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Una de las pocas cosas realmente novedosas en las elecciones del 26-J, es  que al menos en las candidaturas de Ciudadanos y de Unidos Podemos, que son las que quizás despiertan más interés, no figuran muertos políticos vivientes. Cierto es que podrán integrarlas gente políticamente menos experta o con acentos ideológicos inusuales y hasta transgresores; pero, de momento, no se encuentran marcadas por la lacra de la corrupción política (personal o partidista) ni por el continuo incumplimiento de sus promesas electorales, sin que tampoco tengan menor bagaje intelectual que quienes en otros partidos ya se muestran como candidatos de réquiem.

El ‘réquiem’ (‘descanso’ en latín) se conoce sobre todo en su afección a la ‘misa de difuntos’ de la liturgia romana (missa pro defunctis o missadefunctorum), que es un ruego por las almas de los muertos, realizado justo antes de su entierro o en las ceremonias que conmemoran el óbito en cuestión. Otra identificación del ‘réquiem’ son las composiciones musicales utilizadas principalmente para acompañar estos servicios litúrgicos o como conciertos de toque funerario.

Así, en esta crónica utilizamos el término ‘réquiem’ para acentuar el carácter caduco o fútil de los personajes incluidos de forma prominente en las listas electorales sin nada que aportar en términos de futuro. Es decir, políticos amortizados o auténticos ‘muertos vivientes’ incapaces de arrastrar a nadie a las urnas, cuando no claramente perjudiciales por su pasada experiencia de gobierno o su mala valoración social.

Y esas candidaturas de réquiem son las que volvemos a ver en el PP y en el PSOE para las elecciones del 26-J, quizás porque sus propios líderes (Rajoy y Sánchez), ambos realmente fracasados el 20-D, no dejan de ser dos cadáveres políticos incapaces de promover a su alrededor la más mínima ilusión ni esperanza de futuro.

El PP insiste en unas listas electorales en las que prevalecen los mismos amiguetes de Rajoy, incluidos los ministros en funciones peor valorados desde la Transición, que ya le acompañaron en la pérdida de la mayoría absoluta y nada menos que de 63 diputados, o el 33% de los obtenidos en 2011, antes que hacerlas atractivas para los votantes. Nada se observa por esa vía que suponga autocrítica alguna ni el menor atisbo de rectificación política o de renovación interna, con lo que uno no sabe cuál es la razón exacta por la que el PP espera mejorar sus resultados el 26-J.

Ahí están, incluidas en los puestos más destacados de las candidaturas, personas ya quemadas o súper amortizadas, e incluso fracasadas o que se han comportado como meros ‘floreros’ allí donde han tenido algún cargo o responsabilidad política. Esta inclusión de gente con una imagen pública desfavorable, o simplemente sin valores objetivos contrastados, es la que caracterizó las listas electorales del PP para el 20-D, ahora reiterada de cara al 26-J, justo en un momento crítico para el partido y tras continuos tropiezos en todos los comicios celebrados a partir de la mayoría absoluta ganada el 20-N (europeos, municipales y autonómicos).

Para las listas electorales no debería valer cualquiera, ni su mejor mérito debe ser tampoco el de la amistad personal con el Dedo Divino que las sanciona o el de formar parte de las camarillas que le rodean. Y en las candidaturas para el 26-J del PP, que además de ser un partido que ya fracasó el 20-D también puede adentrase más en una demolición sin precedentes, hay mucho ‘número uno’ provincial sin la menor justificación razonable, junto a otros verdaderos ‘espanta-votos’ enmascarados en posiciones menos relevantes pero con el mismo efecto de rechazo social. Puestos a elegir los candidatos electorales a dedo, que es como se suele hacer en todos los partidos, óptese entonces por quienes verdaderamente lo merezcan y sean más útiles en su función de representación parlamentaria.

Ahora, el PP sufre el error táctico de no haber sustituido con mayor decisión a los líderes desmoronados en las elecciones municipales y autonómicas del año pasado (24 de mayo) y en las previas de Andalucía, cuando todavía se contaba con siete meses para acreditar a los nuevos titulares que pudieran frenar la pérdida de votos (para ello ya se habría tenido más de un año). Y demostrando, además, que no tiene banquillo, sino más bien una colección de corchos políticos flotantes que taponan la renovación del partido y que lastran su necesaria conexión con la sociedad real.

Y, mientras tanto, el PSOE remienda sus no menos fracasadas listas del 20-D con políticos rescatados de tiempos pasados como Margarita Robles y Josep Borrell, ahora con rango de ministrables en las listas por Madrid. Salvando el respeto personal que nos merecen, lo cierto es que la agotada imagen pública de ambos, la primera vinculada a los momentos más agónicos del ‘felipismo’ y el segundo (una cabeza sin duda brillante) forzado por su propio partido a renunciar como candidato a la Presidencia del Gobierno en 2000, aun habiendo ganado a Almunia las correspondientes primarias, pocas dosis de entusiasmo electoral pueden aportar en una coyuntura como la presente tan exigente con el cambio y la renovación interna. Cosa que tampoco se salva con el voluntarismo y las indiscutibles buenas maneras del profesor Ángel Gabilondo.

Pedro Sánchez ya perdió 20 escaños sobre los escasos 110 logrados por Rubalcaba en 2011. Y ahora, con más de lo mismo, parece lógico que pueda perder unos cuantos más, asumiendo personalmente las consecuencias.

Allá cada partido con sus listas electorales, pero si las del PP y las del PSOE pueden mover algo, sólo será para que sus votantes de otros tiempos busquen nuevos referentes políticos en otras formaciones aledañas. Porque, lo que anuncian las candidaturas electorales de réquiem de ambas siglas, ya sin fuerza propia, no es otra cosa que una missa pro defunctis, apuntando que, quiérase o no, el futuro del país discurre por otros caminos.

Ya lo advertimos en las elecciones del 20-D y ahora lo repetimos de cara al 26-J: los muertos políticos vivientes son malos compañeros para ganar en las urnas. Pero allá los errores de cada cual y que con su pan se los coman.

Fernando J. Muniesa

A un mes vista de las próximas elecciones generales, los dos partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, mantienen su error de venderse ante los votantes sólo, o sobre todo, a base de descalificar e incluso demonizar a sus adversarios, y más en concreto a IU-Podemos (ahora ‘Unidos Podemos’).

Para empezar, así elevan la notoriedad pública de tales oponentes, reflejan su temor ante ellos, mostrando la vulnerabilidad propia, y movilizan a los electores insatisfechos con la situación política establecida, animándoles a promover el cambio votando a las opciones que se muestren más útiles para lograrlo. Es decir, ese ataque tan errado sirve en gran medida para señalar a los electores el camino directo del castigo al sistema vigente que les incomoda, versus la acreditación propia y el esfuerzo por convencer a los votantes más afines de las bondades y virtudes de su propio partido con la humildad y autocrítica necesarias.

Porque esa reacción ciudadana de buscar y apoyar el cambio o la alternativa política, alentada por los desmedidos y a veces demagógicos ataques que las fuerzas emergentes reciben desde los otros partidos de ámbito nacional, antes que combatida por la crítica razonable y razonada o con propuestas alternativas creíbles, es lo que en el fondo prima en situaciones de crisis global irresuelta como la que el electorado padece en estos momentos. Centrarse sólo en descalificar al opositor que pretende mover la silla del poder y cambiar la dirección política del Gobierno cuando su bienestar se ve tan amenazado como ahora, es lo más desacertado que puede hacerse en momentos de tanto desprestigio político y sufrimiento social.

La crítica desmedida y poco argumentada, o dirigida temerosamente contra quien todavía no ha gobernado, sólo sirve para consolidar aquello que se quiere combatir. Del mismo modo que los slogans más machacones (por ejemplo el de ‘unidad por el cambio’ en el caso del PSOE) suelen poner de relieve justo lo que no existe o en realidad es una grave carencia propia (sin ir más lejos ahí están las posiciones socialistas en Cataluña y Valencia).

Pero es que, además, en el caso del PP, que es la formación situada más a la derecha del espectro político, de poco sirve alertar a sus electores en contra de la coalición IU-Podemos, porque ninguno de ellos tiene in mente la menor posibilidad de votarla, pretendiendo sólo que el ‘rojerío’ reniegue de los suyos. Esa energía debería dedicarse mejor a evitar la fuga de votos propios hacia Ciudadanos o a marcar distancia electoral con el PSOE como posible segundo partido más votado, sin equivocarse de público-objetivo.

Y ello al margen de que la insistente ‘campaña del miedo’ desarrollada por los populares en las últimas confrontaciones electorales -el ¡que vienen los rojos!-, ha constituido, evidentemente, un enorme fracaso. Por tanto, las apelaciones expresas del candidato Rajoy a la radicalidad y al extremismo de la izquierda española poco sirven, viniendo de donde vienen, para atajar el posible sorpasso de IU-Podemos en esa orilla de la política, aduciendo su inconveniencia para el país y como si el electorado estuviera obligado a ser de derechas, cuando su mayoría siempre ha sido más bien de izquierdas.

Algo igual de inocuo que la adjetivación de ‘comunista’ con la que Rivera pretende descalificar esa misma opción de izquierda integrada en el sistema democrático, resultando una niñería despectiva y extemporánea propia del señoritismo español e inadecuado en quien pretende arriar la bandera de la moderación. Si se quiere posicionar en el llamado ‘espacio de centro’ -allá él-, debería respetar por igual a quienes dentro del constitucionalismo se sitúen a uno u otro lado del suyo y recordar, como también tendría que hacer Rajoy, que todos somos españoles con los mismos derechos políticos, aunque cada cual profese una ideología política diferente.

Amenazar, pues, a estas alturas de nuestra historia política, con el anatema del ‘rojerío’ y jugar electoralmente con la apelación al miedo, es algo aún más perjudicial que inofensivo, porque puede convertirse en un punto fuerte del adversario político. Los resultados de las últimas elecciones y la actual distribución del poder territorial, evidencian que esa no ha sido exactamente la mejor estrategia para el PP ni para el PSOE.

Es más, en el caso de Pedro Sánchez, la radicalidad con la que se ha enfrentado a IU-Podemos, es todavía más grave. El histórico ninguneo del PSOE a IU y sus ataques a Podemos como fuerza emergente, sólo puede entenderse como táctica para dejarles aislados en el extremo izquierda del espectro político. Pero cuando esa pretendida marginación no responde a la realidad social contrastada en las urnas, ya deja de ser válida, alejándose del realismo electoral y del último objetivo de liderar la mayoría ciudadana.

Eso no significa, ni mucho menos, que el PSOE deba malversar su historia ni su autonomía política. Pero, una vez fracasado el intento de Pedro Sánchez de liderar el ‘centro político’ -realmente inexistente y confundido con la mera ‘moderación’-, lo aconsejado por la actual fragmentación del voto era haber intentado un acuerdo amplio de progreso para instalar de verdad la política del cambio que tanto pregona y que nadie puede creer posible en asociación con los otros dos partidos del establishment: PP y Ciudadanos.

A la hora de lavarse la cara ante el electorado, y en un momento claro para aunar esfuerzos tanto dentro de la derecha como de la izquierda políticas, el PSOE debería sopesar bien en qué platillo de la balanza electoral quiere jugar de verdad, porque ahora es muy difícil hacerlo en los dos o pretender prevalecer a caballo entre ambos aferrado a una socialdemocracia cada vez más desdibujada. El riesgo de esa errada aspiración, no es otro que el de recibir el desprecio simultáneo de la derecha y la izquierda, el convertirse de golpe y porrazo en una fuerza gregaria de quienes se consoliden en la verdadera izquierda o el de tener que renunciar a su ideal fundacional.

El ‘no, gracias’ del PSOE a una confluencia electoral de la izquierda para arrebatar al PP su mayoría en el Senado, puede ser otro tiro político que le salga por la culata y acorte aún más su camino hacia el desastre total. Su soberbia ante ‘la otra izquierda’, que quizás sea la auténtica izquierda por mal que esto parezca a algunos, pueden ser mortales de necesidad.

Concluida la guerra política sólo entre dos, propia del bipartidismo PP-PSOE, el error de ambas formaciones ha sido no centrarse en su recomposición interna y no saber defender con argumentos y hechos sólidos sus espacios políticos habituales, dando pábulo a quienes hasta ahora jugaban en la marginalidad o simplemente batallaban en otra guerra ideológica entonces menor.

Y todo ello, mientras las descalificaciones sin cuento contra IU-Podemos coaligados como auténtica izquierda (tildándoles de marxistas, bolivarianos, marcianos y todo lo que se quiera), de muy escasa eficacia para frenar la sangría electoral propia, sirven sobre todo para facilitar su consolidación política. Demos tiempo al tiempo para comprobarlo.

Fernando J. Muniesa

Hace poco más de un mes, y ante la incapacidad de los partidos de ámbito nacional para garantizar la gobernabilidad del país y consensuar las reformas que necesita (sociales, económicas, legislativas…), con la deriva final de tener que dar la legislatura por perdida y verse forzadas a unos nuevos comicios generales (los del 26-J), advertíamos que había llegado la hora de las grandes coaliciones pre-electorales. Y que, en su caso, deberían estar claramente definidas en términos políticos para que los votantes no vieran malversada de nuevo la confianza otorgada en las urnas a los partidos de su preferencia o de mayor afinidad ideológica.

En definitiva, una vez fracasado el entendimiento político post-electoral demandado por los votantes, lo que hay que afrontar ahora es un nuevo intento de alcanzar el Gobierno para promover un programa útil a las necesidades y exigencias de la mayoría social. Un objetivo que requiere superar el descrédito generado con la palabrería y las promesas electorales incumplidas; es decir, tratando que los partidos más afines se aten entre sí a un modelo o formulación concreta de la política a seguir, bien sea ésta de corte liberal-conservador o de corte progresista, que son las dos opciones más comprensibles por el electorado, al que se debe subordinar la acción gubernamental democrática.

Devaluadas como están las habituales promesas electorales de unos y otros, la emotividad, más que la racionalidad, será la que ahora balanceará la posición de los votantes, inclinados por aquella opción que sobre todo suponga una idea de afinidad ideológica compartida o de utilidad para hacerse con el poder. Dicho de otra forma, fracasado el entendimiento político post-electoral, el elemento sentimental va a ser el motor que básicamente moverá a los votantes del 26-J, porque, hoy por hoy, eso es lo único que queda a quienes aún creen en las urnas: votar la ideología, o sus rastros por escasos que sean, al margen de las vacuidades partidistas.

