos de consuno en una dictadura encubierta que, más allá de su identificación como ‘casta política’, ya podríamos definir como los nuevos ‘Hermanos Musulmanes de Occidente’, señalan cada vez con mayor claridad -y téngase esto bien en cuenta- al derrumbe definitivo del sistema político vigente… Claro está que, en su caso, con la Corona saltando por los aires y muchos lobos comiéndose a las Caperucita Roja del momento allí donde las pillen.

Añadamos también a la cesta electoral esta percepción ciudadana sobre la mala gestión de la cuestión catalana por parte de Rajoy, con la estimación pertinente con la proximidad y el descomunal tamaño real de las orejas del lobo que se empeña en no querer ver. Y ello sin considerar los problemas que puedan sobrevenir de aquí a que se inicien las próximas elecciones generales, precedidas de las europeas y las autonómicas y locales; entre otros posibles, las nuevas reivindicaciones y exigencias de los abertzales vascos y los vinculados a la salud del rey Juan Carlos y de la propia Corona.

Fumándose, pues, puro tras puro tumbado en su cheslong de La Moncloa, el lánguido Rajoy no solo confunde los componentes y soluciones de la crisis general (en su triple vertiente económica, política e institucional), sino que también confunde los problemas, las prioridades y las estrategias evidentes en cada plano, en la misma o peor línea seguida por el alumbrado ZP. Y entretenido, además, canturreando y cogiendo florecillas por el bosque, como hacía Caperucita Roja mientras el lobo feroz se tomaba el aperitivo a costa de su abuelita, con la boca hecha agua esperando devorar a su tierna nietecita.

Lo dicho: Rajoy no quiere verle las orejas al lobo… hasta que éste se lo coma con patatas fritas.

Llegó el día de autos, el decisivo 7 de septiembre de 2013 en el que casi toda España esperaba que en su gran show argentino el Comité Olímpico Internacional (COI) seleccionara a Madrid como la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de 2020, los de “a la tercera va la vencida”, y con él la gran decepción: su eliminación en el primer tramo de la votación, y con el resultado más penoso de las tres ocasiones sucesivas en las que se optaba a ser sede del evento (en Singapur para los JJ OO de 2012, en Copenhague para los de 2016 y en Buenos Aires para los de 2020).

Una derrota sentida como es lógico de forma generalizada, pero sobre todo por el llamado ‘mundo del deporte’. Aunque quizás no tanto como la han podido sentir los políticos del PP directamente afectados, porque ellos son los que más se habrían beneficiado de una decisión favorable a Madrid, presentando ‘su’ victoria como un triple éxito del Gobierno del PP, de un Ayuntamiento del PP y de una Comunidad Autónoma del PP (por supuesto exhibiendo en su caso con ella el recurrente “esto con Zapatero no pasaba”), y como punto de inflexión decisivo en la recuperación económica del país.

Con los JJ OO de 2020 en el bolsillo, está claro que los inexistentes “brotes verdes” de Mariano Rajoy habrían dado paso franco a una esplendorosa rosaleda no menos ficticia, a un indescriptible jardín botánico en plena eclosión primaveral, a una recreación de los legendarios Jardines Colgantes de Babilonia, y que, con una buena capitalización de la elección de Madrid ante la opinión ciudadana (al tradicional estilo del ‘pan y toros’), tal vez se habría podido cortar de raíz el penoso castigo social del ‘caso Gürtel-Bárcenas’. Así, de repente ‘pelillos a la mar’, a insuflar dinero a mansalva en las calderas del deporte, a especular con el record de las medallas que ganarían nuestros heroicos deportistas, a justificar y empujar el cutre proyecto especulativo de Eurovegas y a despachar todos los problemas pendientes (la crisis económica, la corrupción política y las reformas institucionales) con el consabido “si te he visto no me acuerdo” y “el que venga detrás que arree”…

EL CNI VUELVE A EQUIVOCAR AL GOBIERNO

Tan es así, que, según desveló el periodista Pablo García en VozPópuli.Com (12/08/2013), incluso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), muy en su papel de meterse más que nunca donde no le llaman, incluso a instancias de la propia Soraya Sáenz de Santamaría, la ‘Superwoman’ y vicepresidenta ‘para todo’, aseguró al Gobierno de Rajoy de forma temprana que la capital madrileña se haría con la organización de los JJ OO 2020 en la decisiva reunión porteña. En dicha información, apoyada en fuentes policiales del máximo nivel, incluso se afirmaba que algunos miembros del Ejecutivo ya presumían de ello en privado.

En la práctica, es sabido que la mayoría de los votos de los delegados del COI están ‘trabajados’ y decididos con bastante antelación. Por ello, Pablo García decía en su noticia: “Algo que no escapa al CNI, que ha reforzado su convicción de que Madrid ganará ‘con las informaciones que llegan a través de servicios de inteligencia extranjeros fiables, presumiblemente anglosajones’, según las mismas fuentes [del medio informativo], que hablan de la CIA y del servicio de espionaje británico, el célebre MI6”. Aunque al mismo tiempo advertía que “sí el 7 de septiembre fallan las informaciones de altos vuelos del CNI, el ridículo será de los que hacen época y nadie querrá hacerse responsable de ese fracaso”.

Pero cualquier analista de Inteligencia no sólo pondría en cuestión la actitud del CNI asegurando a su Gobierno comportamientos no contrastados, sin duda fuera de lugar, sino que también se plantearía si “la fiabilidad de los informantes extranjeros del CNI” alegadas por las fuentes de VozPópuli.Com respondían o no a una campaña de desinformación o, simplemente, a una tomadura de pelo. Lo cierto es que -proseguía la noticia- portavoces de la candidatura madrileña no dejaron de expresar su “extrañeza” por el hecho de que el CNI poseyera informaciones tan exactas al respecto: “No tenemos ni idea de si los servicios secretos saben de este tipo de cosas. En cualquier caso, celebramos su afirmación”.

“Se trata de una información que corre desde hace semanas", se podía leer en la noticia de referencia. En ella se añadía, además, que algunos miembros del Gobierno no habían perdido ocasión de comentar en público y en privado las brillantes indagaciones del CNI, y que “según otras personas consultadas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, es uno de los que transmiten esa seguridad a quien le pregunta”. Y se precisaba que éste “no es el único miembro del Ejecutivo que expresa idéntica convicción”, concluyendo: “Cabe destacar que la victoria de Madrid el próximo 7 de septiembre supondría un balón de oxígeno seguro para el Gobierno del PP, agotado por el caso Bárcenas”…  

‘MADRID 2020’: UN FRACASO ABRASADOR

Pero la verdad es que en Buenos Aires (precisamente uno de los templos del tango arrabalero), las previsiones o adivinanzas del CNI devinieron en un estrepitoso fracaso. Como se recogía en un pasaje de El Quijote (“No hay amigo para amigo: las cañas se vuelven lanzas”), lo que se esperaba como positivo y beneficioso, y de alguna forma también milagroso, se tornó bruscamente en perjudicial; lo que comenzó siendo un alegre juego político, alentado de forma irresponsable por el CNI, acabó en una situación de frustración y ridículo de tamaño colosal.

Paréntesis: Parece ser que antes de publicarse El Quijote, el romance del siglo XVI titulado Las guerras civiles de Granada, escrito por Ginés Pérez de Hita, ya recogía el sentido de lo que ha terminado siendo un dicho popular: “Cuando se produce un  desengaño amoroso las cañas se vuelven lanzas y todo lo que era bello y maravilloso se transforma en cruel y horrible”. En el texto original se cuenta que Garzul, enamorado de Lindaraja, se marcha de Granada para “jugar a las cañas”, un torneo incruento en el que, entre hábiles escaramuzas, los contendientes se arrojaban recíprocamente sus cañas en vez de sus lanzas, y que Lindaraja, despechada y celosa de que pudiera encontrase con Zayda, que perseguía el amor de Garzul, soltó esta especie de conjuro: “Y plegue Alá que en las cañas / los enemigos que tienes / te tiren secretas lanzas / porque mueras como mientes”.

Pablo García, el avezado periodista ya citado que vio venir justo lo que ha terminado viniendo, publicó de inmediato (VozPópuli.Com 08/09/2013) su particular y afilada ‘crónica de una muerte anunciada’, en términos tan ajustados e irrefutables que no podemos dejar de reproducirla literalmente:

TERRIBLE RESACA DEL TERCER INTENTO OLÍMPICO

La derrota de Madrid 2020, duro golpe para la España oficial con el Gobierno Rajoy y la alcaldesa Botella a la cabeza

El fracaso estrepitoso de la candidatura finiquita la carrera de Ana Botella y desgasta un poco más al Ejecutivo 'popular'. Todos los actores institucionales, medios incluido, naufragaron en su certeza de que a la tercera iba la vencida. El Ayuntamiento de Madrid, sin Juegos Olímpicos que justifiquen su rescate, se asoma al abismo.

“Y aquí está la lluvia”, apuntó desde la Puerta de Alcalá la periodista de Televisión Española cerca de las 20.45, minutos antes de la gran decepción. Fue un batacazo imponente, más sonoro aún que el de Copenhague y Singapur, porque Madrid 2020 besó la lona porteña en un gravísimo momento para el Ayuntamiento y el Gobierno y porque la España oficial, la de los políticos, los servicios secretos y los principales medios de comunicación, había proclamado sin retraimiento su certeza de que la capital acogería unos Juegos Olímpicos por fin dentro de seis años y once meses.

Pero fue empezar a mojar la lluvia al público repartido por la Plaza de la Independencia y saberse que la capital no solo no tenía la mayoría absoluta que sugerían los rótulos de TVE (48 votos), sino que se pasaba al terrible desempate con Estambul, a vida o muerte. Fue muerte. Con todo el mundo de los nervios, en efecto, salió cruz: 45 Madrid, 49 Estambul. Trompazo morrocotudo, ya que la eliminación se produjo en los descartes, no en la final como en 2005 y 2009. Quienes estuvieron en la Puerta de Alcalá cuentan que el gentío se vació pronto, que la esquina noroccidental del Retiro volvió a la normalidad en un tris, reflejo probable de la sospechosa popularidad de la que gozaba la candidatura, ridiculizada esta semana en las redes sociales.

Entre tantos olimpicólogos, resultó que el mensaje del COI no acabó siendo el de la recuperación económica de Occidente (Madrid), ni la apertura al mundo musulmán (Estambul). La crisis sistémica y el recrudecimiento de Oriente Medio avanzan sin fecha de caducidad y ayudaron a la sorprendente Tokio (comentaba el viernes un corresponsal japonés su convicción de que la capital nipona no tenía nada que hacer en Buenos Aires). La concesión de los Juegos, lobbyng y desastre de Fukushima aparte, puede interpretarse como un guiño a la fiabilidad de la tercera economía del mundo, cuyo motor ahora parece arrancar esperanzadoramente tras la gripada década perdida.

Los que quedan en evidencia

La derrota dejó en evidencia, entre tantos culpables, a los portaestandartes de la candidatura española, en la que ya meses antes se aseguraba, inclusive en conversaciones informales de tasca, que Madrid 2020 sería una realidad. Idea que se coló hasta por los despachos ministeriales, y a varios de cuyos titulares, ministros de alto copete y secretarios de Estado, se les contagió la seguridad, de modo que comenzaron a airear alegremente el subidón que para España supondrían los Juegos Olímpicos en pleno estreno del curso político. Hasta el CNI, siempre tan “infalible”, daba por hecha la victoria.

Abanderada por el presidente del COE, ese gañán con pretensiones de prima ballerina llamado Alejandro Blanco, y por un equipo de casi 30 personas, la candidatura 2020 alardeó de una organización barata con el 80% de la inversión olímpica hecha, perseveró en que sería una imbecilidad no presentarse con una ciudad así y anestesió a la gleba prometiendo miles de puestos de trabajo por aquí y el acabose de las veleidades financieras por allá. Hacia las seis de la tarde, Blanco y España entera descubrieron que la sentencia de la Operación Puerto era una bomba de relojería, que la nueva Ley contra el dopaje llegó tarde y que Estambul a lo mejor no iba tan desencaminada sancionando a última hora a decenas de deportistas de élite (¿alguien recuerda una acción similar por parte de las federaciones nacionales?).

Pero aquellos a los que la realidad ha estallado en la cara no pueden ser únicamente los técnicos de la candidatura (realmente la más austera de los tres intentos) o el forofo Alejandro Blanco, henchido de insoportable pasión irracional cada vez que se le mentaba el horizonte 2020. El descalabro se vuelve contra la clase política en el poder, en particular para el Partido Popular, que goza del poder absoluto en Moncloa y en Cibeles. Un revés en toda regla, mortal para Ana Botella, fatal para Mariano Rajoy.

La boya de Rajoy

Rajoy no se agarró hasta el final a una candidatura que echó a rodar casi a la vez que el Gobierno (finales de 2011), impulsada una vez más por alguien al que habrá que volver, el taimado Alberto Ruiz-Gallardón, el Fouché de Españistán que se encaprichó de las Olimpiadas y hormigonó Madrid de infraestructuras al uso, liquidando a posteriori las arcas de una capital que debe a la banca más de las tres cuartas partes de las obras erigidas. Rápidamente Gallardón huyó a Justicia y se parapetó tras el Ejecutivo, dejando vivo su tercer invento. Así que en silencio, Rajoy y su séquito han abrazado Madrid 2020 en los viajes, ahora inútiles, a Quebec, Abiyán, San Petersburgo o Lausana. Y al final, cuando hasta los periódicos que fustigan al PP vendían la piel del oso antes de cazarla, se subió al carro sin miramientos. No, no hay español cabal que viera a Rajoy presidente en 2020, pero los Juegos eran la boya ideal para sujetarse. Las turbulencias económicas y barcenianas continúan flotando.

La siguiente institución golpeada es el Ayuntamiento, al frente del cual se encuentra una alcaldesa que recordará el 7 de septiembre como su Hindenburg político, el día en que su carrera terminó. Heredera de los desmanes del tuno Gallardón, Ana Botella y su impericia verbal recibieron un aviso en una de las instalaciones llamadas a ser olímpicas, el Madrid Arena. La muerte por asfixia de cinco jóvenes durante un festival de música electrónica barrió medio Consistorio. El increíble desengaño de Buenos Aires y su baja popularidad certifican la sentencia de Botella y tocan incluso al expresidente Aznar, muñidor de las aspiraciones de la esposa hace ya diez años.

La labor del Príncipe, en entredicho

Pierde Madrid. La ciudad. Sus servicios. Sus empresas. Esta capital es ingeniosa, acogedora, quizás sin el lustre de urbes como París, Londres o Barcelona, pero capital al fin y al cabo; canalla y caótica con Tierno Galván, continuista con Álvarez del Manzano, tuvo una visión revelada por su heredero, Gallardón: alcanzar a Barcelona en esplendor empezando la casa por donde lo hizo Pasqual Maragall, la organización de un evento de primera magnitud. Hubo, en consecuencia, que echar mano de los Florentinos castizos; y conectar la autopista M-30 propiedad de la ciudad; y cavar un agujero para un enorme centro de convenciones bajo los cuatro rascacielos de la Castellana, y levantar pabellones de última generación sin uso deportivo alguno justificable (Caja Mágica, Madrid Arena); y generalizar la práctica del coche oficial, todo pagado a golpe de desarrollo urbanístico. Tampoco el Ayuntamiento seguiría en la recóndita Plaza de la Villa: había que moverlo al precioso edificio de Cibeles dejándose en ello 500 millones, a sumar a un monto total de 8.000 kilos, el pasivo que adeuda Madrid y que trae de cabeza a proveedores y ciudadanos. Porque el Consistorio no tenía un Plan B para su particular crisis, y ese Plan B ahora se va a improvisar.

La España Oficial culmina en su propia forma de Estado, la monarquía, implicada en el feo asunto ese del lobby, a la vez tan típico de la Corona Española. Ausente su mejor postor, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, preparando, quién sabe, el mejor escenario para la abdicación, el Príncipe de Asturias, cuya labor era tan apreciada por la candidatura, fue el lógico agente de la Realeza para conquistar al COI. El Príncipe naufragó, negando la razón al periodista japonés que indicó esta semana que Madrid 2020 jugaba con ventaja “porque, a diferencia de la familia del Emperador Akihito, que tiene prohibida por la Constitución cualquier acto diplomático, España goza de una Monarquía que juega en favor de sus intereses en el extranjero”.

ENTRE CORRUPTOS Y LADRONES ANDA EL JUEGO

Pero, tras esta lúcida versión de los hechos, que hacemos nuestra porque nos ahorra mayores escarnios personales y la incomodidad de hurgar más en la herida abierta de los sentimientos y esperanzas de los españoles de buena fe que dieron por ganada una partida imposible, que en realidad se jugaba en otro campo y en otra liga, no renunciamos a un análisis propio. Aunque, vista la jugarreta final, el equipo político -propio de una segunda división- y la burda campaña con la que se ha querido vender a la opinión pública la piel de un oso que todavía estaba vivito y coleando, convenga aderezarlo con cierto toque de ironía.

El caso es que, según parece, los cerebros pensantes del PP responsables del Madrid 2020, no se molestaron en recurrir a las hemerotecas aunque sólo fuera para comprobar la tremenda corrupción con la que el COI reviste sus decisiones sobre las sedes de los JJ OO. Una realidad bien visible desde que el 12 de diciembre de 1998 el suizo Marc Holder, hasta entonces presidente de la Federación Internacional de Sky, hiciera públicas en la propia sede del COI en Lausana que unos cuantos de sus miembros (señaló como sospechosos nada menos que a 25) podían “ser comprados”, dejando en total entredicho la selección de Salt Lake City como sede de los XIX Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

A partir de entonces, las revelaciones de corrupción y compra de votos no cesaron, alcanzando a los precedentes XVIII Juegos de Invierno de Nagano (1998), los Juegos de Verano de Atlanta (1996), Sidney (2000), Atenas (2004), Pekín (2008), Londres (2012)… Y, por supuesto, a los de Rio de Janeiro previstos para 2016.

En este último caso, sería la propia delegación española de Madrid 2016 la que acusó directamente al presidente del COI, Jacques Rogge, de haber manipulado la votación en favor de la sede brasileña, que gano a la de Madrid doblándola en votos. Entonces, la airada reacción del COI ante las acusaciones filtradas por los responsables de la candidatura española, dieron lugar a una reveladora crónica de ElConfidencial.Com (06/10/2009), sobre todo a la vista del fiasco de Buenos Aires, titulada “Indignación en el COI por el ‘mal perder’ de Madrid tras la elección de Río”:

Las manifestaciones realizadas contra el funcionamiento del COI por parte de algunos miembros de la delegación española que el pasado fin de semana apoyaron en Copenhague las opciones de Madrid como sede olímpica para 2016, han causado un profundo malestar en el citado Comité Olímpico Internacional (COI) y en especial en su presidente, Jacques Rogge, que ha acusado en privado a la candidatura madrileña de “arrogancia” y de desconocer algunas normas básicas del funcionamiento de la institución.

Los medios de comunicación españoles se han hecho eco de los ataques que, todos acogidos al anonimato, se han deslizado desde la candidatura Madrid16 contra el COI, después de que Madrid perdiera el pasado viernes la votación final frente a Río de Janeiro por 66 votos frente a 32. Algunos de los comentarios al respecto han llegado a sugerir que la votación fue “amañada” por el propio presidente del COI para favorecer a Río en perjuicio de Madrid.

“Entre los miembros del COI han causado profunda indignación las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación españoles por parte de la candidatura de Madrid, los miembros de la delegación y algunas de sus autoridades”, ha asegurado a este diario un miembro del COI muy cercano a Jacques Rogge, que ha pedido el anonimato, “una actitud que contrasta con las conciliadoras palabras expresadas por el alcalde de Madrid al asumir la derrota”.

“De manera absolutamente inexplicable e inédita hasta la fecha se ha llegado hasta el punto de insultar gravemente al presidente de la institución”, prosigue la fuente del COI, “al que se ha llamado reiteradamente ‘traidor’, y al que se ha difamado al acusarle de haber `dirigido las votaciones´, es decir, de imponer su criterio a los más de sesenta miembros que optaron por la candidatura de Río con toda la libertad que brinda un sistema de votaciones individual y secreto”.

“No sabemos qué tipo de derechos adquiridos creía tener la candidatura española, pero organizar unos JJOO es una cosa muy seria. Esto no es el festival de Eurovisión, y si pensaban que por poner unos videos muy bien hechos y leer unos discursos muy emotivos es suficiente, están completamente equivocados. Y si no que se lo pregunten a Chicago y al presidente Obama, quienes por cierto no se han atrevido ni siquiera a hacer la menor insinuación tras ser eliminados en primera ronda, algo que bien hubieran podido interpretar como una auténtica humillación”.

En opinión del miembro del COI, “el comportamiento prepotente y antideportivo de los representantes de Madrid, además de empañar los aspectos más positivos de la candidatura, daña gravemente sus opciones de cara a los JJOO de 2020, y me atrevo a decir más: creo que la capital de España debería olvidarse de nuevos intentos de presentarse en favor de otras ciudades españolas que quieran recoger el testigo, porque lo ocurrido va a tardar tiempo en olvidarse”.

El fair play de Chicago

Los titulares e informaciones aparecidos en algunos de los más importantes medios escritos españoles, obviamente partidarios de la organización de los JJ OO de 2016 en Madrid, no dejan lugar a dudas: “El COI dirigió la votación según Madrid”, aseguraba el  diario El Mundo, que añadía que “Un destacado político vinculado con Madrid16 dice que el sistema está viciado”. El remate lo ponía David Lucas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital: “La decisión ha sido injusta”. ABC, en portada y página interior completaba el cuadro: “La traición de Jacques Rogge”.

En claro contraste, la prensa americana ha aceptado con verdadero fair play la eliminación de Chicago por la vía rápida. Las críticas en este caso se han dirigido contra el presidente Obama, y de diarios como el The New York Times no precisamente de derechas: “No sólo fracasó en llevar el oro a casa, sino también la plata y el bronce”. Por su parte, el conservador The Wall Street Journal asegura que “la derrota olímpica muestra que en los asuntos mundiales los intereses son más fuertes que el encanto o la popularidad. Es mejor aprender esta lección por un evento deportivo que por las armas atómicas".

LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA: ALIARSE CON LA MAFIA

Pero, con este antecedente tan descarnado ¿acaso es comprensible, no ya el agarrarse a la tontuna del “a la tercera va la vencida”, sino plantearse una campaña de la candidatura de forma tan ingenua y poco profesional…? ¿Quién ha podido convencer a los responsables de Madrid 2020 que tenían asegurada la mayoría absoluta de los votos más o menos ‘por el morro’, según ha manifestado el avispado presidente del COE, Alejandro Blanco? ¿Tal vez el CNI…? ¿Y, en su caso, por qué extraña razón se iban a conocer de antemano los votos secretos de los miembros del COI…?

La realidad es que, con tantos sabios y aprendices de brujos pendientes del ‘milagro olímpico’, en vez de repartirse tantos globitos y piruletas como se han repartido por las calles de Madrid, organizar tantas carreritas de propaganda absurda, engatusar a la buena gente de a pie como se la ha engatusado (pensando quizás que ellos eran los votantes) y pedirse el voto a quienes realmente lo daban con las chorradas argumentales con las que se ha pedido, no se haya diseñado una auténtica operación mafiosilla ad hoc, profesional y eficiente (tómese como un sarcasmo). El ocurrente e infalible augur Félix Sanz, hubiera sido el estratega y director ideal de un plan de este tipo, trajinándose a los miembros más receptivos del COI con su generoso ‘fondo de reptiles’ (en vez de gastarlo en sobresueldos, pipas y caramelos), sobrándole comandos bien experimentados para su ejecución sobre el terreno: Bárcenas y los chicos de Correa.

Se podría haber denominado en clave Operación ‘Lucky Strike’ (Golpe de Fortuna), pero no por alusión a la conocida marca de cigarrillos de la British American Tobacco Company, sino por estar inspirada en los afortunados servicios prestados por el gánster Lucky Luciano (en realidad se llamaba Salvatore Lucania) a su patria adoptiva en los más duros momentos de la II Guerra Mundial. Porque, ya se sabe que en medio de una batalla, y lo de Madrid con los JJ OO lo era, todo aliado es un amigo sin necesidad de que exhiba un buen pedigrí.

Claro está que Operación ‘Bajo Mundo’ también sería aceptable, por razones obvias. Además, así se conoció en Estados Unidos la impagable colaboración prestada al Tío Sam por la mafia siciliana a partir de que en febrero de 1942 se detectaran posibles actos de sabotaje en el puerto de Nueva York, como el incendio del trasatlántico Normandie dedicado al transporte de tropas y pertrechos de guerra, propiciado al parecer por los propios estibadores que consideraban el territorio portuario como “cosa nostra”, lo que desató una gran inquietud ciudadana ante el riesgo latente de la llegada a las costas estadounidenses de submarinos alemanes.

Entonces, el Gobierno norteamericano se dio cuenta de que tenía que negociar con la Mafia, que ya se había declarado antifascista y que sin duda era su mejor aliada para controlar la seguridad de las instalaciones y las actividades portuarias. Una situación que sirvió para que Lucky Luciano (que era ‘il Capo di tutti capi’), encarcelado en el Clinton Correccional de Dannemora de Nueva York (una prisión más o menos como la de Soto del Real que acoge al ‘delincuente Bárcenas’), pudiera recuperar la libertad y fuera deportado a Sicilia, donde jugó un papel decisivo coadyuvando en el desembarco de las tropas aliadas.

En el caso particular de Sicilia, la ‘Cosa Nostra’ había sido arrinconada y perseguida por el fascismo de Mussolini, aunque mantenía oculta toda su estructura y su red de contactos esperando a las fuerzas aliadas. Por eso, Estados Unidos no tuvo el menor reparo en utilizar a la mafia local para contactar con sus ‘primos sicilianos’, de forma que cuando el 10 de julio de 1943 las primeras tropas angloamericanas pusieron pie en aquellos lares su ayuda informativa y de apoyo operativo fue realmente valiosa.

De hecho, tras la invasión aliada, Charles Poletti, vicegobernador del Estado de Nueva York y conocido por sus relaciones mafiosas (Lucky Luciano lo describía como “uno de nuestros buenos amigos”), fue nombrado nada menos que gobernador militar de Sicilia con el grado de coronel, facilitando que los propios capos mafiosos se hicieran con el control del poder local a cara descubierta, ocupando las alcaldías de sus respectivas poblaciones (por ejemplo, Calogero Vizzini, fue alcalde y jefe de la Mafia de Villalba, en la provincia de Caltanissetta, y Serafino de Peri en Bolognetta, provincia de Palermo…). Incluso se cuenta que el primer carro de combate aliado que llegó a un pueblo siciliano exhibía la bandera blanca con una “L” en el medio, símbolo convenido de simpatía por los capos, mientras los vecinos lanzaban gritos de “¡Vivan los Aliados!” y “¡Viva la Mafia!”…

LOS CHICOS DE LA ‘GÜRTEL’ Y EL ‘DELINCUENTE BÁRCENAS’

Y, con ese antecedente tan ilustrativo, jugándose Madrid los cuartos con quien se los estaba jugando -al parecer auténticos delincuentes de cuello blanco-, y contando el PP entre sus filas con la banda de artistas ‘sobreros’ con la que cuenta -de extensa y probada experiencia-, no se entiende bien porque el omnímodo poder político popular no dio entonces rienda suelta a los mafiosillos del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ para que, talonario en ristre, condujeran el voto de los caninos miembros del COI por la senda debida para satisfacer las ansiadas aspiraciones madrileñas del 2020.

Seguro que Francisco Correa (‘Gürtel’ en persona, autobautizado como ‘Don Vito’), Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, Arturo González Panero ‘El Albondiguilla’ (ex alcalde de Boadilla del Monte), el ex senador y avezado ex tesorero del PP Luis Bárcenas (conocido en el PP como ‘El Delincuente’), el ex diputado, ex consejero de Fomento y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Jesús Merino (a quien los empresarios de la construcción llamaban ‘Mister 5%’) y un largo listado de hábiles ‘conseguidores’ del PP, habrían liquidado en un periquete la colecta de votos favorables a la organización de los JJ OO 2020 en la antaño capital de la ‘Movida’. Y seguro que hubieran dejado en mantillas la famosa llamada festiva del viejo profesor Tierno Galván cuando gobernaba el ayuntamiento capitalino con inusitado desparpajo (“¡Rockeros: el que no esté colocado, que se coloque… y al loro!”).

Porque, si Ana Botella y Alejandro Blanco hubieran estado de verdad ‘al loro’ (algo ciertamente impensable), en vez de pasearse como ‘la muñeca Repollo’ y ‘Don Nicanor tocando el tambor’ por las alfombras del COI, sin imaginar siquiera las alcantarillas que ocultaban, otro gallo les habría cantado con melodía menos desafinada y estrepitosa. Quizás, con menos jeribeques y tics propios de la élite popular madrileña (Puerta de Hierro, el Barrio de Salamanca y poco más), y resguardada por ‘los chicos de la Gürtel’, expertos en bajos fondos como la banda siciliana de Lucky Luciano, la torpe aventura de Madrid 2020 no hubiera abrasado como ha abrasado al Príncipe Felipe, al Ayuntamiento de Madrid y al COE, dejando la imagen del Gobierno de Rajoy y de la ‘Marca España’ arrastrada por los suelos.

El riesgo hubiera sido, claro está, que los expertos ‘conseguidores’ del PP, que también son excelentes ‘sobrecogedores’, se hubieran quedado con la pasta y, a la postre, siguiéramos en las mismas. Cosa probable.

Con el reconocido estilo ‘pactista’ de nuestra política doméstica (por no decir ‘golfista’), sorprende la tremenda torpeza con la que el Gobierno del PP, que tanto ansiaba Madrid como sede de los JJ OO 2020, ha gestionado la campaña de su candidatura. La verdad incuestionable es que con nuestra clase dirigente vamos lamentablemente a menos: ni el Príncipe es el Rey, ni Samaranch hijo es como su padre, ni Rajoy es Felipe González (que en 1992 se puso las botas). Y, por supuesto, Ana Botella ni siquiera es como Tierno Galván. Eso sí, por poner ejemplos menos ácidos, Ángel Carromero, Carlos Floriano y Esteban González Pons, sin contar a Pérez Rubalcaba en el negociado socialista, son una gran esperanza.

Todo, pura ironía.

Cuando Anthony Lake fue nombrado consejero de Seguridad de Bill Clinton en 1993, cargo todopoderoso que desempeñó hasta 1997, declaró sin ambages ni ambigüedades: “Un factor prioritario debe determinar cuando Estados Unidos actuará multilateralmente o unilateralmente, y ese factor es el interés de Estados Unidos”. La rotundidad de su afirmación devenía de la inflexión y reconducción estratégica de la política exterior de Estados Unidos generadas con la caída del ‘Muro de Berlín’, acaecida el 9 de noviembre de 1989, es decir por la conclusión de la Guerra Fría.

Es difícil formular con menos palabras un mensaje político tan claro y, además, convertido en la directriz de la acción exterior de la que entonces era la superpotencia prevalente en el mundo, aunque fuese un principio enraizado en el origen mismo de su relativamente corta existencia como nación independiente del Reino Unido (proclamada el 4 de julio de 1776). Y para entender bien la esencialidad inequívoca de ese ‘interés nacional’, baste recordar, sin ir más lejos, lo explicitado por Fletcher Pratt (1897-1956), reconocido escritor norteamericano de ciencia ficción y especialista en historia naval y en la Guerra de Secesión: “El expediente de su propia historia, incluso de la más reciente, muestra a los Estados Unidos como la potencia más pendenciera y más insensatamente violenta del mundo”. Es decir, la toma de lo ajeno por las armas.

El fondo de la cuestión parece claro, pero si alguien tiene dudas sobre la cabal afirmación de Pratt, léase entonces el capítulo titulado Opiniones del libro de Carlos María Ydígoras “Los Libertadores USAS” (Editorial Arrayan, 1966). En él se describen casi un centenar y medio de intervenciones armadas de Estados Unidos en el extranjero, sólo desde que inició su primera guerra contra Argelia en 1785 y hasta la ocupación de Islandia en 1941 (sin contar por tanto lo mucho, a veces verdaderamente apocalíptico, que ha venido después).

Por lo que respecta a enfrentamientos de Estados Unidos con España, hay que recordar entre medias de esas fechas las luchas en el río Sabine, hoy Texas (1803-1806); la conquista de la entonces Florida Occidental española (1812-1814) y la guerra por la que se ocuparon Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico (1898-1899), desatada con la misterioso explosión y el consiguiente hundimiento del acorazado USS ‘Maine’ en la bahía de La Habana el 15 de febrero de 1898. Todo ello al margen de la peccata minuta que supuso la prohibición de usar en la guerra de Ifni (1957-1958) los reactores F-86 ‘Sabre’ y Lockheed T-33, trasferidos a España a raíz de los convenios hispano-norteamericanos de 1953 (considerando aquel conflicto una “guerra colonial”), el apoyo encubierto prestado a Marruecos en su ‘Marcha Verde’ de 1975 sobre el Sahara español, la ‘tutela’ ejercida durante la Transición Española (incluidos los sucesos del 23-F), la connivencia de tolerancia con la ‘colonia otanista’ de Gibraltar…

DE LA ‘DOCTRINA MONROE’ AL ‘COROLARIO ROOSEVELT’

Pero nada de ello tendría que sorprender a quienes recuerden el conocido manifiesto nacionalista de Frank Bohn (1878-1975), historiador, político de adscripción socialista y sobre todo sindicalista hiperactivo, publicada en la prestigiosa American Journal of Sociology:

Somos el pueblo más grande del mundo. Nuestro Gobierno es el mejor de todos los conocidos. En materia de fe y moral, nosotros somos exactamente lo que debe ser el hombre. Somos también los mejores combatientes que hay en la tierra. Como pueblo, somos el más hábil y, socialmente, el más desarrollado. Otras naciones podrán errar en su camino, pero nosotros estamos a salvo de toda equivocación y caminamos por el sendero seguro. Nuestra historia es el triunfo de la justicia, y así vemos manifestarse esta fuerza en cada generación de nuestro glorioso pasado. Nuestro desarrollo y nuestro éxito, cara al futuro, son tan seguros como ciertas leyes matemáticas. La Providencia siempre nos acompañó. La única guerra que los Estados Unidos ha perdido, es aquella en la que un tercio de ellos fue vencido por las otras dos terceras partes. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para salvar y purificar al mundo con nuestro ejemplo.

Un ‘Destino Manifiesto’ (Manifest Destinity) que ya había sido formulado con anterioridad por el periodista John L. O’Sullivan (1813-1895), director de la Democratic Review, cuando en un artículo titulado “Diego”, publicado en el número de Julio-Agosto de 1845, justificaba la anexión territorial de zonas colindantes (Texas y Oregón) como nuevos Estados de la Unión de esta forma: “El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino”.

Apenas cuatro meses después, O’Sullivan volvió a manejar aquel mismo concepto y aspiración ‘continentalista’ en una columna publicada el 27 de diciembre de 1845 en el New York Morning News, afirmando en relación a la disputa con Gran Bretaña por Oregón: “Y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno”.

Pero, aún antes, si se analiza la denominada ‘Doctrina Monroe’, que fue elaborada por John Q. Adams, sexto presidente de Estados Unidos, en base a una formulación original de su predecesor, el presidente James Monroe, realizada en 1823, ya se percibe en ella la traza ‘imperial’ del peculiar genoma USA. Dicha doctrina, que fue presentada inicialmente por Monroe durante su séptimo discurso al Congreso sobre el ‘Estado de la Unión’, establecía que cualquier intervención de los Estados europeos en América (es decir, en todo el Continente Americano) sería interpretada como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos.

Tomada inicialmente con dudas y posteriormente con gran entusiasmo, la ‘Doctrina Monroe’ fue la definitoria de toda la posterior política exterior de Estados Unidos, en sucesivas claves y reinterpretaciones ‘adaptables’ (por ejemplo, el propio presidente Adams la entendió inicialmente como una mera proclamación de oposición al colonialismo). Su síntesis es el conocido lema de “América para los americanos”, propuesto por el propio Monroe, pero entendiendo como ‘americanos’ sólo a los estadounidenses…

De hecho, asumida la ‘Doctrina Monroe’, el político chileno Diego Portales Palazuelos (1793-1837, que a partir de 1830 y hasta ser asesinado el 6 de junio de 1837 ocupó en su país la Gobernación Militar de Valparaíso y diversas carteras ministeriales (Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina) escribió acertadamente a uno de sus correligionarios: “(…) Si, pero hay que tener mucho cuidado: para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos”.

Y ya en el siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt reafirmó el ‘Destino Manifiesto’ de Estados Unidos, emitiendo una enmienda (conocida como ‘Corolario Roosevelt’) a la propia ‘Doctrina Monroe’, de forma que ésta consideraría toda la América Latina y todo el Caribe como territorios para expandir los intereses comerciales norteamericanos en la región, ampliando muy sustancialmente su propósito original -al menos en la interpretación del presidente Adams- de mantener la hegemonía europea fuera del hemisferio nord-occidental.

Este corolario fue formulado por Th. Roosevelt ante el Congreso en el discurso del ‘Estado de la Unión’ del 6 de diciembre de 1904, tras el bloqueo naval realizado por las potencias europeas (Alemania, Inglaterra e Italia) a Venezuela en 1902-1903 para cobrar por la fuerza el pago de una deuda contraída en las últimas décadas del siglo XIX. Y en él se concluía que, si en un país latinoamericano o del Caribe situado bajo la influencia de Estados Unidos se amenazaban o ponían en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el propio gobierno norteamericano se consideraba obligado a intervenir en los asuntos internos del país “desquiciado” para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas.

Su primera aplicación, consistió en la toma por parte de Estados Unidos de las aduanas de la República Dominicana en 1905, para pagar a los acreedores extranjeros de aquella nación caribeña. Sus consecuencias no fueron otras que comenzar a crear un sentimiento anti estadounidense en la mayor parte de los países de habla hispana, todavía apreciado hoy en día.

En realidad, el ‘Corolario Roosvelt’ se aprobó como un ‘cheque en blanco’ del Congreso de Estados Unidos para que sus gobiernos pudieran intervenir libremente en América Latina y el Caribe, estableciendo derechos cuasi coloniales, o neocoloniales, sobre todos los países del Continente Americano (con la particular exclusión de Canadá). Y cierto es que muy similares a los que se habían acabado de otorgar el Reino Unido y Francia sobre los países de sus áreas de influencia en los acuerdos de no agresión y regulación de la expansión colonial de la ‘Entente Cordiale’ (el entendimiento cordial) del 8 de abril de 1904.

Paréntesis: Los acuerdos de la ‘Entente Cordiale’ entre Reino Unido y Francia fueron la base para la formación de un sistema de alianzas entre esos dos países (a los que se sumarían Rusia y Estados Unidos) durante la I Guerra Mundial: la ‘Triple Entente’, derivada de la alianza franco-rusa de 1893, de la propia ‘Entente Cordiale’ franco-británica de 1903 y del acuerdo anglo-ruso de 1907, frente a la ‘Triple Alianza’ del Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia.

EL ‘DESTINO MANIFIESTO’ Y EL IMPERIALISMO ECONÓMICO

Pero, ¿alguien puede pensar que el ‘Destino Manifiesto’ de Estados Unidos, la ‘Doctrina Monroe’ y el ‘Corolario Roosevelt’ tienen algo que ver realmente con el civismo, el desarrollo de la civilización, la solidaridad mundial, la paz…? ¿Y es que, a estas alturas de la historia, es creíble la imagen de ‘combatiente responsable’ con la que el presidente Barack Obama –irresponsable Premio Nobel de la Paz- quiere enaltecer ahora su arrogada condición de ‘Gendarme Universal’, lanzando todo su poderío militar contra Siria sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, como hizo George Bush II con Irak en 2003…?

Scott Nearing (1883-1983), profesor en la Escuela Rand de Nueva York en sus momentos de mayor prestigio y comprometido con la economía social, la ética, la paz, la igualdad y la ecología, lo percibió con claridad hace ya casi un siglo: “Ninguna nación iguala a los Estados Unidos en la búsqueda de posesiones materiales. El perseguimiento de la riqueza en los Estados Unidos se ha llevado a cabo de manera atroz y brutal. ‘Cualquier cosa con tal de ganar’, ha sido el lema. El hombre contra el hombre, el grupo contra el grupo, han luchado por las ganancias, primero; por ir adelante, después; por acumular riquezas y lujos y, por último, por poseer el inmenso poder que acompaña al control de la riqueza moderna. El amontonamiento de las riquezas, el afán rapaz y desmedido de ¡más! ¡más!, la deserción de los más caros principios y las primeras promesas y el trascribir otra historia del determinismo económico”.

En su lúcida aproximación al ‘sentido imperial de los negocios’ consustancial a Estados Unidos, Nearing advirtió: “Los gobiernos de los Estados Unidos son víctimas de una necesidad económica que los compele a buscar y a encontrar materias primas, mercados y oportunidades para la inversión. También son los poseedores del suficiente poder económico, financiero, militar y naval para satisfacer estas necesidades a discreción. Los fondos de capital de los Estados Unidos en América Latina y el caribe exigirán cada vez mayor protección. No hay sino un medio para que los Estados Unidos den esa protección y es cuidar que estos países conserven la ley y el orden, respeten la propiedad y accedan a los deseos de la diplomacia americana. Donde quiera que un gobierno falle a  este respecto, será necesario que el Departamento de Estado, en cooperación con la Armada, atienda a que se establezca un gobierno que se porte bien”.

A continuación, y según recogía también Ydígoras en su obra citada, Scott Nearing conectaba esa visión del imperialismo económico norteamericano con el ‘Destino Manifiesto’ que había elaborado John Q. Adams en base a la formulación propuesta por James Monroe en 1823: “Según la Doctrina de Monroe, a ningún gobierno latinoamericano se le permitirá concertar alianzas con países de Europa o Asia. Según la Doctrina de Monroe, tal y como ahora se interpreta, a ningún gobierno latinoamericano se le permitirá organizar un gobierno revolucionario que suprima el derecho de los intereses privados a poseer el suelo, carbón, madera y otros recursos. La simple amenaza del gobierno de Carranza [se refería a José Venustiano Carranza, presidente de México entre 1917 y 1920] de realizar un acto semejante, fue lo bastante para mostrar lo que tiene que ser la política americana en casos análogos. Los Estados Unidos no necesitan dominar políticamente a sus hermanas, las Repúblicas más débiles. No necesitan meterse con su independencia. Mientras sus recursos puedan ser explotados por capitalistas americanos, mientras sus inversiones gocen de razonable seguridad, mientras los mercados estén abiertos y mientras se satisfagan todas las otras necesidades del capitalismo de los Estados Unidos, los estados más pequeños del Hemisferio Occidental están libres para seguir su camino de paz y prosperidad”.

Claro está que para llegar a sus conclusiones, el profesor Nearing tendría que bucear en la historia de su país manejando datos, documentos y referencias políticas. Y entre ellas seguro que no faltarían las explicaciones del historiador Albert J. Beveridge (1862-1927), quien además de ser autor de una extensa y documentada biografía de Abraham Lincoln -inacabada porque sólo llegó a publicar dos volúmenes de los cuatro previstos- también fue durante 12 años senador republicano por Indiana (entre 1899 y 1911), sintetizadas en este impresentable alegato imperialista:

“Las fábricas norteamericanas producen más de lo que el pueblo norteamericano puede utilizar. El suelo norteamericano produce más de lo que el pueblo norteamericano puede consumir. El destino nos ha trazado nuestra política. El comercio del mundo debe ser nuestro y lo será. Y lo conseguiremos de la manera que nos enseñó nuestra madre Inglaterra. Estableceremos puestos comerciales en todo el mundo. Con puntos de distribución de productos norteamericanos. Cubriremos los océanos con nuestra marina mercante. Construiremos una Armada a medida de nuestra grandeza. Grandes colonias, gobernadas por sí mismas, pero enarbolando nuestra bandera y comerciando con nosotros, crecerán en torno a nuestros puestos comerciales. Nuestras instituciones seguirán a nuestros comerciantes en alas de nuestro comercio. Y la ley norteamericana, el orden norteamericano y la bandera norteamericana, se implantarán en playas hasta ahora sangrientas e ignorantes, embellecidas e iluminadas en adelante por aquellos instrumentos de Dios”.

Pero Scott Nearing debió contrastar al mismo tiempo el pensamiento de otros economistas que le precedieron en la crítica del imperialismo, como el del británico John Atkinson Hobson (1858-1940), conocido académica y periodísticamente como J. A. Hobson, quien en 1902 había escrito: “Esta repentina exigencia de mercados extranjeros para las manufacturas y las inversiones, es la responsable de la adopción del imperialismo como norma y práctica política del partido Republicano, al cual pertenecían los más grandes jefes industriales y financieros, y que les pertenecía a ellos. El entusiasmo aventurero de Th. Roosevelt y su partido del ‘destino manifiesto’ y de ‘misión civilizadora’ no deben engañarnos. Los señores Rockefeller, Morgan y sus socios eran quienes necesitaban el imperialismo, y lo colocaron sobre los hombros de la gran República de Occidente. Necesitaban el imperialismo porque necesitaban utilizar los recursos públicos de su país para encontrar empleo provechoso a sus capitales, que de otra manera habrían resultado superfluos…”.

Una idea que el propio Nearing matizaría de esta forma descarnada: “Lo que los gobernantes americanos quieren poseer, lo quitan por la fuerza a los que lo poseen… Los pueblos del mundo saben estas cosas. Los habitantes de la América Latina las conocen por amarga experiencia. Los habitantes de Europa y Asia las conocen de oídas. Tanto en Occidente como en Oriente, los Estados Unidos son conocidos como la Nueva Alemania. Esto significa que los habitantes de estos países miran a los Estados Unidos exactamente del mismo modo que aprendieran a considerar Alemania. Para ellos, los Estados Unidos es un imperio grande, rico y brutal que asienta su planta y pone el puño donde lo necesita…”.

LA NECESIDAD DEL ‘ESTADO GUERRERISTA’…

Pero, dando por evidentes tanto la traza ‘agresiva’ como la traza ‘imperial’ de lo que ya hemos definido como el ‘genoma USA’, no parece difícil que ambas terminen conciliadas precisamente en la industria militar de Estados Unidos, la más poderosa políticamente, punta de lanza de la investigación y el desarrollo tecnológico mundial y también la que industrialmente genera mayor valor añadido, aunque de forma paradójica en sí misma sea una industria improductiva, por no decir destructiva.

El filósofo, matemático, lógico y escritor galés Bertrand Russel (1872-1970), que fue un gran activista social y Premio Nobel de Literatura en 1950, escribió estos significativos párrafos de análisis y denuncia en los últimos años de su vida:

“Los dirigentes del capitalismo norteamericano tienen una necesidad imperiosa de realizar gastos militares. Todas las crisis económicas en los Estados Unidos se han resuelto mediante el complejo militar-industrial a través de la provocación armada, permitiendo el más amplio acrecentamiento de lo que se ha llamado justamente ‘Estado guerrerista’. Este ‘Estado guerrerista’, aparte de requerir una perpetua producción de armas para su propia supervivencia, oprime a la gran mayoría de los pueblos del mundo a fin de proteger su influencia avasalladora sobre sus recursos naturales y la riqueza nacional…”.

“Cuando declaramos enfáticamente que el poder industrial de los Estaos Unidos ha sido usurpado por grupos de gobernantes rapaces y crueles, y aplicado esta política al mundo de manera brutal, se hace tan claro como el cristal que la lucha por la liberación nacional es el único camino seguro hacia la paz mundial. Un sistema tal como el capitalismo norteamericano, que necesita de la guerra para su continuidad y 3.600 bases militares para mantener su control sobre la riqueza del mundo, no puede ser disuadido de su actividad. En la presente etapa de la historia mundial, el imperialismo norteamericano es la principal fuente de explotación y opresión de la tierra. Estados Unidos posee o controla casi el 60 por 100 de os recursos naturales del planeta, aunque sólo alberga al 6 por 100 de la población. Tal es el motivo básico del nivel de hambre en que viven los dos tercios de la población del mundo. Los llamamientos a los gobernantes de los Estados Unidos no producen efecto sobre los mismos. Los intentos para ganarse su favor no sólo habrán de fracasar, sino que alentarán a los aventureros guerreristas del Pentágono. Los Estados Unidos han desplegado en el Vietnam todas las medidas de salvajismo de sus gobernantes…”.

“En el transcurso de la historia ha habido muchos imperialismos crueles y predatorios, pero pocos han sido tan poderoso como el imperialismo estadounidense. Tan pronto como un pueblo se alza contra la opresión, el poderío militar norteamericano entra inmediatamente en acción. El problema, por lo tanto, que afrontan los pueblos del mundo, es cómo reemplazar a los gobernantes de los Estados Unidos que crearon una máquina bélica brutal para proteger su imperio económico… Pero el problema no es sólo el de la agresión militar. Los gobernantes norteamericanos controlan también los mercados mundiales y a través de ellos extraen las riquezas de los pueblos, haciéndolos aún más dependientes de los Estados Unidos… Si nos unimos en un programa de resistencia revolucionaria a la opresión y a la injusticia, podremos liberar a la humanidad. Si no lo hacemos, será la humanidad la que sufrirá…”.

… DE VUELTA CON LA AMENAZA DE LAS ARMAS QUÍMICAS

Todas estas referencias más o menos lejanas, no dejan de ser útiles para entender con exactitud la política exterior de Estados Unidos y el potente componente bélico (‘guerrerista’ como lo definió Bertrand Russel) con el que la ha venido impulsando también a partir de la caída del ‘Muro de Berlín’, y bien evidente en las últimas incursiones bélicas estadounidenses en Oriente Próximo y Asia Occidental. Una idea de correlación estratégica entre la economía y el poder militar esencial en el ‘genoma USA’, pero, al parecer poco percibida en Europa (y desde luego invisible para el ex presidente Aznar y probablemente también para Rajoy) a tenor del apoyo sicario que algunos países del Viejo Mundo prestan complacidos al ‘Tío Sam’ para que su ‘Destino Manifiesto’ llegue por fin a los confines más remotos; es decir para que alcance un nivel cosmogónico, mucho más allá de las originales aspiraciones fascistas de los Bohn, los Beveridge o los O’Sullivan ya citados, para que USA se convierta en el Gendarme Universal.

En nuestra sección de Libros Recomendados, y clasificada en el apartado temático Referentes Sociopolíticos, se puede encontrar una recesión de “El gran tablero mundial”, una de las obras más reveladoras de Zbiegnew Brzezinski, que el autor subtitula como ‘La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos’, y en la que, además de reflexionar sobre lo que ya a finales del siglo pasado (que es cuando la escribió) significaban los recursos de Asia Central en el contexto de las relaciones internacionales, también realiza una inteligente aproximación prospectiva sobre los años venideros. Por supuesto, esforzándose en demostrar que, en ese futuro, no caben alianzas posibles en contra de Estados Unidos y evidenciando cierta nostalgia de la preponderancia que alcanzó tras la II Guerra Mundial.

Aunque, a los efectos críticos que evidentemente estamos planteando, quizás sea más ilustrativo acceder al análisis de dicha obra realizado por Moussa Garduño, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), en el que pormenoriza de forma rigurosa las percepciones y propuestas geoestratégicas del politólogo Brzezinski para salvaguardar la supremacía estadounidense a nivel mundial. Ver: Análisis de la obra de Zbiegnew Brzezinski "El gran tablero mundial".

De cualquier forma, y dado que esta Newsletter no pretende ser un ensayo ni una tesina sobre la política exterior de Estados Unidos y su componente belicista, sino sólo una advertencia sobre el objeto real que encubre su obsesivo intervencionismo armado, y en particular sobre sus objetivos más próximos, es decir, ahora sobre la ‘operación de castigo’ (que oficialmente no será de ‘derrocamiento’) contra el régimen sirio de Bashar al-Assad, que es como empezó la inútil y diabólica última guerra de Irak, recordemos la parodia montada por Estados Unidos tras los atentados del 11-S con la ‘amenaza’ de unas ‘armas químicas de destrucción masiva’, realmente inexistentes en el arsenal bélico de Saddam Hussein. Un cuento chino que, apoyado por informes falsos de la CIA y el MI-6 (similares a los que, si conviene, ahora aparecerán a no dudar sobre Siria), obnubiló a José María Aznar hasta integrarle en el ‘Contubernio de Las Azores’ como el sicario más gratuito del Tío Sam (por cierto, aunado mano a mano con los colonialistas de Gibraltar).

Aunque lo realmente abracadabrante fue el lamentable espectáculo ofrecido entonces por la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, defendiendo sin ton ni son las mentiras y procelosas maniobras diseñadas en las alcantarillas de la CIA, el Pentágono y la propia Casa Blanca sobre la amenaza mundial de las armas químicas iraquíes. Durante una rueda de prensa compartida el 15 de agosto de 2003 en Madrid con Ayad Alaui, un títere de la CPA (la Autoridad Provisional de la Coalición establecida en 2003-2004 como ‘gobierno transitorio’ por los países que invadieron Irak para deponer el gobierno de Saddam Hussein), insistía de forma rabiosa en que la existencia de armas de destrucción masiva en Irak estaba “probada” desde antes de iniciarse la guerra. Y, aún más, casi al borde del cretinismo afirmaba que en aquellos mismos días ya se habían encontrado algunas enterradas en los jardines de casas particulares bagdadís y, si cabía todavía mayor absurdo, “en pozos cavados en medio del desierto”…

Infinita es la información publicada sobre aquel vil engaño de la amenaza que representaba el inexistente arsenal de armas químicas y bacteriológicas de Irak, nacido en las podridas mentes de quienes, ejerciendo a menudo como despiadados depredadores humanos (prácticamente de cromosoma partido), no dudan en llamarse a sí mismos ‘combatientes responsables’, a la postre dejada en total evidencia mundial. Pero, a pesar de ello, ejercicio de intoxicación y desinformación siempre vivo y recurrente del ‘Gendarme Universal’ para justificar sus atrocidades bélicas en la conquista del poder económico.

Como es lógico, no parece necesario traer a colación todas aquellas noticias demoledoras, pero sí que conviene recordar el meritorio papel que jugó al respecto Hans Blix, entonces presidente de la Comisión enviada en 2003 por la ONU para inspeccionar in situ los arsenales iraquíes, desde luego sin encontrar en ellos el menor rastro del amenazante pero falso arsenal denunciado por Estados Unidos, restaurando la verdad de los hechos. Y, sobre todo, observar cómo Blix percibe ahora la estrategia norteamericana en relación con Siria.

A este efecto, reproducimos la entrevista concedida por el diplomático sueco al director del Global Viewpoint Network de Los Ángeles, Nathan Gardels, recién publicada por El País (29/08/2013) y que circula profusamente por la Red. En ella, el hombre que por cuenta de la ONU dirigió las inspecciones de armamento en Irak opina que, en el caso de Siria, hay que esperar al informe de los expertos antes de tomar medidas y que, como se refleja en su título, Estados Unidos no es el ‘Gendarme Universal’ que pretende ser:

HANS BLIX – Ex inspector jefe de armamento de la ONU para Irak

“EE UU, sea con Obama o con Bush, no es la policía del mundo”

Fue inspector jefe de armamento de Naciones Unidas para Irak de 2000 a 2003, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de 1981 a 1997 y ministro de Asuntos Exteriores de Suecia en 1978 y 1979. Hans Blix (Upsala, 1928) advierte ahora que “tanto si se trata de Obama en Siria como de Bush en Irak, EE UU no es el policía del mundo”.

Pregunta. Basándose en su experiencia, ¿cree que el veredicto de los servicios secretos occidentales de que El Asad empleó armas químicas es creíble y fiable?

Respuesta. Sin duda alguna, los indicios apuntan a que se han empleado armas químicas. Además, las pruebas circunstanciales indican que el régimen de El Asad ha empleado dichas armas. Sin embargo, como las potencias occidentales han solicitado que Naciones Unidas realice inspecciones -y Siria las ha aceptado y se ha enviado sobre el terreno a un equipo de inspectores- deberíamos esperar al informe de los inspectores antes de tomar medidas. Como hemos visto antes, la dinámica política va por delante del debido proceso.

P. ¿Es una situación parecida a la de Irak con el presidente Bush hijo?

R. En cierta manera, sí. Por aquel entonces, los estadounidenses y sus aliados también pidieron inspecciones para buscar armas de destrucción masiva. Por aquel entonces también dijeron: “Olvídenlo, tenemos suficientes pruebas en nuestro poder para intervenir. Somos la policía del mundo. ¡Nuestros ciudadanos exigen que intervengamos inmediatamente!”. No comparto la declaración de EE UU de que “es demasiado tarde” para que Siria coopere ahora. Es una excusa pobre para intervenir militarmente. Hace solo unos meses, en marzo, Occidente estaba satisfecho con las inspecciones relacionadas con el uso de armas químicas. ¿Por qué no puede esperar otra vez ahora? Dentro de un mes, cuando tengamos muestras de tejidos precisas, sabremos con exactitud qué clase de armas químicas se han empleado y quién posee dichas armas.

P. ¿Pero ahora es el presidente Barack Obama, y no George W. Bush, quien está asumiendo el papel de policía del mundo?

R. Sí. Hace poco tiempo, era el único que hablaba de la legalidad internacional. Eso me dio ánimos. Pero ahora, me temo que la política del momento le está empujando en una dirección que ya hemos visto antes en EE UU. Al primer ministro británico, David Cameron, tampoco parece preocuparle mucho la legalidad internacional. Y esta vez, tampoco a los franceses. En lo que a ellos respecta, se ha cometido un acto criminal, por lo que ahora tienen que tomar lo que ellos llaman “represalias”. No veo contra qué van a tomar represalias. Las armas no se usaron contra ellos. Tendrían que ser los rebeldes los que quieren tomar represalias. Si el objetivo es poner fin al incumplimiento de la legislación internacional e impedir que otros usen armas químicas, la acción militar sin esperar a ver el informe del inspector de la ONU no es la forma de proceder. Se trata de la policía del mundo, no de la legislación mundial.

P. ¿Saben los servicios secretos occidentales dónde están las armas químicas? ¿Puede ser eficaz un ataque aéreo?

R. Bueno, los israelíes saben dónde están. Pero en mi opinión, un ataque a los arsenales con misiles de crucero tiene la desventaja de que las armas químicas podrían propagarse por los alrededores.

P. ¿Cuáles serán las consecuencias de que EE UU y sus aliados actúen una vez más sin Naciones Unidas? Primero fue Kosovo y luego Irak. Ahora, según parece, Siria se unirá a la lista.

R. En Kosovo, la intervención se basó en el visto bueno de la OTAN. No fue suficiente. No creo que la aprobación de la OTAN sea satisfactoria en lo referente al derecho internacional. Es necesario tener la aprobación del Consejo de Seguridad. En el caso de Irak, al Gobierno de Bush no le preocupaba lo más mínimo la ONU. Simplemente siguió adelante con los británicos y unos cuantos países más. Fue una muestra de desprecio absoluto hacia la ONU. Recuerdo que John Kerry, el actual secretario de Estado, que por aquel entonces era senador, fue ridiculizado por decir que EE UU debería esperar a las inspecciones de la ONU y su aprobación para tomar medidas. Tras la guerra de Irak, Obama, en su discurso del premio Nobel, también sostuvo que no se deberían tomar medidas militares contra otros Estados sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso era antes, supongo, y ahora es ahora. En Libia, hubo una resolución del Consejo de Seguridad, pero se interpretó libremente después de los hechos, llevando su intención inicial de proteger a los civiles de un ataque inminente hasta el derrocamiento de [Muamar el] Gadafi.

P. Pero los rusos y los chinos nunca darán su visto bueno a que se adopten medidas militares contra Siria, así que, ¿por qué intentar siquiera seguir la senda de la ONU?

R. Los rusos y los chinos han dicho que quieren “unas inspecciones justas y profesionales” en Siria. Los iraníes también están de acuerdo. En este tema tienen intereses importantes; los iraníes son los que más han sufrido en el mundo por el uso de armas químicas en su guerra contra Irak durante la época de Sadam. No toleran el uso de armas químicas por parte de sus amigos de Damasco. En mi opinión, es muy posible que se pueda lograr la condena mundial de Siria en el Consejo de Seguridad -incluida la de Rusia, China e Irán- si las inspecciones demuestran las sospechas.

P. ¿Pero nunca estarán de acuerdo con la intervención militar?

R. China y Rusia no aceptarán la intervención militar, eso es cierto. Pero preguntémonos: ¿qué tipo de intervención militar es verdaderamente posible, y qué efecto tendrá realmente? Un ataque con misiles de crucero a los depósitos de armas sospechosas en Siria tendrá pocas consecuencias, y quizás ninguna. Acuérdese de los ataques punitivos con misiles de crucero del presidente Clinton en 1998 a los supuestos campos de entrenamiento de terroristas en Afganistán y a una supuesta fábrica de gas nervioso en Jartum, Sudán. Los ataques en Afganistán no hicieron nada para detener a Al Qaeda. Jartum resultó ser un completo error. Era una planta farmacéutica. Si el único objetivo de la intervención militar es “castigar” a El Asad para complacer a la opinión pública y a los medios de comunicación sin siquiera oír los informes de los inspectores de la ONU, será un día triste para la legalidad internacional.

© 2013 Global Viewpoint Network

Es más, quien tenga interés en recordar lo sucedido en el caso de Irak y la firme posición que entonces mantuvo Hans Blix, puede leer la ilustrativa entrevista que, cuando ya había dejado el cargo presidente de la Comisión enviada en 2003 por la ONU para inspeccionar in situ los arsenales iraquíes, concedió a Ernesto Ekaizer, publicada por El País (29/02/2004) con el título “EE UU minó la credibilidad de los inspectores de la ONU” (acceso en: http://elpais.com/diario/2004/02/29/domingo/1078030355_850215.html).

En aquella ocasión, las ideas-fuerza lanzadas por Blix, se concretaron en resúmenes como estos:

Ahora, la historia anuncia con repetirse y la reaparición mediática de Blix, ya con 85 años cumplidos, nos recuerda también lo que el 9 de marzo de 2004 aseguró en Barcelona, cuando acudió para recibir el Premio por la Paz de la Asociación para Naciones Unidas en España (ANUE), por su defensa de la solución pacífica de los conflictos: que los Servicios de Inteligencia de “muchos” países “exageraron y malinterpretaron” erróneamente los indicios sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, y que los líderes políticos que apoyaron la guerra “se equivocaron”.

Blix estimó entonces que los atentados del 11-S “fueron el punto clave que hizo surgir todas las teorías sobre el terror” y que aquel ataque propició una tendencia a “ver todas las suposiciones bajo una luz aterradora, y lo mismo hicieron los servicios de inteligencia, fiarse demasiado de los indicios”. Claro está, afirmó, que “eso no es una excusa para los líderes políticos: ellos deberían haber planteado preguntas más cruciales”, aunque también afirmó que, en su opinión, “no lo hicieron de mala fe”… De hecho, admitió que, en diciembre de 2002, él mismo llegó a sospechar que Irak poseía armas de destrucción masiva, aunque a medida que avanzaba en las investigaciones se fue volviendo “más escéptico” y que, si le hubieran permitido continuar con las inspecciones, “es posible que hubiera podido demostrar que no existían esas armas”. Cuando él y sus inspectores abandonaron Irak, “no se podía garantizar que no había armas, pero sí que había suficientes dudas para prolongar el tiempo de las inspecciones”, afirmó.

En la opinión del prestigioso diplomático sueco, expuesta en la reunión de Barcelona de 2004, los gobiernos que promovieron la guerra de Irak, entre ellos el español presidido por José María Aznar, “intentaron minar el trabajo de los inspectores, porque pensaban que efectivamente había armas de destrucción masiva en Irak”. Como consecuencia de aquella actitud, Blix sostuvo que “la gente tiene ahora menos confianza en esos gobernantes”.

Blix también explicó que Estados Unidos y Reino Unido no sometieron a votación del Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que permitiera el inicio de la guerra porque sabían que no obtendrían mayoría, “con lo que demostraron que pensaban que lo podían hacer solos, sin tener en cuenta a la comunidad internacional”. Pero obviamente “con lo que no contaron es con las consecuencias que ello tendría sobre el resto del mundo, respecto a la legitimidad de su acción”, concluyó  Blix, considerando que la guerra de Irak supuso “una lección para el mundo”, poniendo de relieve que “contar con el apoyo del Consejo de Seguridad no es un detalle sin importancia”…

ESPAÑA, SICARIO GRATUITO DEL GENDARME UNIVERSAL

Cierto es que el hombre es el verdadero creador de su destino y que cuando no está convencido de esa potencialidad, no es nada en la vida. Nosotros no vamos a negar de ninguna forma esa capacidad individual o colectiva de los seres humanos para forjar su propio destino, ni siquiera a Estados Unidos; entre otras cosas porque, hoy por hoy, lamentamos que España carezca del suyo como pueblo y como nación.

Pero John Milton (1608-1674), poeta y ensayista inglés cuyo pensamiento político inspiró en gran medida la redacción de la propia Constitución de los Estados Unidos de América, también afirmaba no creer en la casualidad ni en la necesidad, y sostenía: “Mi voluntad es el Destino”. Algo que François Mauriac (1885-1970), Premio Nobel de Literatura en 1952, dijo de forma distinta al reconocer que “las huellas del hombre sobre el hombre son eternas”, lo que le llevó a la inteligente conclusión de que “ningún destino ha atravesado impunemente el nuestro”.

Por ello, no queremos concluir sin precisar que quienes pueden cambiar sus pensamientos, pueden cambiar igualmente su destino. Estados Unidos tiene el suyo, habiendo elegido el omnímodo del imperialismo económico y el de comandar a su imagen y semejanza la gendarmería planetaria, el ordeno y mando a nivel cosmogónico, incluso por encima de su creador. Mientras España se conforma con otro de tono menor: el de sicario gratuito de ese mismo Príncipe de las Tinieblas, a quien los alienados yihadistas de Al Qaeda llaman, quizás sin razón, ‘Satán’.

Y es justo recordar que ese aventajado aspirante a Gran Señor del Universo, hoy dueño de medio mundo y odiado casi por el otro medio, fue el que infligió a las Fuerzas Armada españolas la mayor humillación militar de toda su historia (primero en la bahía de Manila -batalla de Cavite- y a continuación en la de Santiago de Cuba…). Y que también fue el que, cuando España ingresó en la OTAN, se opuso a cubrir con su manto protector los territorios de Ceuta y Melilla como sin embargo cubría los territorios argelinos de Francia, por ejemplo. Sin tener que comentar lo poco que el mismo ‘amigo americano’ que ha puesto Rota en el punto de mira de los misiles estratégicos rusos, hace por solucionar el contencioso de Gibraltar (una ‘colonia OTAN’) o por sustanciar el derecho proclamado por la ONU a la libre autodeterminación del pueblo saharaui…

Claro está que al Gendarme Universal únicamente le interesan sus propios intereses, como advirtió con gran sinceridad Anthony Lake tras la caída del ‘Muro de Berlín’ y la conclusión de la Guerra Fría, al margen por supuesto de los intereses generales de la Humanidad. Por eso no acepta más armas nucleares, químicas, bacteriológicas, o de cualquier otro efecto devastador masivo e indiscriminado, que las suyas; por eso se pasa el Protocolo de Kioto por la entrepierna; por eso renueva sus arsenales bélicos de forma constante, desprendiéndose de los stocks obsoletos en las guerras que le son más oportunas, porque es más práctico que desmilitarizarlos -aunque menos ecológico- y porque así reactiva su ingente y dominadora industria ‘guerrerista’ en continuo desarrollo tecnológico…

Y por eso, el ‘genoma USA’, la carga belicista de Estados Unidos, se hereda de presidente a presidente sin solución de continuidad, aunque alguno, como Obama, sea paradójicamente Premio Nobel de la Paz (¡qué sarcasmo, qué inmenso sarcasmo!). Una transferencia con su exponente más claro en la familia Bush, a partir de que en febrero de 1991, a punto de concluir la guerra del Golfo que conllevó la primera invasión de Irak, ni corto ni perezoso el presidente George Bush I afirmara en su discurso sobre el Estado de la Nación: “Como estadounidenses sabemos que hay veces en que debemos dar un paso al frente y aceptar nuestra responsabilidad de dirigir al mundo, lejos del caos oscuro de los dictadores. Somos la única nación en este planeta capaz de aglutinar a las fuerzas de la paz”...

Nada, pues, de esperar para iniciar una nueva escalada bélica (con derivas previsibles graves) a que los inspectores de la ONU concluyan sus informes sobre el uso de armas químicas en la guerra civil siria, y nada de averiguar quienes, en su caso, las usan verdaderamente: si las tropas leales de El Asad o algunas de las muchas facciones rebeldes que se le enfrentan, entre ellas los Hermanos Musulmanes y bandas organizadas de Al-Qaeda a las que el Gendarme Universal persigue y masacra cuando le interesa o protege de forma encubierta a su pura conveniencia. Un engaño de bajeza sin límite que sus sicarios más gratuitos, por ejemplo los gobernantes del PP, aceptan sumisos en contra de la voluntad de sus gobernados.

Rajoy ya se ha medio bajado los pantalones en cuanto se lo ha pedido Obama para respaldar sus aventuras de poder, gratis et amore Dei, como se los bajó Aznar con George Bush II, malversando sin cuento la dignidad y el honor nacionales. Pero, ¿será capaz de embarcarnos definitivamente en otra injustificada guerra del ‘amigo americano’…? No sería digno ni tampoco honorable, pero todos los indicios apuntan a que, cuando llegue el momento, así será. Por ello le advertimos modestamente que Estado Unidos no es, ni mucho menos, el Gendarme Universal.