Lamentablemente, han pasado los días del matiz y las preferencias netas, perdiéndose la oportunidad de que la sociedad se pronuncie de forma más o menos acusada sobre una tendencia política concreta, justo porque el reclamado consenso de un esfuerzo conjunto de todos los partidos con sentido de Estado se ha visto defraudado de forma estrepitosa. Ahora, la democracia, que seguirá avocada al gobierno de la mayoría, prevalecerá en términos de visceralidad política.

Por eso, la estrategia electoral más profunda primará sobre el continuismo, las tácticas, la propaganda y la manida dialéctica partidista. Ahora, la gran oportunidad para alcanzar el Gobierno se corresponde con la organización de coaliciones pre-electorales o de frentes políticos, por mal que suene el tema. Esa es la gran variable con la que jugar en las elecciones del 26-J, quieran verlo o no los líderes y politólogos del momento.

Y en ese obligado escenario, poco quieren hacer populares y socialistas, ciegos ante la caída del bipartidismo, pasando de combatir la corrupción del sistema e ignorando los movimientos ciudadanos que reclamaban el cambio político. De hecho, esas mismas fuerzas emergentes han terminado por abanderarlo como un instrumento decisivo de penetración electoral, aunque ya se verá con qué resultados alternativos.

Hablamos, pues, de una gran miopía política o de una torpeza de gran magnitud en la que gustan de permanecer tanto el PP como el PSOE, ajenos a la previsión de que en estos momentos, como ha sucedido en tantos otros de nuestra historia, la racionalidad y el pragmatismo cederán espacio a la emotividad, primando la idea del reformismo y del cambio político mejor visualizada y que ambos partidos han tirado insensatamente por la borda.

Ahí, en ese terreno, es donde la coalición o acuerdo pre-electoral entre IU y Podemos puede tomar una dimensión notable. Y no sólo por un efecto meramente sumatorio y de capitalización del sistema D’Hont con el que se adjudican los escaños provinciales -negado en algunos análisis interesados-, sino por lo que supone como entendimiento político y su efecto de empatía social. Frente al empeño de Felipe González por presentar este tipo de acuerdos como algo que ‘suma para dividir’ (quizás por el fracaso que en las elecciones de 2000 -otro escenario muy distinto al actual- supuso el pacto entre Joaquín Almunia y Francisco Frutos), otros podrían verlo como un revulsivo de efecto multiplicador; es decir, como una llamada para movilizar a toda la base electoral conjunta y adherirla otros votantes descreídos del PSOE o más leales a la izquierda política que a sus expresiones particulares.

Y eso es lo que atemoriza a los socialistas, que podrían verse desbancados por esa estrategia de unidad pre-electoral en el liderazgo de la izquierda política y desplazados a una posición gregaria, con la última consecuencia de una refundación de urgencia absolutamente traumática.

Algo que también atemoriza al PP, que no deja de soportar con Ciudadanos un fenómeno de competencia electoral muy parecido, aunque se produzca en otra longitud de onda política, sin tomar más iniciativa al respecto que el pacto PP-UPN en Navarra (ya por razones de pura supervivencia).

Los excesos del bipartidismo PP-PSOE, colmatados con el ‘zapaterismo’ y el ‘marianismo, han generado una tremenda frustración en el electorado. Algo que el pasado 20-D llevó nada menos que a casi nueve millones de electores a votar a las dos fuerzas emergentes lideradas por Pablo Iglesias y Albert Rivera (Podemos y Ciudadanos). Aunque aquel aviso parece no haber hecho mella en la contumacia política de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy, más instalados en su cortijo personal que en el de sus propios partidos, o en el de los intereses más exigentes del país.

Atentos, porque tanta ceguera política, que ni siquiera se ha pretendido corregir con el más nimio tratamiento paliativo, quizás necesite atajarse con un nuevo varapalo electoral a modo de intervención quirúrgica radical, como sucede con las gangrenas que se ignoran o no se tratan a tiempo.

Fernando J. Muniesa

Quienes se hayan podido interesar por la historia evangélica, que es una materia más apasionante y reveladora de lo que puede parecer antes de conocerla, saben que existen multitud de evangelios gnósticos o apócrifos, también llamados ‘extra-canónicos’, que son los escritos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, y que con posterioridad la Iglesia católica decidió no incluir en su canon bíblico. Tampoco fueron aceptados por otras confesiones cristianas como la ortodoxa, la anglicana o la protestante.

Así, los Cuatro Evangelios por antonomasia o ‘canónicos’, son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que, según no pocos autores, estuvieron inspirados por Dios, pasando por tanto a la historia como reveladores de su palabra y de la vida de Jesucristo.

Salvando las distancias, podríamos entender que, hoy en día, los cuatro evangelistas ‘canónicos’ o autorizados de la política española son nada menos que Mariano, Pedro, Pablo y Alberto, mientras que los demás -así son las cosas- figuran como ‘extra-canónicos’ o poco influyentes en el electorado nacional. A estos cuatro maestros reconocidos, corresponderá, pues, propagar la palabra y la revelación política durante la campaña de las elecciones generales convocadas para el 26 de junio.

Un desafío ciertamente curioso, porque su inmovilismo previo y la escasa capacidad que desde el 20-D han mostrado para hablar entre ellos y lograr un acuerdo de gobernabilidad, o sea para ‘hacer política’, les ha convertido en auténticos muditos, o peor en sordomudos contumaces, sin nada que decir ni proponer al electorado. Quizás sea necesario, entonces, atender a los evangelistas apócrifos de la política (los líderes de las bases sociales, las fuerzas más radicales y hasta los grupos anti-partidos) para ver la forma de salir del atolladero en el que estamos, anclados como seguimos en la crisis general (económica, social e institucional), pese a quien pese y diga lo que diga el gobierno saliente y corrobore por pasiva la oposición in-opuesta.

Ahora, nuestros cuatro evangelistas de andar por casa ya tienen a sus asesores áulicos (fracasados en su papel primordial de asesoramiento interno) afanados en el enfoque y desarrollo de la nueva campaña electoral, quizás intentando enmendar -o no- los errores cometidos en los anteriores comicios y en el inicio de la XI Legislatura, la más inútil de toda nuestra historia política democrática. Y, claro está, la expectación se centra en saber qué van a contarnos cada uno de los cuatro partidos asimilados al Espíritu Santo de la política, cómo y por qué van a pedirnos el voto, de qué se van a arrepentir o no públicamente, cuáles serán sus nuevas promesas electorales y, en definitiva, qué estrategia van a seguir (silente, continuista, rompedora…) en su nuevo propósito embaucador.

Poco se puede aventurar al respecto, aunque sería comprensible -pero no razonable- ver al PP y al PSOE encastillados en sus posturas tradicionales, y aún con mayor radicalismo, y esperar de los partidos emergentes o recién destetados (Podemos y Ciudadanos) planteamientos más auto críticos y de reconducción de sus errores, bien sea a mejor o a peor…

Lo lógico es que los partidos, todos suspendidos ante la opinión ciudadana no sectaria, cambien de forma sustancial sus enfoques de campaña, sus ofertas políticas y sus estrategias de comunicación, ya que el escenario electoral es muy distinto al de hace seis meses (el 20-D) y que la opinión pública les tiene bajo observación severa.

Tampoco parece irracional pensar, con todas las cautelas, que a tenor del espectáculo dado por los cuatro partidos en liza electoral nacional, y en particular por el PSOE y Podemos, IU sea el partido que más crezca, y que si se coaliga con Podemos -operación difícil de sustanciar- su suma pueda desbancar al PSOE para liderar la izquierda política. De no producirse este acuerdo, es muy posible que Podemos pierda la ventaja que obtuvo el 20-D como partido del voto útil en ese espectro social.

Por su parte, Ciudadanos podría ceder votos al PP, pero también captarlos del PSOE, que en cualquier caso podría continuar en caída electoral libre. Sin que ello signifique una derrota total de la izquierda, sino más bien un reajuste en su liderazgo. Y si el PP mejora levemente sus resultados, cosa difícil de sustanciar sin mayor renovación interna y con Rajoy al frente de la candidatura, está por ver que el conjunto PP-Ciudadanos pueda alcanzar la mayoría absoluta o siquiera superar la suma de PSOE, Podemos e IU. Al fin y a la postre volviendo más o menos a la misma necesidad de pactos post-electorales.

Claro está que frente a un posible encadenamiento de resultados de nuevo fragmentados y conflictivos, caben revulsivos previos de última hora para poder balancearlos hacia la gobernabilidad política. Entre otros habría que considerar la posibilidad de coaliciones pre-electorales que fijen con claridad las posiciones de los partidos antes de que el electorado decida su voto, o un auténtico golpe de timón y de renovación interna radical en los partidos mayoritarios, sobre todo dentro del PP que debería sacrificar la figura de su actual líder, Mariano Rajoy, profundamente rechazada por una parte significada de la derecha española y convertida en un problema difícil de superar para el entendimiento con otras fuerzas políticas

Dicho de otra forma, y dado el desprestigio social y la escasa credibilidad de los actuales evangelistas de la política, excepciones extra-canónicas aparte, parece que las nuevas elecciones se dirimirán no tanto en el plano de la dialéctica y las promesas electorales, ya vacuas por demás, sino en el de su planteamiento estratégico más profundo. Un terreno que los partidos pisan sin firmeza, habituados a la palabrería y al tactismo del corto plazo, y que es el que les ha llevado a donde están. Es la hora en la que los estrategas políticos, si es que existen, deberían arrollar con decisión a los asesores mercachifles instalados como lapas en los aparatos de los partidos.

Fernando J. Muniesa

Ya han transcurridos cuatro meses desde que en las elecciones del 20-D viviéramos una plaga sin precedentes de propósitos de enmienda en la mal praxis política y de promesas regeneracionistas, gracias a la debacle del bipartidismo y a la emergencia de fuerzas políticas de nuevo cuño como Podemos y Ciudadanos. Pero el caso es que de aquellas intenciones buenas y refrescantes ya queda bien poco, siendo de temer que en la campaña de los comicios a punto de convocarse para el próximo 26 de junio se vuelva al tradicional ‘más de lo mismo’, sin otro interés que el de seguir embaucando a electores ingenuos en la simple batalla del ‘quítate tú para ponerme yo’.

Este entretiempo electoral así la indica. Y una de las cuestiones pendientes en este juego de falsas promesas y reformas políticas, es la constancia de las mamandurrias y puertas giratorias del sistema que convierten lo que debiera ser un modelo ‘vocacional’ y de servicio al Estado, dignificado al máximo, en otro meramente ‘ocupacional’ y de servirse del Estado. Y con una plétora de empleos políticos que en la pasada legislatura nos mantenían a la cabeza de la Unión Europea (400.000 o uno por cada 115 electores)…

Lo razonable es que los representantes políticos emanados de las urnas, fueran bien valorados por los mismos votantes que les han elegido, pero no es así. Bien al contrario, y salvando honrosas excepciones, está claro que la política es una de las profesiones peor consideradas por la ciudadanía; porque a eso, a ‘profesión desprestigiada’, es a lo que la han conducido demasiados de sus ejercientes, entre otros los ex altos cargos agarrados a las puertas giratorias como recadistas de empresa y los cargos electos convertidos en chupa-jornales de las instituciones públicas y/o empleadores de amiguetes sin mayor oficio ni beneficio.

No hay que devanarse los sesos para concluir que en esa baja estima social confluyen varias apreciaciones. La primera de todas son los actos delictivos perpetrados por la clase política, sobre todo en el ámbito de la corrupción urbanística, en la gestión de los presupuestos públicos y en la evasión fiscal, que vemos destacados en los medios informativos cada dos por tres. Y de forma en efecto indiscriminada, afectando más o menos a todos los partidos.

Otras veces, esta misma inmoralidad política se descara en la adjudicación de los contratos de obras y servicios públicos. Y, de forma todavía más evidente, en la designación de cargos de confianza, que, según el caso, pueden limitarse a un ‘pesebre’ de andar por casa o llegar al asalto de una empresa pública para facilitar negocios millonarios a compinches y correligionarios, pasando por el descarado nepotismo del favor familiar… De todo ello también suele darse puntual y abundante noticia.

Pero, junto a esta percepción general, fácil de acompañar con todo lujo de detalles, también conviene llamar la atención sobre otro tipo de excesos políticos, quizás menos indecorosos pero igual de reprobables, vinculados en efecto al pluriempleo de los parlamentarios electos. Práctica asentada en el auténtico trágala electoral que suponen las listas cerradas de los candidatos elegibles, muñidas e impuestas por el aparato de los partidos, realimentando sin cesar la inmoralidad política subyacente.

Cierto es que en algunos cargos electos, como los municipales, el doblete ocupacional se podría justificar en órganos de representación política afines o conexos (como las diputaciones provinciales o cabildos insulares), por razones competenciales, aunque sus funciones debieran recaer en las comunidades autónomas (se crearon para esa política de proximidad). De hecho, la elección de los diputados provinciales se extrae exclusivamente de los concejales electos, a los que, en definitiva, sirve la Diputación correspondiente. Una dependencia de intereses muy similar a la que mantienen los municipios insulares con el Cabildo de referencia, aunque poco convincentes para el electorado sobre todo si se plantean como pluriempleo retribuido.

Y bastante menos justificada es la compatibilidad de la presidencia de un ayuntamiento importante, o de un cabildo insular, con la actividad legislativa nacional propia de senadores y diputados, funcionalmente tan alejada de su quehacer cotidiano. Algo de difícil comprensión, sobre todo por la necesaria atención presencial, salvo que el político pluriempleado fuera un auténtico ‘Superman’ o un impensable genio de la ubicuidad.

Dicha compatibilidad, legalmente admitida pero poco ética, conlleva, en todo caso, una condición de difícil cumplimiento para el común de los mortales, tasada con rotundidad en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Su artículo 157.1 establece de forma rotunda que el mandato de diputados y senadores se ejercerá, literalmente, “en régimen de dedicación absoluta”.

Dispuestos a la pedagogía, conviene recordar también que justo esa condición de ‘dedicación absoluta’ se invoca de forma tan reiterada como inútil en todos los dictámenes emitidos por la Comisión del Estatuto de los Diputados para que la Cámara autorice sus compatibilidades. La fórmula que las da el visto bueno, siempre incluye la misma coletilla, admonitoria pero incumplida de raíz en las situaciones que comentamos: “(...) y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG”.