El programa del submarino español S-80, acometido por el Ministerio de Defensa y el astillero público Navantia para renovar los sistemas de armas de la Armada y planteado como la operación estrella de la industria naval militar, ha devenido en un estruendoso fiasco en todos los órdenes (político, económico, tecnológico, de imagen…), con gravísimas consecuencias para la defensa nacional. A pesar de ello, sigue impune desde que se detectó hace casi un año (públicamente se conoció en la pasada primavera), sin que se vislumbre intención gubernamental alguna de tomárselo realmente en serio y depurar las responsabilidades correspondientes.

El pasado 12 de mayo dábamos noticia puntual del caso en esta misma web (El desastre de los S-80 de Navantia: les sobran al menos 75 toneladas por errores de cálculo), confirmando que al primer submarino de la nueva serie S-80 encargada por la Armada Española al astillero Navantia, el ‘Isaac Peral’ (S-81) le sobran entre 75 y 100 toneladas, estando construido ya al 68% y con problemas de concepto y de diseño de difícil y costosa superación. Una situación intolerable, porque el control de pesos responde a los principios básicos de la construcción naval y en este caso ha comprometido la llamada ‘reserva de flotabilidad’, que permite a los submarinos sumergirse, emerger y navegar, mediante el llenado y vaciado de tanques, a pesar de su notable desplazamiento (2.200 toneladas en superficie y 2.430 en inmersión).

En otras palabras, el primer submarino de diseño español, lanzado a bombo y platillo mundial como el ‘no va más’ de nuestra industria naval, como el submarino convencional más avanzado del planeta, un ingenio que llevaría al astillero de Cartagena a alcanzar cifras de exportación jamás pensadas, hace aguas por los cuatro costados. Baja pero no sube, recordando así uno de los geniales monólogos de Gila sobre la guerra: “El submarino que nos mandaron el martes, de color, divino, pero no flota…”.

LAS GRAVES CONSECUENCIAS DE LA INCOMPETENCIA PÚBLICA

Ocultando el problema de forma ciertamente desleal desde el verano de 2012, y tirando en consecuencia por la borda toda la construcción inservible continuada desde entonces, en la primavera de 2013 Navantia ya no podía ocultar más la existencia de “desviaciones relacionadas con el balance de pesos”, que terminaron siendo filtradas por el diario La Verdad, estimando que la evaluación del problema y su corrección supondrán un retraso adicional de hasta 24 meses en la fecha de entrega del buque (y puede ser mayor, si es que el programa no termina durmiendo el sueño de los justos). Es decir, que el ‘Isaac Peral’ (S-81) no estará en ningún caso operativo en la Armada en marzo de 2015, que era la última fecha prevista, sino a partir de 2017, y ello sin contar con la fuerte desviación presupuestaria que va a comportar, aunque el Ministerio de Defensa sostenga el imposible de que no se va a comprometer la previsión de gasto del programa…

El ministerio de Defensa afirmó entonces que “se está estudiando el alcance del problema para determinar su impacto en términos de tiempo y dinero”, y alega con una simpleza intolerable que “se barajan distintas alternativas”. Si se mantiene la utopía de construir un submarino español convencional con visos de poder competir en el mercado internacional (por ejemplo, con los franceses y los alemanes), la solución pasa teóricamente por alargar el casco, prolongar sus 71 metros de eslora y revisar en cadena todo el desarrollo del buque. Es decir, no se trata de adelgazar el submarino (lo que supondría volver a la versión desechada del ‘Scorpène’), sino de crecer para reequilibrar el peso, lo que en definitiva supone cambiar el proyecto sustancialmente, sin garantías de acierto ni de mantener los requisitos exigidos por la Armada y, por supuesto, disparando su coste.

El problema del exceso de tonelaje -consecuencia de errores de cálculo elemental en los trabajos de ingeniería- supondrá no solo un retraso en la construcción, sino también un sobreprecio, que de momento nadie se atreve a evaluar pero que fácilmente rondará los 1.000 millones de euros adicionales. El programa S-80, que para cuatro sumergibles tenía asignado un presupuesto inicial de unos 2.200 millones de euros, y que ya es uno de los más costosos de las Fuerzas Armadas y el más importante de todos los encargados a la industria nacional, se convertiría de esta forma en un estruendoso desastre económico, sin precedentes en la vergonzosa historia de nuestros equipamientos militares, caracterizada por no comprar lo necesario y comprar lo innecesario.

Pero el submarino español que no flota, algo inconcebible y que en sí mismo ya supone un escándalo de marca mayor, conlleva problemas aún más graves que el de evidenciar la incompetencia de Navantia y el despilfarro propiciado por el Ministerio de Defensa. Con responsabilidades compartidas tanto por los gobiernos del PP como del PSOE, razón por la que el tema no ha tenido todavía el tratamiento adecuado en el Parlamento.

LA FLOTA DE LA ARMADA, SIN PROTECCIÓN SUBMARINA

El primero de ellos es la indefensión de la Armada Española, cuyos buques a flote (de proyección oceánica y por tanto con necesidades de protección integral muy notables) se verán afectados por una precaria escolta submarina y por la imposibilidad real de abordar determinadas operaciones y estrategias de guerra naval, ofensiva o defensiva. La serie de submarinos S-70, clase ‘Agosta’, formada por cuatro unidades (‘Galerna’, ‘Siroco’, ‘Mistral’ y ‘Tramontana’), con entrada al servicio de la Armada entre 1983 y 1986, tiene agotada su utilidad operativa desde hace tiempo, estimada en no más de 25 años para el actual nivel tecnológico del combate (Francia, sin ir más lejos, retiró el ‘Ouessant’ S623, que fue su último submarino de la clase ‘Agosta’, en 2001).

De hecho, el ‘Siroco’ S-72 ya fue dado de baja en la Lista Oficial de Buques Armada (LOBA) en junio de 2012, mientras el más antiguo ‘Galerna’ S-71, entregado en enero de 1983, se intentaba mantener como una pieza de museo hasta recibir el ‘Isaac Peral’ S-81. Además, el ‘Tramontana’ S-74 ha quedado indisponible este mismo verano a la espera de que se le pueda realizar una ‘gran carena’, extraordinaria, para alargar su cuestionable vida operativa hasta el 2016 (nada menos que 30 años), cuyo coste se estima en unos 30 millones de euros y que hasta ahora no se han contemplado en presupuesto alguno de Defensa.

Con todo, tras la baja del 'Siroco', en poco más de una década la Armada ha pasado de tener ocho submarinos, con al menos seis operativos, a disponer sólo de tres (la serie ‘Daphné’ precedente de cuatro submarinos S-60 fue dada de baja entre  2003 y 2006). Y de esos tres S-70, solo hay disponibles dos para misiones nacionales y compromisos internacionales: el ‘Mistral’ (S-73) y el ‘Tramontana’ (S-74) inmovilizado y con una gran carena pendiente (el 'Galerna' se botó en 1981 y es más antiguo que el ‘Siroco’, ya dado de baja, con lo que su operación práctica no deja de ser temeraria, además de que en ningún caso podrá esperar ya a ser relevado por el ‘Isaac Peral’ S-81).

En estas condiciones, los planes de la Armada centrados en la renovación in extremis de su flota con cuatro nuevos submarinos de la clase S-80 entre los años 2013 y 2019, se han evaporado. Y la situación es tan dramática que, en el caso de no poderse acometer la gran carena del ‘Tramontana’, en 2016 la Armada española contará con un único submarino, el ‘Mistral’ S-73, tercero de la clase ‘Agosta’, entregado a la Armada en 1985 y parcheado con piezas canibalizadas del ‘Siroco’ S-73.

Si con dos unidades la flotilla de submarinos ya sería exigua (además de funcionalmente obsoleta y sobre todo de tecnología muy desfasada), pensar en uno solo resulta inimaginable, ridículo y hasta una broma de mal gusto. De hecho, eso supondría tener que arriesgar la flota (sobre todo el buque insignia ‘Juan Carlos I’ L-61) en una situación de guerra naval estándar, dado que sería tremendamente vulnerable ante el ataque de submarinos convencionales de países con mucho menor peso militar que España: un escenario realmente catastrófico que Defensa y la Armada ocultan de forma vergonzosa a la opinión pública y al propio Parlamento.

Paréntesis: Para tener una idea clara de la obsolescencia de la actual flotilla de submarinos, todos entregados a la Armada entre 1983 y 1986, baste recordar que el Portaaviones ‘Príncipe de Asturias’ R-11, asignado años después (en mayo de 1988), ya fue dado de baja en febrero de 2013 y enviado a desguace tras 25 años escasos de servicio.

NAVANTIA LLEVA LA INDUSTRIA NAVAL MILITAR A PIQUE

El segundo problema sustancial, es el del desprestigio mundial que acarrea el fracaso del submarino español S-80 para la ya quemada industria naval militar (léase Navantia), que de paso arrastra al conjunto de los astilleros privados ‘contaminados’ en su propia acción comercial por la mala imagen de la empresa española de referencia. Una situación apuntillada por la creciente competitividad de otras industrias navales emergentes (China, Corea del Sur…), por la brecha tecnológica (gap) que nos separa de las constructoras y empresas de ingeniería naval occidentales más avanzadas y por la incapacidad política de España para afrontar con inteligencia la reconversión del sector mediante asociaciones estables y consorcios de codesarrollo y coproducción similares a los ya acometidos con notable éxito en el sector aeroespacial, cuyo paradigma sería EADS.

Alcanzado el cenit de la mala reputación internacional de Navantia, ganada a pulso y encubierta con una propaganda grandilocuente y con los pedidos obligados de la Armada Española, que por otra parte ha venido supeditando la racionalidad de sus adquisiciones y la satisfacción de las necesidades reales de la defensa nacional en tiempos y medios adecuados a los intereses laborales y comerciales de la empresa constructora, a la industria naval militar española sólo le queda huir hacia la integración en una suerte de consorcio internacional. Aunque sólo sea para poder seguir construyendo plataformas, dado que su tecnología y capacidad de diseño y de integración de sistemas de combate es nula y cada vez más y más distanciada de la actual realidad del mercado.

Claro está que soluciones de ese tipo tendrían que pasar primero por el saneamiento total de la incompetente dirección de Navantia, la política y la técnica, y por ponerla en manos de auténticos empresarios y profesionales privados (no paniaguados afines a los partidos políticos), si es que todavía se estuviera a tiempo. De momento, esa es la triste realidad de Navantia, digan lo que digan las partes interesadas.

Pruebas de la incapacidad y de los experimentos fracasados de Navantia se tienen todos los días, porque el problema del sobrepeso no es el primer escollo con el que tropieza el submarino español S-80, ni tampoco el más complejo. Su característica más novedosa es que iría equipado con un sistema de Propulsión Independiente del Aire (AIP), lo que le permitiría permanecer sumergido a profundidad táctica más de tres semanas (plazo ya alcanzado por los ‘Scorpène’) en vez de tener que emerger cada cuatro o cinco días, como les sucede a los sumergibles convencionales de la generación anterior, lo que supone una gran ventaja operacional y estratégica, notable y más próxima en ese sentido a la de los submarinos de propulsión nuclear.

Hay varios sistemas AIP operativos y de eficacia contrastada una vez superadas las dificultades de su desarrollo, como los suecos y alemanes, o el propio sistema anaeróbico francés MESMA (Módulo de Energía Submarina Autónoma) AM-2000, opcional al CM-2000 en los submarinos de la clase ‘Scorpène’. Pero los sabios ineptos de Navantia optaron de nuevo por una inexistente ‘solución española’, un ‘invento’ que, además de innecesario porque ya está inventado, hoy en día es inviable para España (es decir, un desarrollo nacional o autárquico tan absurdo como inalcanzable).

Por indicación de otros sabios de la Armada metidos en camisas de once varas, Navantia contrató con la empresa Hynergreen Technologies S.A. (una filial del Grupo Abengoa) la fabricación del procesador de bioetanol, que produce nitrógeno a partir de dicho combustible, basado en un pila (fuel cell) similar a la del sistema AIP que equipa los submarinos alemanes Tipo 212 y 214. La empresa diseñó un procesador a gran escala, pero falló en su miniaturizado y el prototipo se autodestruyó, llevando a Navantia a negociar con Técnicas Reunidas la fabricación urgente del procesador de bioetanol de los primeros submarinos, aunque no se sabe si operando o no una pila de combustible de 300 kW de salida fabricada por la empresa estadounidense UTC Power…

Ahora, el retraso provocado por el exceso de peso de los submarinos S-80 dará más tiempo para resolver el problema del AIP, aunque considerando la precariedad submarina de la Armada no se descarta una nueva chapuza consistente en que el primero de ellos, el ‘Isaac Peral’ S-81, se construya sin incorporar todavía el nuevo sistema de propulsión. Menudo negocio y menuda imagen: un submarino súper indiscreto (emergiendo cada dos por tres) con sobrepeso, sobrecoste y sobre-incapaces al mando del proyecto.

Aún más, a estas alturas de su lamentable aventura submarina, Navantia no tiene más remedio que recurrir al “asesoramiento técnico de un socio tecnológico” extranjero para resolver el problema sustancial del sobrepeso. Lo más probable es que ya lo esté haciendo la General Electric Boat, una filial de la estadounidense General Dynamics que evaluó el proyecto original -desde luego erróneamente- y que ahora cobraría otros 14 millones de euros complementarios por intentar sacar la pata del orinal donde la han metido de consuno los avispados del Ministerio de Defensa, de Navantia y también de la Armada.

Total, que Navantia se ha terminado de cargar la ya bochornosa imagen de la industria naval militar de España en todo el mundo, desde Australia hasta Chile, pasando por Venezuela, que ya es decir, a pesar del tono siempre triunfalista de sus notas de prensa. Su inexistente cartera de pedidos, al margen de la chapucera relación que desde siempre mantiene con la Armada Española, encantada en pasear almirantes al mando de buques que no sirven para lo que tienen que servir, sólo porque representan carga de trabajo para Navantia, es buena prueba de ello.

Paréntesis: Un pedido bien expresivo de la mala situación de Navantia, es la decisión tomada por Chile para dotarse con dos buques LSD de Asalto y Portahelicópteros franceses de la clase ‘Foudre’, el propio ‘Foudre’ L9011 comisionado en 1990 y que sustituirá al LST ‘Valdivia’ (clase ‘Newport’) y, a continuación, el ‘Siroco’ L9012 comisionado en 1998. Un acuerdo a favor de la relación franco-chilena que se suscribe tras la experiencia de la Armada de Chile con la adquisición de sus dos submarinos de la clase ‘Scorpène’, el ‘General O’Higgins’ SS-23 y el ‘General Carrera’ SS-22, cofabricados por la española Navantia y la francesa DCNS.

Lo curioso del caso es que el desvergonzado secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, se haya atrevido a soltar otra chuscada propia de Gila sobre el tema en declaraciones al diario El Economista, considerando que a pesar de lo sucedido todavía se está “a tiempo para capturar una parte del mercado de submarinos de la próxima generación y el S-80 sigue situado en las primeras plazas”. Y ello advirtiendo al mismo tiempo de forma contradictoria que “primero hay que acreditar que tenemos capacidad en Navantia para hacer un submarino que cumpla con las especificaciones de la Armada”. Pero, entonces ¿de qué ‘primeras plazas’ y de qué exportaciones habla, a dónde, cuándo…? ¿Es que el SEDEF se hace el idiota o es que acaso piensa que los idiotas son quienes le escuchan…?

Porque, más a más, en las mismas declaraciones, Argüelles se inventó sobre la marcha que el gran escándalo del submarino español que no flota “es un problema común para Navantia y otros países de alto grado de sofisticación tecnológica, como EEUU, Reino Unido o Australia, con programas de submarinos que necesitan una rampa de aprendizaje muy prolongada y no tiene nada que ver con saber hacer fragatas o buques de patrullas marítimas”, afirmando que “todo el mercado sigue con atención que sea capaz de lograr un submarino competitivo” (todo un colmo de estupidez). Y con la importante salvedad de que, según concluyó invocando a Santa Rita de Casia -Patrona de los Imposibles-, “el techo de gasto del submarino no sufrirá variación, 2.135 millones de euros, tal y como estaba previsto en el año 2009”.

Todo ello rectificado de hecho poco después por el ministro Morenés de forma lapidaria: “El error cometido con los submarinos S-80 le va a costar mucho tiempo a España” (lo que evidentemente le importa tres pitos y el que venga detrás que arree). Pero, por si acaso, descargando culpas al mismo tiempo con un cinismo desbordante, porque la construcción del prototipo conlleva, según él, “unos fallos que no son algo absolutamente anormal, aunque sí sean un disgusto”. ¡Dios mío, pero en manos de que gente están las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional!

Uno de los mejores resúmenes sobre el escándalo del programa S-80, fue el publicado por El País (10/05/2011) en una opinión editorial llamando al Ministerio de Defensa y a Navantia a explicar públicamente la naturaleza del problema afecto, cómo se va a solucionar y quienes son los responsables del esperpento, titulada “Submarino disfuncional”. Éste es su contenido, todavía sin respuesta política:

Mal hay que diseñar un submarino para equivocarse en el peso en 75 toneladas (quizá el error sea de 100 toneladas, todavía no está claro); muy mal hay que desarrollar un proyecto para que ese exceso de peso condicione la flotabilidad de la nave, cuya gracia, como su propio nombre indica, está en que pueda sumergirse y emerger a voluntad y con rapidez. El S-80 diseñado por Navantia, llamado (ahora sabemos que con sorna) ‘Isaac Peral’, se parece mucho a aquel submarino disfuncional de Gila, que los marineros tuvieron que hundir para descubrir después que era un barco. La historia parece un episodio chusco de la polémica sobre la ciencia española que tanto preocupó a Menéndez Pelayo. Tras romper contratos con el grupo tecnológico francés DCN, Navantia, crecida en pundonor y trapío, se atrevió a construir su propio submarino, el citado S-80. A lo peor el Señor no nos ha llamado por el camino de la tecnología, a pesar de todas las invocaciones al I+D+i; el caso es que el S-80 es una nave obesa y con graves problemas en su propulsión hipermoderna.

Pepe Gotera y Otilio han rechazado hacer las chapuzas necesarias para rectificar el desaguisado. En estos momentos, el dilema es o se construye el submarino ‘made in Spain’ con 75 toneladas de sobrepeso y un sistema de propulsión del montón, de esos que obligan a emerger cada pocas horas, o se corrigen los diseños, se aplaza la entrega a la Marina y se pagan los costes del arreglo que encarecerán el presupuesto. Cabe una tercera solución, en el espíritu de Gila: que cuando haya de sumergirse se hunda a pedradas y que cuando toque emerger lo haga con flotadores de patito.

Los asuntos de dinero son muy serios. Algún alto cargo de Defensa y algún directivo de Navantia deberían estar explicando públicamente la naturaleza del problema, cómo se solucionará y quiénes son los responsables del esperpento submarino. Es clamar en el desierto, porque los Gobiernos -el proyecto S-80 tiene una larga vida- son reacios a explicar las cosas; pero hay que recordar que los éxitos y los fracasos tienen responsables. Dijo ufano el presidente Rajoy que “ya nadie duda de España”. Nadie, excepto los españoles y los que tengan que navegar en el S-80.

EL TREMENDO COSTE DE LA TORPE INFIDELIDAD ESPAÑOLA

La primera gran mentira sobre el escándalo del S-80, el submarino de Gila, es que el programa ‘Scorpène’, en el que está basado, sea un codesarrollo o desarrollo tecnológico conjunto hispano-francés. El submarino clase ‘Scorpène’ fue un diseño exclusivo de la DCN (División de Construcción Naval) de la Armada francesa, hoy convertida en DCNS (tras la fusión del astillero público DCN con la división naval del grupo privado Thales), como submarino tipo SSK de quinta generación (pre-nuclear) con una evolución tecnológica enorme sobre la clase ‘Agosta’, que a su vez había sustituido a la clase ‘Daphné’, ambas operadas también por la Armada Española (los S-70 y S-60). 

La cuestión es que, una vez diseñado, Francia decidió no construir el SSK ‘Scorpène’ y pasar directamente al submarino SSN de propulsión nuclear, quedando aquel proyecto en standby, en reserva eventual para posibles exportaciones. Éstas se inician precisamente cuando España decide renovar su flota submarina de tradición francesa (los ‘Agosta’ S-70 que siguieron a los ‘Daphné’ S-60, que habían sido cofabricados -no codesarrollados- entre España y Francia), a cuyos efectos y en línea con el mismo sistema de participación industrial -no tecnológica- se concierta una producción inicial de 6 unidades necesaria para poner en marcha el programa: 2 unidades para la Armada de Chile y 4 para la Armada de España, siempre hablando, claro está, de submarinos ‘Scorpène’.

Este acuerdo hispano-francés abre entonces un prometedor mercado de exportación en el que las cargas de trabajo se repartirían entre la DCNS y Navantia con acciones comerciales simultáneas de ambos astilleros, es decir bajo etiqueta exportadora hispano-francesa. Y así se consiguen pedidos de Malasia (2 unidades), India (6 unidades) y Brasil (4 unidades), además de las 6 unidades de lanzamiento previstas para Chile y España: un éxito que supera rápidamente las 13 unidades que se alcanzaron con la clase ‘Agosta’ (4 Francia, 4 España y 5 Paquistán).

Pero en esta situación de brillante futuro, España decide volar por su cuenta transformando sus 4 ‘Scorpène’, que en sí mismo es un modelo con notable capacidad para adaptaciones y mejoras, en un submarino ‘inexistente’ que considera ‘propio’ y bautiza como S-80, dando por suya la base del proyecto y alterándolo como cree conveniente para que sea ‘mejor’ que el original ‘Scorpène’: con mejor sistema de combate (de la estadounidense Lockheed Martin en vez de europeo), con teórica mejor propulsión, con teórica mejor electrónica, más habitabilidad y confort… y toda la funcionalidad añadida e innecesaria que los almirantes de la Armada, más o menos apapachados con la industria norteamericana, van pidiendo sobre la marcha como quien escribe una carta a los generosos Reyes Magos de Oriente…

Para no alargar la historia, diremos que, tras la denuncia que interpuso el astillero francés DCNS contra Navantia en octubre de 2008 ante el Tribunal de Arbitraje de París por plagio, al considerar que para desarrollar el S-80 copió elementos del submarino ‘Scorpène’, cosa evidente, dos años más tarde, en noviembre de 2010, ambas compañías rompieron el consorcio que mantenían para la cofabricación del ‘Scorpène’, submarino que además podían comercializar en paralelo. La nota hecha pública al efecto señalaba que “se va a poner fin al proceso de arbitraje abierto y desde ahora en adelante los submarinos ‘Scorpène’ serán fabricados y comercializados por DCNS y de igual manera, los submarinos S-80 serán fabricados y comercializados por Navantia”.

Dicho de otra forma, cada uno a lo suyo; concluyendo torpemente y en el peor momento una colaboración hispano-francesa en el arma submarina de larga trayectoria (casi medio siglo), iniciada el 17 de noviembre de 1964, cuando en pleno franquismo y con una industria militar mundial reticente a relacionarse con España (sólo Francia accedió a la venta y cofabricación de armamento) la Junta de Defensa Nacional aprobó el programa de los submarinos S-60. Y así, concluida también su experiencia como cofabricante de los ‘Scorpène’ vendidos a Chile y Malasia (los de India y Brasil ni los olería), Navantia se quedaba colgada en su aventura submarina; con un know-how muy elemental, básicamente relativo a la estructura del buque, que es en lo que ha fallado el S-80, derivado de su participación inicial en dicho programa y sin poder participar en su halagüeño futuro.

La historia posterior, con un submarino S-80 netamente ‘español’ que no flota y desprestigiado a nivel mundial antes de nacer, demuestra que los listos de Navantia, queriendo quedarse con el magro del jamón, sólo se han quedado con el hueso y el tocino…

En el revelador reportaje de Gonzalo Suárez “El submarino con michelines. ¿Culpable?” (El Mundo, suplemento Crónica, 23/07/2013), fuentes internas de Navantia desvelaban las razones del desastre del S-80, confirmando que “se inventó sobre la marcha”:

(…) Lo cierto es que los ingenieros nunca supieron cuánto pesaría exactamente el submarino. La razón es simple: cuando arrancó la construcción, la mayoría de las piezas que se instalarían en su interior aún no existían. Los equipos se diseñaban sobre la marcha: sólo se manejaba una estimación de pesos que, se ha sabido ahora, pecó de optimista.

--¿Es habitual este método?

--Desgraciadamente, sí. Inventar lo que va dentro a la vez que lo construyes es suicida. Bastante prototipo es un submarino para meterle prototipos dentro -admite un ex director de astillero de Navantia-.

--¿Por qué se hizo así?

--Porque los submarinos que tenía la Armada se caían de viejos. Al Gobierno le entró prisa y puso dinero sobre la mesa. Los políticos trabajan a cuatro años. No ven más allá.

Tras años de titubeo, Federico Trillo, titular de Defensa, había autorizado el ansiado submarino. Sobre la mesa de su despacho aterrizaron dos alternativas. La primera construirlo a medias con Francia. La otra independizarse de los vecinos del norte para potenciar la I+D patria. “Se optó por la segunda opción, que yo defendía”, recuerda [el almirante] Tafalla.

Ya puestos, no se proyectó un submarino cualquiera. El S-80 sería el submarino más sofisticado del mundo. Eran tiempos de optimismo y Filgueira [entonces director del astillero] se comprometía públicamente a que se cumplieran todos los plazos previstos: “El futuro de Navantia en Cartagena es sólo hacer submarinos”, proclamaba orgulloso.

Pero los contratiempos no tardaron en aparecer. Sobre todo, en la pieza más innovadora: el sistema de propulsión independiente del aire (AIP). La empresa diseño un procesador a gran escala, pero falló al miniaturizarlo y el prototipo se quemó. Los errores fueron retrasando la fecha de entrega de la primera nave. De 2012 se pasó a 2013; luego, a 2015; y ahora, con el sobrepeso, hasta 2017… en el mejor de los casos.

Ha sido un golpe letal para Navantia. De aquí a 2020 se calcula que los ejércitos de todo el mundo encargarán unos 140 submarinos. La empresa española estimaba que se quedaría con el 10% del negocio. Había interesados en Australia, Noruega, India… Ahora, con la farsa del sobrepeso, empiezan a recular.

La internalización de la empresa fue la excusa de Navantia para silenciar su error. “Nos decían: No lo contéis, pensad en la empresa, ¿qué van a decir los australianos?”, explica Briones [presidente del comité de empresa]. “El astillero es como un ejército sin uniformes. Todos obedecen sin rechistar”…

‘YANKILANDIA’ Y LOS ALMIRANTES PALMEROS

Claro está que, junto a sus detractores, el programa del submarino S-80 ha tenido también sus defensores, la mayoría de ellos por sus connivencias con la industria de defensa estadounidense, que tiene especialmente obnubilada a la Armada Española, sin que, ahora, ninguno de ellos quiera afrontar las consecuencias del desastre. En esta web no negamos nunca opiniones que difieren de las nuestras o análisis que contradigan los propios, razón por la que no dudamos en rescatar un artículo del almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y responsable, según él, de definir los requisitos operativos del S-80 (cosa extraña porque jamás mandó un submarino), en el que aplaudía entusiasmado el fondo y la forma de dicho programa, titulado nada más y nada menos que “La emancipación de Navantia” (AteneaDigital.Es 15/11/2010):

El pasado viernes se ha hecho público el acuerdo entre la empresa francesa DCNS y Navantia por el que se pone fin al litigio que venían manteniendo acerca de la construcción de submarinos. Creo que este acuerdo es muy importante pudiéndose llegar a calificarse como de emancipación de la empresa española de un cierto tutelaje francés. Queda así Navantia liberada de ataduras en el campo de los submarinos, último aspecto que le quedaba para abarcar íntegramente todo el espectro de la construcción naval militar. Permanecerán, y así debe ser, otros importantes vínculos internacionales, muy significativamente con la norteamericana Lockheed Martin, pero esta relación aunque asimétrica, lo es en beneficio mutuo y no entraña ningún vasallaje. 

La emancipación no ha sido fácil ni rápida. Hace 42 años -en 1968- comenzó la entonces EN Bazán a construir su primer submarino de diseño francés, el S-61 Delfín. Y así continuó intermitentemente durante nada menos que 18 años, entregándose hasta ocho submarinos a la Armada. A estos 18 años siguieron otros 18 de reflexiones y estudios -en el fondo dudas- en que la Armada no encargó ningún buque de este tipo, si bien es verdad que durante los últimos 6 años de este periodo, la empresa española fue socio de la francesa en el diseño y construcción de dos Scorpène para Chile y otros dos para Malasia. Este desierto de 18 años sin encargos de la Armada se acabó en Marzo del 2004 en que se dio la Orden de Ejecución de los cuatro S-80. ¿Qué había pasado para este plazo tan prolongado? 

Pues muchas cosas, entre las que destacaría dos. A partir de la caída del Muro de Berlín, en 1990 los submarinos soviéticos dejaron de operar súbitamente y surgieron grandes dudas en todas las marinas europeas acerca del futuro de los submarinos convencionales propios, claramente especializados en lo antisubmarino. El segundo factor que nos influyó -ciertamente lo hizo en el seno de la Armada- tiene que ver con la comunidad de submarinistas. Quien no haya tratado con ellos no se puede imaginar lo entusiastas y profesionales que son, pero desgraciadamente también son inflexibles. Se aferraban a una concepción clásica de sus buques y de sus misiones que a muchos nos parecía superada. Y claro, el proyecto no prosperaba pese a tanto esfuerzo y dedicación: se habían quedado "antiguos". 

Pero a finales del 2001 se dio un fuerte cambio a los Requisitos Operativos (NSR) del S-80, añadiendo a las misiones tradicionales del submarino, las de interacción con tierra en los campos de vigilancia, inteligencia y proyección de armamento y fuerzas especiales. Y encima se añadió el requisito de una propulsión anaerobia (AIP). Ninguno de los aspectos anteriores era especialmente apreciado por la comunidad submarinista del 2001, aunque comprendieron y aceptaron que solo así tendrían submarinos, lo que pudieron comprobar a partir del 2004 en el que se abrió un periodo -en el que estamos actualmente- de al menos 13 años diseñando y construyendo submarinos.

Volvamos ahora al origen, al litigio franco-español. Resumiéndolo al máximo podríamos decir que la DCNS acusaba a Navantia de deslealtad, de ser el S-80 un plagio del Scorpène, habiendo presentado una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje de París a la vez que usaba sus muy superiores medios de manipulación de la prensa especializada difundiendo esta versión. 

Por su parte, Navantia -socio al 50% en el diseño y construcción del Scorpène- se quejaba de la política de marketing francesa que ignoraba esto completamente, tanto en imagen como en la negociación de los contratos. En una palabra, acusaba a la DCNS de arrogancia. 

No quisiera yo tener que emitir veredicto, pues es evidente que la Bazán, luego Izar y Navantia, algo había aprendido de los franceses en los avatares y prolongados plazos que he descrito anteriormente. Pero lo que más dolió a los franceses, hasta llegar a hacer inviable la sociedad, fue la selección, como socio tecnológico para el sistema de combate, de la norteamericana Lockheed Martin debido al mencionado cambio de requisitos del S-80. Todo esto desembocó en no poder utilizar prácticamente a proveedores franceses. El padrino arrogante y un discípulo ambicioso habían hecho inevitable la emancipación que ahora se confirma, permitiendo a cada empresa perseguir a sus clientes independientemente, Navantia con el S-80 y la DCNS con el Scorpène. 

A falta de conocer los detalles del acuerdo, secretos comerciales para ambos, creo que puede ser un buen acuerdo especialmente para Navantia, pues el Scorpène es un buen barco, uno de los mejores y quizá el último de los submarinos tradicionales, pero el S-80 es el primer -y brillante- ejemplo de una nueva generación. El Scorpène y el S-80 son magníficos buques del pasado y el futuro -respectivamente- de lo que representa el arma submarina. 

La DCNS tiene una debilidad estructural pues construye submarinos convencionales que su Marina no opera. En esto, que tiene especial repercusión negativa en el adiestramiento de sus futuros clientes, es única en el mundo. 

Sé que habrá que esforzarse mucho y que hará falta suerte, pero si todo va bien, a Navantia solo le pueden inquietar los alemanes, el HDW. Pero con toda su calidad y prestigio, sus submarinos también están orientados excesivamente hacia atrás, hacia lo antisubmarino defensivo. 

Todo este futuro potencialmente brillante para Navantia -lo cual es siempre una buena noticia para la Armada- podría ser muy ayudado por una decisión gubernamental: que se capacitase a los S-80 para operar con misiles UGM-109 Tomahawk. Si esto sucediera, hasta los más escépticos comprenderían que el S-80 es el primero de una nueva era de submarinos convencionales. O quizá no tan convencionales.

Ahí quedó eso. Pero, aunque el almirante Tafalla se lo merezca, nosotros no vamos a aclarar los errores de bulto que contiene su artículo (el autor no tiene ni idea de lo que es el arma submarina), a confrontar las capacidades industriales y tecnológicas de Navantia con las de la DCNS, ni a discutir las ventajas y desventajas de los S-80 y los ‘Scorpène’, porque sería cosa de risa. Ni tampoco vamos a desvelar las razones empresariales y el objeto propagandista de tanta subjetividad informativa, porque siendo público y notorio que su autor estuvo destinado más de siete años en Estados Unidos, al igual que su experiencia como almirante de la División de Logística del Mando Supremo OTAN del Atlántico Norte (en Norfolk) y su vinculación con el Grupo Atenea (pura ‘Yankilandia’), la cosa va de ‘blanco y en botella’.

El Ministerio de Defensa y Navantia, junto con palmeros de ocasión como el almirante Tafalla, se pueden enredar todo lo que quieran con el submarino español S-80, pero sin dejar en precario la defensa nacional ni dilapidar sin ton ni son el dinero de los contribuyentes, que es lo que han hecho. Escándalo estrepitoso por el que, además de tenerse que depurar responsabilidades políticas (esperemos que algún partido político insista en ello y que al menos se solicite una comisión de investigación parlamentaria al respecto), la ciudadanía debería interponer acciones legales ante los tribunales de justicia. Ese es el reto y la única vía para combatir el derroche público y la corrupción política.

Nota Bene: Conociendo la soberbia de la clase política española, es evidente que no se hará, pero el Gobierno acertaría al abandonar el utópico ‘submarino propio’, restaurar la relación entre Navantia y la DCNS y recuperar el ‘Scorpène’, un gran SSK de última generación pre-nuclear, en la versión más avanzada pero práctica que convenga a los almirantes, como dotación de la Armada Española y elemento reactivador de la industria naval militar.

En nuestra anterior Newsletter (18/08/2013), en la que discurríamos sobre las consecuencias del ‘caso Bárcenas’ tanto para Rajoy como para el PP, considerando sus posibles secuelas y la retrospectiva del ‘caso Naseiro’, se recordaba el mecanismo funcional de la historia con sus recreaciones más o menos cíclicas. Es decir, asumíamos el dicho de que “la historia tiende a repetirse”.

Y, para ilustrar esa máxima, reproducíamos el inicio del ensayo de Karl Marx titulado “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte” (publicado en 1852): “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío…”.

Justo en ese tipo de reediciones sucesivas de lo ya acontecido, que Marx identificó como réplicas farsantes, es donde, de entrada, hay que situar el último fogonazo de nuestra política exterior sobre el contencioso con Gibraltar. Pero ahora llevada ya lamentablemente al extremo de auténtico ‘esperpento’ en las dos principales acepciones del término que establece el diccionario de la RAE, la primera como un “hecho grotesco y desatinado” y la segunda como el “género literario creado por Ramón del Valle-Inclán, escritor español de la generación del 98, en el que se deforma la realidad, recargando sus rasgos grotescos, sometiendo a una elaboración muy personal el lenguaje coloquial y desgarrado”.

LA CHAFARRINERA POLÍTICA ESPAÑOLA SOBRE GIBRALTAR

Claro está que la ‘farsa’ y el ‘esperpento’ se identifican de antiguo con la política de España sobre Gibraltar. Al menos desde que siete años después de la muerte de Franco y bajo la presidencia de Felipe González, el 14 de diciembre de 1982, el paso fronterizo (la famosa ‘Verja’) se reabrió para peatones; hecho que algunos señalaron como gesto aperturista de España en la antesala de su entrada en la CEE, pero que en el fondo fue una concesión “gratis et amore Dei” (más tarde, a partir de febrero de 1985, se permitió la circulación de vehículos).

Así concluyeron los 13 años de aislamiento total al Peñón iniciados el 8 de junio de 1969 por el régimen franquista, cumpliendo la parte española por primera vez, de forma escrupulosa, el Tratado firmado en Utrecht 256 años antes. Una situación de diplomacia coherente y legítima que los sucesivos gobiernos de la extinta UCD mantuvieron con firmeza y que los poderosos hijos del antiguo Imperio británico tuvieron que soportar bien que mal…

Porque se debe recordar que aquel gesto de autoridad del Gobierno del general Franco frente a ‘la pérfida Albión’, se originó tras una propuesta formal española de devolución del Peñón enmarcada en las resoluciones de Naciones Unidas que instaban a Reino Unido a negociar su descolonización, que fue rechazada. Y, además, tras convocar el Gobierno de Londres el referéndum de 1967 por el que los gibraltareños se pronunciaron a favor de continuar su relación con el Reino Unido, invalidado por la ONU.

El 30 de mayo de 1969 otra consulta popular ilegítima aprobó la denominada “Constitución Lansdowne” que equivalía a un estatuto de gobierno autónomo para Gibraltar, territorio convertido entonces en un ‘dominio’ con un ministro Principal como representante de la Corona Británica. Una política de ‘hechos consumados’, como la que en 1908 ya llevó a su ejército a levantar una cerca o ‘verja’ de siete pies de altura que consagró unilateralmente la ocupación de más de 800 metros del istmo situado en territorio neutral. O a construir en 1938 (justo durante nuestra guerra civil) un aeropuerto militar en el territorio situado entre la Verja y el Peñón, cuya pista de aterrizaje invadía en más de 800 metros la bahía de Algeciras…

Paréntesis: Tampoco conviene olvidar que el 14 de diciembre de 1960, antes de que entre 1965 y 1968 la Asamblea General de ONU aprobara cuatro resoluciones sucesivas sobre la ‘Cuestión de Gibraltar’ (2070, 2231, 2253 y 2429), instando a Reino Unido a negociar su descolonización, dicho organismo aprobó una “Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales" (Resolución 1514), en la que tras proclamar el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, establecía en su apartado: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”.

No vamos a detallar la historia del Peñón de Gibraltar ni a tratar de hacer sangre con los continuos errores activos y pasivos cometidos al respecto por casi todos nuestros gobiernos democráticos, sin una estrategia identificada con la defensa estable de los intereses españoles, con la política de Estado y con la dignidad nacional, sólida en todos sus términos. Entre otras cosas porque la política exterior de España siempre ha sido desastrosa y poco más que un ‘juguete roto’ rehabilitado a remolque de acontecimientos que, aun siendo positivos en algunas ocasiones, siempre nos han venido impuestos por circunstancias externas (como los convenios hispano-norteamericanos de 1953, la descolonización de Guinea Ecuatorial y del Sahara Occidental, nuestra entrada en la OTAN, la integración europea, el dictado alemán…), sin iniciativas propias ni planes alternativos.

Pero, más a más, hemos de convenir que el contencioso con Gibraltar se lleva la palma de todos los ‘despropósitos’ de la política exterior española, poco visible más allá del impulso que haya podido darle el rey Juan Carlos en momentos y ámbitos puntuales, quien desde luego nada tiene que ver con los partidos en el Gobierno ni con los ministros del ramo. Mientras lo que podrían llamarse ‘propósitos activos’ de nuestra diplomacia se muestran realmente inexistentes.

Lo cierto es que el PSOE y el PP, uno por otro y otro por uno, no sólo han sido incapaces de convenir una política definida a medio y largo plazo sobre Gibraltar, sino que ese delicado terreno les ha servido para enzarzarse entre ellos, a veces con uñas y dientes, sin más interés que el electoralista y con demasiada frecuencia. Y ello al margen de que ambas formaciones políticas también hayan tomado el Peñón cuando les ha convenido como bandera para arriar determinadas señas de identidad partidista (humanitarias, de fraternidad, solidarias, patrióticas, populistas…), ajenas sin la menor duda al problema de fondo, y como generador puntual de cortinas de humo con las que distraer la atención de otros problemas y amenazas de mayor importancia: pura tinta de calamar para enmascarar la realidad política ante la opinión pública en momentos ‘delicados’… Y después ¡pelillos a la mar y vámonos de copas!

Desde la reapertura de la Verja en diciembre de1982 (que desde luego fue un generoso regalo de Navidad), la incompetente diplomacia española no ha dejado de sembrar chafarrinadas en el contencioso gibraltareño. En 1985, el ministro socialista Fernando Morán hizo alarde de una ingenuidad política extrema proponiendo una soberanía conjunta para la colonia y su posterior restitución a España con el compromiso de preservar el modo de vida de los gibraltareños y de mantener su nacionalidad británica, todos sus derechos políticos y laborales ya existentes, el autogobierno y las instituciones (el acuerdo se dejaría abierto para establecer un condominio o propiedad compartida en el plazo de 15/20 años)…

En 1997, el ministro Abel Matutes (PP) hizo una nueva propuesta en la que se preveía un período de cien años de soberanía conjunta antes de que se transfiriera definitivamente a España. El enfoque, esquemáticamente similar al anterior pero llevando la soberanía conjunta prácticamente ad infinitum, llegó a contar en la primavera de 2002 con el acuerdo provisional de José María Aznar y Tony Blair, quienes dieron por buenas las conversaciones que habían celebrado sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Josep Piqué y Jack Straw: otro entretenimiento diplomático que fue abandonado por el duro rechazo que provocó en los gibraltareños, que ese mismo año llegaron incluso a convocar un referéndum sobre la soberanía de Gibraltar…

Un perfecto juego de ‘correveidiles’ tras el que el socialista Miguel Ángel Moratinos no dudó en pasar a la risible historia de la diplomacia española como el primer titular de Exteriores que cruzó la Verja. Y lo hizo el 21 de julio de 2009, nada menos que para reunirse con el ministro Principal de Gibraltar, Peter Caruana, y con el ministro británico de Exteriores, David Miliband, al amparo de un invento ‘zapateril’ del año 2004, el ‘Foro de Diálogo’, que llevó a negociar vergonzosamente el contencioso de marras a tres bandas con el mismo nivel de representación (España, Reino Unido y Gibraltar).

Aquel encuentro -todo un paradigma del esperpento- tuvo como objetivo “concertar nuevas medidas de cooperación en beneficio de la población de la zona”, pero sin entrar en la discusión de la soberanía de la colonia, cedida a los británicos por el Tratado de Utrecht (1713), ni en la de las aguas que la rodean. Una vez obviada esta cuestión fundamental, las tres partes (y aceptando España a Gibraltar como ‘parte legítima’) anunciaron acuerdos en materia de cooperación marítima y medioambiental, de lucha contra el crimen organizado y de visados, que se unieron a otros ya alcanzados desde la creación del ‘Foro de Diálogo’ en 2004, como el “uso compartido del aeropuerto”.

Inmediatamente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró que aquella visita histórica era un “terrible error” porque sentaba el “peligroso” precedente de tratar a Gibraltar como un país soberano. Lo llamativo del caso es que en las calles por donde pasaba Moratinos, los gibraltareños no dejaban de exhibir banderas de Gibraltar y del Reino Unido como forma de reivindicación ante el ministro español y, por supuesto, de humillarle, mientras al otro lado de la Verja algunos compatriotas españoles le esperaba de regreso con una pancarta en la que se leía: “Por la dignidad de España. No tiremos por la borda 300 años de firmeza”… 

LA ‘BOTA MALAYA’ DEL MINISTRO CASTIELLA

Claro está que, siendo los políticos británicos y gibraltareños más astutos y prácticos que los españoles, todas esas conversaciones (que son un puro entretenimiento diplomático) no han servido para nada. O, todavía peor, sólo han servido para mejorar la posición de los propietarios del Peñón en todos los órdenes.

Para comprobarlo, baste comparar la evolución política, territorial y socio-económica, de la colonia de Gibraltar desde la firma del Tratado de Utrecht hasta nuestros días, incluso en lo relativo a su asentamiento positivo dentro de la Unión Europea y del Derecho Internacional y, en particular, la que se inicia con la reapertura de la Verja en 1982. Hoy en día, el Peñón y la singular especie ciudadana que lo habita están mejor que nunca, gracias sobre todo al errático tratamiento de la cuestión por parte española, asentada en la farsa y el esperpento, cuando no en el inconfesado masoquismo con el que se caracteriza su praxis diplomática.

Y todo ello muy lejos, desde luego, de la política de ‘bota malaya’ sobre Gibraltar que le hubiera gustado desarrollar a Fernando María Castiella, el diplomático, catedrático de Derecho Internacional Privado y ministro de Asuntos Exteriores franquista que cerró la ‘Verja’ en 1969. Luis María Anson describe de forma acertada en un artículo de opinión titulado “Castiella, Gibraltar, Garel-Jones, Margallo” (El Mundo, 22/08/2013) el inamovible pilar en el que descansa la posición británica sobre el contencioso gibraltareño, para resumir a continuación la política lamentablemente inconclusa de aquel ministro franquista, contraponiéndola a la del desatinado ministro socialista Miguel Ángel Moratinos: 

(…) El ministro Castiella tuvo conciencia clara de esa realidad y estableció una política consistente en hacer la vida lo más ingrata posible a los gibraltareños. Era y es el único camino. Si los gibraltareños disfrutan de todos los beneficios no se cuarteará nunca su voluntad de ser lo que son. Si España convierte el Peñón en un lugar inhóspito las cosas podrían cambiar. Castiella no llevó adelante todo lo que pensaba, pero sabía muy bien lo que se debía hacer y me lo explicó detenidamente en una larga conversación que mantuve con él. Era un hombre muy inteligente. Decidió cerrar la verja y proyectó cortar el suministro de agua española, de líneas telefónicas y de electricidad. Tenía pensado trasladar al entorno de Gibraltar las industrias menos salubres de España y absorber la mano de obra marroquí. Su propósito consistía en incomodar hasta el límite la vida de los gibraltareños. El ministro Moratinos cometió el desatino de hacer todo lo contrario. Convirtió al Gobierno del Peñón en interlocutor tripartito y benefició a los gibraltareños con toda clase de prebendas, cerrando los ojos ante el blanqueo de capitales, los delitos fiscales, el contrabando desaforado, los negocios ‘on-line’… 

Paréntesis: La ‘bota malaya’ es un artilugio de tortura fabricado en madera con un mecanismo de ‘prensado’ que, al girar una palanca en forma de tornillo, la va encogiendo por dentro, aplastando así el pie de la víctima y rompiendo sus huesos con terribles dolores.

EN LA SENDA DE LA TORPEZA Y LA INDIGNIDAD NACIONAL

Y así, más o menos, se ha venido orquestando una especie de ‘Bolero’ político similar a la celebrada obra musical de igual título compuesta por Maurice Ravel en 1928. Un movimiento orquestal cadencioso, inspirado en la danza española y con un tempo invariable, con una melodía obsesiva -un ostinato- en do mayor, que se repite una y otra vez sin más modificación que la de los efectos sinfónicos, en un crescendo que culmina con una modulación a mi mayor y una coda o movimiento final estruendosa; un ejemplo magnífico de lo que musical y políticamente se llama ‘estudio de orquestación’.

Porque España, que va de monaguillo -ni siquiera de misacantano- en todos los fregados internacionales, incluyendo un montón de guerras y campañas de solidaridad mundial (que le vienen anchas y algunas ni le van ni le vienen), no ha avanzado ni medio metro en lo que debería haber sido un claro e irrenunciable compromiso de reclamar la soberanía del Peñón de Gibraltar de forma permanente a partir de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, ya citadas, instando a la Potencia administradora a negociar su descolonización. Todas ellas incumplidas.

Una responsabilidad que, de entrada, debería mantener unidos a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, de forma indisoluble. Porque si algo distingue a los países serios de los que no lo son, es el hecho de que, cuando cambian sus gobiernos, siendo incluso de signo ideológico contrario, la política exterior permanece inalterable en sus objetivos y principios esenciales; algo que los británicos tienen perfectamente asumido y con éxito contrastado.

Sin embargo, nuestra política sobre Gibraltar se caracteriza, sobre todo, por la controversia partidista, por el afán de cada formación política de deshacer lo hecho por otra, o por la toma de decisiones gubernamentales previstas como contrarias a las que tomaría la oposición, en un ejemplo perfecto del inacabado e inacabable manto de Penélope, tejido durante el día y destejido por la noche. Si un gobierno cierra la Verja, que fue una decisión coherente y acertada en todos sus términos (aunque la tomara el general Franco), y que como hemos dicho fue mantenida con firmeza por los presidentes de la extinta UCD (Suárez y Calvo-Sotelo), otro la abre de forma gratuita, sin obtener ninguna contraprestación política efectiva, y otro eleva más tarde a Gibraltar al rango de ‘Estado soberano’ sólo ‘porque sí’, sin cruzar palabra con la oposición que más tarde tendrá ocasión de hacer todo lo contrario…

Paréntesis: Antonio Cánovas del Castillo, la figura más relevante de la política española en la segunda mitad del siglo XIX, nos legó una frase bien elocuente al respecto: “Con la patria se está con razón o sin razón; como se está con el padre y con la madre”. Lo que pasa es que la actual clase política carece de ‘patriotismo’ (algunos en la derecha recalcitrante lo confunden con el ‘patrioterismo’ y otros, en la izquierda vergonzante, repudian directamente el término). 

Hoy, España y el Reino Unido comparten los mismos principios comunes de las democracias occidentales, inmersas en la realidad ‘global’ del mundo; son Estados-miembro de la Unión Europea y de la OTAN y mantienen unas buenas relaciones bilaterales. Pero, a pesar de eso, Gibraltar pervive como la única y anacrónica colonia instalada en Europa, engrandeciéndose cada vez más el problema gracias a la aberrante política exterior española, que precisamente en ese marco de relaciones internacionales tiene todo a su favor para cortar de raíz la gangrena gibraltareña.

España ha perdido oportunidades históricas para zanjar de forma razonada y honorable el contencioso sobre Gibraltar, sobre todo por culpa del PP y del PSOE y por la falta de dignidad nacional con la que unos y otros negociaron nuestra entrada en la OTAN y nuestras sucesivas adhesiones a los Tratados Europeos ‘sin arreglar lo nuestro’. Es decir, ‘con los pantalones bajados y el espinazo doblado’, indigna postura política ensayada cada tres por cuatro en los contenciosos con Marruecos, Bolivia, Argentina, Venezuela… como icono de nuestra estrategia diplomática, sólo aliviada con algún que otro discutido “¿por qué no te callas?” regio, o peor todavía por los trapicheos propios de  ‘la España Corinnata’ (ver Newsletter 53, 17/03/2013).

LA SOLUCIÓN: PUÑO DE HIERRO CON GUANTE DE SEDA…

La actitud política de Gibraltar, enrocada en un juego creciente de hechos consumados y constantes desafíos a España, amparados en la arrogancia chulesca de quien se siente protegido por ‘el primo de Zumosol’ (la Gran Bretaña), merece una reflexión y una respuesta estable que vaya mucho más allá de la advertencia lanzada por el ministro García-Margallo (“Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos”), que no vamos a criticar pero que tiene toda la apariencia de ser una fumarola diplomática más que se volverá a saldar sin ventaja para España. Respuesta que, desde luego, debería estar respaldada al cien por cien por el PSOE, anteponiendo la dignidad y el interés del Estado a la mezquindad de algunos particulares (que utilizan de forma sistemática la falsedad de una ‘hambruna’ en la zona, realmente inexistente, con objeto de justificar sus prácticas delictivas) y relanzando en cualquier caso como haya que relanzar la vida económica del Campo de Gibraltar.

El incidente de la arbitraria construcción de un muro submarino de cemento por parte de Gibraltar en aguas contiguas al Peñón, innecesario salvo para perjudicarlas como caladero de la flota de bajura linense y de mucha menor importancia que otras muchas iniciativas y actividades gibraltareñas ilícitas en el ámbito económico, financiero, fiscal, urbanístico y medioambiental, y que altera una vez más el statu quo del momento, no deja de ofrecer una magnífica excusa para cortar de raíz la escalada de abusos gibraltareños y volver a la política de “tolerancia cero”. Sobre todo si lo hace un Gobierno apoyado por una mayoría parlamentaria absoluta y cuyos votantes sienten inédito el ejercicio efectivo de tal poder en asuntos de Estado.

Lamentablemente, la pusilánime y contradictoria política de España sobre Gibraltar, asentada en imprecisas piruetas diplomáticas y enfrentamientos partidistas que seguramente reaparecerán a corto plazo y que suponen un trabajo perfecto en favor del oponente, ha generado una doble corriente de opinión. Al margen de la que ‘pasa’ del problema por desánimo político y total desconfianza en la clase dirigente, empezando por los partidos y terminando por los sindicatos; sin ignorar que, integrados en la UE el tema de las soberanías cada vez es más nimio y se diluye más.

En las dos posiciones esenciales, se sitúan, por un lado, quienes arrían con toda legitimidad la bandera de la dignidad nacional, exigiendo las decisiones más duras en todos los órdenes y con todas sus consecuencias y, por otro, quienes estiman conveniente reconducir las relaciones con el Reino Unido, fomentando y mejorando un entendimiento bilateral más práctico en una línea ‘persuasiva’ antes que ‘reivindicativa’.

Pero es que ese planteamiento ‘optativo’ es un tremendo error, porque las cuestiones de Estado (y el contencioso con Gibraltar sin duda lo es) no admiten la división de opiniones, el ser partidarios a conveniencia -valga el ejemplo- del equipo de fútbol preferido, como sucede en las ligas nacionales, porque quien juega es la selección española. Y en este caso sólo se pueden discutir, las diferentes estrategias, tácticas o alineaciones, pero no la selección en sí que es la que es y no puede ser otra.

Esto quiere decir que ‘las corrientes de opinión’ sobre la política relativa al caso, deben desaparecer y quedar subsumidas en una sola: la del Estado. Cosa relativamente fácil porque la línea reivindicativa y la línea persuasiva pueden y deben complementarse y caminar juntas, de la mano, sin causar el menor problema; ‘puño de hierro con guante de seda’ (y no el hierro o la seda), lema efectivo e irrenunciable de los países con verdadera política exterior.

Eso supone un exigente seguimiento de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU instando de forma reiterada a resolver la “Cuestión de Gibraltar”; la persecución permanente de cualquier actividad delictiva con origen en Gibraltar que atente contra los legítimos intereses españoles de todo tipo (político, económico, medioambiental, sanitario…), incluyendo la de los cómplices y cooperadores necesarios de nacionalidad española, sean personas físicas o jurídicas (millonarios, bancos, compañías de telecomunicación…); el control exhaustivo de la frontera, dado que no está incluida en el espacio y la cooperación del Tratado de Schengen; la declaración y vigilancia  de las necesarias zonas estratégicas de exclusión aérea y marítima por razones de seguridad nacional, etc… Y, por supuesto, la cancelación de todos los acuerdos bilaterales ‘permisivos’ suscritos por cualquier gobierno anterior, junto con la rediscusión de todo lo gestionado por Gibraltar en la UE con visos de ilegitimidad o ilegalidad: por ejemplo la admisión en la FIFA del equipo de fútbol de Gibraltar…

… Y A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

Todo ello compatible y en total armonía con la natural perfección de las relaciones anglo-españolas en cualquier ámbito razonable, empezando por el humanitario y hasta promoviendo, si fuera necesario, un Día Nacional de Confraternización con los turistas y residentes británicos en España o un monumento a la gaita escocesa en la Plaza Mayor de Madrid… Pero “a Dios rogando y con el mazo dando”, que es lo que han hecho nuestros amigos ingleses toda su vida y en todas partes, exactamente como hacen en el tema de Gibraltar.

Porque mantener la frontera abierta y respetar los derechos legítimos de los gibraltareños, no impide, por ejemplo, recrecer en paralelo la Verja de siete pies de altura instalada por los británicos en 1908 con otra de siete metros para impedir el trapicheo constante de tabaco; ni prohibir la salida de España de los áridos y materias primas utilizados en Gibraltar para ganarle terreno al mar, que nuestros sucesivos gobiernos han venido permitiendo hasta ahora de forma complaciente; ni perseguir con mucha mayor dureza sancionadora las prácticas contrabandistas y el blanqueo de dinero; ni gravar con mayores tasas los servicios públicos del entorno sobre-utilizados por la influencia de Gibraltar (accesos, transportes, servicios sanitarios…); ni plantear un plan especial de desarrollo comarcal que compita laboral y comercialmente con Gibraltar de una vez por todas…

Es decir, conjugando el ‘saber nadar’ con ‘guardar la ropa’, obligando a los gibraltareños y sus padrinos/protectores a cumplir con todas las leyes que deban cumplir, cosa incómoda pero de eficacia demostrada, y competir de forma más inteligente y ‘simétrica’ con su propio modelo de desarrollo. Porque si España ha sido tan decidida en la construcción de aeropuertos fantasmas, en el desarrollo de grandes equipamientos comerciales y de ocio, en la promoción de parques tecnológicos y empresariales, en la captación de eventos culturales y deportivos o en construir ‘Eurovegas’ allí donde realmente no hacen falta, ¿qué cosa mínimamente seria han hecho todos los gobiernos centrales y autonómicos para desarrollar el campo de Gibraltar…?

Y si la Royal Navy gusta del juego-amenaza de sacar pecho con maniobras y adiestramientos militares en el entorno gibraltareño, pretendiendo con ello humillar a las Fuerzas Armadas de un país amigo, ¿por qué no se le da la debida respuesta dentro de la OTAN y de la UE…?

¿Y por qué razón España no tiene entonces ninguna instalación militar de nivel táctico en la zona más inmediata y no realiza en ella ningún ejercicio de adiestramiento con visos de respuesta…? ¿Por qué las unidades de la Legión acuarteladas en Ronda o en Viator no asoman de vez en cuando sus atributos militares por el Estrecho, encaradas a Gibraltar…? ¿Y qué hace un Regimiento de Artillería pintando la mona en Astorga en vez de pintarla en Algeciras o en La Línea de la Concepción…?

Frente a la frustrante historia de la ‘Cuestión de Gibraltar’ y a la estulticia conjunta de su actual ministro Principal, Fabián Picardo, y de su Gobierno de opereta (que al cambio representa la mitad de la mitad del Ayuntamiento de Móstoles, por ejemplo), sólo cabe ya dar la batalla reivindicativa de la soberanía española de forma total e irreversible, tomando medidas legales inflexibles y con argumentos y estrategias adecuadas en todos los frentes (jurídicos, económicos, diplomáticos…). Pero -mucha atención al detalle- siempre y cuando exista un acuerdo al respecto de amplia base política y declarado inquebrantable, a cuyos efectos sería obligado suscribir un Pacto Nacional con la correspondiente fijación de principios y directrices que habrían de mantener los sucesivos gobiernos de la Nación.

Ya no caben más debates, fijación de posiciones políticas, pedradas en ojo ajeno ni monsergas partidistas. Sólo un acuerdo serio entre el PP y el PSOE -cosa difícil porque hoy por hoy no se les reconoce tal condición-, sin excluir por supuesto a los demás partidos con representación parlamentaria, como ya se ha hecho en otras cuestiones de Estado, bien que en tiempos políticos mejores. Porque Gibraltar y el Reino Unido se vienen pasando a España por el arco del triunfo 300 años y es de temer que, con políticos tan bacinillas como los actuales, se la seguirán pasando de por vida; de hecho, es lo mismo que ha sucedido con la implantación de los grupos etarras en las instituciones políticas del País Vasco, propiciada de consuno por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez-Rubalcaba.

El teniente general Pedro Pitarch concluía un antiguo artículo sobre Gibraltar publicado en ABC (10/12/2009) de esta forma: “Cuando se regalan ciertas cosas, no sólo se podría estar haciendo dejación de una responsabilidad histórica, sino que se fomenta que el contrario se crezca. En última instancia el innegable placer de regalar se hace con el patrimonio de uno, no con el de todos”.

Aplaudimos esta apreciación de Pitarch (siempre es un placer citarle cuando lleva razón), pero no compartimos el entusiasmo que en el artículo de su blog titulado “Recreo gibraltareño” (06/08/2013) muestra con la ya citada sentencia del ministro García-Margallo sobre el caso: “Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos”. Bien dicho, pero no será así. Sabiendo con quien nos la estamos jugando y escrito lo que hemos escrito, es muy de temer que pronto vuelva el recreo gibraltareño y con ‘chuches’ de regalo.

El Diccionario de la RAE define el término ‘secuela’ como una “consecuencia o resulta de algo”, indicando su carácter generalmente negativo con una acepción complementaria en el ámbito médico como “trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad o un traumatismo, y que es consecuencia de ellos”.

En el terreno concreto de la creación literaria, sea del género que fuere, una secuela es cualquier novela, película u obra de ficción nacida después de otra obra completa inicial y que se desarrolla en un mismo ‘universo’, pero en un tiempo posterior. Normalmente, la secuela contiene elementos de la obra original, como escenarios, situaciones y personajes, aunque estos pueden ser sustituidos (por ejemplo, si un personaje muere en la primera obra, otro -un  hijo u otro tipo de ‘heredero’- puede tomar su lugar).

Y también existe la ‘precuela’ (que algunos prefieren denominar ‘presecuela’ o ‘protosecuela’, e incluso ‘continuación retrospectiva’ en contraposición a la ‘secuela’ o ‘continuación prospectiva’), aunque sin mucho soporte filológico y sólo como parte de la jerga utilizada en el mundo de la cinematografía. El término se utiliza para describir obras cuya acción sucede antes de la obra original (Star Wars es la película más conocida con varias precuelas o continuaciones retrospectivas, que siempre han de superar el problema de tener que mantener el interés de un público que más o menos sabe cómo va a terminar la historia)…

Por otra parte, es igualmente conocido el dicho de que “la historia tiende a repetirse”; es decir, la forma de cómo funciona el engranaje del desarrollo histórico con recreaciones más o menos cíclicas. De hecho, Karl Marx iniciaba su ensayo “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte” (escrito en 1852) con este comentario al respecto: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío…”.

Pues bien, tras estas consideraciones, no deja de ser oportuno realizar un análisis del ‘caso Bárcenas’, hasta ahora tratado de forma exhaustiva en términos de pura actualidad política y judicial, precisamente enfocado a sus secuelas más inmediatas, conectadas también con alguna curiosa precuela; es decir, un análisis en términos de continuidad prospectiva y retrospectiva. De esta forma, se podría predecir mejor su efecto final sobre el Gobierno de Rajoy y sobre el propio futuro del PP.

ANTES SE COGE A UN MENTIROSO QUE A UN COJO

Cierto es que algunas, o muchas, de las irregularidades manifestadas en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ (no olvidemos que ‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’ son aspectos de una misma trama de financiación ilegal y corrupción política), pueden no ser constitutivas de delito penal o que, siéndolo, hayan podido prescribir para determinados ejercicios contables dado su remoto origen temporal. Sin embargo, la cantidad de imputados e imputables -todos ellos relacionados con el aparato del PP- por la presunta comisión de hechos tipificados en el Código Penal así como la notable cantidad de testimonios y documentos probatorios, anuncian un proceso con bastantes condenas probables, al margen de las responsabilidades que puedan derivarse en el ámbito fiscal.

Nadie desea negar la presunción de inocencia de los imputados. Pero de lo mucho que ha trascendido a partir de la instrucción sumarial, la opinión pública deduce una verdadera ‘trama delictiva’ -más que delitos aislados de afección personal- y, por supuesto, graves responsabilidades de naturaleza política.

La cuestión es que, habiéndose gestionado el caso por parte del PP tan mal como se ha gestionado, con una dirección desenfocada y una actitud altiva y enrocada desbordada por los acontecimientos, pretendiendo negar la mayor de forma infructuosa (la existencia de la contabilidad B y el origen y destino de sus fondos) y tratando de endosar todas las culpas a los ‘chivos expiatorios’ de la causa que han sido cogidos con las manos en la masa, el efecto letal generado tiene muy mala reconducción en sus últimas consecuencias ante la opinión pública.

Pensar que, tras la insatisfactoria comparecencia de Mariano Rajoy del pasado 1 de agosto en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones del ‘caso Bárcenas’ (que, insistimos, en realidad se debe identificar como el mucho más complejo ‘caso Gürtel-Bárcenas’), todo pueda quedar en agua de borrajas -o en la condena de unos pocos ‘pringados’ ajenos a la alta dirección del partido-, es cosa ciertamente ilusoria, por mucho que algunos crean que la justicia se encuentre condicionada en extremo por el poder político. Antes al contrario, esa creencia bien podría tener ahora, justo en este escandaloso asunto y en estos momentos de grave crisis económica e institucional, la respuesta adecuada en el ámbito jurisdiccional, ejemplar y ejemplarizante, dado el insoportable nivel al que han llegado la corrupción política y la propia manipulación del Poder Judicial.

Durante la citada comparecencia, todos los grupos parlamentarios de la oposición advirtieron a Rajoy por activa y por pasiva que su afirmación del “yo no soy culpable” (a pesar de ser el líder del PP), tendría consecuencias letales para él y para su partido en cuanto se revelase como mentira formal por sentencia judicial e incluso si se dieran a conocer nuevas pruebas de culpabilidad irrefutables. Y es que, dada la dinámica de las revelaciones del caso y la evidencia de los múltiples comportamientos delictivos que han venido protagonizado relevantes miembros de su aparato, al menos a nivel de creencia o intuición social (pendientes de confirmación en los tribunales de justicia), todo indica que el PP se ha financiado desde hace muchos años de forma ilegal, recibiendo comisiones encubiertas contra la adjudicación de contratos públicos y repartiendo ‘dinero negro’ a mansalva entre sus altos cargos y la banda de recaudadores mafiosos operadora de la trama.

La auto-exculpación de Rajoy, su declarado desconocimiento de lo que hacía y deshacía el gerente del partido que él mismo presidía (lo que en todo caso es una dejación de responsabilidad inaudita), a quien él ascendió mediante decisión personal al relevante cargo de tesorero, con sillón en la Ejecutiva Nacional, y a quien también avaló para que obtuviera un escaño de senador ‘cunero’ por Cantabria en dos legislaturas seguidas (VIII y IX), y su afán por que otros se coman el marrón del caso (Bárcenas, Correa y todos los que vayan cayendo en la refriega de imputados), no tiene buen color ni para él ni para el PP, partido que sustenta al Gobierno.

Y esto es tan evidente que, como han recogido todas las encuestas realizadas al efecto, la inmensa mayoría de los españoles dan por ciertas y exactas las acusaciones de Bárcenas y de otros implicados en la ‘trama Gürtel-Bárcenas’ y por mentirosos los argumentos de defensa expuestos por Rajoy y demás portavoces oficiales del PP. Nada más torpe y políticamente peligroso que creer en la estupidez de los administrados y que son incapaces de distinguir la verdad de la mentira.

Paréntesis: La creencia de que, a tenor, por ejemplo, de los resultados obtenidos respectivamente por el PP y el PSOE en las pasadas elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, la corrupción no descuenta votos, es un tremendo error. Y el análisis detenido de esa mera apariencia, incluyendo la particular situación de todas las fuerzas políticas en liza, así lo corrobora.

Pero… “alea jacta est” (la suerte está echada), como en su caso hubiera dicho Julio César. Y sabido es que, en efecto, antes se coge a un mentiroso que a un cojo y que las mentiras, aunque lo sean por simple ocultamiento de la verdad y no por falsearla directamente, siempre se descubren y siempre se pagan.

EL PROBLEMA DE MENTIR SIN OFICIO SUFICIENTE

El filósofo y moralista griego Epicteto, maestro de la escuela estoica, nos legó la máxima de que “los embusteros son la causa de todos los delitos que se cometen en el mundo”. Rajoy la puede desconocer o no, pero la actitud que viene manteniendo en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ dice muy poco en favor de su sentido de la ética política, que, dada su alta responsabilidad como presidente del Gobierno, debería llevarle mucho más allá de la mera defensa de los intereses espurios de su partido y de su mala praxis en el plano administrativo y financiero.

A tenor de cómo está la cosa, y de la politización y el desprestigio social de los organismos encargados de controlar al sector público, como el Tribunal de Cuentas, Rajoy debería repensar su cita exculpatoria y recurrente a la aprobación de la contabilidad oficial del PP por parte del mismo, porque es tan infantil como absurda (lo que está en cuestión no es la contabilidad A del partido sino la B). Con esa ridícula insistencia, y muy al contrario de lo que pretende, el presidente del Gobierno engrandece su perfil de mentiroso público, ya arraigado en la sociedad española por el incumplimiento de sus promesas electorales.

Además, alguno de los asesores áulicos de Rajoy, por ejemplo Pedro Arriola, debería advertirle que el éxito de la mentira política, siempre momentáneo, requiere del mentiroso que la sustenta un cierto carisma, una mínima carga de empatía con los sujetos a engañar, que ni acompaña ni acompañará nunca su triste y grisácea personalidad de opositor meritorio al Cuerpo de Registradores de la Propiedad. Es, quiérase o no, y aunque guarde dentro de si otros valores personales que no vamos a discutirle, un hombre frío, distante, de humanidad desconocida, sin credibilidad contrastada a pesar de su larga dedicación a la política, un político sin el menor carisma ni atractivo personal alguno y, por tanto, sin capacidad para convencer o ser creído en situaciones de controversia pública.