La realidad de tal pluriempleo, no tiene, pues, en el mejor de los casos, otra justificación que el oportunismo de promocionarse al amparo de la notoriedad que ofrece la política nacional, asumiendo competencias a priori de imposible atención y a costa del buen ejercicio de la otra ocupación paralela, a la que el político electo está plenamente obligado en el auténtico servicio público.

Y esto es mucho más evidente cuando el senador o diputado pluriempleado pertenece a una formación política minoritaria, cuya reducida representación impide, obviamente, su presencia física en la treintena larga de comisiones establecidas en cada una de las Cámaras. En la política española hubo y hay pluriempleados para dar y tomar: ponga el lector avezado nombres al caso y, si comparte lo leído, medite bien su voto y a quien va a poner en nómina.

Fernando J. Muniesa

Una de las actitudes más displicentes de los partidos políticos es la que mantienen desde la propia Transición sobre algunos aspectos ciertamente chocantes del sistema electoral, aunque sean muy fáciles de racionalizar.

Y la decepción social en este enervante asunto se ve agravada porque su reforma legal, justa y necesaria, ni siquiera exige modificar la Carta Magna ni demanda nada del erario público: sólo requiere voluntad política para retocar la LOREG (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General), adaptándola de forma precisa e inequívoca al espíritu y la letra constitucionales. Algo que, sin ir más lejos, ha tenido el PP en su mano durante los cuatro años de su última mayoría parlamentaria absoluta, y que, en su caso, pocos se habrían atrevido a votar en contra.

En sus artículos 68 a 70 y conexos, la Constitución es meridianamente clara  respecto a la ‘proporcionalidad’ de la representación electoral. Y habiéndose modificado la ley correspondiente ya en trece ocasiones sin problema ni mayor dificultad, no se ve razón alguna para tener que seguir soportándola sin sus correcciones más racionales y democráticas.

El problema esencial es que, asegurando el texto constitucional una mínima representación inicial a cada circunscripción, completándola acto seguido con criterios de proporción poblacional, su desarrollo normativo desvirtuó dicha norma suprema con una asignación de escaños por provincia y su reparto entre las fuerzas políticas esencialmente ‘aproporcional’.

Así, se da la curiosa circunstancia de que a Soria o Teruel les correspondan un diputado por menos de cada 50.000 habitantes, mientras que a Madrid o Barcelona la misma representación se les asigna por más de 175.000 habitantes. ¿Y es que acaso los sorianos o los turolenses estén más cualificados a efectos políticos que los madrileños o los barceloneses…? Evidentemente no; pero lo cierto es que cada escaño de Soria o de Teruel representa a menos de la tercera parte de los españoles de otras provincias, aunque con la misma y desproporcionada presencia parlamentaria.

Si en términos generales se suele afirmar que la democracia es tal porque cada ciudadano tiene el peso de su voto, en la nuestra algunos pesan lo que tres, y no por la cultura, la inteligencia o el mérito personal de quien lo emite, sino sólo por el lugar donde reside. Quizás con la intención de que las zonas con más población del país no tuvieran mayor peso político (algo absurdo e injustificado porque nadie está obligado a residir en un sitio concreto), pero evidenciándose en todo caso que el contra balanceo de esa posibilidad es desde luego excesivo. Situación que requiere un ajuste radical de la distribución de escaños por circunscripciones o de los votos necesarios para alcanzarlos, sobre todo en Canarias donde se aprobó una ley electoral autonómica especialmente arbitraria en la representación parlamentaria.

Y junto a esa desigualdad personal, otro fallo no de la Constitución sino del desarrollo que de ella se hizo en la LOREG, es aplicar el sistema D’Hont para la asignación de escaños a los partidos en cada circunscripción. En las once que tienen asignados tres o menos diputados, el reparto de escaños con ese sistema también favorece de forma desproporcionada a las fuerzas políticas mayoritarias, que, sólo por serlo, eliminan en la práctica a las terceras y cuartas opciones, capitalizando además -como sucede en toda España- los votos de los partidos minoritarios que se quedan sin representación cuando no han alcanzado el 3% de los válidamente emitidos, según establece la LOREG. Otra cosa sería aplicar el método Sainte-Laguë (o Webster).

De ahí que dichas listas electorales -y las de las 9 circunscripciones con cuatro diputados que les siguen en el mismo ventajismo electoral- sean las preferidas por los grandes partidos para asegurar un escaño a candidatos foráneos o ‘cuneros’, sin necesidad de que tengan el menor prestigio ni vinculación territorial alguna.

Ese juego de ventajas y desventajas en la representación parlamentaria (primando sobre todo al partido más votado), alcanza claro está a las 52 circunscripciones electorales, pero se manifiesta con mayor evidencia en las 11 que tienen asignados tres o menos escaños, donde a la tercera fuerza política le es casi imposible lograr siquiera el último de ellos. De esta forma, hay que insistir en que la pauta constitucional de establecer un sistema de representación política ‘proporcional’, duro y puro como consta en el texto constitucional, se ha traducido mal al desarrollo normativo.

Otro problema de la LOREG es el efecto negativo que conlleva su aplicación para los partidos con votos muy repartidos por todo el territorio nacional pero con poco porcentaje en cada circunscripción, como IU, pudiendo no superar la barrera del 3% de votos válidos en algunas de ellas aunque si se alcance en el conjunto nacional. Por el contrario, las grandes formaciones políticas y las que acumulan un gran número de votantes en el mismo espacio geográfico (las autonómicas), son las más favorecidas por este retorcido sistema. Así, puede suceder que un partido nacional con el 10% de los votos consiga sólo el 5% de los escaños, mientras que otro autonómico logra el doble de diputados con el 5% de los votos, en base únicamente a su distinta agrupación geográfica.

¿Y por qué se penaliza de forma tan bárbara la agrupación de votos en las provincias más habitadas, mientras los partidos autonómicos juegan con una sobreprima de representación en la política nacional…? ¿Dónde queda entonces la igualdad electoral de todos los españoles propugnada en la Constitución como valor superior de su ordenamiento jurídico (art. 1 CE)…?

En 1985 el bipartidismo PP-PSOE impuso la LOREG como le convino para reasentar un modelo político que en esencia es anti democrático, y también un reflejo de nuestra repudiada política decimonónica. El sistema electoral adolece de otros problemas, pero estos son los más visibles y chirriantes, siendo hora de rectificarlos, sin olvidar que se trata de un compromiso claro incluido en las promesas fundacionales de Podemos y Ciudadanos.

Fernando J. Muniesa

Previsiblemente, faltan sólo dos semanas para que el próximo 3 de mayo se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevas elecciones generales a celebrar el 26 de junio. Gracias, en esencia, a la incapacidad de Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera para negociar entre ellos acuerdos de gobernabilidad.

De llegarse a ese extremo, el día precedente (2 de mayo) volveríamos a conmemorar el heroico levantamiento de los madrileños contra el invasor napoleónico, pudiéndose iniciar también acto seguido el de los electores contra los partidos culpables de nuestras peores vergüenzas políticas. Una batalla que culminaría 54 días después con el recuento de los votos en la tarde-noche de marras.

Ese sería el momento para confrontar el miedo de unos -los políticos- por los pecados cometidos en su función de representación y confianza social, con la respuesta de otros -los votantes- ante su falta de coherencia y altura de miras. Sería la hora de volver al manido juego de la ruleta electoral y del ajuste de cuentas democrático, ahora enervado por la decepcionante actitud previa de todos los candidatos en competencia.

Deberíamos estar, pues, ante una respuesta de represalia ciudadana contra quienes han venido fomentando más traiciones que lealtades hacia sus electores, tanto por haber intentado forzar pactos para ellos indeseados como por imposibilitar los deseados. Aunque quizás la cosa vaya más lejos.

Ya sabemos que las encuestas políticas están manipuladas por quienes las hacen y las publican, en función de quienes las financian y de su proximidad al interés de cada fuerza política. Y en esta suerte de travestismo mediático, movido por un pragmatismo excesivamente grosero, los principios de la democracia y la propia ética profesional desaparecen como por ensalmo, al tiempo que las ideologías y los programas electorales se transforman en simples etiquetas y tracamandangas para seducir a los votantes incautos.

Así, los últimos sondeos sobre opiniones y actitudes electorales siguen en eso de defender cada una lo suyo sin rubor alguno. Como si no pasara nada y los partidos y sus líderes se comportaran siempre según aconseja la ética política y les exigen los votantes. Piensan sus responsables que la ruleta de las urnas seguirá dando las mismas vueltas de siempre, entreteniendo a los mismos ingenuos jugadores -la ciudadanía- y en la misma suerte de enredos y perseverantes falsas promesas.

El tema no es nuevo. Se justifica en la debilidad humana y en su codicia de poder, de dinero o de figuración, por muy humildes y limpios que parezcan quienes la buscan (ya se engreirán y corromperán al pisar las moquetas del poder). Los ejemplos son continuos y sintomáticos, y algunos ciertamente memorables en nuestra historia política más reciente, como las habituales promesas de crear millones de puestos de trabajo, que nunca se cumplen, o las de acabar con la delincuencia política, que sigue campando a sus anchas de norte a sur y de este a oeste del país.

Por eso, lo que asombra y enerva profundamente en estos momentos, no es tanto esa indecencia en sí misma -que también-, sino la frecuencia y el desenfado con que aparece y reaparece de forma machacona, como los números y colores en el juego de la ruleta. Y el caso es tal, que ya reclama piedad con quienes se ven obligados a padecer de nuevo el mismo dolor por las mismas torturas. Opuesto al de quienes humillan su moral, si es que alguna vez la tuvieron, para no perder su posición política y las prebendas públicas disfrutadas sin merecimientos objetivos. Dos cosas muy distintas.

Pero aún duele más tener que soportar como candidatos del PP y del PSOE a los mismos personajes que ya fracasaron con estrepito en las elecciones del 20-D, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y tras haberse constatado el colmo de su incapacidad política para pactar siquiera con sus más afines. Dos personajes (nefastos donde los haya) que siguen postulándose como nuevos perdedores y dando la matraca para no retirarse de la partida, sin crédito alguno y a costa de bloquear la movilidad interna y regeneradora de sus propios partidos. Son un remedo, pero sin pizca de gracia, del Felipito Takatún televisivo popularizado por Joe Rígoli en los años de la Transición.

Es una pena que en esta nueva jugada electoral, devaluada de antemano incluso en razón de los candidatos, tampoco se pueda recuperar la dignidad del sistema. Nada indica que las elecciones del 26 de mayo vayan a propiciar una mayor confianza social en los partidos, aunque sí que podría verse todavía más mermada al traer consecuencia de una actitud política previa soberbia e intransigente, en un insoportable ‘más de lo mismo’.

Ahora, la torpeza de los medios informativos, igual de comprensible que indigna en el actual sistema de dependencias políticas, se centra sólo en publicitar qué candidatos y qué partidos se pueden ver más beneficiados o perjudicados en el lamentable drama electoral del momento. Sin denunciar su comprobada y redundante incompetencia, sin poner verdes a quienes se lo merezcan y sin facilitar la información y los análisis para que los electores puedan votar con más conocimiento de causa y mayor libertad.

Aún así, tendríamos que tratar de apostar o dejar de hacerlo por quienes de verdad se lo merezcan, abstrayéndonos de las falsas ideologías y siglas vacuas que les amparan; o votar en blanco (o simplemente no votar) si ninguno de los candidatos mereciese nuestra confianza. Eso sería actuar como seres racionales o inteligentes y no como simples muñecos de cuerda activados por la manipulación política (o la informativa).

Lo prioritario es ser honesto con uno mismo, reconocer la responsabilidad individual que tenemos por consentir y realimentar el sistema que nos ahoga y luchar por erradicarlo, dejando de votar a quienes en el fondo repudiamos, aunque se mantenga algún afecto o respeto histórico por su partido. Hoy, eso es lo esencial. ¿O es que acaso queremos ser sus víctimas perennes o las del modelo político que nos imponen…?

Fernando J. Muniesa

Todo el mundo conoce el dicho de que ‘a cada cerdo le llega su San Martín’. Se trata de una festividad que se celebra el 11 de noviembre en honor de Martín de Tours, que primero fue soldado, después obispo y finalmente uno de los santos más populares del cristianismo, venerado tanto por la Iglesia católica como por la ortodoxa. Ese día es el señalado en muchos pueblos de España justo para consumar la tradicional matanza del cerdo.

La expresión se ha universalizado con aplicación a otros casos y situaciones variopintas. En esencia, con ella se quiere decir que si alguien actúa de forma incorrecta, tarde o temprano le llegará el momento de pagar su culpa, recibiendo el castigo merecido por los malos actos cometidos.

En la vida política, tiene clara relación con los excesos de quienes ostentan un mandato de representación electoral, bien en materia de corrupción, en abusos del poder delegado por sus representados o incluso por la pasividad o el error sistemático en su ejercicio. Así, en España se podría aplicar a casos bien notorios en el ámbito de la delincuencia política y a personas y partidos que finalmente han sido defenestrados en las urnas -o lo serán-, y por supuesto a un sinfín de gobernantes sátrapas del mundo entero…

Por eso, podríamos decir que a la clase política que ahora actúa de forma tan cuestionada socialmente -unos más que otros-, está a punto de llegarle, como a los cerdos en el momento de la matanza, su particular San Martín electoral, dicho sea sin ánimo de ofensa personal.

Ahora, el proceso de entendimiento político para conformar un gobierno no monocolor o con apoyos externos de legislatura, según han dictado las urnas, se mantiene en la vía del fracaso. Y ello al margen del patético espectáculo de corrupción, incoherencia y batallas internas que siguen dando el conjunto de los partidos implicados.

Vamos camino de agotar los plazos establecidos legalmente para formar Gobierno tras el proceso electoral concluido el pasado 20 de diciembre, a nuestro entender excesivos en un sistema democrático moderno. Y con un reparto de culpas que alcanza prácticamente a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, algunas de ellas sin duda enrocadas en contra de los intereses generales del país.