Así, bajo esa capa socialmente nada atractiva ni convincente (en política la apariencia no deja de ser parte de la realidad misma), es muy difícil ‘mentir correctamente’, es decir con la esperanza de ser creído. Porque la imagen falsaria puede más que la posible verdad en juego, hasta el punto de que el castigo del embustero, siendo éste real o aparente, es precisamente no ser creído aun cuando diga la verdad…

Otro paréntesis: ¿Qué sería de Rajoy si, en vez de enfrentarse a un Pérez Rubalcaba (otro que tal baila) se las tuviera que ver con un Felipe González, o incluso con un Adolfo Suárez…? La realidad es que un peso bien ligero de la política como Rodríguez Zapatero, le mojó la oreja a placer en dos elecciones generales sucesivas, que ya es decir; que sus correligionarios nunca le reconocieron méritos ni capacidad alguna para el liderazgo y que la designación digital de Aznar para que fuera su sucesor ha sido lamentada incluso por su propio mentor…

LA LETAL SECUELA DE LA MENTIRA POLÍTICA

Claro está que en este balance sobre la credibilidad o incredibilidad de Rajoy, hay hechos poco conocidos de tiempos pasados, bien reveladores de su oportunismo personal, que también juegan en su contra. Por ejemplo, los que se refieren a la vulneración de la Ley de Incompatibilidades de los Funcionarios Públicos, la Ley Hipotecaria y la Ley Electoral para controlar el destino de los recursos de los distintos registros de la propiedad de los que fue titular entre 1980 y 1990, siendo cargo público en Galicia y en el Congreso de los Diputados (ver detalles en “Mariano Rajoy vulneró la Ley para ganar los concursos de los Registros de la Propiedad de Padrón, Berga, Elche 3 y Santa Pola”).

Otros, los más conocidos, vienen surgiendo de forma continua desde que asumió la presidencia del Gobierno, bien relacionados con su torpe gestión de la crisis económica o bien en relación con el amasijo de mentiras con las que envuelve, cada vez con peor estilo político y personal, el deplorable contencioso que mantiene con su antes amiguísimo Bárcenas, y que por esa vía contumaz de negar la evidencia se ha convertido ya en el ‘caso Rajoy’. Entre estos últimos, destaca el desmontaje de su falsa declaración en la comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado 1 de agosto, cuando afirmó: “Señorías, ya se lo he dicho antes, me he equivocado; pero cuando yo fui elegido presidente del Gobierno, el señor Bárcenas no estaba en el partido, no era el tesorero, ni tenía representación política”.

Porque, a los pocos días, El Mundo (11/08/2013) dinamitaba su alharaca de político franco y transparente reproduciendo en portada la nómina oficial de Bárcenas de mayo de 2012 en el PP (tres meses después de haber sido reimputado y pasados cinco desde que Rajoy fuera nombrado presidente del Gobierno): nada más y nada menos que de 18.257 euros sobre 14 pagas/año. Es decir, dejándole en evidencia como un político mentiroso, ‘colgado de la brocha’ como aquél a quien, estando pintando el techo, de repente se le quita la escalera’…

Otro tanto sucedió apenas dos días después (13/08/2013) con la declaración prestada ante el juez instructor del caso por Cristóbal Páez, ex gerente del PP y su tesorero oficioso entre julio de 2008 y abril de 2010, persona bien informada al respecto, confirmando sin duda alguna la existencia de una contabilidad B dentro del partido.

De hecho, Páez reconoció que entre los años 1986 y 1989 elaboró varios informes como asesor laboral del partido que le fueron abonados siempre sin factura y en metálico (nunca declarados a Hacienda) y que, incluso, él mismo recibió dos ‘sobres’ en dinero negro de 6.000 euros cada uno en los años 2006 y 2007, registrados perfectamente en los ‘papeles de Bárcenas’. Una confesión con la que el juez instructor ya tiene acreditada la veracidad de 55 pagos y donativos anotados en los mismos.

Páez declaró que tuvo personalmente en sus manos diversos recibís de pagos de empresas al PP y, también, que llegó a guardar en su propio domicilio los apuntes contables de Bárcenas por miedo a que la autoridad judicial ordenase un registro de la sede central del PP, documentos que más tarde devolvió al partido porque “le quemaban en las manos”…

Pero es que en esa escalada demostrativa de la práctica mentirosa de Rajoy (“siempre se ha pagado en blanco”), hemos conocido acto seguido (14/08/2013), y por la declaración en sede judicial de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que el propio presidente del partido (junto con Javier Arenas) fue quien en marzo de 2010 pactó con Luis Bárcenas (ahora el ‘delincuente’ Bárcenas) su nueva y generosa nómina cuando se reincorporó a su función laboral tras concluir su excedencia laboral forzosa derivada de su cargo de senador. Y que, entonces, ella misma fue informada por Rajoy de las condiciones laborales de Bárcenas, de que se le pagaría su defensa jurídica y de que dispondría de un despacho/sala, una secretaria y un coche oficial del partido con chófer, situación que se prolongó hasta enero de 2013…

De forma que volvemos a lo que de forma razonable y necesaria se está preguntando todo el mundo: ¿Cómo ha podido decir Mariano Rajoy, salvo mentira premeditada y manifiesta, que cuando llegó a la Presidencia del Gobierno, nada tenían que ver él y su partido con Bárcenas…?

Pero, en este patético intento de desentenderse política y judicialmente del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, se está llegando a mucho más. Con independencia de la actitud de la actual secretaria general del PP, tanto Francisco Álvarez-Cascos como Javier Arenas, predecesores en el cargo (el primero en el periodo 1989-1999 y el segundo en 1999-2003), descargaron en Álvaro Lapuerta, que fue el tesorero del PP bajo la dirección de ambos, toda la responsabilidad en el control de la legalidad de las donaciones al partido, buscando otro ‘pagano’ de culpas propias o corporativas sin pensar que, por su privilegiada información, podría lanzar en cualquier momento y por muchos caminos, directos o indirectos, voluntarios o involuntarios, algún que otro demoledor torpedo contra quienes con tanta alegría le quieren endosar el ‘marrón’ del caso.

Porque, a pesar de lo declarado por los ex secretarios generales del PP está claro que, a tenor del artículo 42 de los Estatutos del partido, ellos son quienes ostentan la dirección de todos sus servicios. O, dicho de otro modo,

está claro que el otorgamiento de poderes o la delegación de funciones a favor del tesorero, cosa que al parecer era habitual por razones operativas, no elimina automáticamente las responsabilidades de las personas que las titulan.

Por otra parte, tampoco es fácil de entender que habiéndose llamados ya a declarar como testigos a dos ex secretarios generales del PP (Álvarez-Cascos y Arenas), junto con quien desempeña el cargo actualmente (María Dolores de Cospedal) no se haya citado también y a los mismos efectos a Mariano Rajoy, que fue secretario general del partido a partir de 2033 y hasta su nombramiento como presidente en octubre de 2004, ni a Ángel Acebes que lo fue desde 2004 hasta 2008…

LA SIGNIFICADA PRECUELA DEL ‘CASO NASEIRO’…

Y por si lo dicho fuera poco, en contra de Rajoy también juega la precuela del ‘caso Naseiro’: un escándalo previo de corrupción política sustentado en una trama muy similar a la del ‘caso Gürtel-Bárcenas’. Ya perdido en la memoria pública tuvo su origen el 28 de noviembre de 1988, cuando la Brigada de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia procedió a investigar por orden judicial un supuesto tráfico de drogas, ‘pinchando’ con ese objeto la línea telefónica de Salvador Palop, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y cuyo hermano, Rafael Palop, aparecía vinculado al origen de la operación.

Pero el contenido de las cintas grabadas descubrió asuntos muy distintos a los esperados, puesto que recogieron conversaciones mantenidas entre miembros relevantes del PP en las que se planteaban negocios fraudulentos de carácter inmobiliario, parte de cuyos beneficios, según se pudo conocer más tarde, irían destinados a financiar al partido. Como consecuencia de aquella investigación, el 9 de abril de 1990, el entonces titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Valencia, el magistrado Luis Manglano, ordenó la detención, entre otros, de Salvador Palop y de Rosendo Naseiro, tesorero del PP, por su presunta implicación en la concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones que sirvieron para la financiación del PP, según las acusaciones.

No obstante, tras tres días de declaraciones, en los que todos los detenidos estuvieron incomunicados, el juez se vio obligado a la  inhibición en favor del Tribunal Supremo al descubrir que podía estar implicada una persona aforada, que resultó ser el diputado por Valencia y ex tesorero del PP Angel Sanchís. Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo consideró entonces que los hechos constituían un delito de cohecho en grado de conspiración, por los que pidió para los tres políticos populares un total de nueve meses de prisión y 31,5 millones de pesetas de multa. 

La cuestión es que las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial. Por esta razón, el Supremo estimó la petición de los abogados defensores de que se anularan como prueba de cargo las conversaciones telefónicas que habían mantenido los finalmente encausados (Naseiro, Sanchís, Palop y el empresario José Balaguer), al considerar que en su grabación se había vulnerado el derecho a la intimidad de los mismos, ordenando la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las llamativas conversaciones de los implicados (el texto de las conversaciones grabadas se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, pero jurídicamente carecen de valor probatorio).

En consecuencia, tanto el fiscal como los querellantes retiraron todas las acusaciones, ya que una vez anulada la principal prueba de cargo les era imposible mantener su posición en la causa…

Una precuela (o ‘continuación retrospectiva’) de la historia de marras sin duda reveladora en estos momentos, que los clásicos del periodismo político conocen bien. Uno de ellos, Enric Sopena, la recordaba en un artículo que precisamente se titulaba Paralelismos entre el ‘caso Bárcenas’ y el ‘caso Naseiro’ (ElPlural.Com 20/01/2013) publicado tras descubrirse la primera cuenta millonaria de Bárcenas en Suiza y los sobresueldos de la cúpula del PP opacos a la Hacienda Pública:

El diario de Pedro J. Ramírez no dice la verdad en su editorial de ayer sobre lo que debe hacer Rajoy ante el gravísimo caso Bárcenas. Pone como ejemplo a seguir por Rajoy la investigación interna -impulsada por José María Aznar acerca del ‘caso Naseiro’- que estalló en abril de 1990. Y hoy vuelve a insistir en lo mismo.

Saltó el ‘caso Naseiro’ pocos días después de cuando Aznar fuera aupado por Fraga –“¡ni tutelas ni tutías!”-, a presidir el PP. Afirma ‘El Mundo’ que “Aznar encargó a Gallardón una investigación que éste llevó a cabo con el celo de un fiscal [Gallardón no ejerce de fiscal desde hace más de 30 años], estableciendo responsabilidades políticas que después se depuraron”.

‘El Vuelo del Halcón’ 

Veamos la versión de lo que en realidad sucedió, según el libro ‘El Vuelo del Halcón’, escrito por Graciano Palomo, colaborador semanal de ‘ElPlural.Com’. Se publicó ese libro con éxito, en septiembre de 1990, en la época que Aznar se convirtió en el número 1 del PP y seis años antes de ascender, aunque por los pelos, a la Jefatura del Gobierno.

“Como animales heridos” 

“Aznar (…) se muestra partidario de llegar al fondo de la cuestión, ‘caiga quien caiga’ (…) Del Burgo es el más duro. Afirma que la sociedad está esperando una respuesta que no se ve por ninguna parte (…) Pero el secretario general, Álvarez Cascos, advierte: “Los señores Naseiro, que es amigo personal mío, y Sanchís [otro tesorero en aquel tiempo] tienen las llaves de la santabárbara de esta casa, y como animales heridos pueden hacer mucho daño si quieren; pueden hacer saltar todo esto en pedazos”.

“Tengo archivos y memoria” 

“Unos días antes, cuando Ángel Sanchís regresa de su finca [en Argentina], se encuentra con unas declaraciones de Alberto Ruíz Gallardón que no le gustan nada. Llama a Federico Trillo (…): “Oye, Federico, Alberto ha sido muy generoso con otros, pero no conmigo. Advierto que tengo archivos y memoria. Vosotros sabréis lo que os traéis entre manos”.

Palabras muy duras 

“Rosendo Naseiro también está dolido, y es azuzado por su hija Mari Paz para que salga a defenderse (…) Lo hará ella misma involucrando a los dos máximos dirigentes del PP con palabras muy duras hacia su actitud política y humana”.

Barriobajero y soez 

Cuando los jefes más relevantes del PP leen los folios instruidos por el juez Manglano, que citan las conversaciones telefónicas de los dirigentes y militantes del partido, en el libro de Graciano Palomo pudo leerse tiempo después: “Es el más duro golpe asestado desde la sucesión. Hay dos sorpresas: la primera, el tono general de las conversaciones, que es barriobajero y soez, un lenguaje propio de delincuentes”. La segunda, el descubrimiento de un complot urdido por el llamado ‘clan de Valladolid’ para hacerse con las áreas más importantes del PP (…).

Ataque en todos los frentes 

“La dirección popular -relata el periodista mencionado- decide atacar en todos los frentes externos. La campaña contra el juez Manglano, muy afectado, no cesa, y a ella contribuyen los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura y el propio decano del Colegio de Abogados de España, Antonio Pedrol Rius”.

Suficiente dinamita 

“Entre las llamadas que recibe el autor del informe, Gallardón, está la de Ángel Sanchís, que amenaza por enésima vez con “tirar de la manta”. Naseiro tampoco está para bromas. Ambos disponen de la suficiente dinamita en sus polvorines como para liquidar a los más importantes personajes de la derecha”. Alberto fue desautorizado. Declara a sus colaboradores: “Hay que modificar a toda marcha las principales conclusiones y, por tanto, las recomendaciones finales. Se suprime la petición de expulsiones”.

Comparecencia ante el Supremo, no 

Los dos tesoreros insisten: “No vamos a tolerar que nos decapiten gratuitamente. Así lo expresan al secretario general y al vicesecretario general”. Federico Trillo proclama ante la Junta Directiva Nacional: “El informe de Alberto es una lección de auto experiencia. No se puede exigir responsabilidades a unos compañeros sin exigir muchas más; hay que esperar que fallen los Tribunales, no sea que vayamos a condenar a alguna personas y la Justicia las absuelva (…)”. Eso sí: “El PP se moviliza en todos los frentes para la que la comparecencia ante el Supremo no se produzca”.

Frenazo en seco 

O sea, que el informe sobre el ‘caso Naseiro’, que ahora propone El Mundo a Rajoy sobre el caso Bárcenas, no es, ni mucho menos, lo bonito que pinta el editorial aludido en otro gesto más de Ramírez a favor de Aznar. El informe de Gallardón, que le encargó Aznar, fue en buena parte censurado a raíz de las amenazas de los dos tesoreros. El temor de Cascos, Trillo y, desde luego, Aznar de que ‘cantaran’ peligrosamente Naseiro y Sanchís ante la Justicia frenó en seco la investigación interna.

La APM 

Lo que sí salvó al PP de la corrupción de numerosos militantes y dirigentes no fue el informe recortado a gusto de los tesoreros. Fue el Tribunal Supremo. La clave radica en uno de los instrumentos que utiliza ‘pro domo sua’ el Partido Popular y que narra Palomo cuando señala la ayuda prestada al PP por los jueces de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Cargaron, mediante una campaña de descrédito, contra el magistrado instructor del asunto, el juez Manglano.

Evidencia significativa 

El paralelismo judicial entre el ‘caso Naseiro’ y el ‘caso Bárcenas’ es una evidencia significativa. Cayó Manglano primero, aunque siguió en la carrera judicial. Después cayó, unos veinte años después, y con más estrépito y saña, Baltasar Garzón. No olvidemos que el ‘caso Bárcenas’ es consecuencia del ‘caso Gürtel’, enemigo público número 1 del PP por razones obvias.

… Y MÁS AMENAZAS LATENTES CONTRA RAJOY

Pero, volviendo a las secuelas del caso, que en realidad se ha convertido en una guerra entre Bárcenas y Rajoy y sus respectivos aliados de coyuntura, lo procedente es analizar otros ‘flecos’ o ‘amenazas’ más soterradas. Como tal, en ella no faltarán bajas mortales, heridos, prisioneros y algún que otro desaparecido en combate, aunque algunos permanezcan semicultos todavía en una prudente desenfilada, observando cómo se desarrolla la instrucción judicial del caso.

Uno de esos ‘peligros latentes’ es la posición que vayan tomando quienes se sientan imputables o también políticamente beneficiados por la causa. Es decir, los amigos y enemigos de unos y otros, los sectarios incondicionales, los traidores de oficio, los arrepentidos de ocasión, y, por supuesto, el gran bloque de honrados dirigentes y afiliados del partido que se encuentran justamente dolidos con una situación tan vergonzosa, cosa que no es de menor cuantía.

La unidad del PP se romperá cuando fracasen la estrategia de la negación contumaz y la resistencia a ultranza, cosa que comienza a vislumbrarse. De hecho, ya son palpables las ‘chispas’ que día a día ya saltan dentro del PP en función de las declaraciones judiciales, las implicaciones personales afloradas, la presión mediática y sus secuelas políticas y electorales…

Todo ello sin olvidar las consecuencias que este escándalo de la financiación ilegal del PP conlleva para las empresas ‘donantes’, pilladas in fraganti en la obtención de obras y concesiones públicas contra el pago de comisiones. Y sobre todo para el prestigio y la tranquilidad personal de sus más altos responsables, a los que hacer el paseíllo por los juzgados pone literalmente de los nervios.

No es necesario reiterar los notorios nombres ya citados al respecto en la instrucción del caso y en los medios informativos, pero parece obvio que ninguno de ellos querrá seguir atado al mismo tipo de prácticas ilegales y que va a ser difícil encontrarles sustitutos. Así, a partir de ahora, los gastos del aparato del partido, el chuponeo de sus dirigentes y el derroche en las campañas electorales se verán seriamente disminuidos.

También es obvio que algunos actores principales y secundarios de este drama del PP ya han jugado sus cartas y que otros las tienen escondidas para jugarlas astutamente a lo largo de la partida. Y que entre ellas no faltarán auténticos ‘ases’ en forma de testimonios personales solventes, documentos probatorios, pruebas periciales, grabaciones… Materiales que puestos encima de la mesa en el momento preciso pueden tener un efecto definitivo, capaz de convertir las cañas en lanzas y las olitas del Mar Muerto en el tsunami de Fukushima.

RECTIFICAR ES COSA DE SABIOS… Y DE SENTIDO COMÚN

Cada vez van apareciendo más confesiones sobre recepción de pagos y repartos en dinero negro dentro del PP, más prebendas y canonjías en el aparato del partido y más voces internas que se distancian de lo que ya todo el mundo entiende, cuando menos, como una mala praxis financiera y administrativa, y de sus desvergonzados beneficiarios. Y todo ello tasado en el tiempo, a un tiro de piedra de los comicios europeos (que marcarán el futuro electoral del PP y el político de Rajoy), seguidos a corto plazo de las elecciones municipales y autonómicas (la prueba definitiva) y teniendo que soportar al mismo tiempo el agobio de un nivel de malestar social y de rechazo a la clase política sin precedentes desde la Transición.

La insatisfacción con las explicaciones de Rajoy sobre el ‘caso Bárcenas’ en su comparecencia del pasado 1 de agosto en el Congreso de los Diputados, es tan evidente como la merma que conlleva en el prestigio exterior de España y en la credibilidad social del presidente del Gobierno. Al mismo tiempo, la dinámica del proceso abierto judicialmente y la nueva estrategia de defensa de Bárcenas anuncian revelaciones aún más comprometedoras para el PP tras las vacaciones veraniegas, acompañadas por supuesto de las iniciativas de la oposición para abrasar políticamente al líder del PP, lo que también acrecentará la indignación ciudadana y su rechazo al partido.

Algo parecido piensa la prensa internacional. En relación con la explicación dada por el presidente del Gobierno sobre el ‘caso Bárcenas’, el prestigioso semanario británico The Economist afirmó: “Rajoy se aferra a su puesto de trabajo”. Y el análisis de la BBC subrayaba que la mayoría de españoles ya dudaban de Rajoy antes de su comparecencia parlamentaria y que ésta resultaba insuficiente para ganar la partida de la confianza.

Por su parte, la agencia Reuters señalaba en una crónica durísima, que “sus explicaciones de una hora de duración en una esperadísima comparecencia en sede parlamentaria no convencieron” a la mayoría, recordando al mismo tiempo que “la desconfianza creciente ante la clase política y los casos de corrupción que han sacudido la vida pública española han llevado al PP a caer vertiginosamente en los sondeos de intención de voto”…

Todo ello al margen de los demás frentes que tiene abiertos el Gobierno de Rajoy, económicos, políticos e institucionales. Por tanto, no es de extrañar el interés gubernamental en reconducir esa dinámica con una campaña de propaganda agarrada a ‘clavos ardiendo’, como, por ejemplo, la inflexión de nuestra decreciente economía (falsa), la reactivación del mercado laboral (falsa) o la política exterior de ‘dignidad nacional’ en relación con Gibraltar (falsa); es decir, jugando otra vez con las cortinas de humo y la tinta de calamar.

En este contexto, el Gobierno, en evidente desgaste, se enfrenta a un nuevo curso político ciertamente difícil, con amenazas y retos muy complicados. En relación con el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, ahora ‘caso Rajoy’, ya advertimos que si los populares hubieran seguido el consejo evangélico de acogerse a la verdad para poder ser libres (San Juan, 8.32), poniendo encima de la mesa las hechos ciertos, rectificando de forma visible los errores cometidos (incluso con ceses fulminantes), atajando de raíz la gangrena de la corrupción y asumiendo un coste político ‘acotado’ en el tiempo (al estallar el problema), la imagen de su partido y del propio Gobierno no serían peores de lo que van a terminar siendo, ni tan tremendo el daño que van a sufrir en la hoguera pública. 

Porque, como ya concluimos también en una Newsletter anterior, y según sostienen los teóricos del pensamiento positivo, aquello en lo que se centran las personas -la mentira y la corrupción, frente a la verdad y la ética, en el caso de marras- es lo que se expande ante la sociedad. Alexander Pope, nos legó la máxima impecable de que “errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”; pero rectificar es sobre todo cosa de sentido común, sin el que -honradez y votos aparte- nadie, incluido Rajoy, está capacitado ni legitimado de ninguna forma para gobernar.

Rosa Díez se lo dijo a la Agencia EFE (28/07/2013) con toda sencillez y naturalidad: “Yo no veo los brotes verdes por ninguna parte. Observo que se secan menos ramas, pero se siguen secando ramas y no florece nada”. Y apostillaba que los seis millones de desempleados “que lo están pasando mal”, porque apenas pueden pagar lo básico, se pueden sentir “burlados” (y sin duda así será) por un Gobierno que, contra esa realidad, asegura que las cosas ya van “estupendamente”.

Así, con gran sensatez, a través de su entrevista periodística, la líder de UPyD pedía al Gobierno que no lanzara “las campanas al vuelo” sobre la mejora de la situación económica. No tuvo necesidad de ser mucho más explícita ni de aportar más datos al respecto porque su afirmación era, simplemente, un axioma; una verdad inconcusa, firme y sin contradicción; una proposición tan clara y evidente que no necesita demostración alguna.

Con esa visión comedida, Rosa Díez sostenía que la evolución de las cifras del PIB, que sigue siendo de signo negativo, y que según la opinión del Gobierno marca un frenazo de la recesión económica, no indica que se haya iniciado o vaya a iniciarse necesariamente la recuperación, porque, a su juicio, “llegará el momento en el que ya no decreces nada porque te has muerto”. Puro sentido común; el mismo con el que en un periodo de extrema sequía vamos reduciendo el consumo de agua antes de agotar las reservas y morir por deshidratación.

Díez, que hace un año era una firme defensora del ‘rescate completo’ de la economía española (más allá del evidente ‘rescate financiero’), subrayaba que nadie puede decir si ahora España está mejor o peor de lo que estaría en caso de haber sido rescatada formalmente. Y no dudaba en afirmar, que hoy por hoy, el país está “muy mal, en una situación crítica”, a la que hay que sumar la pérdida de imagen internacional, todo ello por culpa de la política de un Gobierno que merece “una durísima censura”.

La portavoz de UPyD cree que el Gobierno de Rajoy miente -buen ojo clínico- cuando dice que la actual situación es inevitable y que adopta medidas impopulares porque no le queda más remedio, dado que el Ejecutivo es el que, sin ir más lejos, decide de forma autónoma mantener “instituciones superfluas, como las diputaciones o fundaciones públicas”. Y denunciaba que, de hecho, “cada día dicen que las van a suprimir, pero prefieren mantener los chiringuitos que les dan poder partidario que resolver los problemas de los ciudadanos”.

Según Díez, los españoles saldremos de la crisis “endeudados hasta las cejas”, con un débito de 20.000 euros por ciudadano que habrá de ser pagado por las siguientes generaciones (la cifra se quedará corta), lo que significa que España seguirá en una situación “durísima” por muchos años. Todo ello sin dejar de denunciar que la desastrosa política que desarrolla el Gobierno también “está expulsando del país a muchos conciudadanos”.

EL PIB DECRECE MENOS, PERO SIGUE DECRECIENDO

Aparte de compartir esencialmente lo dicho por Rosa Díez, en relación con la contracción del PIB del 0,1% en el segundo trimestre del año (la del primer trimestre fue de un 0,5%), conviene advertir de entrada que su tasa de crecimiento sigue siendo obviamente negativa (-0,1%) y que equivale a un -1,8% de tasa interanual. Recesión que se debe seguir reputando de grave, sobre todo si se compara con las profecías oficiales que la daban por concluida en 2013 y porque la economía española acumula ya nada menos que ocho trimestres de crecimiento negativo (la tasa interanual acumula siete trimestres de retrocesos).

Pero es que, si en el mejor de los supuestos el PIB dejara de ser negativo en 2014, como supone el Gobierno, tampoco se puede convenir que eso signifique un cambio de ciclo hacia el crecimiento económico. Ni tampoco, como afirma el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, que a partir de ahí se vaya a producir una inflexión y una recuperación “suave, pero sostenida en el tiempo”.

Pocos profesionales de la economía, incluyendo a los que trabajan en el Servicio de Estudios del Banco de España, se prestarían a asegurar que después de llegar al ‘crecimiento económico cero’, la economía nacional entre acto seguido en una fase de recuperación paulatina, con aumentos interanuales del PIB crecientes durante los trimestres sucesivos. Mucho más verosímil es la hipótesis de que, una vez superado el estadio de recesión, la economía se siga arrastrando durante varios trimestres en crecimientos próximos a ‘cero’, prolongándose por tanto la mala situación del consumo, la inversión y el empleo, en una mejora estadística nada resolutiva y vacía de contenido para los ciudadanos.

De hecho, en su último boletín, el Banco de España sólo se ha limitado a confirmar que la economía española moderó su contracción por segundo trimestre consecutivo, entre los meses de abril y junio. Y atribuyendo la desaceleración en la caída del PIB a la “fortaleza” de la demanda exterior neta, sustentada en el repunte de las exportaciones, propiciado a su vez por un dinamismo mayor de los mercados mundiales (es decir, por impulsos externos) tras la ralentización registrada en los meses iniciales del ejercicio.

Por otra parte, la autoridad monetaria también estima que la demanda interna “suavizó muy ligeramente” su contracción en el segundo trimestre, con una caída del 0,6%, una décima menos que en el trimestre anterior, acusando el gasto de familias y empresas la presión contractiva de las condiciones financieras adversas, el desendeudamiento y la consolidación presupuestaria, así como la incertidumbre sobre la evolución de la economía que afecta a las decisiones de consumo e inversión.

En este contexto de mejoría relativa, el Banco de España destacaba que la evolución de los indicadores coyunturales apreciada recientemente, apunta hacia una situación “algo más favorable” a corto plazo que la proyectada hace unos meses, si bien advirtiendo que la persistencia de los anteriores efectos sobre el gasto de los agentes consumidores “no han cambiado sustancialmente” las perspectivas económicas de medio plazo.

Y la misma fuente afirmaba que el consumo de los hogares prolongó su tónica de debilidad en el segundo trimestre del año, estimando que habría experimentado un descenso inter-trimestral del 0,4% en este periodo, en línea con el registrado en el primer trimestre. Al mismo tiempo, la inversión de bienes de equipo habría registrado en el segundo trimestre una “cierta suavización” del ritmo de descenso inter-anual, creciendo en términos inter-trimestrales un 0,3%, mientras que la inversión en construcción se habría reducido nuevamente por el mayor impacto de los planes de austeridad sobre los proyectos de obra civil.

LOS RECORTES Y LA REFORMA LABORAL CASTIGAN EL CONSUMO

El consumo interno (gasto por hogares), que es el principal motor del crecimiento económico, mide en su evolución la dinámica real de la crisis, mejor por supuesto que la cacareada capacidad de exportación, que no siempre es consecuencia de una mayor competitividad nacional sino de una activación de las importaciones por parte de otros países ajena a nuestra política económica.

Por ello, es poco comprensible que se pueda hablar de ‘brotes verdes’ en una economía contraída en la que se sigue desplomando el consumo, el crédito bancario brilla por su ausencia y el crecimiento del turismo (que se ha penalizado con un torpe aumento del IVA) viene determinado por la inestabilidad coyuntural de otros mercados. De hecho, desde el inicio de la crisis, hace casi seis años, el gasto de las familias españolas ha decaído hasta la fecha en más de un 12%, siguiendo un proceso continuo y sin que se pueda percibir ningún tope de estabilización al respecto.

A este dato, hay que añadirle el factor del incremento del IPC (imposible de enmascarar por mucho que el Gobierno manipule los criterios de medición), la rebaja del salario medio (en 2012 ya se registró la primera caída absoluta de los costes laborales desde la Transición) y el aumento del coste de la sanidad, la educación y otros bienes y servicios esenciales (debido a los recortes y ajustes presupuestarios afectos a la reducción del déficit público). Dicho de otra forma, antes que la aparición de ‘brotes verdes’, lo que se evidencia es un deslizamiento progresivo hacia una ‘economía de supervivencia’ en la estela de lo que ha sucedido ya en Grecia o en Portugal, incluyendo su deriva hacia la ‘economía sumergida’.

Claro está que una cosa es la España oficial y otra la real, con escenarios y protagonistas significadamente distintos y tan dispares unos de otros que pueden llegar incluso a ser invisibles e inasimilables entre sí. ¿O es que, por ejemplo, alguien cree comparable la situación de millones de funcionarios públicos con estabilidad laboral (aunque por supuesto también sufran las duras consecuencias de la crisis), con la de 1.821.000 familias que tiene a todos sus miembros en el desempleo…? ¿Y cómo se les puede hablar a estos últimos de ‘brotes verdes’ en la solución de la crisis…?

OTRA FALSEDAD DE RAJOY: “MEJOR QUE HACE UN AÑO”

El pasado 28 de julio, es decir en los prolegómenos de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar la cara sobre el ‘caso Bárcenas’, que se produjo el 1 de agosto, el presidente Rajoy lanzó un mensaje triunfalista de la evolución de la economía desde que llegó a La Moncloa en diciembre de 2011, hasta el punto de afirmar que la situación es “claramente mejor que hace un año”. Para ello aprovechó una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que, aun celebrada a puerta cerrada, terminaría filtrada a la prensa en un claro intento de endulzar el doloroso debate parlamentario sobre la financiación ilegal de su partido, introduciendo de forma gratuita componentes de interés económico poco convincentes y, por supuesto, ocultando otros a todas luces negativos.

Entre los primeros, destaca la exagerada valoración gubernamental de la reducción del paro en el segundo trimestre del año, fenómeno inédito desde 2008. En los primeros cinco meses del año, el desempleo registrado en el INEM ha bajado en 340.000 personas, con un descenso adicional de otras 68.000 en el mes de julio; situación que, en esencia, sólo significa no empeorar más el letal escenario laboral existente.

Porque esa caída del desempleo debe ser matizada con el carácter estacional que tiene un alto porcentaje de las contrataciones. De hecho, el paro baja de forma habitual en el mes de julio (74.000 personas en 2010, 42.000 personas en 2011 y 28.000 en 2012…), volviendo a aumentar al final del verano, siendo igual de cierto que se sigue destruyendo empleo, aunque ahora caiga al 3% y no a más del 13% como ha venido cayendo.

Además, el Gobierno oculta que la afiliación a la Seguridad Social (cotizantes) no crece en paralelo, lo que significa que unos 550.000 parados han ido tirado la toalla y desistido de buscar trabajo porque creen -con toda la razón- que no la van a encontrar; sin reconocer tampoco que la contratación a tiempo parcial ha aumentado un 62%...

En su balance de lo que va de legislatura, situados ya prácticamente en su ecuador, Rajoy insistió, como buen maniqueo, en que al asumir el cargo se encontró con una “herencia envenenada” de “claros desequilibrios” en la economía, afirmando que, no obstante, el Gobierno ha sabido invertir la situación con las medidas adoptadas mes tras mes. Al parecer, gracias a ellas, el Gobierno tiene previsto que en el último trimestre de 2013 se ponga fin al crecimiento negativo; sin dejar de soltar otras afirmaciones ciertamente poco afinadas como que, gracias a su gestión, se ha reducido la deuda exterior, se han arreglado muchos de los problemas de los bancos, se está corrigiendo la inflación, la prima de riesgo está por debajo de los 300 puntos y ha aumentado la inversión extranjera (claro que sin llegar a compensar ni mucho menos la fuga previa de capitales iniciada bajo la presidencia de Rajoy)…

Pero diga lo que diga Rajoy para asedar al personal y ganar tiempo en espera de que los hados de la UE o la economía cosmogónica resuelvan la crisis española, más que para engañarse a sí mismo, lo cierto e indiscutible es que el objetivo de déficit para este año no se va a cumplir, como no se cumplió el de 2012, so pena de nuevos y urgentes recortes de momento oficialmente desmentidos. Y ello con la circunstancia agravante de que se esté queriendo reducirlo mínimamente a costa de incrementar mucho la deuda pública, que es un marcador de la mala salud económica bastante significativo y que con la gestión de Rajoy se ha venido disparando de forma aterradora, pronto a alcanzar el 100% del PIB en esta misma legislatura (nadie habla de ello, de que España sea el país europeo donde más está creciendo ni de su directa influencia en la quiera económica del Estado).

Lo que indica la aritmética presupuestaria es que el déficit de la Administración central ya alcanzó en junio su techo anual, con un desequilibrio del 3,81% del PIB, superando en una centésima el objetivo fijado para el conjunto de 2013. Y que el déficit pactado con la Comisión Europea en un 6,5% del PIB para el conjunto de las Administraciones en 2013 se terminará situando en torno al 8%, incluso por encima del 7,1% alcanzado el año pasado.

¿Y esto es estar de verdad “mejor que hace un año” como sostiene Rajoy…? ¿Estos son los ‘brotes verdes’ que nuestro inepto Ejecutivo percibe en la economía española…?

La cuestión de fondo es que la verborrea gubernamental sobre las tasas de crecimiento y las proyecciones económicas sigue condicionada a nuevos ajustes adicionales para cumplir con el objetivo de déficit marcado para este año por la Comisión Europea. Si no se producen más recortes y vueltas de tuerca sobre la ya agónica economía española, puede afirmarse sin temor a equívoco alguno que el déficit público se desbordará otra vez en 2013; y si el Gobierno pretende cumplir con el compromiso del déficit, las medidas que habrá de tomar (más recortes de gasto, congelaciones salariales y subidas de impuestos) tendrán su repercusión negativa sobre el crecimiento.

Dicho de otra forma, el Gobierno tiene montada una buena. De forma que se mueve entre el incumplimiento del objetivo de déficit, la esperanza de que, una vez más, éste y la deuda pública no se disparen hasta volúmenes imposibles de maquillar con una contabilidad creativa ‘marca de la casa’ e inasumibles por las autoridades europeas y que, en todo caso, Bruselas haga de nuevo la vista gorda con las cuentas de 2013. Y esto es lo que Mariano Rajoy entiende como estar “mejor que hace un año”…

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO, PÓLVORA MOJADA

Frente al discurso engañoso del Gobierno, es necesario insistir en que, aún sin aplicar mayores ajustes, es muy difícil que la economía remonte el vuelo a finales de este año. Bien al contrario, cada vez es menos descartable que el crecimiento promedio en 2014 llegue a ser próximo a ‘cero’, como nos ha venido advirtiendo el FMI a ‘oídos sordos’ de Rajoy y de todo su equipo económico. Lo que conlleva una situación y un modelo de gestionar la crisis que se deben reconsiderar con urgencia, tanto en lo que afectan al Estado como a las comunidades autónomas; lo que obviamente exige una amplia remodelación del Ejecutivo, incorporando gente de mayor peso político y técnico que aporte ideas y capacidades más eficientes.

Porque, mientras tanto, lo que está pasando es que el Gobierno de Rajoy, por ejemplo, ha metido otro sartenazo al bolsillo de los contribuyentes nada más y nada menos que de 36.000 millones de euros, correspondientes a la parte de los 52.000 millones canalizados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como ayudas a las entidades de crédito (el ‘rescate financiero’), que ya se han dado por perdidos y convertidos en deuda pública dura y pura. La cifra puede aumentar y, como es de prever, aumentará; pero ¿acaso podemos olvidar que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, pregonó a los cuatro vientos que esas ayudas a la banca se recuperarían sin costarle un solo euro a los españoles de a pie…?

Un ‘palo’ por otra parte ajeno a que toda la deuda de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), el ‘Banco Malo’ que según el mentiroso Rajoy nunca iba a existir en España y que él mismo terminó creando en noviembre de 2012, también esté, a la postre, avalada por los contribuyentes. Y ello sin buscar más complicaciones hablando de otras cosas que ponen los pelos de punta, como la Deuda Contingente de la banca (más de 400.000 millones de euros)…

Lo cierto es que la crisis, con origen indudable en la mala gestión del sector bancario, está siendo soportada casi exclusivamente por la ‘masa laboral’, mientras los ejecutivos con contratos de ‘alta dirección’ en las entidades responsables mantienen sus privilegiados salarios y sus accionistas sus pingües dividendos (salvo los estafados de las ‘preferentes’). Es más, todavía no se ha visto a ninguno de sus máximos ejecutivos condenado a pena de prisión, mientras los delincuentes de poca monta llenan las cárceles españolas.

Lo cierto es que las grandes empresas y corporaciones han huido de España para invertir en mercados exteriores (con la consiguiente creación de empleo también exterior más que interior), con sociedades instrumentales domiciliadas en paraísos fiscales y sin demostrar la más mínima solidaridad con la creación de empleo nacional… Sin ir más lejos, Telefónica invierte en el exterior cantidades multimillonarias mientras monta EREs locales cada tres por cuatro (el último de 6.500 trabajadores).

Lo cierto es que las grandes constructoras ya facturan en el extranjero el 84% de la totalidad de sus obras, aumentando también de forma galopante sus participaciones en proyectos internacionales de diversificación, sin que el Fisco español vea prácticamente ni la calderilla de los beneficios.

Lo cierto es que ha sido en la época de Rajoy, y no con Rodríguez Zapatero, en la que se ha producido una fuga de capitales sin precedentes en nuestra historia, que todavía muestra un flujo de desinversión de 40.000 millones de euros.

Lo cierto es que -las gallinas que salen por las que entran- los gastos del Estado siguen creciendo en vez de decrecer, lo que muestra un ejercicio de austeridad absolutamente falso, realmente inexistente.

La cierto es que Rajoy va a concluir su segundo año de mandato al frente del Ejecutivo sin haber adoptado ninguna medida eficaz para reducir el tamaño elefantiásico del sector público, a todas luces imposible de sostener para el más tonto de la clase.

Lo cierto es que su decisión de subir los impuestos directos e indirectos para equilibrar las cuentas públicas -en línea justamente contraria a lo prometido en su campaña electoral-, recaudando más dinero a costa de aumentar la deuda y lastrar el crecimiento económico, tampoco ha permitido controlar el déficit.

Lo cierto es que la política económica del Gobierno ha convertido la Ley de Estabilidad Presupuestaria en pólvora mojada, tanto para la Administración central como para las comunidades autónomas (asimetrías y déficits a la carta aparte)…

¿A santo de qué viene entonces la reciente afirmación del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de que los datos de la contabilidad nacional marcan el punto de inflexión de la crisis…? ¿Por qué tanta pedantería, tanta petulancia y tanta falsedad gubernamental…? ¿Es que acaso Rajoy pretende superar la crisis económica ganando la batalla de los titulares periodísticos…?

LA CRISIS Y EL DESEMPLEO VAN PARA LARGO

El irresponsable triunfalismo del Gobierno es tal que, cuando se comparan las falaces afirmaciones del presidente Rajoy y sus ministros responsables del área económica con los estudios, conclusiones y recomendaciones de los organismos más acreditados en el ámbito de la política económica a nivel mundial sobre el caso español, producen verdadera vergüenza ajena.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, llevaba razón al afirmar en la inauguración de la XII Escuela de Verano organizada por su sindicato en Extremadura, acto que tuvo lugar el pasado 23 de julio cuando ya se habían filtrado los datos semestrales del paro, que los portavoces del Gobierno “están autosugestionados por sus propias ideas” al hacer declaraciones como las que han hecho, por ejemplo, en relación con la caída del desempleo. Allí puntualizó que, para el sindicato, de los datos que se conocen no se deduce de ninguna forma “que se está produciendo ya un cambio de tendencia en la situación del mercado laboral y de la economía” del país.

Así, reclamó bastante más prudencia gubernamental a la hora de hacer “deducciones” sobre el descenso del paro, ya que, en su opinión, no hay ningún dato que permita asegurar que entramos “en el camino de la recuperación”. Y así lo avalan -sostuvo Méndez- “instituciones de análisis de nuestro país o mundiales como la OCDE, que dicen lo contrario”.

El dirigente sindical anticipó su opinión de que “no vamos a pasar de la recesión a la recuperación, vamos a pasar probablemente a una etapa de estancamiento económico, con crecimientos muy débiles”. Una hipótesis, compartida por la mayoría de los analistas económicos, sobre la que matizó  que “la incógnita está en cuánto tiempo” permanecerá el país en ese “estancamiento”, con “el paro creciendo, un aumento de las desigualdades y un deterioro de los servicios públicos”.

Cándido Méndez denunció también -con toda razón- la existencia de “cierta contradicción” en el Gobierno, dado que, mientras por un lado exige a la UE que la política económica “se ponga al servicio del crecimiento económico y de la creación de empleo”, por otro no predica con el ejemplo en su propio país…

GRAN REVOLCÓN DEL FMI AL GOBIERNO DE RAJOY

Cierto es que los comentarios del secretario general de UGT pueden sonar a carcunda sindical. Pero es que, a la salida de la comparecencia de Rajoy en sede parlamentaria para aliviarse del ‘caso Bárcenas’ -que no se alivió-, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó un varapalo a las previsiones y alharacas gubernamentales de los que hielan la sangre a cualquier político con dos dedos de frente (Anexo: Informe del FMI sobre España – Agosto 2013).

Paréntesis: El FMI es una institución internacional creada formalmente en 1945 que reúne a 188 países, cuyo papel es “fomentar la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el intercambio internacional, contribuir a un nivel elevado de empleo, a la estabilidad económica y hacer retroceder la pobreza”. En consecuencia, tiene como función sustancial asegurar la estabilidad del Sistema Monetario Internacional (SMI) y la gestión de las crisis monetarias y financieras, proporcionando para ello créditos a los países con dificultades financieras que ponen en peligro su propia organización gubernamental, la estabilidad de su sistema financiero o el flujo de intercambio del comercio internacional con el resto de países.

De hecho, frente al optimismo gubernamental, las previsiones del FMI presentadas públicamente el pasado 2 de agosto señalan que la crisis va para largo, con una recuperación efectivamente lenta y penosa en la que la economía española no crecerá más del 1% hasta el año 2018 y sin atisbarse verdadera creación de empleo hasta dentro de tres años. Situación que llevaría a Rajoy y al PP a concluir la actual legislatura de forma sin duda descalabrada.

Las proyecciones del FMI en los parámetros básicos de la economía española, indican que en 2013 el PIB seguirá en decrecimiento; que el crecimiento ‘cero’ se podrá alcanzar en 2014 y que durante tres años más, hasta el 2018, se arrastrará un crecimiento no superior al 1%, lo que en términos prácticos seguirá impidiendo la creación de empleo. Así, la tasa de desempleo sobre población activa, con su record del 27,2% alcanzado en 2013 -siendo Rajoy presidente del Gobierno-, apenas se reducirá en un punto y medio a lo largo de los próximos 4/5 años, sin bajar del 25,3% hasta el 2018.

Pero, además de empeorar sus anteriores previsiones del empleo y el paro en España, el FMI también pronostica que el Gobierno incumplirá de forma irremisible sus previsiones de déficit y deuda. El déficit público seguirá en valor negativo a lo largo del próximo quinquenio, pasando del -6,7% del PIB en 2013 (ya superior al porcentaje pactado con las autoridades de Bruselas) al -2,3% del PIB en 2018.

De forma correlativa, este déficit público (muchos analistas estiman que será mayor) conllevará un crecimiento de la deuda pública desde el 93% del PIB en 2013 hasta el 106% del PIB en 2018. Un record sin parangón en Europa cuyo mérito es exclusivo de Mariano Rajoy (el anterior gobierno socialista lo mantuvo en los límites de la media europea).

Este desolador panorama, edulcorado a duras penas por la taimada retórica gubernamental, sino por la mentira, no queda ahí. Porque las propuestas de reconducción que plantea el FMI producen todavía más escalofrío.

Básicamente, se trata de establecer un gran pacto entre empresarios y sindicatos por el que los trabajadores acepten más rebajas salariales a cambio de que las empresas se comprometan a crear empleo de forma significativa. Un acuerdo difícil, y en todo caso tardío (pudo plantearse al inicio de la legislatura), que se vería acompañado por un giro radical en la política fiscal, con rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de subidas en los impuestos indirectos.

El FMI ha realizado una simulación del impacto que tendría una medida de esa naturaleza y en su informe pone un ejemplo, “a efectos ilustrativos”, de una bajada nominal de sueldos del 10% en dos años acompañada por una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de 1,7 puntos, seguida dos años después por una subida del IVA (por la vía de pasar productos del tipo reducido al general). Pero, aun así, advierte: “Una gran respuesta del empleo y la reducción de la inflación serán fundamentales para que el poder adquisitivo de los hogares en su conjunto no sufra. Tal acuerdo debe complementar, no sustituir, a las reformas estructurales. Los retos para todas las partes involucradas son enormes, y será crucial evitar un acuerdo que descarte o retrase las necesarias reformas estructurales”…

Los técnicos del FMI señalan que, pese a los considerables esfuerzos realizados, los ajustes del déficit solo están a mitad de camino. Y subrayan que la consolidación presupuestaria debe ser gradual y que la senda de ajuste debe ser más concreta y favorable al crecimiento, reprochando a las autoridades españolas: “La falta de medidas específicas suficientes en el plan presupuestario a medio plazo del Gobierno y, en menor medida, la falta de colchones en el marco macro socava la credibilidad, fomenta medidas ad hoc, y aumenta la incertidumbre”.

Pero, a falta, pues, de un plan del Gobierno más afinado y creíble, el FMI no se limita a proponer medidas a corto plazo (subir el IVA, subir los impuestos especiales, bajar los salarios…). También propone que en los futuros Presupuestos Generales del Estado se revisen de nuevo las partidas del gasto en educación y sanidad y dar otra vuelta de tuerca a la reforma de las pensiones, no solo aplicando el factor de sostenibilidad propuesto por los expertos, sino ampliando también el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión.

De momento, el vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, el finlandés Olli Rehn, cuya nómina mensual en el cargo supera los 25.000 euros mensuales, se ha mostrado de forma inmediata firme y entusiasta partidario de las recomendaciones del FMI sobre España y rebajar hasta un 10% el salario de sus trabajadores; una posición por ahora personal pero ‘en línea’ con la oficial de Bruselas. Ahí es nada…

Lo dicho por activa y por pasiva: los “brotes verdes” de Rajoy no existen. Dependemos de un Gobierno legítimo pero incompetente, vendido a intereses externos, cuando no al poder económico -la banca y las grandes empresas-, torpemente distraído en reformitas de chicha y nabo, empeñado en arruinar cualquier idea o propuesta política sensata y, finalmente, encantado con que la gente más preparadas del país tome el tole y se apunte a lo que define como “movilidad exterior”. Todo ello, con la oposición momificada.

Atentos a los ‘brotes verdes’… y ¡sálvese quien pueda!

(Leer: Informe del FMI sobre España – Agosto 2013)

Sabido es que la expresión “pasar el Rubicón” significa dar un paso decisivo en cualquier actividad humana, sin vuelta atrás y entrañando un riesgo determinante para quien lo protagoniza. Tiene su origen en el hecho histórico vivido por Julio César en el año 49 antes de Jesucristo, cuando decidió atravesar el Rubicón, un pequeño río que separaba Italia de la Galia Cisalpina, para dirigirse hacia Roma al frente de la Legio XIII Gemina, unidad militar que él mismo había creado en el año 57 a. C. iniciada ya la Guerra de las Galias.

La cuestión es que, a fin de impedir la llegada de tropas procedentes del Norte que pudieran ser una amenaza para el orden de la República Romana (en su época tardía), el Senado había declarado rebelde y sacrílego a todo aquel que se atreviera a cruzar el Rubicón con una legión o con una simple cohorte (unidad táctica de infantería del ejército romano). Sin embargo, Julio César, a quien una mayoría de senadores instigados por Pompeyo había rehusado nombrarle Cónsul y ordenado dejar el mando y licenciar a todas sus tropas, decidió atravesarlo y marchar sobre Roma para derribar a sus enemigos.

Cuenta la historia que fue en ese momento decisivo, reflexionando a orillas del Rubicón sobre el peligro que entrañaba franquearlo, cuando Julio César pronunció la frase “Alea jacta est” (La suerte está echada). Aunque algunos estudiosos hayan considerado que era poco coherente con su personalidad y forma de ser, dado que se consideraba un favorito de la Fortuna siempre confiado en su buena suerte, y que lo que dijo en realidad fue “¡Que vuelen altos los dados!” (o también “¡Que el dado sea lanzado!”), haciendo suyo un conocido verso de Menandro, el poeta y dramaturgo griego considerado máximo exponente de la llamada Comedia Nueva, y recitándolo incluso en la lengua de su autor y no en latín…

ALARMA ROJA: RUBALCABA DISPUESTO A SEGUIR EN EL MACHO

Pues bien, este histórico ‘paso del Rubicón’ de Julio César parece que va a ser emulado por Alfredo Pérez Rubalcaba, dispuesto a cruzar el límite de su agotada carrera política nada menos que para intentar de nuevo tomar el Gobierno de España en las próximas elecciones generales. Trascendente decisión de indudable riesgo personal, pero sobre todo de gravísimo riesgo institucional porque afecta al futuro del maltrecho PSOE y, por extensión, al del actual sistema político, ya que -quiérase o no- dicho partido es una de sus fuerzas vertebrales.

La cuestión se ha hecho discretamente evidente en una larga entrevista, con casi cien preguntas y respuestas, a Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE (más que líder), publicada el pasado 21 de julio en El País. La ‘dejada’ del tema se produjo en este peloteo de la conversación:

Pregunta: “¿Quiere usted ser candidato del PSOE en las próximas elecciones generales?”.

Rubalcaba: “En este momento de mi vida política sólo pienso en mi partido. Si soy útil a mi partido intentaré serlo”.

Pregunta: “La pregunta no es si es útil a su partido, sino si usted quiere ser candidato”.

Rubalcaba: “La respuesta es: querré si soy útil a mi partido”.

O sea, que el actual secretario general del PSOE quiere, en efecto, volver a ser candidato a la Presidencia del Gobierno. Entre otras cosas porque, de no considerarse “útil a su partido”, ya habría dejado el cargo de secretario general y cualquier otra aspiración política cuando, en las últimas elecciones generales del 20-N (2011), llevó al PSOE a su mínimo histórico de escaños desde la restauración de la democracia (110 frente a los 186 del PP), quedando marcado además como fue factótum que fue del último y astroso Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La confusión de Rubalcaba entre lo políticamente ‘útil’ y lo ‘inútil’ en cada momento, parece, pues, tan grande como insalvable. Y esa es la que parece que le va a llevar a su particular ‘paso del Rubicón’: con su pan se lo coma y allá las nuevas generaciones del PSOE si se lo consienten.

En favor de su soterrada postulación, y como si el socialismo español aún siguiera retozando feliz en los verdes campos del Edén, y no sumido en una letal desesperación existencial, que es donde está, Rubalcaba despliega ahora todo un abanico argumental precisamente en el mismo diario que apadrinó su candidatura electoral para el 20-N. Pero olvidando que aquella apuesta se hizo como un mal menor ante el escenario de ‘tierra quemada’ que conllevó el liderazgo de ZP; es decir, para evitar una trágica extinción del PSOE si entonces no se gastaba el cartucho de su último candidato avezado y presentable, como lo era sin duda en aquel contexto.

En realidad, aquella batalla librada por Pérez Rubalcaba en las elecciones generales de 2011, junto con los resultados obtenidos, fue su verdadero ‘paso del Rubicón’, fracasado y sin vuelta atrás. La historia demuestra que, prestado aquel servicio, Rubalcaba no era el Julio César victorioso en las Galias, sino más bien el Pompeyo de turno, exponente de la decadencia política de Roma (es decir, de la decadencia del PSOE).

EL LIBRO GORDO DE PETETE…

Y, con objeto de que el posible neo-candidato Rubalcaba pueda meditar al respecto, veamos en qué quedan las respuestas y los manidos argumentos que exhibe en la caritativa entrevista ofrecida por El País, encabezada con una afirmación titular que, para empezar, ignora de forma casi indecente el desastre que supuso la política de Zapatero, que también fue la suya: “La conjunción de crisis económica, mayoría absoluta y derecha es letal”. Estas son, entrecomilladas y ciertamente exentas de la menor autocrítica, las ideas-fuerza más significadas de Rubalcaba, seguidas de la apostilla que nos merece cada una de ellas:

1.- Rubalcaba: “Pedí la dimisión de Rajoy cuando negó los papeles que difundió ‘El País’. Mintió a los españoles”.

Apostilla: Ciertas pueden ser las mentiras de Rajoy en relación con el ‘caso Bárcenas’. Pero ¿acaso no mintió Rubalcaba como ministro solidario de los gobiernos de Rodríguez Zapatero negando la realidad de la crisis y falseando el endeudamiento de las Administraciones Públicas…?

2.- Rubalcaba: “Sería terrible acostumbrarnos al ‘doping’ electoral de un partido y seguir funcionando sin que pasara nada [en alusión a la financiación ilegal del PP]”.

Apostilla: Pero ¿qué reformas legales ha promovido o apoyado el PSOE tras los escándalos del ‘felipismo’ (Filesa, Roldán, fondos reservados…) para erradicar la corrupción del actual sistema político? Exactamente ninguna.

3.-Rubalcaba: “Para la oposición es imposible en este momento mantener una relación normal con un Gobierno que se niega a ir al Parlamento a contarle a los españoles lo que ha pasado”.

Apostilla: ¿Contó el PSOE en el Parlamento, y en particular el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la verdad sobre el ‘caso Faisán’ o sobre su política de excarcelación de los presos de ETA y demás connivencias con su brazo político, ahora instalado en las instituciones vascas…?

4.-Rubalcaba: “El problema es que con este tipo de actitudes [falta de diálogo y consenso político] el PP está rompiendo los puentes que en cualquier democracia existen entre los grandes partidos para abordar los problemas de Estado”.

Apostilla: ¿Y qué problemas de Estado consensuó de forma razonable el PSOE durante las legislaturas gobernadas por el ‘zapaterismo’…? ¿Acaso su lamentada política internacional…? ¿La despolitización de la Justicia…? ¿El despilfarro del gasto público que supuso el ‘Plan E’…?

5.- Rubalcaba: “El problema es tener causas para chantajearle [el ‘caso Bárcenas’]. Rajoy confunde ser presidente del PP y del Gobierno”.

Apostilla: Puede ser. Pero, ¿es que Rodríguez Zapatero no ejerció también como presidente del Gobierno y del PSOE, confundiéndolos como le vino en gana…?

6.- Rubalcaba: “Hace veintitantos años el PSOE aprendió duramente una lección que no ha olvidado [Filesa]. En la vida escarmientas”.

Apostilla: ¿Y por qué el PSOE convino entonces con el PP en 1994 que la ‘Comisión no permanente para el estudio de la financiación de los partidos políticos y su endeudamiento’ se cerrara sin aprobar ninguna propuesta ni conclusión…? ¿Y cuál ha sido la razón de que, a continuación, en el sucesivo ordenamiento legal de esa financiación, el PSOE haya venido aprobado todas las lagunas y excepciones que contiene la regulación de las donaciones políticas y todos los fallos en la rendición de cuentas de los partidos ante el órgano encargado de auditarlas…?

La respuesta es muy sencilla. Porque, de acuerdo con el PP, el PSOE no ha dejado nunca de preservar también los permisivos medios que utilizan para monetizar sus resultados electorales.

7.- Rubalcaba: “No hay controles preventivos [se refiere a la financiación y contabilidad de los partidos]. Es evidente que el Tribunal de Cuentas no funciona”.

Apostilla: ¿Y quién tiene la culpa…? ¿Perico el de los palotes o el PP y el PSOE que así lo han organizado y respaldado de consuno…?

8.- Rubalcaba: “El problema que se plantea en el Constitucional es un problema serio… Se abre una vía de recusación, de impugnación al señor Pérez de los Cobos que no ayuda al Tribunal Constitucional”.

Apostilla: El problema tiene su origen en diciembre de 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero (entonces presidente del Gobierno) y el propio Rubalcaba (a la sazón vicepresidente primero, ministro Portavoz y ministro del Interior) dieron por bueno el nombramiento de Francisco Pérez de los Cobos como Magistrado del Tribunal Constitucional, designado por la cuota del Senado a propuesta del PP (su militancia política era bien notoria). La torpeza inicial fue aquella y, por tanto, será a partir de aquella fecha cuando se abrirán las impugnaciones que tanto lamenta ahora el ‘despistado’ Rubalcaba…

9.- Rubalcaba: “En Reino Unido no podríamos estar discutiendo usted y yo de por qué no viene el señor Rajoy al Parlamento [aludiendo al ‘caso Bárcenas’]… Los países son serios porque tienen cuentas serias y comportamientos serios”.

Apostilla: No vale que Rubalcaba se ponga en esa situación. En  Reino Unido –ni en Alemania o Francia- jamás funcionaría ningún partido como funcionan PP y PSOE, ni se tolerarían sus abusos políticos.

10.- Rubalcaba: “Los problemas territoriales hay que abordarlos, porque si no irán cada vez peor. Tanto por los que se quieren ir como por los que quieren recentralizar”.

Apostilla: Pero ¿abordarlos cómo abordó el PSOE la reforma del Estatuto de Cataluña en 2006...? Por desmemoriado, a Rubalcaba hay que recordarle que fue Rodríguez Zapatero, candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de España, quien en un mitin electoral celebrado en el Palau Sant Jordi en noviembre de 2003, se comprometió a apoyar la reforma del Estatuto de Cataluña que aprobase su Parlamento, fuera la que fuera… A estas alturas de nuestra historia política, lo mejor que puede hacer el PSOE es enterrar para siempre su aberrante sentido de Estado, sobre todo en el relativo a la organización autonómica.

11.- Rubalcaba: “La monarquía tiene una crisis: la superará… En este momento no considero la abdicación”.

Apostilla: Opinión respetable pero gratuita. No le corresponde a él decidir sobre el tema.

12.- Rubalcaba: “Lo que tengo es una sensación de crisis profundísima. Que fue económica y luego social; pero que ahora es territorial, es institucional, es política. Y tengo la impresión de que es enorme”.

Apostilla: ¿Habla de impresiones…? ¿Pero de qué guindo se ha caído o qué nos quiere vender Rubalcaba…? ¿Acaso no es él uno de los grandes responsables de la crisis, evidentemente profundísima, que ahora parece ‘sentir’ como ajena a su peso específico en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, haciéndose pasar por un sueco que andaba casualmente por allí…?

13.- Rubalcaba: “Por tanto [sobre las prioridades del partido]: oposición, proyecto, partido. Estas son las cosas que tenemos que hacer y en su momento decidiremos quién es el candidato y lo haremos”.

Apostilla: Rubalcaba se confunde en el orden de los factores, que en esta ocasión altera profundamente el resultado de la suma y desmonta su postulación como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno: primero proyecto, segundo partido y tercero oposición. Así le va, forzando una oposición sin partido y sin proyecto (y, por su culpa, sin espacio ni interés para que pueda emerger el líder más adecuado)…

14.- Rubalcaba: “Negar que la edad es un factor que la gente mira es negar la evidencia. Pero pensar que la gente elige su presidente de Gobierno por la edad que tiene es otro error. La gente busca en el presidente del Gobierno fiabilidad, solvencia, ideas y transparencia”.

Apostilla: Fiabilidad, solvencia, ideas y transparencia… ¿Pero cómo las suyas, convertido ya en un muerto viviente de la política…? ¿Y acaso él, compitiendo en 2015 por la Presidencia del Gobierno con 64 años cumplidos, sería mejor presidente que lo fueron Suárez con 43 años, González con 41 o Aznar con 44…?

Hablando de errores, hay que admitir que errar es humano, pero sin olvidar que sólo los estúpidos perseveran en el error. Y también que tanto mayor será el yerro, cuanto mayor sea el que yerra…

15.- Rubalcaba: “Rajoy en este momento tiene una fiabilidad cercana a cero y esto es un problema. Su problema es que a los españoles no les dijo lo que iba a hacer; y durante un año y medio ha hecho prácticamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer”.

Apostilla: Absolutamente cierto. Pero, aun así, parece urgente que algún colega lúcido del PSOE facilite a Rubalcaba la más que pésima valoración social de su labor como líder de la oposición, más o menos pareja a la de Rajoy como presidente del Gobierno, que ya es decir…

16.- Rubalcaba: “¿Cómo puede el señor Rajoy pedirle a los pensionistas un esfuerzo, que estoy seguro que se lo va a pedir en septiembre, después de lo que conocen los españoles sobre los millones de euros negros que ha manejado su partido? Se trata de un problema de autoridad moral. La autoridad moral del presidente del Gobierno es clave, pero cuando tienes que pedirle esfuerzos a tu país es algo definitivo”.

Apostilla: ¿Y de qué ‘autoridad moral’ habla Rubalcaba…? ¿De la que ha alimentado los ERE socialistas de Andalucía…?

17.- Rubalcaba: “Pere Navarro me ha trasladado que en Cataluña se vive un momento dificilísimo y es por eso por lo que todo el partido ha hecho un esfuerzo para revisar nuestro programa territorial… No es solo resolver las tensiones centrífugas, también las centrípetas. Ahora, ¿que en Cataluña hay un problema serio? Lo hay. ¿Tiene un problema Cataluña de relación con el resto de España? Lo tiene”.

Apostilla: ¿Qué en el PSOE hay un problema serio…? Claro que lo hay. ¿Tiene un problema el PSC de relación con el resto de España…? Claro que lo tiene. ¿Tiene Rubalcaba un problema de comprensión de la realidad…? Evidente.

18.- Rubalcaba: “En el momento en que el PSC adopta el derecho a decidir, nuestro proyecto empieza a hacer agua y teníamos que recomponerlo. Nos quedamos sin proyecto en Cataluña. El PSOE tenía un proyecto para toda España, menos para Cataluña, porque el PSC estaba en otro. Hemos elaborado un nuevo proyecto político… Hemos propuesto federalizar nuestra Constitución y en ese cambio constitucional podemos resolver los problemas de Cataluña…”.

Apostilla: ¿Pero si el PSC estaba en otro proyecto, qué tienen que ver entre sí el PSC y el PSOE…? ¿En qué comulgan…? ¿Es que tal vez el Partido Socialista Obrero Español sí que puede ser, como revela el misterio de la Santísima Trinidad, uno en esencia y trino en personas…?

19.- Rubalcaba: “Es verdad que ha habido un sector pequeño del PSOE que creía que la solución de esta crisis era crear el PSOE en Cataluña. Yo creía que era un error”.

Apostilla: El verdadero error es reconvertir el PSOE a imagen y semejanza del PSC (y del PSdeG-PSOE, del PSE-EE y de todo lo que pueda venir por la vía federal).

20.- Rubalcaba: “El Estado federal es la mejor solución  [para resolver las tensiones con Cataluña y el País Vasco]. Las otras dos son: pensar que no pasa nada y no hacer nada. Error gigantesco. Las cosas no van a ir a mejor sino a peor. O simplemente admitir que la gente se vaya. La solución es la que ha habido siempre: sentarnos y ver qué problemas hay y arreglarlos. Y eso se corresponde con la apertura de una reforma constitucional limitada”.

Apostilla: Pero, ¿de dónde le viene a Rubalcaba tanta ciencia infusa y tanto doctrinarismo como para embrollar todavía más lo que el propio Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (el suyo) ya lanzó por el abismo del descalabro nacional con las reformas estatutarias…? ¿Es que el PSOE ‘zapateril’ busca tal vez otro vapuleo electoral como el del 20-N…?

Pocas cosas hay más atrevidas que la ignorancia, siendo su primer paso el presumir de saber. Y no es menos cierto que el ignorante intente volar con alas de águila aunque tenga ojos de lechuza.

Rubalcaba, al parecer gran ignorante de la historia política de España y de las trágicas situaciones a las que han llevado las discusiones territoriales, debería ser mucho más prudente y recordar aquel decir del refranero español de que si “quien lo sabe bien lo hace, quien lo ignora lo empeora”…

EL MELÓN FEDERAL ABIERTO Y LA BARRA LIBRE DE RUBALCABA

Pero como no queremos convertir nuestras apostillas a las afirmaciones de Rubalcaba en una versión petulante del ‘Libro Gordo de Petete’, que darían de sobra para ello (¿recuerdan lo de “El libro gordo te enseña, / el libro gordo entretiene, / y yo te digo contento, / hasta la clase que viene”…?), resumamos que una lectura detenida de la entrevista de marras muestra la diarrea mental del neo-candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Ya que, siendo en ella evidente que se muestra utilísimo al partido, no lo es menos que, ateniéndonos a sus propias palabras, intentará asumir esa responsabilidad de nuevo: “Ándeme yo caliente y ríase la gente”, al decir de Góngora (o el contumaz “Yo sigo” puesto por Joe Rígoli en boca de ‘Felipito Tacatún’)…

Lo malo es que, de entrada, y ya imbuido de un electoralismo temerario muy similar al ‘zapateril’, Rubalcaba ha abierto el melón del federalismo y la barra libre del ‘sírvase usted mismo que paga la casa’, ofreciendo a cada comunidad (o a las más exigentes) lo que cada una quiera o se le antoje. Acompañado, claro está, de Pere Navarro, otra figura del lumpen político socialista que tal baila y que quiere liderar el PSC con la misma técnica de ‘huir hacia adelante’, por una senda que conduce de forma irremisible a un gran océano de ‘mierda política para todos’…

Y ello mientras Rodolfo Ares, fracasado junto a Patxi López en su última gestión al frente del Gobierno vasco, acaba de anunciar la intención que tiene el PSE-EE de acordar con el PNV que el Parlamento de Vitoria “debata y decida” la fiscalidad “básica y común” de Euskadi. Es decir, que no satisfechos del todo con haber perdido las últimas elecciones autonómicas y facilitado el asentamiento de Bildu en las instituciones vascas, este par de peligrosos volatineros políticos pretenden rearmar a su enemigo electoral más directo para seguir minando las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución, en especial las que tienen como objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales…

Paréntesis: A veces, no es fácil comprender las extrañas razones por las que, considerando su desnorte político, los socialistas filo-nacionalistas no se cambien al partido autonómico que en cada caso corresponda, o que una dirección sensata del partido nacional no les invite a hacerlo. De hecho, por su propia definición y ámbito de actuación, es difícil que las aspiraciones políticas de los partidos nacionales coincidan con las de los autonómicos. Sin dejar de tener también escaso sentido que los partidos de exclusivo alcance autonómico incidan con la fuerza que inciden en la política nacional, gracias a la distorsión de la proporcionalidad poblacional con la que se asignan los escaños a cada circunscripción electoral y a los pocos diputados con los que se puede constituir un grupo parlamentario en las Cortes Generales…

Además de lo dicho hasta ahora, en la entrevista concedida a su diario amigo, Rubalcaba trató de resolver -de forma evidentemente infructuosa- la cuadratura política del círculo territorial (que es un problema irresoluble en su definición matemática) con esta secuencia argumental literal:

1) “No se trata tanto de tener más competencias cuanto de que quede claro qué es del Estado y qué es de las comunidades. En este momento, eso no queda claro. En las constituciones federales lo que queda claro son las competencias que son del Estado. El resto son de las comunidades”.

2) “Cataluña no debe tener más competencias que el resto de las comunidades. Pero sí tiene singularidades (por ejemplo, la lengua)”.

3) “Galicia, País Vasco, Valencia y Baleares tienen singularidades. Lo que tiene que tener su reflejo en la política cultural y en la educativa. Cataluña tiene unos derechos históricos, porque el Constitucional los ha dado por buenos, que afectan, por ejemplo, a la institucionalidad. La Generalitat no es exactamente igual que el Gobierno de Madrid. La relación del Gobierno de Cataluña con los Ayuntamientos es distinta de la que existe en otras partes de España: tiene su propio Derecho Civil. Sin duda tiene singularidades y hay que reconocerlas. Integrándolas en el conjunto de España nos hacemos más fuertes. Nada nos hace más fuertes que reconocernos como somos”.