Sin ir más lejos, Mariano Rajoy ha sostenido mil veces su personal “no me voy a rendir nunca”, denostando el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos  y el intento frustrado de investidura de Pedro Sánchez. Mientras éste exige a Podemos su apoyo incondicional a un pacto en el que no ha participado y que va directamente en contra de sus planteamientos políticos, o mientras los líderes de las fuerzas emergentes (Albert Rivera y Pablo Iglesias) se vetan entre sí para suscribir cualquier acuerdo político…

Ya estamos a tres semanas de que el próximo 3 de mayo se tengan que convocar forzadamente nuevas elecciones generales para el inmediato 26 de junio, disolviendo las Cortes y volviendo a otra campaña electoral, que con toda seguridad se convertiría en el particular San Martín de quienes sean vistos por los votantes como culpables de tal situación. Y provocando quizás un hartazgo social capaz de elevar la abstención electoral hasta cotas que lleven el sistema a su límite de resistencia, sin olvidar que acto seguido se tendrían que celebrar otras elecciones pendientes para este mismo año en el País Vasco y Galicia, no menos engorrosas.

Y lo peor del caso es que el miedo a ese San Martín electoral, que es un puro ejercicio democrático, puede precipitar la peor solución alternativa. Por ejemplo, un Gobierno frágil de conveniencia táctica o una solución de tipo  frentista que, por la torpeza y el egoísmo de los partidos en liza, convierta el remedio del momento en algo peor que la propia enfermedad.

Si el proceso de investidura presidencial fracasa definitivamente, es obvio que la debilidad del sistema quedará patente. De ahí al desastre político generalizado, incluidos los conflictos de competencias -ya hemos visto el reciente enfrentamiento institucional a propósito del control parlamentario sobre el Gobierno en funciones- y hasta la inoperancia constitucional de la Jefatura del Estado, quedaría muy poco trecho.

Partiendo del porcentaje de participación que se registró en las pasadas elecciones generales de diciembre de 2015, aproximadamente un 69% (el record se alcanzó en octubre de 1982 con un 79,57% que propició la gran mayoría absoluta del PSOE y el hundimiento de la UCD), las primeras encuestas realizadas tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez comenzaron a registrar un descenso significativo en el nivel participativo, situándose en un 65%.

Ahora, en caso de consumarse el fracaso político de no formar Gobierno y tenerse que celebrar nuevas elecciones de forma inédita, la afluencia a las urnas podría bajar más, quedando ya muy lejos del mínimo histórico que supuso el 68,71% alcanzado en las elecciones de marzo de 1979. Es decir, se superaría con mucho el desinterés público que se mostró para conformar aquella I Legislatura constitucional.

Está claro que ese retroceso en la participación electoral significaría el desentendimiento de toda una historia de difíciles logros democráticos, a cuenta básicamente de la poca categoría de los actuales partidos políticos y sus dirigentes. Una responsabilidad extensible a las máximas instituciones del Estado, incapaces de detectar o admitir los defectos del sistema político y de aportar nada verdaderamente útil para mejorarlo o evitar su deterioro.

El San Martín electoral o, dicho de otra forma, el momento en el que a cada político y a cada partido le puede llegar su particular descalabro, se está asomando por la puerta de la historia. Esperemos que ‘la matanza del cerdo de la política’ -valga la comparación- no se convierta en una ‘noche de los cuchillos largos’ y se lleve por delante algo más.

Fernando J. Muniesa

Está claro que a pesar del aviso emitido por los ciudadano en las últimas elecciones generales, nuestra clase política (‘casta’ pese a quien pese y pase quien pase por ella) sigue en la senda de la ineficacia, sin mostrar capacidad para garantizar la gobernabilidad del país ni para afrontar de común acuerdo las urgentes reformas de todo tipo que necesita (sociales, económicas, legislativas…).

A esas formaciones políticas, unas más torpes que otras pero todas con su punto de mezquindad a cuestas, se les ha dicho con suma claridad en las urnas que los españoles no quieren más mayorías absolutas -abusivas- ni más imposiciones ideológicas de unos sobre otros, sino una política de entendimiento más pragmática para reconocer y resolver entre todas ellas (o entre las más sensatas) los problemas que están arruinando los grandes logros de nuestro agitado sistema de convivencia. Después ya vendrán los días del matiz y las preferencias netas, el momento para que la sociedad se pronuncie de forma más o menos acusada sobre una tendencia política concreta, justo porque la democracia no debe ser otra cosa que el gobierno de la mayoría, que ahora reclama ese consenso de esfuerzos compartidos.

Y la situación es tan bochornosa que, paradójicamente, los propias fuerzas parlamentarias son las más interesadas en no volver de inmediato a las urnas, aunque sean las culpables de no evitarlo. Todas ellas tienen pánico, más o menos confeso, a la debacle electoral y a perder posiciones actuales, porque todas intuyen la frustración que, cada una por motivos diferentes, están provocado en los votantes, cosa triste y temeraria.

Tal es el descalabro político y el malestar del electorado que, digan lo que digan las encuestas, ningún partido tiene la certeza de poder mantenerse en la lid política (recuérdese la desaparición de UPyD). Ni de que la sociedad en su conjunto no castigue a todos con una renuncia masiva a ejercer el derecho de sufragio o votando en blanco, poniendo entonces el modelo de convivencia en peor situación y a las puertas de la regresión democrática.

Quienes esencialmente asqueados del bipartidismo PP-PSOE y del amparo que han prestado a la corrupción pública (una lacra que siguen sin querer atajar) optaron por votar a las dos fuerzas políticas emergentes (Podemos y Ciudadanos), que han sido casi nueve millones de españoles, ya tienen evidencias de que, en el fondo, ambas sólo aportan más de lo mismo, cada una con su propio estilo. Y de que sus líderes, Pablo Iglesias y Albert Rivera, son tan inmaduros como lo fue Rodríguez Zapatero y tan prepotentes como los son ahora Mariano Rajoy y Pedro Sánchez: a la postre poca enjundia y menos fuelle para proclamarse ‘políticos del cambio’, pretendiendo liderar la regeneración política que necesita el país, cuando todavía parecen no saber siquiera qué quieren ser de mayores.

Una lástima sobreañadida a la patente frustración política de la mayoría social. Después del ‘zapaterismo’ y del ‘marianismo’, las expectativas de un nuevo gobierno entreverado del PP-PSOE o aliñado con ‘riveristas’ y/o ‘podemitas’, produce auténtico escalofrío y nos avoca a la misma y profunda melancolía que estigmatizó a los ilustres pensadores del 98 y que llevó a España al desastre histórico que la llevó.

Fracasado el entendimiento post-electoral de los grupos parlamentarios surgidos del 20-D (cualquier gobierno que se pudiera formar sin nuevas elecciones parece avocado al fracaso), quizás convenga reflexionar sobre la conveniencia de establecer alguna gran coalición pre-electoral que embride o sirva de autocontrol a quienes la formen, mantenga despierta su memoria y garantice unos acuerdos de legislatura y gobernabilidad mínimos. Dejando ahora las cosas claras antes de meter las papeletas en las urnas.

Con este planteamiento de acuerdos previos, plasmados en el programa electoral correspondiente, incluso con un apunte del subsiguiente reparto de responsabilidades ministeriales, está claro que los coaligados se verían limitados para enredar a la hora de formar gobierno y mucho más cerca de alcanzarlo. Por sí mismos o mediante pactos post-electorales con otros grupos parlamentarios que, partiendo de una mejor agrupación ideológica, también se podrían consumar con más facilidad.

Así, habría menos posibilidades, por ejemplo, de que los votantes socialistas vieran malversada su voluntad en contra de las políticas neoliberales, o que los conservadores tuvieran que olvidar su ideario genuino con unas cesiones posteriores que repudian con claridad. Cada oveja vaya con su pareja y con la dote, el ajuar y las cosas de cada cual precisadas en ese matrimonio de coyuntura, liquidable al final de la legislatura.

Esto es lo que deberían plantearse seriamente PP y Ciudadanos si fueran conscientes de la gravedad de la situación política y responsables ante su propio futuro. Lo mismo que se podría decir sobre un acuerdo previo entre Ciudadanos y PSOE, entre PSOE y Podemos o entre Podemos e IU… Hoy por hoy, cualquiera de esos pactos pre-electorales sería más apropiado que usurpar a toro pasado el mandato de los votantes con acuerdos distintos, y hasta contradictorios, con cada una de sus expectativas previas.

Si por el escaso peso de sus votos PSOE y Ciudadanos quieren apoyarse mutuamente o tratar de gobernar juntos, que lo aclaren previamente de forma pública, antes de pasar por el fielato de las urnas. Y si Ciudadanos opta por aliarse con el PP, que lo haga también de antemano sin traicionar o estafar a sus electores y con un mínimo de la misma honradez política que exige a los demás. Eso de terminar de forma indistinta al lado de unos o de otros a mejor conveniencia (más oportunismo de bisagra política), poco tiene que ver con el regeneracionismo de la vida pública que preconiza.

De no ser así, poco extrañaría que los electores renuncien a participar activamente en unas nuevas elecciones generales. Pero no cabe otra cosa que convocarlas, y ya veremos, entonces, cómo se vota o no se vota.

Fernando J. Muniesa

La autoridad eclesial define la Cuaresma como el tiempo litúrgico de conversión, preparatorio para vivir en plenitud la gran fiesta de la Pascua de Resurrección, también denominada ‘Domingo de Gloria’. Es el momento  apropiado para que fluya el arrepentimiento de los pecados y cambiar de comportamientos, tratando de ser mejores y de vivir más cerca la palabra de Dios con la esperanza de poder compartir con él la vida eterna.

La Cuaresma, transcurrida este año entre el 10 de febrero y el 20 de marzo (casi en paralelo con el encargo del Jefe del Estado para que Pedro Sánchez intentara su investidura presidencial), es tiempo de reflexión, de penitencia y de conversión espiritual. Es una llamada al cambio de vida y a desarrollar una actitud cristiana en busca del perdón y la reconciliación fraterna, que se debe traducir en soportar con alegría nuestras penurias y en fomentar el entendimiento, la paz terrenal y la tranquilidad de espíritu…

Traducido al actual y delicado mundo de la política, tras la Cuaresma y la Semana Santa deberían haber concluido la autocrítica y el reajuste en el pensamiento y la acción de los partidos, el análisis y valoración del ‘debe’ y el ‘haber’ de cada uno de ellos, reflejando el saldo deudor o acreedor resultante. Tratando de ofrecer así un balance que les abra las puertas del poder, que es la garantía de la gloria terrenal.

Hablando en términos generales, si el importe del debe es mayor que el del haber, habrá saldo deudor y catástrofe política asegurada. Si el importe del haber es mayor que el del debe, el saldo será acreedor, pudiendo seguir entonces a flote la nave del sistema de la mano de las fuerzas que se hayan podido salvar de la debacle.

Y en esas estamos justamente en estos momentos, que son antesala de unas posibles nuevas elecciones generales (del 26 de junio). Pero con un balance bastante negativo para el conjunto de las fuerzas políticas, algunas de las cuales ya lo venían arrastrando penosamente a lo largo de la última legislatura, en su particular calvario electoral.

Que en los últimos comicios (europeos, locales, autonómicos y generales) el descalabro del PP y del PSOE ha sido colosal, y que su insistencia en el despropósito político sigue marcando la misma tendencia irreversible en el futuro inmediato, no lo puede discutir ningún analista sensato (los palmeros del poder son otra cosa). Lo que pasa es que Ciudadanos y Podemos como fuerzas emergentes frente a aquellas dos gastadas opciones ideológicas, parecen contagiados de su misma mala praxis partidista.

Justo en ese bochorno quedaron ya las declaraciones del ministro García-Margallo al reconocer que los resultados del PP en las elecciones andaluzas del 22-M habían sido “mucho peor, infinitamente peor del que se podía esperar”, concluyendo: “No hay motivo para la alegría”. Un recelo al que habría que añadir el de las baronías populares, que desde hacía tiempo también se han venido oliendo el desastre que iban a cosechar el 20-D, exigiendo actuaciones que nunca llegaron para relanzar la imagen pública del partido: en eso estuvieron Esperanza Aguirre, Alberto Fabra, José Antonio Monago, Alicia Sánchez-Camacho, Alberto Núñez Feijóo…

Mientras tanto, el PSOE no ha querido enterarse de la continuidad de su fracaso, que en los últimos comicios legislativos le llevó a perder otros 20 escaños más sobre los ya escasos 110 escaños conseguidos por Rubalcaba en 2011 (en 1982 González obtuvo 202). Y parece que sigue en ello.

Ambos partidos pueden continuar hundiéndose hasta cotas situadas muy por debajo de sus peores previsiones (sobre todo en pérdida numérica de votos), empujados a esa fosa por Ciudadanos y Podemos, aunque a muchos de sus dirigentes les cueste creerlo. Y lo que más duele al antiguo bipartidismo es que ese robo de la posición política ha llegado en un santiamén; con visos de acrecentarse por poco que los partidos alternativos recapaciten para abandonar los indeseables tics del sistema que han asumido con gran rapidez y torpeza, eliminando así la desconfiada que, con esa tara, comienzan a despertar en el electorado.

Ahora para capitalizar los errores del PP (algunos sin posible rectificación) se acaba de consolidar un partido de relevo, tranquilo y con planteamientos sensatos -de momento algo ingenuos- para arrebatarle el espacio centrista sin agitar el gallinero: Ciudadanos. Y para hacer lo propio con el PSOE ha surgido Podemos, que le achica por su margen izquierda el espacio de las bases sociales, claro está que de forma más tronante.

El presidente del Banco de Sabadell (entidad que no forma parte de la ‘gran banca’), Josep Oliu, persona que no parece compartir algunas actitudes de la actual clase dirigente, vio venir el fenómeno cuando en junio de 2014 reclamó “una especie de Podemos de derechas”: pues ahí están ya las dos fuerzas adversarias del PP y del PSOE a punto de desbancarles del gobierno y de la oposición. Sólo les falta auto analizarse, auto criticarse y evitar el contagio de los defectos partidistas que han venido a combatir; es decir rectificar con rapidez los errores de principiantes que han cometido desde que el pasado 20-D obtuvieron la confianza de 8.727.239 votantes.

La Semana Santa ha podido ser el momento de reflexión ideal para ello. De haberse producido tal depuración, por no decir expiación, la política más inmediata -con nuevas elecciones o sin ellas- podrá alumbrar el horizonte de esperanza que necesita el país, al igual que se oscurecerá todavía más si los miasmas estertóreos del PP y del PSOE siguen envenenando el aire fresco que parecían habernos traído Ciudadanos y Podemos.

Lo que está claro es que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez seguirán en lo suyo después del Domingo de Gloria, tratando de recrearse en un imposible Lázaro resucitado para gozar de la vida eterna. Mucho nos tememos que para ellos -y quizás también para Albert Rivera y Pablo Iglesias- ésta haya sido una Semana Santa de pocos arrepentimientos.

Fernando J. Muniesa

España entera ha sido testigo de cómo el acuerdo PSOE-Ciudadanos para la investidura presidencial de Pedro Sánchez fue derrotado en el Congreso de los Diputados por artificioso y de forma estrepitosa: nada menos que con 219 votos del ‘no’ frente a 131 del ‘sí’.

La aritmética parlamentaria (regla de oro de nuestro sistema constitucional) se impuso sobre la inconsistente actitud de dos políticos todavía verdes y con poco sentido de la realidad que, aún propugnando una idea de cambio y reformismo, verdaderamente solo están poniendo encima de la mesa ‘más de lo mismo’, e incluso peor (con pataleta incluida).

Ahora, los líderes de ambos partidos proclaman una nueva política, no por convicción personal (cosa evidente) sino porque esa es la exigencia social para depurar la vida pública española, arruinada a partir de la corrupción desbocada con la Gürtel y los falsos ERE de Andalucía y con el ‘quítate tú para ponerme yo’ como síntesis del bipartidismo PP-PSOE, pura herencia del mal decimonónico que la ha marcado a sangre y fuego a partir de las Cortes de Cádiz. Una mangancia que nos está haciendo regresar a las épocas más oscuras de nuestra historia, al derrumbe del sistema económico y del estado del bienestar -afianzado por las generaciones precedentes-, al dolor de volver a la emigración masiva generalizada (razón esencial del tan aireado y falso descenso del desempleo), a la expansión y consolidación de la pobreza, al populismo y al caciquismo de altura…

Pero esta regresión, mucho más profunda de lo que parece a simple vista, no nos la trae ningún rey absolutista, ni tampoco un arriesgado dictador de nuevo cuño: viene de la mano de los emergentes sabelotodo de la política que, como dirían los castizos, jamás se han comido una rosca… Aunque lo lamentable del caso es que sean fruto de la degeneración política precedente, fomentada por un PP-PSOE encastillado en sus errores y en una corrupción sistémica que no se quiere reconocer ni rectificar: esa es la evidencia que se nos sigue mostrando día a día y pase lo que pase.

Y con el agravante de ridiculez que supone ver a esta nueva generación de ‘políticos del cambio’ creyéndose -salvo contadas excepciones- más lista, preparada y honrada que la de la Transición y que quienes, quiérase o no, escribieron unas de las mejores páginas de nuestra historia democrática.

Sánchez y Rivera pueden verse a sí mismos como un revival de Felipe González y de Adolfo Suárez, pero no les llegan -ni parece que lo vayan a hacer nunca- a la altura de sus zapatos. Como Rajoy tampoco tiene nada que ver con el Fraga de antaño, ni Pablo Iglesias sirve para liderar a las clases trabajadoras (siquiera como lo hicieron no ya Santiago Carrillo, sino Gerardo Iglesias o Julio Anguita), que hoy se encuentran desamparadas o en manos de unos sindicalistas ineptos y trincones, sin sentido de la eficacia política y sobrados de demagogias y populismos baratos… Al igual que el Rey de ahora tampoco es el de entonces, dicho sea con todo respeto, que es lo mismo que sucede con los empresarios, los intelectuales, los periodistas o el profesorado, por poner algunos otros ejemplos.

Hoy sigue faltando en España formación y esfuerzos personales, sentido de la responsabilidad política, conciencia y vitalidad ciudadana, liderazgos sólidos, patriotismo, solidaridad social… Y, en fin, todos los valores que enaltecen a los pueblos civilizados y que son imprescindibles para superar las crisis que puedan acecharles.

Por eso, cualquier intento de auto proclamarse herederos de quienes hicieron posible la Transición -en eso están-, o la pretensión de  asimilar el actual panorama político con el constituyente de 1978, no dejan de ser una broma de mal gusto. Protagonizada por todos y cada uno de los políticos que con su pobre bagaje personal, hablan de cambios y reformas que, por su propia incapacidad, jamás acometerán, y que en el fondo les traen sin cuidado: lo que persiste sigue siendo el ‘deja de llevártelo tú que me lo quiero llevar yo’. De entrada, baste ver cómo al tomar el poder institucional los nuevos partidos muestran actitudes y comportamientos internos más o menos similares a los de la precedente ‘casta política’.

Frente al consenso que permitió transformar la dictadura franquista en una democracia moderna, con todos sus más y sus menos, hoy vemos cómo la política nacional se desenvuelve en un teatro de despropósitos muy parecido al esperpéntico camarote de los hermanos Marx. Y encima con el rechazo despreciativo de cualquier consejo o reflexión que se intente aportar extra muros de la política, cada vez más podrida y tercermundista.

Por mucho que se hable de cambios y reformas, lo que vemos es que con las nuevas generaciones llegadas a la política (quizás su peor lastre) todo sigue igual, si es que no va a peor, y que siguen siendo la misma gente que hasta ahora alimentaba el bipartidismo PP-PSOE, pero con otras caras y siglas. Cualquier consejo sensato que se les lance, sea desde donde sea, es desoído incluso con insolencia: ‘yo a lo mío y ahí me las den todas’.

Todos rechazan las exclusiones y las líneas rojas de los demás, mientras mantiene las suyas a ultranza. Todos se creen con derecho a gobernar con el apoyo de los otros, cuando ninguno ha obtenido para ello la confianza cierta del electorado. Todos critican las poltronas que exigen sus contrarios, pero sin renunciar a las suyas. Los españolistas critican en público a los soberanistas, mientras pactan sus exigencias de forma soterrada.

Quien ha ganado las elecciones carece del coraje necesario para negociar su investidura, exigiendo recibirla poco menos que aclamado bajo palio y con otro ‘cheque en blanco’ para seguir haciendo -o no haciendo- lo que le venga en gana. Y quienes las han perdido se arrogan una legitimación para la gobernación del Estado de la que evidentemente carecen…

Parece que el 20-D no ha arreglado nada, porque ha alumbrado una nueva edición de la casta política corregida y aumentada. Eso es lo que hay.

Fernando J. Muniesa

Puede que durante el reciente y fallido proceso de investidura presidencial Pedro Sánchez y Albert Rivera (PSOE y Podemos) hayan transmitido una imagen de entendimiento y buen hacer personal en aras de la llamada ‘gobernabilidad’. Y que Mariano Rajoy y Pablo Iglesias hayan sido vistos como intransigentes y hasta como demagogos,cada uno a su estilo.

Sin embargo, y esto sí que es paradójico, lo cierto es que los tenidos por moderados y defensores de la centralidad política, han sido quienes en ese trámite parlamentario más han traicionado sus manifestaciones previas. Eso sí, justificándose por tener que ceder en las negociaciones -dijeron- para alcanzar el gobierno estable que necesita el país, obviamente bajo su dirección y renunciando a lo que antes habían prometido de forma solemne a los electores que les votaron: nada hay nuevo, pues, bajo el sol de la política. Y ya hubiéramos visto después, en su caso, qué parte de lo prometido para instalarse en La Moncloa se habría cumplido o incumplido…

Por el contrario, quienes en el mismo proceso han podido mostrarse como los malos de la película, los intransigentes a ultranza, son los únicos que no rectificaron sus posiciones programáticas y de partida electoral: PP y Podemos. Lo que tampoco significa que no lo hicieran después desde sus eventuales poltronas gubernamentales (el caso de Rajoy en la legislatura concluida fue paradigmático al respecto).

Aunque la vida y la política dan muchas vueltas, ahora parece que ya nadie confía en un posible acuerdo de investidura, actuando por tanto los partidos en clave propagandista de cara a los posibles comicios del 26 de junio y volviendo de nuevo a las promesas políticas gratuitas o premeditadamente falsas. Y, sobre todo, al juego de manipular las encuestas electorales (cada una con su correspondiente apoyo mediático) para condicionar el voto ciudadano:a fin de cuentas más corrupción o guerra sucia partidista.

En eso siguen unos y otros. Y ya hemos visto sondeos de opinión tempranos que lo corroboran (y más que veremos en los próximos días), con datos tan dispares como elocuentes.

Para empezar, El País (06-03-2016) ha sido el primero en endilgarnos una encuesta de Metroscopia resaltando que la mitad de los votantes de Podemos desaprobaron su falta de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que el 48% de los españoles consideraba este fracaso como una mala noticia y que el 36% la daba por buena (con una muestra nacional de sólo 730 entrevistas). O sea, que las encuestas de Metroscopia -curiosamente financiadas por Telefónica- siguen coincidiendo con la línea editorial del medio que las publica (cosas de la vida), a pesar de que el sentimiento de los ‘podemitas’ y el sentido común de los analistas independientes apunten en otra dirección. Además, se insistía en que para el 80% de los españoles, nada más y nada menos, el tiempo político de Rajoy ya había pasado.

Lo que no explicaba la encuesta de Metroscopia (y tampoco El País) es por qué extraña razón los 130 escaños que suman Ciudadanos y PSOE son más o mejores que los 159 conseguidos de forma conjunta por PSOE y Podemos, o que los 163 logrados el 11-M por PP y Ciudadanos.

Por su parte, NC Report publicaba acto seguido otra encuesta en La Razón (07-03-2016) tratando también de reorientar la opinión pública, pero en sentido muy distinto: destacando el inmediato crecimiento electoral del PP y de Ciudadanos (cosa discutible) y la posibilidad de lograr una gran coalición liderada, erre que erre, por Rajoy. Así, este trabajo demoscópico aseguraba que en unas elecciones nuevas el PP subiría medio punto en su porcentaje de votos (obteniendo entre dos y cinco escaños más de los conseguidos el 20-D) y que, además, Ciudadanos crecería un punto y medio (logrando entre dos y seis escaños más). Es decir, que de sus actuales 163 escaños conjuntos pasarían a tener entre 167 y 174, pudiendo quedar por tanto a sólo dos de la mayoría absoluta…

Y todo ello a pesar de que la participación electoral se reduciría en un 4,4%, pasando del 69,4% que se logró en el 20-D a un 65% en el próximo mes de junio (y quizás a menos). Total: según NC Report y La Razón, la derecha volvería por sus fueros de gobierno con Rajoy a la cabeza, mientras que la izquierda perdería fuelle, no se sabe bien por qué extraña razón.

Una idea que GESOP (El Periódico 11-03-2018) balancea aún más a favor de la formación naranja: Ciudadanos alcanzaría hasta 59-62 escaños y el PP bajaría a los 107-110. Podemos también perdería votos en favor de IU.

Claro está que ninguno de los estudios citados (ni sus medios informativos de apoyo) se han interesado lo más mínimo por algo sin duda trascendente: el efecto que tendría en las bases electorales populares un acuerdo entre Podemos e IU, bien por una decisión orgánica de ambas organizaciones o bien por la personal de Garzón para unirse a Podemos con sus seguidores, caso de que las momias de su actual partido le forzaran a tomar esa vía en su congreso de mayo.

Al decir de los castizos, con un acuerdo nacional entre IU y Podemos (y con sus mareas orientadas hacia un gobierno neto de izquierdas), el PSOE amancebado con Ciudadanos (un idilio absurdo y contra natura) se iba a enterar de lo que vale un peine. Entonces, de no rectificar, los socialistas pasaría de forma inexorable a la ultratumba política, con Susana Díaz, su adalid de nuevo cuño, tan arruinada políticamente como Pedro Sánchez.

Como todo parece seguir igual que antes, incluidas la tozudez de los líderes políticos para no apearse de sus posiciones más bizantinas y la continuidad de las malas prácticas de su oficio, el presagio de ver a los votantes de izquierda reagrupados en un frente electoralmente más útil, no parece inverosímil. Así se sabría quién lidera de verdad las bases de la izquierda y si el PSOE sigue o no sigue en no se sabe qué ni dónde. Ciudadanos tendría un problema parecido en el hemisferio político de la derecha.

Fernando J. Muniesa

Concluida las sesiones parlamentarias en las que Pedro Sánchez se sometió de forma infructuosa a la investidura presidencial (algunos la han calificado de ‘posturismo’ y pantomima política), la percepción del futuro político inmediato permite plantear a bote pronto dos reflexiones conexas.

La primera de ellas es que de momento, y a pesar del fracaso cosechado, el aparente esfuerzo negociador y de entendimiento político realizado por el secretario general del PSOE, va a permitirle lo que hasta hace poco parecía imposible: mantenerse momentáneamente a flote fuera y dentro de su partido. La ‘fumata negra’ del Congreso, no impedirá que en última instancia Sánchez vuelva a encabezar las candidaturas socialistas en unas eventuales nuevas elecciones generales, con la esperanza de que la intransigencia de Podemos para facilitar su investidura le permita -ya se verá- un repunte en la consecución de escaños, y no al revés como piensan los dirigentes ‘podemitas’.

La segunda reflexión es que, en ese mismo proceso, Mariano Rajoy, todavía presidente en funciones, ha terminado de arruinar su imagen electoral, gracias sobre todo a su manifiesta renuencia para enfrentarse al devorador fenómeno de la corrupción política. Sin olvidar el coste de la crisis que cargó sobre las clases sociales más débiles, su renuncia a la responsabilidad de intentar la investidura presidencial como candidato del partido más votado (esperando que se la dieran hecha) y su desidia para acometer las reformas institucionales que desde hace tiempo se venían mostrando necesarias como salvaguarda de nuestro modelo de convivencia nacional, teniendo como ha tenido una mayoría parlamentaria absoluta.

Estas circunstancias incidieron en sus sucesivas pérdidas de apoyo electoral. Y ahora, además de haberle impedido lograr el respaldo parlamentario requerido para formar gobierno, amenaza también su papel alternativo de jefe de la oposición; responsabilidad en la que podría verse desplazado por el líder de Ciudadanos, que no ha dejado de transmitir al electorado una imagen de entendimiento político muy apreciada en estos momentos, por ingenuo o artificial que fuera.

Cierto es que para Sánchez no ha habido ‘fumata blanca’ presidencial. Pero no lo es menos que ese frustrante proceso de investidura ha terminado de defenestrar por pasiva a Mariano Rajoy, tanto como aspirante a permanecer en La Moncloa como en su eventual función sustitutoria al frente de la oposición. Ya perdió en dos ocasiones las elecciones generales frente a un candidato socialista de poco peso específico (Rodríguez Zapatero), viéndose ahora desalojado  de La Moncloa prácticamente sin posibilidad alguna de volver a presidir un Consejo de Ministros, a pesar de auto considerarse como un ‘activo’ de su partido y no como el lastre que realmente es.