4) “Hay que modificar el sistema de financiación de Cataluña porque está funcionando mal. Sobre todo para aclarar definitivamente cuáles son tus ingresos o cuáles son tus competencias fiscales y cuáles son las mías. Lo que no es posible es que tú tengas competencias muy claras en el gasto y no tengas la misma claridad en tus ingresos. Esta falta de transparencia fiscal me parece muy preocupante. En definitiva, tiene que haber corresponsabilidad y luego tiene que haber una nivelación para garantizar los mismos derechos en los servicios sociales básicos”.

EL CAMBIO SOCIALISTA POR EL CAMBIO Y SIN RECAMBIO

La empanada mental de Rubalcaba es, pues, manifiesta. No se comprende bien qué modelo territorial está proponiendo, porque, aun hablando de un ‘Estado federal’, no aclara cuáles serían los territorios ‘federados’, qué competencias diferenciadas asumirían unos y otros, cómo se resolverían las asimetrías y tensiones derivadas... Y, más importante todavía, tampoco se plantea, ni por asomo, qué pueden opinar los españoles de esta nueva tracamandanga política; por lo que, para empezar, antes de proponerla tendría que dejarla muy clara en su programa electoral, ver cuántos votos la respaldan y después, si él y su partido salen vivos del empeño, convencer a quienes de forma más sensata no piensen de su misma forma…

Cosa en efecto complicada que lleva a Rubalcaba y a sus ineptos federalistas (verdaderos aprendices de brujo de la política) nada menos que a promover un cambio radical de la Constitución en una dirección arriesgada y hasta suicida, y por supuesto sólo para lo que a ellos convenga. Y sin plantearse siquiera la más fácil alternativa de que la Carta Magna se cumpla esencialmente tal y como está redactada, o que, de forma bien sencilla, y con la misma connivencia expresa que han tenido los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) para apoyar los desarrollos normativos que han venido traicionando sucesivamente su espíritu y su letra, el desmadre permitido se reconduzca ahora en vía legislativa, dotando al Estado Autonómico de menores competencias y más razonables.

Porque si el PSOE, junto con los desleales caciques nacionalistas, promueve ahora, después de todo lo que han supuesto los excesos autonómicos, el ‘Estado federal’ para terminar de arruinar y disolver el país, es evidente que una gran mayoría de españolistas no van a dejar de arriar en su contra y con toda su fuerza la bandera del ‘Estado unitario’.

Fíjense nuestros lectores como Rubalcaba, instalado ya en el “Yo sigo” cual patético ‘Felipito Tacatún’ pasado de rosca, responde en la entrevista de El País al desafío de la consulta soberanista en Cataluña, obviando por supuesto lo que la vigente Constitución señala al respecto: “Yo creo que el problema es que si haces la pregunta en el resto de España obtendrías justamente los resultados contrarios. Por eso es un problema que tiene difícil solución. ¿Cuál es mi propuesta? Que abramos la Constitución, que nos pongamos de acuerdo como hace 35 años y que luego decidamos juntos porque queremos vivir juntos. Es decir, que los catalanes ejerzan su derecho a decidir cuando votan la Constitución, y luego lo vuelvan a ejercer cuando deciden el Estatuto. Esa es la forma de ejercer el derecho a decidir de una comunidad que se ha puesto de acuerdo con el resto de las comunidades para vivir juntos. Si queremos vivir juntos y nos ponemos de acuerdo en vivir juntos vamos a decidir juntos. Ese sería a mi juicio la salida”.

Pero, ¿es que la Constitución de 1978 no la votaron juntos todos los españoles…? Cierto es que, no todo caso, el texto constitucional no es inmutable y que quizás convenga revisarlo (sobre todo para reforzar las competencias del Estado). Pero no para beneficio personal y electoral de un Rubalcaba quemado y sus voraces socios de coyuntura; no a propuesta interesada de una formación política que busca su supervivencia de forma tan desesperada como torpe, traicionando incluso sus propias señas de identidad; no a costa de poner alegremente en juego la unidad nacional y retrotraer el país a los nefastos ‘Reinos de Taifas’...

¿Y para qué quiere Rubalcaba seguir criticando la política del Gobierno de Rajoy -buena o mala- si lo que en definitiva ahora pretende es cambiar radicalmente la organización política y territorial del Estado…? ¿Para qué proponer nuevas políticas estatales, como el incremento del impuesto sobre el patrimonio, para que acto seguido sean demolidas por la autonomía fiscal y los conciertos económicos convenidos con los nacionalistas…? ¿Pero todavía no se ha enterado de que el origen del déficit público, el agujero de las Cajas de Ahorro y hasta el grueso de la corrupción política tienen su causa principal en los desmanes de las Autonomías, de las que ahora propone una segunda edición corregida y aumentada con la amenaza de los mayores desmanes del Federalismo…?

Es más, ¿con quién quiere pactar Rubalcaba las políticas de Estado (Justicia, Educación, Sanidad…)? ¿Con los partidos nacionalistas, con los nuevos partidos federalistas…? Pues, entonces, apaga y vámonos.

Baste un último ejemplo para evidenciar cómo el agónico Rubalcaba se ha reinstalado en el proceloso recurso de la contradicción (esto es proponer en la oposición lo que el PSOE nunca hizo estando en el poder). Ahora, y a estas alturas de la historia, ahí tenemos el ejemplo de agarrarse a la ‘ley Wert’ para arremeter contra los acuerdos con la Iglesia, amenazando otra vez de forma oportunista -cual matón de poca monta- con hacer lo que bien o mal nunca hizo el PSOE: denunciar el Concordato con la Santa Sede…

La imagen social de la clase política está por los suelos, pero con líderes y partidos como Rubalcaba y el actual PSOE nacional (sus franquicias van manga por hombro), que con la que les está cayendo encima siguen afanados en buscarse la sopa boba a dos manos (la españolista en Madrid y la soberanista en la periferia), se hundirá cada vez más en el pozo sin fondo del rechazo ciudadano.

Lo que se esperaba de Alfredo Pérez Rubalcaba, visto a lo que se había llegado, era que amortiguara la derrota electoral del 20-N, rearmara política y moralmente el PSOE y estableciera las bases de su urgente renovación para poder sumar esfuerzos positivos en la superación de la crisis global que padecemos (de la que el PSOE es corresponsable). Pero ha confundido la hoja de ruta y sólo ofrece ‘más de lo mismo’, y si cabe peor y en mayor cantidad...

Si todo lo que tiene que ofrecer Rubalcaba a los españoles es la burra ciega del ‘Estado federal’, que coja el tole de una vez y se retire a ordenar el baúl de sus recuerdos, admirar su ombligo y teorizar, en su casa, sobre las políticas provincianas. Ni España ni los españoles -incluidos por supuesto los socialistas- están ya para más cuentos ni más políticos de pacotilla.

Lo soltó, ni corto no perezoso, el pasado 19 de julio en plena crisis del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, sin haber ofrecido todavía a la sociedad española la más mínima explicación, plausible o no, de su escandaloso trasfondo: “Estoy legitimado por las elecciones”. Y lo hizo al inaugurar la VI Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE que, auspiciada por el denominado ‘Grupo de Reflexión’, se celebraba en Palma de Mallorca para intercambiar impresiones sobre la manera de afrontar los retos pendientes de Europa, con el ánimo evidente de reivindicar ante ellos su autoridad al frente del Gobierno.

Preocupado sin duda por el deterioro de su imagen personal con la acogida del caso en los medios de comunicación internacionales, lanzó una idea que, expuesta como la expuso, en ese momento y ante ese auditorio (una reunión de la élite política europea), tenía su miga: “Todos sabemos que la democracia europea emana de la cultura democrática de los países que la integran, y es en las elecciones democráticas donde los pueblos legitiman a sus representantes para ejercer las responsabilidades de gobierno”.

Porque, ¿acaso sus gobernados han subvertido la democracia a costa del ‘caso Gürtel-Bárcenas’? Antes al contrario, lo que la sociedad española (incluidos votantes y militantes del PP) critica a voz en grito, es la apestosa corrupción de los gobernantes, y precisamente en defensa de ese sistema democrático que, eso sí, la clase política violenta día a día…

RAJOY PROPAGANDEA LA ESPAÑA ANTIDEMÓCRATA

Para empezar, ante el lenguaje taimado y desde luego extemporáneo del presidente Rajoy (no sabemos a santo de qué vino cuestionar la democracia española en un acto institucional de ese porte), cabe pensar que algunos de los ministros europeos presentes no dejarían de ver al pueblo español como una vulgar pandilla de salvajes, dispuesta, faca en mano, a degollar a los gobernantes salidos de las urnas. Es decir, dando pábulo a una España de nuevo retrotraída a sus épocas más negras (el 23-F, la Guerra Civil, la revolución de Asturias de 1934, la semana trágica de Barcelona de 1909, los espadones del siglo XIX…), por fortuna superada aunque Rajoy diera a entender lo contrario, consciente o inconscientemente y machacando una vez más desde el poder el invento de la ‘Marca España’.

Si el actual presidente del Gobierno no acaba la legislatura como tal, no será por el comportamiento antidemocrático de los españolitos de a pie, sino por el suyo. Porque la democracia está frontalmente reñida con la corrupción y la mentira política, y porque el sistema cuenta con recambios y contrapoderes para sustituir a cualquier prescindible -como él- que no sepa, no pueda o no quiera ejercer su responsabilidad de gobierno.

Cultura democrática en este país existe la que existe. Pero la suya, a tenor de cómo se financia su partido y de cómo su gobierno politiza la Justicia e incumple su programa electoral, no es precisamente la más acrisolada: las suposiciones, sombras de dudas y posibles malentendidos al respecto, que la ensoberbecida dirección del PP a veces sostiene con ínfulas ridículas, se quedan para catequizar analistas torpes, sectarios o sobrecogedores.

Claro está que en democracia los gobiernos salen de las urnas, pero luego pasa lo que pasa. Y ahí, en esas derivas indeseadas, tenemos casos para todos los gustos. Por ejemplo, desde el nazi Adolf Hitler elevado por las urnas alemanas al podio más indigno de la humanidad, hasta el Mohamed Mursi que en Egipto las quiso convertir en derecho de pernada de los Hermanos Musulmanes; pasando por Jesús Gil y por Julián Muñoz, los alcaldes de Marbella con mayorías absolutas que se dedicaron a saquearla y que dieron con sus huesos en la cárcel, o por Adolfo Suárez, adalid de la democracia a quien sus mismos correligionarios aplicaron el garrote vil de la política.

Y no olvidemos la defenestración de Margaret Thatcher, quien, tras ejercer exitosamente durante sus dos primeros mandatos como primera ministra del Reino Unido y ganar un tercero, fue forzada por su propio partido a dimitir sin poder concluirlo, dejando también el liderazgo de su partido… O la infinidad de gobiernos elegidos democráticamente -incluso con mayorías absolutas- que, dentro y fuera de España, se han visto obligados a tener que convocar elecciones anticipadas por muy diversas razones...

De manera que, si el presidente Rajoy piensa que por disfrutar el PP -y no él- del respaldo mayoritario en el Congreso de los Diputados tiene su poltrona y su gobierno a buen recaudo, se equivoca. Sabido es que la política es insondable e inescrutable, como los juicios y los caminos de Dios; y por eso, en democracia, hay políticos que hoy se acuestan en brazos del poder y mañana, poco más o menos, se despiertan entre rejas, como el senador del PP Luis Bárcenas…

EL GOBIERNO SE PASA EL PARLAMENTO POR LA FAJA

Y se equivocó también Soraya Sáez de Santamaría, de medio a medio, al considerar que, ante el tremendo escándalo del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, Rajoy no está obligado con las Cámaras, sino con “los ciudadanos”. Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 19 de julio, afirmó al respecto de forma literal: “El presidente del Gobierno ha dado, da y dará las explicaciones necesarias y oportunas a los ciudadanos, que es de lo que se trata, y en el momento que considere oportuno; no al servicio de la estrategia procesal de nadie ni a la estrategia política de otro, sino las que correspondan, las que se deban, a quien se debe el Gobierno, que son los ciudadanos”.

Parece mentira, y ello da medida de hasta dónde ha llegado la inconsistencia de la clase política, que toda una vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, que además pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado, ignore (o pretenda ignorar) que las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado -y sólo ellas- representan al pueblo español en su conjunto y que, además de ostentar la potestad legislativa del Estado y de aprobar sus Presupuestos, son el órgano legitimado para controlar la acción del Gobierno (art. 66 CE).

Pero es que al presidente del Gobierno no se le elige en las urnas (en ellas sólo se eligen parlamentarios), sino en el Congreso de los Diputados, previa propuesta de un candidato por parte de la presidencia de la Cámara, una vez consultados todos sus Grupos políticos. El candidato propuesto de esta forma, y no de forma directa por los ciudadanos (que sólo pueden votar a los diputados de su circunscripción electoral), expone a continuación el programa del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara, que la puede otorgar o no (art. 99 CE); de forma que, en términos procedimentales y con sujeción a Derecho, las mayorías parlamentarias ni quitan ni añaden nada al nombramiento del presidente del Gobierno, que siempre es una elección de segundo grado.

Y ello con independencia de que, a la postre, quien haya sido nombrado sea presidente de todos los españoles: de los que han votado a su partido, de los que han votado a otros partidos y de los que no han votado, teniendo o no teniendo la condición legal de electores. Y ese conjunto de la ciudadanía -incluidos los no votantes- es la que está representada en las Cortes Generales por la totalidad de los parlamentarios elegidos.

El llamativo desprecio del Gobierno de Rajoy al Parlamento es tan torpe y errado que Joaquín Prieto, periodista de largo recorrido en el análisis de la política española, no ha dudado en aclarar las confusas ideas de Sáenz de Santamaría al respecto en un ilustrativo artículo de opinión publicado en El País (21/07/2013), y con un título bien sin duda bien agradecido por los políticos desinformados:

Rajoy depende del Parlamento; no al revés

“Nadie puede comprender la política británica si no comprende el funcionamiento de la Cámara de los Comunes (...) en ocasiones especiales, se convierte en el centro casi místico del sentimiento nacional”. Las ‘Memorias’ de Margaret Thatcher recogen esas palabras al relatar la jornada de su dimisión, el 22 de noviembre de 1990, tras 11 años y medio al frente del Gobierno británico. Nadie reconocerá algún rasgo similar en el Congreso de los Diputados. No es una avería del sistema, sino el resultado ‘natural’ de los esfuerzos alternados entre PP y PSOE para minusvalorar al Parlamento en beneficio del Ejecutivo, llevados al paroxismo por el férreo control de la actual mayoría.

Mariano Rajoy no es el mandatario directo de las urnas. En realidad, fue elegido por el Congreso de los Diputados. Parece un formalismo (¿a quién iban a elegir, sino al jefe de la mayoría?), pero la democracia se diferencia de los regímenes autoritarios por el respeto a las reglas y a los buenos usos. Un presidente elegido en el Congreso puede ser destituido por esa misma Cámara, que a su vez corre el riesgo de ser disuelta por aquel para provocar nuevas elecciones. De modo que existe un juego que los protagonistas no deben saltarse a la torera. Gran parte de la enorme desafección ciudadana hacia los partidos políticos se debe a haber reducido a los votantes a la impotencia, no solo a base de escándalos, sino de constreñir a los representantes a la condición de personas que han de ganarse el favor de sus jefes y no el de los ciudadanos.

Es verdad que las campañas electorales se montan en torno a los candidatos a presidente del Gobierno, lo cual contribuye a la sensación de vivir en un sistema presidencialista. Pero es falso. Los presidentes de Estados Unidos o de Francia sí están investidos directamente por las urnas. La posición de Rajoy (como antes la de Zapatero, Aznar, González, Calvo Sotelo, Suárez) es equiparable a la del canciller en Alemania o a la del primer ministro británico: dependen de sus respectivos Parlamentos. No al revés.

Si los jefes de las mayorías y de las minorías se llevan mal, es su problema. La Dama de Hierro nunca dejó de despreciar al jefe de su oposición, el laborista Neil Kinnock (“Jamás me decepcionó. Hasta el final mismo, siempre pronunció las palabras menos apropiadas”). Probablemente, Rajoy siente parecida antipatía por Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no comparte con los jefes de Gobierno británicos el respeto al Parlamento. Solo por eso hay que valorar la iniciativa del líder de la oposición socialista, en recordatorio de que la moción de censura también existe.

Todo cuanto se ha dicho de que Rajoy puede ganar esa votación sin bajarse del autobús es más que cierto. También lo es que desempolvar el Gran Berta, solo para intentar que el presidente del Gobierno acuda al Parlamento, puede parecer un desperdicio. La situación ilustra el bloqueo al que el partido mayoritario somete a las minorías. Si la democracia representativa queda reducida casi a la incapacidad, porque la mayoría entiende que la soberanía es del presidente del Gobierno, se comprende que las minorías rebusquen el modo de rearmar al Parlamento. No es mala ocasión de poner bajo los focos el funcionamiento de una democracia que abusa de los decretos-ley, niega comisiones de investigación, es muy poco transparente y donde nadie se hace responsable político de finanzas partidistas más que dudosas.

La debilidad económica de España empuja hacia las prudencias conservadoras para tratar la crisis institucional. Esa oposición que desempolva el gran cañón está dividida: unos piden elecciones ya, otros quieren una sucesión ordenada en el seno de la mayoría y hay quien se conformaría con una explicación. Pero hace 26 años que portavoces de la oposición (uno de ellos, el ‘candidato’ a nuevo jefe de Gobierno) no tienen la oportunidad de subir a la tribuna y plantear ‘sin limitación de tiempo’ cuanto quieran decir, si finalmente se presenta la moción. La perderán, pero los mecanismos democráticos no deben oxidarse.

LA RECTIFICACIÓN LLEGA TARDE, MAL Y A RASTRAS

La realidad es tan tenaz y el precipicio por el que se despeña la resistencia de Rajoy tan evidente, que éste no ha tenido más remedio que admitir su error y anunciar su comparecencia parlamentaria en relación directa con el ‘caso Bárcenas’. Lo hizo el 22 de julio, durante una rueda de prensa que compartía en La Moncloa con el primer ministro de Rumanía, Víctor Ponta, dando de nuevo más proyección internacional a los trapos sucios de la política española.

La secuencia de los hechos es reveladora, porque muestra la contumacia de Rajoy y su rotundo fracaso. El escarceo se inició cuando, en el turno de preguntas al mandatario de su país, un periodista rumano lanzó sobre la marcha a Mariano Rajoy este misil de celo informativo: “Señor presidente, no sólo España, sino también muchos países y toda Europa, espera saber cuándo y cómo, de qué forma, va a responder a todas las acusaciones que tiene en este ‘caso Bárcenas’, enfrente del Parlamento o enfrente de un juez. ¿Lo va a pedir o va a ser en un discurso, como el pasado febrero?”.

Rajoy se fue en primera instancia por las ramas de la inconcreción -muy en su taimado juego habitual- con esta contestación literal:

Presidente Rajoy: En relación con la pregunta que me formula, ya sabe usted -que, por lo que veo, me parece que es un buen seguidor de la vida política española- que yo comparezco habitualmente en el Parlamento. Yo respondo a preguntas en el Congreso y en el Senado, participo también en debates y, lógicamente, en la medida en que me van preguntando, yo voy respondiendo, igual que ocurre en mis comparecencias ante los medios de comunicación. Por tanto, yo sobre este tema, siempre que me preguntan, he dado una respuesta.

A partir de ahí, yo ayer hablé con el presidente de las Cortes y le dije que iba a presentar una solicitud de comparecencia para tener una intervención en el Parlamento en la última parte de este mes o a principios del próximo mes de agosto, con el objetivo fundamental de explicar la situación en la que vive en este momento nuestro país, tanto desde el punto de vista económico, con nuevos datos económicos que estamos conociendo en estas fechas y que seguiremos conociendo en el futuro, y también la situación que vive desde el punto de vista político, y en la que, lógicamente, hablaré del tema que a usted le preocupa.

Lo he hecho porque considero que éste es el momento oportuno y adecuado para plantear el futuro de las cosas y lo que pretende hacer el Gobierno en los próximos meses.

Lo que, a continuación, llevaría a otro periodista a realizará una pregunta más incisiva y con respuesta forzadamente más concreta:

Pregunta: Yo tengo, en esta ocasión, dos preguntas para el presidente del Gobierno y las hago en nombre de los periodistas españoles.

Me gustaría saber por qué mantuvo usted el contacto con Luís Bárcenas, dándole ánimos, incluso, después de que se descubriera que tenía dinero en Suiza.

También me gustaría saber si usted considera que no ha hecho nada mal a lo largo de estos últimos meses para gestionar esta crisis y si no cree que los ciudadanos, también sus votantes, merecían algún tipo de explicación hace ya tiempo.

¿Y cómo piensa usted recuperar la confianza, que, según las encuestas, parece perdida, de los ciudadanos?

Presidente Rajoy: Sobre ese asunto, como acabo de decirle a su compañero periodista, compareceré en el Parlamento para dar todas las explicaciones, porque creo que es donde debo hacerlo, porque yo lo que quiero es darle explicaciones, contarle lo que ha ocurrido y cuál es mi versión, que también es necesaria, al conjunto de los ciudadanos. Y creo que el sitio es el Parlamento, donde está representado el conjunto de la soberanía nacional. Por tanto, ahí es donde yo diré todo lo que tenga que decir sobre este tema.

¿Cómo pensamos recuperar la confianza? Llevamos año y medio largo de Legislatura, ha sido una etapa muy dura y ha sido una etapa muy difícil. Nos hemos tenido que enfrentar a una situación de déficit fuerte, un déficit exterior y graves desequilibrios económicos. La situación económica no es buena. Creo que hemos tomado muchas decisiones, algunas complejas, difíciles; muchas no comprendidas por los ciudadanos, pero creo que ya empezamos a ver algunos datos positivos en la economía española

Por tanto, yo lo que voy a hacer es seguir trabajando, defendiendo única y exclusivamente lo que creo que es mi obligación defender, que es el interés general de los españoles. Me gustaría que la economía española pronto remontara el vuelo. De momento, las bases ya se han puesto muchas y algunas se pondrán en el futuro. Y me gustaría que los españoles vieran que estas políticas, que en muchas ocasiones no les han gustado, y soy plenamente consciente de ello, producen efectos.

De esta forma, la errada estrategia del Gobierno resistiéndose a explicar el ‘caso Bárcenas’ en el Parlamento, quedó hecha añicos, tal y como habían previsto todos los analistas políticos alejados de la influencia del PP. Ahora, está muy claro que la comparecencia de Rajoy (prevista para el 1 de agosto próximo en el Congreso de los Diputados) ya no será a petición propia, aunque él la presente de esa forma, sino forzada por la presión política y mediática. La vicesecretaria general del PSOE y diputada por Madrid, Elena Valenciano, lo advirtió inmediatamente de forma bien sencilla y descriptiva: “El señor Rajoy llega tarde, mal y a rastras”.

En su columna habitual de El País, Miguel Ángel Aguilar, siempre incisivo y habituado a confrontar la vida política con el conocimiento y las vivencias de la ilustración social, ahondaba en la repentina apreciación sobre el ‘caso Bárcenas’ de Elena Valenciano y destacaba el contraproducente resultado de la torpe pasividad a la que se había aferrado el presidente Rajoy. En la crónica titulada “En línea con Don Tancredo” (23/07/2013), escribe:

El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, parece imbuido del principio según el cual aquí el que resiste gana. Un principio adoptado como lema heráldico por otro gallego, de Padrón, Camilo José Cela. En la versión particular de Rajoy se entiende que resistir es callar. De manera que nuestro presidente, enrocado en esa actitud, acaba componiendo la figura de Don Tancredo. Esa es la referencia con la que empezaba para los españoles el siglo XX, lo mismo que para los franceses se inauguraba con la torre Eiffel. En el ensayo que le dedica, José Bergamín (véase Obra Taurina. CSIC, Madrid, 2008), escribe que Don Tancredo encontró el valor por el camino más corto: por el del miedo. Esa es también la manera que ha tenido el presidente Rajoy de encontrar la elocuencia por el camino más corto: por el del silencio. Un silencio sostenido frente a la petición indeclinable de explicaciones que le han venido reclamando las fuerzas políticas parlamentarias y todo el arco cromático, que componen del rosa al amarillo las afinidades de la prensa, radio y televisión que se edita o emite desde Madrid, si se exceptúa a la Brunete mediática obcecada en el marianismo de estricta obediencia.

La invención del tancredismo, entendido como la voluntad de no hacer nada, se positiva en un esfuerzo heroico: el de no moverse lo más mínimo, conforme a los dictados del asesor áulico Pedro Arriola. Así se dejó arrumbar Rajoy, cuando era líder de la oposición, por las olas de la crisis hasta arribar a las playas de La Moncloa. Así, una vez alcanzada la presidencia, ha desafiado también, como Zapatero, su predecesor socialista, la vigencia del principio de contradicción fijado en la lógica aristotélica. Lo que resulta paradójico es que el hombre inmovilizado por el miedo se transfigure en la estatua viva del valor: del Rey del Valor, que era el sobrenombre con el que se anunciaban las actuaciones de Don Tancredo en los carteles taurinos. Señala nuestro autor que “para nada hace falta tanto valor como para expresar el miedo” y que “el valor de los hombres podría definirse por la calidad de su miedo”. También que hay dos escuelas de pensamiento al respecto. La primera, mantiene que Don Tancredo esperaba al toro con los ojos cerrados, la segunda que lo hacía con los ojos abiertos. Pero Bergamín resuelve el dilema invirtiendo el orden de los factores para advertirnos de que no es el Don Tancredo el que puede mirar con fijeza al toro; es el toro el que puede y tiene que mirar con fijeza a Don Tancredo, de forma que cuando el toro no se fija en él es cuando está perdido: porque le acomete, casi sin verlo, le arremete y le derriba. Así sucedió el primero de enero de 1901 con aquel toro Zurdito, de Miura, que sin duda no se fijó en él, le derribó al suelo y le obligó a salir de estampida.

La pretensión por parte de Mariano Rajoy de esquivar la cuestión de Bárcenas y de la financiación ilegal del Partido Popular solo ha generado resultados contraproducentes. Quien pensara que el tiempo todo lo borra o que después de llover escampa, habrá podido comprobar el fracaso de semejante predicción, porque también sucede que el paso del tiempo puede ser un agravante y que el silencio de la parte interpelada redobla la fuerza del requerimiento de quienes exigen respuesta. Más aún, si Manolo el del bombo se pone al frente de la percusión con la maestría que tiene acreditada en la administración de las dosis y de las pautas, sabedor de que para lograr el incremento de las sensaciones en progresión aritmética es necesario que los estímulos escalen en progresión geométrica (Ley de Weber y Fêchner) y sabedor también de cómo premiar o sancionar el comportamiento que cada uno de los implicados en las carpetas y sobres manejados por Bárcenas, que Jota Pedro presenta como descubrimientos. Máxime cuando, esta vez, en lugar de las conjeturas para extorsionar de otras ocasiones cuenta con datos irrefutables. En todo caso, según comentaba un magistrado del Supremo, cuando aparece una contabilidad b, siempre acaba por resultar la verdadera, mientras que la oficial apenas responde a la necesidad de guardar las apariencias legales.

Que las fuerzas de oposición hayan debido amenazar con una moción de censura indica la tozudez de la negativa de Rajoy a comparecer ante el Congreso de los Diputados, habida cuenta de que la censura es el único recurso que la Junta de Portavoces, de obediencia gubernamental, es incapaz de bloquear. Que el presidente haya dicho que solo debe explicaciones a los españoles que le votaron es contrario al hecho de que su investidura corresponda al Congreso de los Diputados, integrado por quienes han sido elegidos para ocupar sus escaños en las elecciones generales. Pero esto no se queda así. Esto se hincha.

Al igual que sucedió en su momento con el presidente Rodríguez Zapatero, quien tras eliminar de su particular vocabulario la palabra ‘crisis’ tuvo que recuperarla convertida ya en el arma de su propia autodestrucción, ahora Rajoy ha pretendido borrar del suyo al colega ‘Bárcenas’, siendo forzado también a reconocerle con luz y taquígrafos de por medio, ataviado con todos sus atributos de partido y cuando el personaje ya hiede políticamente a larga distancia.

Se trata, por tanto, de un ‘dar la cara’ que, además de llegar tardía y malamente, no va a permitir que se siga camuflando la verdad con medias palabras ni con retorcimientos del lenguaje y, mucho menos todavía, con mentiras formales. En relación con el camino recorrido hasta hora de forma bien torpe por el ‘marianismo’ en el escándalos asunto de Luís Bárcenas, no nos resistimos a reproducir un excelente artículo de Pedro G. Cuartango titulado “El neolenguaje del PP”, publicado en el anexo documental de El Mundo sobre los “20 años de Contabilidad B en el PP” (17/07/2013):

Si el pescado se pudre por la cabeza, la mentira empieza siempre por la manipulación de las palabras. Estos días estamos asistiendo al nacimiento de un neolenguaje que pretende desviar la atención de los ciudadanos y encubrir la financiación ilegal del PP y los abusos cometidos por sus dirigentes. Syme, uno de los personajes del '1984' de Orwell, asegura que el Ministerio de la Verdad conseguirá la implantación de ese neolenguaje en el que las palabras ya no tendrán ningún significado en el año 2050. En esa fecha, el poder habrá impuesto el doble pensamiento, que consiste en disociar lo que uno piensa de lo que tiene que decir, que son las consignas del partido. Muchos dirigentes del PP han hecho realidad la profecía del escritor británico 37 años antes de lo que preveía.

Lo que estamos viendo estos días es cómo las metonimias, metáforas, elipsis, hipérboles, sinécdoques, anacolutos y otras figuras del idioma son utilizadas por los portavoces del PP para ocultar unos comportamientos infames y para eludir responsabilidades, culpando a otros de sus propias miserias. El espectáculo es sencillamente indecente.

No sé si es peor la financiación ilegal del partido y el pago de sobresueldos o la burda propaganda que supera con creces a la del Gran Hermano. En este asunto no es que falte 'la finezza' que reclamaba Andreotti, sino que lo que sobra es estulticia y cara dura.

La reacción del PP muestra la profundidad de la crisis política e institucional que sufre este país, en el que la falta de ejemplaridad de los líderes y la esclerosis de los partidos han provocado un absoluto descrédito de los ciudadanos hacia el sistema.

Y hay que empezar por repudiar la actitud del presidente del Gobierno. Cuando Rajoy leyó anteayer [15 de julio de 2013] la respuesta que llevaba escrita en su comparecencia en Moncloa, habló de “rumores, insinuaciones e informaciones interesadas”. En lugar de esforzarse en buscar argumentos para defenderse, recurrió al demagógico recurso de quitar toda credibilidad a los abrumadores indicios que apuntan cuando menos a imperdonables negligencias.

Rajoy no explicó, no ha explicado nada. Desde que estalló la crisis se ha limitado a hacer juicios de intenciones contra quienes le piden algo tan elemental como que comparezca públicamente para responder a las muchas preguntas que suscitan los apuntes de la contabilidad B de Luis Bárcenas, que ha sido miembro de su círculo íntimo desde que fue nombrado presidente del partido hace nueve años.

Pero lo más repudiable de la actitud del presidente ha sido su identificación con el Estado y la estabilidad de las instituciones para blindarse de esa exigencia de responsabilidades políticas que es de puro sentido común.

Asumiendo ese neolenguaje, Rajoy declaraba hace pocos días que los medios deben ocuparse de lo "verdaderamente importante", sugiriendo que todo este asunto es secundario respecto a la crisis económica. Ello revela su escala de valores y su nulo interés en limpiar el partido, que es lo único que -parafraseándole- verdaderamente le importa.

Cuando, hace unos meses, puso la mano en el fuego por todos los dirigentes del PP de ahora y de antes, se comportó como el padrino que protege a su clientela a cambio de una fidelidad hasta la muerte. Ésa parece ser la cultura dominante en Génova.

Dolores de Cospedal también incurrió anteayer en el mismo error de negarlo todo sin ningún matiz, aunque, al menos, tuvo el valor no desdeñable de responder a las cuestiones que le plantearon. La 'número dos del PP' optó por desmentir categóricamente que su partido cobrara una comisión por unas contratas de limpieza en Toledo cuando existe un recibo firmado por uno de sus colaboradores al que Bárcenas entregó 200.000 euros. Puede que Cospedal no haya cometido ninguna irregularidad, pero ese documento merece una explicación prolija y convincente.

A lo largo de estos días, dirigentes y diputados del PP se han desplegado por todas las tertulias para amplificar la teoría del chantaje y desacreditar a El Mundo. Olvidan que chantajear no es hacer público lo que uno sabe, sino ocultarlo para sacar beneficio. Pero, además, sólo es posible chantajear a alguien si éste tiene algo que esconder.

El diputado Gil Lázaro se dedicó en un programa televisivo de la noche a despotricar contra este periódico, calificando todas sus informaciones de insidias, arremetiendo contra la oposición y tachando a Bárcenas de “delincuente”, en línea con lo que han dicho Floriano y Alonso. El discurso de los tres es una emulación del de 'Humpty Dumpty' cuando enfatizaba muy enojado aquello de que “las palabras dicen lo que yo quiero que digan”.

Pero la realidad es tozuda. Y siguen sin respuesta las cuatro cuestiones elementales que ninguno de ellos ha sido capaz de contestar: por qué sus superiores no se enteraron de nada, por qué le protegieron a Bárcenas, por qué han reconocido dirigentes como Nasarre y García Escudero que recibieron esos sobresueldos si todo es falso y por qué esos apuntes coinciden con la contabilidad de 'Gürtel', incautada por la Policía y que obra en el sumario.

Por mucho que se empeñen, no hay ninguna conspiración contra Rajoy. Pero, aunque la hubiese, que no es cierto, lo esencial reside en la fuerza de los hechos. Si este escándalo hubiera estallado en Gran Bretaña, David Cameron sería ya un cadáver político. Para quien lo haya olvidado, Helmut Kohl tuvo que dimitir como jefe de la CDU cuando los medios revelaron que su partido había cobrado una comisión por la refinería de Elf en Leuna.

Buscar la verdad no consiste en matar al mensajero. Si la estrategia del PP pasa por negar las evidencias, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que todo acabará muy mal, porque no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.

En nuestra Newsletter del pasado 25 de noviembre, titulada “La realidad objetiva y la manipulación política”, señalábamos que sólo cuando el político reconoce las cosas como son en sí, alcanza la verdad. De otra suerte cae en el error y, por tanto, en el gobierno pernicioso.

El gobierno de la razón, frente a la razón del gobierno (que a menudo incluye la ‘sinrazón’, la ‘razón de Estado’, el ‘secretismo’ y, efectivamente, la manipulación del lenguaje), se asienta en el conocimiento de la verdad objetiva. Porque la razón, en esencia, depende de la verdad…

Un ejercicio mentiroso que, además de ser propio de políticos de escasa capacidad, como la mayoría de los actuales, también es el refugio de los más mezquinos y de los más tontos, quienes, si uno se detiene en tal observación, no dejan de ser, efectivamente, los que más mienten. Y en el que, según clamaban los socráticos, el peor engaño es el de los que, careciendo de méritos para ello, se hacen pasar sin pudor alguno ante sus conciudadanos por hombres capaces de gobernar el país.

Pero, aún con todo lo dicho, ya veremos en qué queda la comparecencia parlamentaria de Rajoy del próximo jueves 1 de agosto, y si aclara el ‘caso Bárcenas’ y la oscura financiación del PP de forma comprensible o se sube por las ramas y vuelve a su taimado lenguaje político para ofrecernos ‘más de lo mismo’. Puestos a apostar, apostaríamos por la vía del ‘escapismo’, que es lo que mejor se le da.

Que la corrupción política alimentada por el aparato del PP terminaría ardiendo en la hoguera pública, ya se advirtió en esta misma web de forma temprana en un artículo de opinión de Fernando J. Muniesa titulado El trasfondo profundo del “caso Gürtel” (19/02/2012). Previsión que se precisó más tarde (27/01/2013) en la Newsletter 46 (El “caso Gürtel-Bárcenas” y la autodestrucción del PP) y que, a renglón seguido (28/04/2013), se remató en la Newsletter 59 (El “caso Gürtel-Bárcenas”: la verdad os hará libres).

Esos tres análisis sucesivos del caso y de su grave sintomatología política, lo dejaron bien radiografiado y diagnosticado para que el lector menos informado pudiera tomar justa conciencia de la situación y procurarse un estado de opinión correcto, digamos que ‘listo para sentencia’. Cualquiera podía constatar que el ‘caso Gürtel’ (que en realidad era el ‘caso Gürtel-Bárcenas’) presentaba las características propias de un ‘cáncer de partido’ en avance terminal si no se le aplicaban terapias de urgencia, incluidas las amputaciones quirúrgicas necesarias.

Pero parece ser que, ni eso ni todo lo masivamente publicado al respecto en infinidad de medios informativos, fue suficiente para mover a las cabezas pensantes del PP y del Gobierno al que sustenta a frenar la metástasis degenerativa que estaban padeciendo, y ni siquiera a aliviarla de forma paliativa. A tenor de la situación, la dejación asistencial  del caso se debió sustituir por los rezos a Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, o por pactos diabólicos para que el infierno judicial se centrara y cebara sólo en los ‘pringados’ de turno (palmaditas sobre el hombro del pillado y “A mí plin… yo duermo en Pikolín”).

Lo que pasa es que el cáncer de la política, y en particular su variedad ‘res publica corruptio-latrocinium’, al igual que sucede con otros grandes males que aquejan al actual sistema de partidos, suele perseverar en su perniciosa marcha de forma irreversible si no se combate con la debida decisión y ocupación, sin dejar de aplicar los conocimientos y medios técnicos más avanzados. Pero Rajoy (presidente del PP y del Gobierno), que es el padre de la doliente criatura, no ha estado jamás por esa labor, ni lo estará, porque metafísicamente le es imposible: no soporta los problemas y por eso los bandea de mala manera sin cogerles por los cuernos.

LO QUE YA ESTÁ EN CUESTIÓN ES LA INTEGRIDAD DE RAJOY

Muchos españoles, votantes o no del PP en las pasadas elecciones generales (más que de Rajoy), ya estaban con la mosca detrás de la oreja sobre su posible vaguería personal, su languidez política (por no hablar de pasotismo o de falta de coraje), su capacidad para ocultar la verdad (mentir al fin y al cabo) y su incapacidad para gobernar… Pero, ahora, la mala gestión del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ y las novedades afloradas al respecto (como las reveladoras declaraciones de Bárcenas a Pedro J. Ramírez rectificando afirmaciones realizadas previamente en la instrucción judicial y aportando documentos originales de la Contabilidad B del PP, a modo de ‘continuará’) han puesto en cuestión, incluso, su integridad personal.

Victoria Prego, siempre aguda en sus análisis y en la lectura de los grandes acontecimientos políticos, señala esa precisa y definitiva llaga en un artículo de opinión titulado de forma significativa “Cohecho y reputación” (El Mundo 12/07/2013):

Son dos cuestiones distintas las que ahora mismo están cargando el aire que tanto crispa al PP. Ambas de la máxima importancia pero de distinta naturaleza.

Una de ellas, la que parece que interesa especialmente al juez, es la de la presunta financiación irregular de ese partido. La extraordinaria importancia que tanto el juez Ruz como el fiscal Romeral han dado a ese manuscrito original de Bárcenas, tiene que ver con el rastreo de las donaciones, muy por encima de los límites que marca la ley, que el PP podría haber recibido.

La cuestión, en ese caso, estaría en comprobar quién aportó dinero, en qué cantidades y a cambio de qué concesiones. Y, por supuesto, descubrir también la dimensión de las comisiones que, por el camino, se hayan podido distraer hacia los bolsillos particulares de algunos. Hacia el de Luis Bárcenas desde luego, aunque esa siga siendo de momento una hipótesis.

Lo que los dirigentes populares no saben todavía es hasta dónde está dispuesto a llegar su ex tesorero en la denuncia, más allá del caso Gürtel, de esa supuesta financiación ilegal. Ni qué es lo que puede probar. Y no porque la financiación irregular sea un delito, que no lo es. Ojo a eso, no nos vayamos a equivocar. La financiación puede ser contraria a determinadas leyes pero no está contemplada como delito en el Código Penal. Lo que sí es un delito es el cohecho, que tiene pena de prisión. Y pudiera ser que Bárcenas estuviera dispuesto a hacer ante el juez nuevas aportaciones en ese sentido. De ahí la tensión que el portavoz del PP mostró ayer en el Congreso, llamando directamente delincuente al hombre que durante 20 años administró las cuentas de su partido y que, de momento, no ha sido condenado como tal.

Y luego está la segunda parte, que sólo tiene ribetes políticos pero que es de una enorme trascendencia: quién recibió dinero que, según la Ley de Incompatibilidades, no debía recibir. Y quién lo recibió pudiendo hacerlo, pero lo ocultó a Hacienda.

Y ahí es donde se hace foco en Mariano Rajoy porque es presidente del Gobierno de España. Los demás nombres tienen también su importancia, pero casi todos están ya fuera de las estructuras de poder del PP y, en todo caso, su falta habría prescrito.

De modo que lo que se dirime aquí es algo tan simple como trascendental: si Rajoy es, o no es, el hombre íntegro, transparente y estricto cumplidor de las normas que él siempre ha dicho que era y que, desde luego, parece. Él acuñó para la Historia una frase rotunda: “Es falso: nunca, repito, nunca, he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguno”. Dicho queda.

De la documentación que pueda aportar Bárcenas depende ahora que su reputación se mantenga, e incluso se refuerce o, al contrario, salte hecha añicos. Pero si Rajoy está tranquilo, como dicen que está, aunque se empeña en seguir callado, lo que no se comprende es por qué los suyos se comportan como si llevaran los dedos metidos en un enchufe.

El lunes [14 de julio de 2013] empezaremos a despejar dudas.

Pero es que esa esperada aclaración de dudas por parte de Rajoy y del PP no sólo no se ha producido sino que, en su ausencia, lo que se ha fortalecido de forma inmediata es el análisis y los temores de Victoria Prego sobre la integridad del presidente del Gobierno. Tras la ‘pérdida de papeles’ de los populares, que salieron en tromba para acusar a Bárcenas de vulgar “delincuente” desvinculado del partido, como si fuera un extraterrestre que nunca fue su gerente, su tesorero, su senador cunero por Cantabria ni “El Cabrón” que atornillaba con la ‘trama Gürtel’ sus colectas y repartos de sobresueldos ilegales, el peligroso tándem Ramírez-Bárcenas ha encendido, sin más, la hoguera de la cremá terminal de Rajoy, que es la del PP.

Claro está que este incendio político se acompaña con la correspondiente pugna concursal por convertirse, cada facción del partido, en el ninot indultat de la larga noche de San Juan (por no decir de los cuchillos largos) que tan torpemente se acaba de inaugurar. Ya veremos quién gana esa posición o si se queda desierta.

¿ES EL MINISTRO RUIZ-GALLARDÓN EL PIRÓMANO DEL PP…?

La lamentable opción de Rajoy en el tratamiento del ‘caso Gürtel-Bárcenas’, enrocado en el silencio y en la negación de la evidencia, aderezados con el insulto generalizado (esgrimiendo un falso catálogo de ‘causas generales’, ‘conspiraciones’  e intentos de ‘arruinar la recuperación’…), y en particular con el insulto más grave y peligroso a la inteligencia de los electores, ha marcado el principio del fin de su vida política y lleva al PP a su ruina existencial. Es la terapia del fuego arrasador, de la tierra quemada.

Ahora, la cuestión importante para -si fuera posible- reaccionar de forma inteligente y salvar los muebles (limitar los daños), sería no sólo reconocer la realidad y reconducirla con decisiones ajustadas, sino comprender que el fuego no ha sido accidental, sino provocado y, en su caso, detectar y detener al pirómano de turno, al que, si hace falta, está visto que no le faltará valor para avivarlo con gasolina de alto octanaje.

En un Confidencial de esta misma web, ya se señala el paralelismo que existe entre el comportamiento del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en relación con el presidente Rajoy, y el que tuvo el ex ministro socialista de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, con el entonces presidente González. Algunos de sus párrafos advierten:

(…) Con lo ‘cantado’ a última hora por Luís Bárcenas en la instrucción judicial del caso que lleva su nombre, tras esperar de forma infructuosa el socorrido favor del Gobierno para no ingresar en prisión, Ruiz-Gallardón aparece desentendido de esta comprensible demanda del ‘compañero’ ecónomo del PP, como un émulo del ex ministro socialista de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch cuando, en su afán por acabar con la carrera política del entonces presidente del Gobierno Felipe González, le puso a las patas del ‘delincuente’ José Amedo. Porque quien ahora ha puesto al ‘delincuente’ Bárcenas en el disparadero contra el presidente Mariano Rajoy ha sido el actual ministro de Justicia, que no ha movido un dedo cerca de la Fiscalía bajo su directa autoridad para atemperar la actitud de las fiscales que participan en la instrucción del caso (o bien para sustituirlas como pedía Bárcenas), al igual que se ha hecho -de forma acertada o desacertada- en otras muchas ocasiones…

(…) Pero más revelador todavía del papel jugado por el Ministerio de Justicia en contra de Luis Bárcenas (que al final tiene su efecto obvio contra Mariano Rajoy), es la posición de la Fiscalía Anticorrupción en el caso. Cuando una de las acusaciones privadas pidió ‘prisión con fianza’ para Bárcenas, lo que podía evitar su ingreso carcelario, fue la fiscal adscrita la que, ante el asombro de todas las acusaciones y hasta del propio juez instructor, la que, previa consulta a sus superiores, solicitó la ‘prisión incondicional y sin fianza’, petición que es la que en realidad produjo el ingreso del imputado en la cárcel de Soto del Real...

Y, finalmente, se concluye: “La Justicia se encargará de Luis Bárcenas (y compañía) y éste del jefe del PP. Lo dicho: ¿Es Ruiz-Gallardón el Belloch del presidente Rajoy...?”.

Pero, para no seguir en la auto-cita y poder informar la opinión de nuestros lectores de la mejor forma posible, recuperemos una excelente crónica de Jesús Cacho publicada en VozPópuli.Com (07/07/2013), cuyo análisis esencial compartimos, y que por su riqueza informativa no queremos resumir:

El Rey desnudo y el doble juego de Alberto Ruiz-Gallardón

En los recesos que tienen lugar en el salón de sesiones del Parlamento se les ve compartir confidencias muy al oído, guiños de complicidad, a veces risas reprimidas que en otro entorno hubieran aspirado a carcajada. Casi parecen una pareja de novios. Se sientan en el banco azul y comparten tareas de responsabilidad en el Gobierno de la nación. Él, ministro de Justicia, es hombre poliédrico y polémico donde los haya; ella, vicepresidenta del Gobierno, es la persona que más poder acapara en este Ejecutivo como mano derecha de Mariano Rajoy, además de ser la figura de mayor proyección de entre los políticos con futuro que pueblan la nómina del PP. La estrecha relación que une a Alberto Ruiz-Gallardón y a Soraya Sáenz de Santamaría no ha pasado desapercibida para nadie. Lo que aquél supo encontrar en Ana Botella, la atrabiliaria alcaldesa de Madrid a la que incluyó en su lista para así poder gozar de la protección de su antaño poderoso marido, ahora lo ha volcado sobre la mujer que goza de toda la confianza del Presidente, convencido de que no hay mejor farallón tras que el protegerse de los muchos enemigos que con cuchillos cachicuernos le esperan embozados tras las esquinas de la derecha española.

En la ciénaga en la que chapotea un PP cuarteado por la corrupción galopante de ‘Gürteles’, Bárcenas y demás escándalos, la vicepresidenta encarna una postura, encabeza un núcleo de gente más o menos joven y no contaminada que rechaza de plano esa situación, personas que en palabras de la ex presidenta madrileña se sienten “abochornadas” por la corrupción y reclaman, exigen, mano dura, operación limpieza y depuración de responsabilidades. Son los ‘sorayos’, un conjunto que se agrupa bajo el paraguas de la vicepresidenta. En una maniobra calculada, Ruiz-Gallardón se ha puesto a la sombra de ese grupo, intentado una alianza no explicitada pero de largo recorrido político. Es el rumor que recorre Madrid en las últimas semanas. En la tormenta que, por debajo del efecto balsámico de la mayoría absoluta, agita las aguas del partido y compromete su futuro, está en juego la sucesión de Rajoy y el liderazgo del PP. Gallardón sabe que sólo la vicepresidenta podría discutirle ese entorchado en un futuro no lejano y, calculador cual es, ha decidido hacer la primera parte de la carrera a su lado, pegado a su rueda, convencido de que cuando llegue el Tourmalet sabrá esprintar hacia la meta donde se coronan los elegidos.

La palanca que mueve a la Fiscalía a pedir prisión sin fianza para Luis Bárcenas la maneja Gallardón, pero el permiso para hacerlo posible lo solicita a Sáenz de Santamaría, quien, tras consulta con Rajoy, lo concede. “Ya no te puedes fiar de nadie”, dijo aquella noche Rosalía Iglesias. Soraya se moja porque está convencida de que Mariano no tiene nada que temer, segura de que está limpio, de modo que la amenaza de Bárcenas de abrir la santabárbara y hacer explotar la munición que guarda en ella no podrá acabar con la carrera política del presidente. Rajoy no es un corrupto. Las fuentes más solventes, sin embargo, sostienen que el exalcalde de Madrid opina otra cosa. Gallardón cree que la bomba Bárcenas, reforzada con metralla Gürtel, acabará llevándose por delante a la actual generación de altos cargos del PP, con el propio Rajoy al frente, y que tras esa explosión no quedará políticamente vivo más que él mismo y, quizá, la vicepresidenta.

Cuentan en la cúpula popular que Javier Arenas, mitad confesión mitad reproche, habría puesto al corriente a Gallardón de que la última partida de dinero localizada en Suiza en las cuentas de Bárcenas, esos 23 millones finales que elevan la suma total manejada por el extesorero a 48, pertenece al propio PP, es dinero del partido que se ha ido acumulando a base de comisiones colocadas en Suiza por constructores y demás familia, y que habría manejado en el tiempo Álvarez Cascos, el propio Arenas y otros… Dinero del partido y/o de prohombres del partido, un escándalo en todo caso que habría decidido a Gallardón a pisar el acelerador a fondo para llevarse por delante a toda la cúpula, permitiéndole a él encaramarse a la cúspide como salvador de la democracia española. De modo que es ahora o nunca. El momento de jugárselo todo a una carta. Se trata de hacer explotar la bomba, evitando que el paso del tiempo, la casualidad o un pacto que la dirección pudiera urdir con el propio Bárcenas desactiven una espoleta que podría llevarle en volandas a la Moncloa.

Gallardón, candidato a salir del Gobierno en una crisis 

Aseguran las fuentes que el presidente conoce el doble juego de su ministro de Justicia y está “asqueado” y dispuesto a ‘cepillárselo’ en cuanto pueda, candidato seguro al cese en caso de producirse una de esas crisis del Gobierno a las que tan poco dado es el gallego. Las opiniones en torno a la eventualidad de una crisis de Gobierno más o menos próxima son muy dispares, incluso dentro de los propios equipos ministeriales. Cristóbal Montoro, por ejemplo, no ve por ningún lado esa remodelación, entre otras cosas porque las elecciones europeas, citadas siempre como frontera del cambio, están lejos. Sin embargo, su segundo, Antonio Beteta, opina lo contrario, y cree que existen muchas posibilidades de que la crisis se produzca en otoño.

Gallardón lo sabe. Sabe que su cabeza está en peligro y que si se produjera ese cambio ministerial sin que el artefacto Bárcenas hubiera hecho explosión, su carrera política, que tantos y tantos bandazos ha protagonizado, habría llegado a su fin. Necesita, por tanto, acelerar la depuración en el PP. Provocar la gran crisis. Activar la traca final a pesar de los riesgos, muchos, porque Gallardón, limpio de los sobresueldos de la calle Génova, no puede presumir de una hoja de servicios inmaculada, como algunos de sus millonarios amigos -“si los baños de Zalacaín hablaran” suele decir uno de ellos- se encargan de sugerir. Lo suyo, en efecto, ha sido caza mayor, siempre arrimado a lo más granado del capitalismo castizo madrileño, básicamente constructor, gente como ese ‘bon vivant’ que hace años declaraba como fraternal obligación “hacerle a Alberto un dinerito para cuando abandone la política”. Ni todo el oro del mundo, sin embargo, conseguiría apartar a este animal político de su suprema ambición: la de ser presidente del Gobierno de España como hombre de síntesis entre una derecha y una izquierda que, en pleno fin de Régimen, se baten hoy en retirada.

El aspirante ha encontrado uno de los aliados más poderosos que podía soñar sobre la piel de toro en la persona de Su Majestad el Rey. Conocida es la frialdad que en el pasado presidió las relaciones entre ambos, conexión torcida desde que al príncipe de los munícipes se le ocurriera cortejar a la sobrina del Rey, María Zurita. Dicen que aquello iba en serio, tan en serio que en un decisión difícil de interpretar a la luz de lo sucedido después en su propia casa, el propio Monarca cortó en seco esa intención advirtiendo al pretendiente que jamás lograría emparentar con la familia Borbón. En línea con ese historial, don Juan Carlos se opuso en diciembre de 2011 a su nombramiento como ministro de Defensa del Gobierno Rajoy, puesto que el gallego le tenía reservado. Con derecho de pernada para nombrar al titular de ese ministerio y al responsable de los servicios secretos, tenía su propio candidato en su amigo Pedro Morenés.

El Rey ha tenido que llamar a la puerta de Ruiz-Gallardón 

La venganza, ese plato que se sirve frío, ha llegado para el político todo ambición del brazo del escándalo Urdangarin, y la posterior imputación de la infanta Cristina. El titular de la Corona ha tenido que llamar a la puerta del ministro de Justicia para pedir ayuda con menos humos que antaño. Salvar a su hija del banquillo se ha convertido para el Rey de España en una cuestión prioritaria, casi una obsesión. En el acercamiento entre ambos ha jugado papel importante la propia María Zurita, que ha respondido con la gentileza que de ella se esperaba. Y ahí está, estaría, el pacto, dibujado como una ensoñación cuya sombra se cierne sobre el futuro de España: uno tendría que embridar los corceles de la Justicia, empezando por la Fiscalía bajo su jurisdicción directa, para salvar esa gran sima judicial que por culpa del yerno trincón amenaza el futuro de la Corona, desde luego situando a la Infanta al margen de las asechanzas de los tribunales y, a ser posible, también a su marido, y el otro apoyando las aspiraciones políticas del fogoso ministro de Justicia, en el caso de que la olla a presión del PP termine por explotar llevándose por delante a toda la vieja guardia.

Para un jefe de Estado que llegó a manifestar sin ambages su incapacidad para cohabitar, vulgo soportar, a un presidente del Gobierno tan frío puro mármol como José María Aznar, un político que se opuso a muchos de sus caprichos, y que tampoco sintoniza con un hombre como Rajoy, tipo austero que pasa de las pompas y vanidades del mundanal entorno de los ricos del lugar, un Gobierno presidido por Gallardón podría significar para él el regreso a los años dorados de Felipe González y, sobre todo, de un Zapatero donde el Monarca hizo de su capa un sayo; tanto consintió, permitió tanto, que durante años hizo la vista gorda con la insólita situación de una rubia de lujo que, como si de una autoridad del Estado se tratara, llegó desfilar tras el Rey de España por la alfombra roja de más de una recepción real, además de permitirle vivir en el propio recinto de Palacio, en el Somontes madrileño, mientras la legítima consumía sus horas apenas a unos cientos de metros en La Zarzuela.

Mientras tanto, los intentos del Rey por recuperar imagen, dicen sus exegetas que por “hacer gala de transparencia”, chocan con la machacona realidad de la falta de costumbre. En vez de aclarar, enturbian. En vez de despejar dudas, crean otras nuevas y aún peores. Es el caso de lo ocurrido con las “explicaciones” ofrecidas el jueves sobre la situación fiscal de la fortuna heredada de su padre, el conde de Barcelona, intento del que ha quedado claro que el Rey no tiene documentación alguna que respalde su afirmación de haber cumplido sus obligaciones con el fisco, es decir, que no pagó un duro a Hacienda. Entre el espeso silencio que de nuevo parece rodear la información sobre la Casa Real en los grandes medios, también ha quedado claro que el Monarca, aparentemente restablecido de sus achaques, ha vuelto para quedarse, decidido a demostrar de nuevo quién manda aquí, y a ignorar esa asunción de responsabilidades que acaba de materializar Alberto II de Bélgica con su abdicación. Nuestro Rey sigue desnudo, pero aquí nadie se atreve a decírselo. En el sórdido horizonte español, no se adivina salida para este embrollo.

LOS MALES DE DESENTENDERSE DE LA REALIDAD

La abrasadora realidad del ‘caso Gürtel-Bárcenas’ ataca por los cuatro costados y cada vez es más evidente el precipicio, sobre todo político, hacia el que está empujando a Mariano Rajoy, con las consecuencias derivadas para el PP. Día a día se van teniendo más y más evidencias de la corrupción instalada en el aparato del partido y de la total falta de ética con la que se han desenvuelto sus finanzas, al margen de las consecuencias judiciales, que son cosa distinta y menos trascendente porque afectan a personas que son reemplazables, y en su caso condenables sin más, con nombres y apellidos propios.

Y ello, con independencia de la incapacidad política del Gobierno de Rajoy para gestionar la crisis económica, que sigue su curso fuera de control; y no digamos para gestionar la crisis institucional, que, lejos de ser reconducida con su mayoría absoluta, está a punto de saltar por los aires. Esta es la difícil situación del momento, avocada obviamente al empeoramiento y, más allá de acabar con el Gobierno del PP, a arruinar el país y a que éste mande a los populares al mismo infierno tenebroso que mandó a la extinta UCD tras sucesivas escisiones, ya veremos si en las urnas o a patadas y con qué consecuencias también para el PSOE y la Corona, en primera línea del mismo trile democrático.

Con todo, no es de extrañar que, como sucedió en la UCD durante sus estertores de muerte, haya gentes dentro del PP que, por diverso interés (desde el del poder personal hasta el más honorable de evitar la voladura del partido), estén alineándose en una lucha forzada contra Rajoy. Éste ha pedido al partido el imposible de que no se le juzgue hasta el final de la legislatura, cuando el juicio ya no sirva para nada, sin ofrecerse a tomar ahora las medidas mínimamente razonables siquiera para sortear el ecuador de la legislatura dignamente; entre las que se tendrían que incluir una remodelación del equipo de Gobierno que permita nuevos enfoques de política económica, más pactos y reformas institucionales, las amputaciones quirúrgicas que convengan a la imagen del partido y una mayor cohesión interna para zanjar la lucha cainita provocada por el actual pasotismo presidencial.

En definitiva, mientras Rajoy ignora el escenario real del momento, sin entender que la mayoría parlamentaria es del PP y no suya, y por tanto tocando el violón de oído, Ruiz-Gallardón parece moverse en ese contexto como pez en el agua, tratando de sobrevivir o prevalecer en el caos destructivo que provoca. Un deprimente teatro de operaciones en el que ya se perciben camarillas de jóvenes ‘sorayos’, posiciones de resistentes ‘marianistas’, movimientos de ‘aznaristas’ clásicos y, como no, el juego más sucio de zascandiles ‘oportunistas’ que gustan de intrigar por todas partes y navegar en aguas turbulentas, con fuegos cruzados entre ellos de creciente calibre político y judicial.

Uno de los efectos que provoca esta situación de descontrol y desgobierno partidario es el de las especulaciones periodísticas que, en ese ambiente de autismo político, no dejan de ser comprensibles y valorables. Un ejemplo bien evidente al respecto, es la noticia de que “El PSOE se malicia un pacto de Rubalcaba con Rajoy para poner sordina al ‘caso Bárcenas’ y al escándalo de los ERE”, publicada por Federico Castaño en VozPópuli.Com (09/07/2013). En ella se resume que, cuando en febrero aparecieron los ‘papeles de Bárcenas’, Alfredo Pérez Rubalcaba se lanzó a la yugular de Mariano Rajoy exigiéndole la dimisión y que, cinco meses después, cuando la onda expansiva controlada por el ex tesorero del PP está en pleno apogeo, los socialistas se han limitado a reclamar una comparecencia del presidente ante el Congreso: una actitud que, según dicho periodista, ha alimentado en el PSOE la sospecha de que “hay tongo”.

Federico Castaño escarba en la dinámica relacional PP-PSOE y precisa su información de esta forma:

(…) Para explicar el “tono bajo” elegido ahora por los socialistas para sacar los colores al PP por el ‘caso Bárcenas’, fuentes del partido se remontan a la entrevista que Rubalcaba mantuvo con Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa el pasado 20 de junio. En ella, según la versión oficial, ambos acordaron una estrategia común ante la Unión Europea. Sin embargo, en la dirección del PSOE se sabe que en este encuentro, repasaron de forma genérica la situación del país, con altas posibilidades de que entraran también en los principales casos de corrupción que salpican a los dos partidos, el de Bárcenas por un lado y el de los ERE en Andalucía por otro. La sospecha es que pactaron los límites de su utilización como arma de erosión política en un momento en el que la corrupción es el segundo problema para la mayoría de los ciudadanos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Está claro que “hay tongo”, aseguran fuentes del PSOE, perplejas ante la tibieza con la que Rubalcaba está jugando esta partida…

Partiendo de lo escrito por Castaño, pocos días después, el director de su propio medio, Jesús Cacho, complementaba y enriquecía el enfoque en su habitual crónica semanal (15/07/2013), incluyendo en la maquinación política el interés de la Corona por diluir los perjuicios del ‘caso Urdangarin’ y definiéndola como ‘Operación Tijera’, con este atrevido tono:

(…) Cuentan en la Cuesta de las Perdices que el acuerdo a tres bandas -PP, PSOE y Zarzuela- está en marcha y ya tiene nombre: “Operación Tijera”. Se trata de rebajar hasta una dimensión controlable el tamaño de tres escándalos cada uno de los cuales, por sí solo, podría llevarse por delante un Régimen: el caso Bárcenas, el asunto de los ERE andaluces, y la pesadilla del yernísimo Iñaki Urdangarin. Para cada uno de ellos se estaría en el diseño de soluciones a la carta, que incluirían en algún caso cómodas estancias en prisión con salida y dinerito garantizado. Cuentan que la labor de Gómez de Liaño consistiría en reconducir a su cliente por la vereda de ese apaño, con alguna que otra ayuda mediática (“un buen periodista es aquel que sabe distinguir el grano de la paja; publica la paja y negocia con el grano”).

El PP se lo juega todo, incluso la eventualidad de una escisión, a esa carta. En cuanto al PSOE, aseguran que ese acuerdo tripartito es defendido por la columna vertebral del socialismo -Felipe González, Rodríguez Zapatero y Rubalcaba-, interesada en “no hacernos daño inútilmente con la derecha, si queremos impedir ‘il sorpasso’ de IU”…

De hecho, este es sólo un ejemplo, que podríamos acompañar de otros muchos, de lo que producen el silencio y la inacción de Rajoy ante el escándalo social que comporta el ‘caso Gürtel-Bárcenas’, ninguno de ellos bueno para la imagen del partido. Nosotros mismos llegamos a anticipar en su momento la posibilidad de que los ‘papeles de Bárcenas’ terminaran en una particular “Noche de los cuchillos largos” del PP: lo cierto -decíamos- es que “cuando el río suena, agua lleva” y que la derecha española más dura y reaccionaria siempre ha sido de faca afilada, ligera de gatillo y aficionada a no dejar heridos ni prisioneros en el campo de batalla…

RECTIFICAR SERÍA COSA DE SABIOS… Y DE SENTIDO COMÚN

Pero, volviendo a la torpe indecisión de Rajoy (que tendrá que rectificar por las buenas o por las malas), Raúl del Pozo, experimentado comentarista político de afilada e informada pluma, escribía en su crónica de El Mundo titulada “Verdad sin escondites” (18/07/2013), lo siguiente:

(…) Decir la verdad en muchas ocasiones cuesta la vida, decir la verdad en el caso Bárcenas quizá ni siquiera costaría la caída de un político, pero esta casta ha escogido del maquiavelismo la lección de que la verdad a veces es un estorbo para mantenerse en el poder y es más importante la habilidad para incumplir promesas o la astucia del silencio para sortear crisis. Creo que los ciudadanos están esperando la verdad sin artificios, la verdad pura, lo que llamaban la parresia y que Foucault definía como la verdad con franqueza, el coraje del habla franca sin escondites.

En estos días estamos comprobando cómo se sustituye la verdad por la lealtad, cómo la política sigue siendo una hipocresía consensuada y cómo la mordida abarca a casi todo el arco parlamentario. Mordida, condonación, unte, engrase…. Que siga la farsa.

Podíamos traer a colación más comentarios informados y periodísticamente honestos, que desde las distintas orillas ideológicas, más progresistas o más conservadoras, coinciden plenamente en la crítica a la actitud de Rajoy, en la inevitable necesidad que él y su partido tienen de reconocer la verdad -o al menos parte de ella-, en la apreciación de que cuanto más tarden uno y otro en bajarse del pedestal más dura será su caída y en las consecuencias a futuro de tanta torpeza política. Baste, por oponer otra línea informativa de peso a la ya conocida de El Mundo, reproducir el arranque del artículo de opinión firmado por Miguel Ángel Aguilar en El País (16/07/2013) titulado “Antes dimitir que ceder”:

La gestión de la mentira es el factor común que llevó a la derrota del PP en las elecciones del 14 de marzo de 2004 y que llevará ahora al relevo de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno. Antes morir que pecar es frase que se atribuye a san Luis Gonzaga, modelo de congregantes. En nuestro caso convendría adaptar la frase para que dijera antes dimitir que ceder al chantaje. Una proposición a la que habría de atenerse todo político honorable. Porque en efecto las obligaciones elementales con los electores imponen que no se ceda al chantaje pero, a continuación, corresponde dimitir cuando ha quedado de manifiesto un proceder impropio. De la misma manera que el chantajista que presta un servicio de primer orden revelando los nombres de quienes delinquieron con él, en absoluto queda eximido de culpa aunque haya colaborado con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos. Luis Roldán es de los que podría sostener eso de que si dijera la verdad mentiría pero lo que el juez ha de valorar son las pruebas que aporte para sostener sus afirmaciones.

Recordemos cómo Mariano Rajoy esquivó en aquel programa de TVE ‘Tengo una pregunta para usted’ del 19 de abril de 2007 la respuesta precisa a la cuestión de cuánto ganaba que desde entonces sigue irresuelta y ha ido dando tumbos, hasta que ahora el benemérito Tesorero Nacional del Partido Popular, en ejercicio durante décadas, comparece ante el juez Ruz y aporta las cantidades entregadas en sobres al entonces presidente del PP, además de otros datos irrefutables sobre la financiación ilegal de esa formación política. Una vez más, nos encontramos ante un caso de conflicto luminoso, en las antípodas del acuerdo cómplice para garantizar el oficio de tinieblas. Porque sabemos que el antagonismo entre ánodo y cátodo es el que permite que salte la chispa y se cierre el circuito entre esos dos polos de donde resulta la luminosidad del arco voltaico, la cual permitía al público de las antiguas salas de cine ver la película de los hechos. En sentido contrario, si se anulara la diferencia de potencial, si se anulara el disentimiento, entre los dos puntos nos quedaríamos rigurosamente a oscuras para que los más aprovechados pudieran hacer sus cambalaches fuera de la vista de los espectadores. Pudo haber un momento en que Bárcenas y sus beneficiarios, como los gánsteres que discuten en un garaje por el reparto del botín hubieran huido juntos al oír la sirena de la policía, según expresión certera de Cuco Cerecedo, pero esa oportunidad, si la hubo, ya caducó y estamos en otro escenario…

Por nuestra parte, ya advertimos que si en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ Mariano Rajoy hubiera seguido el consejo evangélico de acogerse a la verdad para ser verdaderamente libre (San Juan, 8.32), poniendo encima de la mesa las hechos ciertos, rectificando de forma visible los errores cometidos (incluso con ceses fulminantes), atajando de raíz la gangrena interna de la corrupción y asumiendo un coste político ‘acotado’ en el tiempo (al estallar el problema), está claro que su imagen y la del PP no serían peores de lo que van a terminar siendo, ni tan tremendo el daño que van a sufrir en la hoguera pública.

Porque, como sostienen los teóricos del pensamiento positivo, en lo que se centran las personas -la mentira y la corrupción, frente a la verdad y la ética, en el caso de marras- es lo que se expande ante la sociedad. Alexander Pope, reconocido poeta inglés del siglo XVIII, nos legó la máxima impecable de que “errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”; pero rectificar es, sobre todo, cosa de sentido común, sin el que -honradez y votos aparte- nadie está capacitado ni legitimado de ninguna forma para gobernar.

En una entrevista concedida recientemente a la periodista Victoria Prego, que forma parte de una interesante serie titulada ‘Conversaciones sobre España’ (El Mundo 23/06/2013), el jurista y reconocido político Landelino Lavilla, especialmente activo durante la Transición Española y hoy miembro permanente del Consejo de Estado, lanzó esta razonable llamada de atención en relación con la necesidad de reformar la Constitución: “Bastaría simplemente con que se generalizara la conciencia de que el sistema hay que cambiarlo para alcanzar un orden mejor. Porque la crisis económica es todo lo grave que se quiera, pero lo más grave es que estamos en riesgo de descomposición institucional porque se está deshilachando el país”.   Una semana después, Rodolfo Martín Villa, otro político de larga y densa trayectoria -hoy por hoy prácticamente sin parangón-, se sinceraba con la misma periodista y en el mismo marco analítico, apuntando: “Con ser grave, la situación económica no deja de ser coyuntural. Me parece mucho más grave el desprestigio de los políticos -no pocas veces enjuiciados injustamente-, y me preocupan la unidad nacional, la reorganización del reparto territorial del poder y todo lo que toca a las instituciones, sobre todo la organización de la Justicia”.   Ambos saben muy bien cómo se organizó el Estado de las Autonomías y los problemas que generó ab initio. El más temprano y grave fue el propio intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que ellos padecieron en primera instancia, uno como presidente del Congreso de los Diputados asaltado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y, el otro, como ministro entonces de Administración Territorial, conscientes de que uno de los objetivos esenciales de aquel intento desestabilizador era modificar radicalmente el Título VIII de la Constitución, dedicado a la Organización Territorial del Estado…   ANTES QUE UNA ESPAÑA ROTA, UN ESTADO CARCOMIDO   Dicho de otra forma, el cada vez más evidente problema del ‘deshilachado’ de España y de la unidad nacional afectada por el reparto del poder territorial, no es cosa gratuita ni de ahora, sino que deviene del mismo origen del sistema y de la propia naturaleza autonómica del Estado. Bien está todo lo que se hizo para superar las tensiones generadas con la muerte de Franco y favorecer el tránsito pacífico hacia un nuevo régimen democrático; pero desde entonces se ha tenido poco interés -más bien todo lo contrario- para embridar la disgregación autonómica y evitar sus peligrosas vías de agua, torpe y continuamente agrandadas con las sucesivas reformas estatutarias y la ambición política de quienes las han propuesto y las han aceptado.   Por ello, cuando tantos intelectuales y profesionales de prestigio, e incluso políticos sensatos y experimentados (nada que ver con la actual ‘casta’ partitocrática), hablan hoy de una España deshilachada, divergente o rota, o si se prefiere de la España sin futuro, no queda más remedio que mirar hacia la reforma de la Carta Magna, meollo de la cuestión. Aunque la España invertebrada sea cosa que venga de mucho más lejos y que, en realidad, esa sea la irremisible España de siempre…   Sin embargo, para empezar, en nuestra opinión quizás sería mucho más razonable y práctico hablar menos de la ‘España deshilachada’, porque en la práctica siempre le ha faltado urdimbre y vertebración, y más del Estado español, ateniéndonos -dentro de su amplitud conceptual- al concepto jurídico-político integrador del conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población residente en el territorio nacional, interna y externamente soberana. Y a reconocer, acto seguido, que, hoy por hoy, el Estado español es, en efecto, un “Estado carcomido” y extremadamente frágil.   La ‘carcoma’ es el nombre común que reciben las larvas de varias especies de coleópteros que colonizan la madera (sobre todo la más seca y vetusta) en cualquier forma o estructura (vigas y soportes de sujeción, artesonados, muebles…), construyendo en su interior galerías en las que anidan hasta sufrir una metamorfosis con la que adquieren cierta capacidad de vuelo, momento en el que salen al exterior, depositan sus huevos en las grietas de cualquier otra pieza de madera aledaña, para que vuelva a ser colonizada, y muere a los pocos días. Alojada, pues, en el interior de la madera, la carcoma no es fácilmente perceptible; pero eso no le impide ir minando o desestructurar soterradamente su propio alojamiento y convertirlo en puro serrín, resguardado bajo un simple armazón decorativo más o menos como los usados en las producciones teatrales.   Y eso es lo que, de forma lenta pero demoledora, ha sucedido con las estructuras del Estado. La carcoma de los partidos políticos, que ha ido colonizando de forma continuada todas las instituciones públicas -porque el diseño constitucional y los mecanismos de su desarrollo legislativo se lo permitían e incluso lo propiciaban-, ha minado o ahuecado sus soportes vitales hasta dejarlos a punto de derrumbe.   En el actual sistema de Monarquía Parlamentaria, las fuerzas políticas han terminado asumiendo todo el poder del Estado, conformando una auténtica ‘dictadura de los partidos’, primando, mediante un desarrollo constitucional tramposo, a las dos opciones mayoritarias en alternancia (Gobierno y Oposición). Pero con una ‘derrama’ del modelo a favor de las que, en su caso, también puedan alcanzar una posición prevalente a nivel autonómico (el reparto de la tarta con todos sus flecos).   Así, los políticos han abrazado de consuno una suerte de bipartidismo imperfecto que, además de ostentar el Poder Ejecutivo en rotación, ha abducido directamente al Poder Legislativo como tal (mediante la Ley Electoral y el Reglamento de las Cámaras parlamentarias) y, a continuación, al Poder Judicial (garante del sistema democrático). Con ello, la ‘teoría de la separación de poderes’ descrita como esencia de la democracia por el Barón de Montesquieu, queda subsumida en una verdadera dictadura de los partidos.   Que el funcionamiento del Parlamento español constituye una impostura democrática, es decir un mero fingimiento o engaño ante la opinión pública con apariencia de verdad, comenzó a quedar en creciente evidencia hace tiempo, cuando los propios partidos reconocieron la flagrante inutilidad del Senado. Idea que se consolidó socialmente al irse comprobando que las funciones legislativas y de control del Ejecutivo se subordinaban de forma sistemática a los intereses del bipartidismo, antes que a los generales del Estado y a la democracia real, con su correspondiente reflejo en el ámbito autonómico.   La experiencia manipuladora de las comisiones de investigación dentro de las instituciones parlamentarias (e incluso de las comisiones de estudio, como sucedió con la de Financiación de los Partidos Políticos en la que PP y PSOE vetaron la publicación de sus conclusiones y propuestas para que el tema permaneciera en el limbo de sus espurias conveniencias), y en definitiva el amparo que la corrupción política ha encontrado y encuentra dentro de ellas, ha llevado el sistema a un descredito total de muy difícil superación. Ahí están el ‘caso Filesa’, los GAL, Roldán, De la Rosa, Manuel Prado, Mario Conde, el saqueo de Marbella, el ‘Tamayazo’, los ERE de Andalucía, la ‘trama Gürtel’, el ‘caso Bárcenas’ (convertido de hecho en el ‘caso PP’), los Pujol, Prenafeta, Millet, Urdangarin, Torres, Baltar, las Cajas de Ahorro… y lo que no está en los escritos.   Y claro está que, además, este ejercicio malsano de la democracia es, por su propia virtud, claramente absolutista e invasivo. Razón por la que desde el Consejo de Estado (órgano consultivo del Gobierno) hasta la Fiscalía General (que depende directamente del Gobierno), pasando por el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo (instituciones comisionadas de las Cortes Generales), todo el entramado sustancial del Estado está infectado y descompuesto por el mismo entendimiento degenerativo de la política (la ‘dictadura de los partidos’). Y no digamos menos del desbordante complejo de tinglados y organismos instrumentales tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y municipales (empresas y fundaciones públicas, entes portuarios, confederaciones hidrográficas, parques nacionales…), convertidos en verdaderas agencias de empleo y pesebrismo partidistas, por lo general mal gestionadas y subvencionadas a costa del déficit público cargado sobre los administrados…   Pero, una vez asentada la carcoma partitocrática en el Poder Legislativo, desde su simbiosis con el Poder Ejecutivo era inevitable y extremadamente fácil colonizar y minar también el Poder Judicial, considerado ya como el único contrapeso o amenaza potencial a la dictadura de los partidos y el último baluarte de la democracia real. De hecho, no deja de ser llamativo que los mayores ataques a la independencia judicial se estén produciendo en la actual legislatura, cuando la corrupción política ha llegado a extremos inauditos y de países tercermundistas, y sin otro fin aparente que el de consolidar la impunidad del poder y blindar a los políticos corruptos.   Tras la ilusión regeneracionista aflorada con el nuevo régimen democrático, progresivamente disipada, la sociedad española ha vuelto a recuperar la imagen de una Justicia sometida al poder político, bien alejada de la que la Carta Magna describe como emanada del pueblo y administrada por un Poder Judicial independiente, inamovible, responsable y sometido sólo al imperio de la ley. Una situación regresiva que hace bueno el lamento de San Agustín: “Sin la justicia, ¿qué son los reinos, sino una partida de salteadores?”.   Paréntesis: Este último empeño del Gobierno de Rajoy por acrecentar el sometimiento político del Poder Judicial, quedó bien patente en nuestra Newsletter 48 (10/02/2013) titulada “El Gobierno solivianta a la Justicia, soporte vital de la libertad y la democracia”.   Todo ello con un Jefe del Estado (el Rey) esencialmente pasivo en sus primordiales funciones de garantizar su unidad y permanencia (no olvidemos que es el ‘mando supremo’ de las Fuerzas Armadas y a estas compete defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional) y de arbitrar y moderar el regular funcionamiento de las instituciones. Una responsabilidad supeditada con demasiada frecuencia a tareas muy distintas y en ocasiones poco ejemplares…   DE LA CORRUPCIÓN Y LA TIRANÍA   En apoyo de estas tesis, se pueden leer diariamente infinidad de artículos de opinión tan informados como infructuosos, porque desde el Rey hasta el último ministro, con el presidente del Gobierno a la cabeza, se fuman con ellos un puro de tamaño colosal (y así van las cosas). Entre los muchos que podríamos traer a colación, hoy queremos destacar el del filósofo y escritor Ignacio Gómez de Liaño titulado precisamente “Corrupción y tiranía” (El Mundo (02/07/2013), en el que éste asegura -y con razón- que los políticos se han erigido en una ‘casta’, en una suerte de fenómeno que ha pervertido el sistema.     Sostiene Gómez de Liaño en su artículo que, cuando a la muerte de Franco se verificó la transición a un régimen democrático, se cayó en tres errores que son en gran medida responsables de la corrupción que afecta a la clase política, y del riesgo existente de desintegración nacional. Y explica:   (…) El primer error consistió en dar a los políticos, y a sus terminales sociales o sindicales, una libertad de acción tal que les convirtió en una casta superior. Pues los políticos se vieron con las manos libres a la hora de nombrar empleados públicos, crear empresas públicas, controlar gran parte del sistema financiero, condicionar y así pervertir la administración de Justicia, a fin de tenerla amarrada, y constituirse, mediante el aforamiento y la facultad de indulto, en una clase privilegiada. Por si eso fuera poco, creó una vasta red de medios públicos de comunicación, especialmente televisivos, a fin de moldear a su gusto a los ciudadanos, sobre todo a los menos instruidos y más fácilmente manipulables. En suma, el nuevo régimen permitió a los políticos gastar el dinero público a espuertas y a capricho, al tiempo que les exoneraba de la obligación de rendir cuentas y les colocaba sobre pedestales labrados, obviamente, por los artistas, intelectuales y cineastas favorecidos con las subvenciones oficiales.   Tamaño descontrol, unido a la falta de democracia en el funcionamiento de los partidos políticos, a los defectos de la ley electoral y a la falta de independencia de la Justicia, ha dado lugar a la instauración de facto de un régimen oligárquico que en muchos aspectos actúa de forma más sutilmente tiránica que el franquismo, según lo ponen en evidencia, entre otras cosas, el volumen y peso del aparato del Estado y de la tributación que permite sostenerlo, y la volatilización del criterio del mérito en la selección de los empleados públicos. En esas condiciones, ¿cómo extrañarse de que se haya desmoronado buena parte del sistema financiero público, que nuestra crisis económica sea mucho más grave que la que afecta a las naciones más democráticas de Europa y que la corrupción haya corroído las estructuras del Estado, en particular las del nivel autonómico?   Pues el segundo error fue la creación de un Estado autonómico que carecía de precedentes, como no fuese el fugaz y desastroso cantonalismo de la Primera República o el neo feudalismo de los tiempos de Enrique IV y de Felipe IV, que acabó en guerras civiles. Políticos mediocres presentaron -a una sociedad recién salida de la dictadura, y por ello dispuesta a decir sí a cualquier cosa que se le presentase con el envoltorio adecuado- el Estado autonómico como si fuera la panacea de los males que afligían a España. Se pensó que bastaba con arrumbar el “centralismo opresor” para tener una Administración más racional y cercana a los ciudadanos. La realidad ha sido la contraria. Se ha implantado una forma mucho más asfixiante de centralismo -y más anti igualitaria-, pues en vez de uno, hay 17, con el mal añadido de producir montañas legislativas que sepultan bajo una jungla normativa inextricable la vida de los ciudadanos.   Alejando la posibilidad de tener un genuino Estado de derecho, el sistema autonómico ha facilitado la corrupción, además de generar una burocracia reñida con el mérito, promocionar una mentalidad estrecha y cerril, incompatible con un mundo cada vez más globalizado, y legitimar el caciquismo, ese mal endémico de la decadente política decimonónica. Un caciquismo que no ha tenido inconveniente en oprimir al cuerpo democrático con la armadura del feudalismo, como lo pone en evidencia el simple hecho de que se dé a los presidentes de las comunidades autónomas el nombre de barones y ellos se sientan ufanos de ostentar un título tan antidemocrático.   Si el Estado autonómico hubiera servido, según imaginaron los políticos que diseñaron el sistema (con su indigesto “café para todos”), para moderar el nacionalismo secesionista, todavía podría haber tenido alguna excusa. Pero a la vista está que no sirvió para que los nacionalistas vascos y catalanes se sintiesen cómodos dentro del Estado español, sino que ha servido, más bien, para todo lo contrario, con el agravante de que en las regiones donde han predominado los partidos de tipo nacionalista y socialista nacionalista el sometimiento de la ciudadanía ha sido tan tiránico que cientos de miles de ciudadanos han abandonado esas regiones al no ver aseguradas en ellas su seguridad, o incluso integridad, y no digamos su tranquilidad. ¿Qué consiguieron entonces los políticos que diseñaron el sistema del “café para todos”? Poner en bandeja al nacionalismo -que sólo había apuntado muy tímidamente en los últimos años del franquismo- el arma letal del ‘divide et impera’ y así tener más despejado el camino a la secesión.   Y el tercer error, íntimamente unido al anterior, es haber aceptado como legales partidos políticos que rechazan el fundamento de la Constitución de 1978 y el de todas las que la han precedido durante los dos siglos en que ha habido constituciones políticas en España. Los nacionalistas y socialistas de simpatías nacionalistas, así como los gobiernos autonómicos controlados por esos partidos, no sólo rechazan ese fundamento -que la soberanía reside en el conjunto de los españoles-, sino que emplean todos los medios a su alcance para socavarlo. Se ha llegado así al trágico esperpento de que España sea el único país del mundo en el que, al tiempo que se rechaza a los grupos que pretenden discriminar a los negros, o a las mujeres, o a algún sector de la población, se legaliza y ampara a los que discriminan y persiguen a los españoles dentro de su propia nación, amputándoles derechos tan fundamentales como el uso de la lengua.   Esos tres errores, que se alimentan mutuamente, son los que han llevado a la corrupción que padece la vida pública española; corrupción que no es sino manifestación de la tiranía que se ha podido establecer gracias a la utilización abusiva del nombre de democracia y de los consabidos mantras protectores de la ficción, como es, para poner un ejemplo, el uso de la palabra “facha” para lanzarla contra los que no están de acuerdo con las ideas del que la lanza. Hay que tener cuidado para no caer en esos señuelos verbales o en fórmulas demasiado experimentales y aventureras, como la del federalismo que a veces se propone con unas intenciones tan filantrópicas y redentoras como las que tenían los que propusieron el autonomismo…   Y ¿qué hacer entonces ante esta situación…? Gómez de Liaño concluye en su artículo, un tanto a la ligera, que, si el régimen franquista cayó con relativa facilidad porque durante años se había creado una corriente de opinión que hacía inviable su pervivencia una vez muerto el general, ahora habría que hacer algo semejante y dar todo el apoyo a las iniciativas regeneracionistas y reformistas que pretenden hacer frente a los tres errores mencionados. Bien sean estas -propone- formaciones políticas nuevas, como Ciudadanos y UPyD, o las corrientes regeneracionistas que pueda haber en el PP y el PSOE…   AQUÍ Y AHORA, LOS PARTIDOS SON EL PROBLEMA   Su ingenua recomendación final, olvida que los más celebrados slogans socialistas, como “Cien años de honradez” o “Por el cambio”, ya fueron cruelmente transgredidos por el correspondiente aparato partidista. Y que la propuesta regeneracionista de José María Aznar previa a su acceso al poder, cayó en el olvido en cuanto llegó a La Moncloa, en el que siguió incluso cuando gobernó con mayoría absoluta en la VII Legislatura…   Y no digamos nada de las reformas políticas prometidas por Rajoy (dejemos las económicas aparte por su manifiesta incapacidad para comprender la materia), que más que incumplidas están siendo orientadas exactamente en sentido contrario al que figuraba en su programa electoral (ahí están, sin ir más lejos, los beneficios carcelarios y políticos en favor de ETA, la plena politización del Poder Judicial, la consolidación de la España asimétrica, las golferías del ‘caso Gürtel-Bárcenas’…). Es decir, pura carcoma partidista sembrada a mansalva, con premeditación, nocturnidad y alevosía…   Lamentablemente, no podemos asumir la propuesta final de Ignacio Gómez de Liaño, cuyos considerandos previos merecen toda nuestra consideración. Porque, llegados a la situación crítica en la que estamos, es del todo evidente que los partidos políticos de aquí y de ahora no son la solución, sino más bien el problema.   Hoy, los partidos (el sistema partitocrático) carecen de cualquier capacidad reformista y, menos aún, de auto regeneración; porque, en sí mismos, son la carcoma que corroe el Estado, el motor de toda la corrupción política (que un Parlamento democrático y una Justicia independiente tendrían que haber cortado de raíz) y, peor aún, la fuente de la creciente degeneración y disolución nacional. Buscan -y casi lo han alcanzado- el poder absoluto, el que corrompe absolutamente según el dictum del historiador británico Lord Acton (“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”), por lo que pedirles o esperar de ellos la reconducción de nuestra degenerada democracia es una falacia, es decir una falsedad en daño ajeno.   Aristóteles advirtió tempranamente que el poder excita la ambición y aumenta las pretensiones. Y André Maurois (seudónimo del novelista y ensayista Émile Herzog, 1885-1967) recordó también, como han hecho otros muchos intelectuales a lo largo de la historia, que el poder absoluto desencadena en el hombre sus peores instintos.   Dejemos de confiar ya en el actual sistema ‘absolutista’ de partidos políticos (la imparable carcoma del Estado), que incluso están acabando con las organizaciones de representación social, unas por contaminación política, como los sindicatos y las organizaciones empresariales, y otras por vaciado o aniquilación, como los colegios profesionales, las sociedades científicas, las asociaciones civiles... y hasta las propias Fuerzas Armadas (en las que el ascenso está politizado a partir del empleo de teniente coronel o capitán de fragata). Y apóyense con la mayor fuerza posible y en espera de tiempos mejores los movimientos sociales y ciudadanos, que son el último baluarte de la España soberana y del Estado democrático.   En una expresión genuina de soberbia política, Manuel Fraga se inventó aquello de “¡La calle es mía!”. Pero era una falsedad, porque, al fin y a la postre, es de los ciudadanos y un territorio en el que siempre podrán ganar a los políticos: ahí están la Puerta del Sol de Madrid, la Plaza Tahrir de El Cairo o la de Taksim de Estambul…

Las imágenes y puesta en escena del ‘Concierto por la Libertad’ celebrado el pasado 29 de junio en el Camp Nou -un escenario mítico acostumbrado a las grandes gestas deportivas-, incluido el espectacular mosaico que se formó en las gradas con el slogan Freedom Catalonia 2014 (reproducido en la universal lengua inglesa para que el mensaje llegara mediáticamente con mayor facilidad a todo el mundo), fueron arrolladoras, se quiera o no se quiera reconocer, y por ello sin duda preocupantes.

Más de 90.000 personas abarrotaron el estadio (las gradas y el terreno de juego) con una sola voz y con una sola bandera (las del independentismo), respondiendo así a la llamada de diversas organizaciones civiles catalanas para reivindicar el derecho a decidir democráticamente sobre su propio futuro. El concierto contó con el apoyo de los partidos soberanistas y, aunque Artur Mar estuviera ausente por celebrarse ese mismo día la boda de su hija en la isla de Menorca, el Govern de la Generalitat cerró filas con la presencia ostensible en el acto de sus personalidades más significativas, encabezados por la vicepresidenta Joana Ortega (militante de Unió Democràtica de Catalunya).

LO QUE RAJOY Y SU GOBIERNO SE HAN PASADO POR LA FAJA

A falta de reacciones políticas adecuadas, parece que Rajoy y su Gobierno no se han querido enterar del significado ni del éxito de lo acontecido en el Camp Nou, que fue mucho más que un concierto, o que -más propio de ellos- se lo han pasado alegremente por la faja. Pero por su escenario desfilaron hasta 450 artistas llegados de todo el mundo, incluidos algunos tan curiosos como Ramoncín, Dyango, Peret o Paco Ibáñez, de quienes nunca se supo que cuestionaran la unidad de España.

Tras más de seis horas de actuaciones, un estadio emblemático puesto en pie vivió un final apoteósico de la mano del también simbólico cantautor Lluis Llach, interpretando su tema Tossudament alçats ("Tozudamente en pie"). Sin duda alguna, el ‘Concert per la Llibertat’ del 29 de junio de 2013, con su estudiado y agresivo Freedom Catalonia 2014 lanzado a los cuatro vientos, ha marcado un hito en la decidida ruta emprendida por el president Mas hacia el referéndum soberanista.

La presencia abrumadora de banderas ‘esteladas’ y las consignas coreadas de forma unánime por el público asistente, dejaron bien clara, en efecto, la inequívoca reivindicación independentista del acto. Pero haciendo evidente también la sutil intención de los organizadores de presentar el ejercicio del derecho a decidir no como una opción política, de una parte más o menos significada de la sociedad catalana, sino como la reivindicación de un ejercicio democrático básico y universal.

También hay que destacar que el formato musical escogido fue el adecuado para el público que finalmente asistió al concierto, en su gran mayoría familias y parejas y no tanto jóvenes conflictivos. Nadie, excepto el personal de seguridad, se situó cerca del escenario y de su valla de protección, permaneciendo los espectadores sentado durante gran parte del evento y manteniendo siempre un comportamiento cívico y controlado en todos los aspectos.

Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural (entidad creada en 1961 para promover la identidad nacional y la independencia de Cataluña), organizadora del concierto junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), lo dejó muy claro desde el inicio de su intervención política: “Estamos aquí para dar a conocer nuestra causa, que es la causa de Catalunya y también, sobre todo, la causa de la democracia. Estamos aquí para afirmar que queremos ejercer la democracia sin barreras”.

El objetivo de esta movilización tan multitudinaria pretendía, por supuesto, popularizar el soberanismo dentro de Cataluña. No obstante, casi todas las intervenciones estuvieron prácticamente destinadas a la sociedad española y a la comunidad internacional; hasta el punto de que Casals reconociera: “Queremos construir unas relaciones fraternales con las mujeres y los hombres de España y con los ciudadanos del resto de Europa”.

Con esta estrategia, el momento culminante del concierto llegó poco antes de la medianoche, cuando, con el himno de Els segadors de fondo, se compuso el espectacular mosaico que ofrecía la imagen de un estadio abanderado con el lema Freedom Catalonia 2014, reproducido no en catalán sino en inglés, como reclamando al mundo su solidaridad con la causa y buscando aliados internacionales que faciliten la consecución del objetivo independentista. Así, y conscientes de su gran efecto mediático, las pantallas gigantes del Camp Nou emitieron un vídeo oportunista del secretario general de Naciones Unidas, Ban-ki-Moon, apostando por el diálogo y el respeto a la libre voluntad de los pueblos junto a una bandera de Andorra.

Las pancartas más llamativas estaban, como decimos, tendenciosamente escritas en inglés: “Catalonia, Europe's next state”, varias de “Freedom for Catalonia” y una de “Catalonia is not Spain”. Sin embargo, considerando tanto las intervenciones políticas desde el escenario como los aplausos del público, se puede decir que hubo un esfuerzo generalizado de ocultar cualquier sentimiento antiespañol, con grandes aplausos a los cantautores no catalanes y de forma especial a todos los artistas que intervinieron en castellano o en gallego.

La presidenta de Òmnium Cultural dejó muy clara esta idea: “Somos un país de mezcla, de gente que ha llegado de todas partes”. Y añadió que “no queremos imponer nada, hemos sufrido demasiadas imposiciones y sabemos que vivir en libertad consiste en saber respetar a quien piensa diferente”, concluyendo: “Apelamos a todos los demócratas de dentro y de fuera de Catalunya. En el siglo XXI, nadie puede prohibir un referéndum democrático”.

Pero la intervención de Muriel Casals también incluyó un toque de atención a los representantes políticos catalanes: “Deben concretar un camino que es complicado, pero que no puede aplazarse... Han de ser conscientes de las expectativas que se han generado y que necesitan ser concretadas en el calendario y es hora de avanzar unidos dejando de lado las discrepancias”…

La significación política del ‘Concert per la Llibertat’ (a oídos sordos no sólo del Gobierno sino también de la Oposición e incluso de la Corona), quedó evidenciada con toda claridad cuando la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que fue la más alta representación institucional en el acto, respondió sin arredrarse a los periodistas qué le preguntaron sobre su presencia en un evento de tan evidente tono independentista: “Este acto es un clamor de libertad, ha venido quien ha querido y pone de manifiesto la voluntad de un pueblo que quiere decidir su futuro colectivo”. Antes, el propio líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, que no asistió al concierto por razones de agenda, tampoco quiso quedar fuera de juego y publicó en su cuenta Twitter la siguiente declaración: “Hoy es el concierto por la libertad a favor del derecho a decidir. No puedo ir por compromiso previo, pero comparto esta reivindicación”.

La celebración del concierto fue duramente criticada por dirigentes del Partido Popular de Cataluña (PPC) y de Ciutadans. Alicia Sánchez Camacho lo calificó de “aquelarre independentista” y de “concierto de la ruptura, de la exclusión y de la división de todos los catalanes”, mientras Albert Rivera lamentaba además que se hubiera destinado dinero público “a la cobertura de un concierto independentista, con un fuerte contenido político y para separar a Cataluña del resto de España” (la organización negó cualquier aportación o ayuda pública).

Ambos políticos españolistas fueron replicados de inmediato por Ramón Espadaler, el político de UDC actualmente conseller de Interior, quien manifestó que el ‘Concert per la Llibertat’ no fue más que “una expresión democrática y cívica sin voluntad de fraccionar”, mientras que en la página web del partido se definía como “un gran acontecimiento de país”, que defiende el “clamor de la sociedad civil para reclamar, a través del lenguaje universal de la música, el derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos del mundo a poder decidir libre y democráticamente el propio futuro”.

Se ha dado la circunstancia de que esta reivindicación fue precedida de unas declaraciones realizadas por Duran i Lleida de signo muy contrario, inmediatamente olvidadas como es su costumbre, cuando el líder de UCD se creía a salvo de las periodistas. En un almuerzo celebrado en la residencia del embajador de los Países Bajos en España, aseguró que “quien diga que Cataluña puede ser un Estado independiente dentro de la UE, miente” y, más tarde, durante una reunión con miembros de su propio partido, criticó duramente las reivindicaciones independentistas de ERC, asegurando que dicho formación política no tenía “ni puta idea” -y quizás llevara razón- de lo que suponía la responsabilidad de gobernar.

Por su parte, Jaume Collboni, portavoz del PSC, aseguró una vez concluido el concierto había quedado claro el objetivo de defender no la consulta soberanista, como se había anunciado inicialmente, sino la independencia. No obstante, se quiso desmarcar de la línea crítica del PPC y de Ciutadans, declarando en rueda de prensa: “Nosotros mostramos todo nuestro respeto a los organizadores, artistas y ciudadanos que participaron en este concierto. No pensamos de ningún modo que fuera un aquelarre y creemos que este tipo de declaraciones son impropias de políticos democráticos”.

El portavoz socialista añadió en ese mismo tono ambiguo: “El concierto representa a una parte importante de la opinión pública catalana que hay que tener presente, cuyo objetivo evidente es la independencia. A nosotros nos hubiera gustado que la convocatoria y el mensaje pusieran el acento en el derecho a decidir, que es lo que más une a los partidos y ciudadanos”…

ENTRE LA COMPRENSIÓN Y LA INCOMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

La realidad contrastada con el ‘Concert per la Llibertat’, es que, al día de la fecha, el movimiento independentista catalán se organiza, se consolida y ya no puede decirse que sea minoritario. De hecho, la política catalana ha entrado en una dinámica inédita hasta ahora en la historia del catalanismo político nacido en el siglo XIX, impulsada por la experiencia negativa de los últimos años con la reforma estatutaria y del sistema de financiación, que ha llevado a buena parte de los catalanes a concluir que su futuro colectivo más o menos próximo pasa por la desvinculación de un Estado en el que el país catalán se vio incluido coactivamente hace más de tres siglos.

Paréntesis: A grandes rasgos, y sin ánimo de polemizar sobre la historia de Cataluña, su primer intento secesionista data de 1640, con la ‘Guerra de los Segadores’ o el ‘Corpus de Sangre’ de por medio. Después, durante el reinado de Felipe V, en 1716 vendría el decreto de Nueva Planta que abolió las instituciones y libertades civiles catalanas y, más tarde, el nacimiento del ‘catalanismo político’ a partir del Primer Congreso Catalán (1880) impulsado sobre todo por Valentí Almirall… Es decir, que la cosa viene de lejos y con su propia historia a cuestas…

Se quiera entender o no, hoy las reivindicaciones soberanistas remiten a la incomprensión (para algunos ‘hostilidad’) política y jurídica mostrada por las instituciones del Estado (el Gobierno de la Nación, los altos tribunales -el Supremo y el Constitucional-, el Defensor del Pueblo…) y por la posición interesada de los dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE). Vinculada, claro está, al “pacto fiscal con efectos de concierto económico” impulsado por el actual Gobierno de la Generalitat, cuyo fracaso definitivo no dejaría de realimentar la oleada independentista.

Y también hoy, nadie en el PP ni en el PSOE se plantea contra argumentar de forma razonable y razonada las tres ideas básicas sobre los que se viene promoviendo una Catalunya independiente: 1) la creencia de que generaría mayor riqueza económica, alcanzando niveles de bienestar similares a los de los países socialmente más avanzados; 2) la creencia de que constituiría un Estado democrático más avanzado que el español, favoreciendo más los derechos de las minorías y la solidaridad internacional; 3) la creencia de que sería una sociedad más abierta al mundo y con toda su personalidad plenamente reconocida.

Quizás, algo de razón puede llevar Duran i Lleida al propugnar en su blog la conveniencia de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tome nota de la relación con Escocia que mantiene el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y haga una “propuesta atractiva” a Cataluña. De hecho, Duran señaló que, mientras Cameron intenta atraer a los escoceses a la causa británica, haciéndoles ver que vivirán mejor unidos y sin reprochar a nadie sus aspiraciones de separación, Rajoy “provoca adeptos a la causa independentista, hartos de tanta superioridad y maltrato”.

El líder de UDC citaba, como vías del Gobierno para retirar competencias a Cataluña, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y el paquete de medidas propuestas por la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas),  y resumía: “Cameron seduce y Rajoy genera rechazo”. Por ello, considera que Rajoy debe tomar la iniciativa y plantear “una propuesta atractiva al pueblo catalán, que, mayoritariamente y por encima de todo, no quiere diluir su identidad”, lamentando que no haya acudido a la Generalitat a tratar el tema ni haya puesto una alternativa sobre la mesa a la consulta que “mayoritariamente” quiere la comunidad catalana...

Claro está que, frente a la solución negociada, o si se prefiere ‘pactista’, el conjunto del Estado español también podría afrontar, con las consecuencias derivadas, una reforma constitucional que recondujera el actual desvarío competencial del Estado de las Autonomías. Por supuesto, sin dejar de reconocer las especificidades y singularidades históricas y culturales de Cataluña y el País Vasco, junto con otras igual de razonables como las forales de Navarra o las ultra-periféricas de Canarias…

Así se evitarían muchos lamentos perfectamente comprensibles, como el más reciente de Landelino Lavilla recogido por Victoria Prego en una entrevista publicada en El Mundo (23/06/2013): “Se está deshilachando el país y eso es mucho más grave que la crisis económica”…

O como los más agresivos y dramáticos que en el mismo medio informativo ha expuesto el profesor Jorge de Esteban en un extenso artículo titulado “Hacia la independencia catalana”, publicado en dos partes (el 28 y el 29 de junio de 2013). Se inicia de esta forma:

Hay algunos que piensan que la política soberanista de Artur Mas y colaboradores no es más que un señuelo para poder seguir esquilmando al Estado. Otros creen que lo que dice y hace el presidente Mas va en serio, y que el camino emprendido conducirá hasta la independencia. Por último, hay un tercer grupo de observadores que piensan que el líder catalán compagina ambas posturas, mientras que se mantenga el dontancredismo o dejación tradicional de los Gobiernos de Madrid. Ahora bien, esta pasividad que consiste en dejar que las cosas sucedan, puede llegar a convertirse incluso en una ‘pasividadactiva’. Según la cual no se hace nada, pero se ayuda estúpidamente a los nacionalistas para que consigan su objetivo. En efecto, los franceses utilizan la frase “trabajar para el rey de Prusia”, en una de sus varias acepciones, para describir la situación en que se trabaja en interés de un tercero, sin obtener nada en provecho propio. Con ello quiero decir que los diferentes Gobiernos (salvo el de Leopoldo Calvo-Sotelo) y, en algunos casos, el Tribunal Constitucional, han adoptado durante años medidas que beneficiaban a los nacionalistas catalanes, en perjuicio, a veces, de los intereses generales de España. Así las cosas, después de 35 años de llevar a cabo una política absurda, el llamado problema catalán se halla más agudizado que nunca. Para comprender mejor dónde estamos, conviene distinguir seis peldaños en la escalada hacia la independencia de los nacionalistas catalanes…

Artículo en dos entregas que, después de desgranar una vez más sus conocidos argumentos sobre la necesidad de reconducir el Estado de las Autonomías mediante la reforma constitucional, concluye prácticamente con esta sugerencia, que no deja de ser -hay que decirlo- un exabrupto político:

(…) Por último, en todo caso, cabría una solución más democrática, como desean los nacionalistas catalanes, y sería la de que el Gobierno, según el artículo 92 de la Constitución, convocase un referéndum consultivo en toda España, con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que Cataluña siga perteneciendo a España?”, después de una campaña en libertad en la que cada partido expusiera sus razones, habría que decidir, a la vista de los resultados globales y de los propios de Cataluña en particular, qué es lo que cabría hacer.

Porque esa idea de que los catalanes, como cualquier otro grupo humano con aspiraciones independentistas, tengan que condicionar su voluntad política a la del resto del grupo mayoritario de la nación, no deja de ser un absurdo categórico justo en contra de la libertad democrática. Y diga lo que diga la Constitución (ninguna es inmutable), porque la independencia de todos los pueblos que la han reclamado a lo largo de la historia no es una cuestión de naturaleza legal sino política; cosa que, si de partida no se entiende, la llevará por mal camino.

El ‘café para todos’ descubierto en la Transición como fórmula magistral para la organización del Estado y la convivencia nacional, se ha mostrado perfecta y crecientemente inservible en el transcurso del tiempo, sobre todo por sus incontenidos desbordamientos competenciales. Y la clase política que, por tolerante, ha sido responsable de su fracaso, no puede venir ahora defendiendo la idea de que con el voto nacional (como sostiene por ejemplo Felipe González) se haya de condicionar el propio de los catalanes, sean o no sean independentistas, cosa que está por ver.

Porque, ¿acaso alguien puede imaginarse la culminación de un proceso secesionista con el voto favorable de la parte que sufre la secesión…? ¿Es que algún país alcanzó su independencia de otro con el beneplácito o los votos de éste…?

La solución del problema, si es que se quiere una solución, ha de ser mucho más política e inteligente. Y pasa, sin la menor duda, por la necesidad de que la sociedad española en su conjunto comprenda bien todos sus factores y, en particular, su alcance y dimensión social y las razones y el nivel de resolución de la parte discordante. El propio rey Juan Carlos, Jefe del Estado y símbolo constitucional de su unidad y permanencia, ya reconoció ante las cámaras de TVE durante la entrevista concedida con motivo de su 75 cumpleaños al periodista Jesús Hermida (04/01/2013) que, a pesar de lo mucho conseguido desde la Transición y de los valores que atesora la Carta Magna, España sigue sin vertebrarse: dicho de otra forma, que el Estado de las Autonomías ha fracasado.

LA CEGUERA DE RAJOY ANTE EL INDEPENDENTISMO CATALÁN

Al inicio de nuestra andadura editorial, en la Newsletter 20, editada el 29 de julio de 2012, ya nos pronunciamos sobre el origen, las debilidades y la “España sin futuro” a la que nos ha conducido el frangollo político del Estado Autonómico (leer El insostenible descalabro de las Autonomías). Modelo devenido en arrasador pero protegido a cal y canto por la actual clase política como instrumento que realimenta la corrupción general del sistema y ampara el pesebrismo partidista.

Más tarde, el 3 de febrero de 2013, publicamos la Newsletter 47 advirtiendo también sobre la errónea interpretación política que se estaba haciendo de las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el pasado 25 de noviembre (leer El PP y el PSOE yerran ante el “problema catalán”). En un párrafo de la misma, señalábamos:

(…) El 25-N consolidó una mayoría “independentista” catalana neta de 74 escaños (CiU, ERC y CUP) frente a una oposición formalmente “españolista” de 61 escaños (PSC, PP, ICV y C’s), que, además de estar menos cohesionada, no comparte una misma idea del Estado ni tiene las cosas claras al respecto, lo que, por otra parte, evidencia su incapacidad para defenderlo. Una aritmética parlamentaria que muestra la división real de la sociedad catalana en relación con el concepto de España y su sistema de convivencia, con una posición secesionista que se anuncia irreversible, tanto por efecto de la acción política cotidiana, autonómica y municipal, como por la falta de capacidad del PP y el PSOE para contrarrestarla.

Y, acto seguido, analizábamos la “Declaración Soberanista” del Parlamento Catalán (Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013), destacando que el ‘frente parlamentario independentista’ no sólo existía, sino que iba a más. Porque, apenas transcurridos dos meses desde el 25-N, la diferencia inicial entre las dos posiciones básicas (74 escaños independentistas frente a 61 españolistas) se disparó apenas dos meses después al votarse la resolución de marras en el primer pleno de la legislatura, con 85 votos a favor y 41 en contra (el resto fueron abstenciones o ausencias); es decir con más del doble de votos a favor que en contra.

Una resolución parlamentaria que se las traía, que se las traerá más a partir de ahora (el ‘Concert per la Llibertat’ está en esa línea) y que ya arrastraba una larga historia reivindicativa cuyos hitos más próximos ni el PP ni el PSOE (y sus sucesivos gobiernos) quisieron tomarse en serio y, mucho menos aún, cortar por lo sano de común acuerdo. De hecho, la respuesta inicial de Rajoy a la “Declaración Soberanista” realizada por un órgano legítimamente representativo del pueblo catalán, afirmando de forma despreciativa que “no sirve para nada”, evidencia una frivolidad política que le sitúa en la misma senda de irresponsabilidad por la que transitaba el ex presidente Rodríguez Zapatero. 

Sorprendido con el caso en un viaje oficial a Perú, Rajoy, ni corto ni perezoso, sentenció durante una comparecencia conjunta con el presidente Ollanta Humala sin admitir preguntas de la prensa: “Aprobar resoluciones que no están en el marco constitucional no sirve para nada”. Una forma bastante ligera de entender el problema y de anticipar el erróneo criterio gubernamental, luego rectificado, de que la resolución no tenía efectos jurídicos y que, por tanto, no sería recurrida al Constitucional, dando por inocuo lo que realmente tuvo y tiene una gran carga de nocividad política.

La realidad es que, analizando el fenómeno del secesionismo catalán, se puede afirmar que estratégicamente estamos en la fase ‘independentista’, previa a una segunda y definitiva, que a corto o a medio plazo será la de reclamar la ‘independencia’ en vivo y en directo. En la primera fase, que es en la que se está, el objetivo básico es crear una mayoría social catalana (interna) favorable a la emancipación política. 

En la actualidad, el aparato independentista catalán está conformado por una creciente red de organizaciones civiles interactivas y de influencia social transversal. En ella destacan las dos ya citadas que promovieron el ‘Concert per la Llibertat’: Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La primera, más veterana y acreditada, es una entidad sin ánimo de lucro creada durante el franquismo (en 1961) con el objeto inicial de promocionar el uso de la lengua catalana y promover la cultura y la identidad nacional de Cataluña, ampliado de facto a la consecución de su independencia, que en la actualidad cuenta nada menos que con 26 delegaciones territoriales. Y la segunda, creada el 30 de abril de 2011 y presidida por Carme Forcadell, es un movimiento de base popular y sin vinculación a partidos concretos, con vocación de estar presente en todo el territorio a través de organizaciones locales y sectoriales para promover la independencia de Cataluña y la constitución alternativa de un Estado de Derecho, democrático y social.

Por otra parte, en la red se integra también la Associació de Municipis per la Independència (AMI), creada el 14 de diciembre de 2011, y que ya agrupa a 669 ayuntamientos y 36 consejos comarcales, diputaciones y otros entes municipalistas, con el fin de sumar esfuerzos para conseguir la creación de un Estado propio de Cataluña en el marco de la Unión Europea. La AMI está abierta a todas las sensibilidades políticas dispuestas a trabajar por la independencia de Cataluña, y acoge a todos los ayuntamientos cuyos plenos soliciten adherirse a la causa (probablemente, y al igual que pasó con las ‘consultas por la independencia’, la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona se producirá al final del proceso).

Finalmente, el tercer elemento del entramado independentista lo conforman todo un conjunto de entidades de muy diverso corte (empresarial, cultural, profesional, deportivo, político…), que en su momento se irán agrupando en organizaciones de mayor entidad con objeto de potenciar sus capacidades y optimizar su eficiencia. Un entramado de progresión imparable que, apenas cinco días después del ‘Concert per la Llibertat’, se ha visto enriquecido con la constitución formal en el Parlament de Catalunya de una ‘Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir’, avanzando un paso más en el camino emprendido desde el inicio de la legislatura hacia la convocatoria de un referéndum sobre la independencia.

Dicha comisión parlamentaria, en la que participan todos los grupos de la Cámara (CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP) menos el PPC y Ciutadans, tiene por objeto fijar e impulsar aquellas iniciativas políticas y legislativas que debería adoptar el hemiciclo autonómico para que la ciudadanía de Cataluña pueda hacer efectivo el derecho a decidir, y  su creación forma parte de la hoja de ruta que CiU y ERC pactaron al inicio de la legislatura. En ella está previsto que comparezcan y aporten sus criterios un amplio grupo de expertos, para culminar su trabajo a final de este año, que es cuando CiU y ERC consideran que deberían tener todo listo para poder celebrar la consulta en 2014.

La ‘Comisión de Estudio sobre el Derecho a Decidir’, junto con el ‘Pacto Nacional por el Derecho a Decidir’ creado poco antes, con el que Artur Mas quiere implicar a la sociedad civil en su plan soberanista, y el ‘Consejo Asesor para la Transición Nacional’, que busca el amparo legal para la consulta, completa los tres apoyos con los que se ha dotado el Govern de Catalunya para poder celebrar el referéndum. Y con la curiosa circunstancia de que, mientras el PPC y Ciutadans rechazan frontalmente toda esta trama política, el PSC participa activamente en la comisión de marras, aunque no quisiera formar parte del ‘Pacto Nacional por el Derecho a Decidir’, con el argumento de que aquella no tiene un marcado carácter independentista y éste sí…

LA AGENDA DEL ESCÁNDALO SOBERANISTA SIGUE SU CURSO

Y mientras Rajoy se fuma un puro con el independentismo catalán -en el todo y en cada una de sus partes-, cociéndose en su propio jugo, la agenda del escándalo sigue su demoledor curso.

Durante todo el mes de julio se simulan pagos de impuestos a la Hacienda Catalana y se montan actos de propaganda y exaltación soberanista (el ‘Tour de la Berretina’, aprovechando la octava etapa del Tour de Francia; la ‘Conferència Nacional per la República Catalana’, en L’Hospitalet; la ‘Diada per la Independència del Vallès Oriental…). Mientras distintas Universidades de Verano de Europa verán cómo se divulga el proceso soberanista fuera de España sin la menor reacción ni del Gobierno de la Nación (PP) ni de la Oposición mayoritaria (PSOE).

En septiembre se prevé la formación de una cadena humana de unos 400 kilómetros, desde La junquera (Girona) hasta Alcanar (Tarragona), para reclamar la independencia, y también lanzar en el Born Centre Cultural los actos del Tricentenario de la derrota de 1714 ante las tropas de Felipe V, difundiendo sus causas y sus consecuencias, incluyendo derivadas de todo tipo, como, por ejemplo, dar a conocer la ruta turística del ‘Asedio de 1914’. A continuación, en el mes de diciembre, el Centre d’Estudis Catalans desarrollará unas Jornadas para analizar el carácter represivo que, según los organizadores, siempre han tenido las relaciones del Estado español con Cataluña…

Un programa perfectamente integrado en la estrategia de la fase que se podría definir como de ‘calentamiento independentista’ y que se continuará a lo largo de 2014 con otros muchos eventos del mismo corte político, como el Congreso Internacional sobre ‘La resistencia de los catalanes’. Contará con la participación de historiadores de varios países y analizará los últimos tres siglos de nuestra historia desde la óptica de la ‘resistencia de los catalanes’ en la defensa de sus señas de identidad nacionales…

Los actos de apoyo al independentismo no quedan ahí, ni mucho menos. Pero nada políticamente sólido y razonable se hace para parar el desvarío secesionista y ni siquiera para respaldar seriamente a los catalanes que se  sienten españoles, cada vez más arrinconados y desmotivados en la misma defensa de la unidad nacional. La pólvora del rey se gasta en la campaña institucional de la ‘Marca España’, absurda por mal planteada, diseñada y ejecutada (que ese es otro mérito de Rajoy).

Ahora, parece que el PSOE, para contentar al PSC (que no es el PSOE ni se le parece), promueve un modelo de Estado Federal en el que, además de lo ya transferido a Cataluña estaría dispuesto a ceder, por ejemplo, toda la carnaza de la Administración de Justicia que el artículo 149.1.5ª de la Constitución reserva como competencia exclusiva del Estado. Un error, tal vez connivente con el interés por salvaguardar la corrupción política a nivel autonómico y con someter a los ciudadanos a la dictadura de las togas partidistas, que no deja de ser ejemplo de cobardía antipatriótica y de conformar otro atentado más de explosión retardada contra la unidad y la independencia del Poder Judicial.

Estas actitudes políticas de los partidos mayoritarios (la torpe pasividad de Rajoy y la torpe actividad de Pérez Rubalcaba), reconvertidos de consuno en una dictadura encubierta que, más allá de su identificación como ‘casta política’, ya podríamos definir como los nuevos ‘Hermanos Musulmanes de Occidente’, señalan cada vez con mayor claridad -y téngase esto bien en cuenta- al derrumbe definitivo del sistema político vigente… Claro está que, en su caso, con la Corona saltando por los aires y el personal militar metido de nuevo en la política, quizás reclamado ampliamente por la sociedad civil.

Mal jugando con las cosas de comer, y fumándose puro tras puro tumbado en su cheslong de La Moncloa –y languideciendo como languidecía la cupletista Sara Montiel al compás de su ‘Fumando espero’-, Rajoy no confunde sólo los componentes y soluciones de la crisis económica: también confunde los problemas, las prioridades y las estrategias políticas, en la misma línea de su predecesor, el ex presidente Rodríguez Zapatero.

Rajoy parece ignorar, y ni la historia de España ni la universal no le dan pie para ello, que la independencia es el objetivo más ambicioso que una Nación sin Estado se puede plantear. Y que, para bien o para mal, la propia Constitución reconoce las ‘nacionalidades’ españolas, incluida por supuesto la catalana, con el abundamiento de que el vigente Estatuto de Cataluña incluye en su Preámbulo un párrafo bien significativo al respecto, aunque carezca de eficacia jurídica interpretativa de conformidad con la STC 31/2010, de 28 de junio: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la volun­tad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad”.

Allá los constituyentes con su nefasto Estado de las Autonomías, y allá con los autonomistas del PP y del PSOE que han venido promoviendo y aprobando los excesos de las sucesivas reformas estatutarias. A ver cómo unos y otros impiden ahora que Cataluña afronte un empeño soberanista en línea con los de Escocia, Quebec o Flandes, cuando la realidad alimentada desde la Transición, con el Rey a la cabeza, ha sido precisamente esa.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó a bombo y platillo el pasado 19 de junio en La Moncloa el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), su proyecto estrella y más ambicioso para enjugar el déficit público tras las inoperantes medidas gubernamentales de fomento de la economía productiva, de promoción del crédito al sector privado y de la creación de empleo, en un acto sin duda excepcional que terminó mostrándose como una auténtica chafarrinada política.

De entrada, los gobiernos autonómicos, que son los principales afectados por las medidas, fueron invitados al acto de forma precipitada, sin que el Ejecutivo hubiera agotado el plazo que se había concedido para elaborar el informe CORA y con la circunstancia agravante de que los respectivos consejeros de Presidencia presentes en el acto desconocieran su contenido. De hecho, tampoco hubo debate previo al respecto ni intercambio alguno de papeles, con lo que su malestar era bien evidente (la posterior respuesta de algunos ha sido demoledora).

Consciente de la situación, porque las autonomías ya habían reclamado la correspondiente información de forma infructuosa, Mariano Rajoy optó por realizar una presentación del tema amable y tratando de reconducir su ya torcida implicación, dado que legalmente no se las puede imponer el grueso de las medidas contempladas por el Gobierno (que son meras ‘propuestas’). Por ello, y con objeto de disipar el malestar autonómico inicial, lanzó este mensaje de conciliación: “Este documento es una propuesta; nos gustaría acordarla con todos. Aquí no hay ideología, hay un intento de ser más eficaces”.

Sin embargo, detrás de sus buenas palabras parece ocultarse un intento no solo de imponer más recortes de forma indirecta sino de centrarlos sobre todo en las autonomías. De hecho, Rajoy aseguró que las medidas que suponen eliminar duplicidades, y que afectan sobre todo a las autonomías, se tratarán en un próximo Consejo de Política Fiscal, órgano en el que también se tiene que discutir el nuevo reparto del denominado ‘déficit asimétrico’, lo que aumenta las suspicacias de los barones territoriales, que ahora, con las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, temen un condicionamiento mayor de su flexibilidad fiscal.

MEDIDAS INSUFICIENTES Y SIN FUERZA LEGAL

Tras reivindicar lo que en su exagerada opinión es “la radiografía más minuciosa de la Administración realizada en toda nuestra democracia”, Rajoy apuntó a la desaparición de unos pocos organismos “prescindibles”, de los muchos existentes en el sector público, como los servicios de meteorología autonómicos o los entes de defensa de la competencia; pero, siendo cierta su apreciación, sin dar más detalles y ocultando que no podrán desaparecer por una mera ‘recomendación’ gubernamental, porque su creación tiene origen en los correspondientes Estatutos de Autonomía, que permanecen inmutables. De hecho, el inconcreto discurso de Rajoy ni siquiera aclaró cuánto dinero se pretende ahorrar o cuántos organismos del total existente se van a suprimir y cuántos no, con el misterio incluido de que, según él, estas reformas no supondrán destrucción de empleo público (Rajoy recordó que ya se han recortado 375.000 puestos de trabajo de la Administración desde su llegada a La Moncloa).

Para empezar, si las reformas de las Administraciones Públicas no van a comportar reducción en el empleo público, ¿de qué plan de pacotilla se está hablando? Y si las decisiones últimas corresponden a los entes autonómicos y locales ¿qué pinta el Gobierno tratando de ‘apuntarse’ una reforma para la que carece de competencias…? Aquí falla algo o alguien se pasa de listo tratando de vender a los administrados un ‘cuento chino’ sin base ni fundamento.

Alberto Núñez Feijóo, el barón quizás más influyente del PP, señaló que la reforma le parece “una propuesta necesaria y valiente” pero aclarando inmediatamente que “cuando tocan las competencias de las comunidades autónomas”, esas iniciativas “se tienen que negociar”. Para comprender la complejidad y contradicciones del Plan CORA, baste ver que Rajoy citó a los organismos de defensa de la competencia autonómicos como algo a extinguir, mientras el propio presidente de la Xunta acaba de crear uno que es fusión de otros dos y que no tiene ninguna intención de eliminar.

El mal ambiente político creado con el secretismo del Gobierno, que no ha querido contrastar sus propuestas con nadie, las avoca al fracaso más estrepitoso: una senda ya señalada por los presidentes autonómicos del PP descontrolados en la batalla sobre el déficit asimétrico que ha planteado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de muy difícil encauzamiento. Y no digamos por quienes gobiernan otras autonomías desde partidos de signo político distinto (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias…).

Conociendo como ya se conoce el paño de la España de las Autonomías, no faltan sospechas de que, ante la falta de fundamento y fuerza legal del Plan CORA, y por tanto de su imposible aplicación automática, el Gobierno tendrá previstas otras vías para forzar su cumplimiento, aunque éste siempre sería voluntario y por supuesto reversible. Pero, de ser así, ¿por qué no se ha utilizado esa misma capacidad para instrumentarlo de forma negociada o mediante normativa de rango legal que garantice su aplicación directa e inmediata…?

Cierto es que el ministro Montoro tiene una indiscutible influencia extra-legal sobre varias autonomías, porque nueve de ellas, en particular Cataluña o la Comunidad Valenciana, sobreviven financieramente gracias al ingreso mensual que les hace Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), acompañado de la correspondiente capacidad supervisora y de presión sobre los ajustes que pueda ejercerse sobre cada autonomía. Pero la ascendencia política o moral de Hacienda para intentar atajar el drama del despilfarro generado por las Administraciones Públicas periféricas es, hoy por hoy y llegados al punto en el que estamos, demasiado artificiosa y exige un sistema de reconducción mucho más expeditivo y enérgico.

EL SECTOR PÚBLICO DE RAJOY: PURA CONTRADICTIO IN TERMINIS

Además, las trampas del cuento chino que supone el Plan CORA quedaron perfectamente apuntadas por el propio Rajoy en su ardiente defensa del empleo y del gasto público. Alcanzando el colmo de la ingeniería semántica, por no decir de la tergiversación política más falsaria, lanzó el brindis al sol de que España tiene una “buena Administración”, al tiempo que se mostraba dispuesto a “desmontar el mito” del exceso de funcionarios y de gasto público, respondiendo de esta forma a las exigencias internas de su propio partido (el sector ‘aznarista’) para que adelgace las Administraciones Públicas de forma mucho más radical.

Rajoy afirmó que “con datos de 2012, España se sitúa entre los países con menor gasto público de la UE, un 43% sobre el PIB frente al 47% de media en la zona euro”, destacando que de ese porcentaje “dos tercios van en gasto social y servicios públicos básicos”. No obstante, reconoció que “entre 2005 y 2012 hubo un gran aumento de empleados públicos”, justificando ese incremento con el hecho de que “solo el 25% se dedican a la gestión” y con que “el 75% restante son maestros, médicos, policías, jueces, esto es, servicios esenciales del Estado de derecho y del bienestar”.

Con independencia de que Rajoy olvidara que durante años, cuando estaba en la oposición, clamaba de forma recurrente contra una Administración que tildaba de ‘hinchada’ y con duplicaciones de hasta cinco niveles (central, autonómico, insular, local y de diputaciones provinciales), su presentación del Plan CORA supone, ahora, entregarse a las tesis de algunos economistas no precisamente liberales empeñados en que el problema de España no es el gasto público, sino el desplome de los ingresos. Ahí va la prueba de su zigzagueante pensamiento económico, si es que lo tiene: “Nuestro mayor problema es el desplome de los ingresos públicos. En 2012, España fue el país con menor nivel de ingresos públicos de la UE, 10 puntos por debajo de la media. Somos los que menos recaudamos”.

Pero, puestos a manipular las estadísticas, Rajoy se guardó mucho de aclarar el mejor o peor funcionamiento de las Administraciones Públicas y la calidad del Estado de Bienestar de los países europeos con los que nos compara, sólo en lo que le conviene, y en los que no se entiende ni por asomo nuestra obesidad administrativa y mucho menos el bodrio de sus torpes solapamientos. Aunque la pregunta del millón que habría de responder Rajoy es esta: Si nuestra Administración es tan buena y eficiente como afirma, ¿qué sentido tiene entonces el Plan CORA que tanto incomoda a las entidades autonómicas y locales afectadas…?

La realidad es que el discurso de Rajoy reúne dos conceptos de sentido contrario (la ‘buena Administración’ y la necesidad de reformarla), que en sí mismos conforman un absurdo similar a la figura literaria de la contradictio in terminis, pero sin sentido metafórico. Aunque sí envuelva un auténtico cuento chino, útil sólo para encubrir la incapacidad del Gobierno en la gestión de la crisis y entretener el malestar de los administrados: juegos de artificio que cada vez hunden más al país en el pozo de la incompetencia política.

Paréntesis: La reforma avanzada por Rajoy obtuvo ipso facto el apoyo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, presente en el acto de presentación como miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad, que destacó y elogió medidas tan obvias y ya practicadas como la centralización de las compras y de la tesorería de la Administración, que en su sabia opinión suponen aplicar fórmulas de la empresa privada. Pero, ¿quiénes son estos líderes empresariales que rinden admiración a la ‘reinvención de la pólvora’ y qué reciben de Rajoy a cuenta de tanto baboseo…?

EL PULSO CON LAS AUTONOMÍAS MUESTRA LA DEBILIDAD DE LA REFORMA

Conocido el Plan CORA con mayor precisión después de su aprobación por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 21 de junio, y confirmados todos sus puntos débiles, incluido el de la imposible cuantificación del ahorro previsto a pesar de la cifra inventada por el Gobierno, los comentarios de los analistas políticos han aflorado con enfoques generales y sin entrar en el fondo de su inconsistencia, ni denunciar su particular inutilidad para combatir la obesidad mórbida de nuestras Administraciones Públicas; tal vez porque la propia supervivencia económica de sus respectivos medios informativos condiciona su capacidad crítica o porque ya vean imposible reconducir razonablemente el frangollo del Estado de las Autonomías, algo mucho más triste y peligroso. Entre ellos, destaca el publicado por Miguel Ángel Aguilar en El País (24/06/2013), poniendo de relieve la invalidez del Gobierno para auto-racionalizarse y ofrecer la ejemplaridad debida mientras impone ese mismo proceso a las demás Administraciones:

La reforma… de los demás

La reforma de cada viernes dánosla hoy, parecen reclamar con ojos suplicantes los asiduos a la rueda de prensa semanal que sigue a los consejos de ministros en La Moncloa. Todo va adquiriendo en el aula dispuesta de aquel complejo un aire de parvulario. Con la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, encaramada en el estrado, acompañada según convenga por los titulares de los departamentos más afectados en cada ocasión. Algunas lecciones se exponen por primera vez, otras se repiten a medida que van pasando por las sucesivas vicisitudes e informes preceptivos hasta llegar a convertirse en auténticos proyectos de ley. El último caso es el del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que formula más de 200 propuestas para “hacer unas Administraciones más austeras, más útiles y más eficaces”, según el presidente Rajoy.

Si nos fijáramos en ese cuento, correspondiente al viernes día 21, relativo a las Administraciones, iría quedando claro que este Gobierno se muestra muy activo en cuanto se refiere a las reformas de los demás, que se ha especializado en los “brindis al sol”. Porque mientras sigue sumando poderes y haciéndose con el control de las instituciones -Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Agencias Reguladoras, etc.- hasta un punto que jamás alcanzó ninguno de sus predecesores, propugna el desmantelamiento controlado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. La prédica monclovita declara su propósito de acabar con las duplicidades y responde al principio de una competencia, una Administración. Pero la pequeña dificultad insuperable es que su puesta en práctica rebasa las atribuciones del proponente. La racionalidad y economía de las reformas pretendidas tiene el sonido de la lógica, pero requeriría que las Administraciones afectadas aceptaran la senda de renunciar a lo que les confieren sus Estatutos.

Esas renuncias las harían, por ejemplo, las comunidades autónomas a favor de las instituciones análogas de la Administración del Estado, que absorbería así los tribunales de Cuentas, los defensores del Pueblo, los consejos consultivos, los canales de radio y televisión o las agencias de meteorología de que en su día se fueron dotando en un ejercicio de mimetismo, que replicaba el modelo estatal de referencia. La penuria presupuestaria y la exigencia de atenerse al déficit señalado para cada una de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera parecen haber adquirido una gran contundencia argumental, pero sería fatuo ignorar la capacidad de resistencia que pueden ofrecer. Así que el Gobierno, que parece inválido para emprender su propia racionalización y ofrecer ejemplaridad -Arantza Quiroga dice que la militancia está asqueada con el caso Bárcenas-, vuelve sus ojos hacia otras Administraciones, decidido a llevar a cabo la reforma… de los demás.

Porque nos acercamos al segundo aniversario de la investidura del presidente Mariano Rajoy y seguimos sin vicepresidente económico, una exigencia que afloró el mismo día en que se hizo pública la composición del Gabinete. Entonces se nos dijo que esa carencia quedaba resuelta habida cuenta de que la coordinación en ese ámbito se haría mediante la asunción de la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el propio Rajoy. De nada ha servido que Bruselas reclamara con insistencia la unidad de mando y han debido transcurrir 18 meses para que se haya puesto el parche de incorporar a la vicepresidenta única, Soraya Sáenz de Santamaría, como miembro de la citada comisión, con la función de presidirla en ausencia de Rajoy. Dicen que el promotor de esa alteración ha sido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien, convencido de que no será vicepresidente económico, ha buscado amparo en Sáenz de Santamaría frente a su competidor, el ministro Luis de Guindos. De este modo nos aproximamos al principio de otros tiempos, cuando imperaba la “unidad de poder y coordinación de funciones”.

En democracia, gobernar es delegar, pero el actual presidente prefiere concentrar todo el poder en un solo vértice, al modo en que algunos reyes lo hicieron en sus validos o privados como el duque de Lerma, el conde duque de Olivares o Manuel Godoy. Claro que la delegación de poder se basa en la confianza por encima del mérito o la capacidad. Y la delegación universal en Soraya Sáenz de Santamaría ofrece la ventaja de su irrelevancia en las filas del Partido Popular, lo cual impide que proyecte sombra alguna o que emprenda aventuras autónomas, se trata de un satélite sin luz propia que solo refleja la que recibe del presidente. Así que esta delegación mantiene el poder indiviso, ¿quién podría garantizar otro tanto?

Otro comentario llamativo, algo más proclive a defender las medidas del Plan CORA frente a las resistencias autonómicas, sobre todo en su fondo y sin entrar a valorar su inconsistencia formal, evidenciando por supuesto su implícita naturaleza voluntarista, es el de Ignacio Camacho publicado en ABC (25/06/2013):

El motín del pesebre

Pasen y vean: está a punto de comenzar el motín del pesebre. Una sedición de taifas autonómicos agarrados a sus banderitas estatutarias para defender su competencia constitucional de crear organismos perfectamente prescindibles y colocar en ellos a legiones de parentela política y hasta familiar. Que sí tienen esa competencia, sí; algo se hizo mal en el desarrollo de un modelo territorial razonable que ha acabado convertido en una máquina de gastar. Pero la auditoría administrativa del Gobierno, un trabajo serio, ha levantado el mapa del despilfarro como una fotogrametría de Google Earth y algunos virreyes se han visto retratados en ella por el perfil menos favorable. La mirada del satélite ha localizado la trastienda de los regímenes clientelares, el enorme aparato discrecional y superfluo que se oculta tras la fachada del Estado pseudofederal: una burocracia paralela sobrecargada de organismos superpuestos, consejillos de amiguetes, televisiones de cámara, observatorios de la nada, defensorcitos del pueblo, embajadas de la señorita pepis y agencias de colocación. El reverso tenebroso del principio de subsidiariedad.

Ese desparrame acumulado en sedimentos de desarrollo competencial -al que nadie es ajeno: lo empezó González, lo continuó Aznar mano a mano con Pujol Sr. y lo culminó Zapatero con su oleada neoestatutaria- no se puede defender ante una opinión pública cansada de sufragar el dispendio. Así que la resistencia apelará a conceptos grandilocuentes de soberanía autóctona, buscando el resorte populista de una defensa de la identidad diferencial. El malvado centralismo contra una variante del presunto derecho a decidir que no es sino el presunto derecho a gastar. Con el nacionalismo como ariete, los capataces de los latifundios autonómicos se disponen a cavar trincheras de desobediencia al grito de no pasarán. No nos quitarán las prebendas, no nos tocarán los privilegios, no hollarán los pastos que engordan las hegemonías electorales. No pondrán sus sucias manos reformistas sobre las estructuras del nuevo caciquismo.

Y si el discurso del agravio territorial no funciona, apelarán al Estado del Bienestar. El bienestar de las clientelas acostumbradas a un contrato no escrito de beneficios mutuos, de regalías y subvenciones acolchadas en los pliegues de unas administraciones opacas donde se pueden esconder EREs trucados, privatizaciones de servicios básicos o licitaciones de ITVs a medida. El bienestar de los veinte mil asesores y de los ejércitos de estampillados en las empresas públicas que desdoblan el papel de los cuerpos de funcionarios. El bienestar de los cientos de cargos de confianza repartidos en estructuras de poder ramificadas. Lo van a defender con alboroto político, con recursos jurídicos y con resistencia pasiva. Será un pulso interesante: el gobierno de la desorganización contra la organización del desgobierno.

Basten estas dos referencias para comprender la respuesta autonómica al Plan CORA, el pulso que supone su dudosa implantación (a pesar de que en el fondo se trate de peccata minuta) y, a tenor de la propia polémica, la falta de solidez legal con la que se ha concebido. Una vez conocido en detalle, ni los palanganeros habituales del Gobierno se han fajado en su defensa, porque, sin duda alguna, esperaban algo mucho más contundente y efectivo.

MEDIDAS DE PECCATA MINUTA Y CORTE PARVULARIO

Ya hemos apuntado el corte parvulario de algunas propuestas recogidas en el Plan CORA, como las aplaudidas por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, sobre la concentración de las compras y la tesorería de las Administraciones Públicas, que en todo caso sólo se podrían aplicar de forma extensiva con la adecuada normativa legal, obviada por el Gobierno, y garantizando además la no distorsión de la libre competencia empresarial. Porque, ¿acaso Iberdrola estaría dispuesta a que todas las Administraciones Públicas contrataran en bloque su consumo energético con su competencia directa…? ¿O es que algún banco amigo del Gobierno ya tiene apalabrada la gestión única de todos los fondos públicos actualmente depositados en más de 4.800 cuentas que ya compiten entre sí…? Y, más difícil todavía, ¿por qué razón las administraciones autónomas van a renunciar al control de sus propios suministros contratados contra sus propios presupuestos…?

Pero pongamos algunos otros ejemplos para demostrar no sólo la simpleza del Plan CORA, sino que en esencia también se trata de auténtica peccata minuta. En base a que uno de sus principales objetivos es “evitar que varias administraciones hagan lo mismo”, la propia vicepresidenta comentó hace unos meses el caso de los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y por el Gobierno Central, señalando que se podría compartir imprenta (¿cuál?), distribución (¿cómo?) y coordinarse mejor (¿quiénes?); algo que difícilmente se verá hecho realidad en el actual Estado de las Autonomías y que muestra el brutal desconocimiento que tiene tanto del mundo y del proceso editorial como de la organización política y funcional del Estado.

Otro componente curioso del Plan Cora es la reforma afecta al parque de automóviles de la Administración Central del Estado, a todas luces falseado para quienes tengan un mínimo conocimiento de dicha organización (es evidente, por ejemplo, que no se contabilizan los vehículos no militares utilizados por los mandos de las Fuerzas Armadas). En cualquier caso, la reforma del Gobierno ha consistido en pasar de tener 1002 conductores para 930 vehículos a tener 852 conductores para 630 vehículos; es decir reduciendo el medio material obsoleto pero aumentando el ratio de conductores por vehículo y trasladando su aparcamiento a las afueras de Madrid “donde el suelo sea más barato”, aunque el aparcamiento actual es de propiedad pública y la mayor distancia equivalga a un mayor uso y mantenimiento de la flota.

En esa misma línea de inconsecuencia con la realidad, se sostiene que la herramienta en la que se centran gran parte de sus medidas del Plan CORA será “la tecnología”. En este punto, fue el presidente Rajoy quien lanzó la idea de “que los ciudadanos que viajan de vacaciones dispongan de su historial médico electrónico para que puedan ser atendidos” (cosa inventada hace tiempo) o, en otro ejemplo todavía más simple, la reducción de las notificaciones postales porque “una notificación postal cuesta 2,55 euros y una electrónica 0,19”, pero sin aclarar quien facilitará a los notificados el correspondiente receptor electrónico y si, de momento, todos ellos tendrán suficiente capacidad de comprensión y manejo del sistema.

Pero cuando se desgrana la reestructuración de los organismos públicos existentes, se pueden observar curiosidades como que muchos de ellos realmente innecesarios no desaparecen, sino que se reintegran en una nueva nomenclatura manteniendo toda su actividad. Ese es el caso, por ejemplo, de la “Fundación AENA” que se integra con la “Fundación Ferrocarriles Españoles” en una nueva “Fundación del Transporte”, el de la “Fundación ENRESA” que se integra en la mercantil ENRESA o el de la “Fundación CENATIC” que se integra en el Ente Público Red.es, entre otros casos.