Bien que mal, hoy por hoy el desacuerdo parlamentario nos ha negado un presidente del Gobierno. Pero al mismo tiempo ha terminado de arruinar las expectativas de supervivencia del PP, perjudicando su tradicional posición de dominio en la derecha nacional, ahora compartida directamente con un partido como Ciudadanos, que está aprendiendo a hacer política y a comerle ese terreno de forma acelerada.

Puede que estemos cabalgando (o no) hacia un 26 de junio electoral según el timing institucional, debido a las posiciones tomadas por el PP y Podemos y porque Ciudadanos y el PSOE han preferido aliarse entre sí y no con sus partidos ideológicamente más afines (la moderación y el entendimiento poco tienen que ver con esa renuncia). Una situación en la que sería absurdo volver a nominar a un candidato popular que día a día se ha venido ganando a pulso su actual condición de muerto político viviente.

Lo que quedaría en ese caso es afrontar ya el nuevo tiempo de campaña electoral, en el que más o menos se han venido moviendo todos los partidos desde que la aritmética parlamentaria salida del 11-M advirtiera la dificultad para conformar una suma de apoyos políticos capaz de garantizar un gobierno mínimamente coherente y estable. Un objetivo que se ha visto perjudicado de forma inapelable por el rechazo generalizado que concita la persona de Mariano Rajoy, incluso entre las bases de su partido (el PP está pagando caro el error de no haber cambiado de candidato a tiempo).

Parece que en esa nueva lid volverán competir los mismos protagonistas que lo hicieron en los comicios del 11-M, incluido el muerto-vivo llamado Rajoy, pero partiendo ahora todos ellos de una base de salida electoral y de escaños distinta a la que tuvieron entonces. Y con un bagaje de actitudes, propuestas políticas y percepciones públicas traducibles en votos, también diferentes: para unos candidatos será mejor y para otros peor.

Por eso hay que ver a quien le interesa más o menos el escenario de unas nuevas elecciones. Teóricamente podrían mejorar posiciones los candidatos que en el marco de las negociaciones por la gobernabilidad se han movido ante el electorado de forma más constructiva, aunque se les achaque haber jugado con fuegos de artificio (Rivera, Sánchez y hasta Garzón). Y podrían empeorarla aquellos otros que han sido vistos como intransigentes, poco realistas, autoritarios o simplemente demagogos (Rajoy e Iglesias).

Aun así, las diferencias resultantes en la aritmética parlamentaria tras unas nuevas elecciones generales, podrían ser escasas aunque más operativas. Y eso impone también la conveniencia de planteamientos estratégicos nuevo.

Entonces, el conglomerado de Podemos (los reinos de taifas) y la nueva Unidad Popular deberían realinear sus coincidencias programáticas y su marketing electoral en una acción conjunta si quieren conformar una izquierda hegemónica, obligando al PSOE a reafirmar sus políticas sociales (poco creíbles), a revisar su visión vertebral de España y a respaldar sin fisuras al candidato. El PP no podría hacer nada más que autocrítica real y cambiar de líder, pero no parece que ese vaya a ser el caso.

Fernando J. Muniesa

La crónica aludida en nuestro titular, no se enmarca en las latitudes tropicales del Macondo imaginario que inspiró a García Márquez sus Cien años de soledad. Y tampoco responde a un remedo de la magistral narrativa que en 1982 le llevó a la gloria del Premio Nobel.

Estamos a mucha distancia, histórica y vital, del realismo fantástico que caracteriza la genial obra de ‘Gabo’. Pero en nuestro tiempo y espacio sí que tenemosuna reproducción muy semejante del ineludible destino que acompaña la suerte de los perdedores, recogido con tanta sobriedad como precisión en otra de sus originales obras:Crónica de una muerte anunciada.

Porque aquí y ahora, y enmarcada en el ajetreo político de esa vertiente un tanto ‘macondiana’ que también pervive en España, la fatalidad aparece de nuevo como hecho inexcusable, como la metáfora suprema del infortunio en el que a menudo quedan atrapados nuestros políticos más conspicuos.

En la crónica literaria genuina, el narrador advierte que los asesinos de marras, los hermanos Pedro y Pablo Vicario, “de catadura espesa pero de buena índole”, no quieren matar a Santiago Nasar, aunque deban hacerlo. Y también que todos sus convecinos, aún deseando impedir el crimen, no lo hacen. O, aún peor, que sólo la víctima propiciatoria desconocía el porvenir inmediato que le aguardaba.

Pues bien, como expresión del juego político más inimaginable pero cierto, en estos momentos estamos viendo como Rajoy -presidente en funciones- se consume en su particular ‘muerte anunciada’, sin percibir que ya es un cadáver amortajado entre otras cosas por no atajar la corrupción interna del partido y por su desidia para afrontar la regeneración política, al igual que el Nasar descrito por García Márquez ignoraba su insoslayable destino.

Todo un esperpento político nacional, marcado en efecto por el desmedido afán personal de aferrarse al poder, acompañado además por el desprecio del daño que tal actitud produce al PP y al sector conservador de la sociedad española que representa. Algo más enraizado con el peor hacer caribeño que con las prácticas democráticas consolidadas en Europa.

El desgaste y la mala imagen social de Mariano Rajoy y de su Gobierno, poco tienen que ver con el respeto ciudadano hacia el PP como fuerza política consolidada en el juego de la política nacional (aunque sin duda necesitada de una revisión profunda). Pero su esfuerzo por seguir titulando de forma contumaz un liderazgo de partido que en realidad nunca se ha visto claro, perjudica al conjunto del país tanto o más de lo que podrían hacerlo esos eventuales gobiernos llamados ‘de perdedores’ que en su opinión quieren arruinarlo; derivado en todo caso del mal balance político de la X Legislatura y que le rebasaría ampliamente en votos obtenidos: el PP sólo obtuvo un 28,72% frente al 71,28% restante…

Aunque, a mayor abundamiento, y en la misma línea equívoca del análisis realizado por los dirigentes del PP,no dejan de sorprender sus continuas referencias a la izquierda  ‘perdedora’ de las elecciones del 20-D, cuando el mayor fracaso ha sido el del partido en el Gobierno. De hecho, lo que Rajoy presenta como una victoria indiscutible, es una derrota electoral sin parangón en la historia de su partido: ha perdido la mayoría absoluta de 186 escaños y nada menos que 63 (un tercio sobre la marca anterior), frente a los 20 perdidos por el PSOE también sobre los preexistentes.

Pero ¿cómo puede hablar entonces Rajoy de un Podemos ‘perdedor’, si es un partido que ha pasado de cero diputados a 69…? ¿Y es que, siendo ésta una formación de izquierda que compite con el PSOE, no suma con él ya 159 escaños, que son 36 más que los del PP…? Lo que haga o deje de hacer Ciudadanos, que en principio sólo podría pactar con el PP una minoría de 163 escaños y con el PSOE otra aún más exigua de 130 (la abstención es otra cosa), poco tiene que ver con la aspiración marianista de conjurar su merecida soledad política.

En el caso que nos ocupa, la elucubración de Rajoy, sobre-actuada al estilo macondiano, también le conduce a una irremisible defenestración, aunque quizás él tenga más asumido su futuro que el Nasar descrito en la trágica narración de García Márquez. Desde que se auto impuso como candidato presidencial del 20-D, sin abrir su razonable sucesión, el cadáver viviente de Rajoy ya no ha tenido quien le escriba ni quiera contaminarse apoyando su investidura; hasta el punto de verse obligado a declinar el ofrecimiento del Jefe del Estado para intentar formar el nuevo Gobierno que tanto ansía.

Pero, aunque él no lo quiera ver, han sido los propios votantes quienes han impedido ese aferramiento al poder de estilo tercermundista. Porque, frente a sus críticas a un Gobierno progresista y reformista (bien de coalición o sólo con apoyos de investidura o de legislatura, como los que tuvo Aznar en 1996 cuando pactó con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios), lo cierto es que quienes le han apeado del poder han sido un tercio de sus votantes previos, que se han sentido traicionados por su gestión política.

De esta última, de la traición sin paliativos, Friedrich von Schiller, literato, filósofo e historiador alemán poco sospechoso de veleidades indignas o inmorales, decía que “disuelve todos los vínculos”. Y, en corte más popular pero no menos sabio, el refranero español, recuerda que “no puede uno servir bien a dos amos, y contentarlos a entrambos” (las bases electorales y la elite del establishment), que es lo pretendido por Mariano Rajoy.

Finalmente, subrayamoseste aviso a navegantes: si cuando se sufre la primera traición la culpa siempre es del traidor, de la segunda es más responsable el traicionado. Y, cuando la traición (la corrupción política es una de sus expresiones) se asienta como impronta de un partido o como imperativo habitual de un estilo de gobierno, denigrando ostensiblemente la vida pública, la última culpa recae en el electorado que la respalda, que es el que ha sancionado el fracaso electoral de Mariano Rajoy.

Fernando J. Muniesa

Aquel aciago 23 de febrero de 1981, en el que la incipiente democracia española fue amenazada por un golpe militar, en el fondo de opereta, ya queda muy lejos. Sus protagonistas purgaron hace tiempo las sentencias definitivas falladas en casación por el Tribunal Supremo, aunque quienes alentaron aquel intento desestabilizador desde la llamada ‘trama civil’ y sus aledaños políticos, todavía sigan ocultos en un entresijo de sombras, intuido por el analista perspicaz pero sólidamente resguardado por el conformismo y la hipocresía que caracterizan a la sociedad española.

En paralelo, también han transcurrido treinta y cinco años de convivencia nacional que, con sus más y sus menos, no han dejado de asentar el Estado social y democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1978. A estas alturas de la historia, no parece, pues, que merezca la pena seguir enfangados en la estéril tarea de desvelar o perseguir culpas inconfesas de un suceso ciertamente lamentable y rocambolesco, perdido, como otros todavía más repudiables, en la frágil memoria ciudadana.

Quizás la opinión más concluyente publicada sobre el 23-F, sea la de Sabino Fernández Campo, quien a la sazón era secretario general de la Casa de Su Majestad y por tanto persona excepcionalmente informada sobre aquel dramático suceso. Justo con ocasión del XXV Aniversario del reinado de Juan Carlos I escribió con tanta prudencia como sabiduría: "Por mi parte, renuncio a intentar descubrir las piezas que me faltan del rompecabezas. Dejémoslo como está, sin agitar la historia ya calmada (...). En ocasiones, el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla".

La autorizada propuesta de Fernández Campo, aconsejaba desistir de buscar la revelación absoluta y olvidarse del muro insalvable contra el que desde hace siete lustros se estrellan todos los que intentan encontrar las piezas que faltan del rompecabezas golpista, incluidos los gratuitos exegetas de los Servicios de Inteligencia de la época y de la propia Corona, sin más resultado que abundar en la confusión generalizada de los hechos. Un remanso en la interpretación del suceso todavía más justificado cuando la figura protagonista de Juan Carlos I ya ha cumplido su misión histórica y goza de un meritorio descanso.

A esta distancia del 23-F, parece obvio que remover su trasfondo es una labor sin sentido, como tampoco lo tiene el reiterar de forma machacona todo tipo de exoneraciones, propias o delegadas y, a menudo, falsas. Los hechos ya están vividos e intentar rescribirlos, sea con renglones derechos o torcidos, cada vez importa menos. Esa es la realidad.

Las sombras de las sospechas están donde están, ocultas en los ‘silencios del 23-F’, incluido el de los protagonistas, arrepentidos y no arrepentidos, y por supuesto el de quienes quedaron más allá de la verdad juzgada. Y, en algunos casos, con nombres propios de relevantes trayectorias, fruto quizás del agradecimiento por los servicios prestados y la desmemoria mantenida de forma disciplinada o tan sólo interesada.

Pero, si eso es así -o si conviene que así sea-, ¿por qué extraña razón se sigue estigmatizando desde los partidos políticos al estamento militar en razón de aquella, cuando menos, confusa causa…? A nadie se le oculta que esas mismas sombras de temores golpistas, infundados pero aún latentes, como el rescoldo de una brasa lista para ser avivada a golpe de interés partidista, fueron las que hace diez años, en enero de 2006, propiciaron el cese fulminante del teniente general Mena por orden del gobierno socialista, sólo por alinearse con la España constitucional en un discurso castrense.

¿Y qué se puede decir del arresto y destitución en febrero de 2008 del coronel Fernández Navarro de los Paños, justo en las vísperas del 23-F (y en la antesala de una reñida campaña electoral), acompañado, como se acompañó, de tanta orquestación mediática…? ¿Y cómo interpretar también el expediente abierto en el mismo momento al general de brigada Blas Piñar y con la misma intencionalidad política subrepticia…?

Luego se sucedieron los casos del general Pontijas, del general Chicharro…, todos ellos más o menos perseguidos tanto por el PP como por el PSOE sólo por significarse en defensa de los mismos principios e intereses nacionales que, apurados por la amenaza del secesionismo y la desvertebración del Estado, ahora asumen los líderes de ambos partidos con aires de soflama, envueltos en un patriotismo de ocasión antes oculto.

La sospecha es libre, pero también justa sólo cuando está documentada. Y lo que parece quedar del 23-F es el estigma que aún mantiene a las Fuerzas Armadas extramuros del sistema democrático, evidencia bien palpable en el tratamiento legislativo y presupuestario que reciben día a día. Y peor, si cabe, sometidas a la observación inquisitorial de los mismos políticos que no supieron estar a la altura de las circunstancias antes, durante y después de aquella intentona golpista, abortada en primera instancia por la propia lealtad constitucional del conjunto de la institución militar.

Para superar esta injusta situación, cierta aunque poco visible fuera del entorno castrense, y no tropezar otra vez en la misma piedra, lo que el futuro nos exige en estos momentos de debate sobre regeneracionismo y reformas políticas, es seguir promoviendo al militar como un ‘ciudadano de uniforme’. Y también asegurar la plena democratización de los Servicios de Inteligencia, única institución del Estado democrático que quedó al margen de los consensos generalizados en la Transición.

Parodiando una sentencia atribuida a Winston Churchill, nuestras Fuerzas Armadas parece que tienen tres clases de enemigos: enemigos sin ton ni son, enemigos a muerte y políticos necios. A estos últimos, anclados en el anatema del 23-F, hay que recordarles, por si llegaran a entenderla, una atinada apreciación de Ortega y Gasset: “Lo importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de un ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales”.