Porque, ¿para qué quieren AENA, RENFE, ENRESA o el Ente Público Red.es esas fundaciones…? ¿Qué aportan a su función y cometido sustancial como empresas públicas, que además en la mayoría de los casos también pueden ser innecesarias como tales…? Y, si parece adecuado extinguir y liquidar otras fundaciones, como “FOMAR”, “FUNDESFOR” o el “Taller Juan José”, alguien debería explicar por qué no todas siguen la misma suerte, o por qué no pierden al menos la consideración de fundaciones públicas, como la han perdido las de “Aeronáutica y Astronáutica Españolas”, la del “Museo do Mar de Galicia”, la “Canaria Puertos de Las Palmas” o la “General de la UNED”…

Lo mismo sucede con otros muchos organismos autónomos perfectamente inútiles que, en vez  de desaparecer también perfectamente, integran todos sus medios y funciones en la organización ministerial correspondiente. Y con los que se fusionan e integran en otros existentes con la excusa de alcanzar fines más generales, o con los que asumen las funciones y medios de un centro directivo ya adscrito a la organización ministerial, como sucede con el Instituto de la Mujer en relación con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades.

Todo ello, sin contemplar lo que no se incluye en el Plan CORA y debería incluirse, es decir su ineficiencia por defecto. Baste señalar al respecto, por tomar el ejemplo del Ministerio de Defensa, que quizás sea el castigado por el Gobierno con los mayores y más irracionales recortes, la supervivencia de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España), perfectamente inútil salvo para alimentar a 1.600 inútiles, ya fusionada con la no menos inútil INSA (Sociedad Estatal de Ingeniería y Servicios Aeroespaciales), integradas en el Grupo INTA, o el contumaz mantenimiento de la Revista Española de Defensa, otra inutilidad perfecta que es un puro y vergonzoso remedo de la antigua Prensa del Movimiento…

EL AHORRO IMAGINARIO DE 37.700 MILLONES DE EUROS

Otra aspecto ciertamente confuso y criticable del Plan CORA, o cuando menos de la forma en que se ha presentado públicamente, es la alegría con la que se ha estimado un ahorro nada menos que de 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015, según aseguró la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Una llamativa cifra que para nada casa con su afirmación paralela de que hasta su completa implantación, en 2015, la reforma de las administraciones públicas generará un ahorro al sector público de 6.500 millones de euros y de 16.300 millones al ciudadano, sin que sepamos por qué ni quién titularía el ahorro restante de 14.900 millones.

Un galimatías económico en el que no se sabe por qué extraña razón se estima el ahorro en un cuatrienio que ya tiene descontadas las reducciones retributivas del sector público, que se han cuantificado en más de 16.000 millones de euros, es decir casi la mitad del ahorro total estimado por el Plan CORA. Pero, aún más, ¿cómo se puede ‘aventurar’ dicho ahorro si se basa en medidas puramente voluntaristas? ¿Es que, acaso, por poner otro ejemplo, se tiene pactado el buen fin de la venta de 15.000 inmuebles prevista por el Gobierno, de los que además se desconoce su tasación y desde luego su precio final de compraventa…? ¿Y no estará confundiendo alguien estos posibles ingresos por desinversión (el Gobierno parece haber contabilizado ya 88 millones de euros por ventas de inmuebles) con el concepto muy distinto de ‘ahorro administrativo’…?

Como anticipamos en nuestra anterior Newsletter, las 217 propuestas del Plan CORA, incluyen muchas especulaciones, maquillajes y readaptaciones semánticas, conformadas además en su mayoría como ‘recomendaciones’ para las entidades autonómicas y locales no negociadas, que se aceptarán o no, de auténtica risa si con ellas, como ha afirmado el presidente del Gobierno, se pretende “marcar un antes y un después” en la racionalización del sector público. Es decir, un paquete de chorradas y perogrulladas mayoritariamente de corte parvulario y sin la cuantificación económica debida; entre otras cosas porque la cifra ‘aventurada’ de 37.700 millones de euros de ahorro en cuatro años es imposible de acotar dado que el éxito del grueso del plan se condiciona a un ejercicio de ‘buena voluntad’…

Pero, sobre todo, el Plan CORA carece de auténticas medidas de carácter legal negociadas con el conjunto de las Administraciones Públicas para adelgazarlas de verdad (incluida la Central), de recortes duros y puros como los ya asestados sobre el cuerpo social y de las reformas institucionales necesarias para afrontar el fondo de la crisis. Esto es tan evidente que se puede considerar sin más  como un auténtico cuento chino y, en definitiva, una ofensa a la inteligencia y al sentido común de los administrados…

Rajoy sigue navegando en el mar de la incompetencia. Sino que venga Dios y lo vea.

El pasado 9 de diciembre, ya advertimos la importancia de lo dicho por José María Aznar en la extensa entrevista concedida a la periodista Victoria Prego y publicada en el diario El Mundo (02/12/2012), con respuestas sobre un amplio abanico de temas que no tuvieron desperdicio. De hecho, dedicamos al caso la Newsletter 39 titulada “Aznar, el problema político de España y la incapacidad de Rajoy para afrontarlo”.

En ella, y tras recordar el malestar ciudadano con la temeraria política de Rodríguez Zapatero durante su segundo mandato electoral (IX Legislatura), enorme como quedó demostrado en los comicios del 20-N, y de muy difícil reconducción, señalábamos: “Pero el malestar contra el PP y su timorato presidente, que utiliza la mayoría parlamentaria absoluta para divagar en lo fundamental y hundir a las bases sociales del país, sin plantear, ni por asomo, políticas económicas y fiscales más justas y eficaces, lleva camino de ser todavía mayor, a pesar de su éxito electoral previo, o precisamente por el fiasco que supone no saber gestionarlo”.

Pasados cuatro meses, y viendo que su primer lamento político (“Sufro observando a España”) había resbalado por las escasas entendederas del Gobierno, Aznar no dudó en volver a lanzar otras duras advertencias críticas. En esta ocasión sirviéndose de una estudiada entrevista concedida a Antena 3 (02/05/2013), en la que en esencia planteó una auténtica ‘enmienda a la totalidad’ de la política de Mariano Rajoy al exigir una bajada de los impuestos “ahora”, que se cumpla tal cual el programa electoral del PP y, claro está, poniendo en tela de juicio el liderazgo interno del PP…

AZNAR FUSTIGA AL GOBIERNO…

Aquella segunda ‘bofetada a Rajoy’, con gran repercusión mediática, propició reacciones en el entorno directivo del PP descalificando al ex presidente Aznar y hasta acusándole de “deslealtad”, erradas a nuestro juicio en el análisis objetivo del caso. Por ello, ya dispuesto a ser la nueva conciencia crítica de la derecha (hasta ahora en eso estaban Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Alejo Vidal-Quadras. José Antonio Zarzalejos, Ignacio Astarloa…), no dudó en responder al entorno ‘marianista’ con nuevos dardos políticos verdaderamente lesivos en un acto político-cultural de lujo celebrado el pasado 25 de mayo en el Congreso de los Diputados; el mensaje más suave y contemporizador sería: “No estoy contra nadie, estoy con los españoles”.

Y para demostrar que reaparecía en plena forma y dispuesto a poner en su sitio al Gobierno del PP, fustigándolo cuanto sea necesario, Aznar recordó que “el mandato de las urnas es inequívoco” y que “el coste de la no reforma sería inasumible”, al tiempo que anunciaba una conferencia en el Club Siglo XXI -en principio siguiendo la misma línea crítica- que finalmente se celebró el pasado 10 de junio. Esta continuidad en las manifestaciones contra la política de Rajoy, motivó también nuestra Newsletter 64 titulada “Y Aznar cogió su fusil…” (02/06/2013).

Pareciendo, pues, que el ex presidente Aznar ha vuelto a la vida pública para quedarse al menos como conciencia crítica de la derecha española y, a lo más, para intentar mandar a Rajoy al retiro político, en ella señalábamos, entre otras cosas, el riesgo de que un enfrentamiento político desorganizado entre Aznar y Rajoy, aun siendo meramente dialéctico, dañara de forma irreparable al Gobierno del PP y al propio partido, ya bastante devaluados ante la opinión pública en general, de acuerdo con todas las encuestas al uso. Y añadíamos que parecía evidente una mayor sintonía de Aznar que de Rajoy con las bases electorales propias y más estables del PP, al igual que ha ocurrido con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

De hecho, la conferencia pronunciada después por Aznar en el Club Siglo XXI, llevó a Luis María Anson a reconocer esta preminencia afectiva del ex presidente Aznar dentro de su partido (del que es Presidente de Honor desde su XV Congreso Nacional celebrado en octubre de 2004) en un artículo titulado precisamente “El 80% del aparato del PP está con Rajoy; el 80% de los militantes, con Aznar” (El Mundo, 13/06/2013). En él, advirtió que “si se agudizara la crisis, como algunos vaticinan que ocurrirá en otoño, -Soraya Sáenz de Santamaría fue vapuleada en la Bilderberg- entonces el retorno de Aznar no será una quimera”.

El veterano periodista ya había dejado claro el pasado mes de enero que no esperaba nada de Rajoy, aunque “salga indemne del incendio Bárcenas” porque el PP “exige una profunda operación regeneradora interna” y el actual presidente del partido (y del Gobierno) “no es el hombre para llevarla adelante”. En aquel artículo de hace ya casi seis meses, Anson anunciaba sin tapujos: “Ha sonado la hora del retorno de Aznar”.

Pero, tras la conferencia del Club Siglo XXI, el mismo columnista ultra conservador vuelve a realzar la figura del expresidente Aznar como la de un auténtico salvador del PP, a quien, en contraposición a Rajoy, “le preocupa el ‘qué más da’, el ‘todo vale’, la indefinición en la que se ha instalado un partido como el suyo que disfruta de mayoría absoluta”. Y añadiendo además este párrafo: “Los votantes del PP exigen una posición nítida en favor de la unidad de España, de la sociedad de libre mercado, de la familia, de los principios de derecho público cristiano, de la condena del terrorismo, del auxilio a sus víctimas”.

Trascendiendo la crítica sobre la pobre iniciativa política de Rajoy y del abandono de sus promesas electorales, que ciertamente enerva a muchos de sus votantes, a renglón seguido Anson también lanza en el artículo de El Mundo que comentamos este amenazante comentario: “Leopoldo Calvo-Sotelo olvidó en parte todo esto, se corrió hacia la izquierda siguiendo el péndulo que en 1982 oscilaba hacia el socialismo, y el centro derecha en bloque le abandonó para votar a Fraga Iribarne. El descalabro fue descomunal y UCD pasó de 165 diputados a 12”. Y lo cierto es que a Rajoy y al PP de Rajoy, les puede pasar más o menos lo mismo; aunque, a nuestro entender, no sea exactamente por las cuestiones ideológicas que esgrime Anson (que en parte también), sino sobre todo por no saber cortar la sangría del aparato político del país ni relanzar su economía, que es lo que, de verdad, ahora importa a los electores.

Pero si la posición comentarista de Anson parece clara en el apoyo de Aznar y en la crítica a Rajoy, la línea editorial de El Mundo todavía lo es más. A título de ejemplo, baste comentar la forma en la que este diario llevó a portada en su edición del pasado 11 de junio la conferencia de Aznar en el Club Siglo XXI, con un titular a toda página en efecto retador (“Aznar presenta su programa”), acompañado de una frase del expresidente protagonista del acto también de corte electoral (“Hemos creado un Estado que a veces tiene intereses que no son los de los ciudadanos”) y de cuatro resúmenes del nuevo ideario político de Aznar que, en definitiva, eran cuatro patadas en la barriga de Rajoy:

-      Advierte que “hay una crisis política” y propone afrontarla con un “reformismo de alta intensidad”.

-      Exige “asegurar que cualquier acuerdo nuevo se haga para reforzar la Nación y no para debilitarla”.

-      Plantea “reducir las administraciones y ordenar competencias mediante los cambios normativos precisos”.

-      Reclama “cambiar el sistema fiscal para ponerlo al servicio del empleo y no de las administraciones”.

Y, por si la posición del periódico dirigido por Pedro J. Ramírez no estuviera bien clara, que lo está y desde hace mucho tiempo, este mismo personaje arremete pocos días después de nuevo contra Rajoy en la Carta del Director titulada “Napoleón en Grenoble” (16/06/2013), reiterando las mismas ideas reprobatorias con párrafos tan martirizantes como estos:

(…) La pesadilla de que Rajoy siga malbaratando el tesoro de la mayoría absoluta desde un quietismo socialdemócrata y eso desemboque en 2015 en una coalición entre la izquierda y los nacionalistas, no podía dejar indiferente a quien refundó el PP y dejó voluntariamente su liderazgo. Como mínimo tenía que ser un ‘whistle blower’ [alertador] y esa función ya la ha cumplido dando la voz de alarma sobre la obligación de cumplir el “mandato” de las urnas, la necesidad de “reordenar” las competencias autonómicas para “fortalecer a la Nación” y la urgencia de reducir los impuestos para favorecer a los ciudadanos y no a las “Administraciones”. Y como nada de esto va a arreglarse de la noche a la mañana, a mí no me cabe ninguna duda de que si Aznar ha vuelto, es para quedarse…

(…) Si de aquí a fin de año Rajoy no ha apostado por ese “reformismo de alta intensidad”, o demostrado que sus recetas son mejores, la catarsis será inevitable. “Luis XVIII es demasiado inteligente para esperarme en las Tullerías”, dijo Napoleón cuando la balanza empezó a inclinarse a su favor. Pero no adelantemos acontecimientos porque de momento hay signos alentadores de que la guerra de Troya tal vez no tenga lugar: de repente en el Gobierno se habla de bajar los impuestos en enero, corren rumores atractivos sobre la reforma de la Administración y se ha apuntalado el Tribunal Constitucional para pararle los pies a Mas. Ése es el son de paz que yo percibo en la presencia de la ‘vice’, junto al esquinado Soria, en la primera fila de la soirée del lunes pues, por una vez, Soraya estaba de oyente.

Mira por dónde hemos descubierto que aunque Rajoy se sienta tan ufano de no depender, ni para bien ni para mal, del resto de los españoles, esta semana ha tenido que reconocer que sigue dependiendo de Aznar. No en vano es una cita de Pessoa la que encabeza el libro deslumbrante de Villepin sobre los Cien Días: “¡Qué gloria nocturna ser grande, sin ser nada!”.

Lo llamativo de la posición editorial de este periódico de derechas es que se muestra en las antípodas de la del diario El País, tradicional órgano oficioso del PSOE, que dio un tratamiento despectivo a la conferencia de Aznar en el Club Siglo XXI, sin un mínimo reflejo en su portada e incluso con algún apoyo periodístico lamentable, como el titulado “Club Siglo XXI: un baño de jabón de mimosa” firmado por Luz Sánchez-Mellado. Sin dejar, como es su costumbre, de lanzar puyas contra Aznar con alusiones a su responsabilidad en el ‘caso Gürtel’… ocultando la mucho más evidente de Rajoy… y dando por buena así la convicción que existe en los medios políticos informados de la ayuda prestada desde la Presidencia del Gobierno al diario ‘progresista’ para solucionar sus graves problemas financieros: algo que no pocos empresarios del sector de la comunicación avezados consideran malo, malo, malo para el PP, que ha desaprovechado la oportunidad de dejar que El País se friera en su particular ruina económica (el espabilado Rajoy siempre ayudando al enemigo).

Mucho más perspicaz y contemporizadora fue la actitud informativa de La Razón, dirigida por Francisco Marhuenda, un ferviente defensor de Rajoy que a veces raya en la idolatría, que supo ver la que se avecina y llevó su crónica sobre la conferencia de Aznar a portada con un sonoro y anhelante “Un solo PP”, apoyado con una fotografía del acto en la que aparecían forzadamente sonrientes la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro Soria (aparato del poder) junto al matrimonio Aznar-Botella y al anfitrión del acto Eduardo Zaplana (disidencia)…

…MIENTRAS RAJOY NAVEGA EN EL MAR DE LA INCOMPETENCIA

La realidad palpable en el ámbito de la política es que Rajoy y su Gobierno siguen mostrándose incapaces de afrontar el fondo de la crisis de verdad; que tal incompetencia puede llevar al PP a un desastre electoral muy similar al de la extinta UCD; que José María Aznar no soporta ni va a tolerar esta situación (hay que conocerle para saber que va en serio)… y que, si no hay una rectificación inmediata por parte del marianismo, la gresca interna tomará muy pronto otro cariz mucho más ácido.

De hecho, parece que el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, incluso es incapaz de comprender la realidad más evidente, dado que sigue tachando de “error conceptual” pensar que la crisis deriva del peso del sector público y sigue, por tanto, negando su relación con el déficit público. Aunque a continuación reconozca que la auditoría realizada por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha desvelado “duplicidades inadmisibles” que atentan contra el objetivo que se marcó Rajoy durante su discurso de investidura de ‘una competencia una administración’.

Es más, tanto él como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, e incluso el conjunto del Gobierno, también parecen ignorar que las 217 medidas que ha propuesto la CORA, anunciadas a bombo y platillo por el propio Rajoy el pasado 19 de junio en Moncloa y aprobadas dos día después por el Consejo de Ministros, incluyen muchas especulaciones, agrupaciones, maquillajes, reconsideraciones semánticas y meras ‘recomendaciones’ para comunidades autónomas y entidades locales, que se aceptarán o no, de auténtica risa si con ellas se pretende “marcar un antes y un después” en la racionalización del sector público, como ha afirmado el presidente del Ejecutivo. Es decir, un paquete mayoritariamente de chorradas y perogrulladas sin la debida cuantificación económica (se ‘aventuran’ 37.700 millones de euros de ahorro en cuatro años incluyendo partidas de la pasada reducción de empleo público ya descontadas); cifra por otra parte imposible de acotar, porque el grueso del plan no son medidas de obligado cumplimiento sino ‘propuestas’ que ni siquiera se han negociado con los entes que han de asumirlas y cuyo éxito se condiciona a un ejercicio de ‘buena voluntad’…

Pero, sobre todo, el plan CORA del Gobierno carece de auténticas medidas de carácter legal negociadas con el conjunto de las Administraciones Públicas para adelgazarlas de verdad (empezando por la Central), de recortes y tijeretazos duros y puros como los ya asestados sobre el cuerpo social y, por supuesto, de las reformas institucionales necesarias para afrontar el fondo de la crisis. Esto es tan evidente que, aparte de merecer una Newsletter monográfica que ponga en su sitio la presentación propagandista del Gobierno, de entrada se puede considerar pura ingeniería semántica, ‘agua de borrajas’ y, en definitiva, una ofensa a la inteligencia y al sentido común de los administrados…

LOS COMICIOS EUROPEOS, CLAVES PARA EL PP

Seguimos, pues, en una dinámica de correlaciones y señuelos del Gobierno perdidos en el océano de su incompetencia política que, en cualquier caso, va a tener un hito definitivo el próximo mes de mayo con los resultados que arrojen las elecciones al Parlamento Europeo, institución que, acto seguido, tendrá que ratificar la elección consensuada del nuevo presidente de la Comisión Europea.

Hay que recordar que en los anteriores comicios europeos, celebrados en 2009 y en los que al inicio de la legislatura tomaron posesión 50 diputados de los 54 reasignados a España en el Tratado de Lisboa, los resultados fueron los siguientes: PP, 23 escaños (42,2% de votos); PSOE, 21 escaños (38,5%); Coalición por Europa -CiU, PNV, CC y otros- 2 escaños (5,12%); IU-ICV-EUIA-BA, 2 escaños (3,73%); UPyD, 1 escaño (2,87%) y Europa de los Pueblos -ERC, BNG, EA y otros-, 1 escaño (2,5%).

Sin embargo, es de prever que la reprobación social del Gobierno del PP y de la Oposición del PSOE recogida en las encuestas al uso, con un ascenso significado de partidos hasta ahora minoritarios como IU y UPyD, que anuncia una clara ruptura del actual bipartidismo, tendrá su efecto, por supuesto demoledor, en los comicios europeos. Quizás acrecentados por un presumible aumento de la abstención, que en 2009 ya alcanzó el 54 por 100 en la circunscripción de España, sobre todo si sus electores no perciben soluciones eficaces de la Unión Europea sobre la crisis.

Según el ‘Eurobarómetro Flash 375’ (mayo 2013), el porcentaje de jóvenes españoles que un año antes de las próximas elecciones europeas dicen haber decidido ya participar en ellas, se limita al 25 por 100, mientras que los que de momento no descartan poder hacerlo (es decir, el máximo potencial de participación en ese segmento de edad) no sobrepasan el 58 por 100. Porcentajes situados por debajo de la media europea que para esos mismos ítems se sitúa en el 28 y el 64 por 100 respectivamente.

Los jóvenes europeos que descartan votar en los próximos comicios, apuntan en esa misma investigación demoscópica como principal razón para ello la creencia de que su participación no cambiaría nada (64 por 100), seguida de la sensación de que no están lo suficientemente informados para votar (61 por 100) y de que el Parlamento Europeo no se ocupa de los problemas que les interesan (56 por 100).

Por otra parte, un estudio publicado en paralelo por la London School of Economics, elaborado con el auspicio de la Comisión Europea, evidencia también el creciente descontento de la juventud con el funcionamiento de la política. Aún más, este documento señala que los jóvenes europeos quieren participar y ser escuchados, pero por vías distintas, entre las que destacan Internet y las nuevas tecnologías, que se entienden como “métodos de participación mejorada”.

LA RUINOSA CONTUMACIA DE LA ‘CAMARILLA POLÍTICA’

Es en este contexto de deterioro y desencanto político en el que surge la necesidad de estudiar nuevas formas de organización y funcionamiento de los partidos, e incluso nuevos tipos de partidos o de tendencias y corrientes dentro de los existentes. Aunque muchos politólogos tiendan a desacreditar estos movimientos internos o a considerarlos un mal inevitable, culpándolos de fraccionar a los partidos y atomizar la vida política, llevando así a que éstos no cumplan con su cometido principal, que es precisamente aglutinar y articular las demandas sociales.

Cierto es que en, sí misma, la política conlleva elementos impredecibles y que hasta la institución más noble puede ser utilizada con fines indeseables. Sin embargo, si los acontecimientos obligan a discutir y adoptar soluciones alternativas (y la situación del PP va estando para ello), siempre será preferible entrar en una dinámica de consensos y disensos dentro del partido que aferrarse a un contumaz inmovilismo interno que impida la renovación de las estructuras del poder y salvaguardar su ideario, o quizás adaptarlo, generando en su caso el divorcio con las bases sociales que, en efecto, siempre deben ser escuchadas y representadas rectamente.

Impedir el libre debate de las ideas en el seno de los partidos, sobre todo en situaciones de crisis extrema, equivale a negar la democracia interna, que es su primera y más importante obligación. De hecho, el artículo 6 de la Constitución Española establece con suma claridad: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Por ello, las organizaciones que normativa o prácticamente son caudillistas o excluyentes no parecen acordes con el espíritu democrático que impregna el texto constitucional, sin perjuicio de que sus posibles corrientes internas se puedan conformar alrededor de un líder. Los partidos norteamericanos o la histórica Democracia Cristiana (DC) de Italia, por ejemplo, han estado integrados esencialmente por tendencias y corrientes internas que, además, han sido el vehículo de la alternancia en el poder interno.

Y estas corrientes dentro del partido (la democracia interna real) crean en efecto una dinámica de consensos y disensos que evita la inacción y la petrificación política que, con independencia de perpetuar al aparato de la organización, también impiden el libre debate de la realidad, yugulando de paso las ideas y propuestas alternativas que, en determinadas situaciones de crisis, eviten una eventual debacle gubernamental.

Un partido con absoluta unidad de pensamiento, sin capacidad de autocrítica y con mando prepotente basado en la ‘camarilla’, sea esta la que sea, no es democrático y se acerca más a lo que se ha dado en llamar la ‘dictadura de los partidos’, luego devenida en ‘aparatocracia’ y, en conjunción con la del partido opositor, en ‘partitocracia’. Una expresión política que, como forma de Estado aparejada al formalismo parlamentario, es una pura deformación sistemática de la democracia en la que las oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva en régimen de ‘turnismo’.

En ese régimen, los grandes partidos existentes, básicamente dos, van asumiendo el gobierno de forma consecutiva o rotatoria, coartando las posibilidades de que los ciudadanos expresen su voluntad real fuera de los partidos ya existentes, y ni siquiera en ellos si están sujetos al inmovilismo interno. Partiendo entonces de la idea de que los partidos son un mal menor o un mal necesario, los ciudadanos se auto-excluyen y buscan otros cauces de expresión e intervención, lo que les lleva a crear nuevas organizaciones: grupos de presión, partidos antisistema, movimientos y redes sociales y, como sostienen los jóvenes encuestados recientemente por la London School of Economics, “métodos de participación mejorada” basados en las nuevas tecnologías.

En la vida política, y como de forma indefectible sucede también en otros campos de la actividad humana, las concepciones globalizantes corren el peligro de quedar atrapadas en sí mismas y obligadas a crear instrumentos que les permitan concretizarse o pervivir en la historia, originando una reversión de principios, valores, prácticas y prioridades. En estos casos, el instrumento se apodera de la idea y se convierte en el propio fin; y el gran objetivo pasa a ser un simple medio, pura retórica vacía o diletante...

LAS OREJAS DEL LOBO: DE LA EXTINTA UCD A LA DEBACLE GRIEGA

No es nuestra intención revisar ahora la teoría y la ética políticas, adentrar a nuestros lectores en el denominado ‘Estado de Partidos’ (el Parteienstaat de algunos estudioso alemanes connotado con la ‘partitocracia’) ni, mucho menos, profundizar en el concepto de la Partyarchy que ha intentado acuñar Michael Coppedge (Universidad de Notre Dame, South Bend, Indiana) a partir de la concepción de ‘poliarquía’ de Robert A. Dahl (Universidad de Yale). Más ilustrativo sería recomendarles la lectura del libro de Petros Márkaris titulado “La espada de Damocles” (Tusquets, 2012), escrito tras las elecciones griegas del año pasado para arrojar luz sobre la crisis que azota a Grecia y que todavía sigue amenazando con derrumbar el proyecto de la Unión Europea.

Con ese objeto, Márkaris explica las causas profundas de la quiebra política de Grecia, la acelerada evolución de su sociedad en las últimas décadas y el papel que sus estructuras de poder han desempeñado en la actual debacle financiera, con similitudes que, quiérase o no, tienen referentes perfectos en la situación española (habla del ‘nepotismo tóxico’, del ‘partido de los beneficiarios’, de la política del ‘enchufismo’, del desánimo social, de las generaciones perdidas, de la ineficiencia de las administraciones públicas…). Indignado ante la precariedad de la vida cotidiana de tantos ciudadanos, castigados por medidas diseñadas en Bruselas y Berlín y frustrados en su futuro, el perspicaz escritor griego alerta de que ésta no es una crisis más (la española tampoco), y que sólo volviendo a las raíces del humanismo político -nacido precisamente en Grecia- podremos dejar de sentir esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas.

Pero es que, en el caso de España, su propia historia -la remota del siglo XIX o la más próxima del siglo XX- advierte de forma sobrada hasta dónde pueden llevarnos las torpezas políticas y el deplorable funcionamiento de los partidos que las protagonizan. Todos los días, desde muchas tribunas y de mil formas distintas, se repite la misma advertencia, pero siempre ante la misma indiferencia del poder político, que sólo hace lo mínimamente indispensable para prevalecer en su particular interés.

Ya hemos señalado la anotación de Luis María Anson sobre el trágico fin de la meritoria UCD, el partido liderado por Adolfo Suárez que hizo posible la Transición Española. Una formación que nació como integración de diversas tendencias y corrientes políticas en torno a un proyecto común centrista y reformista, pero que, en su momento más crítico, se enrocó en sí misma sin saber organizar el consenso y el disenso internos y generando primero una lucha fratricida encarnizada y después la diáspora de sus fuerzas originales (liberales, democristianos, populares…) sin mayor proyección electoral; con momentos en los que estas corrientes descontroladas incluso maquinaron una inédita moción de censura parlamentaria contra el Gobierno de Suárez, que era el suyo propio, por no hablar del intento de golpe de Estado del 23-F y de su instigación más profunda…

ATENTOS A LAS ‘DEPLORABLES EQUIVOCACIONES’ DEL PP

Hoy, salvando las distancias, podríamos traer a colación, sólo como uno de los muchos ejemplos disponibles, las declaraciones realizadas hace poco por el ex diputado del PP Jesús López-Medel en el programa “Salvados” que dirige el periodista Jordi Évole en La Sexta (02/06/2013). Cansado de la falta de debate interno en su partido, en su día decidió arrojar la toalla todavía bajo el liderazgo de Aznar, desvelando ahora que el entonces número dos del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados llegó a recriminarle que aplaudiera poco a sus jefes en los plenos de la Cámara.

En base a esa experiencia propia, López-Medel cree que en los partidos políticos no hay el menor debate interno y que todos deben decir y pensar lo mismo que el líder. Durante su entrevista aseguró que “en los partidos políticos no hay debate, nunca levante la mano para debatir algo crítico porque nadie lo hacía, no intervenía nadie”, concluyendo, en coincidencia con otros intervinientes en el mismo programa vinculados a diferentes ideologías: “La regeneración política es fundamental, debemos convocar a la clase política a que reacciones, sin regeneración de la clase política no saldremos de la crisis”.

Insistimos en que ya no se trata de promover más debates, conferencias o seminarios sobre formación política, organización y funcionamiento de los partidos, revisión de la Ley Electoral o cualquier otra evidente necesidad de reformas institucionales…, porque todo ello es archiconocido y porque el más incapaz de los políticos, que lamentablemente sólo irá ‘a lo suyo’, sabe sin la menor duda de qué va la cosa. La cuestión, muy sencilla, es si ahora, en este preciso y crítico momento y antes de la elecciones europeas, al PP le conviene o no le conviene organizar una corriente crítica interna (‘aznarista’ o simplemente ortodoxa), con su propio futuro en juego y para evitar posibles males mayores...

Sabido es que el tiempo termina haciendo justicia y colocando a cada persona y a cada institución en su sitio, y que es el bien más preciado para quienes quieren realizar actos y obras importantes, frente a quienes pasan la mayor parte del suyo entretenidos en puros ‘pasatiempos’. Y que los políticos egoístas carecen interesadamente del sentido del timing que les acreditaría como verdaderos servidores públicos, supeditándolo a su propio acomodo, llegando siempre tarde a su personal cita con la historia.

Haga el PP lo que tenga por conveniente, si su actual caudillo Rajoy así lo estima oportuno. Pero no olvide éste, ni su pacata ‘camarilla política’, aquel lamento de Isabel II (reina de los ‘Tristes Destinos’ muerta en el destierro francés), relativo al periodo 1843-1854 (la ‘Década Moderada’), horquillado entre el levantamiento contra el general Espartero, que acabó con su Regencia, y el inicio del Bienio Progresista tras la Revolución de 1854: “¡Once años de deplorables equivocaciones…!”.

En nuestra anterior Newsletter (“Estrategia de Seguridad Nacional 2013: un artificio retórico para políticos papanatas”), criticamos con dureza la ESN 2013 aprobada por el Gobierno el pasado 31 de mayo y presentada a bombo y platillo por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tras celebrarse el correspondiente Consejo de Ministros, como un “paso trascendente” en el “pensamiento estratégico”. Esa hipérbole entrecomillada, ciertamente fuera de lugar, aparecía en el texto introductorio del documento oficial rubricado por el propio presidente, Mariano Rajoy.

Y lo cierto es que tal presunción se encontraba muy alejada de la verdad. Porque la ESN 2013 no deja de ser una copia maquillada de la precedente Estrategia Española de Seguridad 2011 (EES 2011), aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en julio de 2010; razón por la que el PSOE ha apoyado el nuevo documento estratégico como pieza consensuada. Lo que, por otra parte, no le añade más rigor ni validez operativa y tampoco enmienda para nada nuestra primera crítica.

Ahora creemos conveniente destacar la eliminación radical de cualquier referencia a la ‘amenaza marroquí’ (e incluso a la magrebí) en la ESN 2013, documento rector de la Seguridad Nacional. Máxime cuando esta amenaza representa nuestra mayor posibilidad de un enfrentamiento directo, por no decir la única, bien que fuera armado, de guerra no convencional o de mera desestabilización sociocultural.

El origen del contencioso entre España y Marruecos tiene raíces y rebrotes seculares, con un fuerte encastre en la memoria histórica de ambos países y trágicamente abonado con demasiada sangre hasta días muy recientes, difíciles de olvidar. Nadie pretende ahondar en heridas dolorosas, ni mucho menos crear problemas donde no los haya, pero la diplomacia, y sobre todo la Seguridad Nacional, que se sitúa en un plano muy superior, nunca debe construirse sobre premisas falsas o a espaldas de una realidad bilateral que, buena voluntad aparte, no puede ser diluida y menos ignorada tan sólo por una parte.

LA SEGURIDAD SUPEDITADA A LA DIPLOMACIA DE PACOTILLA

Otra cosa, es que, por su propia naturaleza, la Estrategia de Seguridad Nacional, al igual que la Directiva de Defensa Nacional, puedan o deban ser declaradas materias ‘clasificadas’; es decir, que sean efectivamente claras y rigurosas en sus planteamientos -en caso contrario carecerán de la menor eficacia- pero sin necesidad de alarmar pública y oficialmente a las partes identificadas con las correspondientes ‘amenazas’. Porque, ¿acaso conoce el Gobierno de España, y mucho menos la sociedad civil española, los planes estratégicos de Marruecos en materia de Seguridad y Defensa…? ¿Y es que hay mejores temas, o más importantes, para resguardar bajo el secreto oficial que los referidos a la Seguridad Nacional…?

La realidad es que, siendo todos los gobiernos de España tan aficionados al ‘secretismo’ (la naturaleza inconstitucional de la normativa vigente sobre secretos oficiales es buena prueba de ello), sorprende que este tipo de documentos tan ‘sensibles’ sean difundidos urbi et orbi sin la menor preocupación. Claro está que, previamente, se descafeínan, se pulen retóricamente y se enfundan en un guante de seda blanco para que sean del agrado de todo el mundo; tratando de mostrar así una perspicacia gubernamental tan inexistente como inútil y perdiendo su objeto y eficacia como directivas que son de una política sustancial del Estado.

Dicho de otra forma, caminamos por una senda en la que, de forma cada vez más complaciente e irresponsable, la Seguridad Nacional se supedita a las ‘relaciones públicas’ y a la diplomacia de pacotilla (los compromisos internacionales o la ‘seguridad compartida’ se plantean forzosamente con otros registros). Y la consecuencia es que, llegado el momento de la verdad, cuando la ‘amenaza’ se sustancia de repente en un conflicto real, previsto por unos e imprevisto por otros, el despistado gobierno de turno queda en precario, e incluso claudica, como sucedió con la Marcha Verde sobre el Sahara español de 1975, con los atentados del 11-M, con la ocupación del islote de Perejil… y como seguramente sucederá con las reivindicaciones territoriales de Marruecos y todos los problemas y quebraderos de cabeza que asomarán de forma periódica e indefectible por nuestra frontera sur, se quieran o no se quieran aceptar políticamente.

Antes, pues, que divagar y enredar con los principios y objetivos esenciales de la Seguridad Nacional y con sus riesgos más ciertos y próximos (no los teóricos y más remotos de naturaleza transnacional), siempre será mejor declararlos secretos en todo o en las partes más convenientes. O bien elaborar de forma alternativa unas líneas generales de difusión pública y resguardar por otra parte los fundamentos estratégicos, de planeamiento y operativos en los niveles adecuados, sin necesidad de tener que elaborar y presentar documentos oficiales engañosos.

Así se hizo con las primeras DDN,s aprobadas a partir de la Transición (1980, 1984, 1986…), aplicándose entonces a nuestro entender un mejor criterio político que el actual; lo que, además, no deja de ser una práctica de prudente discreción consustancial a cualquier actividad humana mínimamente competitiva (empresarial, deportiva, concursal…). Y considerando también que en la praxis política su elaboración constituye una responsabilidad exclusiva del Gobierno, no sometida a debate ni refrendo parlamentario (otra cosa es el consenso reservado que convenga establecer a nivel de políticas de Estado al menos con la oposición mayoritaria).

DEL SECRETISMO GRATUITO A LA DIVULGACIÓN INCONVENIENTE

Y si la DDN y la ESN no son materias de debate parlamentario, ¿por qué extraña razón el gobierno de turno tiene que exhibirlas entonces ante una opinión pública que carece de los datos y la base informativa necesaria para juzgarlas, falseando además su contenido…?

A este respecto, conviene recordar la composición y el funcionamiento de la “Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados” del Congreso de los Diputados (conocida también como “Comisión de Secretos Oficiales”), en la que el Gobierno siempre podría informar sobre los temas o aspectos más delicados de la política de Seguridad y Defensa. Actualmente consta de seis vocales (los portavoces de cada grupo parlamentario excluido el Mixto) a los que hay que añadir una presidencia (que es la de la Cámara) y un letrado asignado (que es el secretario general de la Cámara), funciona sin reglamento propio, sin actas y, por supuesto, en sesiones sujetas al secreto oficial.

Por lo tanto, resulta evidente el poco sentido que tiene imponer el secreto oficial en materias que no lo requieren, y que en ocasiones incluso colisionan con derechos y libertades constitucionales y con otros valores superiores de la democracia, mientras que, por otra parte, las directrices y los enfoques estratégicos de la Seguridad Nacional se airean a los cuatro vientos.

Pero, puestos a exhibir tan torpe ejercicio de ‘transparencia’ (quizás el único que estaría justificado  secuestrar políticamente en el Estado democrático), lo que no se entiende es el desenfoque de las ‘amenazas’ a la Seguridad Nacional y el lenguaje retórico y hasta falaz con el que se presentan de forma oficial, despistando a la ciudadanía y desorientando algunas de sus salvaguardas fundamentales. Porque, ¿acaso el Gobierno no advierte a turistas y empresarios españoles de los riesgos puntuales que asumen viajando o invirtiendo en determinados países sin suficiente seguridad personal, sanitaria o jurídica…? Y, siendo así, ¿por qué se oculta el alcance de la ‘amenaza marroquí’, latente en todo el territorio nacional, desde Canarias hasta los confines pirenaicos de Al-Andalus...?

Cierto es que la política de Seguridad y Defensa ha venido evolucionando de acuerdo con los cambios registrados a nivel mundial, con la particular posición geoestratégica de España y con la proyección de sus intereses  en el concierto de las naciones. Sin embargo, ello no puede significar en modo alguno el enmascaramiento diplomático de las amenazas más próximas y evidentes en dicho ámbito.

LA TORPE MANIPULACIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Centrados en nuestro análisis, no deja de ser curioso que, aún a pesar de su artificiosa redacción, la DDN 2004, refrendada por Rodríguez Zapatero, reconociera que “el escenario estratégico de principios del siglo XXI se caracteriza porque, junto a los riesgos y amenazas tradicionales para la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales, han emergido otros nuevos, como el del terrorismo de carácter transnacional y alcance global, con gran capacidad de infligir daño indiscriminado”. Y que, a continuación, apuntara directamente al 11-M: “Los atentados de Nueva York, Madrid o Beslán [Osetia del Norte, Rusia] han evidenciado que, frente a los nuevos riesgos y amenazas, la superioridad militar tradicional no constituye un factor de disuasión eficaz ni garantiza más seguridad automáticamente…”.

La misma DDN 2004 destacaba igualmente que “el área del Mediterráneo es de un interés especial para España”, dentro del marco de la Seguridad y la Defensa. De forma que ahí, en la costa norteafricana, algo habría que se considerara ‘amenazante’.

De igual modo, la DDN 2008, suscrita también por Rodríguez Zapatero, reiteraba: “El terrorismo, el crimen organizado y la proliferación de armas de destrucción masiva constituyen el conjunto de amenazas transnacionales más importante para nuestra sociedad. Su hipotética combinación presenta el mayor potencial de peligrosidad y tendría consecuencias devastadoras. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los del 11 de marzo de 2004 en España y del 7 de julio de 2005 en el Reino Unido, entre otros, han evidenciado una escalada en la capacidad y voluntad de provocar daño con acciones terroristas, una opción que está al alcance de muchos actores”. Por tanto, más de lo mismo para el buen entendedor…

Pero, sorprendentemente, la DDN 2012, ya responsabilidad del Gobierno del PP presidido por Rajoy, eliminó de un plumazo cualquier referencia expresa a los atentados terroristas y, en particular, a los del 11-M. Aunque reconociendo que “la posición que España ocupa le confiere, además, la responsabilidad de velar por la consolidación de un entorno seguro, particularmente en el Mediterráneo, donde en los últimos tiempos numerosos países de la orilla sur están inmersos en importantes procesos de cambio político, que requieren nuestra atención, colaboración y cooperación en la creación de nuevas estructuras democráticas y opiniones públicas moderadas…”.

Y, más curioso todavía, encaró esa particular ‘responsabilidad mediterránea’ (por no decir ‘amenaza mediterránea’), que por nuestra posición geográfica en realidad es una ‘responsabilidad marroquí’, o en todo caso ‘magrebí’, reconduciendo definitivamente nuestras ‘amenazas’ en el continente africano nada menos que al Sahel y al Golfo de Guinea. Es decir, a miles de kilómetros del Estrecho de Gibraltar, de Perejil, de Ceuta y Melilla y de Canarias… y a escenarios remotos cuya conexión con España está plagada de problemas mucho más próximos y amenazantes para la Seguridad Nacional, evidentemente postergados por el Gobierno.

De hecho, al correlacionar la Seguridad de España en el continente africano, la posterior ESN 2013 señala: “Para los intereses españoles, tres zonas serán vitales en las próximas décadas: el Sahel, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea…”. Algo que ya se recogía de forma idéntica en la precedente Estrategia Española de Seguridad 2011 (ESS 2011), pero afortunadamente complementada en aquella ocasión con una referencia expresa y muy significativa a “Nuestra vecindad del Sur”, eliminada por el Gobierno de Rajoy en la ESN 2013:

La paz y la prosperidad de la ribera meridional del Mediterráneo son esenciales para nuestra seguridad y la del conjunto de Europa. En su relación con estos países, caracterizados por sociedades jóvenes -el 60% de la población tiene menos de 25 años- que aspiran a cambios que mejoren su futuro, España y la Unión Europea contribuirán a su desarrollo democrático, económico y social, acorde con las necesidades y expectativas de sus habitantes, en el convencimiento de que este desarrollo fomentará la paz y la seguridad en el espacio que compartimos.

Con las dos Ciudades Autónomas en el norte de África, España también está presente en esta región. El Magreb es una zona prioritaria para España, por la proximidad geográfica y los lazos históricos y humanos entre ambas orillas. También lo es el Atlántico Oriental, donde se sitúa la Comunidad Autónoma de Canarias. En colaboración con todos los países de la zona, hay que responder a importantes desafíos: el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, la consolidación de un modelo económico y social dinámico e inclusivo, la regulación y el control de la emigración, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la estabilización de los flujos energéticos, y una solución negociada, justa y definitiva a la cuestión del Sahara Occidental, de conformidad con la ONU.

En esta región, las relaciones bilaterales no son suficientes. España debe también impulsar -y si es necesario, reformar- marcos más amplios de cooperación, en especial la integración regional, como la Unión para el Mediterráneo (UpM), la Política de Vecindad de la Unión y foros como la “Iniciativa 5+5” o el Diálogo Mediterráneo de la OTAN... 

LA ‘AMENAZA MARROQUÍ’ NO ES UN CUENTO CHINO

Pero es que, apenas dos semanas antes de aprobar la ESN 2013, que incluía el tijeretazo de la ‘amenaza marroquí’, el Gobierno había autorizado la expulsión de Noureddin Ziani, ciudadano de Marruecos afincado en España, argumentada oficialmente por “amenazar la Seguridad Nacional”. El caso motivó un Confidencial publicado en esta misma web (26/05/2013) en el que, sin cuestionar la medida, se denunciaba la innecesaria campaña de auto-propaganda que se había montado el CNI en base a su supuesta eficacia en la lucha contra el ‘salafismo’.

Aunque lo más llamativo al respecto era que, tras acusar el CNI a Ziani de tejer una red salafista, promoviendo e implantando sus ideas en toda España (El Mundo 19/05/2013), y de tener perfectamente controlados y fotografiados sus encuentros puntuales con “algunos de los líderes salafistas más señalados de la UE” o con “imanes radicales”, siempre en actos de propaganda celebrados en España y con acceso público, ninguno de ellos sufriera la misma suerte de expulsión y siguieran, como todavía siguen, comprometiendo la Seguridad Nacional con plena libertad de acción.

Así, mientras la excusa esgrimida para repatriar a Ziani eran sus encuentros con “representativas figuras del radicalismo salafista” (todas ellas bajo vigilancia), nadie se ha preocupado de expulsar a ninguna, aun estando definidas por el propio CNI como la verdadera ‘amenaza’ y siendo, desde luego, causa última de la expulsión de aquel ciudadano marroquí. Algo en efecto tan curioso como incoherente.

Ziani ya ha sido repatriado a Marruecos. Pero los peligrosos salafistas que al parecer él estaba agitando en España, siguen campando por sus respetos y sin que nadie se haya planteado ponerles de patitas en la frontera; gentes como Masjib Atawba, imán de la mezquita de Manlleu; Rachid Menda, imán de Salt; Abdel Hamid El Hyat, antiguo imán radical de Reus, y todo un nutrido grupo de destacados ‘sabios’ e ideólogos señalados por el Servicio de Inteligencia como difusores del “radicalismo islámico” (Rachid Nafer, Abdelkader Elchoua, Mohamed Attaouil, Yuones Harrak, Omar Fares…).

¿Y cómo se puede entender tanta permisividad política con este listado de salafistas, si resulta que ellos son la verdadera ‘amenaza’…? Tampoco deja de sorprender que si el propio CNI afirma que en España existen más de 100 mezquitas que divulgan el islamismo radical, 50 de ellas salafistas, a continuación sólo se interese por la expulsión de Ziani…

Tres meses antes, en febrero de 2013, la Policía ya detuvo en Valencia al supuesto terrorista de origen marroquí, Mohamed Echaabi, quien pretendía cometer atentados contra personalidades relevantes y otros objetivos, tanto en España como en otros países europeos. Según el Ministerio del Interior, existían similitudes muy destacadas entre este detenido, que había realizado gestiones para la adquisición de armas de fuego y explosivos, con Mohamed Merah, el ‘lobo solitario’ de origen argelino autor de varios asesinatos en Toulouse (Francia) en marzo de 2012. Lo característico en este tipo de individuos es que, con el propósito de ocultar su ideología radical y pasar desapercibidos hasta cumplir sus objetivos, se les permite incumplir los preceptos del Islam, de forma que suelen vestir al estilo occidental, no llevan barba, beben alcohol, fuman y comen cerdo.

A continuación, el 23 de abril de 2013, la Policía también detuvo a otros dos presuntos terroristas islamistas en Murcia y Zaragoza en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz: el marroquí Hassan El Jaaouani de 52 años y el argelino Nou Mediouni de 23, ambos relacionados con el grupo terrorista ‘Al Qaeda en el Magreb Islámico’ (AQMI). El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, los describió como "lobos solitarios" con un perfil parecido al del citado Mohamed Merah y al de los hermanos Tsarnaev, responsables del atentado de Boston (15 de abril de 2013).

Y, abundando en la evidente realidad de la más amplia ‘amenaza magrebí’, baste considerar la reciente detención de cinco tunecinos acusados de difundir material multimedia de contenido yihadista, realizada en Barcelona el pasado 12 de junio. A este grupo se le incautó abundante material de propaganda terrorista, incluyendo más de 400 archivos con fotografías, vídeos y textos con imágenes de atentados, discursos de líderes como Bin Laden y Al-Zarqawi, instrucciones para confeccionar explosivos, doctrina sobre el entrenamiento de muyahidines o fusilamientos, con comentarios en los que se enaltecía el terrorismo y a sus autores.

Según la nota emitida por el Ministerio de Interior sobre esta operación policial (denominada ‘Kartago’), que sigue abierta bajo la dirección del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, durante la investigación se pudo constatar “un fuerte proceso de auto-radicalización” en varios de los detenidos “que les ha llevado a abrazar plenamente las tesis del salafismo yihadista”. Y el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, declaraba en paralelo que su objeto era “neutralizar la amenaza del terrorismo yihadista, los lobos solitarios y los retornados”, que constituye un motivo de “ocupación y preocupación” para el Gobierno de España y el resto de los socios de la UE.

LOS ANALISTAS DE MONCLOA, LEEN POCO

Pero, si las afirmaciones del ministro Fernández Díaz son ciertas, que deben serlo, ¿por qué se han excluido entonces de la ESN 2013 las referencias a la ‘amenaza marroquí’ o, si se prefiere, a la ‘amenaza magrebí’…? ¿Es que el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno (DSNPG) que dirige el confiado (por inexperto) Alfonso de Senillosa, va por libre, sin hacer el más mínimo seguimiento de la actividad desarrollada por el propio Gobierno o sin leer siquiera las notas informativas emitidas al efecto…?

Senillosa y su mini-corte de personal militar afecto, quizás seleccionados a dedo por identificarse con la vaguería del jefe Rajoy, sólo tienen que entrar en Internet y leer cosas tan elementales como, por ejemplo, el siguiente artículo de Soeren Kern, publicado en EuropeNews.Dk al inicio de la actual legislatura (09/12/2011), que traducimos libremente, para dejar de orientar de forma errada sus Estrategias de Seguridad Nacional:

¿Está el nuevo Gobierno de Marruecos incitando a los musulmanes en España?

Unos 3.000 inmigrantes musulmanes salieron a las calles en cerca de Barcelona para protestar por los recientes recortes en las ayudas sociales. 

La protesta, que tuvo lugar el 5 de diciembre en la ciudad industrial de Terrassa, a unos 30 kilómetros de Barcelona, ??se organizó con la participación de los inmigrantes marroquíes.

El tamaño y la espontaneidad de la manifestación cogieron por sorpresa a los funcionarios locales -que habían estado esperando no más de 300 manifestantes- y refleja la creciente afirmación de los inmigrantes musulmanes en la región nororiental de Cataluña.

La protesta podría confirmar los temores de los servicios de inteligencia españoles de que el nuevo gobierno islamista de Marruecos puede tratar de incitar a los inmigrantes marroquíes en España para organizar manifestaciones, requiriendo un esfuerzo del primer ministro de la nueva fuerza conservadora de España, quien asumirá el cargo el 22 de diciembre, para resolver un serie de conflictos de larga historia entre los dos países.

El punto de partida de la manifestación fue el barrio de mayoría musulmana de Ca n'Anglada, que se encuentra en el centro de Terrassa. Los manifestantes se dirigieron luego a través del centro de la ciudad a la oficina municipal de seguridad social.

Los marroquíes protestaban por las medidas de austeridad que hacen más difícil para los inmigrantes acceder a las ayudas sociales del gobierno regional de Cataluña.

Los recortes en el presupuesto que entró en vigor en julio de 2011 aumentan el requisito de residencia a dos años (de un año antes) para que los inmigrantes puedan recibir los beneficios de bienestar social. Los cambios también limitan otras ayudas durante 60 meses.

Los políticos locales temen que la protesta sea una primera muestra de lo que puede llegar a ser una campaña más sostenida de los disturbios protagonizados por los inmigrantes musulmanes en Cataluña, que se ha convertido en el punto cero en un debate sobre la intensificación del papel del Islam en España.

La población musulmana de Cataluña llegó a 300.000 en 2011, frente a tan sólo 10.000 en 1990, gracias a una ola masiva de inmigrantes, tanto legales como ilegales.

En el conjunto de España se estima que la población musulmana legalizada alcanzó 1,5 millones de personas en 2011, frente a sólo las 100.000 que había en 1990.

La afluencia de inmigrantes musulmanes en una escala tan masiva ha llevado a un creciente número de controversias relacionadas con el Islam en España.

En septiembre, por ejemplo, los inmigrantes musulmanes fueron acusados ??de decenas de envenenamiento de perros en la ciudad catalán de Lérida, donde 29.000 musulmanes ahora constituyen alrededor del 20% de la población total de la ciudad.

Los perros fueron envenenados en los barrios obreros de Lérida de Cappont y La Bordeta, distritos que están densamente pobladas por inmigrantes musulmanes y donde muchos perros han muerto en los últimos años.

Los residentes locales dicen que los inmigrantes musulmanes mataron a los perros, porque de acuerdo a las enseñanzas islámicas son animales “impuros”. Durante los últimos meses, los residentes que llevaban sus perros a pasear han sido hostigados por los inmigrantes musulmanes, opuestos a ver los animales en público. Los musulmanes también han lanzado una serie de campañas anti-perro en los sitios web islámicos y blogs con sede en España.

En diciembre de 2010, un profesor de secundaria en la ciudad española de La Línea de la Concepción fue demandado por los padres de una estudiante musulmana que le acusó de “difamación del Islam” por hablar de jamón español en la clase.

José Reyes Fernández, profesor de geografía, estaba dando una conferencia sobre los diferentes tipos de climas en España. Durante la clase, Reyes mencionó que el clima en la provincia de Andalucía ofrece las condiciones de temperatura ideal para la curación de jamón español (jamón ibérico), un manjar de fama mundial.

En este punto, una estudiante musulmana interrumpió a Reyes y argumentó que cualquier mención de los productos del cerdo es una ofensa a su religión. Reyes respondió diciendo que él sólo estaba dando un ejemplo y que no tiene en cuenta las creencias religiosas diferentes en la enseñanza de la geografía.

La estudiante musulmana informó a sus padres, quienes presentaron una demanda en contra de Reyes, acusándolo de “abuso con motivaciones xenófobas”. El artículo 525 del Código Penal español tipifica el “ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”. La demanda fue desestimada más tarde por un juez español.

En noviembre de 2010, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, dos enclaves en el norte de África, reconocieron oficialmente la festividad musulmana de Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio). De esta manera, Ceuta y Melilla, donde los musulmanes representan más del 50% de la población total, se convirtieron oficialmente en los primeros municipios españoles que establecían una festividad islámica desde que España se liberó del cautiverio musulmán en 1492.

En octubre de 2010, la Asociación Islámica de Málaga, en el sur de España, exigió que Televisión Española (TVE), la empresa estatal, dejara de emitir una programación seriada en español porque era “anti-musulmana”. Los musulmanes acusaron a TVE ??de violar la Constitución Española por emitir un programa que criticaba ciertos aspectos del Islam, como los matrimonios forzados y la falta de derechos de las mujeres en los países musulmanes.

Ese mismo mes, los residentes de la ciudad vasca de Bilbao encontraron en sus buzones folletos de la Comunidad Islámica de Bilbao, editados en español y en árabe, pidiendo dinero para construir una mezquita de 650 metros cuadrados (7.000 pies cuadrados) que costaba 550.000 € ($ 735.000). En su sitio web se decía: “Fuimos expulsados ??[de España] en 1609, en realidad no hace tanto tiempo... El eco de Al-Andalus aún resuena en todo el valle del Ebro [España]. Estamos de vuelta para quedarse, Insha'Allah… [si Dios lo quiere]”.

En septiembre de 2010, una discoteca en la localidad sureña española de Águilas (Murcia) se vio obligada a cambiar su nombre y diseño de la arquitectura, después de que los islamistas amenazaran con iniciar “una gran guerra entre España y el pueblo del Islam” si no lo hacía.

“La Meca” era una discoteca popular entre los años 1980 y 1990. Después de haber estado cerrada por más de una década, el club volvió a abrir en agosto de 2010 bajo una nueva administración, pero con el nombre original: “La Meca”.

La mega-discoteca ofrecía una apariencia de gran mezquita-catedral de color turquesa, con una torre-alminar al estilo de la arquitectura tradicional árabe común en el sur de España.

Pero poco después de su reapertura, los musulmanes comenzaron a quejarse de que la discoteca era ofensiva e insultante para su religión, al tiempo que un grupo de radicales musulmanes publicaba un video en Internet llamando a un boicot de los productos españoles y la guerra santa contra aquellos que “blasfeman el nombre de Alá”. La agencia de inteligencia de España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), advirtió a los dueños de “La Meca” que la discoteca estaba siendo directamente amenazada por los extremistas islámicos.

La propiedad de la discoteca acordó cambiar el nombre de “la Meca” por el de “La Isla”, con objeto “de evitar más problemas y para garantizar que los clientes siguen llegando”.

También confirmó sus planes de modificar el controvertido símbolo arquitectónico del club, la torre-minarete que desde entonces se ha convertido en una torre-faro.

Aunque, siendo militar como es, el staff de la DSNPG también podía recabar del CESEDEN algún documento meramente divulgativo para ilustrar los ‘pasos trascendentes’ de su ‘pensamiento estratégico’ (terminología del propio Rajoy); por ejemplo, la breve monografía de su compañero Óscar Tarrero titulada “Islamismo radical en España” (Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, mayo 2010). Ya en el sumario de introducción leerían algo tan evidente y elemental como esto: “La presencia y actividad de las redes yihadistas en España se ha convertido en un fenómeno estructural, dándose un elevado grado de implantación del islamismo radical en nuestra sociedad y una clara hostilidad de los yihadistas hacia España”.

Texto seguido inmediatamente de una breve pero clara descripción de todos los grupos de terroristas islamistas ya asentados en España, incluidos los de origen magrebí…

SI AZNAR LO TUVO CLARO, RAJOY NO SE ENTERA

Pero, siendo también el DSNPG una creación del Gobierno del PP, quizás sea más correcto recordar a su equipo de dirección lo dicho por José María Aznar en relación con los atentados del 11-M y, sobre todo, lo que al mismo tiempo apuntaba sobre la ‘amenaza marroquí’, según recoge Fernando J. Muniesa en su libro “El Archivo Amarillo” (Multimedia Militar, 2011):

(…) Lo cierto es que si en un análisis teórico se pone en correspondencia la posibilidad del uso de un explosivo militar tipo ‘C-4’ en la masacre terrorista del 11-M con su sofisticado diseño, propio de profesionales afectos a operaciones encubiertas de los servicios secretos, y la nacionalidad del mayor número de implicados conocidos, junto con el marco de las tensiones generadas en las relaciones bilaterales hispano-marroquíes del momento, la búsqueda de sus autores intelectuales, ejecutores materiales al margen, tendría que orientarse mirando hacia nuestros vecinos norteafricanos. Una posibilidad que también se desprende de lo que José María Aznar, siendo ya ex presidente del Gobierno, manifestó crípticamente en noviembre de 2004 ante la Comisión del Congreso de los Diputados que investigaba, sin éxito, los sucesos del 11-M: “No creo, sinceramente, que los autores intelectuales de los atentados, los que hicieron esa planificación, los que deciden ese día, precisamente ese día..., no creo que anden en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas”.

Hay que suponer que, entre los días 11 y 14 de marzo de 2004, Aznar manejó, quizás más que nadie, mucha información cruzada sobre aquel trágico suceso, proveniente de fuentes muy diversas, con independencia del acertado o desacertado uso que hiciera o no hiciera de ella. Por eso sorprende la firme opinión que ocho meses más tarde, ya en frío, expone en sede parlamentaria, sosteniendo que los atentados del 11-M no sólo pretendían provocar una horrible masacre, sino que con ella buscaban también manipular el comportamiento electoral del 14-M.

Todavía más tarde, al ser entrevistado por el diario belga ‘Le Soir’ en marzo del 2006, Aznar seguiría manteniendo la misma tesis de que “los autores del 11-M buscaban provocar un vuelco político en España”, contestando de forma enigmática pero no menos concluyente a la pregunta de si la autoría de aquella masacre habría correspondido a algunos islamistas o a ETA: “Pienso que quienes planificaron estos atentados no se esconden en desiertos lejanos, ni en montañas remotas…, no diré más”. Una herida y un desafío efectivamente latentes…

ESN 2013: ¿RECTIFICAR O PERSISTIR EN EL ERROR…?

El capítulo en el que se recogen estas significativas declaraciones de Aznar, se titula “11-M: Una masacre de diseño, impune y de ‘jaque mate’ político”. Y en él, su autor incluye algunas consideraciones personales sobre la ‘amenaza marroquí’ que estimamos apropiadas para concluir este análisis, y que los despistados redactores de la ESN 2013 tampoco deberían ignorar:

(…) La actuación del CNI sobre el proceloso macro atentado del 11-M, condicionada por su línea de dirección y su servidumbre gubernamental, antes que por el servicio al Estado, es bien lamentable si consideramos su competencia y responsabilidad específicas y los poderoso medios de que dispone para cumplir las altas misiones que tiene asignadas. Más allá de sus fallos preventivos y de su nulo apoyo a la investigación policial y al tratamiento judicial del caso, a dicho organismo correspondería de forma expresa averiguar si en los sucesos del 11-M existieron o no implicaciones de otros servicios secretos, activas o pasivas.

Considerando el complejo entramado de circunstancias políticas y diplomáticas que rodearon el asunto, lo primero que tenía que haber ordenado el Gobierno (tanto el saliente como el entrante) al CNI, es la realización, con toda la discreción que fuera pertinente, de una profunda investigación para averiguar de forma expresa si hubo o no hubo al respecto implicaciones de algún servicio secreto extranjero (incluido el marroquí), del tipo que fuere. Otra cosa distinta sería la eventual utilización que procediera hacer en el plano político de esa adquisición informativa, una vez transformada en Inteligencia. Pero mientras no se desvele esa incógnita, las sospechas seguirán latentes en el cuerpo social del país, malogrando sin solución de continuidad las relaciones bilaterales entre España y Marruecos y realimentando el fácil afloramiento de nuevos conflictos. 

Es obvio que con nuestros vecinos magrebís debemos mantener buenas relaciones, pero no a cualquier precio, como a menudo se ha percibido en la política exterior de Rodríguez Zapatero. Y mucho menos con la eventual indignidad de tener que cerrar los ojos y negarse a saber si sus organismos de Seguridad Nacional, o cualesquiera otros, tuvieron o no tuvieron alguna información de lo que iba a suceder el 11-M.

Al presentar la novela de Alfonso S. Palomares “Los laberintos del espejo” (01/06/2010), todavía con Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, Felipe González criticó abiertamente la dependencia que sufren los políticos por lo inmediato y lo que publican los medios de comunicación, asegurando que esto les lleva a “ser cambiantes” y a “adaptarse a lo que la opinión pública va a decir en cada momento”. Para sintetizar su opinión y recomendar que se acabe con ese comportamiento, recurrió a un retruécano del refranero popular y afirmó: “Rectificar es de sabios, y de necios tener que hacerlo a diario”.

De otra forma más llana, también se suele decir que “de hombres es errar y de bestias porfiar”. Pero, ¿serán capaces de tomar nota en el DSNPG…?

He aquí una sabia afirmación sobre el artificio retórico, tan vieja como el mundo: “Las palabras que encierran la verdad nunca suenan bien. Las que suenan bien no expresan la verdad”. Se atribuye a Lao Tse, uno de los creadores del taoísmo filosófico que vivió en una época imprecisa situada en los siglos VI-V aC., pudiendo ser contemporáneo de Confucio y también de Sun Tzu, el gran tratadista del ‘arte de la guerra’ que iluminó los ‘Reinos Combatientes’ de China previos a la unificación gestada por el primer emperador Shi Huang-di.

En la distante Atenas, y no mucho después, Demóstenes (384-322) añadió a aquella máxima taoísta, que por razones de distanciamiento geográfico desconocería, un sentido más activo: “Las palabras que no van seguidas de los hechos, no sirven para nada”. Y algo de razón debía tener porque, siendo un disertador excelso -Marco Tulio Cicerón (106-43), cónsul de la República de Roma que fue otro rey de la elocuencia, le aclamó como el ‘orador perfecto’-, también fue un gran político.

Entre una y otra, y con miles de acentos distintos, se ha ido tejiendo a lo largo de la historia el valor de la retórica como el “arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover” (DRAE). Y eso, pura retórica y poco más, es lo que en realidad contiene la ESN 2013 (Estrategia de Defensa Nacional)…

LA INSOPORTABLE PRÁCTICA DEL ‘CORTA Y PEGA’

El pasado 12 de agosto dedicamos la Newsletter 22 a la Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN 2012), definiéndola como “un bodrio político de primera magnitud”, lleno de excesos y carencias, de incoherencias y de discapacidades ciertamente preocupantes. Y, ahora, en la misma línea de crítica a los analistas (o chupatintas) de la Inteligencia Nacional que han redactado la ESN 2013 a base de ‘corta y pega’ de otros documentos teóricos conocidos, que jamás han ‘digerido’ ni ‘desarrollado’, hay que decir que se trata en efecto de otra tracamandanga para seguir con ‘más de lo mismo’; dicho de otra forma de “un artificio retórico para políticos papanatas”.

Paréntesis: Las dos referencias esenciales del ‘corta y pega’ con el que se ha elaborado la ESN 2013, son la propia Estrategia Española de Seguridad 2011 (EES 2011), aprobada en julio de 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, quien la encargó (y pagó) a un equipo dirigido por Javier Solana, y un posterior “Informe para la implantación de una Estrategia de Seguridad Nacional en España” del Real Instituto Elcano redactado en 2011. Dichos documentos se adjuntan como anexos accesibles en formato pdf al final de esta Newsletter.

La DDN 2012 se acompañó de un slogan gratuito y engañoso (“Por una Defensa necesaria, por una Defensa responsable”), que en verdad encubría precisamente una ‘Defensa Irresponsable’, con un contenido doctrinal que debería haber sido (y no lo fue) esencialmente ejecutivo.

Ahora, la ESN 2013 se presenta con otro slogan igualmente innecesario y falso (“Un proyecto compartido”). Porque ¿con quién se comparte…? ¿Entre el Gobierno y la Oposición…? ¿Con la Comunidad de Inteligencia o con los socios europeos…? Y, en su caso, ¿para qué se compartiría…? ¿Tal vez para tratar de integrar una estrategia común de Seguridad y Defensa, necesidad evidente que no aparece reflejada de ninguna forma…?

La realidad es que la ESN 2013 no es para nada ‘un proyecto compartido’, ni necesita serlo. Otra cosa es que en efecto convenga contemplar en conjunción los conceptos de Seguridad y Defensa (que son bien distintos), porque sin Defensa no se puede dar respuesta a los retos de la Seguridad, y también reforzar la relación con los países que proceda por causa de intereses o amenazas comunes; algo que nada tiene que ver con la idea de ‘compartir’ y sí con la deseable capacidad política de visualizar y comprender la seguridad en su dimensión real y no limitada al plano dialéctico.

De entrada, hay que destacar que, como mera aproximación teórica, la DDN 2012 afirmaba la necesidad de la “racionalizar” las estructuras relacionadas con la Seguridad Nacional para “alcanzar los objetivos marcados en las Líneas Generales”. Y para ello proponía una doble vía: “a) se contribuirá a la revisión de la Estrategia Española de Seguridad y b) se llevará a cabo una Revisión Estratégica de la Defensa”.

También reconocía que “la disuasión es el resultado de disponer de unas capacidades y de la determinación de utilizarlas si acaso ello llegara a ser necesario”. Y se convenía que “se dará prioridad a la preservación y grado de disponibilidad de las capacidades de las Fuerzas Armadas, en función de unas prioridades establecidas”.

LOS INDEFECTIBLES PALMEROS DE TURNO

De ahí no pasaba prácticamente aquella deplorable DDN 2012. Pero ha servido al general Jesús Argumosa (DEM), director de Eventos del Grupo Atenea (el tinglado montado por el controvertido José Luis Cortina a fin de rascar lo que sea en el entorno del CNI y del Ministerio de Defensa), para enhebrar de inmediato, y precisamente en AteneaDigital.Es (31/05/2013), un artículo elogioso, marca de la casa, titulado “Estrategia de Seguridad Nacional 2013, Política de Estado”.

En su generosa lisonja, Argumosa afirma, de entrada, que con la ESN 2013 “se cumple el compromiso expresado por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el mes de julio de 2012, cuando firmó la Directiva de Defensa Nacional 2012 (DDN 2012)”. Y añade que “constituye una revisión de la Estrategia Española de Seguridad 2011”, cosa obvia.

Acto seguido, el general Argumosa (hay que ver para lo que está quedando el Estado Mayor del Ejército) sorprende a sus lectores con esta simpleza: “En una primera aproximación hay dos importantes diferencias entre ambos documentos. La primera es el nombre del mismo, mientras la que hoy se aprueba se titula Estrategia de Seguridad ‘Nacional’ la del año 2011 tenía como título Estrategia ‘Española’ de Seguridad. Sin duda, el término nacional es mucho más sólido y contundente pues expresa con mayor fuerza nuestra propia identidad de entidad estratégica única”…

Y la remata -porque el simple gusta de escuchar su propio eco- con esta otra: “Una segunda diferencia se encuentra en el consenso y oportunidad. Por un lado, el consenso que ha existido entre los dos grandes partidos implica considerar a la Estrategia de Seguridad Nacional como una Política de Estado. Por otro, la oportunidad es manifiesta ya que se publica apenas un año después del inicio de la legislatura lo que permite desarrollar con tiempo suficiente el planeamiento de la seguridad y defensa, a lo largo de la misma”...

Está claro que el Argumosa y el entorno de ‘analistas palmeros’ que le secundan, o el de los que él secunda, siempre dispuestos a ver todo lo oficial de color rosa, no comprenden la diferencia palpable que existe entre la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional. Y si bien este segundo elemento -la ‘defensa’- es parte sustancial e imprescindible del concepto más amplio de ‘seguridad’, una Directiva de Defensa Nacional no puede generar nunca una Estrategia de Seguridad Nacional (porque se mueven en escenarios y niveles distintos), aunque si debe generar su propia Estrategia de Defensa Nacional: seamos formales y elaboremos primero las directivas (con sus obligados objetivos) y después desarrollemos las estrategias, las tácticas, la logística… necesarias al efecto.

Del mismo modo, tampoco parecen comprender que una Estrategia de Seguridad Nacional realista se debe desarrollar necesariamente a partir de una Directiva de Seguridad Nacional previa, inexistente en el caso que nos ocupa. Porque lo contrario es algo parecido a ‘apalancar con un churro’ o a construir una casa comenzando por el tejado; una boutade o, como hemos dicho, ‘un artificio retórico para políticos papanatas’.