Fernando J. Muniesa

En el debate político actual se observan continuas alusiones al ‘interés general de España’ absolutamente gratuitas, cuando no falaces, y casi siempre con visos de apropiación exclusivista por parte de quienes las hacen y acusatorios o de estigmatización pública contra los demás. Es decir, yo y mi partido nos erigimos en defensores de ese interés general, de forma que los contrarios ya no puedan hacerlo, debiendo limitarse entonces a abanderar otros temas de menos altura moral o patriótica.

Ahora, en el impasse de la investidura presidencial, estamos viendo cómo Rajoy justifica su aferramiento al poder precisamente por considerarse el principal defensor del “interés general de España”, si no el único, pidiendo para ello el apoyo más o menos incondicional del PSOE y de Ciudadanos, jaleado de forma entusiasta por los medios informativos que le son afines. Así, las demás fuerzas políticas tendrían que ser gregarias de su hallazgo dialéctico, porque ellas -piensan los populares- no están a la altura de esa meritoria labor, o porque, aun estándolo, deberían subordinarse a lo votado por el 28,7% del electorado (el PP) frente al 71,3% restante.

Y no digamos nada de las formaciones de izquierda más cercanas a la base social, como Podemos o Unidad Popular; a las que, de entrada, la derecha niega cualquier capacidad para conocer cuáles son los intereses nacionales, quizás porque las considera un grupo de zotes y pobres ignorantes o gente extranjera. Es decir, que a estas alturas de la historia Rajoy se erige nada menos que en el genuino defensor caudillista de las esencias nacionales (idea en la que parecen seguirle algunos líderes socialistas trasnochados): “Yo o el caos”, que es el mantra de los déspotas apegados al poder.

Además, esa argumentación engañosa llega al extremo de señalar como ‘extrema izquierda’ a todo lo que se mueva más allá de la socialdemocracia, es decir a la izquierda del PSOE, que en realidad es un partido de centro europeo, y sin duda también con ánimo descalificador. Enmarcando de paso a este tipo de formaciones dentro de una especie de anti-España empeñada en romper su unidad político-territorial, aunque fueran los ‘españolistas’ quienes comenzaron a resquebrajarla con el Estado de las Autonomías.

Pero el caso es que, mientras la izquierda y la derecha son perfectamente identificables, además de respetables, la extrema izquierda parece no serlo tanto. Y así, cuando se acusa a alguien de este tipo de extremismo, caben muchas dudas sobre si se hace o no de forma razonada y razonable.

Porque, ¿cuál es o dónde se afinca la extrema izquierda española…? ¿En UP, en Podemos, en los partidos soberanistas catalanes, vascos o navarros…? ¿Alguien puede señalar con rigor intelectual en qué partido anida hoy por hoy esa deriva ‘extrema’ de la izquierda al parecer tan terrible…? ¿Es que aquí tenemos -o podemos tener- algún partido verdaderamente comunista y revolucionario, de corte soviético, castrista o chavista…?

Claro está que lo más grave es no saber dónde anida la ‘extrema derecha’ del país, mucho más peligrosa, ni que nadie la denuncie con la misma aplicación. ¿O es que acaso no existe…?

Otro invento político no menos oportunista es el de distinguir entre los partidos ‘constitucionalistas’ y los que al parecer no lo son, puesto de moda también por el PP en la pasada legislatura. El caso tiene su miga y hasta presenta tintes -ahí es nada- de prevaricación institucional.

Porque aquellos partidos que se definen como ‘constitucionalistas’ están afirmando de forma implícita la existencia en paralelo de otros que no lo son. Y dando a entender que la Administración Central del Estado ampara a formaciones políticas inconstitucionales o que han falseado los estatutos que dieron lugar a su registro oficial.

Entonces, ¿es posible que en un sistema constitucional como el nuestro haya partidos ‘no constitucionales’…? Parece que no; pero si no los hay, dado que el Estado es en sí mismo constitucional, ¿por qué algunos partidos o bloques políticos se arrogan frente a otros su condición ‘constitucional’…? Cosa distinta es que algunas formaciones políticas y multitud de españoles aspiren con toda legitimidad a modificar el texto constitucional en el sentido que estimen más conveniente.

¿A santo de qué viene, pues, distinguir la existencia de un ‘bloque’ de partidos constitucionalistas y de otro con falsos tintes de no serlo…? ¿Dónde están las denuncias formales de que tales partidos ‘inconstitucionales’ conculcan en sus estatutos y quehacer cotidiano los principios democráticos establecidos en la Carta Magna…? ¿Y para cuándo esperan los poderes del Estado investigar, y en su caso sancionar, la eventual prevaricación de los funcionarios que habrían amparado tal situación…?

Si alguien puede reputar seriamente a algún partido político, soberanista o no, de actividades ‘inconstitucionales’ o de actuar al margen del Estado de Derecho (que es lo mismo), el Gobierno y la Fiscalía bajo su dependencia deben instar de forma inmediata a revocar su autorización en el Registro del Ministerio del Interior y clausurarlo como tal. Lo intolerable y políticamente indigno es hacer o permitir ese tipo de descalificaciones insidiosas.

En nuestro marco de convivencia democrática, a menudo reverdecen tics y propuestas de revisionismo con añoranzas reflejas de tiempos dictatoriales. Y lo curioso es que sus protagonistas son los que menos suelen respetar la Carta Magna como norma del mayor valor jurídico, y también los que hoy por hoy más se ufanan de pertenecer al llamado ‘bloque constitucionalista’, situando a los demás enfrente.

Predicar el constitucionalismo de ocasión es una cosa, pero dar ejemplo sobre lo predicado es harina de otro costal. Y la cuestión esencial es saber qué costal acarrea cada uno y con qué bagaje de credibilidad para repartir títulos de patriotismo o querer representar el ‘interés general de España’.

Fernando J. Muniesa

Hoy por hoy, el fracaso del Estado de las Autonomía se ha convertido en un tabú político, de forma que, aun siendo tan evidente, nadie se atreve a debatirlo o siquiera a reconocer su importancia en el marco de la vida pública. Ese es el nudo gordiano que sostiene la dura realidad vertebral o político-organizativa de España, sin que ningún partido quiera reconocerlo ni tratar de desatarlo, justo cuando tanto se habla de ‘gobernabilidad’.

Sucede en este caso más o menos lo mismo que con los pecados capitales, señalados como principales vicios en contra de la moral cristiana no por su magnitud, según Santo Tomás de Aquino, sino porque son la cabeza (caput-capitis) o raíz de otros muchos. Ahí están, bien presentes en el quehacer cotidiano como causa esencial de su pudrimiento, pero alejados del debate social, sólo porque el interés partidista los considera inconvenientes.

Y lo cierto es que la avalancha de críticas ciudadanas surgidas al inicio de la pasada legislatura en contra de los excesos autonómicos, al evidenciarse que el déficit presupuestario, y por tanto la derivada de nuestra ingente deuda pública, se alimentaban sobre todo desde las Autonomías, hoy ha desaparecido como por ensalmo.

Es más, entonces se clamaba contra la duplicidad y triplicidad de funciones generadas por un exceso de transferencias competenciales, que, además de disparar el gasto público, debilitaba al Estado al vaciarle -incluso- de los contenidos que la Constitución le tiene asignados en exclusiva. Realidad que llamaba a la reforma del modelo autonómico, agotado y ahogado o, peor aún, insaciable como instrumento de la desvertebración nacional.

Y se reconocía también que la crisis del sistema financiero tenía su origen en la corrupción que las comunidades autónomas habían inoculado en las cajas de ahorro. Es decir, que la ‘desorganización’ política territorial era la culpable esencial de la tremenda crisis económica que ha asolado España.

De hecho, hasta Esperanza Aguirre se atrevió a reclamar ante el presidente Rajoy una urgente recuperación del exceso de competencias estatales ya transferidas de forma indebida a los gobiernos autonómicos (al menos en materia de Sanidad, Educación y Justicia). Y ello con independencia de la enorme cantidad de artículos de opinión publicados por catedráticos, intelectuales y analistas de todo tipo que en aquella misma legislatura reclamaban la misma reforma autonómica, desoída tanto por el Gobierno del PP -de mayoría parlamentaria absoluta- como por la oposición socialista, fuerzas políticas interesadas en mantener el sistema bipartidista y las redes clientelares periféricas.

El PP y el PSOE jamás han tenido intención de promover un cambio positivo en el sistema, ni tan sólo de corte ‘lampedusiano’ para darle otra apariencia más presentable. Se han mantenido enrocados en el mismo ‘mantenella y no enmendalla’ con el que los hidalgos del Siglo de Oro desenvainaban la espada en vez de pedir disculpas por un error manifiesto.

Por más que se les haya instado a rectificar los desmanes autonómicos (incluyendo su deriva de corrupción), los dos partidos mayoritarios siguen aferrados a ese absurdo código de honor, por el que lo gallardo se confunde con mantenerse en sus trece, aun a sabiendas de la equivocación cometida.

Mientras PP y PSOE sigan ‘erre que erre’, sin querer reconocer y resolver el problema de las autonomías, poca categoría política se les puede conceder a uno y otro, si bien las demás partidos también lo soslayan. Todos ellos eludieron el tema, desde luego capital para España, durante las pasadas elecciones autonómicas: una desidia que sorprende más en los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, por cuanto han nacido proclamando un reformismo político a ultranza, todavía inédito.

Por ello, desde los medios de comunicación social se debe insistir en la necesidad de afrontar las reformas institucionales que permitan reconducir los excesos del Estado de las Autonomías. Pero no para caminar hacia el Estado Federal o en términos de ‘asimetría’ territorial, lo que más pronto que tarde aumentaría la disolución y el despilfarro nacional, sino hacia un Estado social-solidario, con toda la descentralización funcional necesaria pero eliminando las reiteraciones competenciales y aplicando los actuales avances tecnológicos -inexistentes en el origen del modelo autonómico- en todos los sentidos y ámbitos administrativos.

Un Estado encajado sin fisuras, fraudes ni manipulaciones interpretativas, en el impecable Preámbulo de la vigente Carta Magna, y llevado a su mejor expresión en el artículo 1.1 del Título Preliminar: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Ni más ni menos. Y reconduciendo todas las derivas indeseables que se han ido incorporando en el desarrollo normativo del texto constitucional en razón de las exclusivas ambiciones partidistas, realimentadas sobre todo por el PP y el PSOE en una constante deslealtad hacia el interés supremo de España, que sólo contienen bajo el agobio del batacazo electoral.

Sin querer imponer nada a nadie, y respetando las aspiraciones políticas de todos los ciudadanos, sí que es conveniente, pues, insistir en la necesidad de revisar la organización y funcionamiento del Estado de las Autonomías, de acuerdo con su estricto sentido constitucional, incluso para evitar su última descomposición. Un proceso tan obvio que sólo los políticos déspotas y marrulleros -o simplemente torpes- pueden ignorar.

Aunque, parafraseando a Ramón y Cajal, reconozcamos que la realidad del modelo autonómico es, como la verdad misma, un ácido corrosivo que casi siempre salpica a quienes lo manejan. Quizás por su gran semejanza con el poder oligárquico y caciquil de nuestros peores tiempos pasados.

Fernando J. Muniesa

En 1981, Adolfo Suárez dimitió como presidente del Gobierno cuando, al margen de otras presiones, constató que intramuros del sistema se le estaba montando una conspiración golpista. Y su sucesor ocasional en La Moncloa, Leopoldo Calvo Sotelo, consciente de su escaso carisma político y nula capacidad de liderazgo, cedió motu proprio en las elecciones generales de 1982 el primer puesto de la lista por Madrid a Landelino Lavilla, con lo que renunciaba de forma tácita a cualquier aspiración continuista.

Con el transcurso del tiempo, y tras cuatro legislaturas seguidas al frente del Gobierno, las primeras exitosas, Felipe González también se retiró de la política activa al perder las elecciones generales de 1996, en las que obtuvo 141 escaños frente a los 156 de José María Aznar (con una diferencia en votos de sólo el 1,16%). Y el propio Aznar estimó conveniente seguir la misma senda de retiro político tras presidir una segunda legislatura (que fue de mayoría parlamentaria absoluta), aun teniendo cantada el PP en las encuestas electorales una tercera victoria en 2004, arruinada sólo por su mala gestión final de la crisis generada con los atentados del 11-M.

Después, y tras ganar las elecciones generales en 2004 y 2008, Rodríguez Zapatero también asumió la conveniencia de renunciar a ser el candidato presidencial del PSOE en 2011, tratando con poca fortuna que otro dirigente socialista (Alfredo Pérez Rubalcaba) frenara la caída electoral del partido…

Sin embargo, ninguno de estos precedentes, todos razonables, ha servido para que Rajoy dejara deimponerse como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del pasado 20-D, aun cuando las encuestas al uso anunciaban su fracaso electoral, contrastado además en los comicios previos (europeos, municipales y autonómicos). Es decir, convertido en un candidato ‘in articulo mortis’, arrastrando de esta forma a su partido al mismo pozo electoral en el que antes cayó el PSOE empujado por ZP.

Se dice que un tropiezo lo puede tener cualquiera (Rajoy ya perdió las elecciones frente a ZP en dos ocasiones), pero reiterarlo de forma insistente en la misma piedra que lo provoca, es algo verdaderamente lamentable. Sobre todo cuando semejante contumacia chocaa más no poder con el rechazo del electorado al candidato en cuestión, que ha sido -y lo sigue siendo- el presidente peor valorado desde la Transición.

Como se esperaba, el 20-D Rajoy cosechóun fracaso electoral sin parangón  al perder su mayoría absoluta de 186 en el Congreso y quedarse en una minoría de 123. Y pasando de un 44,63% de votos obtenidos en 2011 al 28,72% en 2015, abandonado por un tercio de los electores previos del PP.

Pero con ese record de pérdida de 63 escaños, que debería haberle llevado a una dimisión inmediata y a ceder el intento de formar Gobierno a otro de los compañeros de partido menos conflictivo y rechazado que él -y no faltan candidatos adecuados-, Rajoy se ha enrocado en la bravata de exigir a otras fuerzas políticas su apoyo para acometer dicha tarea. Rara pretensión por cuanto éstas son las mismas a las que él había ninguneado desde el poder, por activa y por pasiva, gobernando con una prepotencia absolutista nunca vista en el nuevo régimen democrático.