Pero, quizás para evitar que otros analistas más rigurosos no le sonrojen por su incondicional apoyo al texto de marras, el general Argumosa parece haberse visto obligado a reconocer que “hay especialmente un tema que me preocupa y que encierra una debilidad en este documento”; y la señala de refilón a pesar de que la ‘debilidad’ sea definitiva y realmente descalificadora. De forma literal dice: “Se trata de la definición de los intereses nacionales de seguridad que no aparece en el texto. Es una pena porque toda la estrategia gira en torno a garantizar y defender nuestros intereses nacionales allá donde estén. Aunque menciona que la defensa de los intereses vitales y estratégicos de España en el mundo es un objetivo primordial de la Seguridad Nacional, nos quedamos sin saber cuáles son”…

Ahí es nada, porque, aun expresándolo de forma cautelosa, Argumosa está reconociendo que toda la arquitectura de la Seguridad Nacional se está basando (y desarrollando) en relación con unos intereses ignotos o no reconocidos. En definitiva, no deja, pues, de reafirmar la tesis de la ‘retórica para papanatas’.

Aunque, para no resquebrajar su incondicional apoyo al texto del Gobierno, después de señalar el lamentable ‘agujero’ que la ESN 2013 presenta por debajo de su línea de flotación, es decir la inconcreción del ‘objetivo’, le pone un tapón de corcho con este pelotillero párrafo final: “En definitiva, con independencia de algunas carencias que se irán subsanando en próximas revisiones, creo que es un buen documento que nos permite asegurar que España ya se encuentra, en el campo del pensamiento estratégico y de seguridad, entre los países democráticos más avanzados”…

Desde luego que hace falta ser osado -podríamos usar otro término mucho menos respetuoso- para afirmar, como hace el general Argumosa, que con la artificiosa ESN 2013 nuestro “campo de pensamiento estratégico y de seguridad” se sitúa nada menos que en el de los “países democráticos más avanzados”. Ciertamente bochornoso; pero dejémoslo ahí, porque, como bien advirtió el ingenioso Cervantes, “sobre el cimiento de la necedad no asienta edificio ningún discreto”…

¿UNA ‘ESTRATEGIA’ SIN DEFINIR OBJETIVOS Y MEDIOS…?

La ‘estrategia’ ha de responder a unos objetivos previos (y absolutamente propios y particulares) de Seguridad y Defensa Nacional -ya hemos dicho que hoy por hoy no están bien definidos-, enmarcados además en una auténtica Política de Estado y no en lo que el general Argumosa entiende como tal (que es un simple pacto de continuismo interesado entre plumillas del PP y plumillas del PSOE), por pacata que pueda ser. Porque, se entienda la ‘estrategia’ bien como arte o bien como técnica, en esencia y sentido amplio no es otra cosa que un conjunto sistémico de planteamientos y actividades (ideas y acciones), destinado a conseguir objetivos concretos… por supuesto con medios y recursos concretos.

Y, entonces, ¿cómo es que se plantea una ESN 2013 sin objetivos perfectamente definidos en tiempo y espacio y sin contemplar la correspondiente necesidad presupuestaria, propia o de los entes implicados…? Pues, como decimos, para cubrir sin mayor objeto el ‘expediente papanatas’ del momento y, de paso, acomodar en nuevas estructuras a los amiguetes del Gobierno que anden por ahí, con la mano y la ambición bien extendidas y superando su nivel de incompetencia.

Aunque el concepto de ‘estrategia’ hoy se haya incorporado a cualquier tipo de actividad humana, no conviene olvidar que tiene un origen militar, con antecedentes remotos en el ya citado “Arte de la Guerra” de Sun Tzu. En sí, la palabra ‘estrategia’ proviene del griego con el significado de ‘conducción de la guerra’ (stratos=ejército y agein=conductor, guía).

Cierto es que en nuestros días se habla de estrategias empresariales, de marketing, directivas, educativas, operativas, evolutivas…, de pensamiento estratégico, de mapas estratégicos, de geo-estrategia y hasta de juegos de estrategia… Pero hay que entender que cuando el término se aplica a la Seguridad Nacional (con tanta inclinación retórica e integradora la ESN debería haberse definido como una ‘Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional’), se está asumiendo en su expresión militar; es decir, como la dirección operacional que, a partir del análisis de la posición del adversario (tiempos y espacios, amenazas próximas y remotas, medios de agresión y combate…) ha de establecer el uso más eficiente de la potencialidad propia para derrotarle en las mejores condiciones políticas y de costo material y humano, es decir de la mejor forma posible.

El general André Beaufre (1902-1975), uno de los expertos en Estrategia más reconocido, la define como “el arte de hacer que la ‘fuerza’ concurra para alcanzar las metas de la política”, con una visión menos estrecha que la de emplear las ‘fuerzas militares’ para alcanzar los objetivos políticos, que, más o menos, es la que se ha venido sosteniendo desde Clausewitz (1780-1831) hasta Raymond Aron (1905-1983). Así, Beaufre quiso superar el concepto de ‘arte militar’, subdividido inicialmente en estrategia y táctica, incorporando también la logística a la táctica como “combinación de las cosas materiales”, que presentan “un carácter científico-concreto que las hace ser bastante análogas al arte del ingeniero”.

Para el estratega Beaufre, la táctica es con toda claridad el arte de emplear las armas en el combate para conseguir su mejor rendimiento, mientras que la logística es la ciencia de los movimientos y los abastecimientos. De ahí que, elevando el concepto de ‘estrategia’ a un nivel más abstracto, incluso lo redefiniera como “el arte de la dialéctica de las voluntades que emplean la fuerza para resolver su conflicto”, pero con su correspondiente táctica y logística.

En consecuencia, hablar de ‘estrategias’ sin correlación con los fines y medios correspondientes, es decir en pura teoría y sin concretar su implementación en lo más mínimo, es puro diletantismo, sobre todo en el ámbito de la Seguridad. Al igual que lo sería en el de la Defensa, que es parte más que sustancial de aquella.

De hecho, Basil H. Liddell Hart (1895-1970 ya había apuntado también una clara relación entre medios y fines al definir la ‘estrategia’ como “el arte de la distribución y aplicación de los medios militares para alcanzar los objetivos de la política”. Además, puntualizó que “una estrategia depende, primero y principal, de un acertado cálculo y coordinación entre los fines y los medios”, señalando también que “un buen ajuste entre medios y fines establecerá una perfecta economía de fuerzas” y que “la perfección de la estrategia sería producir una decisión favorable sin una pelea importante”…

Esta Newsletter no pretende sentar cátedra de estrategia, ni de defensa, ni de seguridad, pero sí coadyuvar a la crítica de las políticas necias, gratuitas, estériles y dilapidadoras; porque, además de ser ineficaces, y a menudo incluso gravemente inconvenientes, al fin y a al cabo se soportan con cargo al erario público, que es el de todos los españoles. Que la ESN 2013 se enmarca en ese tipo de despilfarros políticos y palabrería reiterada de ‘corta y pega’, es más que evidente, y que despierta el recelo de muchos analistas informados también.

Baste leer al respecto el ‘puntillazo’ con el que el teniente general Pedro Pitarch, quien entre otras cosas ha sido director general de Política de Defensa, despacha la ESN 2013 en el artículo de su blog titulado “ANV 25: Cuadrar el círculo” (01/06/2013), accesible desde esta web:

Coincidiendo, casualmente, con la celebración (por llamar de alguna manera lo de este año) del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 2013), el Consejo de Ministros de ayer aprobó la cacareada Estrategia de Seguridad Nacional. Y con ella la vertebración del llamado Consejo de Seguridad Nacional. Se ha dado imagen de consenso entre las principales fuerzas políticas (“nos sentimos confortables con el texto”, se dice que dicen en el PSOE). El nuevo parto servirá para que algunos responsables políticos y militares crean, o mejor, traten de hacer creer al respetable --ya lo están haciendo--, que con esto España ha dado un paso definitivo para garantizar su seguridad.

Uno, que ya es perro viejo, sabe cómo se fabrican estas cosas y, sobre todo, cómo suelen desarrollarse. Así es que, a la vez que da la bienvenida a la Estrategia y al Consejo, levanta las orejas con bastante escepticismo. Está acostumbrado a ver papeles y papeles con grandes formulaciones y amplias declaraciones de intenciones, que luego en el plano de los hechos quedan en papel mojado. Sirven, eso sí, para justificar plantillas y que gentes, sin preparación suficiente ni adecuada solvencia profesional, encuentren vía ‘digital’ un confortable acomodo en las nóminas de las nuevas organizaciones. Para empezar, y como mera presunción anecdótica, lo de las reuniones del Consejo, al menos una vez cada dos meses, es que no me lo creo. Sí me creo que habrá una primera reunión, para hacerse la correspondiente foto, y en la que no faltará ni uno de los 15 miembros del pleno. Después… ya veremos. Vaya, parafraseando lo que dicen algunos medios, con el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, España se pone al mismo nivel que EEUU, Gran Bretaña y Francia. ¡Habrase visto mayor incultura de defensa…!

No voy a entrar en el análisis de la nueva estrategia. Ya muchos lo están haciendo. Además de los teóricos de siempre, los conocidos exégetas a sueldo y otros supuestos expertos en seguridad y defensa, que últimamente proliferan como hongos. Por mi parte, y por citar únicamente una de las bases que fundamentan mi profundo escepticismo, tengo que recordar que si bien seguridad y defensa no son la misma cosa, la segunda es una parte esencial de la primera. Y poco vale aprobar una estrategia y vertebrar un Consejo, es decir, actualizar sobre el papel el marco de respuestas frente a los retos a la seguridad, si luego no hay con qué implementarlo. Salir de la monumental crisis de confianza en todo --que es seguramente el más dañino de los males que hoy aquejan a la sociedad española--, demanda más coherencia. Menos predicar y dar más trigo. El bajonazo de la operatividad sufrido por las FAS, que las mantiene en una situación de penuria operativa relativa desconocida en los últimos 50 años, y de la que será muy difícil salir en muchísimo tiempo, no se compadece con la ‘grandiosidad’ de miras diseñada en la Estrategia de Seguridad Nacional. Describamos las cosas como son. Aunque solo sea por una vez: así no vamos a ningún sitio; este círculo no cuadra.

Nada que objetar a lo escrito por Pitarch, salvo su brevedad y el haberse dejado en el tintero todo lo que le puede sugerir la ESN 2013. Cuando en su momento criticó la DDN 2012 (03/08/2012), fue bastante más expresivo, afirmando que, después de prescindir de todo el adorno literario, su posible ‘magro’ se limitaba prácticamente a las cinco “Directrices a seguir en la presente Legislatura” (apartado 4), recogidas en apenas dos folios, de los diez que abarca el documento. Sobre ellas cabe añadir que no pasan de conformar un cuadro de aspiraciones inconcretas, sin la menor precisión ni cuantificación, carentes de sentido específico y que, como ‘instrucciones’ o normas prácticas para la ejecución de algo, que es lo que deberían ser, constituyen una auténtica tomadura de pelo, muy similar a la de la ESN 2013.

Pero es que, además, la DDN 2012 (vigente) confunde en su apartado 3 lo que de hecho son ‘líneas generales de la política de defensa’ con algo en esencia muy distinto y que en dicho documento brilla por su ausencia: los ‘objetivos’ de la política de defensa. Claro está que eso es lo de menos, porque el documento (difuso y superfluamente profuso) es infumable en cada una de sus partes y, todavía más, en su conjunto, hasta el punto de desacreditar seriamente al Consejo de Defensa Nacional que se atrevió a ratificarlo, con el Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas a la cabeza.

En cualquier caso, Pitarch desbrozó entonces un poco más el bodrio en cuestión, apuntalando su análisis con tres párrafos bien expresivos que ahora conviene recordar, porque se correlacionan claramente con el estilo también esencialmente vacuo y altisonante de la ESN 2013:

Entrando más al fondo, se encuentra un lenguaje a veces poco pulido y un mensaje con frecuencia incoherente. No faltan grandilocuentes formulaciones: “garantizar la seguridad de los españoles es una responsabilidad y obligación inalienable, intransferible e irrenunciable del Gobierno de la nación”, o “asegurar una España fuerte”, o la necesidad de contar con un “instrumento preparado y adaptado para dar respuesta a las posibles amenazas, riesgos y retos que se puedan llegar a presentar”. A ello se junta la mención de nuevos riesgos y/o amenazas (a veces de difícil identificación) que se añaden a los hasta ahora existentes y que no han desaparecido. No hay relación lógica entre lo que se proclama y lo que lo sustenta: el presupuesto de gastos de defensa para 2012. Es una situación muy incoherente e inestable porque la Fuerza --como ya se ha dicho tantas veces en este blog-- adolece de falta de preparación para el cumplimiento de su misión. Y --añado--, cuanto más tiempo se prolongue esta situación, más difícil y costosa resultará salir de ella.

Una mera aproximación al escenario de los “deseos” que se han descrito al comienzo del párrafo anterior, demandaría no solo no recortar sino incrementar sustancialmente la actual dotación presupuestaria de Defensa. Y no creo que esa sea la intención del Sr. Rajoy. Un ejemplo paradigmático de todo este lío se encuentra en el último párrafo del apartado 2 de la Directiva que es, supuestamente, la conclusión de la repercusión para España de la evolución del panorama estratégico. Depurando tal párrafo --para no perder al lector--, se afirma (sin ambigüedad en este caso) que “España debe garantizar la seguridad de las materias primas que sostienen su forma de vida, frente a las amenazas que se ciernan”. ¡Vaya tela!, diría un sevillano. Porque esa garantía exige, entre otras cosas, un nivel de ambición y el consiguiente objetivo de fuerza aeronaval que ni con diez veces el presupuesto actual se conseguiría. Veremos qué arte se da el JEMAD para desarrollar esa exigencia en el subsiguiente planeamiento militar. A lo mejor esta es la razón (con perdón) por la que el presidente del gobierno no ha (potencialmente) firmado la DDN 2012.

Pero quizás lo más grave, desde el punto de vista de organización conceptual del documento, se dé en el fundamental campo de los objetivos, que supuestamente deberían figurar en el apartado 3 de la Directiva. Simplemente, no se identifican cuando, por definición, deberían ser elementos concretos perfectamente identificables más allá de dudas e interpretaciones. Porque su consecución permite obtener las finalidades pretendidas por quien los fija. Además son puntos focales, puntos de convergencia, de todos los esfuerzos de la defensa nacional. Se podría así afirmar que lo más original de la DDN 2012 es no marcar objetivos. En su lugar, en el apartado correspondiente, el documento habla de tres rasgos esenciales de nuestra seguridad: el incremento de la inestabilidad en nuestro entorno cercano, la búsqueda de un vínculo transatlántico más sólido (¿OTAN/EE UU/bilateral?) y el impacto negativo de la crisis económica en nuestras propias capacidades defensivas y la disminución del paraguas colectivo. Y se remata el fiasco con unas líneas generales de la política de defensa. Pero, ¿dónde están los objetivos?, me preguntaba hace unas horas un almirante, quien --me confesaba-- que lo que más le molestaba de esta DDN era pasar vergüenza ajena, al pensar que la iban a leer sus homólogos de París, Berlín o Washington.

EL ‘CAMBIO POR EL CAMBIO’… Y CADA VEZ A PEOR

El esperpento documental al que se llegó con la DDN 2012, sólo se pudo entender por el desinterés tradicional del PP en la política de defensa y por el menosprecio que, en el fondo, sus dirigentes (no sus bases) siempre han mostrado hacia la institución militar. Y, ahora, el incipiente ridículo que supone la ESN 2013 (‘más de lo mismo’, que seguirá ‘sirviendo para nada’) sólo se entiende por el desinterés del mismo Gobierno de Rajoy en comprender y asumir de verdad el concepto de Seguridad y Defensa Nacional, aceptando que los analistas-chupatintas de turno le cuelguen las guinditas y la nueva terminología necesarias para dar a entender que acaban de descubrir el ‘ungüento amarillo’ que cura todas las enfermedades y remedia todos los males.

Porque, en realidad, el Consejo de Seguridad Nacional que el Gobierno del PP va a crear ahora, como quien descubre el Nuevo Mundo, no es otra cosa que un remedo del Consejo de Defensa Nacional ya establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2005/, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que a su vez es una reconversión de la anterior Junta de Defensa Nacional, de contrastada validez durante los 25 años que estuvo vigente.

Pero, ¿qué va a ser, entonces, del actual Consejo de Defensa Nacional cuando se apruebe el Consejo de Seguridad Nacional…? ¿Sustituirá este nuevo Consejo de Seguridad Nacional a la actual Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia establecida en el artículo 6 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Y convivirán, en su caso, o no, estas dos comisiones también con la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis…?

Y, todavía a mayor lío, ¿cómo se va a confrontar la nueva ‘Ley Orgánica de Seguridad Nacional’, cuyo anteproyecto, según el Gobierno, va a elaborar la Comisión de Seguridad Nacional como primera y emblemática tarea, con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y con la Ley reguladora del CNI…? ¿Se va a retocar la normativa ya existente o será definitivamente derogada por la nueva…?

¿Estamos, acaso, ante una maniobra preparatoria de un ‘golpe de Estado legislativo’ para acabar con las aspiraciones soberanistas y, de paso, para reforzar el establishment político o consolidar una democracia dictatorial…?

Porque, en este contexto re-maquillador del sistema de Seguridad Nacional, ¿por qué razón el Gobierno no se plantea, por ejemplo, la reforma de la vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales (modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre), reputada de inconstitucional y tan determinante en términos de legitimidad política y democrática…? De hecho, su introducción, que como decimos se mantiene plenamente vigente, todavía remite la materia nada más y nada menos que al control político de las Cortes Españolas (no las Cortes Generales) y del Consejo Nacional del Movimiento, lo que no deja de ser deplorable y ciertamente incoherente con la puesta al día del sistema…

Paréntesis: A los lectores interesados en el tema, les recomendamos el artículo de opinión de Fernando J. Muniesa titulado “El sistema de Seguridad Nacional y la reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales”, el “Informe del Defensor del Pueblo sobre la vigente regulación de los secretos oficiales” 09/02/2012) y el “Informe del Consejo de Europa sobre el control de los servicios de seguridad interior en los Estados Miembros” (07/03/2012), publicados en esta web.

La respuesta es sencilla. Si correlacionamos el desmadre político en curso, incluyendo la corrupción en la vida pública y sus derivadas de crisis general, de malestar social extremo y de grave cuestionamiento del sistema de partidos (y la amenaza secesionista calentando motores), con las reformas que promueve el Gobierno en áreas sensibles al respecto, como la Justicia, la Defensa y la propia Seguridad Nacional, es evidente que lo que se busca (y además con escasa sutileza) no es otra cosa que asegurar el blindaje del sistema y la prevalencia de la clase política. Ahí están, como evidencia de lo dicho, el control a ultranza del Poder Judicial (CGPJ y TS) y del Tribunal Constitucional que el ministro Ruiz-Gallardón ha perseguido a punta de bayoneta y sus aspiraciones, de momento fallidas, para controlar la ‘amenaza’ de la Red (ya veremos hasta dónde se llega con la excusa de la ciberguerra).

Pero es que en ese mismo sentido, también llama la atención que en la ESN 2013 no se contemple como amenaza expresa a la Seguridad Nacional el ítem de la ‘corrupción institucional’, como se contempla, por ejemplo, en las estrategias de Seguridad Nacional vigentes en Estonia. Un país, en el que, como en otros mucho más avanzados (incluido Estados Unidos), también se llevan al mismo plano estratégico riesgos como las ‘tensiones sociales’ o las ‘epidemias’, olvidados en España. Y no digamos el de la ‘secesión’, que hoy por hoy acaso sea nuestra amenaza más específica y preocupante.

Está claro que la ESN 2013 confunde de forma sistemática objetivos con aspiraciones y prioridades, la seguridad individual con la nacional, los riesgos con las amenazas (que equipara aun siendo conceptos distintos) o los fines con los medios… Y que, como buen traje cortado a la oscura medida del Gobierno, se saca de la manga lo que más le conviene (por ejemplo, la ‘inseguridad marítima’ -ahí es nada lo que abarca el término-, aunque también podría haber sido la ferroviaria o la sideral), mientras ignora lo más sustancial y verdaderamente acuciante.

DEL ARTIFICIO RETÓRICO A LA TOMADURA DE PELO

Como buen artificio retórico, la ESN de marras evita cuidadosamente las palabras necesarias, que -según la máxima de Lao Tse- pueden sonar mal, y abusa de las que suenan bien, aunque no expresan la verdad y ni siquiera nada sustancioso. Pero no se queda en eso.

La simpleza documental del caso, que es de auténtica vergüenza ajena, conduce además a una tomadura de pelo de primera magnitud, sintetizada en la ristra de frases-concepto que los ‘expertos’ de la Seguridad Nacional afincados en la Presidencia del Gobierno han destacado tipográficamente en su edición oficial como ‘no va más’ de la ESN 2013, entrecomilladas, en negrita y con cuerpo mayor. Veámoslas una por una, porque les retrata perfectamente en su simple y desnuda ignorancia:

• “Las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son sociedades más libres”.
• “La Seguridad Nacional es objeto de una Política de Estado, que requiere la planificación y definición de principios y líneas de actuación permanentes, capaces de dar respuestas integrales a los desafíos actuales”.
• “El dinamismo del entorno y de la propia realidad nacional exigirá un esfuerzo de actualización constante y una revisión periódica”.
• “La defensa de los intereses vitales y estratégicos de España en el mundo es un objetivo de la Seguridad Nacional”.
• “La seguridad y el bienestar de España y sus ciudadanos se determinan y gestan dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya no es posible distinguir entre seguridad exterior e interior”.
• “Avanzar en la construcción europea es hacer a España más segura y más próspera”.
• “Un Mediterráneo democrático y con mayores cotas de prosperidad es la mejor garantía de seguridad para todos los países de la región”.
• “América Latina es una región de gran importancia estratégica con la que España mantiene relaciones de singular arraigo”.
• “El importante crecimiento de la población hispanohablante de Estados Unidos es un factor determinante en nuestra relación”.
• “Para los intereses españoles, tres zonas serán vitales en las próximas décadas: el Sahel, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea”.
• “Asia se encuentra en el centro de la reordenación geopolítica que anticipa el mundo que viene”.
• “Rusia es el mayor vecino de la UE y un actor estratégico fundamental”.
• “Los retos y amenazas globales sólo pueden tener soluciones globales”.
• “Junto a los riesgos y amenazas, conviven en el escenario internacional otros factores potenciadores que pueden generar nuevos riesgos o amenazas o multiplicar y agravar sus efectos”.
• “En la actualidad la interdependencia global ha disminuido la probabilidad de confrontaciones clásicas entre Estados, pero los conflictos armados siguen representando una amenaza capital para la seguridad”.
• “Prevenir, impedir y derrotar el terrorismo, con independencia de su origen, es un fin prioritario del Gobierno”.
• “La dependencia de la sociedad del ciberespacio y su fácil accesibilidad hacen que cada vez sean más comunes y preocupantes las intromisiones en este espacio”.
• “Los vínculos existentes entre las organizaciones criminales y los grupos terroristas son cada vez más estrechos”.
• “La globalización ha propiciado que los acontecimientos se aceleren especialmente en el plano económico-financiero, exigiendo a los Estados y a las organizaciones y los organismos internacionales respuestas rápidas a los cambios que acontecen”.
• “La seguridad energética de España depende de todos estos factores y de la seguridad de nuestras infraestructuras y redes de transporte frente a ataques intencionados o desastres naturales”.
• “El desarrollo de programas nucleares -supuestamente con fines pacíficos- puede suponer una amenaza, cuando el empleo de esa tecnología pretende evitar el cumplimiento de las normas internacionales sobre no proliferación”.
• “El nuevo escenario exige esfuerzos de pedagogía y protección por parte de las Administraciones, así como una promoción activa del enfoque de la inmigración como suma positiva en el ámbito económico, social y cultural”.
• “El espionaje se ha adaptado al nuevo escenario del mundo globalizado y aprovecha las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación”.
• “Los recurrentes y devastadores incendios que asolan nuestro patrimonio natural constituyen un serio problema para España”.
• “Junto al aumento de actividades lícitas en el mar se ha producido también un aumento de actividades ilícitas o criminales que aprovechan las particularidades del medio para su desarrollo”.
• “Las sociedades modernas son cada vez más dependientes del complejo sistema de servicios esenciales que dan soporte y posibilitan el normal desenvolvimiento de los sectores productivos, de gestión y de la vida ciudadana en general”.
• “Las sociedades modernas son cada vez más dependientes del complejo sistema de servicios esenciales que dan soporte y posibilitan el normal desenvolvimiento de los sectores productivos, de gestión y de la vida ciudadana en general”.
• “El Consejo de Seguridad Nacional será un órgano colegiado del Gobierno que se reunirá con carácter periódico”.

Toda una generosa acumulación de obviedades y perogrulladas sin cuento, salpicadas de tonterías y sandeces, y presentadas nada menos que como sesudas aportaciones a la Estrategia de Seguridad Nacional. Y precedidas además de una introducción en la que el propio presidente Rajoy, puesto al frente del ridículo general, la califica alegremente de “paso trascendente” en el “pensamiento estratégico”. Ahí queda eso…

ATENTOS AL DESASTRE QUE SE AVECINA

Si observamos el continuo deterioro formal y conceptual de la legislación en materia de Defensa (y claro está el deterioro del propio modelo de Defensa Nacional que conforma), junto a la no menos lamentable organización legal del sistema de Inteligencia, es de temer que, justo de la mano del PP, se avecine un desastre normativo de muchísimo cuidado, contagiando al conjunto del Sistema de Seguridad Nacional ahora ‘descubierto’ por los mismos linces que lo vienen perjudicando desde la propia Transición. Ya machacada como está la Defensa Nacional, parece que va a poderse machacar todavía más y que vamos a tener que olvidarnos de cualquier reforma razonable de los Servicios de Inteligencia y del propio Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.

Porque la cuestión de fondo, desde luego paradójica, es que los avispados del PP, comandados por el avispado Rajoy, pueden terminar montando una ‘contrarreforma’ legislativa en lugar de la ‘reforma’ institucional que hoy por hoy necesita el país. Empeño en el que, además de morir políticamente, acabarían dejando el poder en manos de la izquierda más radical y por muchos años.

Tras el descrédito que la ratificación de la DDN 2012 ya supuso para el Gobierno de Rajoy, la ESN 2013 puede generar ahora otro mayor con cargo directo al flamante Departamento de Seguridad Nacional que presta asesoramiento y apoyo técnico en tan delicada materia a la Presidencia del Gobierno, estrenado el documento de marras. Lo dirige Alfonso de Senillosa, sin experiencia ni mérito reconocido al efecto (creó y gestionó con notable éxito la cadena de servicios de reprografía ‘Workcenter’), al margen de la amistad personal que mantiene con Jorge Moragas, su jefe inmediato y director del Gabinete de Rajoy: un equipo (Senillosa-Moragas) especialmente bien avenido y con una importante y delicada tarea que desarrollar en el ámbito de la Seguridad Nacional, al que la Comunidad de Inteligencia internacional ya mantiene bajo atenta observación, por delante y por detrás…

Ver:

• Estrategia de Seguridad Nacional 2013 (ESN 2013)
• Estrategia Española de Seguridad 2011 (EES 2011) 
• Informe para la implantación de una Estrategia de Seguridad Nacional en España (Real Instituto Elcano 2011) 

Los aficionados al cine habrán captado que el título de esta Newsletter se inspira en el de una revulsiva película antibelicista y de apoyo a la eutanasia de Dalton Trumbo (Johnny cogió su fusil), laureada en el Festival de Cannes de 1971 con el Gran Premio Especial del Jurado y el premio de la FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica).

En ella, un joven combatiente de la I Guerra Mundial despierta totalmente confuso en un hospital en el que tendrá que quedar confinado de por vida, ciego, sordomudo y con las piernas y los brazos amputados por efecto de una explosión soportada en el frente. Al principio no es consciente de lo que le ha sucedido y en qué lamentable condición se encuentra, pero poco a poco comienza a darse cuenta…, llevando al espectador al límite en el que se separan la vida y la muerte, exprimiendo la afectividad humana hasta la extenuación, ante la visión de un simple armazón de tela blanca sobre una cama sanitaria.

Pregunta: ¿Hay alguna relación entre los restos humanos de Johnny y la senda de autodestrucción por la que parece caminar España…?

Sea como fuere, el parangón del título viene a cuento de las combativas declaraciones del ex presidente Aznar en la entrevista que concedió a Antena 3 el pasado 2 de mayo, planteando una ‘enmienda a la totalidad’ de la política del Gobierno al exigir una bajada de los impuestos “ahora”, que se cumpla tal cual el programa electoral del PP y, claro está, poniendo en tela de juicio el liderazgo interno del PP. Aunque esta especie de analogía podría “ser acertada (o no)”: la simplicísima fórmula de expresión con la que Rajoy acostumbra a ironizar, cada vez con menos gracia.

“VAMOS, MARIANO, ALÉGRAME EL DÍA…”

Porque la verdad es que todavía no sabemos si el fusil con el que Aznar ha reaparecido en el teatro de la política, es el de Gila (que disparaba balas de madera porque las de verdad eran caras y hacían ‘pupa’), el de los soldados portugueses de la revolución del 25 de abril de 1974 (que ensartaban claveles en sus bocas de fuego como símbolo de que no iban a disparar) o el de mira telescópica y alta precisión con el que los francotiradores de élite abaten de forma irremisible a sus objetivos más precisos (sin daños colaterales).

Si este último fuera el caso, recordemos el duelo que el soldado ruso Vassili Zaitsev (papel interpretado por Jude Law) mantiene con el mayor König (Ed Harris) del VI Ejército de la Wehrmacht hitleriana en Enemigo a las puertas (2001), la original película de Jean-Jacques Annaud que narra el fracasado asedio de las tropas alemanas a la ciudad de Stalingrado en 1942, con la estética dramática del mejor western norteamericano. Una cita textual del film, que los posibles émulos de la situación (¿Aznar y Rajoy?) deberían tener bien presente, reza: “Un héroe nunca elige su destino. Su destino lo elige a él”…

Pero también puede que el arma con la que Aznar se termine enfrentando a Rajoy en su particular duelo político, sea una escopeta ‘maraburros’ como la que usaba Jim Malone (Sean Connery) en la película dirigida por Brian De Palma Los intocables de Eliot Ness (1987), capaz de dejar hecho un colador a quien se pusiera por delante sin necesidad de afinar mucho la puntería. O, peor todavía, el Smith & Wesson 29, con cañón de 214 mm y munición del calibre .44 Magnum, amigo inseparable del inspector Harry Callahan (Clint Eastwood) en Harry el Sucio (1971), celebrado thriller policiaco de Don Siegel que derivó en la producción de cuatro secuelas.

¿Se imaginan a un Harry ‘el Sucio’ Callahan disfrazado de José María Aznar, apuntando a la cabeza de Mariano Rajoy con un revolver que puede tumbar a un bisonte y susurrándole con rechinar de dientes: “Vamos, alégrame el día…”? Lo que cuesta más trabajo es visualizar una escena similar pero con los papeles cambiados, en la que un Rajoy ‘blandiblú’ engatilla un descomunal SW 29 a cañón tocante sobre la cabeza de Aznar, mientras le masculla en la oreja: “¿No crees que deberías pensar que eres afortunado…?

En cualquier caso, la cuestión importante desde una perspectiva analítica  es saber no sólo cómo se arma el personaje, sino, sobre todo, cuál es su propósito (noble y libertador, vengativo, chantajista…) y si puede sobrevivir o no al duelo que plantea (con un objetivo plausible o con uno utópico).

Dicho de otra forma, lo definitivo, porque ahí está la clave de la valoración, es calibrar si estamos o no, por ejemplo, ante un guerrero jedi de Star Wars (la opereta galáctica lanzada por George Lucas en 1977). O, acaso, ante un mercenario de buen corazón y gatillo ligero, como el Chris Adams (Yul Brynner) que comanda la tropa de aventureros enfrentada al sanguinario ‘Calvera’ (Eli Wallach) en Los siete magníficos de John Sturges (1960), remake del film Los siete samuráis (1954) que el cineasta japonés Akiro Kurosawa convirtió en una de las mejores películas de todos los tiempos.

Es posible que los registros personales de Aznar, alguno todavía inédito, puedan aproximarle a personajes de la épica caballeresca, como Hugo de Payens, Godofredo de Saint-Omer o cualquiera de los otros siete nobles franceses que en 1118 fundaron la Orden del Temple. O tal vez a una suerte de Lanzarote del Lago (Lancelot du Lac), que es el más grande y confiable de todos los caballeros de la Mesa Redonda y las ‘leyendas artúricas’. E incluso a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador al que no faltó valor en Santa Gadea de Burgos -según cuenta la leyenda- para tomar juramento al rey Alfonso VI ‘El Bravo’ de no haber tenido arte ni parte en la muerte de su hermano y predecesor en el trono de Castilla, Sancho II ‘El Fuerte’.

Pero quienes así lo estimen, pueden equivocarse. Porque, si se observa con atención la fría expresividad de Aznar y el retoque tradicional de su bigote (ahora descargado y encanecido), poco le separan del detective Germán Areta (Alfredo Landa) en El crack (1981) de José Luis Garci, film del género negro a la española que también mereció su segunda parte.

Aunque algunos de los gestos de Aznar sintonicen más con el detective Philip Marlowe -creado por Raymond Chandler- y, de forma especial, con los tics aportados al personaje por Humphrey Bogart y Robert Mitchum. Y otros quizás con la imagen del inspector Clouseau (con el tiempo inspector-jefe) de la serie de películas La Pantera Rosa, del admirado Blake Edwars (Días de vino y rosas, Desayuno con diamantes, Victor Victoria…), sobre todo en la versión interpretada por Peter Sellers…

PUÑO DE HIERRO EN GUANTE DE SEDA

Aristóteles ya advirtió que “la política no es el conocimiento, sino la acción”, una realidad que Hernán Cortés, el gran conquistador del imperio azteca, hizo suya en esta afirmación: “En circunstancias especiales, el hecho debe ser más rápido que el pensamiento”. Aunque sea igual de cierto que “la acción sin la cordura es siempre desastrosa”, como bien ha matizado en nuestros días Lin Yutang, autor de la memorable novela histórica “Un momento en Pekín”.

Aunque, con lo mucho que se huele a cera ‘opusina’ en el entorno del PP (nada que objetar), Rajoy no tendría que olvidar, sino más bien tratar de seguir a rajatabla, este celestial consejo de San Josemaría (sic):

“Voluntad. -Energía. -Ejemplo. -Lo que hay que hacer, se hace… Sin vacilar… Sin miramientos…

Sin esto, ni Cisneros hubiera sido Cisneros; ni Teresa de Ahumada, Santa Teresa…; ni Iñigo de Loyola, San Ignacio…

¡Dios y audacia! –Regnare Christum volumus!”.

(“Camino”, 11)

Y ello no quiere decir que el ala liberal del partido ande mal de máximas y sentencias, menos turíferas pero igual de recomendables. En especial, Rajoy debería tener bien presente esta otra: “Espabila Fabila, que viene el oso”, o sea un Aznar desinvernado y con el fusil a cuestas…

Atentos en cualquier caso a ese necesario equilibrio armónico entre el pensamiento y la acción, o en la acción del pensamiento, porque la respuesta inmediata ante sucesos inesperados suele ser errada, justo por su escasa meditación. Así acontece, por poner algunos ejemplos, con las lecturas rápidas de las encuestas políticas, con el análisis urgente de los resultados electorales imprevistos o con la réplica a algunas declaraciones sobrevenidas y de evidente mala leche entre colegas de partido (o de partida, que ya va siendo más o menos lo mismo), como las de José María Aznar con la bayoneta montada contra su indolente heredero político.

De hecho, las primeras reacciones ante su pura y dura ‘bofetada a Rajoy’ (ya le lanzó el guante con algo más de suavidad -“Sufro observando a España”- en la entrevista de Victoria Prego publicada por El Mundo el pasado 2 de diciembre), no dejaron de ser excesivamente descalificadoras, con acusaciones de ‘deslealtad’ a nuestro juicio erradas en el análisis objetivo del caso. Por ello, los palanganeros gubernamentales que con tanta rapidez como ligereza se aprestaron a lavar las cascarrias políticas de Rajoy, que las tiene y cada vez más apestosas, recibirían otro inmediato disparo de precisión del ‘insurgente’ Aznar, nada menos que en un acto político-cultural de verdadero lujo celebrado en el Congreso de los Diputados (27/05/2013): “No estoy contra nadie, estoy con los españoles” (otra cosa es que los españoles estén con él).

Y, para demostrar que reaparece en plena forma y con reflejos para lidiar lo que le salga por los toriles, y ‘mano a mano’ con quien sea (lo de Duelo de titanes, también de John Sturges -1957-, es poca cosa comparado con la que se puede armar en el ‘OK Corral’ particular del PP), Aznar no dudó en advertir que “el mandato de las urnas es inequívoco” y que “el coste de la no reforma sería inasumible”. Parece claro, pues, que el ex presidente ha vuelto a la vida pública para quedarse, al menos, como conciencia crítica y, a lo más, para mandar a Rajoy al retiro político; aunque el temple y alcance de su faena se irán viendo pase a pase y paso a paso, con el próximo anunciado para el mes de junio con una conferencia en el Club Siglo XXI, ahora presidido por Eduardo Zaplana (otro dispuesto a enredar y que ya fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Portavoz de su Gobierno).

Paréntesis: Claro está que el desleal radical en toda regla, no sólo con la ideología de su partido sino también con quienes, creyendo sus promesas, le votaron de forma mayoritaria el 20-N, es Mariano Rajoy y no José María Aznar. Y cuando Aznar, que es presidente de honor del PP, afea de frente y por derecho ese comportamiento político reprobable, después de ser desoído dentro de casa, lo que se produce puede entenderse como una ‘deslealtad’ pero también como una defensa de los principios y valores propios en vía de dilapidación.

¿REBELIÓN EN LA GRANJA…?

Simpatía o antipatía personal aparte, el ex presidente Aznar (que -cierto es- nunca ha exhibido en público la menor calidez o proximidad humana) tiene todo el derecho del mundo a manifestar sus opiniones políticas, ya sean favorables o desfavorables al Gobierno (instalado -quede bien claro- en el autismo político), cosa que además ha hecho angustiado sin duda alguna por la ruinosa deriva de la gestión gubernamental de la crisis, al margen de ajustar otras cuentas personales. Y eso es lo mismo, ni más ni menos, que vienen haciendo de forma infructuosa muchos y prestigiosos profesionales españoles, de gran relevancia social y muy próximos al PP, sin que nadie arremeta contra ellos; aunque la actitud de Aznar conlleve un cierto plus de responsabilidad y atención como antiguo presidente del Gobierno durante dos legislaturas que, frente a las inmediatamente anteriores y posteriores, soportan muchas menos críticas razonables. Y punto.

Porque una cosa es el criterio y la actuación de quienes de forma voluntaria se puedan considerar políticamente amortizados, como Felipe González, que, un tanto soberbio, ha concedido: “Si quiere [Aznar], que vuelva, pero no como salvador”. Otra muy distinta el obligado silencio de Rodríguez Zapatero, defenestrado por incompetente. Y otra mucho más diferenciada la actitud y el comportamiento de quien, con un saldo político positivo y sin impedimentos de ninguna clase, se pueda creer en condiciones de aportar al país ideas, esfuerzos y dedicaciones legítimas, que en democracia sólo la voz y la voluntad de los electores pueden rechazar.

En la entrevista de marras, el ex presidente Aznar afirmó: “Cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello”. ¿Y, de verdad, hay en ello algo que objetar por daño que haga a otros políticos, que al fin y a la postre también van a lo suyo…?

El hecho de que las críticas a Rajoy puedan suponer de alguna forma una enmienda de Aznar a sí mismo, como han apuntado algunos, porque él fue quien nominó sucesor al hijo pródigo ahora criticado, no deja de ser un in-put más en su propio balance político, que juzgará quien debe juzgarlo (el electorado) y mucho más llevadero en cualquier caso que los de quienes le sucedieron formalmente al frente del Gobierno.

Quiérase o no, Aznar salió de la política de forma voluntaria y por la puerta grande, sin querer chuponear una tercera legislatura que su labor política y las encuestas al uso le daban por ganada, aunque también se pudo quedar para tratar de escribir una historia distinta a la que ahora le incomoda. Realidad incuestionable que no ha tenido precedente en el vigente régimen democrático; porque, sin querer meter a nadie el dedo en el ojo y respetando toda la parte positiva de la labor de cada uno, los demás presidentes del Gobierno (Suárez, Calvo-Sotelo, González y el ínclito ZP) han salido de la escena política como salieron: malamente.

Aparte de que cualquier observador imparcial de la realidad social, apostaría por afirmar que Aznar sintoniza mucho más que Rajoy con las bases electorales propias y más estables del PP, al igual que Esperanza Aguirre. Algo fácilmente deducible a partir de la pésima valoración social que los propios votantes del partido hacen del Gobierno, con su presidente a la cabeza, en todas las encuesta al uso…

Eso hablando de presidentes, porque si hablamos de jefes de la oposición la cosa se las trae; empezando por el propio Pérez Rubalcaba, que, a pesar de su innegable inteligencia y capacidad política, anda como anda y con muy malas perspectivas para resolver su propia sucesión. Y no digamos nada de lo que, vista la dimensión y categoría de la crisis, queda suelto por ahí en los partidos autonómicos y en los que emergen a nivel nacional, que a pesar de lo que luzcan por defecto ajeno tampoco están para tirar cohetes.

LOS REBUZNOS DESDE EL PESEBRE…

Quizás esa precariedad del sistema, sin el menor estímulo ni facilidad para fomentar la incorporación ciudadana a la política, sea la que ha generado que las críticas a Aznar más agresivas y menos meditadas hayan sido auténticos ‘rebuznos de pesebre’. Más sonoros cuando son lanzados por quienes viven de prestado total, agarrados al ronzal del partido y temerosos de perder su canonjía personal: estómagos agradecidos sin peso específico ni respaldo electoral personal.

Por eso, frente al desplante de Aznar, se han distinguido rápidamente las posiciones activas o pasivas de los ‘pichicomas’ y ‘pelamanillas’ marianistas, que se ven caninos de futuro, y las de aquellos otros que, siendo alguien dentro del PP -o simplemente siendo más osados-, se atreven a expresar sus ideas con mayor libertad.

Entre las primeras, quizás la más injustificada y sorprendente de todas haya sido la del presidente de las Cortes Generales, Jesús Posada, quien, de forma inmediata y con toda contundencia, afirmó que Aznar es “el pasado” y que “las cosas se van para no volver”. Una apreciación del tiempo político verdaderamente curiosa, porque él mismo, introducido en el negocio de la vida pública por la vía del franquismo (su padre fue alcalde y gobernador civil de Soria y después gobernador de Burgos y de Valencia en los primeros y más duros años de la dictadura), desempeñó cargos en la extinta UCD (gobernador de Huelva en 1979 y director general de Transportes Terrestres en 1981) antes aún de que Aznar, ocho años más joven que él, fuera elegido diputado por Ávila en 1982…

Y ello al margen de que Posada, desagradecido donde los haya, parezca olvidar que, sin mayor mérito ni gloria -porque tampoco es un Conde de Romanones ni un Emilio Castelar-, fue nombrado consejero de Fomento de Castilla y León en 1987 y dos veces ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1999-2000 y de Administraciones Públicas en 2000-2002) por el propio Aznar, presidente de los gobiernos correspondientes. Pero, sacándole nada menos que ocho añitos de ventaja y viniendo cada uno de donde vienen, ¿cómo se atreve este político-plasta de segunda clase a situar Aznar en “el pasado” y amarrarse él mismo a un futuro que el Gobierno de Rajoy está destruyendo para millones de españoles…?

Por salpicar los rebuznos políticos lanzados contra Aznar con un poco de todo, quédense también los lectores con esta frase lapidaria de Cristóbal Montoro, ministro outsider de la economía real y la fiscalidad razonada, paladín esperpéntico de la contrarreforma administrativa y todo un ‘profesor chiflado’ empeñado en hundir España: “Me dejo las añoranzas melancólicas para otro día”. O con la boutade de un tal Francisco de Borja Sémper que, graciosillo él y a falta de unos cuantos hervores de sensatez, resulta ser nada menos que presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Vasco: “Zapatero se consolida como el mejor ex presidente de Gobierno”.

LAS VOCES PROPIAS MÁS AFINADAS…

Bastante más inteligentes fueron las declaraciones al caso de Núñez Feijóo, quien, pudiendo ser un posible líder nacional del PP en el futuro, no dejó de compaginar el elogio de Aznar con su adhesión a Rajoy: “Mi respeto y admiración por los ocho años del presidente y el Gobierno de Aznar es difícilmente superable. Por tanto, no soy nada sospechoso de no respetar sino, al contrario, de admirar lo que hizo”, afirmando a continuación que “esa misma lealtad que hemos tenido y tenemos con el presidente Aznar es la misma lealtad inquebrantable que tenemos con el presidente Rajoy y todo su Gobierno”.

Rita Barberá, con un palmarés inigualable de mayorías absolutas al frente del Ayuntamiento de Valencia, descartó de raíz la “deslealtad” de Aznar y esgrimió su “enorme respeto por la libertad de las opiniones”. Mientras, Ignacio González, que pretende consolidarse como presidente de la CAM por méritos propios -cosa difícil-, calificaba a Aznar de forma explícita como “probablemente el mejor presidente de Gobierno que ha tenido España en estos años” y aseguraba que sus opiniones son “de enorme interés”.

Por su parte, Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja desde 1995, afirmó que “en estos momentos quien está toreando en plaza, con el toro, es Mariano Rajoy, y por tanto los de la barrera pueden gritar y pedir que se arrime, pero el que tiene que estar todos los días luchando con los problemas es Mariano Rajoy, con el que hay que estar”. No obstante, señaló que le parecía “legítimo” que cada uno pueda “valorar, criticar las políticas que pueda llevar Mariano Rajoy”, y que él “ni esperaba, ni no esperaba” las declaraciones de Aznar, que es “algo que entra dentro de lo normal y lo habitual”.

De forma igualmente componedora, han levantado su voz otros políticos con posición relevante en el PP, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, quien, tras sostener que el posible regreso de Aznar a la política activa es una cuestión “muy lejana”, señaló que el ex presidente “siempre va a estar en primera línea de la política”. Una línea en la que, por razones muy distintas, se han significado también dos ministros del Gobierno: la titular de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, Ana Mato, y el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La primera, perteneciente al ‘Clan de Valladolid’ que se conformó en torno a José María Aznar cuando fue elegido presidente de la Junta de Castilla y León en 1987 y cortita donde las haya, aseguraba que el ex presidente es “un referente” en el partido y también en la política española, porque en sus dos mandatos presidenciales hizo una “magnífica gestión”. El segundo, de quien se dice en Moncloa que es ‘un verso libre’ del Consejo de Ministros, aseguró rápidamente que “la voz de un expresidente de Gobierno siempre debe ser oída, al margen de la coincidencia o la discrepancia”, añadiendo que lo de Aznar “no es tanto volver a la política activa como estar en el activo de la política, y es lo que corresponde a cualquier expresidente, y, por supuesto, a Aznar”.

Inciso: De Esperanza Aguirre, presidenta del PP de la Comunidad de Madrid y ex presidenta de su Gobierno Autonómico durante tres legislaturas sucesivas de mayoría absoluta, además de ex ministra de Educación y Cultura y ex presidenta del Senado, todo un peso pesado del PP, cabe decir poco al respecto, porque ella fue quien dio el pistoletazo de salida  de las discrepancias con Rajoy, sacando con sus críticas varios cuerpos de ventaja al propio Aznar.

…Y LAS COCES DESDE LA OPOSICIÓN

Pero lo verdaderamente llamativo del caso, es que el mero apunte de un posible regreso de Aznar a la política activa, cosa que todavía está por ver, haya exasperado a los actuales dirigentes socialistas como ha llegado a exasperarles. Algo sin duda contradictorio, porque, considerándole de forma tan despectiva como le consideran, no se entiende que no le prefieran de adversario político antes que a Rajoy (tal vez le tienen pánico y por eso quieren cortar la nata antes de que suba como la espuma).

Desde Leizpig (Alemania), donde participaba en la conmemoración del 150 Aniversario del SPD junto con otros líderes socialdemócratas europeos, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, atizó a doble palo: “El que las cosas que dice Aznar me produzcan espanto, no quiere decir que las políticas de Rajoy sean magníficas”. Lo dicho: sin querer mirarse él mismo en el espejo (¡vaya trago!), el jefe de la oposición, todavía más reprobado socialmente que Rajoy, se queda con éste de candidato, porque, a tenor de su faena, ya parece verle con los tres avisos y el toro del gobierno devuelto a los corrales.

Para la ‘número dos’ del PSOE, Elena Valenciano, las palabras de Aznar son un intento de desviar la atención cuando está señalado en el ‘caso Gürtel’ y, estirándose algo más, dijo que el asunto le suena a mezcla entre el “túnel del tiempo y el túnel de los horrores”, añadiendo que con sus declaraciones el ex presidente Aznar se ha convertido “en un propagandista de cuarta, que rezuma resentimiento y que muestra su vuelo bajo”. Podría tener razón, pero ¿es que, entonces, también prefiere un Rajoy que ‘vuele alto’…?

En esa misma línea simplista de arremetimiento contra Aznar, que apareja un apoyo al sostenimiento de Rajoy en teoría poco consecuente con sus propios intereses electorales, Pere Navarro, primer secretario del PSC falto también de alguna cochura política, manifestó que “España no se merece que vuelva” porque “hizo muchas cosas por España y muy mal hechas”, concluyendo que el ex presidente “está bien donde está”. ¿Y acaso no se acuerda este espabilado socialista de las cosas que todavía hizo peor ZP…?

Todo ello, y mucho más que largaron otros personajes de escaso fuste político, sucedía mientras el ex vicepresidente socialista Alfonso Guerra, siempre afilado y lapidario, se limitaba a decir, sin duda con mayor acierto, que el caso sólo escondía una “pelea de gallos” entre Aznar y Rajoy.

Aunque, al hilo de nuestras referencias filmográficas y porque el país da para todo, también habrá quienes, dentro o fuera de cualquier partido, puedan ver ahora a un Aznar favorecido en el papel del Wade Hatton (Errol Flynn) de Dodge, ciudad sin ley (Michael Curtiz, 1939), ‘Dodge City’ en la versión original: el sheriff que en 1866 impuso el orden y la justicia en una ciudad dominada por el caciquismo, la corrupción y los pistoleros de turno, con la ayuda de Abbie Irving (Olivia de Havilland), sobrina del médico local que también podría representar a la Esperanza Aguirre de nuestros días. Una tarea que, además, el final de la película deja abierta a que ambos continúen juntos, ‘limpiando’ Virginia City (Nevada)…

COMENTARIOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Claro está que este morboso desplante político de Aznar, y sobre todo su anuncio de ‘menearle’ la poltrona a Rajoy, va a dar para mucho mientras se ve cómo y de qué manera evolucionan los acontecimientos. De momento, los analistas políticos ya han lanzado comentarios para todos los gustos.

Uno de ellos, el de Guillermo Dupuy en LibertadDigital.Com (23/05/2013), titulado “La vuelta del PP – Posible sin Aznar, imposible con Rajoy”, incluye dos párrafos explosivos:

(…) La traición de Rajoy al ideario y a los votantes de su partido va mucho más allá de la política fiscal y estoy absolutamente convencido de que la opinión de Aznar respecto del Gobierno del PP es mucho peor aún y muy anterior a la que puso de manifiesto el pasado martes en Antena 3. En este sentido ¿qué habría dicho Aznar si le preguntaran por las declaraciones de Fernández Díaz en las que elogió la “ejemplar” gestión de sus antecesores socialistas al frente del Ministerio del Interior? ¿Qué habría dicho Aznar respecto del compromiso del PP de expulsar a los proetarras de las instituciones? ¿Qué habría dicho el expresidente de la persistencia de traductores de lenguas regionales en el Senado? ¿Qué habría dicho de la ‘reforma’ del mercado energético? ¿Y del más inexistente plan hídrico nacional? ¿Consideraría Aznar, tal y como ha hecho el Gobierno, que la excarcelación de Bolinaga obedecía a un imperativo legal?

(…) La vuelta del PP es posible sin necesidad de que vuelva Aznar pero imposible sin la marcha de Rajoy. Rajoy ha hecho de la herencia de Zapatero la excusa para imitar al que se la dejó. El carácter de Rajoy nos condena a la inercia y a la decadencia. Pese al aldabonazo de Aznar, todavía creo, como creía el año pasado, que “son muchos los que no son conscientes de que la principal neutralización de la derecha es el Gobierno de Rajoy. No quieren ver la continuidad del peor zapaterismo bajo las siglas del PP. Se niegan a reconocer que el partido que tradicionalmente abanderaba los principios liberal-conservadores en nuestro país ha sido, sencillamente, usurpado. Con Rajoy al frente, abandonad toda esperanza”.

Otro muy distinto, interesante pero que yerra en la valoración del actual tiempo político, al no considerarlo de los que necesitan “proyectos claros, coraje ejecutivo y decisiones contundentes”, es el publicado por Ignacio Camacho en ABC con el título “Liderazgos Autoritarios” (24/05/2013), que se inicia con este párrafo sustancial:

A Aznar le sucede lo mismo que a Mourinho: ambos poseen personalidades divisorias que acaban causando tantos estragos entre sus partidarios como entre sus rivales. Es el problema de los liderazgos autoritarios, que sólo funcionan durante períodos limitados de tiempo pasados los cuales corren el riesgo de convertirse en tóxicos para sus propias filas. Las virtudes de Mou, como las del ex presidente, son aptas para tratamientos de choque, épocas que necesitan proyectos claros, coraje ejecutivo y decisiones contundentes; sucede que luego se trata de tipos con un carácter tan potente, con una pasión de poder tan definida que terminan por sobreponerse a su propia misión para establecer en torno a ellos una especie de asfixiante desafío de autoridad. Se transforman en material radiactivo, tan peligroso para los adversarios como para quienes lo tienen cerca…

Y otro, sin duda de registro mucho más afectivo -por tocar todos los palos-, es el de Javier González Ferrari, que fue director general de RTVE entre 2000 y 2002 con el Gobierno de Aznar, publicado en La Razón con el título “Curados de espanto” (27/05/2013):

Aznar no es simpático. Desde luego, no tiene la sonrisa en la boca las 24 horas del día como tenía Zapatero mientras en apenas dos años dejaba el país en quiebra. Tampoco Dios le dio la labia de su antecesor, Felipe González, ni su capacidad de seducción en el cuerpo a cuerpo aunque supieras que te estaba vendiendo una burra ciega. Aznar era, y sigue siendo, otra cosa que nada tiene que ver con el arte del fingimiento que tan arraigado está entre una parte significativa de la clase política española. Cuando hace una semana concedió la entrevista a Antena 3 sabía perfectamente que después le iban a llover críticas desde todos los frentes, y que quienes no le perdonan que consiguiera gobernar cuatro años en minoría, con un éxito tan indiscutible que su reelección se produjo por una mayoría como nunca antes había tenido el centro derecha en España, se iban a cebar con sus declaraciones hasta la náusea. Porque algunas de las cosas que se han dicho y escrito en los últimos días sobre el ex presidente sólo se pueden entender desde posiciones sectarias y ese odio africano con el que le llevan distinguiendo desde hace dos décadas algunos de los especialistas en señalar la paja en el ojo ajeno. Los mismos que, cuando España crecía y se creaba empleo, le negaban el pan y la sal, y se situaban detrás de las pancartas en manifestaciones donde se proferían insultos gravísimos contra él y su Gobierno amparados en la impunidad de esa falsedad que asegura la superioridad moral de la izquierda. Al día siguiente de la entrevista con la que los informativos de A3 se apuntaron un éxito periodístico de primer orden, Rubalcaba declaraba su espanto por las palabras de Aznar. Pero la realidad es que mucha gente en España, a pesar de que se nos quiera hacer creer lo contrario con la agitación callejera, está curada de espanto después de los 21 años de gobiernos del PSOE.

¿BUSCAN RAJOY Y AZNAR SU ‘LITTLE BIGHORN’ PERSONAL…?

Si las declaraciones de Aznar tienen continuidad, cosa más que probable dado el carácter del personaje y las circunstancias que le animan -lo de pringar a la familia con el ‘caso Gürtel’ y salvar económicamente al Grupo Prisa desde Moncloa ha sido definitivo-, es obvio que seguirán despertando voces y sentimientos de diferentes registros.

Todos con expectativas interesadas en ver cómo se resuelve su duelo con Rajoy y con reproches cargados de polémica, que están ahí por mucho que se quieran ignorar. Desde la debacle de la economía (con el Gobierno realimentando torpemente el paro y la España asimétrica), hasta el desmán autonómico (siempre en huida hacia adelante), pasando por el problema catalán (y el vasco), la dilución de lo nacional, la batalla siempre perdida del modelo educativo, la corrupción política, el insoportable agobio de la partitocracia, el mal ejemplo de la Corona…

Si Aznar no deja de gallear, cosa improbable hasta que Rajoy (un político cobarde y lánguido, of course) no ponga más aplicación y coraje en la faena de gobierno, habrá pelea con coro mediático incluido. Y quizás con un duelo terminal; pero no al estilo caballeresco de los espadachines llevados al cine por George Sidney (Los tres mosqueteros, 1948; Scaramouche, 1952….), sino al más sangrante de Tarantino en todas sus versiones (Reservoir Dogs, 1992; Kill Bill, a partir del 2003; Django desencadenado, 2012…). O, tal vez peor, al estilo devastador que ilustra el film de Raoul Walsh (1941) Murieron con las botas puestas, con el que los guerreros de diversas tribus indias comandados por Caballo Loco acabaron con el 7º Regimiento de Caballería en ‘Little Bighorn’ (Montana, 1876).

En aquella trágica batalla, este sencillo jefe sioux tuvo bien poco que hacer para vencer al legendario general Custer, que en realidad sólo era teniente coronel: dejar que el irracional temperamento del ‘rostro pálido de largas cabelleras’ le llevara a una muerte anunciada por el penoso planteamiento de la batalla, dividiendo sus fuerzas y desoyendo el sensato consejo de sus compañeros de armas. Un ejemplo que ya esgrimimos en otra Newsletter dedicada al nefasto Estado de las Autonomías.

Entonces advertimos que las autonomías tendrán que morir más pronto que tarde, por fas o por nefas, y acaso aniquiladas como las tropas de Custer. Entre otras razones porque, aparte de la escasa capacidad y visión de sus más interesados y conspicuos valedores -los caciques de la democracia-, son un invento político realmente diabólico, divisionista y de miserable recorrido en el mundo actual, y menos todavía en el que se avecina.

De hecho, sostuvimos que lo más procedente sería acabar con las autonomías mediante una eutanasia política consensuada por los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, sin torturas ni sufrimientos inútiles y evitando con ello una masacre similar a la que se produjo en ‘Little Bighorn’. Aunque para eso haría falta una inteligencia y una grandeza de miras que la actual clase política no tiene ni por asomo.

Tras otras diversas consideraciones sobre el absurdo autonómico, también nos preguntábamos cuál debería ser el papel a jugar por Rajoy en aquella suerte de comparación. ¿El de Caballo Loco (Anthony Quinn), que arregló dignamente su propia cuenta con la historia, o el del general Custer (Errol Flynn), que finalmente murió con sus botas puestas y embarradas, con su preciosa cabellera arrancada y con más pena que gloria…?

Pero entre las dos opciones del presidente Rajoy para lidiar la brutal crisis general del momento (su personal ‘Little Bighorn’, que también puede serlo de Aznar), ganarla sin piedad como ‘Caballo Loco’ o sucumbir aniquilado como Custer, porque él es quien se enfrenta directamente al problema y quien dispone de los medios para resolverlo, también cabría una postura inteligentemente disuasoria de males mayores.

La de tomar las medidas inmediatas que activen la economía productiva, despoliticen las instituciones públicas, adelgacen el Estado, regeneren el escandaloso funcionamiento de los partidos políticos, repongan en todas sus vertientes la legitimidad del sistema democrático, extirpen de raíz toda la podredumbre que hoy envuelve nuestro sistema de convivencia... Y algunas cosas más que constantemente le sugieren al presidente Rajoy compañeros de partido que tampoco son los más tontos de la clase, como José María Aznar o Esperanza Aguirre.

Una decisión que bien podría inspirarse en el diálogo previo a la escena de la batalla final en ‘Little Bighorn’. Cuando el ex sargento Ned Sharp (Arthur Kennedy), un despiadado especulador que se enriquece vendiendo alcohol a los soldados y armas a los indios, pregunta receloso a Custer “¿A dónde va el Regimiento?”, éste le responde: “Al infierno o a la Gloria. Es cuestión de puntos de vista…”.

Pues eso, a espabilar. Porque si finalmente Aznar se encara el fusil y le da al gatillo, con el consiguiente fuego cruzado de réplica, difícil será que el Gobierno no termine enterrado con las botas puestas, y el PP también.

Quede claro que el adjetivo ‘felón’ incluido en el título de esta Newsletter se utiliza sin ánimo injurioso y en su expresión referida a quien comete una mera deslealtad política; su antónimo es ‘leal’ o ‘fiel’. Y que ‘Rey Felón’ tiene su antecedente más conocido en las referencias históricas a Fernando VII (1784-1833), quien como Príncipe de Asturias fue llamado El Deseado y, ya entronizado, El Felón: sería, de cualquier forma, el rey peor enjuiciado de la historia de España.

El paralelismo entre la cambiante percepción social del ‘felón’ Fernando VII y, salvando las distancias, la del ‘felón’ Alberto Ruiz-Gallardón, tiene su último apoyo en una de las sugerentes crónicas de Raúl del Pozo sobre el ‘caso Bárcenas’ titulada “Tercer Hombre: Bárcenas tiene los papeles”, publicada en su habitual columna de El Mundo (17/05/2013). En ella, aparte de continuar desvelando aspectos ciertamente comprometedores sobre la trama de financiación ilegal del PP y los pagos en dinero negro que durante años han podido recibir sus más altos dirigentes, que tienen a la actual cúpula del partido con el agua del descrédito ciudadano al cuello, deslizaba una operación política en curso quizás mucho más ilustrativa de su agitada situación interna.

Se trata, nada más y nada menos, que del reconocido empeño de Ruiz-Gallardón, criticado como ningún otro ministro de Justicia, por acceder a la Presidencia del Gobierno, desplazando a Mariano Rajoy y ocupando su sillón al frente del Consejo de Ministros. El veterano Raúl del Pozo, pluma informada y afilada, lo enjareta de esta forma: “(…) Mientras saborea el vino de ‘Juanito Perdigón’, el TH [el Tercer Hombre] me explica que los papeles [de Bárcenas] están más vivos que nunca y que el principal interesado de que sigan vivos es Gallardón, porque de confirmarse su autenticidad, Rajoy, Arenas y otros dirigentes estarían liquidados. Sólo quedaría Alberto, apoyado por Aznar, por eso Rajoy ha enviado al ex el siguiente mensaje: si sigues enredando con Alberto le voy a dar un puntapié a tu mujer en la alcaldía. El otro día en FAES Aznar le dijo a un célebre economista: la solución es Alberto”.

LA ‘SOLUCIÓN ALBERTO’ Y EL ‘PUNTAPIÉ A ANA BOTELLA’

En diciembre del año pasado, ElEspíaDigital.Com advertía la posibilidad de que, si se confirmaba un reajuste del Gobierno en los primeros meses de 2013, finalmente frustrado por la escasa inclinación de Rajoy a realizar cambios de cualquier tipo, la defenestración del ministro Ruiz-Gallardón estaría cantada, no por su torpe enfrentamiento con jueces y fiscales, que sería más que suficiente, sino por auto-promocionarse como sustituto del actual jefe del Ejecutivo, al corte de un “Monti español”, justo cuando en Bruselas se contemplaba la posible intervención de España.

Coincidiendo con aquel apunte ‘confidencial’ del pasado 2 de diciembre, El Mundo publicaba una amplia entrevista de Victoria Prego a José María Aznar en la que el ex presidente reconocía -con indudable inteligencia pese a quien pese- el angustioso calado del problema político de España, poniendo en evidencia la incapacidad de Rajoy para comprender y afrontar la crisis en su realidad global (ver la Newsletter titulada “Aznar, el problema político de España y la incapacidad de Rajoy para afrontarlo”).

La entrevista llevaba a portada un titular puesto en boca del propio Aznar tremendo (“Sufro observando a España”), y se iniciaba con otra afirmación que, a modo de subtítulo, envolvía una demoledora crítica tácita de la miopía con la que Rajoy pretende atajar la metástasis autodestructiva del país, de forma ciertamente estéril: “Es imposible afrontar la crisis económica sin afrontar la crisis política”. Además, el ex presidente deslizaba este amago o conato de postulación: “Estoy siempre al servicio de mi país, pero no para hacer cualquier cosa. No puedo decir si estoy disponible o no”. Estaba claro que la “solución Alberto”, o cualquier otra maniobra para poner a Rajoy en su sitio, ya latían intramuros del PP. 

De hecho, apenas un mes después se volvería a apuntar en esta misma web la estrategia trepadora del actual ministro de Justicia, evidenciada con el tejemaneje que, tras el ‘caso Divar’, suponía poner a un socialista al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (“El Gobierno solivianta a la Justicia, soporte vital de la libertad y la democracia”):

(…) Más allá todavía, y según se ha rumoreado en medios informados de la Unión Europea tras los comentarios que el propio Ruiz-Gallardón habría deslizado ante algunos de sus mandatarios más significados, no cabe desechar la idea de que, en un momento crítico dado, aspire a postularse (o a que le postulen) como “el Monti español”; es decir, como un presidente de Gobierno transitorio y de consenso político, sin necesidad de convocar elecciones legislativas anticipadas. Caso en el que su particular relación con el PSOE allanaría el terreno y los pactos parlamentarios necesarios.

De esta forma se entiende también que fuera un candidato del PSOE, Gonzalo Moliner, el que se alzara con la presidencia común del CGPJ y el TS, nombramiento muñido, como hemos dicho, por dos peones de Alfredo Pérez Rubalcaba (Soraya Rodríguez Ramos y Antonio Camacho) y el “segundo” de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia (Fernando Román)...

Pero, todavía más, ese texto anticipaba a continuación la misma sospecha de conexión entre Ruiz-Gallardón y la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’ El País después (ahora) señalada de forma precisa por Raúl del Pozo: “Por otra parte, parece que en el cuartel general del PP (Génova 13) ya se ve con recelo la especial relación de ‘confianza’ que Ruiz-Gallardón mantiene con ‘El País’, y en concreto con algún redactor de lo publicado sobre las ‘fotocopias de Bárcenas’ (dos días antes de dicha explosión informativa se les vio comiendo juntos en un restaurante navarro muy próximo a la sede central del PP, ‘La Manduca de Azagra’, en la calle Sagasta 14), lo que hace pensar que, cuando menos, el ministro de Justicia sabía lo que se estaba cociendo periodísticamente, guardándolo para sí…”.

Claro está, que, como comenta Raúl del Pozo en su implacable seguimiento del ‘caso Bárcenas’, las evidencias que conectan la ‘solución Alberto’ con el reducto de los Aznar-Botella y con el malestar generado en el entorno de Rajoy, están ahí. Y confirman el entendimiento político y personal existente entre la alcaldesa madrileña y el ex alcalde que la apañó el puesto por la puerta de atrás.

Para empezar, no parece casual que el debate sobre la candidatura a la Alcaldía de Madrid, con unas elecciones de fecha fija a celebrar nada menos que en mayo de 2015, se haya abierto de forma tan prematura y desairada para quien, hoy por hoy, preside la Corporación Municipal. Incluso antes de celebrarse los comicios más inmediatos para la renovación del Parlamento Europeo, previstos en mayo de 2014 y de muy difícil digestión para el PP.

Y tampoco puede pasar desapercibida la inmediata defensa de Ana Botella que en ese contexto del ‘puntapié’ ha hecho el ‘felón’ del caso. Con ocasión de la entrega de las Medallas de Madrid en la festividad de San Isidro, y cuando todas las encuestas vaticinan la pérdida de la mayoría electoral absoluta en la ‘Villa y Corte’ (hasta ahora un excepcional almacén de votos del PP), el ex alcalde no dudó en sentenciar: “Tenemos la mejor alcaldesa de Madrid que podríamos tener, que es Ana Botella y, por lo tanto, cuando uno tiene lo mejor, hacer especulaciones no conduce a nada”. Ahí queda eso…

UN PEQUEÑO APUNTE SOBRE UNA AMBICIÓN GRANDE

El idilio político de Ruiz-Gallardón con Ana Botella tiene todas las trazas de ser una expresión más de su personal ambición política. En 2003, recién elegido alcalde de la capital del Reino tras haber presidido la Comunidad de Madrid durante dos legislaturas seguidas (1995 a 2003), y cuando el Aznar entonces presidente del Gobierno anunció que renunciaba a optar a una tercera reelección, aupó a la inexperta concejala Ana Botella a toda una segunda tenencia de alcaldía, cargo de su máxima confianza, tutelando además en directo su maduración política al frente de la Concejalía de Empleo y Servicios Ciudadanos.

En las elecciones municipales de 2007, y también por el atajo ‘digital’, Ana Botella ya pasó a ocupar el número dos en la lista del PP, sin duda con el objeto de desarrollar la misma operación sucesoria que, al perder Rajoy las elecciones generales de marzo de 2008, se tuvo que retrasar hasta el 2011. Se trataba, en definitiva, de sentar a Ana Botella en la Alcaldía de Madrid al socaire de la histórica mayoría municipal del PP y a la sombra de Ruiz-Gallardón, sin tener que medir su capacidad electoral y su registro político enfrentada ‘cuerpo a cuerpo’ con los demás candidatos y sin el riesgo de ser destrozada en la campaña correspondiente.