Y con el agravante de querer retorcer el sistema parlamentario establecido, que remite la investidura presidencial al consenso parlamentario, haciendo valer para ello el 28,72% de los votos válidos obtenidos frente al restante 71,28% de los no obtenidos. O sacándose de la manga la teoría extra constitucional de que gobierne ‘el candidato más votado’, algo que, como otras reformas electorales mucho más convenientes y demandadas por la sociedad -por ejemplo el sistema francés de ballotage o de segunda vuelta electoral- fue incapaz de sustanciar con su mayoría parlamentaria absoluta.

Otro error de Mariano Rajoy es no comprender que él, personalmente, está  incapacitado para tratar de solucionar el ‘problema catalán’ y, en general, para liderar cualquier intento de vertebración político-territorial del Estado; algo que, como reconoció en su momento Juan Carlos I, es esencial y una tarea todavía pendiente. Y no sólo porque Rajoy carezca de carisma político y sea incapaz de empatizar con sus interlocutores, sino también porque durante su mandato presidencial ha conseguido que en las autonomías con aspiraciones independentistas (Cataluña, País Vasco y Navarra) el PP haya ido situándose en la pura marginalidad, mostrando su falta de sensibilidad sobre el hecho nacionalista y su incomprensión del problema derivado. 

Un hándicap que, sin llegar a profundizar en el balance socio-económico de su mandato de legislatura, a favor o en contra, ni tampoco en el programa de reformas institucionales que ha incumplido, se acompaña además de las insoslayables secuelas de la corrupción eclosionada en el PP justo durante su presidencia, quiera el propio Rajoy verlo o no verlo. 

Ahora, tras una implacable sucesión de fracasos electorales, presentados a la opinión pública como victorias pírricas del partido más votado, Rajoy ha declinado de forma poco edificante el encargo del Jefe del Estado para formar Gobierno, porque “todavía, y de momento” no tiene los apoyos necesarios. Y sigue atascando el proceso sin garantías de poder llegar a tenerlos; entre otras cosas porque está a punto de expiración política, sin que el rey Felipe se haya atrevido a sustituirle en esa función por otro dirigente del PP que pudiera afrontarla con más visión de la realidad y no como un muerto viviente o un presidenciable ‘in articulo mortis’.

Eso es lo que hay. Aunque, claro está, no falten quienes piensan que los milagros existen y que Rajoy todavía puede convertirse en un nuevo Lázaro resurrecto, capaz de montar un cisma de traiciones en el PSOE, de enredar a Ciudadanos o de seguir toreando a los votantes con falsas promesas, a los que ya molesta profundamente incluso si son de su partido.

Hoy, Rajoy es parte del problema político de España y un lastre electoral para el PP. Debería ser más realista y hacerse a un lado con elegancia.

Fernando J. Muniesa

Cierto es que en las elecciones del 20-D los españoles decidieron cargarse el bipartidismo PP-PSOE. Y lo hicieron porque, desde la Transición, nada más obtener la confianza de los votantes, ambas fuerzas políticas (al igual que otras de ámbito autonómico) la tomaban como un ‘cheque en blanco’ para hacer de su capa un sayo, llegando a orientar su acción política incluso en sentido contrario al del mandato comprometido con sus electores.

Pero, a pesar de esa advertencia ciudadana, que se puede convertir en otro varapalo electoral todavía más memorable para los partidos que insistan en esa mala praxis política, el desviacionismo de la confianza otorgada por la ciudadanía sigue vivo. Dicho de otra forma, a pesar de los propósitos de enmienda y de las promesas reformistas de unos y otros, la política nacional sigue anclada en el ‘más de lo mismo’.

Nada más constituirse las cámaras legislativas, los nuevos senadores y diputados no han perdido ni un minuto para forzar las normas que reglamentan la formación de los grupos parlamentarios, con criterios laxos o estrictos según le interese a los partidos mayoritarios. De esta forma, la representación ciudadana salida de las urnas se distorsiona -ahora igual que antes- para darle más o menos capacidad funcional a conveniencia.

El afán por retorcer la normativa afecta a la composición de estos grupos viene de lejos. Se inició en la III Legislatura (1986), cuando José Miguel Galván Bello, senador de las AIC (Agrupaciones Independientes de Canarias hoy integradas en CC), se sumó a los nueve del PNV para que este partido tan alejado de sus propios intereses territoriales pudiera formar grupo parlamentario (de Senadores Nacionalistas Vascos). Pero, ¿tenía algo que ver el político tinerfeño -antiguo militante de UCD- con la ideología y las aspiraciones de los nacionalistas vascos, que de forma significativa ya se habían abstenido en la votación para aprobar la Constitución de 1978…?

A partir de entonces, aquel precedente del Senado se reeditó en la Cámara baja en cinco ocasiones, aun con un reglamento más restrictivo al respecto. Y dándose la curiosa circunstancia de que, en cada una de ellas, la decisión de la Mesa del Congreso fue apoyada o rechazada alternativamente por el PP y el PSOE según conviniera a dichos partidos -y no a sus representados-  mantener o alterar el criterio reglamentado; es decir, obrando sin el menor sentido de la ética y la estética parlamentarias.

El primer caso se produjo en la V Legislatura (1993), cuando la mayoría del PSOE respaldó que José María Mur, diputado del PAR por Zaragoza, se sumara durante unos meses a los cuatro diputados de CC sólo para poder constituir su grupo parlamentario. Algo que fue duramente contestado por el PP, entonces en la oposición, en base a un ajustado dictamen elaborado por Federico Trillo-Figueroa en el que la autorización emanada de la Mesa del Congreso se calificaba lisa y llanamente de ‘fraude de ley’.

No obstante, a continuación, en la VI y VII legislaturas, ambas gobernadas por el PP, este partido fue el que, modificando cínicamente su criterio previo, prestó a CC primero dos diputados por Navarra en 1996 (Jaime Ignacio del Burgo y José-Cruz Pérez Lapazarán) y después tres en 2000 (a los dos anteriores se sumó Eva Gorri). Entonces sería el PSOE quien sostuvo sin pudor alguno que la decisión del Congreso era un ‘fraude de ley’.

Aquellas protestas del PSOE no impidieron que acto seguido, en la VIII Legislatura (2004), dicha formación olvidara también su postura anterior para ceder a los mismos nacionalistas canarios dos diputados por Toledo (Alejandro Alonso y Raquel de la Cruz) con objeto de que volviera a formar grupo parlamentario sin la representación electoral propia exigida de forma reglamentaria. Así, quienes poco antes habían denunciado el fraude de ley con tanta vehemencia, pasaron de repente a afirmar que se trataba de una decisión ‘impecable’ de la Mesa del Congreso.

Más tarde, en la pasada legislatura, UPyD también pudo formar grupo en el Congreso incorporando en él al diputado de Foro Asturias Enrique Álvarez. Y sin olvidar que en 1979 el PSOE formó con sus 121 diputados nada menos que tres grupos parlamentarios distintos…

Ahora, justo cuando la ciudadanía ha expresado con duros castigos en las urnas su rechazo a una clase política incapaz de mantener la dignidad y el rigor institucional, el problema es llevado al extremo por una dirección del PSOE desnortada, con más ansias de poder que interés por recuperar la coherencia y el orden interno, malversando la confianza de sus electores para apoyar a fuerzas políticas extrañas con aspiraciones secesionistas.

Esta pura felonía política, camuflada como “cortesía parlamentaria”, se ha consumado cediendo cuatro senadores socialistas a dos partidos catalanes independentistas para que formen grupo parlamentario propio, facilitando así gratuitamente su proyecto de secesión de España (dos se dieron de alta en el grupo parlamentario de ERC y otros dos en el de DiL, la antigua CDC).

Los senadores socialistas que se han prestado a tamaña desvergüenza, propia de una democracia tercermundista, deberían quedar estigmatizados de por vida, por lo menos ante el electorado socialista al que han osado traicionar. Pero todavía es más repudiable la cara dura con la que Pedro Sánchez jugó a patriota de ocasión al presentar su candidatura presidencial a las elecciones del 20-D, exhibiendo en el Circo Price de Madrid -no en Cataluña- una gigantesca bandera de España como símbolo de la unidad nacional que decía defender…

Los chalaneos de Sánchez, comprando en el Senado el favor de los partidos independentistas para tratar de hacerse con la Presidencia del Gobierno, muestran lo poco que aprecia la unidad de España. Antes de pronunciar otra vez su nombre en vano, haría bien en lavarse la boca con lejía; pero sobre todo debería recordar que, después de la honradez, el mejor atributo de un político es la coherencia.

Fernando J. Muniesa

Cuenta la tradición científica que, tras verse obligado ante el tribunal de la Inquisición a abjurar del heliocentrismo copernicano, Galileo Galilei reafirmó su idea sobre el funcionamiento del sistema solar, negándose a aceptar los principios dogmáticos no validados por la experimentación y la observación rigurosa, lanzando su famoso “Eppur si muove” (y sin embargo se mueve).

Ahora, cuando el santo oficio del españolismo a ultranza daba por conjurada la secesión catalana y por finiquitada la vida política de Artur Mas -que era su paladín más notable-, se acaba de tener prueba evidente de todo lo contrario y de que sus aspiraciones siguen transitando de forma contumaz por la ruta marcada. Y sin que, en este caso, nadie se haya retractado de nada, ni dado un paso atrás en la batalla para conseguirlas.

Antes al contrario, el aparente fracaso ‘plebiscitario’ de las elecciones catalanas del 27-S, con la celebración prematura del rechazo de la CUP a una nueva investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Catalunya, se ha convertido de repente en el trampolín para reimpulsar el proyecto secesionista. Desde luego sin sorpresa para el analista perspicaz y en un momento en el que la caída del bipartidismo PP-PSOE y la debilidad política del Estado, tan torpemente propiciada por ambos partidos, juegan a favor del independentismo.

Ahora, el discurso españolista ha pasado del ‘Mas está acabado’ y ‘Mas ha hundido a Cataluña’, al ‘más de lo mismo’, como ha señalado la portavoz de Ciudadanos y jefa de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas. Aunque eso sólo sea un juego de palabras insulso y equivocado; porque en realidad el problema ya no es el mismo, sino que ha crecido notablemente (con Artur Mas puesto de perfil antes que desaparecido).

Para empezar, el resultado electoral del 27-S, con lecturas equivocadas que ponían en absurda tela de juicio la victoria de las fuerzas independentistas frente a las españolistas (72 escaños contra 63), se acaba de traducir en un Gobierno con legítimo respaldo de mayoría parlamentaria absoluta (70 escaños sobre un total de 135) pero de corte mucho más radical que el esperado en principio. Quienes estaban dispuestos a celebrar la muerte política de Mas, han terminado viéndole sustituido triunfalmente por su correligionario Carles Puigdemont, político con convicciones soberanistas de mayor arraigo, con gran respaldo popular y menos vulnerable en lo personal (de momento alejado de la corrupción política).

Ahora, Cataluña tiene el primer Gobierno declaradamente independentista desde la Transición, apoyado por la CUP -muy exigente en esa materia- y armado con una presencia muy significativa de ERC (la vicepresidencia está en manos de Oriol Junqueras) que apunta con claridad a la conformación de un futuro político plenamente soberano. Y si bien todavía están por ver los tiempos y la velocidad de desarrollo del proyecto secesionista, con todas las trabas que puedan surgir o se le quieran poner, el sentido de la marcha y su progresión son indiscutibles: ‘eppur si muove’, que diría Galileo.

Nadie puede discutir ya la legitimidad del Gobierno ‘independentista’ de Cataluña, ni sorprenderse con su orientación política. De hecho, así fue reconocido de forma expresa por el PSC (con un discurso de Miquel Iceta casi adulador), por el PPC (con un primer apunte contemporizador de Xavier García Albiol -ojo al dato- sobre una nueva financiación autonómica) y por Ciudadanos (con otra llamada de Inés Arrimadas a las urnas autonómicas, ingenua y sin duda muy distinta de negarlas para que se pueda expresar el derecho a decidir en Cataluña).

Una progresión en el recorrido independentista acompañada, además, con una nueva e inoperante declaración televisiva de urgencia del presidente Rajoy (en funciones) minutos antes de que se consumara la investidura de Carles Puigdemont. Pero ¿cuántas conocemos ya de igual tono amenazante y gratuito…? ¿Y qué es eso de que, ahora, no va a tolerar ninguna ilegalidad institucional en Cataluña, cuando durante los cuatro años de su mandato ha tolerado todas las que se han cometido en materia de enseñanza, banderas, referéndums, declaraciones…?

Lo cierto es que con el Gobierno de Mariano Rajoy el ‘problema catalán’ no sólo ha perdurado, sino que se ha acrecentado, llegando prácticamente a borrar al PP -su partido- de ese escenario político territorial. Una senda por la que, en paralelo, también transita el PSC, en otro claro desencuentro con su teórico electorado.

Pero lo más vergonzoso del caso es que, ahora, Rajoy y el PP pretendan utilizar in extremis, y de forma oportunista, este impulso más agresivo del separatismo catalán para tratar de salvarse de su particular ruina electoral. Es decir, aparentando un enfrentamiento real con ‘el problema’ –que nunca han tenido- para evitar que las aguas del lodazal político que les ahoga, situadas ya a nivel del cuello, les llegue al sistema respiratorio, haciéndonos creer que tienen arrestos para superar su cobardía precedente y conjurar la amenaza que supone para la unidad nacional.

Pretensión muy similar a la que tienen Pedro Sánchez y el PSOE, envuelta en este caso en la fantasmada política de proponer una Constitución Federal como instrumento vertebrador del Estado, cuando la versión precedente vivida durante la Primera República llevó al cantonalismo, a la asonada del general Pavía y a la ‘dictadura republicana’ presidida por el general Serrano.

Puestos a pasar por más vergüenzas ajenas, sólo nos queda por ver quién reconoce el mérito de Mas como valedor del tardío patriotismo del PP y el PSOE, con su paso a un lado -no hacía atrás- para facilitar la gobernabilidad de Cataluña, según le exigían las llamadas ‘fuerzas constitucionalistas’. Y cómo con Puigdemont, su heredero político (investido presidente de la Generalitat sin el gesto de reconocer su lealtad al Rey y a la Constitución Española), sigue creciendo el malestar catalán con el Gobierno de la Nación y el fomento de las adhesiones al proyecto secesionista.

Fernando J. Muniesa