Un objetivo de sucesión diseñado como un traje a medida, alcanzado por fin el 27 de diciembre de 2011 en paralelo con el salto de Ruiz-Gallardón al Gobierno de Rajoy, que como buena conjura política no tendría que quedar ahí ni romper su continuidad. Porque ¿acaso Ana Botella no podría ser ministra, o incluso vicepresidenta, en un hipotético Gobierno de Ruiz-Gallardón apoyado por el ex presidente Aznar…? Y ¿quién puede dudar de que, con Rajoy descabalgado del poder, el adaptable Ruiz-Gallardón no se va a convertir inmediatamente en el paradigma del “aznarismo”…?

Lo cierto y preocupante es que el dedo de Aznar nominó a Rajoy en 2004 como candidato del PP a la presidencia del Gobierno y que, ahora, como sostiene Raúl del Pozo, parece que el mismo dedo apunta la ‘solución Alberto’. Un desatinado refrán español dice que “un clavo saca otro clavo”; pero lo suyo es sacarlo con tenaza y que el PP no vuelva a tropezar en la misma piedra del candidato nefasto, porque si el actual presidente del Gobierno anda a patadas con la crisis, el ambicioso y despótico ‘felón’ que le está moviendo la silla la convertiría ipso facto en faraónica.

Paréntesis: A remolque de la manifiesta incapacidad de Rajoy para afrontar la crisis en su dimensión real y con la necesaria eficacia, parece que Aznar ha madurado su posible reaparición política, aunque no tengamos claro todavía en qué condición: candidato del PP en las próximas elecciones generales, promotor de la “solución Alberto”, mero azote de Rajoy... Lo evidente es que la meditada y estelar entrevista que concedió a Antena 3 el pasado 21 de mayo, puso en cuestión el liderazgo interno del PP; algo que algunos analistas consideran de gran trascendencia política e, incluso, un ‘golpe de mano’ de bandera propia contra el Gobierno de Rajoy…

RETRATO DESCARNADO DE UN POLÍTICO DE ‘DOBLE VIDA’

Mucho y con no poca mala leche se ha escrito sobre Alberto Ruiz-Gallardón en medios informativos de todo signo político, aunque todavía sean más ácidas las invectivas que ha recibido de conocidos periodistas radiofónicos, afincados incluso en medios ultra conservadores, quizás por eso de que “las palabras se las lleva el viento”, o por lo de “al mal amor, puñaladas”. Por ejemplo, las de Federico Jiménez Losantos reiteradas con insistencia en la Cadena COPE y a propósito de la posición política adoptada por el entonces alcalde de Madrid en relación con el atentado terrorista del 11-M, aunque en ese caso concreto terminaran tipificadas como injurias graves con publicidad en el procedimiento judicial que le interpuso el afectado (se adjunta la sentencia correspondiente para la información más objetiva de los lectores).

Un ejemplo significativo de la valoración periodística que merecía Ruiz-Gallardón en su mejor momento político, tras haber obtenido una segunda mayoría absoluta como alcalde de Madrid, es el artículo publicado por Juan José Millás en El País (26/08/2007) justo con el título “La doble vida de Ruiz-Gallardón”. Siendo su contenido de especial relevancia en el contexto de nuestro análisis, merece la pena leerlo en su integridad:

Si unos extraterrestres de derechas hubieran diseñado un Caballo de Troya para invadir la Tierra, les habría salido Ruiz-Gallardón, pues lo que a cualquiera (excepto a Bush) se le ocurre antes de ocupar un territorio ajeno es estudiar sus costumbres, su historia, su idiosincrasia (qué rayos querrá decir idiosincrasia), así como las debilidades de sus habitantes. De acuerdo con tales estudios, la organización más sólida de este planeta es la Iglesia católica, que cumplidos los 21 siglos de existencia sigue dando la lata como el primer día. ¿Y cuál es su secreto, se habrán preguntado los marcianos? Muy sencillo: predicar cosas distintas y hasta contradictorias según la dirección del viento o las necesidades del estómago. Por eso en unos sitios la Iglesia es partidaria de la pena de muerte, mientras que en otros se escandaliza por la existencia del aborto. Por eso predica la pobreza desde un trono de oro. Por eso es capaz de manifestarse a favor de la libertad al tiempo que da cobertura moral a asesinos declarados como Pinochet, o Franco, o Videla. Cuando los seres humanos ven fuera las contradicciones que llevan dentro, se enamoran. A todos nos gustaría ser de forma simultánea personas de orden y sinvergüenzas recalcitrantes, señores y truhanes, prosistas y poetas, y eso no lo ha logrado nadie con la finura de la Iglesia, que da trabajo a banqueros teologales, a obispos castrenses y a curas comunistas. Cabe de todo en ella, pues lo que no se vende en la primera planta se vende en la segunda, y lo que ni en una ni en otra, en Oportunidades. 

Con este modelo antropológico en la cabeza, los extraterrestres pusieron manos a la obra intentando concentrar en un solo individuo toda la compleja y sutil maquinaria del Vaticano. Necesitaban, pues, que su Caballo de Troya hiciera el bachillerato en los jesuitas (si buscas el término jesuita en un diccionario de sinónimos aparecen las siguientes alternativas: hipócrita, falso, doble, sibilino), y que después estudiara Derecho, que es una carrera de orden, y más tarde hiciera oposiciones a fiscal, ocupación que garantiza un sueldo hasta la muerte. Todo en un tiempo récord, pues a los 23 años Ruiz-Gallardón había tomado ya posesión de su puesto en la Audiencia Provincial de Málaga, donde enseguida (¡deprisa, deprisa!) pediría la excedencia para dedicarse a la política. Su biografía era perfecta desde cualquier cabeza biempensante, extraterrestre o no. Convenía, para completarla, que el joven político militara en las juventudes de AP, que fueron la versión ‘Neandertal’ del PP, al que Aznar retrotraería luego al ‘Australopiteco’. 

Tenemos, pues, a un Ruiz-Gallardón joven, guapo, abogado, fiscal y con profundas raíces familiares en el franquismo (está casado con la hija de un ex ministro del general asesino), virtudes a las que añade un catolicismo practicante y un verbo untuoso, cuyo ADN coincide al 100% con el de los portavoces de la Conferencia Episcopal. Para que el pastel eclesial estuviera completo, sólo faltaba añadirle algunos ingredientes contradictorios, como el de ser demócrata o el de estar a favor del aborto, del divorcio y de los matrimonios entre homosexuales. De este modo, la derecha vergonzante le votaría por parecer de izquierdas, y la izquierda retraída, por parecer de derechas. 

Todo era perfecto. Allá donde el joven fiscal en excedencia iba, triunfaba simultáneamente como hombre profundamente conservador a la vez que radicalmente progresista. Si en un discurso convenía citar a Vallejo o a Azaña, los citaba. Si quedaba bien que le gustara la ópera, le gustaba la ópera. Si vestía tener una consejera de izquierdas, ponía a una consejera de izquierdas al frente de Cultura, que no hace daño a nadie. Uno de los años de sus numerosos mandatos felicitó las pascuas con una cita de Rilke que decía: “El que ha osado volar como los pájaros, una cosa debe aprender: a caer”. 

Todas estas historias daban la imagen de un tipo culto, sentimental, incluso sensiblero, que ganaba elecciones como el que hace rosquillas. Pero junto a este Ruiz-Gallardón que enamoraba a madres e hijas marcianas por igual, aparecía otro terrible: aquel, por ejemplo, que en la noche electoral del 6 de junio de 1993, una vez confirmada la cuarta victoria consecutiva del PSOE en las elecciones generales, se manifestó en rueda de prensa, junto a Javier Arenas Bocanegra, para denunciar, en una maniobra brutalmente desestabilizadora un ‘pucherazo’ electoral. Se cuenta que el propio Rey tuvo que llamar a José María Aznar para que pusiera orden en el seno de sus filas. Quienes tenemos razones históricas para temer a la derecha de la que procede gran parte del PP, no lo olvidaremos jamás. Pero tampoco conviene dejar de lado a aquel otro Gallardón pelota que, con tal de agradar a su jefe, confeccionó una carrera política completamente absurda a Ana Botella, de la que llegaría a decir, para justificar su ignominiosa acción, que era una rebelde. 

Quiere decirse que los extraterrestres se han pasado de rosca. Tal cúmulo de atributos discordantes puede resultar verosímil en una institución, no en una persona física, aunque le hayas fabricado un currículo descomunal. Un día, durante el transcurso de una cena en la que me colocaron cerca de Gallardón, le escuché decir que había que casarse con el Abc y acostarse con El País, lo que resume a la perfección la idea (basada por otra parte en estudios de toda solvencia) que los extraterrestres de derechas tienen de nosotros. 

Pero es que, transcurridos más de cinco años y regresados a la rabiosa actualidad, el incansable captador de los “ruidos de la calle”, Raúl del Pozo, acaba de escribir una crónica titulada “Príncipe o zascandil” (21/05/2013) que sigue situando al personaje en el mismo ejercicio oportunista, siempre al borde de la felonía:

Pocos personajes de las gradas de San Felipe, donde aún puede imaginarse el tinglado y el mentidero de la Corte, han levantado tanta expectación como Gallardón, jesuita y camaleón, el más progre de los conservadores, el eterno delfín de la política española, hasta que llegó al Gobierno Rajoy y empezó a jugar de extremo derecha. Para complacer a esa ala de su partido, que le detestaba, descuidó el centro. Sus alternativas sobre la cadena perpetua, el aborto eugenésico y la justicia gubernamental de pago lo han puesto en la posición teórica de espectro de la derecha-derecha, donde hay líderes y lideresas más fuertes que él.

Alberto ha recuperado el apoyo de las sotanas y ha provocado las protestas de las puñetas. Se ha enfrentado con los jueces del Supremo. Su propuesta de reforma del CGPJ ha sido rechazada por la mayoría de los magistrados, que no quieren oír hablar del vicepresidente fantasma, una especie de comisario de batallón. Los jueces consideran ese vicepresidente como una provocación o una injerencia política, aunque un jurista de reconocido y reforzado prestigio me dice: “Alberto es un incomprendido. Puede haberse equivocado, y eso es raro en él siendo inteligente y fiscal, y puede que haya olvidado que el mundo de las togas es un cachivache que se resiste a los cambios. Tiene gracia que los jueces hablen de comisarios cuando cada asociación de magistrados cuenta con un delegado de partido”. “Gallardón sería un gran personaje de Shakespeare”, ha declarado el actor Peris-Mencheta que interpreta el papel de Marco Antonio, y recita el monólogo que ya es el de Marlon Brando, un excelso discurso sobre la manipulación política. Yo también creo que Gallardón está más cerca de Shakespeare que de Arniches, pero no acierto a encontrar para él máscara o coturno. ¿Es acaso Bruto, que prepara el magnicidio virtual del César? ¿Cayo Marcio Coroliano, el que odia a la chusma inepta? ¿Macbeth, el traidor?, ¿Yago, el malo? ¿Hamlet, el indeciso?, ¿El Príncipe posmoderno o un zascandil, como lo definen en Génova?

Tiene razón el intérprete: cuando ya no nos sirven las frases vacías del protocolo verbal que usan los políticos, hay que recurrir a la originalidad de Shakespeare, capaz de decir algo que calme esas ansias de saber, aunque la originalidad del genio no sea tal. Sin Plutarco no habría Shakespeare. Metió la pluma en “Vidas paralelas”, copió ideas y personajes, mejorándolos. La cultura es una poligamia, aunque los personajes del autor sean de una pieza. En la vida real los seres humanos son más complejos. Gallardón, quizás una síntesis de Marco Antonio y de Bruto, no será nunca un personaje secundario como decidió que lo fuera el director del montaje.

Objeción: En este artículo, yerra la afirmación de que “cada asociación de magistrados cuenta con un delegado de partido”, puesta por Raúl del Pozo en boca de “un jurista de reconocido y reforzado prestigio”: es obvio que al menos dos de ellas, absolutamente independientes, no lo tienen. Como también es obvio que, partidistas o no, todas están enfrentadas al ministro Ruiz-Gallardón…

“CUANDO EL RÍO SUENA, AGUA LLEVA”

Otro refrán español (“Cuando el río suena, agua lleva”), advierte sobre cosas patentes que reclaman atención y no deben ser pasadas por alto, al margen de su posible uso maledicente. Con algo más de sentido filosófico, Luigi Pirandello lo llevó al título de su obra “Así es (si así os parece)”; una aproximación al psicodrama literario que nos anima a considerar seriamente ‘la doble vida de Ruiz-Gallardón’, al estilo de Juan José Millás, o a reconocer al personaje en cuestión como ‘príncipe posmoderno o zascandil’, siguiendo la propuesta de Raúl del Pozo.

Ésta no es una cuestión baladí, porque Ruiz-Gallardón sufre de ambición política mórbida y no cejará hasta alcanzar la Presidencia del Gobierno. Dios nos coja confesados si antes no fenece en el empeño, porque, lejos ya de su antigua imagen de ‘Príncipe Deseado’, hoy se muestra verdaderamente como ‘Rey Felón’ de la derecha española (aunque en la sede central del PP se le conozca, de momento, como El Zascandil).

Muchos y definitivos son los problemas que Ruiz-Gallardón ha cargado sobre sus espaldas en el año y medio consumido de la presente legislatura. Desde la caída progresiva de su valoración social, que ha llegado a límites sin precedentes para un ministro de Justicia, hasta su posible imputación en el ‘caso Urdangarin’ por el pago de 144.000 euros que, bajo su autoridad, hizo la “Fundación Madrid 2016” al duque de Palma por unos trabajos presuntamente ficticios, de los que el juez Castro no encuentra el menor rastro…

Pero lo realmente aterrador de su actitud política es que, si se analizan todas las decisiones ministeriales que ha adoptado y las reformas legales que ha promovido (al margen de las de orden funcional de la Administración de Justicia, que se empeña en perjudicar todavía más), la mayoría de ellas chocan frontalmente con el sagrado muro de la constitucionalidad. Desde el ‘tasazo’, hasta su polémica intención de reformar la vigente Ley Orgánica 2/2010, conocida como ‘ley del aborto’, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas del mismo.

Y pasando, por poner otro ejemplo de exasperación social, por el indulto de un conductor kamikaze condenado en sentencia firma del Tribunal Supremo a 13 años de prisión por lun delito de homicidio (entre otros), defendido por el despacho de abogados (Uría Menéndez) en el que trabaja un hijo del propio ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, que propuso y obtuvo la medida de gracia…

La realidad es que, tras enhebrar un continuado comportamiento político de corte dictatorial y plagado de decisiones claramente cuestionables en un Estado de Derecho, alimentando un insólito y gravísimo enfrentamiento con jueces y fiscales, hasta el punto de haber provocado una huelga sectorial, el ministro de Justicia no ha dejado de mostrase como un peculiar ministro de INJUSTICIA, agujereando el Poder Judicial, que es el soporte vital de la libertad y la democracia, como si fuera un queso emmental. Y, quizás por eso, el mayor empeño de Ruiz-Gallardón no sea otro que parchear su propia y destructiva obra con la politización a ultranza del Tribunal Constitucional, y tratando de aumentar todavía más las del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (la Justice, c’est moi).

En eso, y no en otra cosa, es en lo que está afanado el Excelentísimo Señor Ministro de Injusticia, como el soberbio ‘Caballo de Troya’ que es -caiga donde caiga y caiga quien caiga-, según percibió Juan José Millás con gran finura y anticipación. Lo lleva en la sangre de camaleón impenitente, como asegura Raúl del Pozo, y en el mismo cromosoma partido que tienen todos los asesinos de Montesquieu.

Nada tiene que ver Ruiz-Gallardón con Atila, el poderoso rey de los hunos conocido como ‘el azote de Dios’, aunque llegado el caso podría dejarle en mantillas. Pero no se le puede negar el parecido con Othar, su caballo tarpán, del que dice la leyenda que “por donde pisaba no volvía a crecer la hierba”. Tengamos cuidado, pues, con promover tonterías como la “solución Alberto”, porque el personaje, versión hombre o versión caballo, se las trae.

Tras la fuerte caída en la valoración social de la Monarquía registrada por el Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de Abril de 2013 (Estudio 2.984), con una nota de 3,68 sobre 10, que además de ser la más baja de todos los tiempos muestra una evolución de crecimiento negativo mayor que la de cualquier otra alta institución pública, una nueva investigación demoscópica acaba de reafirmar esa tendencia de forma en efecto preocupante. Sobre todo porque al Rey, que constitucionalmente ostenta la Jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, compete arbitrar y moderar el funcionamiento regular de todo el entramado institucional, que como es público y notorio en algunos casos presenta fallos ciertamente deplorables.

Este nuevo jarro de agua fría vertido sobre la conciencia ciudadana, ya bastante angustiada por la crisis económica y el deterioro general de la política, es el que refleja la última oleada del sondeo periódico que realiza Sigma Dos, con publicación concertada en el diario El Mundo (13/05/2013). Uno de sus resultados más llamativos es la marcada regresión que desde enero de 2012 se viene observando en la valoración social del reinado de Don Juan Carlos de Borbón.

Mientras en aquella fecha una gran mayoría de españoles opinaba que el balance de la Monarquía era ‘bueno’ (el 52,5%) y hasta ‘muy bueno’ (el 23,9%), lo que totalizaba un 76,4% de satisfechos, en mayo de 2013 ese mismo porcentaje ha caído sensiblemente hasta situarse en un 46,3% (el 36,6% estiman el balance ‘bueno’ y el 9,7% ‘muy bueno’). Ello comporta que la insatisfacción, distribuida en un balance ‘muy malo’ (el 9,7%), ‘malo’ (el 11,8%) o ‘regular’ (el 31,3%), alcance ahora al 52,8% de la ciudadanía, es decir a la mayoría absoluta de los encuestados.

Por otra parte, una mayoría todavía más significada (el 82,5%) cree que, no obstante, Su Majestad debe intentar recuperar el prestigio perdido por la Monarquía, mientras una minoría del 14,3% cree que no debería hacerlo (es de suponer que no lo considera importante). En cuanto a la creencia de si podría o no alcanzar dicho objetivo, el 31,1% de los encuestados dan una respuesta afirmativa y el 55,5% negativa…

PRISIONEROS DE LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Claro está que, como ya advertimos en la Newsletter anterior (“Verdades y mentiras de las encuestas políticas”), y al margen de las reservas que se puedan plantear sobre la materia en términos generales, cada estudio demoscópico con afecciones políticas tiene su intríngulis particular. El de Sigma Dos que comentamos, incluye dos ítems realmente significativos al respecto: la abdicación del rey Juan Carlos y la reforma de la Constitución, que son dos objetivos recurrentes en la línea editorial de El Mundo.

En consecuencia, a la pregunta de si el Monarca debería abdicar para que le sucediera el príncipe Felipe o seguir reinando mientras esté en condiciones, un mayoritario 55% opina que sí debería abdicar y un minoritario 37,3% que no debería abdicar y, por tanto, que debería seguir reinando. Además, la encuesta registra otro apoyo colateral a la misma abdicación con una mayoría de encuestados (el 65,4%) que considera la presencia del príncipe Felipe en los actos de significativo interés para España igual de efectiva que la del rey Juan Carlos.

Y, en esa misma coincidencia también con la posición editorial del periódico, otro mayoritario 72,8% cree que dentro de la política de ‘pactos de Estado’ se debería incluir la reforma de la Constitución, frente a un minoritario 18,6% que no lo cree necesario. Como en el caso anterior, también se registra una mayoría de encuestados (el 71,1%) a los que les parece ‘bien’ o ‘muy bien’ que el Rey propicie pactos, acuerdos y consensos, preguntando a partir de esa opinión sobre el de la reforma constitucional.

Así, se evidencia una sutil correlación entre las ideas que promueve el periódico patrocinador de la encuesta y lo que, según quien la realiza (Sigma Dos), opinan los encuestados. Dicho con mayor claridad, todo indica que el medio informativo desarrolla la línea informativa que tiene por conveniente y después se hace de forma ciertamente afortunada con los sondeos demoscópicos que la respaldan (faltaría más).

Lo que pasa es que, cuando, por ejemplo, se compara esta encuesta de Sigma Dos con los resultados del último Barómetro del CIS (abril de 2013), cuyo diseño ofrece muchas más credibilidad por el tamaño de la muestra (2.500 encuestados frente a 1.000) y por realizar las entrevistas de forma personal, en vez de hacerlo telefónicamente, algo chirría en el aparato de la manipulación mediática. Porque si, después de registrar el CIS un suspenso radical en la valoración social de la Monarquía (un 3,68 sobre 10), sólo el 0,9 de sus encuestados considera que dicha institución es uno de los problemas que hoy por hoy más preocupan en España (frente a la masiva y clara identificación que hacen de otros muchos), lo que se está reflejando es una percepción muy clara de su ‘inutilidad’ (la Corona está reprobada, pero, además, a la sociedad eso le importa poco), contradictoria desde luego con el papel ‘mediador’ que ahora le asigna el estudio de Sigma Dos.

Pero la presión mediática no se conforma con el embrollo de la abdicación del Rey (que tendría muy poca justificación institucional) ni con moverle a procurar un consenso sobre la reforma de la Constitución (más justificado). En ese mismo medio, y en algún otro igual de contumaz, se acompañan con un sinfín de ‘recomendaciones’ de amplio espectro, enfocadas sobre la gestión del ‘caso Nóos’, las relaciones en el entorno familiar del Rey, sus intereses y amistades personales, el nivel de transparencia que debe o no debe asumir la Casa Real, su política de comunicación… Realimentando todo ello la controversia pública desatada sobre la propia Monarquía, lo que a su vez introducirá en el Parlamento cargas de tensión inconvenientes durante la eventual tramitación de cualquier iniciativa legislativa que afecte a la Corona…

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD

Lo que analíticamente parece poco rebatible, es que la Monarquía ha venido perdiendo demasiado pie para promover en tiempo y forma convenientes las reformas y el aggiornamento institucional más indispensables, por no hablar de la desatención prestada a su propio desarrollo constitucional. Una cuestión lamentable que ya se trató recientemente en la Newsletter titulada “Las oportunidades perdidas de la Corona”.

Quizás por ello, y sin profundizar en otros errores, ahora ande la Institución Monárquica en boca de todo el mundo, reconduciéndose a remolque de los acontecimientos, sorteando las minas sembradas por sus detractores (y a veces también por los más torpes y conspicuos defensores de la Corona) y, en suma, prisionera de la manipulación mediática, de la que las aplicaciones demoscópicas no dejan de ser una herramienta más.

Ahora, al rey Juan Carlos, que es el pilar en el que, bien o mal, se sustenta la actual Monarquía parlamentaria (ya veremos su afectación en el plano sucesorio), sólo le queda hacer de la necesidad virtud y convertir su pérdida de popularidad en un punto de arranque para recuperar las oportunidades desperdiciadas en lo que debería haber sido un servicio a España y a los españoles con mayor visión de futuro. Y antes que nada en la salvaguarda de la verdadera democracia, en perfeccionar el sistema de convivencia y en el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado, incluyendo la justicia, los partidos políticos, las autonomías…

Referencia: Otto von Bismarck, el político prusiano artífice de la unidad alemana y acreditado exponente del realismo político del siglo XIX, más partidario de los hechos que de las palabras y del trabajo que de los festejos, dejó escrita una idea de proyección histórica y personal que le honra: “El político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación”. ¿Y dónde está el monarca ilustrado y estadista que asegure la España del futuro…? 

Sea como fuere, con tanta torpeza institucional por medio (no sólo analítica y estratégica sino incluso operacional), lo realmente triste del caso es tener que volver a recordar ahora que, en las grandes cuestiones nacionales, los españoles se han mostrado siempre maximalistas antes que posibilistas; es decir, partidarios de las soluciones más extremas en el logro de cualquier fin o aspiración con proyección de Estado.

ABIERTA LA VÍA RADICAL: “O CONMIGO, O CONTRA MÍ”

De hecho, en el debate político, económico y social, el posibilismo se ha llegado a entender incluso como cosa propia de gente timorata, tenida por disolvente y con escasos principios. Dicho de otra forma, la ponderación, ejercida de forma natural, con objetividad y sin complejos, ha sido más propia de una reducida clase social, integrada por muy pocas personas de sobresaliente condición intelectual y humana.

En el otro extremo de las actitudes y comportamientos ciudadanos, el maximalismo, exacerbado desde la revolución francesa (1789), cuando se inicia la edad contemporánea, es el fenómeno que, en gran medida, ha venido realimentando la existencia de ‘las dos Españas’. Una contraposición política y cultural de expresiones infinitas: la España liberal y la absolutista, la del catolicismo y la anticlerical, la monárquica y la republicana, la del ‘bando rojo’ y el ‘bando azul’ en la guerra civil, la de las autonomías y la de la unidad nacional, y hasta la taurina del sol y de la sombra…

Su continuidad histórica es tan acusada que, más allá de su naturaleza enfrentada, conforma un modelo o sistema antropológico de superposición o ‘bipolaridad social’, por el que el pueblo español se muestra, a veces, capaz de aceptar al mismo tiempo cualquier cosa y su contraria, e incapaz de distinguir los límites de la realidad más evidente. El Duelo a garrotazos captado por el genio pictórico de Goya como síntoma nacional, no deja de ser perfectamente compatible con la España más inquisidora y la más ilustrada, o con el grito del “¡Vivan las cadenas!” lanzado en apoyo de Fernando VII por el mismo pueblo al que sojuzgaba, y a quien éste primero identificó como ‘El Deseado’ y, a continuación, como ‘El Felón’.

Paréntesis: “¡Vivan las cadenas!” fue el grito acuñado por los absolutistas españoles partidarios de Fernando VII cuando éste regresó del destierro en 1814, escenificando su recibimiento popular mediante el desenganche de los caballos de su carroza y su sustitución por personas del pueblo para tirar de ella. De esta forma se pretendía justificar la decisión regia de ignorar la Constitución de 1812 y el resto de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz.

La realidad es que nuestra cultura democrática se subordina en buena medida a una máxima indiscutible, más asumida por quienes más poder ostentan: “O conmigo, o contra mí”. De esta forma, el ejercicio de la crítica, en cuanto afecte a los poderes fácticos (sean políticos, económicos, militares, eclesiales…) y al establishment en el que todos ellos se acomodan, no ha dejado de ser ciertamente difícil.

ENTRE LA MEZQUINDAD Y LA GRANDEZA POLÍTICA

Hoy por hoy, y salvo muy escasas y honrosas excepciones, los analistas políticos se limitan a defender o combatir los estrictos intereses partidistas, alineados casi siempre con una u otra de las formaciones con posibilidad de acceder al gobierno de la Nación. Un papel reiterado hasta la saciedad y anclado en el “quítate tú para ponerme yo”, a menudo rayano en el sectarismo y cada vez más alejado también, como la propia política, de la realidad social y de los grandes intereses ciudadanos.

Ese es un triste escenario en el que las cuestiones de Estado realmente sustanciales (las garantías constitucionales, la división de poderes, la justicia social, la educación, la unidad nacional, la política exterior, la lucha contra la corrupción…), se reconducen de inmediato al interés más villano y circunstancial sin grandeza política alguna. En él, cualquier debate sobre la perfección del propio modelo de convivencia es tachado de ‘transgresor’, o cuando menos de ‘políticamente incorrecto’ y condenado a la censura más implacable.

No se puede negar que hubo tiempos próximos en los que el contenido crítico y los recursos dialécticos llenaban la vida pública, hasta el punto de que el rencor o la soberbia arruinaban a menudo la perspectiva política. Ahí están la historia del parlamentarismo anterior a la guerra civil, algunas voces admonitorias alzadas incluso intramuros de la dictadura franquista y hasta el debate periodístico propio de la Transición Española, durísimo precisamente con quienes más hacían entonces por afianzar la democracia.

Pero hoy la situación es bien distinta. Y sonroja comparar, por ejemplo, las duras crónicas políticas y las aguerridas columnas de opinión publicadas durante la presidencia de Adolfo Suárez, cuando la sociedad española en su conjunto procuraba un mejor modelo de convivencia para todos, con el cotidiano periodístico de hoy en día.

¿Qué queda en la prensa actual, por ejemplo, de la tercera página del diario Pueblo dirigido por Emilio Romero y de sus propios ‘Gallos’, redactados a modo de explosiva opinión editorial…? ¿Quién ha heredado el espíritu liberal-combativo que caracterizó al demolido periódico Madrid…? ¿Cómo olvidar la razón política y humanista promovida por Ruiz-Giménez en sus Cuadernos para el Diálogo…? ¿Dónde podríamos recuperar hoy por hoy los fundamentos reformistas perdidos de El País o del Grupo 16…? ¿Acaso alguien ha vuelto a lanzar dardos tan envenenados contra el poder y sus personalidades más significadas como los que a menudo lanzaba la ‘Prensa del Movimiento’ en pleno régimen franquista…?

En el nuevo contexto de conformismo político, sostenido sobre todo por el adocenamiento y el pasotismo informativo, instalado en la subvención y en el favor económico generalizado, la sociedad civil soporta una peligrosa degradación intelectual más allá de la pérdida de sus principios éticos y referentes de convivencia democrática. Una oscura senda que lleva de forma acelerada al progresivo ocaso ciudadano, contaminado por la falta de principios y valores éticos, la corrupción a gran escala y el ahogamiento de las voces críticas, cuya reconducción sólo será posible mediante una revisión global del sistema de interacción social.

Si la ciudadanía diese por bueno el pancismo institucional que caracteriza la política del momento, se sometiese gustosa a la ya insoportable ‘dictadura partitocrática’ que lo realimenta de forma vergonzosa y aceptase sin más sus mecanismos de manipulación social, quizás no merecería la pena plantear siquiera las razones de la crítica, el valor de la intelectualidad o la esencia de nuestra propia libertad. Pero sucede que hay grupos de personas, sin duda prevalentes en la condición humana, que no se acomodan, ni tienen por qué hacerlo, al dominio de las oligarquías políticas y de los denominados ‘poderes fácticos’, posición a contrario sensu que deberíamos reconocer y valorar debidamente…

Este tipo de actitudes sociales, que en el caso que nos ocupa se referirían a la aceptación o rechazo de la actual Monarquía parlamentaria (quiérase o no heredada del franquismo), es el que, lejos del maximalismo con el que se suele impregnar el debate nacional, nos lleva a encabezar esta Newsletter precisamente con el título “Monarquía sí, Monarquía no”, en clave de futuro y sin inclinaciones argumentales apriorísticas.

Antes que reavivar el viejo enfrentamiento entre Monarquía y República, lo que a todos debería preocuparnos en estos momentos, incluida la Corona, es revisar una herencia política impuesta generacionalmente (en algunos aspectos sin duda cuestionable y también cuestionada), en consonancia con la ortodoxia constitucional, la dinámica del desarrollo social y los principios del entendimiento democrático. Y contemplando no pocas críticas políticas y todas las vías de manipulación que subyacen en el texto constitucional, alcanzando en algunos aspectos a la propia Institución Monárquica y a la actual organización del Estado.

El reto inmediato de la clase política de cara al futuro más inmediato, no es otro que afrontar una reforma constitucional profunda, desarrollando el Título II de la Carta Magna con la necesaria ‘Ley de la Corona’, refundando de forma razonada y razonable el Estado de las Autonomías, reconduciendo los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en el sentido de independencia y contrapeso que les dieron los padres de la Ilustración y reformando el sistema electoral y de partidos políticos para devolver a la ciudadanía la auténtica impronta de la democracia.

Claro está que eso significa subordinar la mezquindad a la grandeza política y que quienes titulan la Corona, el Gobierno y la Oposición se muestren como auténticos estadistas. Algunos reyes españoles lo fueron y ahora, en otros tiempos, con otros medios y de otra forma, Don Juan Carlos de Borbón haría bien en seguir sus pasos y hasta dejar la vida en el empeño si fuera menester, porque de otra forma, quiérase o no seguiremos en lo de ‘Monarquía sí, Monarquía no’, ‘Monarquía versus República’ y cosas mucho más ácidas. El Rey no gobierna, pero reina, y eso tiene un recorrido que, como todo en la vida, se puede andar hacia el infierno o hacia la gloria; y en eso estamos.

LECCIONES EJEMPLARES EN LA FORJA HISTÓRICA DE ESPAÑA

Quizás, un buen colofón a estos comentarios sobre el presente y el futuro de la Monarquía (incluido el lastre que para la Corona supone la implicación de la Familia Real en el ‘caso Nóos’), y sobre el papel que ha desempeñado y debe seguir desempeñando el rey Juan Carlos en la historia de España, sería el de recordar el gesto de honor y sacrificio que en 1294 protagonizó don Alonso Pérez de Guzmán en el sitio de Tarifa.

Siendo alcaide de la plaza, que hubo de defender frente al asedio al que la sometió el sultán benimerín Ibn Ya’qub, conjurado con el infante Juan, que había traicionado a su hermano (el rey Sancho IV), fue amenazado con ver degollado a su propio hijo -rehén de los sitiadores- a pie de la muralla tarifeña, si no la rendía antes de la llegada de la flota aragonesa que terminaría rompiendo el cerco. Dicen los textos más legendarios que entonces, además de no rendirse, lanzó a sus enemigos su propio puñal para que cumplieran la vil amenaza, heroicidad que le valió el sobrenombre de ‘El Bueno’.

La discusión acerca del carácter moral de la opción tomada por el defensor de Tarifa y fiel servidor de su rey, antes que por el padre desesperado, no tiene sentido siete siglos después. Pero este episodio documental muestra, en cualquier caso, la lealtad y la ejemplaridad de Guzmán ‘El Bueno’ como modelo de guerrero castellano del siglo XIII y forjador de la España que hoy conocemos.

Junto al suceso de Tarifa, otros muchos acontecimientos marcan la estela de la épica nacional, a la que el rey Juan Carlos en modo alguno debería sentirse ajeno. Sobre todo en un país en el que las ‘gestas’ y los ‘gestos’ siempre han cotizado al alza.

Dando en el tiempo nada menos que un salto de siete siglos, sin ánimo de reabrir heridas fratricidas ni complejos ante la realidad histórica, cabe citar igualmente, le duela a quien le duela, el ejemplo de sacrificio responsable del coronel José Moscardó durante el asedio que sufrió el Alcázar de Toledo en la guerra civil. Allí, él también supo anteponer la grandeza moral como defensor de una posición militar a punto del exterminio a su condición de padre conminado a rendirla bajo la amenaza de fusilar a uno de sus hijos…

Habrá, sin duda, otros muchos ejemplos para ilustrar la entrega y la rectitud personal necesarias ante situaciones límite en las que se confrontan sentimientos e intereses cruciales, pero los dos citados muestran perfectamente las exigencias que en ocasiones impone la historia. Como titular de la Corona, es decir como Rey y Jefe del Estado, Su Majestad sabrá, ahora, hasta dónde debe amparar o no, a la infanta Cristina y su consorte, porque eso va a marcar también el futuro de la Monarquía.

ÚLTIMAS APOSTILLAS CRÍTICAS SOBRE LA CORONA

Finalmente, frente a la evidente y desproporcionada campaña desatada en las últimas semanas por el aparato de ‘comunicación y propaganda’ oficial para que la Corona recupere la imagen social perdida en los últimos tiempos (así funciona el Gobierno y esas son sus prioridades), y en buena medida alentadas por ella, también comienzan a crecer los análisis críticos -y cada vez más combativos- de columnistas que hasta ahora no habían mostrado mayor agresividad al respecto.

Dos de ellos, Antonio Elorza y Manuel Molares, han enfilado sus últimas crónicas con buenas formas pero con argumentos de grueso calibre contra la Institución Monárquica, justamente al hilo del mosqueo social que están levantan algunos de sus privilegios y comportamientos más reprobables. A nuestro juicio de forma acertada, razón por la que merecen ser destacados.

Antonio Elorza, historiador, ensayista y catedrático de Ciencias Políticas, firma un significativo artículo de opinión en El País (18/05/2013), titulado “Al margen de la ley”, afirmando que, con el auto dictado por la Audiencia de Palma para levantar la imputación de la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, la sombra del privilegio planea sobre España:

Son tiempos de crisis, y no solo económica, sino también de la democracia y del Estado de derecho. Uno de los rasgos más claros en este último orden de cosas es el regreso del privilegio, esto es, la tendencia a constituir en beneficio propio, desde posiciones de poder, un ámbito propio de decisión o normativo, donde se incumple la legalidad vigente. En su “Ensayo sobre los privilegios”, lo definió el abate Sieyès: “Todos los privilegios tienen por objeto, bien dispensar de la ley, bien conferir un derecho exclusivo a algo que no está prohibido por la ley; la esencia del privilegio es estar fuera del derecho común”. Y como en la Europa actual esta recreación del privilegio carece de toda legitimidad, toca a legistas ad hoc calificar torticeramente aquellas situaciones para las cuales, si no en la forma, en el fondo, convenga que la condición privilegiada sea reconocida.

El caso más exacerbado de esta orientación es, en nuestro entorno y sin la menor duda, el del expresidente italiano Berlusconi. Con millones de euros gastados en abogados defensores, y con el uso desatentado de sus televisiones y periódicos, al encontrarse ante el riesgo de condenas en serie, ha decidido pasar por su cuenta a la ofensiva, procesando y condenando a la magistratura. Toda su actuación presionando al Gobierno Letta responde a este fin. El privilegio de su impunidad debe ser la ley. La última escena de “Il caimano” (2006), de Nanni Moretti, resultó profética: el ‘cavaliere’ está dispuesto a asaltar —ya lo ensayaron sus diputados y senadores en Milán— y a incendiar el Palacio de Justicia si la ley le es aplicada.

Sin llegar ni de lejos a tal exceso, y con mucha mayor discreción, la sombra del privilegio planea también sobre otros países europeos, concretamente sobre el nuestro. Basta mencionar el auto de la Audiencia de Palma sobre doña Cristina de Borbón y las reacciones de relevantes autoridades ante el mismo. El fiscal general del Estado “se alegra”, y un ministro estalla de gozo al subrayar que la persona liberada de la imputación “¡es una infanta de España!”. Nada tiene de extrañar el efecto bumerán suscitado, con efectos inevitables sobre el decaído prestigio de la Corona: un 80% de españoles la estiman ya culpable. Los dos magistrados que deciden contra la imputación se mueven en aquel registro, al poner implícitamente de relieve que no están enjuiciando a un ciudadano como cualquier otro —incluido el juez instructor, cuyo trabajo ven aquejado de “debilidad, inconsistencia”—, sino a “la infanta Cristina”, o simplemente “la Infanta”. Actitud reverencial que puede traducirse en una voluntad exculpatoria. De un lado, como subraya el juez Jiménez en su voto particular, al plantear el tema exagerando el significado de la eventual declaración, que “no es la determinación de los hechos que se le imputan”; de otro, al fragmentar el análisis de las posibles pruebas. Por eso pueden concluir que “no hay indicios vehementes” para la imputación. El juez Jiménez se refiere siempre a “doña Cristina de Borbón”: ciudadanía frente a residuos del privilegio (…).

Por su parte, Manuel Molares ha colgado en su Blog, justo al cierre de esta Newsletter, una de sus revulsivas ‘crónicas bárbaras’, titulada “Rey sin fuero”, señalando en ella la conveniencia de que el Monarca renuncie a la ‘inviolabilidad’ de que goza su egregia persona, reconduciendo así de forma ejemplar la abusiva e insólita situación del aforamiento político de nuestro sistema democrático:

En España hay diez mil personas aforadas, a las que si cometen delitos no se les juzga bajo los procedimientos ordinarios, sino que gozan de unos privilegios inexistentes en las grandes democracias.

Los gobiernos españoles tienen además otra prerrogativa pre democrática, la de indultar a quienes han sido condenados.

Hay un aforamiento superior, el del Rey, quien, si tras renunciar al yate ‘Fortuna’ anuncia que rechazará a su aforamiento en la primera reforma constitucional posible, se unirá a la mayoría de los jefes de Estado sin ese fuero: la renuncia sería ejemplar para imponérsela a esa casta de diez mil santones fácilmente corruptibles.

El Artículo 56,3 de la Constitución dice que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, aunque sus actos no serán válidos si no están refrendados por el Gobierno.

Prescindir del aforamiento real es poco complejo, no más que la última “enmienda” constitucional, que incluyó la demanda de la UE de controlar el endeudamiento.

UPyD acaba de presentar una proposición no de ley para reducir al mínimo los beneficiarios de “ese privilegio arcaico”, incompatible con los principios que deben regir los “Estados contemporáneos y democráticos”.

“Lejos de restringirse esta protección, ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes al calor del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la Justicia”.

En el proyecto de ley de Transparencia, que lleva casi un año vagueando, no aparece mención alguna a la desaparición de los fueros que dividen a los españoles entre los de la casta política, y nosotros, los descastados.

“Del Rey abajo, ninguno”, titulaba Rojas Zorrilla su drama sobe el único aforamiento por honor que debería existir, pero en el siglo XIV.

Quizás, el incisivo apunte de Manuel Molares venga al pelo para recordar incluso el manifiesto de las Cortes Constituyentes de 1931, fechado el 26 de noviembre pero cuyo efecto legal sería derogado por el general Franco en plena guerra civil, el 15 de diciembre de 1938, por el que Alfonso XIII era declarado “culpable de alta traición” tras abandonar España al proclamarse la II República. Éste es su texto literal:

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta acusatoria contra don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, dictando lo siguiente:

«Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles.

Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España, y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones».

En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes conducentes a su más exacto cumplimiento, al que coadyuvarán todos los ciudadanos, tribunales y autoridades

Escrito está. Y lo que toca esencialmente en estos momentos, en los que se ha levantado el tabú de reprobar a la Corona, es que tanto el Rey como el Príncipe Heredero decidan si desean titular una Monarquía de súbditos (sumisos al privilegio regio) o de ciudadanos (súbditos del Estado), y lo pongan en negro sobre blanco antes de que sea demasiado tarde. De momento, vienen de donde vienen (de la renuncia de Alfonso XIII, la imposición de Franco y la voluntad del pueblo español al aprobar la Constitución de 1978) y siguen en donde estaban… con todas sus consecuencias.

Vaya por delante que en esta Newsletter no se pretende cuestionar en modo alguno la ciencia estadística, ni tampoco las técnicas de investigación demoscópica, aunque desarrolladas con el adecuado rigor profesional no dejan de ser un instrumento más de lo que se ha venido en definir como el “arte de la decisión en presencia de incertidumbre”.

Al presentar Ernst F. Schumacher el campo específico de la estadística en su libro de 1973 “Lo pequeño es hermoso” (Small is beautiful), considerado uno de los más influyentes publicados desde la Segunda Guerra Mundial, convino en hacerlo de esta ingeniosa y también interesada forma:

“Cuando Dios creó el mundo y la gente -una empresa que, de acuerdo a la ciencia moderna, tomó un largo tiempo- razonó así: “Si hago todo anticipable, los seres humanos, a quienes he dotado de buenos cerebros, aprenderán a predecir todo y no tendrán motivos para trabajar, pues se darán cuenta que el futuro está totalmente predeterminado y que no puede ser influido por acciones humanas. Por el contrario, si hago todo impredecible, descubrirán gradualmente que no hay bases racionales para las decisiones y, como en el primer caso, no tendrán motivos para trabajar. Ninguno de los dos esquemas tiene sentido. Debo crear una mezcla de ambos. Sean algunas cosas predecibles y otras impredecibles. Ellos tendrán así, entre otras muchas cosas, la tarea de descubrir cuál es cuál”.

Así, Schumacher (prestigioso economista de gran influencia en la década de los setenta), vino a decir metafóricamente que la estadística nos permite explicar las condiciones regulares en los fenómenos de tipo aleatorio, que, en efecto, componen buena parte de nuestro mundo.

Sin necesidad de profundizar en la formalidad estadística, bien referida a su rama ‘descriptiva’ o a la ‘inferencial’ (y menos aún a la ‘matemática’), y yendo directamente a la cuestión que nos interesa, sí que conviene señalar que uno de sus usos más conocidos (aunque no sea el más importante) se observa en la realización de encuestas sobre actitudes y opiniones políticas. Aplicación que pretenden determinar la realidad afecta a toda una población o grupo social, mediante entrevistas realizadas a una muestra reducida y representativa del universo correspondiente.

LA MANIPULACIÓN DEMOSCÓPICA EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA

Nadie ha cuestionado seriamente la labor de los institutos que se dedican a la investigación mercadológica, hoy imprescindible en la planificación del marketing empresarial en todas sus aplicaciones, entre otras cosas porque su inapropiado desarrollo quedaría en contradicción con la realidad del mercado y por tanto desprestigiado rápidamente a nivel clientelar. Sin embargo, cuando la investigación tiene proyección política y su patrocinador (el pagador de la factura de forma directa o indirecta) es un ente vinculado a intereses de partidos políticos, con independencia de cómo se termine utilizando su resultado (en general para crear estados de opinión pública a través de los medios de comunicación social), la cosa cambia de forma radical, hasta llegar a convertirse en un instrumento más de alienación social.

Para empezar, el propio sector dedicado a la realización de estas encuestas políticas tiene perfectamente asumida la permisividad de manipular su diseño y resultados ‘a medida del cliente’, en un claro ejercicio de mala praxis profesional, porque viene impuesta por quien encarga el trabajo; hasta el punto de dar por descontado que en esos casos se suelen preparar dos informes del mismo: uno de uso interno, con los resultados reales obtenidos, y otro con los ‘maquillados’ para su difusión pública. Y eso en el mejor de los supuestos, porque en el peor se puede llegar a tratar simple y llanamente de una encuesta falsa.

Este ejercicio de manipulación demoscópica es de tal calibre que ya es fácil detectar empresas de asesoramiento político con departamentos dedicados sólo a realizar encuestas falsas y a la ‘invención’ de estados de opinión; de hecho. Claro está que, como sucede en otros ámbitos de la corrupción política bien conocidos, el fenómeno es posible sólo porque detrás de cada corrupto siempre hay un corruptor.

DIME QUÉ Y CÓMO PREGUNTAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES

La cuestión es que toda mentira necesita una cierta pátina de veracidad para que sea creíble, por lo que no es inusual, ni mucho menos, que las encuestas políticas incluyan partes solventes que enmascaren o disimulen las insolventes. Hasta el punto de que, a menudo, en ellas se preguntan cosas que a la mayoría de los ciudadanos les traen sin cuidado (cuestiones intrascendentes que entonces se suelen tratar sin trampa ni cartón), mientras que en la misma encuesta se deja de preguntar lo que pueden considerar realmente sustancial o trascendente o, si se pregunta, las respuestas duermen el sueño de los justos guardadas en la caja fuerte del cliente.

Y ahí, en lo que se pregunta y lo que se deja de preguntar, es decir en la efectividad real del proceso de intercomunicación entre los gobernados y gobernantes, está la primera gran manipulación de las encuestas políticas. Un ejemplo bien palpable de esta primera triquiñuela con el manejo del cuestionario se tiene, no ya en las encuestas ‘privadas’, sino en las ‘públicas’ que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Por ejemplo, cuando en octubre de 2011 las encuestas del CIS evidenciaron que el desprestigio de la Corona iba en serio (entonces obtuvo el primer suspenso), en su Barómetro se excluyó a la Monarquía del ítem de valoración pública de las instituciones hasta que la trampa trascendió en sí misma como patética y socialmente mucho más perjudicial que la propia calificación. Ahora, en el Barómetro de Abril de 2013 (Estudio 2.984), los españoles le dan la nota más baja de su historia: un 3,68 sobre 10 (más de un punto por debajo de su anterior suspenso obtenido hace un año y medio, con la mayor caída de imagen registrada por cualquier institución del Estado en ese mismo periodo), lo que valida el argumento de la manipulación de las encuestas ‘por omisión’, en base a lo que no se pregunta (o se oculta) en ellas. 

El nuevo suspenso coloca a la Monarquía por detrás de la Guardia Civil, la Policía y las Fuerzas Armadas, que son las tres únicas instituciones que aprueban. Y por detrás incluso de los Medios de Comunicación (que ya es decir) y el Defensor del Pueblo, que suspenden pero con notas superiores, un 4,79 y un 3,94 respectivamente, lo que no deja de ser significativo si consideramos que el Rey también es el Jefe del Estado, con la competencia constitucional nada menos que de arbitrar y moderar el funcionamiento regular del conjunto de las instituciones públicas.

Los tiempos en que la Monarquía era la institución mejor valorada quedan ya muy lejos, y esa preocupante realidad es la que ha querido manipular el CIS ‘omitiendo’ durante demasiado tiempo las preguntas precisas para medir esa evolución. En diciembre de 1995, los españoles le asignaban un notable (7,48), a mucha distancia de la segunda institución que entonces más confianza inspiraba (el Defensor del Pueblo), nota que en febrero de 1998 bajó a un 6,72 y en 2006 a un 5,19, alcanzando como hemos dicho su primer suspenso en octubre de 2011. Cuestión grave que no volvió a tener ningún otro contraste en la demoscopia pública, porque así lo quiso el Gobierno, hasta que la protesta política obligó a preguntar de nuevo sobre la Monarquía, permitiendo conocer su recaída en valoración de confianza en abril de 2013.

Pero, siguiendo con este mismo ejemplo (de manipulación de las encuestas en base a qué y cómo preguntar), imagínense los lectores que habrían podido contestar los encuestados por el CIS, inmersos en el maremágnum de la crisis y en el actual clima de corrupción política, a la pregunta de si el Rey ha cumplido o no sus funciones concretas como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (una función in vigilando del sistema democrático). O si se les hubiera preguntado directamente sobre la utilidad o inutilidad de la Monarquía…, dado que gracias a otras encuestas ya sabemos que la mayoría de los españoles consideran, por ejemplo, que el Senado es una institución manifiestamente inútil.

Sobre la manipulación particular del cómo se pregunta (y también del para qué se pregunta), habría que explicar por qué extraña razón cuando ya se ha obtenido una respuesta concreta sobre algo muy concreto, se repregunta más o menos lo mismo, pero de otra forma, para después cocinar las conclusiones que convengan en vez de dejar las cosas tal y como han sido naturalmente contestadas. Porque, como se suele hacer en las encuestas no políticas, las preguntas del cuestionario deben ser elegidas y redactadas cuidadosamente de modo que apunten al objetivo cierto de la investigación, sean comprendidas de forma adecuada por el encuestado y carezcan de elementos distractores que sesguen la respuesta que se va a obtener o permitan su interpretación subjetiva.

Otro aspecto de las encuestas políticas, sustancial en relación con las grandes cuestiones de Estado, es la manipulación ‘a pregunta cerrada’ y sin opción alternativa. El ejemplo más significativo lo tenemos precisamente en el “Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución”, que fue la primera gran manipulación demoscópica de la Transición, en el que la pregunta impuesta por el Gobierno (“¿Aprueba el Proyecto de Constitución?”) se hizo sin que la ciudadanía pudiera fijar previamente su posición sobre un modelo monárquico o republicano; es decir, poco menos que forzando su opción entre el sí o la nada. Se celebró el 6 de diciembre de 1978 y, quizás debido a ese planteamiento manipulador, y a pesar de su gran importancia y del enorme apoyo propagandista que tuvo, sólo fue aprobado por el 58,97 por 100 del censo electoral.

EL CAMELO CONCLUSIVO DE LA “ESTIMACIÓN DE VOTO”…

Aquí volvemos al Barómetro del CIS de Abril de 2013, en el que, como es habitual, primero se recaba con toda e incuestionable claridad: “Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?” (Pregunta 19). Y, a continuación, se le buscan cinco patas al banco con otra pregunta ciertamente extraña, porque no parece razonable que nadie signifique su antipatía o su lejanía ideológica por la formación a la que ya ha decidido dar su voto: “En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más simpatía o cuál considera más cercano a sus propias ideas?” (Pregunta 20). 

Pues bien, centrándonos para simplificar la cuestión sólo en lo que afecta a PP y PSOE, la respuesta ‘espontánea’ a la primera de estas dos preguntas es clara: un 12,5% de los encuestados votarían al PP y un superior 13,7% al PSOE. Y, a continuación, la respuesta a la segunda es igual de resolutiva: un 15,8% de los encuestados se muestra más próximo al PP y un superior 20,3% más próximo al PSOE.

Respuestas más o menos igual de coherentes, incluso, en cuanto a la posición de uno y otro partido en la acumulación que hace el CIS de lo que denomina “voto+simpatía” (Preguntas 19 y 20), que otorga un 16,6 al PP y un 20,1 al PSOE. Y aunque este ejercicio sumatorio sea escasamente comprensible por los no iniciados.

Ahora bien, lo curioso y desde luego desconcertante para el lector profano, es que sin realizar más preguntas al respecto, el CIS (como también hacen otros institutos de investigación en otras encuestas políticas) concluya en un anexo que, partiendo del ‘voto directo’ reflejado en la encuesta de marras (un 12,5 para el PP y un 13,7 para el PSOE), su ‘estimación de voto’ (sobre voto válido) sea nada menos que de un 34,0 para el PP y sólo del 28,2 para el PSOE. Es decir, que de repente, y poco menos que por arte de birlibirloque, nos presentan el mundo al revés y se quedan tan panchos, sin que además nadie pida una explicación técnica coherente del fenómeno.

La clave de tanto atrevimiento profesional (no queremos hablar de desvergüenza) está en una nota del CIS adjunta al “Anexo de Estimación de Voto” de la encuesta, con la siguiente explicación, que sin duda se las trae: “Dado que los datos de los indicadores ‘intención de voto’ e ‘intención de voto+simpatía’ son datos directos de opinión y no suponen ni proporcionan por sí mismos ninguna proyección de hipotéticos resultados electorales, en este anexo se recogen los resultados de aplicar un modelo de estimación a los datos directos de opinión proporcionados por la encuesta. Procedimiento que conlleva la ponderación de los datos por recuerdo de voto imputado y aplicación de modelos que relacionan la intención de voto con otras variables. Obviamente, la aplicación a los mismos datos de otros modelos podría dar lugar a estimaciones diferentes”. 

Y decimos que la nota en cuestión se las trae, porque ¿para qué se quiere un anexo conclusivo sobre “estimación de voto” que suplanta la respuesta directa de los encuestados…? Y, más llamativo todavía, ¿cuál es el “modelo de estimación” concreto -y oculto- que se ha aplicado a los datos directos de opinión proporcionados por la encuesta…?

Si, como reconoce el CIS en su nota de conciliación, la aplicación de otros modelos daría lugar a estimaciones de voto diferentes, ¿por qué no se presentan también esas otras estimaciones realizadas con esos otros modelos posibles…? En realidad, lo que se ampara con este lenguaje vacuo y poco convincente, es la libertad para ‘maquillar’ la encuesta a voluntad o interés de parte en el aspecto concreto de la intención de voto, que es la reflejada en la respuesta, fácil y espontánea, a una pregunta directa e inequívoca ya citada: “Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?”.

Es decir, que la ventaja electoral, o al menos la única medible en estos momentos y con todos los peros que se le quiera poner, es la de un 13,7% de voto directo para el PSOE frente a un 12,5% del PP. Y punto pelota.

Una respuesta demoscópica que, por otra parte, se muestra coherente con otros resultados de la encuesta ciertamente capitales, como la mala valoración que recibe el Gobierno en su conjunto y la particular de su presidente, Mariano Rajoy. Porque ¿acaso es posible que si el 68,5% de los encuestados califican la gestión que está haciendo el Gobierno del PP de “mala o muy mala” y otro 23,4% de “regular” (en total un 91,9%), le vuelvan a votar un 34% de los mismos electores, como reflejan las ‘estimaciones’ del CIS…? ¿O es que puede esperarse de forma razonable ese mismo 34% de votos favorables a Rajoy en un supuesto de elecciones generales cuando al 85,6 de los encuestados les inspira personalmente “poca o ninguna” confianza…?

Porque, por muy tonta que parezca la gente, no es fácil que pudiendo elegir otras opciones de voto, e incluso pudiendo abstenerse en la votación, los electores decidan apoyar de nuevo a quien ya ha perdido su confianza o a quien se ha mostrado evidentemente incapaz de cumplir sus promesas electorales, o a quien llanamente las ha traicionado.

Además, siendo cierto que el actual líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también queda muy mal valorado en la misma encuesta del CIS, no lo es menos que en ella no se pregunta sobre la Oposición en sí misma (sólo se pide opinión sobre quien la dirige actualmente), con lo que su eventual sustitución al frente del partido por otro candidato más razonable vendría sin duda a facilitar la recuperación electoral del partido.

Del mismo modo, es igualmente destacable la continuada tendencia del PP al hundimiento electoral, frente a la práctica sostenibilidad de la posición del PSOE que parece haber tocado fondo en torno a una estimación del 28% en intención de voto. Partiendo del diferencial de 15,9 puntos establecido a favor del PP en las pasadas elecciones del 11-N, hoy esa misma brecha se ha reducido a 5,8 puntos…

…Y LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA DE LAS ENCUESTAS POLÍTICAS

Ya hemos advertido que la manipulación de las encuestas políticas tiene como objeto principal el crear estados de opinión pública interesados, y por supuesto falsos, para tratar de captar electoralmente a los indecisos. Cuestión que, partiendo de la falsedad demoscópica, total o parcial, tiene un segundo desarrollo a nivel mediático.

Así, los resultados de una encuesta, sean los que sean y al margen de su propio maquillaje, soportan de forma ineludible un tratamiento y exposición mediática si cabe más impresentable. Vean, sino, cómo la mera ‘estimación de voto’ del CIS en el Barómetro de abril se termina interpretando en la prensa de Madrid, por limitar el alcance de tal despropósito, como una ‘cuantificación definitiva’, pero, además, de dos formas muy distintas.

Por un lado, El País presentaba el tema con el título “PP y PSOE siguen en caída electoral en provecho de IU y UPyD” (con una acertada advertencia de que “los socialistas ganan a los populares en intención directa de voto”), y con El Mundo titulando más o menos en la misma línea: “El descalabro electoral de PP y PSOE avanza” (además destacaba que “Los populares perderían hoy 2,5 millones de votos y los socialistas vuelven a bajar”). Dos posiciones que, al margen de nuestros comentarios críticos sobre la ‘estimación de voto’ realizada por el CIS, se pueden considerar más o menos coherentes con el contenido de la encuesta.

Y, por otro, el diario ABC titulaba otra realidad distinta y en buena medida contrapuesta a la interpretada por los otros dos periódicos citados: “El voto del PSOE se desploma y el PP ralentiza su desgaste pese a los recortes” (la realidad es que el ‘desplome’ del PSOE se limita a 0,5 puntos sobre sus resultados del 11-N). Mientras que el titular llevado a portada por La Razón sobre la misma encuesta era todavía mucho más imaginativo: “La mayoría con el Gobierno… Y el PSOE se hunde” (en realidad esa ‘mayoría’ es una minoría del 34% frente al diferencial del 66% restante que no está con el Gobierno)…

EL DESPRESTIGIO DE LA DEMOSCOPIA POLÍTICA

Pero es que si además confrontamos las encuestas políticas del CIS con otras privadas que en principio no serían ni más ni menos solventes, por ejemplo las realizadas también periódicamente por Metroscopia y publicadas por el diario El País, se puede ver que su particular ‘estimación de voto’, sujeta igualmente a otro peculiar modelo o procedimiento de interpretación, para nada coincide con los resultados ofrecidos por el CIS.

Mientras esta última medición estima un 34% de votos para el PP y un 28,2% para el PSOE, derivados de un ‘voto directo’ respectivo del 12,5% y del 13,7%, los resultados del Barómetro Electoral de Metroscopia de abril de 2013 estiman un 24,5% para el PP y un 23,0 para el PSOE, con origen a su vez en un ‘voto directo’ respectivo del 13,4% y del 8,8%. La significada diferencia que existe entre unos resultados y otros, con un diferencial entre el PP y el PSOE que se contrae desde 5,8 puntos hasta 1,5 puntos, es bien ilustrativa de la escasa credibilidad de las encuestas políticas, porque, ofreciendo resultados tan dispares, al menos uno de ellos, si no ambos, ha de ser forzosamente falso.

Y ello sin contemplar la acumulación de votos estimada para el total de los dos partidos mayoritarios, que según el CIS sería de un 62,2% mientras que para Metroscopia sería solo del 47,5%, con un diferencial entre ambas sumas nada menos que de 14,7 puntos, manteniendo en un caso el bipartidismo y en el otro rompiéndolo. Al margen de otras diferencias que también afectan a la estimación del voto para otras formaciones políticas como IU y APyD, que de nuevo corroboran el desprestigio de la demoscopia política.

Paréntesis: El Barómetro de Metroscopia de mayo, reduce sensiblemente su estimación de la intención de voto al PP, que pasa del 24,5% registrado en abril al 22,5, al tiempo que la del PSOE también desciende con mayor caída del 23,0% al 20,2%, de forma que los votos conjuntos de los dos partidos todavía mayoritarios ya sólo alcanzan el 42,7% de los votos remarcando la desaparición del bipartidismo...

Sostienen los sociólogos ‘demoscópicos’ que no creer en las encuestas es tanto como no creer en los termómetros. Porque las encuestas, como los termómetros, no soportan una cuestión de fe, sino que pertenecen al mundo más humilde y pragmático de la medición.

Y cierto es que si las encuestas están bien hechas, son una herramienta para medir, y así describir, los estados de opinión de una sociedad o de un universo social en un momento determinado. Efectivamente, los datos están ahí y son los mismos para todos, pero otra cosa muy distinta es cómo se recogen, se analizan y se interpretan...

Fíjense en otro ejemplo redundante en la irresponsabilidad con la que, a menudo, se encaran las encuestas vinculadas al interés de la política. También en el citado Barómetro de Metroscopia (en este caso el correspondiente al pasado mes de marzo) se planteaban dos preguntas casi kafkianas: 1) “¿Cree que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tiene realmente pruebas que pueden comprometer al PP y alguno de sus dirigentes?” y 2) “¿Cree que el extesorero del PP, está chantajeando al Partido Popular?”.

La primera pregunta obtuvo un 79% de respuestas afirmativas, un 9% de negativas y un 12% de NS/NC. Pero ¿de qué información objetiva y creíble dispone el encuestado para fundamentar su respuesta, sea esta afirmativa o negativa…? La realidad es que no parece que los encuestados, por el mero hecho de serlo, tengan ese conocimiento documental previo para poder dar una respuesta objetiva, razón por la que lo que se plantea con visos de medición demoscópica es una mera adivinanza, útil tan sólo para manipular socialmente una imagen política.

La segunda pregunta obtuvo un 82% de respuestas afirmativas, un 8% de negativas y un 10% de NS/NC. Claro está que con la misma referencia al absurdo de la adivinación y a la manipulación política que en el caso anterior, con la sorpresa agravante del escaso resto sobre base 100 que conforma el consabido NS/NC (sin información o criterio formado al respecto) dentro de una selección aleatoria de encuestados y no prefijada sobre estratos sociales especialmente cualificados.

Y por si alguien todavía no ve claro el sentido político de estas preguntas, realmente poco razonables e incluidas a martillazos en el Barómetro de Metroscopia (marzo de 2013), vean lo que se publica sobre ellas en la web http://blogs.elpais.com/metroscopia/2013/03/ (04/03/2013), sin dejar de dar la sensación de que estamos efectivamente ante otro caso de estudio demoscópico sin otro objeto que dar apoyo estadístico a una línea editorial o de política mediática concreta al margen de la verdad informativa:

“Un 79% de los españoles piensa que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tiene realmente pruebas que pueden comprometer al PP y a alguno de sus máximos dirigentes, y un 82% cree que Bárcenas está chantajeando a los populares. Ambas opiniones son compartidas, además, por la amplia mayoría de los votantes del PP: un 65% y un 81%, respectivamente. El caso del extesorero se ha convertido, sin duda, en un problema para el partido del Gobierno porque no logra convencer a los ciudadanos con sus explicaciones. Las aclaraciones de los dirigentes populares cuando EL PAÍS publicó los papeles con la presunta contabilidad B que llevaba el extesorero solo convencieron a sus votantes. Ahora, cuando surgen dudas sobre el momento en el que realmente finalizó la relación laboral entre Bárcenas y el PP, así como sobre los términos de la liquidación de la misma, las nuevas explicaciones de los líderes populares ya no satisfacen ni al electorado popular”.

LAS ENCUESTAS EN REBAJAS: ELIJAN A ESCOGER Y REVOLVER

Pero puestos a que las encuestas respalden afirmaciones e intereses previos de la política (o de sus fijaciones mediáticas), el recién publicado  sondeo de Sigma Dos para El Mundo (12/05/2013), ofrece otro ejemplo ciertamente significativo al respecto. Tras haber interpretado este medio informativo los resultados del último barómetro del CIS con un incuestionable y rotundo “El descalabro electoral de PP y PSOE avanza” (04/05/2013), equivalente a un ‘descalabro conjunto’, apenas una semana después ha reinterpretado lo que debía seguir siendo una expectativa de voto muy similar por su proximidad en el tiempo, con un acento diferencial delatador: “El PP, tocado; el PSOE, hundido”.

La ‘estimación’ de Sigma Dos otorga un 35,4% de los votos para el PP, que según su propia base de datos recupera 1,9 puntos porcentuales justo en el trimestre en el que mediáticamente ha sido molido a palos, y un 25,3% para el PSOE, que en el mismo periodo baja 2,9 puntos. De manera que no se entiende cómo se puede hablar de un PP ‘tocado’ cuando en el mejor de los casos (que es el de aceptar la discutible veracidad de la encuesta) ha bajado 10 puntos sobre los resultados obtenidos el 11-N, aunque los puntos perdidos por el PSOE desde esa misma fecha sean 3,5.

Claro está, y esa es otra, que tanta decisión interpretativa se manifiesta a partir sólo de 1.000 entrevistas telefónicas determinadas por selección ‘polietápica, estratificada y aleatoria’ (vaya usted a saber quiénes eran los encuestados): en definitiva, otra muestra más de querer sentar cátedra de politología a base de tomar el pelo a los ciudadanos. Porque conviene saber que esa muestra y ese tipo de entrevista tan escasamente convincentes se reproducen también en el Barómetro de Metroscopia.

Y todo ello cuando la valoración que los mismos entrevistados por Sigma Dos hacen de Mariano Rajoy sigue siendo de un suspenso categórico (3,5 sobre 10), más o menos similar al que se recoge en las demás encuestas políticas.

Pero, si antes evidenciábamos la diferencia en la ‘estimación de voto’ de dos encuestas realizadas al mismo tiempo, véanse ahora las reflejadas en el conjunto de las tres publicitadas en abril-mayo: CIS (34,0% PP y 28,2% PSOE), Metroscopia (24,5% PP y 23,0 PSOE) y Sigma Dos (35,4% PP y 25,3% PSOE). Un tejemaneje que encaja diferencias de hasta 10,9 puntos para el PP y 5,2 para el PSOE (ahí es nada), con lo que, finalmente, todas quedan bajo la misma sospecha.

MENTIRAS PEQUEÑAS, MENTIRAS GRANDES Y ESTADÍSTICAS

H. G. Wells (1866-1946), uno de los precursores de la denominada ‘ciencia ficción’ y autor de obras tan aplaudidas como “La guerra de los mundos” y “La máquina del tiempo”, sostenía que “el pensamiento estadístico será algún día tan necesario para el buen ciudadano como la habilidad para leer y escribir”. Afirmación con la que quizás trataba de enmendar la plana a Benjamin Disraeli (1804-1881), quien previamente había sentenciado de forma lapidaria: “Hay tres tipos de mentiras: mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas” (la frase se suele atribuir de forma errónea a otros autores).

Posiblemente las dos afirmaciones sean acertadas, pero es evidente que los malos usos estadísticos y las manipulaciones inherentes de carácter político, han llevado al público en general a transitar desde la fascinación de las cifras y del hecho estadístico hasta su repudio, en mayor afinidad con el pensamiento del insigne Disraeli, frecuentemente recordado en los foros, tertulias y conferencias de turno. No obstante, esta arraigada percepción social hoy se podría matizar así: “Junto a todo tipo de mentirosos, también existen estadísticos embaucadores”.

La realidad es que la ciencia estadística no es en sí misma torpe ni taimada, condiciones que debemos atribuir más bien a quienes la usan ignorando sus principios más elementales o con el afán de retorcerla para que sirva a sus intereses particulares. Stephen K. Campbell, autor de “Equívocos y falacias en la interpretación de datos estadísticos” (Limusa, Grupo Noriega Editores, 1993), sostiene que el ciudadano acepta las conclusiones estadísticas sin prejuicio alguno, aunque señala: “(…) Pero conforme maduramos pasamos al extremo opuesto. Ya nos han engañado demasiadas veces publicistas, políticos, ciudadanos prominentes que tratan de darnos gato por liebre, periodistas que buscan el sensacionalismo, etc. Por lo que tendemos a creer que con las estadísticas se puede probar cualquier cosa, y por lo tanto no prueban nada. Mientras que en un momento creímos que las cifras no podían mentir, ahora se deduce que lo único que pueden hacer es engañar”.

La mala imagen pública que producen las manipulaciones y discrepancias de tipo estadístico, son evidentes sobre todo en el ámbito de la política, en el que se llega incluso a respaldar cuantificaciones bochornosas, por exceso o por defecto, en la asistencia a manifestaciones o en el seguimiento de las huelgas. Y no digamos nada del afán por avanzar el éxito electoral en las encuestas previas, cuando después se contradice en las urnas.

Lo cierto es que la manipulación de la demoscopia política hace tanto daño a la democracia como el incumplimiento de las promesas electorales: dos efectos paralelos de una misma y tediosa mentira que se debe combatir de forma radical.